Sentencia 2006-02985 de febrero 11 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: 760012331000200602985 01

Número interno 18503

Consejera Ponente:

Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca - Comfandi, contra el municipio de Calima El Darién

Bogotá, D.C., once de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Se provee sobre el examen de legalidad de los actos administrativos que aforaron a la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca por no declarar el impuesto de espectáculos públicos correspondiente a los años 2001 a 2005, respecto de las actividades que realizó en su centro recreativo ubicado en el municipio de Calima - El Darién.

En los términos del recurso de apelación, corresponde establecer si la demandante es sujeto pasivo del impuesto referido, por el cobro de los tiquetes de ingreso a dicho establecimiento, de cara a las actividades que allí se realizan y a los usuarios de las mismas.

El problema jurídico así planteado enfoca el análisis de la Sala en los elementos sustanciales del tributo liquidado por los actos demandados, esto es, el establecido por el artículo 7º de la Ley 12 de 1932(3), que dispone:

“Con el objeto de atender al servicio de los bonos de empréstito patriótico que emita el gobierno establécense los siguientes gravámenes:

1. Un impuesto del diez por ciento (10%) sobre el valor de cada boleta de entrada personal a espectáculos públicos de cualquier clase, y por cada boleta o tiquete de apuesta en toda clase de juegos permitidos, o de cualquier otro sistema de repartición de sorteos”(4).

Al reglamentar el procedimiento para el recaudo del impuesto creado, el artículo 2º del Decreto 1558 de 1932 dispuso:

“a) Espectáculos públicos.

Todo individuo o entidad que quiera llevar a cabo un espectáculo público de cualquier naturaleza, deberá presentar a la Oficina de Hacienda Nacional respectiva las boletas que vaya a dar al expendio, junto con una relación pormenorizada de ellas, en la cual se exprese su número, clase y precio. De esta relación se tomará nota en un libro o registro especial. Las boletas serán selladas por la oficina recaudadora y devueltas al interesado, para que al día siguiente útil de verificado el espectáculo, exhiba el saldo no vendido, con el objeto de hacer la liquidación y el pago del impuesto que corresponda a las boletas vendidas”.

De igual forma presentó un listado enunciativo de lo que debe entenderse por espectáculos públicos, a saber: exhibiciones cinematográficas, compañías teatrales, circos, exhibiciones y demás espectáculos de esta índole, corridas de toros, carreras de caballos y exhibiciones deportivas, etc. (art. 1º, Nº 1)(5).

A su turno, el artículo 3º de la Ley 33 de 1968 cedió la propiedad exclusiva del tributo a los municipios y al Distrito Especial de Bogotá, desde el 1º de enero de 1969(6), trasladándoles la administración, control y recaudo, a partir del 1º de febrero de 1969, el último de ellos por conducto de la tesorería distrital y de las municipalidades, de acuerdo con el procedimiento previsto en el Decreto 1558 de 1932 o el establecido en el respectivo distrito o municipio para tal finalidad.

El Decreto 1333 de 1986 (art. 223) reiteró esa cesión legal, al incorporarlo entre las rentas municipales(7).

Este impuesto territorial de espectáculos públicos coexiste con el creado por el artículo 8º de la Ley 1ª de 1967 para la reconstrucción de las zonas devastadas por el incendio del municipio de Quibdó el 27 de octubre de 1966, y la ayuda a los damnificados, cuya vigencia transitoria (se creó por cuatro meses) fue extendida por la Ley 49 de 1967 para cubrir los periodos 1968 a 1972, pero sólo en el Valle del Cauca, con el fin de financiar los VI Juegos Panamericanos de Cali y preparar a los deportistas.

En 1968, la Ley 47 amplió su cobro a todo el territorio nacional, destinando su producido al fomento del deporte, la preparación de los deportistas, la construcción de instalaciones deportivas y la adquisición de equipos e implementos, en el distrito especial, los departamentos, intendencias y comisarías, de acuerdo con la proporción que se recaude en cada una de las secciones del país; y la Ley 30 de 1971 estableció que seguiría cobrándose en forma indefinida, es decir, aún después de los Juegos Panamericanos que ya se habían realizado.

En ese panorama legal, la Sentencia C-185 de 1998 precisó que el impuesto creado por la Ley 1ª de 1967, no perdió su naturaleza nacional ni fue cedido a las entidades territoriales, a diferencia del impuesto de espectáculos públicos creado por la Ley 12 de 1932 y que, en el caso del municipio de Calima El Darién, fue adoptado por el Acuerdo 36 del 29 de diciembre de 2004 (libro primero, título único, capítulo V).

Del hecho generador del impuesto territorial de espectáculos públicos

En el marco de la obligación tributaria sustancial, es claro que el deber de declarar un impuesto presupone la configuración del hecho generador de la misma, es decir, del presupuesto material legalmente establecido como indicador de capacidad contributiva y que este, a su vez, se apareja con un elemento subjetivo asociado a la vinculación de quien se encuentra llamado a cumplir la obligación con el pago del impuesto (sujeto pasivo) y de quien la titulariza en calidad de acreedor (sujeto activo).

Si bien las normas legales que establecen el impuesto de espectáculos públicos de propiedad territorial no señalan con precisión el hecho que lo genera en sus aspectos objetivos y subjetivos, sino que se limitan a señalar la tarifa aplicable para liquidar el tributo sobre el valor de cada boleta de entrada al espectáculo, lo cierto es que de su redacción logra deducirse que el primero de los elementos señalados (hecho generador) no es otro distinto que la realización de espectáculos públicos por los que se cobra una boleta de entrada; que el sujeto activo es la entidad territorial dentro de cuya jurisdicción se realiza ese presupuesto imponible y que el sujeto pasivo es toda persona o entidad que lo ejecuta.

La norma local que estableció el impuesto de espectáculos públicos en el municipio de Calima - El Darién, atendió las premisas anteriores, al establecer:

“ART. 40.—Hecho generador. Es la realización de uno de los siguientes eventos: espectáculos públicos, apuestas sobre toda clase de juegos permitidos, rifas, venta por el sistema de clubes, concursos y juegos similares.

ART. 41.—Sujeto pasivo. Son sujetos pasivos de este impuesto, todas las personas naturales o jurídicas, sociedades, entidades oficiales y/o públicas que realicen el hecho generador en forma ocasional en la jurisdicción del municipio de Calima El Darién Valle.

ART. 42.—Base gravable. Es el valor de los ingresos brutos, obtenidos sobre el monto total de las boletas de entrada a los espectáculos públicos; las boletas, billetes, tiquetes, fichas, monedas, dinero en efectivo o similares en las apuestas de juego; las boletas, billetes, tiquetes de rifas; y los artículos que se deben entregar a los socios favorecidos durante los sorteos de la venta bajo el sistema de clubes.

ART. 43.—Causación. Se causa en momento en que se efectúe el respectivo espectáculo o se realice la apuesta sobre los juegos permitidos, la rifa, el sorteo, el concurso o similares.

ART. 44.—Tarifa. La tarifa será del diez por ciento (10%) sobre la base gravable correspondiente.

Por lo demás, el impuesto no se previó con carácter gratuito.

De las cajas de compensación familiar, las funciones que cumplen y los espectáculos como forma de recreación social

El artículo 39 de la Ley 21 de 1982(8), por la cual se modificó el régimen de subsidio familiar, creó las cajas de compensación familiar como personas jurídicas de derecho privado, sin ánimo de lucro, organizadas como corporaciones, en la forma prevista en el Código Civil, que cumplen funciones de seguridad social y se hallan sometidas al control y vigilancia del Estado a través de la Superintendencia del Subsidio Familiar.

A dichas cajas, entre otras funciones, les corresponde organizar y administrar las obras y programas que se establezcan para el pago del subsidio familiar que, de acuerdo con el artículo 1º ibídem, es una prestación social pagadera en dinero, especie y servicios(9)a los trabajadores de medianos y menores ingresos, en proporción al número de personas a cargo, y su objetivo fundamental es aliviar las cargas económicas que representa el sostenimiento de la familia, como núcleo básico de la sociedad.

El subsidio recaudado, distribuido y pagado por las cajas de compensación familiar no es salario ni se computa como factor del mismo, no es gravable fiscalmente y tampoco es embargable. La Corte Constitucional le ha dado una triple connotación(10):

• La de ser una prestación legal de la seguridad social, emanada del contrato laboral y regida por los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad incorporados en el artículo 49 de la Constitución Política, cuyo objetivo principal es contribuir a la protección integral de la familia para apoyarla en sus necesidades básicas.

En ese sentido, ha precisado que los servicios prestados por las cajas de compensación, en calidad de entidades que desarrollan diversos programas de seguridad social, se distinguen de la actividad que cumplen como pagadoras del subsidio dinerario.

• La de constituir un mecanismo de redistribución del ingreso para satisfacer las necesidades más apremiantes del grupo familiar de los trabajadores que menos devengan, expresadas en alimentación, vestuario, educación y alojamiento. La consecución de ese objetivo se logra con el reconocimiento de un subsidio en dinero, pagado en atención al número de hijos, y de servicios asociados a programas de salud, educación, mercadeo y recreación.

• La de expresar una función pública desde la óptica de la prestación del servicio a cargo del Estado, a través de organismos intermediarios manejados por empresarios y trabajadores, y en el que se compromete el interés general de la sociedad, por los fines de equidad que persigue.

También ha indicado la Corte que los recursos del subsidio provienen de una exacción parafiscal de naturaleza atípica, pues el legislador la ha puesto en cabeza de determinado grupo socio económico —los empleadores—, con el objeto de beneficiar a los trabajadores, de modo que no generan una contraprestación individual para sus destinatarios sino para el sector o grupo económico al que ellos pertenecen.

Al tenor de los artículos 40 y 62 ejusdem, las obras y programas sociales que se deben emprender para atender el pago del subsidio familiar, se ejecutan en las siguientes áreas y orden de prioridades:

• Salud.

• Programas de nutrición y mercadeo de productos alimenticios y otros que compongan la canasta familiar para ingresos bajos (obreros), definida por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

• Educación integral y continuada; capacitación y servicios de biblioteca.

• Vivienda.

• Crédito de fomento para industrias familiares.

• Recreación social

• Mercadeo de productos diferentes a los enunciados en el ordinal 2º; el cual se hará de acuerdo con la reglamentación que expida posteriormente el Gobierno Nacional.

La recreación social es, entonces, una de las áreas de servicio establecidas en la ley para pagar el subsidio familiar, representada en actividades de diversión o deleite(11), y que, en el contexto de la Ley 21 de 1982, pretende aliviar la carga de las actividades laborales, propiciando espacios de esparcimiento para el trabajador que tiene derecho al subsidio y para los integrantes de su núcleo familiar, en los términos en que los refieren los artículos 18 y 27 ibídem(12).

Ese alcance semántico permite concebir a los espectáculos como una forma de recreación, pues estos, en su estricta significación, se ligan a una función o conjunto de actividades de diversión pública celebrada en un teatro, en un circo o en cualquier otro edificio o lugar en que se congrega la gente para presenciarlas, capaz de atraer su atención y de mover su ánimo con deleite, asombro, dolor u otros afectos más o menos vivos o nobles(13).

Tratándose de espectáculos públicos, fácil es inferir que los mismos se determinan por su accesibilidad general, en sitios abiertos al común de la gente, independientemente de que sean o no gratuitos, en contraposición de los espectáculos particulares, que se restringen a un grupo seleccionado.

En ese sentido, el Decreto 1558 de 1932 referenció como espectáculos públicos, se repite, a las “exhibiciones cinematográficas, compañías teatrales, circos, exhibiciones y demás espectáculos de esta índole, corridas de toros, carreras de caballos y exhibiciones deportivas, etc.”.

Para efecto de los servicios prestados en desarrollo de las obras y programas sociales, la Ley 21 que se comenta autorizó la fijación de tarifas progresivas para los trabajadores beneficiarios, al tiempo que abrió la posibilidad de prestar dichos servicios a personas distintas de las señaladas en los artículos 18 y 27 ibídem, con tarifas no subsidiadas.

Desde la perspectiva anterior, puede decirse que los eventos deportivos, artísticos o cualquier otra clase de actividades distractoras y de entretención, presentadas al interior de los centros recreativos de las cajas de compensación familiar, como entidades sin ánimo de lucro, ciertamente constituyen servicios de recreación con los que aquellas pagan el subsidio familiar a sus afiliados.

Bajo esa reflexión, puede decirse que tales actividades no generan, per se, el impuesto de espectáculos públicos, sobre el valor de cada boleta de ingreso que pagan los trabajadores usuarios de esos servicios y sus familias.

Concluir lo contrario requeriría un prolijo material probatorio del que pudiera constatarse concreta y fehacientemente que dichos eventos se realizan con ánimo de lucro, traspasando la naturaleza y finalidad social y hasta cierto punto altruista del subsidio familiar y que no se dirigen única y exclusivamente a satisfacer las necesidades recreativas de quienes tienen derecho a ese subsidio, ya sea como afiliados o beneficiarios de los mismos.

Del impuesto generado por los eventos realizados en el centro recreacional de la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca en el municipio de Calima - El Darién

La exigencia probatoria señalada no se cumple en el sub lite.

En efecto, aparte de los documentos adjuntos al recurso de apelación (fls. 452 a 456, cdno. 1), cuyo mérito probatorio fue negado por el despacho sustanciador mediante auto del 11 de abril de 2012 (fls. 497 a 499, cdno. 1), el cual quedó debidamente ejecutoriado, no se observa ninguna prueba demostrativa de la generación del impuesto discutido por razón de las actividades desarrolladas en el centro recreativo que tiene Comfandi en el municipio de Calima - El Darién.

Por el contrario, lo que permite verificar el expediente es que la demandante opera como una entidad privada, sin ánimo de lucro, organizada en forma de corporación, que cumple funciones de seguridad social y tiene personería jurídica conferida por la Superintendencia de Subsidio Familiar mediante la Resolución 2734 del 3 de octubre de 1957(14).

De acuerdo con esa naturaleza, se entiende que la caja cumple las funciones previstas en la Ley 21 de 1982 y que, como administradora, distribuidora y pagadora del subsidio familiar en especie, de que trata dicha ley, presta el servicio de recreación en los centros destinados para ello.

Así mismo, se entiende que para el ingreso de los afiliados y de personas distintas, a esos centros, pueden cobrar tarifas diferenciales, ajustadas a su respectiva remuneración, destinadas a cubrir sus costos de operación y mantenimiento.

En ese escenario no queda más que aceptar que los ingresos percibidos por Comfandi durante las vigencias 2001 a 2005 en el Centro Recreacional de Calima el Darién, provenían de actividades no generadoras del impuesto de espectáculos públicos, consagrado en el artículo 7º de la Ley 12 de 1932 y que, por ende, dicha corporación no estaba obligada a declarar el tributo referido ante el municipio demandado ni podía ser aforada por causa del mismo.

Bien anotó la Sala en sentencia del 29 de noviembre de 2012, expediente 18581, que “…el hecho de que se cobre por la entrada a los centros de recreación de propiedad de las cajas de compensación no implica que las actividades que se realizan en esas instalaciones sean objeto del impuesto de espectáculos públicos. El municipio de… no demostró que en los citados recintos se presentaron espectáculos públicos por la vigencia…, de acuerdo con la definición que para el efecto se estableció en las normas legales analizadas…”.

Conforme con lo explicado, la presunción de legalidad de los actos demandados queda desvirtuada y, por tanto, procedía la nulidad que dispuso el a quo.

De la ineptitud de la demanda por no dirigirse contra actos distintos a los establecidos en el artículo 835 del estatuto tributario.

El artículo 835 del estatuto tributario previó:

“Intervención del contencioso administrativo. Dentro del proceso de cobro administrativo coactivo, sólo serán demandables ante la jurisdicción contencioso-administrativa las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución; la admisión de la demanda no suspende el proceso de cobro, pero el remate no se realizará hasta que exista pronunciamiento definitivo de dicha jurisdicción.

La norma anterior opera en el ámbito del proceso administrativo de cobro coactivo que regula el título VIII del estatuto tributario respecto de deudas fiscales por concepto de impuestos, anticipos, retenciones, intereses y sanciones, de competencia de la DIAN, y de las entidades territoriales, de acuerdo con la remisión dispuesta por los artículos 66 de la Ley 383 de 1997 y 59 de la Ley 788 de 2002.

Dicho proceso materializa la jurisdicción coactiva en materia tributaria, en orden a compeler el cumplimiento persuasivo de las obligaciones tributarias previamente constituidas por cualquiera de los títulos ejecutivos que consagra el artículo 828 del estatuto tributario y, dentro de ese marco, los que consagran los estatutos locales, cuando quiera que los llamados a absolverlas no lo hagan oportunamente.

Así, la base de la ejecución está constituida por los títulos previamente expedidos, de modo que sin estos ella no surgiría; y es que en el plano jurídico la semántica del verbo que involucra la ejecución(15), parte de la existencia de una deuda cierta que ha de llevarse a la práctica o efectivizarse.

Si la deuda debe existir antes de la ejecución, precisamente porque es la que la origina, resulta apenas lógico que la misma se encuentre plena y completamente configurada antes de que comience esa etapa ejecutiva, con la expedición del respectivo mandamiento de pago, contentivo de la orden de pago de las obligaciones pendientes más los intereses respectivos, de manera que pueda considerarse exigible y cumplible compulsivamente.

Así, cualquier aspecto atinente a la conformación de las deudas tributarias reclamables vía coactiva y dirigido a cuestionar la existencia de las mismas, debe definirse antes de que inicie su ejecución, se repite, con la expedición del respectivo mandamiento de pago, pues una vez ella principia sólo pueden refutarse las cuestiones posteriores a la expedición del título que liquida esa deuda pero no las anteriores a tal expedición.

Esa contradicción se realiza a través de la proposición de las excepciones que establece el artículo 831 del estatuto tributario, dentro de los 15 días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, como también del recurso de reposición contra la resolución que las decide, facultado por el articulo 834 ibídem, y de la demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa, de que trata el artículo 835 transcrito al inicio de este aparte y que fundamenta la ineptitud predicada por el apelante.

Ahora bien, las liquidaciones oficiales ejecutoriadas integran el listado de títulos ejecutivos que establece el ya referido artículo 828 (Nº 2) en cuanto a través de ellas se determina la obligación tributaria exigible coactivamente, constituyendo, en consecuencia, el fundamento base del mandamiento de pago sin el que este no podría expedirse, pues el cobro coactivo sólo se previó respecto de “deudas fiscales” y esa connotación es exclusiva de las obligaciones fiscales previamente determinadas y no saldadas oportunamente.

Las liquidaciones oficiales de aforo que determinan las obligaciones a cargo de los contribuyentes, responsables, agentes retenedores o declarantes, que no han declarado, hacen parte del género mencionado y, como actos definitivos que son, pueden demandarse en ejercicio del medio de control que consagra el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, independientemente de que sus destinatarios no las cumplan dentro la oportunidad legal y de que por esa omisión puedan ser ejecutados con posterioridad a la debida configuración de tal incumplimiento, vía cobro coactivo.

Entonces, teniendo claro que los actos de determinación por aforo constituyen el título ejecutivo que precede en el tiempo a la expedición del mandamiento de pago, respecto de la obligación que aquellos establecen, no encuentra la Sala ineptitud alguna en la demanda del sub lite.

Por lo demás, y solo para fines de precisión, en el fallido evento de que la presente acción se hubiera dirigido contra la actuación administrativa de cobro coactivo, de la que ni siquiera se tiene certeza, el ataque de los elementos esenciales de la obligación tributaria sustancial determinada por las liquidaciones de aforo, como sería el relacionado con el hecho que la genera y la sujeción pasiva frente a la misma, no podría discutirse en sede ejecutiva.

Lo anterior, en vista de que ese tipo de contiendas no se consideran jurídicamente procedentes y pertinentes para excepcionar las órdenes de pago, en cuanto éstas se supeditan al unívoco objeto de ejecutar las “obligaciones de dar” claras, expresas y exigibles contenidas en los títulos previamente conformados, sin crear espacios de deliberación de derechos y/o de cargas impositivas.

De la decisión del incidente de nulidad propuesto en primera instancia

Las piezas procesales que reposan en el cuaderno 4 constatan que, ciertamente, en el trámite de la primera instancia, el demandado propuso el incidente de nulidad, con fundamento en las causales establecidas en los numerales 3º y 4º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil (fls. 1 a 6), que rezan en su orden:

“El proceso es nulo en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:

3. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia.

4. Cuando la demanda se tramita por proceso diferente al que corresponde”.

Fundamentó tales excepciones en la restricción que establece el artículo 835 del estatuto tributario, aduciendo que en el proceso de cobro coactivo sólo puede discutirse la decisión de las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago y que en ningún caso pueden debatirse cuestiones propias de la vía gubernativa.

La solicitud de nulidad se rechazó de plano y contra esta decisión el demandado interpuso recurso de apelación que el a quo estimó improcedente e interpretó como un recurso de súplica, impartiéndole el trámite previsto para este (fls. 8 a 18 y 20 a 22).

El proceso se falló el 26 de marzo de 2010 y el recurso de súplica solo se resolvió hasta el 23 de julio del mismo año (fls. 29 a 31), en el sentido de confirmar la providencia apelada, porque la causal de nulidad del Nº 4 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil pudo proponerse como recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda, y la del Nº 3 era impertinente porque los actos demandados no se profirieron dentro de un proceso de jurisdicción coactiva.

Previa observancia de que las causales de nulidad que invocó el municipio en primera instancia (art. 140, nums. 3º y 4º) no pueden sanearse, por prohibición expresa del artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, estima la Sala que el hecho de que antes de proferir sentencia no se hubiera resuelto el recurso de súplica contra el auto que rechazó la solicitud de nulidad, no es, per se, causal de nulidad de los actos demandados.

Lo anterior, porque los vicios invalidantes que establece la legislación de lo contencioso administrativo para producir la anulación(16), se producen en el proceso de formación del acto demandado, y, obviamente, este se desarrolla y agota con antelación a la ocurrencia de las omisiones procesales que alteran las formas propias del trámite jurisdiccional seguido contra el acto administrativo formado.

Más allá de ello y sin entrar a examinar la configuración de las causales de nulidad que invoca el demandado, porque la razón sustancial anteriormente señalada priva esa posibilidad, es lo cierto que los argumentos que las soportan, vistos en su esencia, resultan infundados frente al análisis que hace el acápite anterior de este proveído.

De los intereses moratorios que reclama el apelante adhesivo

El artículo 85 del Código Contencioso Administrativo consagró la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, como el mecanismo de defensa judicial con que cuenta toda persona para pedir la nulidad de los actos administrativos que lesionan alguno de los derechos que le reconoce el ordenamiento jurídico, y para obtener el restablecimiento de los mismos, la reparación del daño que le causan, o la devolución de lo que pagó indebidamente.

En principio, y dado el carácter rogado de esta jurisdicción, corresponde a quien acude a ella solicitar la nulidad del acto administrativo que lo perjudica, el restablecimiento de su derecho en la forma que considere aplicable (CCA, arts. 85, 137 y 138), sin perjuicio de que pueda modificarse, reformarse o sustituirse por la que encuentre procedente, de acuerdo con la facultad que le otorga el artículo 170 del Código Contencioso Administrativo; así como las condenas que igualmente pretenda.

En el asunto sub examine, la demandante pidió como restablecimiento del derecho, la siguiente declaración y condena: i) que no estaba obligada a cancelar el impuesto de espectáculos públicos por las actividades de auto-recreación y descanso que realizan los trabajadores y sus familias en los centros recreacionales y vacacionales ubicados en el municipio de Calima El Darién y, ii) que el demandado le reintegre la suma de $ 582.177.965.10, pagada por el cobro de la contribución señalada, debidamente indexada y con los intereses que correspondan y la reparación de los daños materiales y morales que dicho cobro generó a la actora.

Sobre tales pretensiones, el a quo dispuso:

“2.1. DECLARAR que Comfandi no está obligada a cancelar dicho tributo por las actividades de auto-recreación que realizan los trabajadores y sus familias en los centros recreacionales ubicados en el municipio de Calima El Darién - Valle del Cuaca.

2.2. CONDENAR al municipio de Calima El Darién a reintegrar a Comfandi las sumas de dinero (debidamente indexadas y con los intereses de ley generados hasta la fecha del reintegro) que haya pagado en cumplimiento de lo dispuesto en los actos administrativos declarados nulos”.

Las anteriores disposiciones se adoptaron como consecuencia directa de la anulación de las resoluciones (liquidaciones de aforo) 221, 222, 223, 224, 225 y 226 del 2 de diciembre de 2005, y de aquellas que las confirmaron en sede de reconsideración (116, 117, 118, 119, 120 y 121, mar. 17/2006).

No obstante, si bien la lógica razonable indica que la declaración de no sujeción al tributo trae consigo el reintegro de las sumas de dinero que eventualmente se hubieren pagado por ese concepto, en virtud de los actos de aforo, tal efecto no puede operar automáticamente en sede de la acción ejercida contra dichos actos como forma de restablecimiento, en la medida en que implica una orden de devolución que sólo puede operar en el marco del procedimiento a que se refiere el artículo 850 del estatuto tributario, actualmente reglamentado por el Decreto 2277 de 2012, a solicitud de parte, presentada ante la oficina de impuestos municipal donde se realizó el pago, con los requisitos y dentro del término previstos en los artículos 2º y 11 ibídem, aplicables por remisión del artículo 66 de la Ley 383 de 1997, en concordancia con el artículo 59 de la Ley 788 de 2002.

Así mismo, los artículos 863 del estatuto tributario y del decreto referido, dejan en claro que la causación de intereses corrientes y moratorios sólo opera en el contexto de esa devolución.

De contera, como la tasa de interés establecida en el artículo 635 ejusdem, se encuentra referida a los intereses mencionados, las razones del apelante adhesivo no tienen vocación de prosperidad.

En concordancia con lo dicho, y previa consideración de que el apelante adhesivo no fue el único impugnante de la sentencia de primera instancia, ejercerá la Sala la facultad conferida por el artículo 170 del Código Contencioso Administrativo, a la que ya se aludió, para revocar la orden de reintegro impartida por el numeral 1.2 de la sentencia apelada, por la exclusiva razón de no ser este el escenario administrativo, ni judicial, legalmente establecido para emitirla.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE íntegramente el numeral 1º de la sentencia del 26 de marzo del 2010, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle de Cauca dentro del proceso instaurado por la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca, Comfandi, contra el municipio de Calima El Darién - Valle.

2. REVÓCASE el numeral 2.2 de la misma providencia, por las razones anotadas en la parte motiva de este proveído, para restringir la orden de restablecimiento del derecho a lo dispuesto en el numeral 2.1.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen y cúmplase.»

(3) En Sentencia C-537 de 1995 la Corte se declaró inhibida para fallar la demanda de inconstitucionalidad formulada contra esta norma, por cuanto la misma había perdido vigencia, sin que las leyes posteriores —69 de 1946 y 33 de 1968—, la hubieran revivido.

(4) La vigencia de este impuesto fue prolongada indefinidamente por el Decreto 503 de 1940 (art. 2º, lit. a) y la Ley 69 de 1946 (art. 12) lo restableció en la forma prevista por el ordinal 1º del artículo 7º de la Ley 12 de 1932.

(5) Tratándose del impuesto del orden nacional, creado por el artículo 8º de la Ley 1ª de 1967 como cuota de entrada a los mismos y destinada a la reconstrucción del municipio de Quibdó, el artículo 2º del Decreto 21 de 1972, reglamentario de la Ley 30 de 1971 que extendió a todo el territorio nacional el impuesto de que trata la Ley 49 de 1967 y lo fijó indefinidamente en el tiempo, enunció los siguientes eventos como espectáculos públicos: exhibiciones cinematográficas, actuaciones de compañías teatrales, corridas de toros, carreras de caballos y concursos ecuestres, ferias exposiciones, riñas de gallos, ciudades de hierro y atracciones mecánicas, carreras y concursos de autos, exhibiciones deportivas, y las que tengan lugar en circos, estadios y coliseos, corralejas y demás sitios en donde se presenten eventos deportivos, artísticos y de recreación, todo mediante el pago de la respectiva entrada (la L. 49/67 dispuso la continuidad del recargo establecido por el art. 8º, L. 1ª/67. Sobre la evolución legal del impuesto nacional, véanse sentencias de mar. 18/2010, exp. 16535, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y de nov. 29/2012, exp. 18851, C.P. William Giraldo Giraldo).

(6) “A partir del 1º de enero de 1969, serán propiedad exclusiva de los municipios y del Distrito Especial de Bogotá los siguientes impuestos que se causen en sus respectivas jurisdicciones:

a) El impuesto denominado —espectáculos públicos—, establecido por el artículo 7º de la Ley 12 de 1932, y demás disposiciones complementarias”.

(7) “Es propiedad exclusiva de los municipios y del Distrito Especial de Bogotá el impuesto denominado “espectáculos públicos”, establecido por el artículo 7º de la Ley 12 de 1932 y demás disposiciones complementarias”.

(8) Reglamentada por los decretos 1746 de 2000, 3667 de 2004 y 2581 de 2007.

(9) “Subsidio en dinero es la cuota monetaria que se paga por cada persona a cargo que se dé derecho a la prestación.

Subsidio en especie es el reconocido en alimentos, vestidos, becas de estudio, textos escolares, drogas y demás frutos o géneros diferentes al dinero que determine la reglamentación de esta ley.

Subsidio en servicio es aquel que se reconoce a través de la utilización de las obras y programas sociales que organicen las cajas de compensación familiar dentro del orden de prioridades prescrito en la ley (L. 21/82, art. 5º)”.

(10) Este desarrollo jurisprudencial se observa en sentencias C-149 de 1994, C-508 de 1997, C-1173 de 2001, T-712 de 2003 y C-337 de 2011, entre otras.

(11) www.rae.com

(12) ART. 18.—Son beneficiarios del régimen del subsidio familiar los trabajadores al servicio de los empleadores señalados en el artículo 7º que, además, reúnan los siguientes requisitos:

1. Tener el carácter de permanentes:

2. Encontrarse entro de os límites de remuneración señalados en el articulo 20;

3. Haber cumplido los requisitos de tiempo trabajador indicados en el artículo 23, y

4. Tener personas a cargo, que den derecho a recibir la prestación, según lo dispuesto en el capítulo IV de esta ley.

ART. 27.—Darán derecho al subsidio familiar las personas a cargo de los trabajadores beneficiaros que a continuación se enumera:

1. Los hijos legítimos los naturales, los adoptivos y los hijastros.

2. Los hermanos huérfanos de padre.

3. Los padres del trabajador.

Para los efectos del régimen del subsidio familiar se consideran personas a cargo las enumeradas, cuando convivan y dependan económicamente del trabajador y, además se hallen dentro de las condiciones señaladas en los artículos siguientes.

PAR.—El cónyuge o compañero permanente del trabajador, así como las personas relacionadas en el presente artículo podrán utilizar las obras y programas organizados con el objeto de reconocer el subsidio en servicios (el texto subrayado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-029 de 2009, en el entendido de que, en las mismas condiciones, comprende también a los integrantes de la pareja del mismo sexo).

(13) Ibídem.

(14) Certificación de existencia y representación legal (fl. 3, cdno. 1).

(15) Ejecución. f. Acción y efecto de ejecutar. Der. Procedimiento judicial con embargo y venta de bienes para pago de deudas. Loc. Verb. Der. Hacer, en virtud de mandamiento judicial, las diligencias de embargo para asegurar el pago de una deuda, sus intereses y costas.

Der. Ejecutar: Reclamar una deuda por vía o procedimiento ejecutivo (www.rae.com).

(16) De acuerdo con la norma vigente para cuando se expidieron las liquidaciones de aforo demandadas, dichos vicios refieren a la infracción de las normas en que deben fundarse los actos demandados, su expedición por parte de funcionarios incompetentes, en forma irregular, con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, mediante falsa motivación o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió.