Sentencia 2006-02781/42563 de marzo 1º de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “A”

Rad.: 76001233100020060278101 (42.563)

Actor: Fabiola Miranda Delgado y otros

Demandado: Instituto de Seguros Sociales

Asunto: Reparación directa

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Bogotá D.C., primero de marzo de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia de la Sala.

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación formulado por la parte demandada contra la sentencia del 18 de marzo de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda, en un proceso con vocación de doble instancia, toda vez que éstas ascienden a 10.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (fl. 280, c. 1).

Al respecto, es menester indicar que el recurso de apelación fue interpuesto en vigencia de la Ley 1395 de 2010, “por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial” (fls. 501 a 511, cuaderno principal), cuyo artículo 3º modificó el numeral 2 del artículo 20 del Código de Procedimiento Civil y dispuso que la cuantía del proceso se determina “por el valor de la suma de todas las pretensiones acumuladas al momento de presentación de la demanda”.

Según la Ley 446 de 1998, los tribunales conocen, en primera instancia, y el Consejo de Estado, en segunda instancia, de los procesos de reparación directa cuya cuantía exceda, al momento de presentación de la demanda, de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, como ocurre en este caso.

2.2. Caducidad de la acción.

De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, aplicable para la época de los hechos(2), la acción de reparación directa caduca al cabo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena, por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

En el sub examine, los actores pretenden que se declare la responsabilidad del ISS y se le condene al pago de los perjuicios causados, con ocasión del “deficiente tratamiento de salud oral que se le practicó a la señora Fabiola Miranda Delgado”.

Según la demanda, la paciente recibió una atención de mala calidad durante 17 años, aproximadamente, al punto que, cuando inició su tratamiento odontológico, tenía la dentadura completa y, luego, “todos sus dientes y muelas originales fueron reparados de manera rudimentaria y reemplazados por provisionales”, lo cual afectó profundamente su estado de salud físico y emocional (fl. 296, c. 1).

Se encuentra acreditado en el plenario que, el 31 de mayo de 1988, la señora Miranda Delgado acudió al ISS, porque presentaba bruxismo, desgaste dental y un problema articular. En ese lugar le elaboraron una placa miorrelajante, para que la utilizara en la boca y, además, le practicaron restauración “de las abrasiones de incisivos, caninos y morales”, aunque no se obtuvo el éxito deseado (fl. 334, c. 2).

El 26 de enero de 1990 fue sometida a una eminectomía bilateral, “para facilitar el desplazamiento postero-anterior de los cóndilos” (fl. 334, c. 2).

En octubre de 1993, luego de una valoración, el demandado encontró que la paciente estaba desdentada parcialmente y tenía “facetas de desgaste marcadas” y “dolor a la palpación muscular izquierda y en ATM bilateral (articulación temporo-mandibular)” (fl. 334, c. 2).

El 9 de febrero de 1994 le practicaron liberación quirúrgica de adherencias discales de ATM izquierda, movimientos activos y le recomendaron que continuara utilizando la placa miorrelajante. En agosto de ese mismo año, al persistir la sintomatología, la paciente fue remitida a ortodoncia y rehabilitación oral, para el manejo del daño interno de la articulación temporo-mandibular, ya que presentaba “mala oclusión, mialgias, desgaste dentario y oclusión clase II” (fl. 335, c. 2).

El 28 de febrero de 1995, el demandado encontró que la señora Miranda Delgado presentaba apertura limitada de la boca, obturaciones dentales desadaptadas y fracturadas, facetas de desgaste y bruxismo y recomendó que fuera sometida a un ajuste oclusal, a través de ortodoncia y restauración oral (fl. 336, c. 2).

En agosto de ese mismo año, la paciente inició tratamiento con el odontólogo Ángel Vicente Emanuele Runci (fl. 336, c. 2); sin embargo, como éste no era especialista en rehabilitación oral, en agosto de 1996 la remitió donde uno que sí lo era, por cuanto, según dijo el citado odontólogo, “la persona idónea para hacer un tratamiento tan complejo era el rehabilitador oral”, decisión que aquél adoptó luego de una junta médica realizada con los maxilofaciales del ISS, Mario Llanos y Carlos Fonseca(3).

El 30 de octubre de 1996, la demandante inició tratamiento con el rehabilitador oral Luis Ernesto Narváez Cabal, tratamiento que fue suspendido, por cuanto no estaba incluido dentro del plan obligatorio de salud (fl. 336, c. 1).

El 21 de mayo de 1997, luego de varios trámites administrativos, dicho tratamiento siguió su curso y, según el especialista citado en el párrafo anterior, durante el período de suspensión el estado periodontal de la paciente empeoró (provisionales desadaptados y sobrecontorneados, ausencia de relación oclusal adecuada, rotación de dientes con alta sensibilidad, dolor a la apertura y cierre de la boca, cansancio y dolor muscular y afectación del estado de salud emocional). El 16 de julio de ese mismo año, el demandado pidió a la señora Miranda Delgado que manifestara con qué especialista deseaba continuar el tratamiento, toda vez que no quiso seguirlo con el rehabilitador oral Narváez Cabal, por no encontrarse a gusto con él, ni de acuerdo con los procedimientos realizados; sin embargo, según el comité odontológico conformado para manejar el caso de la citada señora, ésta no respondió y, además, decidió abandonar el tratamiento con el citado especialista (fls. 337 y 338, c. 2).

Teniendo en cuenta que el tratamiento de rehabilitación oral de la citada señora se encontraba inconcluso, debido a los distintos inconvenientes surgidos a lo largo del mismo, particularmente por cuanto el demandado no contaba con un especialista en la materia, aquélla elevó innumerables peticiones al ISS, a fin de que su tratamiento continuara, circunstancia que obligó a éste a contratar un profesional externo (fls. 147 y 148, c. 1).

El 4 de junio de 1998, el demandado remitió el oficio GSV-EPS 1095 a la paciente, en el que le informó que la rehabilitadora oral Ana María Valencia Arbeláez fue contratada “para terminar su tratamiento” (fl. 148, c. 1).

Según la especialista acabada de mencionar, el tratamiento de rehabilitación oral de la paciente se realizaría bajo las siguientes condiciones:

“1. Total conocimiento por parte de la paciente de que el dolor miofacial, cefalea y dolor cervical que ella presenta no van a desaparecer y posiblemente tampoco van a mejorar con la colocación de las coronas definitivas.

“2. Compromiso por parte de la paciente de continuar la terapia física en forma constante en su hogar, al igual que el ejercicio físico y control sicológico de mantenimiento.

“3. Uso diario de placa neurorelajante, que la paciente no deberá dejar de utilizar sin previa autorización del odontólogo tratante.

“4. Por motivos de tipo oclusal el trabajo se debe realizar en oclusión metálica. La precisión oclusal que se necesita para este caso no puede ser alcanzada con oclusión en porcelana.

“5. Debido a la extensión del tratamiento se necesita que la paciente asista a controles de mantenimiento cada tres meses con periodoncista y cada seis meses con rehabilitador oral” (fls. 153 y 154, c. 1).

En la historia clínica de la paciente consta que dicho tratamiento finalizó el 7 diciembre de 1999 (fls. 162 a 164, c. 1).

No obstante, los resultados no fueron los esperados, según se desprende del informe del 17 de agosto de 2001, suscrito por el coordinador de salud oral CCA, OASIS, del ISS, quien valoró a la paciente y dijo (se transcribe textualmente):

“… se encontró rehabilitación de prótesis fija completa en herradura tanto en el Maxilar superior como en el inferior con aceptable adaptación, excepto en la zona de 24-25 y 26 donde tiene prótesis fija de tres unidades y donde se aprecia marcada desadaptación por palatino y con cementación temporal.

“Radiográficamente no presenta ninguna alteración periodental ni endodóntica, pero a nivel del diente 25 se observa espacio en porción coronal que podría ser fractura del retenedor intrarradicular (núcleo) lo que ocasionaría el desplazamiento de la prótesis.

“Clínicamente se observa una Gingivitis Marginal generalizada” (se subraya) (fl. 167, c. 1).

El 13 de junio de 2002, la señora Miranda Delgado consultó particularmente al rehabilitador oral Jairo Enrique Romero, quien elaboró el siguiente informe (se transcribe textualmente):

Paciente que se presenta al consultorio odontológico por presentar molestias en las articulaciones temporomandibulares y molestias en la relación de los dientes posteriores del lado izquierdo, no se siente cómoda la mordida de ese lado. La paciente comenta haber sido sometida a cirugía articular y a una rehabilitación completa a causa de la cirugía.

(…)

“De las radiologías periapicales, en su interpretación radiológica se aprecian muchos desajustes interproximales y en algunos proyección de desincersiones gingivales vestibulares (abfracciones).

Pero sobre zona donde se presenta la falta de confort oclusal (lado izquierdo) se aprecia en el maxilar inferior que las piezas 37 y 38 presentan una alteración periodontal, con una reabsorción horizontal y vertical de leve a moderada con tratamientos de conductos sin alteraciones periapicales, con núcleos cortos que solo ocupan espacio cameral y en maxilar superior, la pieza 25 con una raíz, con caries en cara distal, aparentemente sellada con estructura metálica por la forma del núcleo intraradicular, con perdida leve de hueso horizontal y vertical en cara distal.

“En el examen clínico, se aprecia en el maxilar superior en la pieza 25 es un póntico de una prótesis fija de 3 unidades (24-25-26), que su raíz no está habilitada como pilar, su raíz presenta socavamiento en la mayoría de sus superficies. La pieza 24 desadaptación en cara distal y en pieza 26 desadaptación penetrante en cara distal.

En piezas inferiores 37-38, piezas con movilidad grado II, desadaptadas, pieza 37 en cara mesial / palatino y en pieza 38 en cara distal.

“Se le comenta a la paciente el tipo de situación y que en este tipo de tratamientos lo recomendable es retirar como primera medida las prótesis actuales (desadaptadas) y valorar clínicamente el remanente dentario y valorar el tipo de tratamiento a realizar en periodo de coronas provisionales, advirtiéndole de los riesgos al retirar prótesis fija y más con presencia de núcleos cortos (…)” (fl. 168, c. 1).

La demandante fue valorada por el Instituto Nacional de Medicina Legal, regional sur, cuyo informe del 14 de febrero de 2003 concluyó (se transcribe textualmente):

“1. LA PACIENTE REFIERE QUE HA PESAR DE QUE EL SEGURO SOCIAL ACCEDIO A QUE LE REALIZARAN SU REHABILITACION ORAL DESPUES DE LA CIRUGIA DE ATM QUE LE REALIZARON, NUNCA INTERVINIERON EN DICHA REHABILITACION LOS ESPECIALISTAS QUE EL MISMO DIRECTOR GENERAL ESPECIFICO PARA QUE LO HICIERAN, TAMPOCO LE REALIZARON LOS CONTROLES SOLICITADOS POR LA ESPECIALISTA DEL CASO Y QUE ADEMAS DE HABER TENIDO QUE PORTAR DIENTES PROVISIONALES DURANTE DOS AÑOS HASTA QUE LE COLOCARON LOS DEFINTIVOS, NO SE LE REALIZARON LOS CONTROLES QUE SE HABIAN ESTIPULADO DESDE EL INICIO DEL TRATAMIENTO Y POR LO TANTO EL TRATAMIENTO NO HA DADO LA ESTABILDIDAD ORAL DEFINTIVA QUE LE DIAGNOSTICARON QUE TENDRIA DESPUES DEL TRATAMIENTO DE REHABILITACION QUE LE REALIZARIAN.

“2. EN LAS VALORACIONES QUE APORTA POSTERIORES AL TERMINO DE LA REHABILITACION QUE EL REALIZARON POR CUENTA DEL ISS, TODOS HABLAN DE CORONAS DESADAPTADAS Y QUE DEBEN SER CAMBIADAS, SIN EMBARGO NO EXISTEN LOS CONTROLES DE MANTENIMIENTO SUGERIDOS POR LA ESPECIALISTA QUE REALIZO LA REHABILITACION, CADA TRES MESES CON PERIODONCISTA Y CADA SEIS MESES CON REHABILITADOR ORAL (…) (fls. 183 y 184, c. 1).

Pues bien, como puede verse, el tratamiento de rehabilitación oral adelantado a fin de corregir los problemas de articulación de la señora Miranda Delgado no salió bien —lo cual agravó su estado de salud— y ello pudo evidenciarse, cuando menos, desde el 17 de agosto de 2001, cuando el coordinador de salud oral CCA, OASIS, del ISS estableció que los dientes 24, 25 y 26 no quedaron bien adaptados y que el 25 tenía un espacio en la corona que podría ser una fractura del retenedor intrarradicular, lo cual “ocasiona el desplazamiento de la prótesis (sic)” (fl. 167, c. 1).

Ahora, los problemas en la salud oral de la señora Miranda Delgado se hicieron más evidentes en el informe del 13 de junio de 2002, cuando ella consultó al rehabilitador Jairo Enrique Romero (fl. 168, c. 1) y, sobre todo, en el del 14 de febrero de 2003, producido una vez que fue valorada por el Instituto Nacional de Medicina Legal, regional sur, el cual estableció que el tratamiento dispensado a la víctima no obtuvo la estabilidad oral definitiva que le diagnosticaron y que, a pesar de que las valoraciones que le hicieron con posterioridad determinaron que aquélla tenía las coronas desadaptadas y que éstas debían ser cambiadas, no se realizaron los controles solicitados por la especialista Ana María Valencia Arbeláez.

Si bien los actores hicieron consistir la falla del servicio del ISS en el “deficiente tratamiento de salud oral” dispensado a la señora Miranda Delgado, que provocó que fuera sometida a un tratamiento prolongado de 17 años y que su dentadura original fuera reparada rudimentariamente y remplazada por una provisional, lo cual afectó su estado de salud físico y emocional, para la Sala es claro, como acaba de verse, que el daño que los demandantes afirmaron haber sufrido se concretó mucho antes de que culminaran esos 17 años, esto es, desde el 17 de agosto de 2001, cuando quedó en evidencia que el tratamiento de rehabilitación oral practicado a la señora Miranda Delgado no obtuvo los resultados esperados, lo cual complicó aún más su estado de salud ya deteriorado; inclusive, si se tomara la última de las fechas indicadas en el párrafo anterior, esto es, el 14 de febrero de 2003, la acción de reparación directa instaurada el 5 de julio de 2006 también estaría caducada.

Es indispensable aclarar que, si bien con posterioridad al 14 de febrero de 2003 la actora siguió solicitando al ISS la prestación de servicios, lo cierto es que el daño ya estaba causado, pues, como se vio, el tratamiento de rehabilitación oral necesario para acabar las molestias en la dentadura de la señora Miranda Delgado —el cual finalizó el 7 de diciembre de 1999 (fls. 162 a 164, c. 1)—, no obtuvo la estabilidad oral definitiva que le diagnosticaron, por cuanto los especialistas designados por el director del ISS no intervinieron en la práctica del mismo y porque, además, nunca se hicieron los controles establecidos desde el inicio.

Así, el hecho de que los efectos del daño se extiendan en el tiempo no impide que el término de caducidad comience a operar; de lo contrario, esto es, en los casos en que el daño sea permanente, la acción no caducaría jamás. En torno al cómputo del término de caducidad, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha manifestado:

“Debe advertirse, por otra parte, que el término de caducidad empieza a correr a partir de la ocurrencia del hecho y no desde la cesación de sus efectos perjudiciales, como parecen entenderlo el a quo y la representante del Ministerio Público. Así, el hecho de que los efectos del daño se extiendan indefinidamente después de su consolidación no puede evitar que el término de caducidad comience a correr. Si ello fuera así, en los casos en que los perjuicios tuvieran carácter permanente, la acción no caducaría jamás. Así lo advirtió esta Sala en sentencia del 26 de abril de 1984, en la que se expresó, además, que la acción nace cuando se inicia la producción del daño o cuando éste se actualiza o se concreta, y cesa cuando vence el término indicado en la ley, aunque todavía subsistan sus efectos”(4).

La caducidad, por ser de orden público, es indisponible e irrenunciable y el juez, cuando encuentre probados los respectivos supuestos fácticos, debe declararla de oficio, aún en contra de la voluntad de las partes, pues ella opera por el sólo transcurso del tiempo y su término perentorio y preclusivo, por regla general, no se suspende, no se interrumpe y no se prorroga(5).

2.3. Decisión sobre costas.

Teniendo en cuenta que, para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa manera, la Sala se abstendrá de imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia del 18 de marzo de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que declaró la responsabilidad del ISS por el “deficiente tratamiento de salud oral que se le practicó a la señora Fabiola Miranda Delgado” y, en su lugar:

1. DECLÁRASE que operó el fenómeno de la caducidad de la acción.

2. ABSTIÉNESE de condenar en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

2 Ley 446 de 1998.

3 Declaración rendida por el odontólogo Emanuele Runci el 16 de mayo de 2007 ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca (fls. 64 a 69, c. 2).

4 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de octubre de 2000, Exp. 12.228.

5 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 30 de agosto de 2.006, Exp. 15.323.