Sentencia 2006-02904 de mayo 21 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación: 050012331000200602904 01 (20406)

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Actor: Builes Gómez y Cía. S. en C. (NIT 890937264-9)

Demandado: Municipio de Medellín

Impuesto predial

Bogotá, D.C., veintiuno de mayo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación, la Sala determina (i) si operó el silencio administrativo positivo por indebida notificación de la resolución que decidió el recurso de reconsideración contra el acto que negó a la actora la prescripción de la acción de cobro del impuesto predial por los años 1999 y anteriores y (ii) si procedía la revocatoria del acto ficto derivado del silencio positivo, sin el consentimiento previo y escrito de la demandante.

Para resolver, la Sala precisa lo siguiente:

Respecto al término para resolver el recurso de reconsideración y la configuración del silencio administrativo positivo, los artículos 101 y 103 del Decreto Municipal 11 de 6 de enero de 2004(18) en concordancia con los artículos 732 y 734 del Estatuto Tributario(19), consagran lo siguiente:

“ART. 101—Término para resolver los recursos. El Secretario de Hacienda o su delegado, tendrá un año (1) para resolver los recursos de reconsideración, contado a partir de su interposición en debida forma.

ART. 103.—Silencio administrativo. Si transcurrido el término señalado en el artículo 101 del presente Decreto, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el recurso no se ha resuelto, se entenderá fallado a favor del recurrente, en cuyo caso, la administración de oficio o a petición de parte, así lo declarará”.

Así, la Administración dispone de un año para resolver el recurso de reconsideración, contado a partir de su interposición en debida forma, pues en caso de que transcurra dicho término sin que el recurso se resuelva, se configura el silencio administrativo a favor del contribuyente.

En relación con el momento a partir del cual se cuenta el año que tiene la Administración para resolver el recurso, esto es, cuándo se entiende interpuesto el recurso en debida forma, la Sala ha entendido que ese plazo se cuenta a partir del mismo día en que se presenta el recurso, puesto que así lo establece claramente la norma(20).

También ha precisado que para que el recurso se entienda resuelto oportunamente es necesario que dentro del término legal, que es de un año, se notifique el acto que decide el recurso, pues, de otra manera, no puede considerarse resuelta la impugnación, comoquiera que si el contribuyente no ha tenido conocimiento del acto administrativo, este no produce efectos jurídicos y se entiende como no resuelto(21).

Además, la Sala ha dicho que el término de un año, previsto en el artículo 732 del estatuto tributario, es preclusivo, porque el artículo 734 ibídem establece que ante su incumplimiento se configura el silencio administrativo positivo. En consecuencia, si vence el término legal sin que se resuelva el recurso se entiende que la Administración pierde competencia para manifestar su voluntad y, en consecuencia, el acto deviene en nulo(22).

De otra parte, según el artículo 565 [inciso segundo] del Estatuto Tributario los actos que resuelven recursos deben notificarse personalmente o por edicto, si el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante no compareciere dentro del término de los diez (10) días siguientes, contados a partir de la fecha de introducción al correo del aviso de citación(23).

En concordancia con lo anterior, el artículo 6º literal b) del Decreto Municipal 11 de 6 de enero de 2004, dispone lo siguiente:

“ART. 6º—Notificaciones y representación legal:

Formas de Notificación de la Administración Municipal:

[…]

b. Las providencias que decidan recursos se notificarán personalmente, o por edicto, si el contribuyente o responsable, agente retenedor o declarante, no compareciere dentro del término de diez días (10) siguientes contados a partir de la fecha de recibo del aviso de citación.

[…]” (resalta la Sala).

Así, los actos que deciden un recurso administrativo se notifican de manera personal. Para ello, la Administración envía por correo un aviso de citación al interesado, para que, dentro de los diez días siguientes a la fecha de introducción al correo de dicho aviso, comparezca a las oficinas de la entidad a conocer la decisión. Si no comparece dentro de dicho término, el acto que resuelve el recurso debe notificarse por edicto.

La introducción al correo del aviso de citación, para la notificación personal de la decisión de los recursos, es distinta de la notificación por correo de los demás actos de la Administración, como lo ha precisado la Sala, en los siguientes términos(24):

“Se tiene entonces que la notificación personal presupone el envío de una citación al contribuyente para que éste, a su vez, concurra a la Administración dentro de los 10 días siguientes a aquél en que se introduce al correo del aviso de citación. Ello, en sí mismo, no implica que se esté realizando una “notificación por correo” como lo sugiere el apelante, toda vez que ésta fue consagrada como mecanismo independiente y especial para un ámbito diferente, cual es el de los actos que señala el inciso primero del artículo 565 ibídem a saber: (…) y demás actuaciones administrativas diferentes de los actos que resuelven recursos” (resalta la Sala).

En consecuencia, el envío o introducción al correo del aviso de citación no constituye una notificación por correo de la citación, sino el medio que la ley creó para que el administrado se entere y se acerque a las oficinas de impuestos, ahí sí, a notificarse personalmente de la decisión del recurso(25). Dicho de otra manera: el acto que se notifica, de manera personal o, en subsidio, por edicto, es el que decide el recurso, no la citación misma, pues esta hace parte del trámite de la notificación de la decisión del recurso.

Por tanto, el artículo 565 inciso 2º del Estatuto Tributario(26) dispuso que el término para notificarse personalmente del acto que decide el recurso se cuenta a partir del día siguiente al de la introducción al correo del aviso de citación y no desde cuando este se recibe(27). Además, dicho precepto no dispuso que si la citación es devuelta por el correo debe notificarse, entonces, por aviso en un periódico de amplia circulación.

Lo anterior, por cuanto la notificación por aviso solo es viable, en general, cuando no se practica la notificación por correo(28) debido a que este es devuelto, como lo prevé el artículo 568 del Estatuto Tributario(29), en consonancia con el artículo 6º literal e) del Decreto Municipal 11 de 2004, que dispone lo siguiente:

“ART. 6º—Notificaciones y representación legal.

Formas de notificación de la Administración Municipal

[…].

e) Notificaciones devueltas por el correo: las actuaciones de la Administración notificadas por correo, que por cualquier razón sean devueltas, serán notificadas mediante aviso en un periódico de amplia circulación Nacional; la notificación se entenderá surtida para efectos de los términos de la Administración, en la fecha de notificación de recibo, pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde la publicación del aviso o de la corrección de la notificación”.

En el caso en estudio, se encuentran probados los siguientes hechos:

El 21 de enero de 2004, el apoderado de la actora interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución 2233 de 22 de diciembre de 2003, por la que el municipio de Medellín le negó la prescripción de la acción de cobro del impuesto predial unificado por los años 1999 y anteriores(30). En consecuencia, el término para notificar el acto que resolvió el recurso vencía el 21 de enero de 2005.

En el recurso, el apoderado de la actora informó como dirección procesal la Calle 12 Nº 40A-293(31).

Por Resolución SH 18-314 de 2 de febrero de 2004, el Municipio confirmó en reconsideración el acto recurrido(32).

Con el fin de notificar personalmente el acto, el 23 de febrero de 2004 el Municipio envió al apoderado de la actora el aviso de citación para que se notificara personalmente del acto(33). La citación se envió a la Calle 12 Nº 40A-293, esto es, a la dirección procesal(34) o dirección que informó dicho apoderado para ser notificado de la decisión del recurso, en representación de la demandante.

Además, la citación se efectuó para que, dentro del término legal, el apoderado de la actora se presentara a la oficina 519 Centro Administrativo la Alpujarra (Calle 44 Nº 52-165), para enterarse del contenido de la Resolución SH 18-314 de 2004, entre otros actos(35).

Así, la Administración actuó de conformidad con la ley y el artículo 9º del Decreto Municipal 11 de 2004(36), pues el 23 de febrero de 2004 envió el aviso de citación para notificación personal a la dirección procesal informada por el apoderado de la demandante, sin que tuviese la obligación de enviarla a una dirección diferente.

Sin embargo, según la “planilla de entrega de certificados a domicilio” de 24 de febrero de 2004, expedida por ADPOSTAL, la citación dirigida a la Calle 12 Nº 40A-293(37) y que tenía como destinatario al apoderado de la actora, aparece devuelta con la nota “NDR”(38).

Es de anotar que si bien el aviso de citación fue devuelto por el correo, en este caso, la notificación por edicto se surtió en debida forma, puesto que la devolución del correo no fue imputable a la Administración ni a la oficina de correos, dado que, se insiste, dicho aviso se envió precisamente a la dirección procesal que, de manera voluntaria, suministró el apoderado de la actora al interponer el recurso de reconsideración contra el acto que negó a esta la prescripción de la acción de cobro.

En consecuencia, como la demandante no se notificó personalmente del acto que resolvió el recurso, la Administración debía notificarlo por edicto, como en efecto lo hizo el 10 de marzo de 2004, y no publicar el aviso de citación en un periódico de amplia circulación local, como lo alegó en el recurso, pues la notificación por aviso es supletiva de la notificación por correo que, como se precisó, es diferente del aviso de citación.

Así pues, la notificación por edicto de la Resolución SH 18-314 de 2 de febrero de 2004, surtida el 10 de marzo del mismo año, hecho que aceptan las partes, resultaba oportuna, toda vez que, como se indicó, el plazo de la Administración para notificar el acto que decidía el recurso vencía el 21 de enero de 2005.

En consecuencia, el recurso de reconsideración fue resuelto dentro del término señalado en los artículos 101 del Decreto Municipal 11 de 2004 y 732 del Estatuto Tributario, por lo cual no operó el silencio administrativo positivo.

Sin embargo, por escritura pública 366 de 14 de febrero de 2005, la actora protocolizó el acto ficto o presunto derivado del supuesto silencio positivo, diligencia que se surtió pasado un año de haberse notificado por edicto la resolución que confirmó en reconsideración el acto recurrido y casi un mes después de que venciera el término que tenía el Municipio para resolver y notificar la citada decisión.

Asimismo, el 16 de noviembre de 2005, en ejercicio del derecho de petición, el apoderado de la actora solicitó a la Administración dar aplicación al silencio administrativo positivo, protocolizado en la escritura pública en mención(39).

Como consecuencia del derecho de petición, mediante Resolución SH 18-823 de 2 de diciembre de 2005, el Municipio revocó el acto ficto o presunto protocolizado y ordenó la cancelación de la escritura pública, por cuanto el acto ficto es contrario a la ley, pues la notificación del acto por el que la Administración resolvió el recurso de reconsideración se surtió en debida forma, de acuerdo con el artículo 565 del Estatuto Tributario(40).

En efecto, en el acto de revocatoria, la Administración precisó lo siguiente(41):

“E. RAZÓN POR EL CUAL EL ACTO PRESUNTO ES CONTRARIO A LA LEY

La accionante solicita la aplicación de los efectos positivos generados como consecuencia del Acto Administrativo ficto protocolizado en la escritura pública 366 del día 14 de febrero de 2005 de la Notaría Veinte del Círculo de Medellín, con base en que no hubo notificación, toda vez que no se aplicó el literal e del artículo 6º del Decreto 11 de 2004 que dispone que las actuaciones de la Administración notificadas por correo, que por cualquier razón sean devueltas, serán notificadas mediante un aviso de periódico de amplia circulación nacional, por lo que consideramos que se está tratando de aplicar una norma contraria a lo establecido en la ley, por cuanto lo que se devolvió fue una citación y no el acto administrativo que decide el recurso, citación que no se exige que sea publicada mediante aviso en un diario de amplia circulación nacional luego la notificación surtida por el municipio de Medellín estuvo bien realizada, puesto que tal como lo establece el artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional: “Las providencias que decidan recursos se notificarán personalmente, o por edicto si el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no comparece dentro del término de los diez (10) días siguientes hábiles, contados a partir de introducción al correo del aviso de citación” (resalta la Sala).

A juicio de la actora, no existe violación de la ley, pues operó el silencio administrativo positivo debido a que el acto que resolvió el recurso de reconsideración no se notificó en debida forma, porque ante la devolución del aviso de citación, este debió publicarse en un diario de amplia circulación y no proceder a la notificación por edicto.

También alegó que por tratarse de una revocatoria oficiosa de un acto que creaba a la actora una situación jurídica particular y concreta, la Administración debió comunicarle el inicio de la actuación y obtener su consentimiento.

Pues bien, el procedimiento para la revocación de actos de carácter particular y concreto está previsto en el artículo 73 del Código Contencioso Administrativo, en los siguientes términos:

“ART. 73.—Revocación de actos de carácter particular y concreto. Cuando un acto administrativo haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular.

Pero habrá lugar a la revocación de esos actos, cuando resulten de la aplicación del silencio administrativo positivo, si se dan las causales previstas en el artículo 69, o si fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales.

Además, siempre podrán revocarse parcialmente los actos administrativos en cuanto sea necesario para corregir simples errores aritméticos, o de hecho que no incidan en el sentido de la decisión” (resalta la Sala).

La regla general, entonces, es que la revocatoria de actos particulares y concretos procede únicamente con el consentimiento expreso y escrito del titular del derecho.

No obstante, existen dos excepciones a esa regla, que hacen procedente la revocatoria sin necesidad de que la Administración cuente con el consentimiento del titular, a saber: (i) cuando el acto administrativo resulte de la aplicación del silencio administrativo positivo, si se dan las causales del artículo 69 del Código Contencioso Administrativo(42) y (ii) cuando el acto ocurrió por medios ilegales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo se refirió así a estas excepciones(43):

“Nótese que en el inciso 2º de dicha norma [se refiere al CCA, art. 73], el legislador empleó una proposición disyuntiva y no copulativa para resaltar la ocurrencia de dos casos distintos. No de otra manera podría explicarse la puntuación de su texto. Pero además, como se observa en este mismo inciso 2º y en el 3º, el legislador, dentro de una unidad semántica, utiliza la expresión “actos administrativos”, para referirse a todos los actos administrativos, sin distinción alguna.

Lo cierto entonces es que tal como quedó redactada la norma del artículo 73, son dos las circunstancias bajo las cuales procede la revocatoria de un acto que tiene efectos particulares, sin que medie el consentimiento del afectado: Una, que tiene que ver con la aplicación del silencio administrativo y otra, relativa a que el acto hubiere ocurrido por medios ilegales.

Sobre este punto de la revocación de los actos administrativos, es relevante señalar que el acto administrativo a que se refiere la parte final del inciso segundo del artículo 73 del Código Contencioso administrativo, es al acto ilícito, en el cual la expresión de voluntad del Estado nace viciada bien por violencia, por error o por dolo, no al acto inconstitucional e ilegal de que trata el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, que habiéndose formado sin vicios en la manifestación de voluntad de la administración, pugna contra la Constitución o la ley” (resalta la Sala).

Así, de conformidad con la excepción prevista en el artículo 73 inciso 2º del Código Contencioso Administrativo, el consentimiento expreso y escrito del titular del derecho, esto es, del administrado, no se exige para revocar el acto de carácter particular y concreto cuando este se obtuvo por medio del silencio administrativo positivo y se configura alguna de las causales del artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, una de las cuales es que el acto que se revoca sea manifiestamente contrario a la Constitución o a la ley (num. 1º).

En el presente caso, el Municipio revocó el acto ficto o presunto derivado del silencio positivo y ordenó la cancelación de la escritura pública 366 de 14 de febrero de 2005, porque dicho acto ficto es contrario a la ley, dado que la Resolución SH 18-314 de 2 de febrero de 2004, que resolvió el recurso de reconsideración, fue notificada oportunamente y en debida forma, por edicto de 10 de marzo de 2004.

No obstante, la actora aplicó indebidamente el artículo 6º literal e) del Decreto Municipal 11 de 2004, en concordancia con el artículo 568 del Estatuto Tributario, pues, en su criterio, el aviso de citación para que compareciera a notificarse del acto que resolvió el recurso debía notificarse por correo, pero como fue devuelto, lo procedente era notificarlo por aviso en un diario de amplia circulación.

Sin embargo, este procedimiento es manifiestamente contrario a lo dispuesto en el artículo 6º literal b) del Decreto Municipal 11 de 2004, en concordancia con el artículo 565 inciso segundo del Estatuto Tributario, ya que, como se precisó, el aviso de citación, que debe enviarse por correo, es diferente a la notificación por correo de los actos a que se refiere el artículo 565 inciso primero del Estatuto Tributario.

Sobre la manifiesta oposición a la ley, como causal de revocatoria directa de un acto ficto o presunto derivado del silencio administrativo positivo, la Sala ha precisado lo siguiente(44):

“[…] El acto ficto positivo tiene el deber de respetar de forma estricta la constitución y la ley, tanto o más como lo haría el acto expreso. Como el contenido y los efectos del acto ficto o presunto positivo quedan librados a la voluntad del particular, la Constitución le impone a éste el deber de obrar no sólo con base en el principio de la buena fe, sino con sujeción estricta a la ley que regula la respectiva actuación. Así, el particular no puede pretender que el silencio administrativo positivo sirva para hacer valer interpretaciones privadas de la ley, ejercer derechos que no se tienen o sacar ventajas francamente abusivas ante el hecho de la omisión de la Administración en responder oportunamente una petición o un recurso. De ahí que el segundo inciso del artículo 73 del Código Contencioso Administrativo diga que el acto ficto presunto puede ser revocado directamente si se dan las causales del artículo 69 o si se da cuenta que el acto ocurrió por medios ilegales.

[…] Los particulares no tienen la competencia suficiente para interpretar las normas a su arbitrio, ora para desconocerlas, ora para sacarles ventaja. La competencia la da el ordenamiento a las autoridades, para que estas actúen conforme el derecho y previa una interpretación plausible de la ley. […]”. (Resalta la Sala).

Con fundamento en el precedente antes transcrito, la Sala insiste en que la demandante “no actuó con sujeción estricta a la ley que regula la actuación” , toda vez que aplicó indebidamente el artículo 6º literal e) del Decreto Municipal 11 de 2004, en concordancia con el artículo 568 del Estatuto Tributario, pues las normas aplicables a la notificación del acto que resuelve un recurso son los artículos 6º literal b) del Decreto Municipal 11 de 2004 y 565 inciso 2º del Estatuto Tributario, conforme con los cuales el aviso de citación no es un acto que se notifica por correo sino el medio que la ley creó para que el administrado se acerque a las oficinas de impuestos a notificarse personalmente de la decisión del recurso o por edicto, si la notificación personal no se logra.

En suma, de acuerdo con lo expuesto, el 10 de marzo de 2004 la Administración notificó por edicto la resolución que confirmó en reconsideración el acto que negó la prescripción de la acción de cobro del impuesto predial por los años 1999 y anteriores. Como el recurso se interpuso el 21 de enero de 2004, el acto que lo decidió fue resuelto y notificado oportunamente, por lo que no se configuró el silencio administrativo positivo.

En consecuencia, de conformidad con el artículo 73 del Código Contencioso Administrativo, la Administración podía revocar directamente, sin el consentimiento de la actora, la supuesta decisión que, con efecto positivo, se protocolizó a través de la escritura pública 366 de 14 de febrero de 2005 y ordenar su cancelación, conforme con el artículo 74 del Código Contencioso Administrativo(45).

Además, no debía cumplir el requisito del artículo 28 del Código Contencioso Administrativo, es decir, comunicarle a la actora la existencia de la actuación y el objeto de esta, pues, como también se advirtió, la revocatoria del acto ficto no fue de oficio sino como consecuencia del derecho de petición de 16 de noviembre de 2005. En conclusión, el Municipio cumplió los requisitos para revocar el acto ficto derivado del silencio administrativo positivo con base en la causal primera del artículo 69 del Código Contencioso Administrativo.

En consecuencia, no se desvirtúa la legalidad de la Resolución SH 18-823 de 2 de diciembre de 2005, por lo que debe confirmarse la decisión del a quo de negar las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.»

18 “Por medio del cual se adopta el régimen procedimental en materia tributaria para el Municipio de Medellín”.

19 ART. 732.—Término para resolver los recursos. La Administración de Impuestos tendrá un (1) año para resolver los recursos de reconsideración o reposición, contado a partir de su interposición en debida forma”.

ART. 734.—Silencio administrativo. Si transcurrido el término señalado en el artículo 732, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el recurso no se ha resuelto, se entenderá fallado a favor del recurrente, en cuyo caso, la Administración, de oficio o a petición de parte, así lo declarará.

20 Sentencia del 10 de septiembre de 2009, expediente 17277, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Este criterio ha sido reiterado, por ejemplo, en fallos de 7 de junio de 2012, expediente 18163 y de 5 de julio de 2012, expediente 18498, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez y de 19 de enero de 2012, expediente 17578 y de 21 de octubre de 2010, expediente 17142, C.P. Hugo F. Bastidas Bárcenas.

21 Sentencia del 12 de abril de 2007, expediente 15532, C.P. María Inés Ortiz Barbosa.

22 Sentencia del 21 de octubre de 2010, expediente 17142, C.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

23 “ART. 565.—Formas de notificación de las actuaciones de la administración de impuestos.

[…].

Las providencias que decidan recursos se notificarán personalmente, o por edicto si el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no compareciere dentro del término de los diez (10) días siguientes, contados a partir de la fecha de introducción al correo del aviso de citación. […]”.

24 Consejo de Estado Sección Cuarta, Sentencia del 3 de marzo de 2011, expediente 17087, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

25 Entre otras, ver sentencias de 21 de febrero de 1992, expediente 3767, C.P. Dr. Guillermo Chaín Lizcano; 3 de diciembre del 2009, expedientes 17111 y 17041, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia y C.P. William Giraldo Giraldo, respectivamente; 12 de septiembre de 2013, expediente 19515, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

26 En concordancia con el artículo 6º literal b) del Decreto 11 de 2004.

27 En Sentencia C-929 de 2005, la Corte Constitucional declaró exequible la expresión “a partir de la introducción al correo” del artículo 565 inciso 2º del Estatuto Tributario, porque no viola el principio general de publicidad de los actos administrativos sino que “por el contrario el aviso de citación a que se refiere el precepto acusado, tiene por finalidad enterar al destinatario que el recurso interpuesto ya fue resuelto a fin de que comparezca para ser notificado personalmente, con lo cual se garantiza el derecho al debido proceso, y sólo en defecto de su no comparecencia se procede a la notificación por edicto, poniendo de presente los principios de justicia y equidad consagrados en el artículo 95-9 de la Carta Política”.

28 El artículo 565 inciso primero del Estatuto Tributario, vigente para el año gravable 2004, cuando se interpuso y decidió el recurso de reconsideración preveía la notificación por correo en los siguientes términos: “Los requerimientos, autos que ordenen inspecciones tributarias, emplazamientos, citaciones, traslados de cargos, resoluciones en que se impongan sanciones, liquidaciones oficiales y demás actuaciones administrativas, deben notificarse por correo o personalmente”.

29 “ART. 568.—Las actuaciones de la Administración notificadas por correo, que por cualquier razón sean devueltas, serán notificadas mediante aviso en un periódico de amplia circulación nacional; la notificación se entenderá surtida para efectos de los términos de la Administración, en la primera fecha de introducción al correo, pero para el contribuyente, el término a responder o impugnar se contará desde la publicación del aviso o de la corrección de la notificación”.

30 Folios 179 a 185.

31 Folio 184.

32 Folios 186 a 189.

33 Hecho que no controvierte la demandante.

34 Artículo 564 del Estatuto Tributario, en concordancia con el artículo 9º del Decreto 11 de 2004, que prevé lo siguiente: “Si durante el proceso de determinación y discusión del tributo, el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, señala expresamente una dirección para que se le notifiquen los actos correspondientes del respectivo proceso, la administración deberá hacerlo a dicha dirección”.

35 Folio 198.

36 El artículo 9º del Decreto 11 de 2004, prevé lo siguiente: “Si durante el proceso de determinación y discusión del tributo, el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, señala expresamente una dirección para que se le notifiquen los actos correspondientes del respectivo proceso, la administración deberá hacerlo a dicha dirección”. Esta norma es concordante con el artículo 564 del Estatuto Tributario.

37 Folio 106.

38 Folio 199. En el expediente no existe prueba del significado de estas letras.

39 Folios 108 a 112.

40 Folios 18 a 23.

41 Folios 22 y 23.

42 ART. 69.—Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los haya expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

Cuando sea manifiesta la oposición con la Constitución Política o a la ley.

Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.

Cuando con ellos se cause un agravio injustificado a una persona.

43 Sentencia de 16 de julio de 2002, expediente 23001-23-31-000-1997-8732-02 (IJ 029), C.P. Ana Margarita Olaya Forero.

44 Sentencia de 30 de julio de 2009, expediente 16253, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

45 ART. 74.—Para proceder a la revocación de actos de carácter particular y concreto se adelantará la actuación administrativa en la forma prevista en los artículos 28 y concordantes de este Código. En el acto de revocatoria de los actos presuntos obtenidos por el silencio administrativo positivo se ordenará la cancelación de las escrituras que autoriza el artículo 42 y se ordenará iniciar las acciones penales o disciplinarias correspondientes.