Sentencia 2006-02942 de septiembre 2 de 2010 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 050012331000 2006 02942 01

Consejera Ponente (E):

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho

Actor: Oney de Jesús Palacio Bermúdez

Bogotá, D. C., dos de septiembre de 2010.

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 1º de noviembre de 2007 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que declaró la no prosperidad de la excepción de inepta demanda y denegó las pretensiones de la demanda instaurada en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

I. Antecedentes a la demanda

El señor Oney de Jesús Palacio Bermúdez, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

— La nulidad de la Resolución 8311070-210-636-03396 del 26 de julio de 2005, proferida por la división de fiscalización de la administración de Aduanas de Medellín, mediante la cual se ordenó el decomiso administrativo de una mercancía aprehendida.

— La nulidad de la Resolución 8311072-A 00198 del 18 de enero de 2006, mediante la cual se confirmó la resolución anterior.

— A título de restablecimiento del derecho solicitó que se le devuelva la mercancía decomisada mediante el Acta de Aprehensión 554 y si la mercancía ya ha sido rematada, se le cancele el valor de la misma; se condene a la DIAN a cancelar intereses de mora y a la indexación de la suma desde el día en que la mercancía fue incautada hasta el día en que sea pagada o devuelta efectivamente por la entidad y a indemnizar los prejuicios morales causados por la angustia en que se ha visto sumido por las actuaciones administrativas que se estiman en la suma que equivalgan, en moneda nacional, a la fecha de ejecutoria de la sentencia, a 1000 salarios mínimos mensuales legales.

— Que se ordene a la entidad demandada cumplir con la sentencia en la forma indicada por los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

El actor señaló, en síntesis, los siguientes hechos:

Que agentes de la policía fiscal y aduanera (Polfa), el día 17 de mayo de 2005 realizaron inspección a la mercancía de su propiedad que se encontraba en la ciudad de Medellín, quienes levantaron el Acta de Hechos 363 del 17 de mayo de 2005, inmovilizando sábanas de origen extranjero a fin de que se les realizara el respectivo estudio de merciología.

Relató que mediante Acta de Inspección 8311070-A-8363084 del 2 de junio de 2005, un funcionario adscrito a la división de fiscalización aduanera de Medellín debidamente comisionado, se presentó a las instalaciones de la Policía Fiscal y Aduanera —Polfa— a inspeccionar la mercancía y en desarrollo de esta diligencia la mercancía fue aprehendida mediante Acta de Aprehensión 8311070 A-554 del 2 de junio de 2005, fundamentada en que esta era de procedencia extranjera y no se encontraba amparada en las declaraciones de importación, ya que la composición de las mercancías descritas en tales declaraciones era diferente a la composición encontrada en las pruebas merciológicas; señaló como causal la establecida en el numeral 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999.

Que dicha mercancía fue dejada en custodia del depósito Almagrario S.A. de la ciudad de Envigado para lo cual se emitió el Documento de ingreso, inventario y avalúo de mercancías aprehendidas 39111102822 del 3 de junio de 2005 que fue valorada en la suma de $ 250'397.380.00, documento que después fue aclarado en algunos ítems el 26 de julio de 2005 mediante la Resolución 1107006573393; que nuevamente el 16 de enero de 2006 se corrige el citado documento por medio de la Resolución 1107006570157, toda vez que se había tomado como composición de la mercancía la descrita en el empaque, debiendo ser la que aparece en el resultado del análisis merciológico.

Que la mercancía relacionada en los ítems del acta de aprehensión y que luego aceptó la DIAN en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración coincidía en todo en su descripción, menos en la composición merciológica arrojada por las pruebas técnicas.

Que con escrito radicado con el 10219 del 14 de julio de 2005, solicitó a la DIAN la entrega de la mercancía aprehendida, así como la viabilidad jurídica de permitir a los importadores realizar las correcciones a las declaraciones de importación que lo requirieran, estando dispuesto al pago de una sanción mínima, pues el hecho de colocar unos porcentajes de composición diferentes no causó ningún perjuicio al Estado al momento de importar la mercancía, ya que todos los impuestos y aranceles fueron pagados correctamente y estos hubieran sido los mismos así los porcentajes fueran diferentes.

Señaló que el 26 de julio de 2005, la división de fiscalización aduanera de la administración de Medellín, profirió la Resolución 8311070-210- 636 03396, por medio de la cual se declaró de contrabando la mercancía y en consecuencia se ordenó el decomiso administrativo a favor de la Nación.

Que presentó el recurso de reconsideración, argumentando que las autoridades de policía tomaron decisiones por fuera de sus competencias y funciones, porque fueron ellas quienes solicitaron la práctica de la prueba técnica sin tener en cuenta que sus funciones son de apoyo y control, porque la facultad era de la DIAN, según lo dispuesto en el artículo 469 del Decreto 2685 de 1999, que señala que la única autoridad competente para verificar la legalidad de la importación de las mercancías es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales; que la medida cautelar debió decretarse por un funcionario de la DIAN.

Que en el recurso de reconsideración citó un concepto de la DIAN por el cual se permitió que la Policía Fiscal y Aduanera pudiera retener mercancías, siempre y cuando existan indicios, lo que no ocurrió en este caso, pues los funcionarios policiales decidieron por su propia cuenta practicar una prueba técnica sobre la mercancía y una vez obtuvo los resultados intervino la DIAN; que explicó que la mercancía sí estaba amparada en un documento de importación y que por ello existía la convicción de que las prendas tenían la composición especificada en las etiquetas, por lo que se encontraba amparado por el principio de la buena fe; que además debe tenerse como criterio para evaluar la situación, el hecho de haber cumplido con sus obligaciones aduaneras de declarar la mercancía y pagar los tributos al Estado; que la diferencia de composición no es relevante y que el Estado no puede percibir ingresos sin causa justa.

Agregó que en el recurso de reconsideración, se acreditó el vínculo comercial mediante facturas aportadas las cuales no fueron tachadas de falsas por la DIAN, para demostrar su condición de comprador de buena fe en el mercado interno, porque no era el comprador directo de las mercancías ni el declarante, que este vínculo comercial se dio con las Importadoras y Comercializadoras de las mercancías, a saber, Impor-Omega Ltda., Issa Distribuciones Ltda., Importadora Las Américas Ltda. y Swany Textile Ltda.

Anotó que el 15 de noviembre de 2005, la división jurídica aduanera ordenó la realización de inspección ocular directa que solicitó, para que se estableciera si efectivamente las mercancías fueron descritas en las declaraciones de importación acorde a como lo dicen las etiquetas, diligencia que se realizó el 6 de enero de 2006; que se puede concluir sin lugar a dudas que la única diferencia entre la mercancía aprehendida y la relacionada en la declaración de importación, es la composición, hecho que ni la misma DIAN podía detectar en las inspecciones o nacionalizaciones al momento del levante por carecer de los equipos técnicos necesarios para realizar las pruebas merciológicas; que la mercancía se describió tal y como el proveedor la referencia en la factura y en la etiqueta, por lo que considera que no es justo afectar los derechos reconocidos; que la responsabilidad objetiva tiene sus límites.

Que pese a lo anterior, el 18 de enero de 2006 mediante la Resolución 8311072 - A - 0198, la división jurídica aduanera de Medellín, resolvió el recurso de reconsideración confirmando la Resolución de Decomiso 8311070-210-636-03396 del 26 de julio de 2005, por existir diferencias en las composiciones, tipos de tejido, acabados y subpartidas arancelarias en la mercancía aprehendida, con la descrita en la declaración de importación.

Insistió en que en este caso se debe aplicar el principio de la buena fe, toda vez que le era imposible a él y a la misma DIAN establecer con certeza al momento de la importación la composición merciológica real y por ello la descripción y composición merciológica se informó tal y como venía en los documentos soportes suministrados por los proveedores en el exterior.

Argumentó además que el haber colocado la composición merciológica arrojada por las pruebas técnicas realizadas a posteriori, no habría afectado para nada la importación y no habría implicado un mayor pago de tributos, por lo que no tendría sentido colocar una composición merciológica diferente si con ello no se ahorraba un solo peso en tributos.

Que es claro que la misma DIAN, cuando se le presentó la mercancía para conceder el levante, al igual que con la prueba de inspección física que se solicitó, constató que todo coincidía con lo descrito en las declaraciones de importación y que el importador colocó como descripción los datos suministrados por los proveedores en el exterior en los documentos soporte; que entonces hubo un error compartido, porque la DIAN debe aceptar que se equivocó y entender que no se le causó daño o perjuicio al Estado, que no puede enriquecerse sin causa recibiendo los tributos y posteriormente constatar un error, quedarse con la mercancía, imponer unas sanciones del 200% y sumir al usuario aduanero en una angustia total por la impotencia a la que se vio sometido.

B. Normas presuntamente violadas y concepto de violación.

El actor citó como vulnerados los siguientes artículos: 1º, 2º, 6º, 29, 83 y 363 de la Constitución Política; 2º del Código Contencioso Administrativo, 3º de la Ley 58 de 1982 y el literal b) del artículo 2º del Decreto 2685 de 1999.

Explicó así el concepto de violación:

En lo relacionado con los artículos de la Constitución Política que consideró violados, señaló que el debido proceso en materia sancionatoria debe estar informado y soportado en el principio de la buena fe y la imputabilidad o no de la conducta realizada y que las garantías que de este derecho se derivan deben aplicarse al ámbito tributario, por lo que no debe aplicarse la responsabilidad objetiva en un Estado social de derecho; que el Estado está obligado a proteger sus bienes y derechos y en este caso quedó desprotegido; que la policía fiscal y aduanera —Polfa— extralimitó sus funciones toda vez que no podía realizar, sin previo requerimiento de la DIAN, los estudios técnicos de merciología, por lo cual actuó sin competencia y no se observó el debido proceso; que no se tuvo en cuenta el principio de la buena fe del importador, que se ciñó a las referencias, marcas, número de piezas y composición merciológica dadas por los proveedores en el exterior a quienes compró la mercancía, lo cual lo obligaba a poner los mismos datos en las descripciones de la declaración de importación y que la misma DIAN se equivocó porque cuando presentó la mercancía para el levante cayó en el mismo error que el importador y aceptó como correcto lo informado por el proveedor y que además no se ocasionó daño alguno al Estado.

En relación con el artículo 363 de la Carta Política que consideró violado, manifestó que el sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad, porque se le despoja injustamente de una mercancía que le costó dinero y sobre la cual pagó tributos; que se viola la eficiencia porque la DIAN sabe que por tener la mercancía una composición merciológica diferente, no cambia su descripción y no hay lugar al pago de mayores tributos a favor del Estado y con el proceso se le está haciendo incurrir en pérdidas cuantiosas y al Estado en un desgaste inútil y costoso.

Argumentó que se violaron los artículos 2º del Código Contencioso Administrativo porque no se aplicó el principio de la buena fe y 3º de la Ley 58 de 1982 porque se violaron los cometidos estatales, toda vez que el Estado recibió lo estrictamente establecido como tributo y se apropió de unas mercancías que no le pertenecen, aplicando una responsabilidad objetiva, una vez que corrigió su error.

Finalmente argumentó que se violó el principio de justicia consagrado en el literal b) del Decreto 2685 de 1999, que dispone que los funcionarios aduaneros con atribuciones y deberes que cumplir en relación con las facultades de fiscalización y control deberán tener siempre por norma en el ejercicio de sus actividades, que son servidores públicos, que la aplicación de las normas aduaneras deberá estar presidida por un relevante espíritu de justicia y que el Estado no aspira a que al usuario aduanero se le exija más de aquello que la misma ley pretende y que además la Polfa no se encontraba revestida de atribuciones para la solicitud de prueba merciológica ya que no existía ningún indicio de que la mercancía aprehendida fuera de contrabando y no existía orden o instrucción en tal sentido por funcionario alguno de la DIAN; que se violó el principio de justicia porque se le atropelló de manera arbitraria e irracional.

C. Contestación de la demanda.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales propuso la excepción de inepta demanda y solicitó que en caso de que no prosperara, no se accediera a las pretensiones de esta.

Precisó que de conformidad con el artículo 53 de la Ley 633 de 2000 que creó la dirección de la Policía Fiscal y Aduanera, los funcionarios que la integran podrían por delegación expresa del director general de la DIAN, adelantar procesos de fiscalización y control, así como soportar los operativos de control tributario que realice la entidad en el territorio nacional; que así mismo el Decreto 517 de 2001, modificatorio del artículo 2º del Decreto 1265 de 1999, incluyó dentro de la organización interna de la DIAN, a la Dirección de la policía fiscal y aduanera; en su artículo 3º determinó entre sus funciones las de apoyar las acciones de control aduanero tendientes a la represión del contrabando, retener las mercancías sobre las cuales existan indicios de haber infringido el régimen aduanero y pueden ser objeto de aprehensión y, ponerlas a disposición de la dependencia competente, una vez efectuado el inventario; colaborar y apoyar a las áreas de comercio exterior, fiscalización aduanera y control cambiario, en todas las acciones y operativos de control que desarrollen para la prevención y represión de infracciones al régimen aduanero y cambiario; proporcionar vigilancia y seguridad en los diferentes lugares sobre los cuales se tengan indicios de que pueden almacenar mercancías de contrabando o pruebas que sean necesarias dentro de las investigaciones que adelanta la entidad.

Manifestó que consecuente con lo anterior, la Policía Fiscal y Aduanera, elaboró el Acta de Hechos 0363 del 17 de mayo del 2005, ejerciendo precisamente sus labores de control procedió a inmovilizar la mercancía y acto seguido, dejó el caso a disposición de la división de fiscalización aduanera, por medio del Oficio 0282 del 1º de junio de 2005, informando los antecedentes de hecho que originaron la inmovilización, aclarando que se remitía para estudio técnico para resolver la situación jurídica de la misma.

Que fue la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, quien verificó la legalidad de las importaciones de las sábanas, tal y como lo establece el artículo 469 del Decreto 2685 de 1999, por lo cual el procedimiento se realizó conforme a las facultades legales.

Que como lo demuestra la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, se determina claramente que los artículos decomisados, presentan diferencias en cuanto a la composición, tipo de tejido, acabado y subpartidas arancelarias por la cual se debía clasificar la misma, frente a las declaraciones de importación que pretenden ampararlas; que por lo anterior concluyó, que la mercancía que detallan las declaraciones de importación, es totalmente diferente a la decomisada.

Anota que aunado a lo anterior, la Resolución 0362 de 1996 establece que en la descripción de las mercancías deben identificarse los elementos que las caracterizan, indicando, cuando sea del caso, según la mercancía de que se trate, marcas, números, referencias, series o cualquier otra especificación que la tipifique y la singularice y que, la Resolución 2954 de 1996 literal B. "Otras confecciones y otros artículos textiles", dispone que en las declaraciones de importación de estos ítems, la descripción de las mercancías debe contener la denominación de la confección: ejemplo: ropa de cama, mantas, etiquetas, escudos, etc., y composición del tejido empleado: % de fibras según naturaleza.

Considera que en el caso que nos ocupa, si bien coinciden algunos elementos tales como la denominación de la confección (ropa de cama), la unidad comercial, la marca y la referencia, no coincide la composición, tipo de tejido, acabado y subpartida arancelaria; por lo que la mercancía que no corresponda con la descripción declarada, se entiende como no amparada y, en consecuencia, se encuentra dentro de las causales del artículo 502 numeral 1.6 del Decreto 2685 de 1999.

Que se concluye sin lugar a dudas que los documentos de importación no amparan la mercancía en discusión, sino que amparan una mercancía diferente.

Anota que la descripción de la mercancía no constituye un trámite meramente formal, sino un elemento esencial de la declaración de importación, razón por la cual, la omisión total o parcial y el erróneo diligenciamiento de la descripción de la mercancía en la declaración de importación, constituye infracción al régimen aduanero, ya que no es lo mismo una mercancía con composición 50% poliéster y 50% algodón, a una mercancía con composición 98.64% poliéster - 1.36 algodón, pues de ser así, se estaría permitiendo que una misma declaración de importación valiera indistintamente para las mercancías con las mismas características generales, por las cuales no se ha pagado tributo alguno ya que nunca han sido presentadas a la Aduana, favoreciendo con ello el contrabando de las mismas; que como el actor no logró demostrar que las mercancías decomisadas ingresaron legalmente al país, procedía ordenar el decomiso.

Que no se desconoce el principio de la buena fe, pues el decomiso de los bienes no se hace en consideración al estudio y valoración de una conducta considerada como de mala fe o dolosa, sino sobre el supuesto objetivo de incumplimiento de exigencias de normas aduaneras, toda vez que en la instancia de la vía gubernativa se está frente a una contravención administrativa y no frente a un delito.

II. Fallo impugnado

El tribunal, en el falló que se recurre, declaró la no prosperidad de la excepción de inepta demanda y negó las pretensiones de la demanda.

En relación con la cuestión de fondo debatida, destacó que las fichas originales en las que se consignan los resultados de los análisis de laboratorio que sobre la mercancía inmovilizada llevó a cabo la división técnica aduanera de la DIAN, se encontró que no sólo existían diferencias importantes en la composición del material de la tela de las prendas, que es sustancialmente diferente al encontrado respecto del anunciado, sino que además la subpartida arancelaria declarada no corresponde con la correcta; que debe destacarse cómo en ningún momento en la demanda se ha controvertido la validez de las conclusiones arrojadas en el análisis de laboratorio (fls. 141 y ss.).

Consideró que de conformidad con el Decreto 517 de 2001, la Policía Fiscal y Aduanera actuó con la competencia debida y que los actos administrativos demandados sirven para corroborar que fueron proferidos por la división de fiscalización de la DIAN de Medellín.

Explicó que en principio la autoridad aduanera asume que la mercancía que se le presenta es la que aparece en las declaraciones de importación.

Señaló que de conformidad con la legislación aduanera, son responsables de las obligaciones aduaneras, el importador, el exportador, el propietario, el poseedor o el tenedor de la mercancía.

Afirmó que no es cierto, como lo afirma el actor en la demanda, que la mercancía importada bajo una determinada subpartida es exactamente la misma en que debió haberse registrado la importación, aún después de haberse establecido el cambio sustancial de la composición, pues la que se

consignó en las declaraciones de importación es la 6302310000, siendo que debió haberse registrado la 6302.22.00.00, como lo sugirió el resultado de análisis de laboratorio, pero que esto no fue discutido en la demanda ni durante el desarrollo de la etapa administrativa.

Que la autoridad aduanera dispuso el decomiso de la mercancía con fundamento en que esta era diferente de la que se había declarado en las declaraciones de importación, pues la composición, el tipo de tejido, el acabado y la subpartida arancelaria eran diferentes, lo cual atiende lo dispuesto por el artículo 502 numeral 1.6 del Decreto 2685 de 1999, modificado por el artículo 6º del Decreto 1161 de 2002.

Consideró que tal como lo prevén los parágrafos 1º y 2º del artículo 231 del Decreto 2685 de 1999, si el cambio de composición de la mercancía de tela importada y los errores en el tipo de tejido, en el acabado y en la subpartida, fueron considerados por el actor como simples omisiones que no generaban violación legal ni administrativa, el importador que no es sujeto procesal interviniente en esta actuación, disponía de un término de 15 días, siguientes al levante, para presentar una declaración de legalización, que no le hubiera acarreado ninguna sanción y sin embargó no se hizo.

Señaló que aún después de haber sido verificado el levante de la mercancía, también se tuvo la opción de presentar voluntariamente una declaración de legalización, para el caso en el cual los eventuales errores u omisiones parciales en la descripción de la mercancía implicaran la vulneración de una restricción legal o administrativa o dieran origen al pago de menores tributos, cancelando por concepto de rescate el 10% del valor en aduana de la mercancía, lo cual, tampoco se habría realizado, lo que permite advertir que no se encuentra justificado en forma alguna el error que el actor reconoce.

III. Fundamentos de la impugnación.

En memorial obrante a folios 333 a 342 el actor solicita que se revoque el fallo apelado. Consideró, en síntesis:

1. Que el artículo 3º del Decreto 517 de 2001 mediante el cual se regulan las funciones de la Policía Fiscal y Aduanera - Polfa, si bien dispone que pueden ordenar y ejecutar operativos para prevenir y reprimir el contrabando, así como retener las mercancías sobre las cuales existan indicios de que han infringido el régimen aduanero, en el presente caso, pesca que no existían dichos indicios, porque a simple vista no se detecta el porcentaje de algodón o poliéster, fue ella misma quien efectivamente solicitó que se realizara la prueba de la composición, con equipos técnicos adecuados y es solamente a partir del resultado emitido por parte del laboratorio que se decide continuar con el proceso, interviniendo entonces la DIAN para ejecutar el decomiso; que la arbitrariedad de la Polfa no se puede subsanar.

2. Que en la sentencia apelada se insiste en el hecho de que por tratarse de un error, el cual fue aceptado, este se debió corregir en las etapas previstas por la ley; insiste en que se trataba de un error invencible e imposible de subsanar, pues todas las personas y entidades intervinientes en el procedimiento, a saber: el importador, la DIAN, la Policía Fiscal y Aduanera - Polfa, el comercializador, coincidieron en apreciar la mercancía tal cual venía descrita en la etiqueta.

3. Señala que se puede subsanar lo que se conoce y adolece de algún error, pero no se puede subsanar lo que se cree que está bien como ocurrió en su caso, puesto que solo tuvo conocimiento de la diferencia en la composición merciológica de la mercancía, que había adquirido en el mercado interno, cuando se hizo la prueba de laboratorio ordenada por la Polfa, razón por la cual, una vez analizadas las consecuencias del impacto fiscal, se invocó el derecho elemental de justicia y el principio de la buena fe para que se subsanara una situación que no fue detectada en ninguna de las etapas anteriores al decomiso; que incluso en el procedimiento administrativo cuando se hizo la inspección ocular, la misma DIAN concluyó que la descripción de la mercancía era igual a la de la etiqueta y a la de las declaraciones de importación, excepto en su composición merciológica, lo cual solo era posible establecer después de una prueba de laboratorios especializada.

4. Que en la sentencia de primera instancia se resalta el levante automático de la mercancía, sin tener en cuenta que no fue automático, porque la mercancía fue presentada e inspeccionada, siendo claro que para esa época la DIAN no tenía los equipos técnicos necesarios para hacer la prueba; que no, se tuvieron en cuenta dos circunstancias a) que los proveedores despacharon la mercancía con facturas cambiarias de compraventa y etiquetas con igual descripción y así mismo se describen en las declaraciones de importación; b) que los funcionarios de aduanas frente a los cuales se presentó la mercancía son personas mínimamente conocedoras de las mismas y determinaron que efectivamente correspondía con lo descrito en la declaración de importación y les era imposible en ese momento determinar su composición merciológica de la mercancía, por lo que fue posteriormente que la DIAN adquirió los equipos que le permiten hacer la prueba correspondiente en el mismo momento de la presentación de la mercancía; c) que cuando la mercancía fue distribuida a nivel nacional se hizo con base en la descripción original y los adquirentes como los mismos proveedores adquirieron de buena fe y dieron por sentado que lo que decían las facturas cambiarias de compraventa y las etiquetas correspondía a la realidad, por lo que es preciso resaltar que si la DIAN no contaba con los equipos técnicos necesarios para establecer una composición merciológica, mucho menos contaban con ello las personas comunes y corrientes en el mercado; e)(sic) que en la etapa del proceso administrativo el funcionario encargado de realizar la inspección ocular, igualmente determinó que a excepción de la composición merciológica todos los demás elementos coincidían y que solamente se podía concluir que dicha composición era diferente basado en las pruebas de laboratorio; f) que en el proceso penal, el fallador determinó que no había lugar a .continuar con la causa, toda vez que la prueba recopilada permitió concluir que el error en que se incurrió fue totalmente involuntario porque se presentó un error invencible en el cual incurrieron no solamente el propietario sino las entidades y las demás personas que ya relacionó, fallo que ni siquiera fue apelado por la DIAN.

5. Que está bien que se acepte la responsabilidad objetiva en este campo, no se puede llegar a pensar que no existe ninguna posibilidad contraria, como el error invencible como causal exonerante de esa responsabilidad objetiva, máxime cuando el Estado ya recibió los tributos normales y no se causó ningún perjuicio.

6. Que no queda la más mínima duda de que se estuvo en presencia de un error invencible y que frente al reclamo que hiciera a sus proveedores, recibiera como respuesta un no rotundo ya que todas las importadoras alegaron haber hecho el proceso de importación de manera correcta y de buena fe y solamente consideraron la posibilidad de evaluar cualquier responsabilidad en el evento de que la instancia penal determinara que había existido contrabando o que la jurisdicción contenciosa determinara que la mercancía no fue legalmente importada; que muy seguramente cuando quiera hacer el reclamo a sus proveedores estos ya no existan, siendo imposible recuperar el valor de la mercancía decomisada, con las graves consecuencias que ello conlleva.

IV. Alegatos de conclusión

La actora reitera los argumentos presentados en su recurso de apelación. Insiste en el hecho de que con Radicado 10219 del 14 de julio de 2005, solicitó a la DIAN la entrega de la mercancía aprehendida y la viabilidad jurídica de permitir a los importadores realizar las correcciones de las declaraciones de importación que lo requirieran, estando dispuesto al pago de una sanción mínima, dado que ya los impuestos habían sido pagados.

Que para demostrar que no es el importador directo, acreditó el vínculo comercial con las empresas importadoras y comercializadoras que citó en la demanda, mediante las facturas que aportó.

Sostiene que si se compara la composición y descripción de la mercancía relacionada en el acta de aprehensión, con la que después de realizada la inspección la DIAN describe en las consideraciones de la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, se puede concluir que se trata de la misma mercancía importada y aprehendida, toda vez que la única diferencia es la composición, hecho que ni la misma DIAN podía detectar al momento del levante por carecer de los equipos técnicos necesarios.

Anota que el importador realiza sus pedidos y se basa principalmente en las referencias, marcas y presentación general de las prendas y no posee los elementos para reconocer con certeza en qué porcentajes de composición vienen las prendas y necesariamente se basa en los datos que pone el proveedor en la etiqueta.

La parte demandada sostiene que de conformidad con el numeral 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, modificado por el artículo 6º del Decreto 1161 de 2002, correspondía a la entidad el decomiso de las mercancías.

Señala que se debe tener en cuenta que, a lo largo del proceso, el actor no presenta objeciones a la prueba técnica merciológica, sino que su debate se centra en que el error en la declaraciones de importación había sido producto de un error invencible; considera que, en este caso, si bien no era posible establecer a simple vista que la composición de la mercancía aprehendida no era la misma que la que aparece en las declaraciones de importación, la prueba aportada permitió probar que se trataba de una mercancía diferente, sin que ello implicara calificar la conducta de quienes han intervenido en la operación, porque en materia aduanera la responsabilidad es objetiva.

El señor agente del Ministerio Público no presentó alegato de conclusión.

V. Consideraciones de la Sala

Antes de proceder al asunto de fondo, la Sala advierte que en diversos

pronunciamientos(1), se ha sostenido que el acto de levante es un acto sujeto a condición, pues no obstante su expedición, si con posterioridad al mismo las autoridades aduaneras advierten la comisión de una infracción, mediante la facultad de fiscalización que tienen, deben proceder a imponer las sanciones correspondientes.

En el presente caso, los agentes de la Policía de Fiscalización y Aduanas en un control posterior inspeccionaron la mercancía encontrada en un local e inmovilizaron sábanas de origen extranjero, con el fin de que se les realizara el estudio de merciología; precisamente la mercancía se retuvo y luego se aprehendió y decomisó porque la prueba técnica realizada el 24 de mayo de 2005 (fl. 141), demostró que si bien la mercancía coincidía con las declaraciones de importación en su descripción, existían diferencias en cuanto a la composición, tipo de tejido, acabados y subpartida arancelaria (fl. 55)

A folios 141 a 148 reposa el resultado del análisis de laboratorio, en donde consta que el solicitante de dicho examen fue la Policía Fiscal y Aduanera de Medellín, hecho que, según el demandante, es irregular porque este ente no tenía la facultad de solicitar el examen.

Al respecto debe tenerse en cuenta que el Gobierno Nacional mediante el Decreto 571 de 2001 "por el cual se modifica la organización interna de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales estableció que hace parte de la organización interna de la DIAN la dirección de Policía Fiscal y Aduanera, integrándola al nivel central de la Dirección de Impuestos.

El artículo 3º del citado Decreto 517 de 2001, señala como funciones de la Polfa, las siguientes:

a) Ordenar y ejecutar los operativos tendientes a la prevención y represión del contrabando y las infracciones cambiarias„ en coordinación con la Dirección de Aduanas, en todo el territorio nacional;

b) Apoyar las acciones de control aduanero, tributario o cambiario, tendientes a la prevención y represión del contrabando, la evasión o la elusión fiscal en todo el territorio nacional;

c) Planear, organizar, adelantar y. controlar las actividades relacionadas con las labores de inteligencia y los operativos derivados de estas, realizados por la dirección de Policía Fiscal y Aduanera, tendientes a la prevención y represión del contrabando, la evasión fiscal, las infracciones cambiarias, los delitos contra la administración pública y la corrupción al interior de la entidad;

d) Retener las mercancías y divisas sobre las cuales existen indicios de haber infringido el régimen aduanero o cambiario y que pueden ser objeto de aprehensión y ponerlas a disposición de la dependencia competente, una vez se haya efectuado el inventario correspondiente;

e) Colaborar y apoyar a las áreas de comercio exterior, fiscalización aduanera y control cambiario, en todas las acciones y operativos de control que desarrollen para la prevención y represión de infracciones al régimen aduanero y cambiario;

f) Ejercer las funciones de policía judicial en los términos señalados por la ley y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación;

g) Apoyar el ejercicio de las funciones de policía judicial de las áreas de fiscalización tributaria, fiscalización aduanera y cambiaria, respecto de los delitos relacionados con la evasión fiscal, el contrabando y las infracciones cambiarias, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación;

h) Apoyar el ejercicio de las funciones de policía judicial del área de investigaciones disciplinarias, respecto de los delitos relacionados con la administración pública y enriquecimiento ilícito y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación;

i) Apoyar las órdenes de registro que expidan las subdirecciones de fiscalización tributaria, aduanera y de control cambiario y los administradores de impuestos, administradores de aduanas o administradores de impuestos y aduanas,

j) Solicitar el apoyo a los organismos de seguridad del Estado, con el fin de garantizar el cumplimiento de las acciones de control de competencia de la dirección de Policía Fiscal y Aduanera, tendientes a controlar el contrabando y la evasión fiscal;

k) Planear y ejecutar los operativos de control tributario que soliciten la dirección de impuestos y/o sus áreas;

I) Capturar, sin pejuicio de las competencias de otras autoridades, a los presuntos responsables de delitos relacionados con la evasión fiscal, el contrabando, las infracciones cambiarias„ la administración pública y el enriquecimiento ilícito, cuando a ello hubiere lugar;

m) Proporcionar vigilancia y seguridad en puertos, aeropuertos demás lugares habilitados para la importación y exportación de mercancías, así como a los depósitos, lugares o establecimientos sobre los cuales se tengan indicios de que puedan almacenar mercancías de contrabando o pruebas que sean necesarias dentro de las investigaciones que adelanta la entidad.

n) Participar en la formulación de la política en materia de lucha contra el contrabando y la evasión;

o) Gerenciar la organización y las actividades técnicas .y administrativas de la dirección de Policía Fiscal y Aduanera así como garantizar la adecuada aplicación y desarrollo de su potencial humano, recursos técnicos, físicos y financieros que se le asignen;

p) Presentar el proyecto anual de presupuesto de inversión de la dirección de Policía Fiscal y Aduanera, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Institucional y la secretaría general;

q) Expedir las instrucciones y disposiciones necesarias para facilitar la lucha contra el contrabando y prevenir la evasión, la elusión y la corrupción en la entidad, en lo de competencia de la dirección de Policía Fiscal y Aduanera;

r) Ejercer las funciones de superior técnico y jerárquico administrativo de las Subdirecciones de la dirección de Policía Fiscal y Aduanera y superior técnico en materias de su competencia, del personal de la Dirección de Policía Fiscal y Aduanera que opere en los niveles regional; especial, local y delegado;

s) Definir e implementar los manuales y demás herramientas que garanticen el desarrollo adecuado de las actividades de la dirección de Policía Fiscal y Aduanera a nivel nacional, de acuerdo con las directrices señaladas por la Secretaría de Desarrollo Institucional;

t) Participar en la definición del plan estratégico institucional y garantizar su ejecución en la dirección de Policía Fiscal y Aduanera, así como dirigir y coordinar la elaboración y ejecución de los planes operativos de las dependencias a su cargo;

u) Coordinar, con la oficina de servicios informáticos, el suministro de la información interna y externa requerida para la ejecución de sus planes, la definición de los estándares y parámetros para el manejo de la misma, la alimentación de sus sistemas de información y la automatización de procesos y procedimientos de su competencia;

v) Propugnar por la eficiente y correcta definición e implantación del sistema de control interno en la dirección de Policía Fiscal y Aduanera;

w) Avocar el conocimiento y competencia de las funciones de las dependencias a su cargo, cuando las circunstancias lo ameriten:

x) Las demás que le asigne el director general de Impuestos y Aduanas Nacionales.

De lo transcrito se observa que las funciones de la Polfa son amplias y que en este caso actuó con la competencia debida y respaldo legal para retener la mercancía y apoyar a la entidad en el asunto; es de tener en cuenta que en los hechos de la demanda, el actor dejó constancia de que mediante Acta de Inspección 8311070-A-8362084 del 2 de junio de 2005, un funcionario adscrito a la división de fiscalización aduanera de Medellín debidamente comisionado, se presentó en las instalaciones de la Policía Fiscal y Aduanera —Polfa— a inspeccionar la mercancía y que en esta diligencia esta fue aprehendida mediante acta de aprehensión, así como que las resoluciones demandadas, fueron decididas y proferidas por la división de fiscalización de la DIAN de Medellín (fls. 29 a 64), de tal manera que no se observan irregularidades en este sentido, como lo afirma el demandante.

Dado que el actor reconoce que en efecto la mercancía decomisada tiene una composición diferente a la que aparece en las declaraciones de importación y que alega error invencible y buena fe, para efectos de que se le devuelva su mercancía o su valor en dinero, el problema jurídico consiste en esclarecer si procedía considerar las declaraciones de importación como no presentadas y ordenar el decomiso de las mercancías aprehendidas, como en efecto lo hicieron los actos acusados, por el hecho de que las declaraciones de importación de las mercancías, no coincidían con la mercancía decomisada en cuanto a su composición.

Es claro que el actor centró su defensa en insistir que hubo un error en el señalamiento de la composición de la mercancía, tanto así que nunca pidió la práctica de un peritaje como prueba para sustentar una tacha u objeción de los resultados de los exámenes practicados por profesionales de la DIAN, pero insiste en que era un error invencible que debe tenerse como eximente de responsabilidad.

Para dilucidar lo anterior, la Sala se debe remitir al Decreto 2685 del 28 de diciembre de 1999(2) sobre legislación aduanera y a su modificación mediante el Decreto 1232 de 2001, vigentes para la época de los hechos.

Régimen de importación

El mencionado Decreto 2685 de 1999, contiene las disposiciones relacionadas con el régimen de importación, así:

Artículo 3

"ART. 3º—Responsables de la obligación aduanera.

De conformidad con las normas correspondientes, serán responsables de las obligaciones aduaneras, el importador, el exportador, el propietario, el poseedor o el tenedor de la mercancía; así mismo, serán responsables de las obligaciones que se deriven por su intervención, el transportador, el agente de carga internacional, el depositario, intermediario y el declarante, en los términos previstos en el presente decreto".

Artículo 4

"La obligación aduanera .es de carácter personal, sin perjuicio de que se pueda hacer efectivo su cumplimiento sobre la mercancía, mediante el abandono o el decomiso, con preferencia sobre cualquier otra garantía u obligación que recaiga sobre ella".

Es importante anotar que la DIAN se encuentra facultada para verificar en cualquier momento la introducción legal de la mercancía al territorio nacional, sin que importe en manos de quien se encuentre.

Artículo 87

“ART. 87.—Obligación aduanera en la importación.

La obligación aduanera nace por la introducción de la mercancía de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional.

La obligación aduanera comprende la presentación de la declaración de importación, el pago de los tributos aduaneros y de las sanciones a que haya lugar, así como la obligación de obtener y conservar los documentos que soportan la operación, presentarlos cuando los requieran las autoridades aduaneras, atender las solicitudes de información y pruebas y en general, cumplir con las exigencias, requisitos y condiciones establecidos en las normas correspondientes”.

Artículo 228.

"ART. 228.—Procedencia de la legalización.

(...).

No procederá la declaración de legalización, respecto de las mercancías sobre las cuales existan restricciones legales o administrativas para su importación, salvo que se acredite el cumplimiento del respectivo requisito”.

El artículo 232 del Decreto 2685 del 28 de diciembre de 1999, modificado por el artículo 22 del Decreto 1232 de 2001 se refiere a los casos de mercancía no presentada a la autoridad aduanera.

El artículo 23 del Decreto 1232 de 2001 que adicionó el Decreto 2685 de 1999, dispone:

ART. 23.—Adiciónase el Decreto 2685 de 1999, con el siguiente artículo:

”ART. 232-1.—Mercancía no declarada a la autoridad aduanera. Se entenderá que la mercancía no ha sido declarada a la autoridad aduanera cuando:

a) No se encuentre amparada por una declaración de importación;

b) No corresponda con la descripción declarada:

c) En la declaración de importación se haya incurrido en errores u omisiones en la descripción de la mercancía, o

d) La cantidad encontrada sea superior a la señalada en la declaración de importación.

Sin perjuicio de lo establecido en los numerales 4º y 7º del artículo 128 del presente decreto, siempre que se .configure cualquiera de los eventos señalados en el presente artículo, procederá la aprehensión y decomiso de las mercancías. Cuando la cantidad encontrada sea superior a la señalada en la declaración, la aprehensión procederá solo respecto de las mercancías encontradas en exceso.

Sin perjuicio de lo previsto en los literales b) y c) del presente artículo; cuando habiéndose incurrido en errores u omisiones en la descripción de la mercancía en la declaración de importación, la autoridad aduanera pueda establecer, con fundamento en el análisis integral de la información consignada en la declaración de importación y en los documentos soporte de la misma, que la mercancía corresponde a la inicialmente declarada, y los errores u omisiones no conlleven que la declaración de importación pueda amparar mercancías diferentes, no habrá lugar a su aprehensión, pudiéndose subsanar los errores u omisiones a través de la presentación de una declaración de legalización sin el pago de rescate".

El régimen sancionatorio por infracciones administrativas aduaneras se encuentra consagrado en el título XV del Decreto 2685 de 1999, cuyo artículo 476 dispone:

”ART. 476.—Ámbito de aplicación.

El presente título, establece las infracciones administrativas aduaneras en que pueden incurrir los jetos responsables de las obligaciones que se consagran en el presente decreto. Así mismo, establece las sanciones aplicables por la comisión de dichas infracciones; las causales que dan lugar a la aprehensión y decomiso de mercancías y los procedimientos administrativos para la declaratoria de decomiso, para la determinación e imposición de sanciones y para la formulación de liquidaciones oficiales.

Para que un hecho u omisión constituya infracción administrativa aduanera, o dé lugar a la aprehensión y decomiso de las mercancías, o a la formulación de una liquidación oficial, deberá estar previsto en la forma en que se establece en el presente título. No procede la aplicación de sanciones por interpretación extensiva de la norma.

En relación con las sanciones por infracción al régimen de importación, el decreto, el título XV, capítulo II, modificado por el artículo 6º del Decreto 1161 de 2002, dispone:

”ART. 6º—Modificanse los numerales 1.6 y 1.24 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, modificado por el artículo 48 del Decreto 1232 de 2001, los cuales quedarán así:

”1.6. Cuando la mercancía no se encuentre amparada en una planilla de envío, factura de nacionalización o declaración de importación, o no corresponda con la descripción declarada, o se encuentre una cantidad superior a la señalada en la declaración de importación, o se haya incurrido en errores u omisiones en su descripción, salvo que estos últimos se hayan subsanado en la forma prevista en los numerales 4º, y 7º, del artículo 128 en los parágrafos primero y segundo del artículo 231 del presente decreto, en cuyo caso no habrá lugar a la aprehensión”.

La Resolución 362 de 1996, establece el contenido de la declaración de importación, así:

”ART. 1º— En la casilla correspondiente a ”descripción de mercancías” en el formulario de declaración de importación deberán identificarse las mercancías con los elementos que las caracterizan, indicando según sea del caso según la mercancía de que se trate, marcas, números de referencia, series o cualquier otra especificación que las tipifiquen y las singularicen. No será suficiente la descripción que aparece en el Arancel de Aduanas para la subpartida correspondiente”.

Por su parte la Resolución 2954 de 1996 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, .dispone en su artículo 1º:

”En las declaraciones de importación, de las mercancías que se clasifiquen en los capítulos 50 a 63 del arancel de aduanas, la descripción de las mercancías deberá contener los elementos que a continuación se indican para cada una de ellas.

50 a 63 1. Fibras:

(…)

IV. Confecciones:

B. Otras confecciones y otros artículos textiles.

— Denominación de la confección: ejemplo: ropa de cama, mantas, etiquetas, escudos, etc.

— Composición del tejido empleado: % de fibras según naturaleza”.

Es procedente señalar que en el caso concreto, la inexactitud o error en la descripción de las características de la mercancía, es sustancial para la identificación de la misma; no se trata de la inexistencia de algún elemento que pueda ser inferido de otra forma o que pueda pasarse por alto por la irrelevancia del mismo, como lo considera el actor, sino que es característica sustancial el que en la clase de material de que están hechas las sábanas decomisadas se tenga su composición, porque de otra manera; con las mismas declaraciones de importación que se presentaron en el procedimiento administrativo, se podrían haber amparado e ingresado al país otras sábanas, con lo cual no se estaría previniendo el contrabando que es la razón de ser de que las mercancías se encuentren debidamente singularizadas.

Respecto a la descripción de las mercancías, en Sentencia 7241 del 21 de febrero del 2002, esta sección se ha pronunciado en el siguiente sentido:

”De esa norma se deduce que el objeto de la descripción de la mercancía es determinar su individualización en la forma más precisa posible, con el de asegurar la diferenciación de cada una de las unidades que la componen, tanto entre las importadas en una misma operación como respecto de las demás operaciones y evitar así que con una misma declaración de importación se amparen mercancías de la misma clase adicionales a las legalmente importadas. (1) Sobre el particular, la Sala, en sentencia de 21 de septiembre de 2001, Consejero Ponente doctor Manuel Santiago Urueta Ayola, Expediente 6839, reiteró un pronunciamiento suyo en el sentido de que ”es claro que la descripción que se exige en la declaración de aduanas de las mercancías importadas es equivalente a su identificación o particularización, con el fin de asegurar su diferenciación o individualización tanto respecto de las demás unidades o especies de la misma importación, como de todas las restantes de su misma clase o género que hayan sido o puedan ser objeto de otras operaciones de importación, v.gr. un automotor con relación a los restantes cuando son varios los importados en una misma operación, así como a los demás automotores que se encuentren en .el país, o en general que hayan sido o no importados”.

Como se observa, la exigencia de la descripción de las mercancías en la declaración de importación pretende que estas puedan ser plenamente identificadas y que se puedan diferenciar unas de otras”.

La descripción de la mercancía no constituye entonces, un trámite meramente formal, sino un elemento esencial de la declaración de importación, por lo cual su omisión total o parcial o el erróneo diligenciamiento, constituye infracción al régimen aduanero; la descripción de la mercancía en la declaración de importación no está satisfecha sin aquellos elementos esenciales que tienen la virtud de individualizarla y es tarea de la DIAN, al efectuar la inspección física a la mercancía y después cuando realiza el control posterior, verificar la cantidad, número de serie, marca, modelo, composición química y todo aquello que particularice la mercancía, para evitar la competencia desleal y proteger el consumo nacional.

La prueba merciológica era la relevante, conducente e idónea para constatar la composición de la mercancía y para establecer sin lugar a dudas que se trata de la misma mercancía amparada en las declaraciones de importación exhibidas por la actora, pues se trataba de sábanas.

En relación con el hecho de que la Fiscalía mediante providencia del 27 de noviembre de 2006 (fl. 121 y ss.) hubiera ordenado la preclusión de la instrucción por atipicidad de su conducta, la Sala reitera lo expresado en repetidas ocasiones, en el sentido de que dentro del proceso que resuelve la situación jurídica de la mercancía aprehendida, únicamente se constata objetivamente si una determinada .mercancía cumple o no con los requisitos exigidos para su ingreso y permanencia en el territorio nacional, por lo que no se examina la conducta del particular, lo cual sería objeto de una investigación penal que es independiente de la actuación administrativa, pues mientras aquella tiene lugar para investigar una conducta presuntamente delictiva y se rige por las normas penales, esta tiene por objeto investigar la situación legal de las mercancías que ingresan al territorio nacional y se rige por las normas que regulan la actividad de importar y exportar mercancías.

Sin embargo, el actor alega que fue un comprador de buena fe y acude al principio de justicia, por lo que la Sala, como lo ha hecho en otras oportunidades, tendrá en cuenta los siguientes hechos para hacer una ponderación de lo que el actor denomina como error invencible.

En el recurso de reconsideración, documento en el cual la DIAN detalla la mercancía aprehendida (inmovilizada el 25 de mayo de 2005) y las respectivas declaraciones de importación de fechas en su mayoría de febrero y abril de 2005 (fls. 53 y 54), en ambas columnas se relacionan sábanas, con la misma referencia y marca; entre las marcas aparecen: Amazona Luxury, Piel Íntima Deluxe, Kamita, Pájaro, Future Comfort y frente a cada mercancía comparada señala la DIAN ”la mercancía decomisada presenta diferencias en cuanto a la composición y la subpartida arancelaria” y más adelante agrega que existen diferencias en las composiciones, tipos de tejido, acabados y subpartidas arancelarias.

La DIAN en sus escritos afirma que las mercancías aprehendidas coinciden con la denominación de la confección (juegos de cama), la unidad comercial, la marca y la referencia, pero que no coincide su composición y la subpartida arancelaria.

El actor extraña que la DIAN y el fallo apelado, nunca se refirieron a las facturas que presentó, con las cuales dice demostrar que es comprador de buena fe de la mercancía decomisada.

Las empresas a las cuales dice el actor, compró la mercancía, son: Import Omega Ltda., según 4 facturas de fecha 25 de febrero de 2005 (fls. 176 a 179), Issa Distribuciones Ltda. según factura del 26 de abril de 2005 (fl. 186), Importadora Las Américas según facturas de noviembre 5 y 6 de 2004 (fls. 181 y 182) y Swany Textile Ltda., según facturas de marzo y abril de 2005 (fls. 184, 188 y 189).

Ahora bien, si según la Resolución 8311072-A 00198 del 18 de enero de 2006, que dio respuesta al recurso de reconsideración, las declaraciones de importación, en su mayoría, tienen fecha del 19 de abril de 2005, no se explica la Sala, por qué el actor se refiere a facturas expedidas con fecha anterior a la declaración de importación, como por ejemplo es el caso de las facturas que demuestran la compra que hizo a la empresa Import Omega Ltda. que tienen fecha 25 de febrero de 2005, en las cuales si bien aparecen sábanas de las marcas relacionadas (excepto las de marca Future Comfort que no aparecen en ninguna factura) no pueden ser prueba de que se trata de las mismas que se decomisaron; en otras palabras, si bien las facturas cumplen con las formalidades de que trata el estatuto tributario en su artículo 617, fueron expedidas con anterioridad a las fechas de la declaración de importación que supuestamente demuestran su importación legal al país, lo que indica que las declaraciones de importación que pretendieron amparar las mercancías decomisadas, en realidad no las amparan, sino que son prueba de la entrada al país de otras mercancías similares y de las mismas marcas que las decomisadas.

En las condiciones anteriores, no se puede afirmar que el actor actuó de buena fe, razón de más para confirmar la sentencia apelada.

En cuanto a la compra de sábanas de marca Future Confort que fueron decomisadas según la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, que aparece relacionada en el ítem 6 (fl. 55), cuya declaración de importación data del año 2002, según este acto administrativo, no existe en el plenario factura; la única objeción del actor, se repite, se relaciona con el error invencible, que se cometió en la composición de la mercancía.

No es procedente entrar a examinar si en efecto el actor cometió un error invencible que lo exima de responsabilidad, en cuanto asevera que le era imposible conocer el material del cual estaban elaboradas las sábanas decomisadas porque a simple vista ello no es evidente y compró la mercancía de buena fe; para que la Sala decidiera hacer dicho análisis era indispensable que el actor probara que las facturas presentadas amparaban la mercancía extranjera que adquirió, pero como ya se dijo, no lo probó. En otras palabras, si la compra de las mercancías decomisadas hubiera estado amparada por las facturas presentadas por el actor, la Sección hubiera entrado a determinar si, en efecto, le fue imposible reconocer la composición del material del que estaban hechas las sábanas decomisadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia del 10 de septiembre de 2007 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que declaró la no prosperidad de la excepción de inepta demanda y denegó las pretensiones de la demanda.

Notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

Magistrados: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta—María Claudia Rojas Lasso—Marco Antonio Velilla Moreno.

(1) Sentencias: 4 de febrero de 1999, Expediente 5088, C.P. Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz, 27 de enero de 2000., Expediente 5425, 8 de noviembre de 2001, Expediente 6938 C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y 22 de junio de 2006, Rad. 2000-00168-01; 4 de mayo de 2001, Expediente 6664, C.P. Dra. Olga Inés Navarrete; 29 de mayo de 2003, Expediente 7236, C.P. Dr. Camilo Arciniegas Andrade.

(2) Modificado por el Decreto 3329 de 2009.