SENTENCIA 2006-02968/20503 DE NOVIEMBRE 16 DE 2016

 

Sentencia 2006-02968 de noviembre 16 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación: 050012331000200602968-01

Número interno: 20503

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Asunto: Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Jean Kaissar Feghali

Demandado: DIAN

Tema: Renta 2001

Fallo

Bogotá, D.C., dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia del 16 de agosto de 2012, dictada por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que negó las pretensiones de la demanda que más adelante se transcriben.

1. Antecedentes administrativos.

— El 7 de mayo de 2002, Jean Kaissar Feghali presentó la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios correspondiente al año gravable 2001, denuncio que fue corregido el 30 de diciembre de 2003.

— El 26 de marzo de 2004, mediante el Requerimiento Especial 110632004000115, la DIAN propuso modificar la declaración presentada por el demandante por el año gravable 2001.

— El 22 de noviembre de 2004, mediante la Liquidación Oficial de Revisión 110642004000159, la DIAN modificó la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios presentada por el demandante por el año gravable 2001(1).

— El 21 de diciembre de 2005, mediante la Resolución 110662005000015, la DIAN modificó la liquidación oficial de revisión antes referida.

2. Antecedentes procesales.

2.1. La demanda.

Jean Kaissar Feghali formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERA

Que se declaren nulas la Liquidación de Revisión 1164200400159 de Diciembre 21 de 2004 (sic) y la Resolución que resolvió el Recurso de Reconsideración que la modificó 110662005000015 del 21 de diciembre de 2005, proferidas por la Administración de impuestos Nacionales de Medellín, de la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, mediante las cuales modificó y confirmó la modificación de la declaración de renta y complementarios correspondientes al año gravable 2001 de la sociedad actora, por haberse presentado con violación de las normas legales a las que ha debido sujetarse.

SEGUNDA

Que como consecuencia de la declaración anterior, se restablezca en su derecho al contribuyente JEAN KAISSAR FEGHALI - NIT 680.275.377-5 declarando en firme la declaración de corrección del impuesto de rentan y complementarios del año gravable 2001, radicada el día 30 de Diciembre de 2003, bajo el sticker 1434020670849.

TERCERA

Que de manera supletoria, y solo en el caso remoto de que sean confirmadas las adiciones, rechazos y renta por comparación patrimonial realizada en los actos demandados; no se imponga la sanción por inexactitud por existir diferencia de criterios en el derecho aplicable en cada una de las glosas realizadas.

2.2. Normas violadas.

El demandante invocó como normas violadas las siguientes:

• Constitución Política: artículos 6, 13, 72, 95-9 y 363.

• Estatuto tributario: artículos 26, 236, 237, 270, 283, 647, 683, 742, 746 y 771.

• Ley 397 de 1997: artículos 7 y 8.

• Decreto 175 de 1975: artículos 91 y 116.

2.3. El concepto de la violación.

El demandante desarrolló el concepto de la violación como se expone a continuación.

2.3.1. Adiciones al patrimonio.

a. Adición de cuentas por cobrar. Violación de los artículos 742, 746 y 207 del estatuto tributario ($ 9.452.262.000).

El demandante explicó que en la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año 2001 registró cuentas por cobrar por un valor de $ 9.547.700.000.

Que, sin embargo, corrigió la declaración en el sentido de reducir el valor de las cuentas por cobrar a $ 95.477.000, porque se trataba de deudas incobrables. Dijo que aportó como prueba una certificación expedida por un abogado al que le fue encomendado el cobro de esas obligaciones.

Con fundamento en los anteriores hechos, alegó que los actos eran nulos por violación de los artículos 207, 742 y 746 del estatuto tributario, fundamentalmente, por falta de aplicación.

Explicó que el artículo 207 del estatuto tributario le permite dar de baja del patrimonio los créditos manifiestamente perdidos y sin valor. Que los $ 9.452.262.000 dados de baja corresponden a cartera de difícil cobro. Que la Dian desconoció que la cartera era de difícil y que esa decisión no está respaldada en pruebas, y que por lo tanto violó el artículo 742 del estatuto tributario, y de contera, el 746 ibídem, puesto que no desvirtuó la presunción de veracidad de la declaración.

b. Adición del valor de un activo. ($ 18.637.916.000). Ley 393 de 1997.

La demandante explicó que es propietaria del Palacio Nacional, inmueble declarado de interés cultural del municipio por los Acuerdos 62 de 1999 y 23 de 2000, del Concejo Municipal de Medellín; y que, además, forma parte del patrimonio histórico y artístico del municipio, según la Resolución 14 de 1998, expedida por el Consejo de Monumentos Nacionales. Que dicho inmueble fue avaluado por las oficinas de catastro de Medellín en $ 18.637.915.000(2), y que, por eso, en esa cuantía fue ajustada la declaración de renta por parte de la DIAN.

El demandante alegó que el avalúo de ese tipo de bienes le corresponde a la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, conforme lo ordenaría el Decreto 1970 de 1997(3), porque el municipio no ha adoptado un plan especial de protección patrimonial, como lo ordenan los artículos 11 de la Ley 397 de 1997 y 50 del Acuerdo 62 de 1999. Que, además, para efectos de la valuación debió tenerse en cuenta lo previsto en el artículo 21 del Decreto 1420 de 1998(4).

Con fundamento en los hechos descritos, pidió que se anularan los actos demandados, por sustentarse en una prueba que no sería válida para establecer el avalúo del inmueble.

c. Disminución de pasivos. ($ 306.836.000). Artículos 742, 770 y 771.

El demandante explicó que la DIAN desconoció el pasivo por falta de prueba.

Dijo que por equivocación informó que el acreedor del pasivo en discusión era la Sociedad Centro Comercial Singapur Ltda. cuando, en realidad, era la sociedad Comercializadora el Supercombate Ltda., que tiene un edificio denominado centro comercial Singapur.

Que con la respuesta al requerimiento especial aportó los documentos que acreditaban la realidad de pasivo, entre estos, la contabilidad de la sociedad Comercializadora el Supercombate Ltda., así como la declaración del impuesto sobre la renta presentada por la referida sociedad en la que se podría advertir que fue declarado el pasivo en cuestión, pero que esas pruebas no fueron tenidas en cuenta por la DIAN. Que, por lo tanto, se violaron los artículos 742(5), 770(6) y 771(7) del estatuto tributario.

d. Determinación de la renta líquida gravable por el método de comparación patrimonial. Artículos 26, 236, 237 y 683 estatuto tributario, 91 del Decreto 187 de 1975. ($ 25.613.633.000).

Dijo que la DIAN, a partir de las glosas antes referidas —adiciones al patrimonio y desconocimiento de pasivos— estableció que era procedente determinar el impuesto a cargo de la demandante por el sistema de comparación patrimonial.

Señaló que según lo establecido en el artículo 91 del Decreto 187 de 1975, en concordancia con el artículo 236 del estatuto tributario, la comparación patrimonial debe hacerse entre los patrimonios declarados en el periodo gravable y el ejercicio inmediatamente anterior (2000 y 2001)

Que, en el caso de los actos administrativos demandados, la renta por comparación patrimonial no fue determinada sobre la comparación de los patrimonios líquidos declarados por el periodo gravable en controversia y el registrado en el año anterior sino a partir del determinado por la DIAN.

De otra parte, sostuvo que el avalúo catastral del inmueble denominado Palacio Nacional no se incrementó del año 2000 a 2001 y que así, no se generó una renta por comparación patrimonial para el periodo en discusión.

Agregó que por el año gravable 2000, el demandante declaró el inmueble en cuestión por el costo de adquisición más los ajustes de los que tratan los artículos 69, 70 y 267 del estatuto tributario. Que, en consecuencia, para efectos de comparar los patrimonios, la DIAN debió tener en cuenta el valor declarado por el año gravable 2000 y ajustarlo en lo que al periodo 2001 correspondía.

e. Adición de ingresos. $ 5.685.113.000.

El demandante explicó que la DIAN, en la liquidación oficial, contempló la posibilidad de determinar la renta por el sistema ordinario debido a la glosa de la adición de ingresos, pero que, finalmente, decidió que no era procedente.

En ese contexto, alegó que no es pertinente aplicar el sistema ordinario como mecanismo supletorio para determinar el impuesto de renta, pues fue descartado por la propia DIAN, razón por la que ese asunto ya no sería materia de la demanda.

Que, no obstante, si se aceptara que sigue abierta la discusión sobre la adición de ingresos, explicó que tales ingresos corresponden a contratos de cesión de primas de colocación, cuya definición y modus operando reflejan un mutuo o préstamo en dinero que se percibió de las personas que tomaron en arriendo los locales comerciales que funcionan en el Palacio Nacional y en el centro comercial Damasco.

Que esos dineros se destinaron principalmente a la adecuación de los correspondientes locales comerciales. Que de los contratos se deduce que el demandante debía restituir el dinero en el momento en que el arrendador recuperara la tenencia del local arrendado. Que, por lo tanto, siendo valores recibidos en préstamo, no pueden constituir ingreso gravado.

f. Sanción por inexactitud.

Por último, dijo que la sanción por inexactitud era improcedente porque la declaración del impuesto sobre la renta presentada por la demandante se ajustaba a derecho y porque no se configuró ninguno de los supuestos previstos en el artículo 647 del estatuto tributario.

2.2. La contestación de la demanda.

La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda.

En primer lugar, señaló que a pesar de que el demandante invocó como violados los artículos 6º, 13, 72 y 363 de la Constitución Política, no especificó en qué forma se concretó la violación.

Sobre el fondo del asunto, expuso:

a. Sobre la adición de las cuentas por cobrar.

Dijo que el demandante no demostró que las cuentas por cobrar que excluyó del patrimonio, en efecto, fueran incobrables, conforme lo exige el artículo 270 del estatuto tributario. Que si bien aportó una certificación suscrita por un abogado para sustentar que las obligaciones en cuestión eran incobrables, esa prueba no cumplía con las exigencias legales para que fuera válida.

De otra parte, la DIAN sostuvo que la presunción de veracidad de la declaración del impuesto sobre la renta presentada por el demandante fue desvirtuada mediante las comprobaciones efectuadas en el curso del proceso de fiscalización.

b. Sobre la adición del valor de los activos fijos.

La DIAN argumentó que según lo establecido en el artículo 277 del estatuto tributario, los contribuyentes no sujetos al régimen de ajustes por inflación, como el caso del demandante, deben declarar los inmuebles por el avalúo catastral o por el costo fiscal, el que sea mayor.

Advirtió que de las normas referidas a la protección del patrimonio cultural que el demandante invocó como violadas no se advierte que los bienes que gozan de esa protección especial estén excluidos de ser declarados como parte del patrimonio de los contribuyentes que los posen.

c. Sobre el desconocimiento de pasivos.

Dijo que el demandante no probó, conforme los artículos 283 y 770 del estatuto tributario, la existencia del pasivo que por valor de $ 306.836.000 fue registrado en la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2001.

d. Sobre la renta por comparación patrimonial.

Dijo que estaban acreditados los supuestos previstos en el artículo 236 del estatuto tributario para que el impuesto sobre la renta correspondiente al año gravable 2001 fuera determinado por el sistema de comparación patrimonial.

e. Sobre la adición de ingresos.

La DIAN no contestó la demanda frente al alegato referido a la improcedencia de la adición de ingresos por el sistema ordinario.

f. Sobre la sanción por inexactitud.

Por último, dijo que la sanción por inexactitud era procedente porque estaba acreditado que la demandante incurrió en los presupuestos constitutivos de sanción según lo previsto en el artículo 647 del estatuto tributario, a saber, no incluir cuentas por cobrar por $ 9.452.262.000 y declarar un valor patrimonial inferior del inmueble denominado Palacio Nacional de Medellín.

2.3. La sentencia apelada.

El Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina negó las pretensiones de la demanda.

a. Sobre la adición de las cuentas por cobrar.

Dijo que con la respuesta al requerimiento especial, el demandante allegó una certificación expedida por un abogado en la que se señala que no fue posible adelantar ningún trámite de cobro porque la totalidad de las obligaciones estaba prescritas.

El tribunal sostuvo que esa prueba no era suficiente para acreditar la calidad de incobrables de las obligaciones en cuestión porque, además de no ser idónea, no daba cuenta de que se hubieran agotado las gestiones pertinentes para su cobro.

Agregó que era una obligación del demandante aportar las pruebas solicitadas por la administración mediante las que se acreditara la calidad de incobrable de las deudas por el monto de $ 9.547.700.000 pero que no allegó ningún medio de prueba que diera cuenta de ese hecho.

b. Adición del valor de un activo.

Dijo que si bien el demandante hizo referencia a una serie de normas expedidas por el Concejo Municipal de Medellín, referidas a una serie de exenciones en el impuesto predial, no probó la existencia de esas normas locales conforme lo dispone el artículo 144 del Código Contencioso Administrativo.

Agregó que tampoco le concedería valor probatorio a la certificación SH 18-087 de 1996, expedida por la Secretaría de Hacienda de Medellín, mediante la que se concedió una exención en el impuesto predial al inmueble denominado Palacio Nacional de Medellín, comoquiera que fue aportada al proceso en copia simple.

Que, en todo caso, el cargo de nulidad propuesto por el demandante no era procedente porque las normas municipales invocadas, referidas a una exención en el impuesto predial, no eran aplicables en materia del impuesto sobre la renta.

Sostuvo que lo procedente era declarar los inmuebles de acuerdo a lo establecido en el artículo 270 del estatuto tributario, como en efecto lo hizo la DIAN en los actos administrativos demandados.

c. Desconocimiento de pasivos.

Dijo que, como lo advirtió la DIAN en los actos administrativos controvertidos, la demandante no acreditó, mediante pruebas idóneas, de conformidad con lo establecido en los artículos 283 y 770 del estatuto tributario, la existencia del pasivo que por valor de $ 306.836.00 registró en la declaración del impuesto sobre la renta presentada por el año gravable 2001.

d. Sobre la renta por comparación patrimonial.

Dijo que la DIAN determinó el impuesto sobre la renta a cargo del demandante por el sistema de comparación patrimonial, de acuerdo a lo previsto en el artículo 236 del estatuto tributario, en atención a las inconsistencias que pudo advertir de la declaración privada que, en todo caso, no fueron subsanadas en su oportunidad.

Que, para los anteriores efectos, la administración tuvo en cuenta el patrimonio líquido del periodo en cuestión determinado oficialmente, equivalente a $ 31.194.949.000 y el patrimonio líquido del periodo anterior que ascendía a $ 4.437.117.000, comparación que arrojaba una diferencia de $ 26.757.832.000.

e. Adición de ingresos y determinación de la renta por el sistema de depuración ordinaria.

El tribunal precisó que por las inconsistencias que detectó la DIAN, la entidad decidió determinar oficialmente la renta líquida por el método de comparación patrimonial, y que, por lo tanto, carecía de sentido referirse a la adición de ingresos. No obstante, dijo:

En gracia de discusión que en nuestro derecho tributario rige el principio de “causación”, de acuerdo con las voces del artículo 28 del estatuto tributario: “se entiende causado un ingreso cuando nace el derecho a exigir su pago, aunque no se haya hecho efectivo el cobro”, lo cual denota que los hechos económicos se deben reconocer cuando se realicen y no cuando se reciba el pago, vale decir, que los mismos deben reconocerse y contabilizarse en el período contable en que estos ocurran, lo que para el caso en concreto se traduce en que, hasta tanto no se cumpla con la condición contenida en el contrato de arrendamiento celebrado relacionado con el valor correspondiente a contratos de cesión de primas de colocación, dicho valor deberá tenerse en cuenta al momento de la determinación de la renta líquida gravable, en tanto que aún continua haciendo parte de los ingresos del declarante. En consecuencia se despachará desfavorablemente este cargo.

f. Sobre la sanción por inexactitud.

Por último, dijo que la sanción por inexactitud era procedente porque estaba probado que el demandante incurrió en los supuestos previstos en el artículo 647 del estatuto tributario.

2.4. El recurso de apelación.

El demandante apeló la sentencia. Sustentó el recurso en los términos de la demanda y agregó:

a. Adición de las cuentas por cobrar.

Dijo que el tribunal señaló equivocadamente que al demandante le correspondía probar las circunstancias por las que había disminuido el valor de las cuentas por cobrar cuando lo cierto era que la declaración estaba amparada por la presunción de veracidad y que, por tanto, era a la administración a la que le correspondía acreditar que el importe de las cuentas por cobrar era mayor al declarado.

b. Adición del valor de un activo.

Sostuvo que contrario a lo dicho por el tribunal, el demandante no pretende desconocer que estaba en la obligación de declarar el inmueble en cuestión sino que la causal de nulidad propuesta estaba referida a discutir el hecho de que DIAN sustentara los actos administrativos en un avalúo catastral expedido por una autoridad que no tenía competencia para avaluar un bien de interés cultural, aspecto que no fue resuelto en la sentencia apelada.

Dijo que aceptar un avalúo catastral expedido por una autoridad que no tenía competencia para avaluar un bien de interés cultural violaba los principios de justicia y equidad de los que trata el artículo 683 del estatuto tributario e implicaba la aplicación de un acto abiertamente ilegal.

Agregó que el demandante, en su condición de sujeto no obligado al régimen de ajustes por inflación, no estaba en la posibilidad de declarar el inmueble denominado Palacio Nacional de acuerdo a lo establecido en el artículo 277 del estatuto tributario porque, para el año gravable en cuestión no existía un avalúo catastral, expedido por la autoridad competente.

Advirtió que, en todo caso, el avalúo catastral del inmueble en cuestión determinado por la Oficina de Catastro de Medellín para el año 2001 en $ 18.637.915.000 era abiertamente desproporcionado pues desconocía que el bien había sido adquirido en 1991 por $ 1.119.000.000, es decir que en solo 10 años había aumentado su valor en un 1800%.

Concluyó que, en consecuencia, al no existir un avalúo catastral, lo procedente era declarar el bien por el costo de adquisición de conformidad con lo establecido en los artículos 69, 70 y 267 del estatuto tributario.

c. Imposibilidad de determinar el impuesto por comparación patrimonial.

Insistió en que de conformidad con lo establecido en los artículos 91 del Decreto 187 de 1975 y 236 del estatuto tributario, la renta por comparación se calcula a partir de los patrimonios declarados, lo que excluye tener para esos propósitos los determinados por la administración.

De otra parte, dijo que la determinación del impuesto por el sistema de comparación patrimonial era improcedente porque el incremento en el patrimonio del demandante obedecía, en esencia, a la modificación del valor de bien declarado mas no a la inclusión de activos no declarados o a la capitalización de rentas, es decir que no tuvo origen en un incremento injustificado del patrimonio sino que era la consecuencia lógica de una actuación de la DIAN.

d. Adición de ingresos.

La demandante no dijo nada respecto de esta glosa.

e. Sanción por inexactitud.

El demandante insistió en que no procede la sanción, por diferencias de criterio. Y porque no se generaría ningún daño al erario.

2.5. Alegatos de conclusión.

2.5.1. De la parte demandante.

El demandante no presentó alegatos de conclusión.

2.5.2. De la parte demandada.

La DIAN reiteró los argumentos de la contestación de la demanda.

Agregó que para que la disminución en el activo fuera procedente debía darse aplicación a las reglas previstas en el artículo 145 del estatuto tributario a saber: i) debe tratarse de deudas perdidas o sin valor conforme lo exige Decreto 187 de 1975; ii) deben ser descargadas durante el periodo gravable; iii) demostrarse la realidad de la deuda; iv) justificar el descargo de la obligación y v) demostrar que la deuda se originó en actividades gravadas.

Sostuvo que el demandante no acreditó el cumplimiento de las anteriores exigencias.

2.6. Concepto del Ministerio Público.

El Ministerio Público solicitó revocar parcialmente la sentencia apelada.

Sobre la adición de las cuentas por cobrar al patrimonio, dijo que, como lo señaló la DIAN, al demandante le correspondía justificar el descargo de las deudas en los términos del artículo 145 del estatuto tributario pero que, como estaba demostrado, no cumplió esa exigencia.

En relación con la adición al valor de los activos fijos, sostuvo que la Ley 397 de 1997 no establece ninguna regulación sobre el valor patrimonial de los bienes de interés cultural y que el Decreto 1420 de 1998 establece un procedimiento para determinar el valor comercial de los inmuebles para los eventos previsto en el artículo 1º de referido decreto, entre estos, expropiaciones y la determinación del efecto plusvalía.

Que, en todo caso, el demandante debió objetar oportunamente el avalúo catastral efectuado por el Municipio de Medellín con fundamento en el que la DIAN expidió los actos atacados.

Sobre el desconocimiento de los pasivos, dijo que, como lo advirtió el tribunal, no había correspondencia entre el pasivo declarado por el demandante y las pruebas en las que pretendió sustentar su reconocimiento.

En relación con la renta por comparación patrimonial, señaló que el mayor valor determinado por avalúo catastral no formaba parte de patrimonio para efectos de la comparación patrimonial porque solamente constituía un valor nominal, es decir que no se trataba de rentas no declaradas con las que se hubiera incrementado el patrimonio.

Por último, sobre la sanción por inexactitud, dijo que debía levantarse en lo que a la valuación del inmueble correspondía.

3. Consideraciones de la Sala.

En los términos del recurso de apelación interpuesto por el demandante, la Sala debe decidir sobre la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión 110642004000159 del 22 de noviembre de 2004, mediante la que DIAN modificó la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios presentada por Jean Kaissar Feghali por el año gravable 2001, y de la Resolución 110662005000015 del 21 de diciembre de 2005, que modificó la liquidación oficial de revisión.

3.1. Problema jurídico.

En concreto, la Sala debe establecer I) si es procedente la adición al patrimonio por: (i) adición de cuentas por cobrar, (ii) incremento del avalúo de un activo, y (iii) desconocimiento de pasivos. II) si es procedente calcular la renta líquida por el sistema de comparación patrimonial.

3.2. Hechos probados.

Para resolver se tienen como ciertos los siguientes hechos:

1. El 7 de mayo de 2002, Jean Kaissar Feghali presentó la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios correspondiente al año gravable 2001 en la que registró cuentas por cobrar por valor de $ 9.547.739.000 y activos fijos en cuantía de $ 4.266.129.000(8).

2. El 30 de diciembre de 2003, el demandante corrigió la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios correspondiente al año gravable 2001 mediante la que redujo las cuentas por cobrar a $ 95.477.000(9).

3. El 26 de marzo de 2004, mediante el Requerimiento Especial 11063200400015(10), la DIAN propuso modificar la declaración presentada por el demandante por el año gravable 2001. En concreto, propuso: (i) adicionar el patrimonio (adición de cuentas por cobrar $ 9.452.262.000, adición del valor de los activos fijos $ 19.782.114.000 y desconocimiento de pasivos por $ 306.863.000), (ii) adicionar ingresos por $ 5.685.113.000. Asimismo, calculó un anticipo de $ 3.382.063.000 y una sanción por inexactitud de $ 14.285.144.000.

4. El 22 de noviembre de 2004, mediante la Liquidación Oficial de Revisión 110642004000159, la DIAN modificó la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios presentada por el demandante por el año gravable 2001(11).

Dado que por la adición de activos se incrementó el patrimonio y por la adición de ingresos se incrementó la renta bruta, la DIAN optó, en la liquidación oficial por determinar la renta líquida gravable por el método de comparación patrimonial, así:

INCREMENTO PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO 25.507.905.000
RENTA LÍQUIDA DECLARADA 145.213.000
RENTA LÍQUIDA GRAVABLE DETERMINADA POR COMPARACIÓN PATRIMONIAL 25.653.118.000
 
     
POR EL SISTEMA ORDINARIO  
TOTAL INGRESOS DECLARADOS 1.675.225.000
TOTAL INGRESOS ADICIONADOS 5.686.113.000
RENTA BRUTA DETERMINADA 7.360.338.000
DEDUCCIONES SOLICITADAS  -1.530.012.000
RENTA LÍQUIDA GRAVABLE DETERMINADA 5.830.326.000
     
LIQUIDACIÓN OFICIAL PROPUESTA  
     
POR COMPARACIÓN PATRIMONIAL:  
     
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DETERMINADO  8.968.693.000
     
HASTA 77.000.0000 17.052.000 
25.576.118.00035% 8.951.641.300 
     
IMPUESTO NETO DE RENTA DETERMINADO8.968.693.000 
IMPUESTO NETO DE RENTA DECLARADO-40.478.000 
IMPUESTO NETO DE RENTA ADICIONADO8.928.215.000 

5. El 21 de diciembre de 2005, mediante la Resolución 110662005000022, la DIAN modificó la liquidación oficial de revisión referida en el numeral anterior a efectos de descontar el anticipo que para el año gravable 2002 fue calculado en $ 3.382.063.000(12).

3.3. De la adición del patrimonio.

3.3.1. Cuentas por cobrar.

Como se expuso en el capítulo de hechos probados, en la declaración presentada el 7 mayo de 2002, el demandante registró cuentas por cobrar por valor de $ 9.547.739.0000, importe que fue reducido a $ 95.477.000 con ocasión de la declaración de corrección del 30 de diciembre de 2003.

Mediante Auto de Apertura 11632002005416 del 26 de diciembre de 2002(13), la DIAN inició investigación al demandante en relación con el impuesto sobre la renta correspondiente al año gravable 2001.

Mediante Auto de verificación o Cruce 110632003000174 del 9 de octubre de 2003, la DIAN ordenó practicar diligencia de registro al demandante, actuación que fue llevada a cabo el 1º de diciembre de 2003, según da cuenta el Acta de Verificaciones y Observaciones del 25 de marzo de 2004(14).

En el acta antes referida se informa que en desarrollo de la investigación se verificó que las cuentas por cobrar o créditos a favor del demandante ascendían a $ 9.547.739.000, según daban cuenta los registros contables correspondientes.

En el Requerimiento Especial la DIAN advirtió que el demandante disminuyó, en la declaración de corrección, el valor de las cuentas por cobrar sin ninguna justificación y, por esa razón, estimó que debían adicionarse $ 9.452.262.000 al renglón correspondiente.

Con la respuesta al requerimiento especial, el demandante señaló que la disminución en el valor de la cartera obedecía a la «disminución por la provisión individual de cartera que autorizan los artículos 270 y 145 del estatuto Tributario», además, que se trataba de obligaciones prescritas y que la condición de deudas de difícil cobro estaba acreditada mediante la certificación expedida por el abogado al que se le delegó la recuperación de esa cartera(15).

En lo que al punto de discusión corresponde, la Sala advierte que los actos administrativos demandados fueron expedidos con fundamento en las comprobaciones de las que da cuenta el requerimiento especial.

El demandante alega que la DIAN, y que lo propio hizo el tribunal, no desvirtuó la presunción de veracidad de la declaración del impuesto sobre la renta que presentó por al año gravable 2001. Que, en todo caso, la diminución en el valor de las cuentas por cobrar estaba justificada de conformidad con lo previsto en el artículo 270 del estatuto tributario.

Según el artículo 746 del estatuto tributario, se consideran ciertos los hechos consignados en las declaraciones tributarias, en las correcciones o en las respuestas o requerimientos, siempre y cuando que sobre tales hechos, no se haya solicitado una comprobación especial ni la ley la exija.

La Sala ha precisado que esta norma establece una presunción legal, pues el contribuyente no está exento de demostrar los hechos que consignó en las declaraciones tributarias, en las correcciones a las declaraciones o en las respuestas a los requerimientos administrativos(16).

En el mismo sentido, la Sala ha señalado que la administración puede desvirtuar los hechos declarados por el contribuyente, pues tiene la facultad de comprobar la certeza, veracidad o realidad de los hechos, datos y cifras consignados en las declaraciones privadas, debido a sus amplias facultades de fiscalización para asegurar el cumplimiento de las normas sustanciales, conforme lo prevé el artículo 684 del estatuto tributario(17).

Que así, con fundamento en los artículos 746 y 684 del estatuto tribuatrio, y en razón de la presunción de veracidad de las declaraciones, la administración tiene la carga de desvirtuar dicha presunción. Que, no obstante, en ejercicio de la facultad de fiscalización que le otorga el ordenamiento jurídico, la carga probatoria se invierte automáticamente a cargo del contribuyente en dos eventos: cuando se solicita una comprobación especial o cuando la ley los exige de manera expresa(18).

En el caso concreto, se discute el valor por el que debían ser declaradas las cuentas por cobrar. A juicio del demandante, los $ 95.477.000 que por ese concepto fue registrado en la declaración de corrección tenía sustento en que la diferencia de ese monto frente al inicialmente informado —$ 9.452.262.000— correspondía a obligaciones incobrables, valor que, en todo caso, estaba amparado por la presunción de legalidad.

Entre tanto, para la DIAN, no estaba demostró por ningún medio de prueba que efectivamente se tratara de deudas incobrables y que, por tanto, no era admisible que las cuentas por cobrar fueran declaradas por un valor inferior al registrado en la contabilidad del demandante.

De acuerdo con lo anterior, la Sala considera que la carga de demostrar la calidad de incobrable de las obligaciones alegada por el demandante estaba a su cargo pues la presunción de veracidad de declaración fue desvirtuada a partir de las comprobaciones realizadas por la DIAN.

En esas condiciones, la Sala estima que la causal de nulidad de los actos administrativos atacados fundada en el desconocimiento de la presunción de veracidad de la declaración del impuesto sobre la renta presentada por el demandante no fue desvirtuada, no está llamada a prosperar.

Por tanto, lo procedente ahora es determinar si, en efecto, era procedente que el demandante declarara las cuentas por cobrar por un valor inferior al registrado contablemente.

Para efectos del patrimonio, el artículo 270 del estatuto tributario establece que los créditos deber ser declarados por el valor nominal. Que, sin embargo, pueden estimarse por un valor inferior cuando se demuestre satisfactoriamente la insolvencia del deudor, o que ha sido imposible obtener el pago, no obstante haber agotado los recursos usuales.

La norma referida dispone, además, que los créditos manifiestamente perdidos o sin valor, pueden descargarse del patrimonio, si se ha hecho la cancelación en los libros registrados del contribuyente.

Según lo informa la contabilidad del demandante, verificada por la DIAN en la inspección realizada el 1º de diciembre de 2003, al cierre del ejercicio 2001 registraba créditos por $ 9.547.739.434.000 —cuenta 131020(19)—. Así, en consideración a que no había ninguna justificación para declarar esos créditos por un valor inferior al nominal, la administración llevó ese valor a la declaración de corrección.

La Sala ha señalado que para acreditar la existencia de razones que permitan calificar una cartera como perdida o sin valor no existe una tarifa legal de prueba(20), por lo que pueden tenerse en cuenta, por ejemplo, los informes de los abogados en los que se aconseje la baja de la obligación por no ser viable su cobro, la demostración de la insolvencia de los deudores o acreditar la especificidad de las gestiones realizadas para lograr el cobro de las obligaciones(21).

En el caso concreto, el demandante no aportó ningún medio de prueba que justificara llevar a la declaración del impuesto sobre la renta cuentas por cobrar por un valor distinto al nominal pues no demostró la insolvencia de los deudores o la realización de alguna gestión de cobro.

Si bien es cierto que tanto en la vía gubernativa como ante la jurisdicción el demandante dijo que a los abogados a los que se les encomendó la gestión de la cartera certificaron que esas deudas eran incobrables, esas pruebas no obran en el expediente.

Por lo anterior, la Sala considera que la adición por valor de $ 9.452.262.000 que hizo la DIAN en el renglón «cuentas por cobrar» de la declaración en discusión, es procedente.

3.3.2. Adición de activos fijos.

Mediante los actos administrativos demandados, la DIAN modificó el renglón —activos fijos depreciables, amortizables y agotables— para incrementarlo de $ 4.266.129.000 a $ 22.904.044.000.

La modificación realizada tuvo como sustento la certificación expedida por la Subsecretaría de Rentas de la Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín mediante la que informó, a solicitud de la DIAN(22), que el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 000010870, para el año 2001, estaba avaluado en $ 22.377.407. 000(23).

El demandante alega que la Oficina de Catastro de Medellín no era competente para avaluar el inmueble en cuestión por tratarse de un bien de interés cultural y que, por tanto, los actos administrativos atacados estaban falsamente motivados. Que, en su lugar, el avalúo debió realizarlo el Ministerio de Cultura, de conformidad con lo previsto en el Decreto 1420 de 1998 y que al no existir un avalúo, lo procedente era declarar el inmueble en cuestión por el valor de adquisición.

El artículo 277 del estatuto tributario (24) vigente a la ocurrencia de los hechos en controversia establecía que los contribuyentes no sujetos al régimen de ajustes por inflación debían declarar los inmuebles por el avalúo catastral al final del ejercicio o el costo fiscal, el que fuera mayor, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 72 y 73 ibídem.

Las partes admiten que el demandante no estaba sujeto al régimen de ajustes por inflación, de tal forma que debía declarar los inmuebles de acuerdo con lo previsto en el inciso segundo del artículo 277 del estatuto tributario, es decir, por el avalúo catastral o por el costo fiscal, el que fuera mayor.

En tanto que el demandante controvierte la validez del avalúo catastral que la DIAN tuvo como sustento para expedir los actos administrativos demandados, la Sala considera pertinente establecer la validez de esa valuación.

Según el Decreto 3496 de 1983 «por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 14 de 1983 y se dictan otras disposiciones», el catastro es el inventario o censo, debidamente actualizado y clasificado de los bienes inmuebles pertenecientes al Estado y a los particulares, y tiene por objeto su correcta identificación física, jurídica y económica(25).

La función catastral está a cargo de las autoridades catastrales en quienes se designan las labores de formación, conservación y actualizaciónde los catastros, tendientes a la correcta identificación de los inmuebles.

La Oficina de Catastro de Medellín, ahora Subsecretaría de Catastro de Medellín, es una autoridad catastral reconocida como tal por la Ley 14 de 1983, junto con las oficinas de catastro de Bogotá, Cali y Antioquia, además del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Condición que fue ratificada mediante la Resolución 70 de 2011, «Por la cual se reglamenta técnicamente la formación catastral, la actualización de la formación catastral y la conservación catastral», expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

El avalúo catastral consiste en la determinación del valor de los predios, obtenido mediante investigaciones y análisis estadístico del mercado inmobiliario. El avalúo catastral, a su turno, puede ser de formación, de conservación o de conservación.

En la etapa de conservación catastral hay lugar a revisar y rectificar los errores cometidos en la formación o actualización(26), o bien, pueden presentarse las llamadas mutaciones catastrales, que son los cambios sobrevinientes respecto de los elementos físicos, jurídicos o económicos del predio, que deben ser informados por los propietarios o poseedores a las oficinas de catastro(27).

De esa manera, cuando se presentan mutaciones catastrales, como el cambio de propietario o poseedor; modificaciones en los límites de los predios; nuevas construcciones, edificaciones o la demolición de las existentes; pueden ser acreditadas ante el fisco dentro del proceso de determinación del impuesto predial.

En esos eventos, la carga probatoria está a cargo de quien esté interesado en demostrar que la información catastral no está actualizada o es incorrecta, ya que, según lo establecido en el artículo 187 del Decreto-Ley 1333 de 1986, los propietarios tienen la obligación de informar los terrenos, edificaciones y mejoras que no estén incorporadas en el catastro y, a su vez, la autoridades deben formar y actualizar los respectivos catastros(28).

De lo anterior se advierte que el demandante no tiene razón en cuanto alega que la Oficina de Catastro Distrital de Medellín no tenía competencia para avaluar el inmueble objeto de la controversia pues, en su condición de autoridad catastral, le correspondía la determinación del valor catastral del referido bien. En todo caso, de estar inconforme con esa valuación, contaba con los mecanismos legales para solicitar los ajustes a que hubiera lugar.

El demandante también alega que el inmueble denominado Palacio Nacional debía ser avaluado de conformidad con lo previsto en el artículo 21 del Decreto 1420 de 1998.

La Sala precisa que el Decreto 1420 de 1998 reglamenta parcialmente el artículo 37 de la Ley 9ª de 1989, el artículo 27 del Decreto-Ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos.

El artículo 21 del Decreto 1420 de 1998 está ubicado en el capítulo 4, que atañe a los parámetros y criterios para la elaboración de avalúos por parte del instituto Colombiano Agustín Codazzi. Y el numeral 7º del artículo 21 dispone:

Cuando el objeto del avalúo sea un inmueble declarado de conservación histórica, arquitectónica o ambiental, por no existir bienes comparables en términos de mercado, el método utilizable será el de reposición como nuevo, pero no se descontará la depreciación acumulada, también deberá afectarse el valor por el estado de conservación física del bien. Igualmente, se aceptará como valor comercial de dicho inmueble el valor de reproducción, entendiendo por tal el producir el mismo bien, utilizando los materiales y tecnología con los cuales se construyó, pero debe tenerse en cuenta las adecuaciones que se le han introducido.

De manera que si el avalúo catastral del inmueble objeto de la glosa se determinó sin consideración al criterio establecido, se reitera que el demandante debió controvertir el avalúo.

Ahora bien, como ya se advirtió, el artículo 277 del estatuto tributario establece que los inmuebles deben ser declarados por el avalúo catastral o por el costo fiscal, el que fuera mayor. El demandante no acreditó el costo fiscal del inmueble en cuestión que, en todo caso, no sería aplicable si resultara inferior al avalúo catastral.

Por lo expuesto, la Sala considera que la adición al patrimonio por valor de $ 18.637.915.000 es procedente.

3.3.3. Desconocimiento de pasivos.

La DIAN también desconoció pasivos por valor de $ 306.836.000 porque, a su juicio, no estaban debidamente soportados según las exigencias de los artículos 283 y 770 del estatuto tributario.

En el Acta de Verificaciones y Observaciones del 25 de marzo de 2004(29), de la diligencia que fue llevada a cabo el 1º de diciembre de 2003, a la que hizo referencia al resolver la cuestión atinente a la adición de las cuentas por cobrar, la DIAN señaló que una vez verificada la declaración del impuesto sobre la renta presentada por el Centro Comercial Singapur Ltda. presentada por el año gravable 2001, constató que la referida sociedad no reportó cuentas por cobrar por ese valor. Así, en el requerimiento especial se propuso desconocer ese valor, decisión que fue ratificada en los actos en controversia.

En la respuesta al requerimiento especial, el demandante señaló que por un error registró un pasivo a favor de Centro Comercial Singapur Ltda., pero que, en realidad, había sido contraído con Comercializadora Supercombate Ltda., obligación que estaba debidamente registrada en la contabilidad de esa sociedad y que fue declarada en el impuesto sobre la renta.

Tanto en el recurso de reconsideración como en la demanda, el actor insiste en el error en el que presuntamente incurrió, pero no aportó ningún medio de prueba que permita acreditar la realidad del pasivo o el error en el que habría incurrido.

El artículo 283 del estatuto tributario establece que para que proceda el reconocimiento de las deudas, el contribuyente está obligado a conservar los documentos correspondientes a la cancelación de la deuda, por el término señalado en el artículo 632 ibídem.

La norma también establece que los contribuyentes que no estén obligados a llevar libros de contabilidad, sólo podrán solicitar los pasivos que estén debidamente respaldados por documentos de fecha cierta. Que, en los demás casos, los pasivos deben estar respaldados por documentos idóneos y con el lleno de todas las formalidades exigidas para la contabilidad.

En concordancia con lo anterior, el artículo 770 del estatuto tributario dispone que los contribuyentes que no estén obligados a llevar libros de contabilidad, sólo podrán solicitar pasivos que estén debidamente respaldados por documentos de fecha cierta. Que, en los demás casos, los pasivos deben estar respaldados por documentos idóneos y con el lleno de todas las formalidades exigidas para la contabilidad.

En el presente caso, la ausencia de pruebas no permite verificar la realidad de la cuenta por pagar que rechazó la administración. Por tanto, la Sala considera que el desconocimiento del pasivo por valor de $ 306.836.000 es procedente.

3.3.4. La renta por comparación patrimonial.

Con fundamento en las modificaciones a las partidas del patrimonio antes referidas, la DIAN calculó el impuesto sobre la renta a cargo de la demandante por el año gravable 2001 por el sistema de comparación patrimonial en los términos del artículo 236 del estatuto tributario.

El demandante alega que los actos acusados son nulos por violar el artículo 91 del Decreto 187 de 1975 por cuanto esa norma establece que la comparación patrimonial debe realizarse entre los patrimonios declarados por el contribuyente, lo que excluye que para tales efectos sean tenidos en cuenta los patrimonios determinados oficialmente por la administración.

Sobre el sistema de cálculo de la renta por comparación patrimonial los artículos 236 y 237 del estatuto tributario establecen:

ART. 236.—Renta por comparación patrimonial. Cuando la suma de la renta gravable, las rentas exentas y la ganancia ocasional neta, resultare inferior a la diferencia entre el patrimonio líquido del último período gravable y el patrimonio líquido del período inmediatamente anterior, dicha diferencia se considera renta gravable, a menos que el contribuyente demuestre que el aumento patrimonial obedece a causas justificativas.

ART. 237.—Ajuste para el cálculo. Para efectos de la determinación de la renta por comparación de patrimonios, a la renta gravable se adicionará el valor de la ganancia ocasional neta y las rentas exentas. De esta suma, se sustrae el valor de los impuestos de renta y complementarios pagados durante el año gravable.

En lo concerniente al patrimonio se harán previamente los ajustes por valorizaciones y desvalorizaciones nominales.

En concordancia con las normas transcritas, el artículo 91 del Decreto 187 de 1975 «Por medio del cual se dictan disposiciones reglamentarias en materia de impuesto sobre la renta y complementarios», establece lo siguiente:

ART. 91.—Renta por comparación de patrimonios. Para efectos de la determinación de la renta por comparación de patrimonios, a la renta gravable se adicionará el valor de la ganancia ocasional neta, las rentas cedidas por el contribuyente y las rentas exentas. De esta suma se sustrae el valor de la renta de goce, los impuestos de renta y complementarios, pagados durante el año gravable incluyendo retención y anticipo efectivamente pagado y, en su caso la renta recibida del cónyuge.

Si este resultado es inferior a la diferencia entre los patrimonios líquidos declarados en el año gravable y en el ejercicio inmediatamente anterior, previos los ajustes por valorizaciones y desvalorizaciones nominales, incluyendo los reavalúos autorizados en los artículos 51 y 52 del Decreto 2247 de 1974 dicha diferencia se tomará como renta gravable a menos que el contribuyente demuestre las causas justificativas del incremento patrimonial.

La Sala ha señalado que el artículo 236 del ET parte de presumir que si un contribuyente incrementa su patrimonio, en cuantía superior a las rentas y ganancias ocasionales declaradas, es porque omitió la diferencia, a menos que justifique el mayor incremento del valor patrimonial.

Que, como presunción legal a favor de la administración, la exonera de acreditar hechos distintos a la diferencia patrimonial, lo que implica un traslado de la carga de la prueba al declarante. Que, así, es una carga del contribuyente demostrar la causal que justifique el incremento patrimonial y que la diferencia no se originó por la omisión de rentas capitalizables(30).

Sobre el particular, la Sala, en la sentencia del 17 de junio de 2010(31), sostuvo:

El citado método especial para establecer la renta gravable, consagrado por el artículo 236 del estatuto tributario(32) como excepción a la depuración ordinaria contenida en el artículo 26 ibídem, posee su fundamento en la premisa lógica de que a ningún declarante le es dable legalmente incrementar el patrimonio poseído al cierre de una determinada vigencia fiscal, durante el período siguiente, en una suma superior a la de los ingresos ordinarios y extraordinarios percibidos en este último, una vez detraídas las erogaciones —efectivas no teóricas— que haya realizado durante la anualidad de que se trate.

De esta forma se autoriza capitalizar no solo la renta gravable, sino las rentas exentas, los ingresos no constitutivos de renta y las ganancias ocasionales, así como, las valorizaciones nominales del año gravable, y tomar como renta del año la diferencia restante no justificada.

El fundamento jurídico de dicho sistema es evitar la evasión del tributo derivada de la omisión de ingresos percibidos y no declarados por el contribuyente, ya que la única razón posible para que resulte superior el incremento en el patrimonio de un año frente al ingreso declarado, es que éste no se haya incluido en la declaración, no obstante lo cual, dicha situación admite prueba en contrario.

La Sala ha precisado que de lo previsto en los artículos 236 y 237 del estatuto tributario y 91 del Decreto 187 de 1975 se desprende que para calcular la renta por comparación patrimonial se debe comparar el patrimonio líquido declarado del último período gravable con el del patrimonio líquido declarado del período inmediatamente anterior, lo que excluye calcular la renta por comparación patrimonial a partir de las liquidaciones oficiales, por cuanto eso implica gravar como ingreso el patrimonio(33).

Lo anterior en consideración a que la renta por comparación patrimonial persigue, en esencia, «evitar la evasión del tributo derivada de la omisión de ingresos percibidos y no declarados por el contribuyente».

En consecuencia, la Sala considera que el proceder de la DIAN viola los artículos 236 del estatuto tributario y 91 del Decreto 187 de 1975.

Además de lo expuesto, la Sala considera que en el caso del demandante no existen elementos de juicio para suponer que la diferencia entre los patrimonios declarados obedece a la omisión de rentas o ingresos y, en esa medida aplicar la presunción del artículo 236 del estatuto tributario, pues, como se explicó, el mayor valor determinado por la DIAN obedeció a la modificación del avalúo de un bien inmueble declarado y al desconocimiento de la baja o descuento de cuentas por cobrar catalogadas como incobrables.

3.3.5. De la adición de ingresos, la determinación de la renta por el sistema ordinario y la sanción por inexactitud.

La Sala parte de precisar que el demandante cuestionó en la demanda la adición de ingresos que le formuló la DIAN. Según se entiende de su alegato, dado que la DIAN optó por determinarle la renta por el método de comparación patrimonial, no forma parte del acto demandado el efecto económico que habría tenido determinar la renta por la adición de ingresos. Así que, a su juicio, por sustracción de materia no sería pertinente analizar la procedencia de los ingresos.

En la sentencia apelada, el tribunal consideró que carecía de sentido referirse a la adición de ingresos que habría dado lugar a determinar la renta líquida por el sistema de depuración ordinario, puesto que consideró que la determinación de la renta líquida por el sistema de comparación patrimonial se ajustaba a derecho. No obstante, analizó las inconformidades de la demandante referentes a la glosa, y decidió despachar de manera desfavorable ese cargo.

Dado que la Sala considera que no es procedente que se haya liquidado la renta por el método por comparación patrimonial y que el demandante no cuestionó en el recurso de apelación la glosa de la adición de ingresos, la Sala considera pertinente formular una nueva liquidación con base en el sistema de depuración ordinario.

Es menester advertir que la DIAN procedió bien al escoger un solo método para determinar la renta líquida pues ha sido criterio de la Sección Cuarta del Consejo de Estado que ante circunstancias como las ocurridas en el caso concreto, no es pertinente que en las liquidaciones oficiales se determine la renta por un sistema y de manera subsidiaria por otro, dependiendo de la prosperidad de las glosas(34).

En todo caso, es preciso tener en cuenta que en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, la DIAN dio por sentado que había optado por el sistema de comparación patrimonial.

En cambio, de conformidad con el artículo 170 del Código Contencioso Administrativo la jurisdicción de lo contencioso administrativo sí está facultada para restablecer el derecho mediante la institución de disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas, y modifica o reformar éstas.

En consecuencia, se ajusta a derecho determinar la renta líquida con fundamento en el sistema de depuración ordinaria. Dado que esa liquidación arroja un mayor impuesto a pagar, es procedente que se imponga la sanción por inexactitud.

En consecuencia, la liquidación queda así:

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Reng.ConceptosCODLiquidación PrivadaLiquidación oficial de RevisiónResolución recurso de reconsideraciónConsejo de Estado
 Pasivos no monetariosAA0000
 Patrimonio líquidoAB0000
 Depreciación, amortización, agotamientoAC0000
 Amortización, corrección monetaria diferidaAD0000
 Aumento de patrimonio líquidoAE0000
 Cifra de Control 1SS0000
1Efectivo, bancos, ctas de ahorro, invers mobiliarias, ctas cobrarPA0000
2Acciones y aportes (en asociaciones anónimas limitadas, asimiladasPB0000
3Derechos fiduciariosPK0000
4Cuentas por cobrar clientesPM0000
5Otras cuentas por cobrarPQ95.477.0009.547.739.0009.547.739.0009.547.739.000
6InventariosPD0000
7SemovientesPV0000
8Activos fijos no depreciablesPW0000
9Activos fijos depreciables, amortizables, intangibles y agotablesEU4.266.129.00022.904.044.00022.904.044.00022.904.044.000
10Menos depreciación, amortización, agotamiento acumuladoEW0000
11Otros activosPF0000
12Total Patrimonio BrutoPG4.361.606.00032.451.783.00032.451.783.00032.451.783.000
13Cuentas por pagar proveedoresOA0000
14Cuentas por pagar sector financieroOC0000
15Pasivo laboralOW0000
16Impuestos, gravámenes y tasasOX397.810.000397.810.000397.810.000397.810.000
17Otros pasivosOI2.310.059.0002.003.223.0002.003.223.0002.003.223.000
18Total PasivoEL2.707.869.0002.401.033.0002.401.033.0002.401.033.000
19Total patrimonio líquidoPI1.653.737.00030.050.750.00030.050.750.00030.050.750.000
20Total patrimonio líquido negativoPL0000
21Salarios y demás Ingresos laborales (gravados y no gravados)RB0000
22Honorarios, comisiones y servicios (gravados y no gravados)RF0000
23Intereses y rendimientos financieros (gravados y no gravados)RG0000
24Dividendos y participaciones (gravados y no gravados)RH0000
25Ventas brutas (gravadas y no gravadas)IL0000
26Otros ingresos distintos de los anteriores (gravados y no gravados)RJ1.675.225.0007.360.338.0007.360.338.0007.360.338.000
27Total ingresos brutosIV1.675.225.0007.360.338.0007.360.338.0007.360.338.000
28Menos: devoluciones, descuentos y rebajasIR0000
29Total ingresos recibidosRK1.675.225.0007.360.338.0007.360.338.0007.360.338.000
30Dividendos y participacionesID0000
31Rendimientos financierosEK0000
32Menos ingresos: terneros nacidos y enajenados en el añoIW0000
33Otros distintos de los anterioresIT0000
34Total Ingresos NetosIG1.675.225.0007.360.338.0007.360.338.0007.360.338.000
35Costos de venta (para sistema permanente)CV0000
36Inventarios inicialesCA0000
37Más: comprasCB0000
38Más mano de obra directa, salarios, prestaciones, y otros pagos laboralesCC0000
39Más: Costos indirectos de fabricaciónGL0000
40Menos inventarios finalesCH0000
41Más: Otros costos deduccionesCG0000
42Total CostosCT0000
 Acciones y aportesAI0000
 Activos fijosAJ0000
 Otros activos no monetariosAL0000
 Disminución patrimonio líquidoAM0000
 Amortización corrección monetaria diferidaAN0000
 Cifra de Control 2ST0000
43Más: honorarios, comisiones y serviciosCE184.556.000184.556.000184.556.000184.556.000
44Intereses y demás gastos financierosDY5.195.0005.195.0005.195.0005.195.000
45Más: Otras deduccionesCX1.340.261.0001.340.261.0001.340.261.0001.340.261.000
46Total deduccionesDT1.530.012.0001.530.012.0001.530.012.0001.530.012.000
47Renta líquidaRA145.213.00025.653.118.00025.653.118.0005.830.326.000
48O pérdida líquidaRO0000
49Renta presuntivaRC146.206.00025.653.118.00025.653.118.000146.206.000
50Menos: rentas exentas laboralesEP0000
51Menos: rentas exentas ley PáezEA0000
52Menos: rentas exentas Eje cafeteroEE0000
53Menos: Otras rentas exentas EC0000
54Total Renta exentasES0000
55Renta líquida gravableRE146.206.00025.653.118.00025.653.118.0005.830.326.000
56Ingresos susceptibles de constituir ganancia ocasionalGA0000
57Menos: Costo y/o parte no gravadaGB0000
58Ganancia ocasional gravableGC0000
59Ganancia ocasional neta por loterías, rifas, apuestas, o similaresGD0000
60Impuesto sobre la renta gravableLA40.478.0008.968.693.0008.968.693.0002.030.716.000
61Generación de empleoLO0000
62DonacionesLR0000
63Cert y otros descuentos tributariosLZ0000
64Impuesto Neto de RentaLC40.478.0008.968.693.0008.968.693.0002.030.716.000
65Más: impuesto recuperadoLL0000
66Total Impuesto neto de RentaLN0000
67Más: impuesto de ganancias ocasionalesLD0000
68Impuesto de ganancias ocasionales por loterías, rifas, apuestas y similares (20%)LE0000
69Más: impuesto de remesasLF0000
70Total Impuesto a CargoFU40.478.0008.968.693.0008.968.693.0002.030.716.000
71Impuesto de patrimonio/salarios y demás ingresos laboralesLG00 0
72honorarios, comisiones y serviciosMY00 0
73Intereses y rendimientos financierosLJ00 0
74VentasLK00 0
75Otras retencionesLM4.052.0004.052.0004.052.0004.052.000
76Total retenciones año gravable 2001GR4.052.0004.052.0004.052.0004.052.000
77Menos: saldo a favor año 2000 sin solicitud de devolución o compensaciónGN0000
78Menos: anticipo por el año gravable 2001GX41.830.00041.830.00041.830.00041.830.000
79Más: anticipo por el año gravable 2002FX26.307.0003.382.063.00026.307.00026.307.000
80Más sancionesVS014.285.144.00014.285.144.0003.184.381.000
81Total saldo a pagarHA20.903.00026.590.018.00023.234.262.0005.195.522.000
82O Total saldo a favorHB0000

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE las sentencia del 16 de agosto de 2012, dictada por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Jean Kaissar Feghali contra la DIAN.

2. como consecuencia de lo anterior, ANÚLANSE PARCIALMENTE la Liquidación Oficial de Revisión 110642004000159 del 21 de noviembre de 2004, mediante la que DIAN modificó la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios presentada por Jean Kaissar Feghali por el año gravable 2001, y la Resolución 110662005000015 del 21 de diciembre de 2005, que modificó la liquidación oficial de revisión. En conciencia, a título de restablecimiento del derecho, DECLÁRASE que el impuesto sobre la renta a cargo de la demandante por el año gravable 2001 es la que figura inserta en la parte considerativa de esta sentencia (págs. 30 a 33).

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Magistrados: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, Presidente de la Sala—Stella Jeannette Carvajal Basto—Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

1 (i) Adicionó el patrimonio líquido: adicionó cuentas por cobrar y activos; y, disminuyó pasivos. (ii) Adicionó ingresos. (iii) liquidó renta presuntiva por el método de comparación patrimonial. (iv) Liquidó el anticipo. (v) Liquidó sanción por inexactitud.

2 En la declaración de renta reportó un valor de $ 4. 266.129.000

3 Por el cual se establece la estructura orgánica del Ministerio de Cultura y se distribuyen sus funciones entre sus dependencias.

4 Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9ª de 1989, el artículo 27 del Decreto-Ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el artículo 11 del Decreto-Ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos.

ART. 21.—Los siguientes parámetros se tendrán en cuenta en la determinación del valor comercial: (…)

7. Cuando el objeto del avalúo sea un inmueble declarado de conservación histórica, arquitectónica o ambiental, por no existir bienes comprables en términos de mercado, el método utilizable será el de reposición como nuevo, pero no se descontará la depreciación acumulada, también deberá afectarse el valor por el estado de conservación física del bien. Igualmente, se aceptará como valor comercial de dicho inmueble el valor de reproducción, entendiendo por tal el producir el mismo bien, utilizando los materiales y tecnología con los cuales se construyó, pero debe tenerse en cuenta las adecuaciones que se le han introducido.

5 Las decisiones de la administración deben fundarse en los hechos probados

6 Prueba de los pasivos

7 Prueba supletoria de los pasivos

8 Folio 4, CCA 2.

9 Folio 242, CCA 3.

10 Folios 255 al 268, CCA.

11 Folios 30 al 67, CP.

12 Folios 68 al 94, CP.

13 Folio 2, CAA 2.

14 Folios 269 al 275, CAA 3.

15 Folios 275 y 276, CCA.

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Sentencia del 1º de marzo de 2012, radicación 76001233100020040136901 (17568).

17 Ibídem.

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. Sentencia del 18 de octubre de 2012, radicación 05001233100020060295001(18329).

19 Folio 42, CAA 2.

20 Lo dicho por la Sala ha sido con referencia a la deducción de deudas manifiestamente perdidas o sin valor de que trata el artículo 146 del estatuto tributario, que valga aclarar no es el tema que suscita la presente controversia, pero resulta aplicable a los efectos del artículo 270 ibídem.

21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Sentencia del 12 de mayo de 2010, radicación: 250002327000200402244-01(16448).

22 Folios 18 al 20, CAA 2.

23 Folio 248, CAA 3.

24 Modificado por el artículo 20 de la Ley 1111 de 2006.

25 Artículo 1º de Decreto 3496 de 1983.

26 Artículo 179 del Decreto 1333 de 1986.

27 Artículo 187 del Decreto 1333 de 1986.

28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Sentencia del 27 de agosto de 2009, radicación 25000-23-27-000-2005-00707-01 (16327).

29 Folios 269 al 275, CAA 3.

30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 6 de marzo de 2003, radicación 13238.

31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, C.P. Teresa Briceño de Valencia. Sentencia del 17 de junio de 2010, expediente 250002327000200401680-01 (16731).

32 Artículo 236 estatuto tributario. “Renta por comparación patrimonial: Cuando la suma de la renta gravable, las rentas exentas y la ganancia ocasional neta resultare inferior a la diferencia entre el patrimonio líquido el último período gravable y el patrimonio líquido del período inmediatamente anterior, dicha diferencia se considera renta gravable, a menos que el contribuyente demuestre que el aumento patrimonial obedece a causas justificativas”.

33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Sentencia del 14 de abril de 2016, radicación 250002327000201000163-01 (19138).

34 Criterio expuesto en sentencia de fecha 18 de octubre de 2006, dictada dentro del expediente 25000-23-27-000-2001-02199-02(15155), M.P. JUAN ÁNGEL PALACIO HINCAPIÉ, reiterada en la sentencia del 16 de septiembre de 2010 (exp. 16802, M.P. Carmen Teresa Ortiz) “…Así las cosas, rectifica la Sala el criterio expresado en anteriores oportunidades y precisa que si bien la Administración Tributaria goza de amplias facultades de fiscalización, con lo cual en el Requerimiento Especial puede proponer como sistema principal de determinación de la renta el de comparación patrimonial y en subsidio el ordinario. Igual facultad existe para la ampliación de Requerimiento Especial, independientemente de que se haya formulado cualquiera de los sistemas en el inicial, es decir, puede plantear una opción o ambas, si a ello hubiere lugar. En todo caso, cuando se practique la Liquidación de Revisión sólo debe contener una determinación del impuesto, como lo prevé el artículo 702 ibídem, por lo tanto no se puede aceptar que una vez acogido un sistema de depuración, la Administración plantee otro de manera subsidiaria en la misma liquidación de revisión…”.