Sentencia 2006-02991 de febrero 28 de 2013

 

Sentencia 2006-02991 de febrero 28 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2006-02991-01.

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Recurso de apelación contra la sentencia de 21 de noviembre de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Actora: DHL Global Forwarding Colombia Ltda. y otra

Bogotá D.C., veintiocho de febrero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala

Mediantesentencia de 4 de octubre de 2012, proferida por la Sección Segunda, Subsección B, de esta corporación, en el Expediente de Acción de Tutela 2012-01110-00, se ordenó proferir un nuevo fallo en el proceso de la referencia “teniendo en cuenta el Acuerdo PSAA06-3409 del 9 de mayo de 2006 del Consejo Superior de la Judicatura - Sala Administrativa, y los hechos que se generaron con ocasión del mismo respecto a la situación jurídica particular de la demandante”, razón por la cual, procede la Sala a proferir nueva sentencia de segunda instancia, en cumplimiento de dicha orden del juez de tutela.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 304 del Código de Procedimiento Civil, procede la Sala a resolver la excepción que la autoridad demandada denominó “extemporaneidad de la acción” y que corresponde a la excepción de caducidad.

La DIAN asevera, sin mayor explicación, que la presente acción de nulidad y restablecimiento del derecho se presentó por fuera del término legal previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

La Sala advierte que la demanda fue presentada en forma personal, el 21 de julio de 2006, ante la Notaría 24 (E) de Bogotá y recibida posteriormente en la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali - reparto el 1º de agosto del mismo año, tal como consta a folio 111 y vuelto.

El numeral 2º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo establece que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho caduca en cuatro (4) meses, contados a partir de la fecha de notificación de los actos administrativos cuya nulidad se pretende.

En este caso, se tiene como fecha de presentación personal de la demanda, el día 1º de agosto de 2006 ante la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali - Reparto y, se advierte que la Resolución 165 de 7 de marzo de 2006 que confirmó la 1129 de 21 de octubre de 2005 (actos acusados), fue notificada por correo el día 24 de marzo de 2006, según consta a folio 231.

En tales circunstancias, es evidente que el término de caducidad de la acción vencía el 24 de julio de 2006, razón por la cual, en principio, la demanda habría sido presentada por fuera de dicho término el 1º de agosto del mismo año.

No obstante, ocurre que para la fecha en que vencía el citado término de caducidad, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca se encontraba cerrado, por disposición expresa del artículo 3º del Acuerdo PSAA06-3409 del 9 de mayo de 2006 del Consejo Superior de la Judicatura - Sala Administrativa “Por el cual se dictan medidas tendientes a poner en operación los juzgados administrativos”, el cual, además, estableció que durante el tiempo de cierre del tribunal, no corrían términos.

Ahora bien, la Sala no tuvo conocimiento de la existencia de dicho acuerdo durante el curso del proceso, porque la parte actora no lo mencionó ni aportó con la demanda, ni solicitó su decreto como prueba; solo lo adujo con posterioridad a la notificación de la sentencia de segunda instancia, que declaró la caducidad de la acción y que fue revocada mediante la sentencia de 4 de octubre de 2012, proferida por la Sección Segunda, Subsección B, de esta corporación, en el proceso de acción de tutela 2012-01110-00, la cual se hace cumplir en esta oportunidad.

A continuación se transcribe, en lo pertinente, la disposición que se menciona:

ART. 3º—Cierre de tribunales administrativos. Disponer el cierre de los tribunales administrativos así:

a) Los de Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá y Santander del 17 de julio al 31 de julio de 2006.

(...)

Durante dichos lapsos no correrán términos, con el fin de que los tribunales administrativos inventaríen y entreguen a las direcciones seccionales, los procesos que por competencia deben pasar a los juzgados administrativos” (las negrillas y subrayas no son del texto original).

Obsérvese entonces que, para la fecha en que vencía el término de caducidad, 24 de julio de 2006, era imposible para la sociedad demandante radicar la demanda ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por encontrarse cerrado desde el 17 de julio hasta el 31 de julio del mismo año, lo cual explica que la haya presentado el 1º de agosto de 2006, esto es, el día inmediatamente siguiente a aquel en vencía el cierre de la citada corporación.

La circunstancia descrita, aunada a la orden clara del Acuerdo PSAA06-3409 del 9 de mayo de 2006 del Consejo Superior de la Judicatura - Sala Administrativa, de que durante el tiempo de cierre del tribunal no corrían términos, es suficiente para declarar la improsperidad de la excepción de caducidad propuesta por la demandada.

Del asunto de fondo

En el presente asunto, las sociedades demandantes aseveran que el decomiso de las mercancías descritas en B/L #SHA 109155 de 29 de julio de 2005 y manifiesto de carga 35200510001519 de 19 de agosto de 2005, es ilegal, en atención a que la causal aducida por la DIAN no se configura en el presente asunto.

En efecto, las actoras dicen que la DIAN fundamenta su decisión en el hecho de que las citadas mercancías se clasifican en las subpartidas arancelarias de los capítulos 50 al 64 del Arancel de Aduanas, esto es, materia textil y calzado, las cuales tienen restricción de ingreso por las aduanas de Barranquilla y Bogotá, cuando lo cierto es que la mercancía decomisada corresponde a material plástico de las subpartidas 39.20.20.00.90 y 39.26.20.00.00.

A continuación se transcriben apartes pertinentes de las decisiones cuya pérdida de efectos se solicita:

— Resolución 01129 de 21 de octubre de 2005 “por medio de la cual se ordena el decomiso de una mercancía”:

“Consideraciones del despacho

(...)

Las normas que constituyen marco jurídico legal en el caso objeto de estudio es el numeral 1.2 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, y demás normas concordantes, las cuales se crearon definiendo claramente lo relacionado con el ingreso de mercancía por lugar no habilitado.

La aprehensión de la mercancía, se ocasiona porque existe una restricción administrativa en la Resolución 5796 del 7 de julio de 2005, que establece:

“ART. 1º—Adiciónase el siguiente parágrafo al artículo 39 de la Resolución 4240 de 2000; modificado por los artículos 12 de la Resolución 7002 de 2001, y el artículo 1º de la Resolución 2406 de 2004:

PAR. 2º—Las mercancías clasificables por los capítulos 50 al 64 del Arancel de Aduanas, correspondientes a materiales textiles y sus manufacturas, y calzado y sus partes, originarias y/o provenientes de la República de Panamá y de la República Popular China, deberán ingresar e importarse exclusivamente por las jurisdicciones de la Administración Especial de Servicios Aduaneros Aeropuerto el Dorado, si se transportan vía aérea; por la Administración Especial de Aduanas de Barranquilla, si es por vía marítima...”

(...)

Adicionalmente este despacho eleva consulta a la división técnica aduanera de esta administración para verificar la posición arancelaria y análisis de laboratorio de la mercancía aprehendida. Con pronunciamiento técnico en Arancel 441 se determina que la muestra uno corresponde a un textil sin tejer, compuesto por fibras de polipropileno 100%, teñido por lo cual se clasifica en la subpartida 56.03.12.90.00 de acuerdo con las reglas generales interpretativas 1 y 6 del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, la muestra dos corresponde a una polaina para sala de cirugía elaborada en material textil no tejido, provista de resortes para ajustar sobre el calzado, compuesta por fibras de polipropileno 100% por lo cual se clasifica en la subpartida 63.07.90.00 de acuerdo con las reglas generales interpretativas 1 (NL 1b del cap. 64) y 6 del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías” (fls. 136 a 137).

— La Resolución 165 de 7 de marzo de 2006 “por medio de la cual se resuelve recurso de reconsideración interpuesto por el señor Óscar Mauricio Buitrago Rico, en su calidad de representante legal de la sociedad de intermediación aduanera DHL Danzas Air & Ocean Colombia Ltda., contra la Resolución 1129 de fecha 21 de octubre de 2005, mediante la cual se ordena el decomiso de una mercancía”, consagra:

“(...)

Lo primero que debemos dejar sentado es que la mercancía objeto de aprehensión está compuesta por telas sin tejer, pues la tela sin tejer está constituida por un velo o una napa de fibras textiles orientadas direccionalmente o al azar y ligadas entre sí, estas fibras pueden ser de origen natural o químico, pueden ser fibras naturales o artificiales discontinuas o filamentos incluso estar formadas in situ.

La tela sin tejer puede obtenerse por diferentes sistemas y la producción está dividida convencionalmente en tres fases: la formación del velo, la consolidación (o ligado) y el acabado.

Entonces, lo que hace que esta se clasifique por el capítulo 56 es porque está compuesta por fibras o filamentos lo que hace que sean telas sin tejer, lo que hace que se diferencie del plástico” (fls. 225 a 226) (las negrillas y subrayas no son del texto original).

Como puede verse, la autoridad demandada clasificó la mercancía aprehendida con base en que la composición de la misma es de “fibras o filamentos”, es decir, materia textil, correspondiente a las subpartidas 50 a 64 del Arancel de Aduanas, mientras que a juicio de las actoras, el hecho de que dicha mercancía sea 100% polipropileno la ubica en las subpartidas 39.20.20.00.90 y 39.26.20.00.00, como material plástico.

Tal discusión es de especial relevancia en el caso concreto, comoquiera que la clasificación de la mercancía aprehendida es presupuesto fáctico de la norma contentiva de la sanción por infracción aduanera, vale decir, el parágrafo 2º del artículo 1º de la Resolución 5796 de 7 de julio de 2005, en concordancia con el numeral 1.2 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, en los cuales se funda el acto acusado (Res. 1129/2005, que se transcribió en párrafos precedentes). Dicen las citadas normas:

“ART. 1º—Adiciónase el siguiente parágrafo al artículo 39 de la Resolución 4240 de 2000, modificado por los artículos 12º de la Resolución 7002 de 2001, y artículo 1º de la Resolución 2406 de 2004:

PAR. 2º—Las mercancías clasificables por los capítulos 50 al 64 del Arancel de Aduanas, correspondientes a materiales textiles y sus manufacturas, y calzado y sus partes, originarias y/o provenientes de la República de Panamá y de la República Popular China, deberán ingresar e importarse exclusivamente por las jurisdicciones de la Administración Especial de Servicios Aduaneros Aeropuerto el Dorado, si se transportan vía aérea; y por la Administración Especial de Aduanas de Barranquilla, si es por vía marítima” (las negrillas y subrayas no son del texto original).

“ART. 502.—Causales de aprehensión y decomiso de mercancías.

Dará lugar a la aprehensión y decomiso de mercancías la ocurrencia de cualquiera de los siguientes eventos:

(...)

1.2. Cuando el ingreso de mercancías se realice por lugares no habilitados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, salvo que se configure el arribo forzoso legítimo a que se refiere el artículo 1541 del Código de Comercio.

Las normas transcritas son claras en cuanto establecen que si el material importado es textil, debe ingresar por Bogotá o Barranquilla, so pena de incurrir en la infracción aduanera prevista en el artículo 502, numeral 1.2, del estatuto aduanero, relativa al ingreso de mercancías “por lugares no habilitados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales”.

En tales circunstancias, el problema jurídico del caso concreto consiste en verificar cuál es la composición del material objeto de decomiso, pues, se repite, de ello depende que se clasifique en uno u otro capítulo del Arancel de Aduanas y, por tanto, que se configure o no la infracción aduanera aludida.

Al efecto, a folio 195 obra el resultado de análisis 00507 de la Administración Especial de Aduanas de Buenaventura, división técnica aduanera, que constituye la base técnica de los actos acusados, en el cual se informa:

“Muestra 1

Descripción: tela en color azul

Denominación: textil sin tejer

Composición aproximada (%)= 100% fibras de polipropileno

Grado de elaboración/tipo de acabado = teñido

Ancho en metros: 1.50

Gramaje en g/m2: 54.0

Muestra 2

Descripción: polaina elaborada en materia textil no tejido de color azul, provista de resortes para ajustar sobre el calzado.

Composición aproximada (%)=100% fibras de polipropileno

Dimensiones: 30cm de largo x 14 de ancho” (las negrillas y subrayas no son del texto original).

Del informe se extrae claramente la composición de la mercancía aprehendida. Se trata de 100% fibras de polipropileno.

Ahora bien, la Sala ha sido reiterativa en precisar que la descripción de la mercancía depende de su composición química. Así se indicó en la sentencia 13 de julio de 2006, Expediente 1999-02649-01, magistrado ponente Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, en la cual se sostuvo:

“En el caso sub examine, considera la Sala que el elemento “Butadieno - Estireno” constituye un elemento esencial o sustancial, toda vez que, precisamente, el componente químico es el que incide en la clasificación de la subpartida arancelaria 39 03 30 00.00. Es del caso resaltar que lo relevante en este asunto no es que se trate de una simple equivocación en la clasificación arancelaria, como lo plantea la actora, de ahí que no resulte procedente la corrección; sino de que se importó una mercancía en la que su descripción está determinada por los componentes químicos que la componen y que al ser inspeccionada y al practicarse el examen de laboratorio pertinente, se demuestra que no tiene la composición química que se describe. En consecuencia, debe considerarse como si se tratara de otra mercancía; y, desde esta perspectiva, le era aplicable al caso de la actora el inciso 1º del artículo 72 del Decreto 1909 de 1992, a cuyo tenor: “ Se entenderá que la mercancía no fue declarada, cuando no se encuentra amparada por una declaración de importación, cuando en la declaración se haya omitido la descripción de la mercancía o esta no corresponda con la descripción declarada...”.; y de acuerdo con lo anterior, es improcedente la declaración de corrección, según las voces del parágrafo del artículo 59 del Decreto 1909 de 1992. Es del caso enfatizar, que la Sala en sentencia de 8 de noviembre de 2001 (Exp. 6938, actora Philaac Ltda., C.P., Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), frente a un asunto similar, consideró que los elementos químicos de las mercancías importadas constituyen un elemento esencial en su descripción. Los anteriores razonamientos dejan sin sustento los cargos de la demanda y las inconformidades del recurrente, por lo que la Sala habrá confirmar la sentencia apelada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia” (las negrillas y subrayas no son del texto original).

Las anteriores consideraciones se reiteran en esta oportunidad, pues, al encontrarse demostrado que el componente químico de la mercancía objeto de los actos acusados, es polipropileno, plástico, y no textil, como lo estima la demandada, no se da el presupuesto fáctico de la Resolución 5796 de 2005, para que se constituya la infracción aduanera prevista en el artículo 502, numeral 1.2 del Estatuto Aduanero, conforme lo precisó el a quo.

Así pues, debe confirmarse el fallo impugnado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen, e infórmese a la Sección Segunda, Subsección B, de esta corporación sobre la decisión adoptada en este proceso, para los fines del Expediente 2012-01110-00.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de veintiocho (28) de febrero de 2013».