Sentencia 2006-03099 de mayo 28 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación: 05001 23 31 000 2006 03099 01(1) [20228]

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Actor: Pedro Domecq Colombia S.A. (NIT. 860.002.026-0)

Demandado: Departamento de Antioquia

Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares - IVA descontable. 2003

Bogotá, D.C., veintiocho de mayo de dos mil quince.

Fallo

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

El doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez manifestó su impedimento para conocer el fondo del presente asunto, por estar incurso en la causal contemplada en el numeral 2º del artículo 141 del Código General del Proceso, porque él conoció y profirió actuaciones en la instancia anterior.

Revisado el expediente, la Sala encuentra que, en efecto, el Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, como Magistrado del Tribunal Administrativo de Antioquía, adelantó el trámite del proceso acumulado. Sin embargo, no profirió decisión de fondo en el asunto, toda vez que la sentencia fue firmada por los Magistrados Pilar Estrada González, Rafael Darío Restrepo Quijano y Gonzalo Javier Zambrano Velandia, que integraron la Sala en ese momento.

Dado que la intervención del Dr. Ramírez Ramírez se limitó a la sustanciación del proceso y no se advierte que él haya emitido pronunciamiento sobre los hechos debatidos que pudiera viciar su imparcialidad en esta decisión, la Sala no aceptará el impedimento por él presentado.

En los términos del recurso interpuesto, la Sala determinará, en primer lugar, si las liquidaciones oficiales de revisión fueron notificadas en tiempo, para el efecto, debe dilucidar si la Administración ejerció la facultad que le permite la ampliación de los requerimientos especiales ajustada a la legalidad. De no prosperar este cargo, se analizarán los demás asuntos planteados.

La apelante insistió en la extemporaneidad de las liquidaciones oficiales de revisión, toda vez que fueron notificadas vencido el término de los seis meses, previsto en el artículo 710 del estatuto tributario, contado a partir del vencimiento del plazo para dar respuesta al requerimiento especial. Reiteró que el Oficio Nº 065170 del 14 de abril de 2004 solo corrigió los requerimientos especiales sin que pueda tenérsele como “ampliación” de esos actos, en los términos del artículo 708 del estatuto tributario.

Explicó que la reducción de la sanción por inexactitud no puede considerarse como una de las circunstancias que posibilitan la ampliación, pues la sanción fue contemplada en el requerimiento inicial. Que dicho oficio fue proferido antes de vencer el plazo para responder el requerimiento especial. Y que en este no se señala el plazo para la respuesta del contribuyente.

Dentro del procedimiento de determinación oficial del tributo, el Estatuto Tributario prevé la facultad de modificar las liquidaciones privadas mediante liquidación de revisión, previo requerimiento especial que cumpla los requisitos de forma de que tratan los artículos 703 y 704 ib., cuyo texto dice:

“ART. 703.—El requerimiento especial como requisito previo a la liquidación. Antes de efectuar la liquidación de revisión, la Administración enviará al contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, por una sola vez, un requerimiento especial que contenga todos los puntos que se proponga modificar, con explicación de las razones en que se sustenta.

“ART. 704.—Contenido del requerimiento. El requerimiento deberá contener la cuantificación de los impuestos, anticipos, retenciones y sanciones, que se pretende adicionar a la liquidación privada”.

El artículo 707 ib. establece que el plazo para responder el requerimiento especial es de tres meses, contados a partir de la fecha de la notificación.

El mismo ordenamiento, en el artículo 708, contempla la posibilidad de ampliar el requerimiento especial, en los siguientes términos:

“ART. 708.—Ampliación al requerimiento especial. El funcionario que conozca de la respuesta al requerimiento especial podrá, dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para responderlo, ordenar su ampliación, por una sola vez, y decretar las pruebas que estime necesarias. La ampliación podrá incluir hechos y conceptos no contemplados en el requerimiento inicial, así como proponer una nueva determinación oficial de los impuestos, anticipos, retenciones y sanciones. El plazo para la respuesta a la ampliación, no podrá ser inferior a tres (3) meses ni superior a seis (6) meses”.

Esta norma preceptúa: i) cuál es el funcionario competente para ordenar la ampliación al requerimiento especial, ii) la oportunidad en la que puede hacerlo, iii) las facultades y, iv) el plazo para la respuesta.

Según la normativa, el funcionario competente para ampliar el requerimiento especial es aquel que debe conocer de la respuesta al acto inicial, quien, por una sola vez, puede ampliarlo y debe hacerlo dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para responder el requerimiento especial inicial.

En la ampliación, el funcionario puede incluir hechos y conceptos nuevos, esto es, no contemplados en el requerimiento inicial, decretar las pruebas que considere necesarias y proponer una nueva liquidación de los impuestos, anticipos, retenciones y sanciones.

En cuanto al plazo para la respuesta a la ampliación, la norma fija unos límites, según los cuales, no podrá ser inferior a tres meses ni superior a seis meses, aspecto que debe ser determinado en el acto de ampliación.

En el presente caso, la abogada de Fiscalización de la Dirección de Rentas del Departamento de Antioquia profirió los requerimientos especiales 0002, 0004, 0005, 0006, 0008, 0009, 10 y 11, los seis primeros, fueron notificados el 19 de enero de 2004 y, los dos últimos, el 02 de marzo de 2004, fechas a partir de las que el administrado contaba con tres meses para presentar las respectivas respuestas. Dicho terminó venció, para los primeros, el 19 de abril de 2004 y para los últimos, el 02 de junio del 2004.

En los mencionados requerimientos especiales, la Administración propuso la modificación de las liquidaciones privadas, en el sentido de desconocer el “Descontable del componente del IVA” declarado, por tratarse de un productor particular, y liquidó el impuesto por pagar y la sanción por corrección correspondiente.

Dentro del término de respuesta al requerimiento especial, la demandante presentó, ante la Administración, solicitud de terminación por mutuo acuerdo, de fechas 18 y 29 de marzo de 2004.

El 14 de abril de 2004, la Administración profirió el Oficio Nº 065170, que para la demandada constituye una ampliación al requerimiento especial, cuyo texto es el siguiente:

“Secretaría de Hacienda

Dirección de Rentas

Medellín,

Doctor

Alberto Castillo Garcés

Representante legal

Pedro Domecq Colombia S.A.

Avenida de Las Américas Nº 55-30

Bogotá D.C.

Asunto: Corrección de los requerimientos especiales en la sanción por inexactitud

Respetado Doctor Castillo:

En relación con los requerimientos especiales enviados a su empresa por el no pago del IVA Descontable, nos permitimos hacer corrección de los mismos en cuanto a la sanción por inexactitud aplicando el artículo 647 del estatuto tributario, y así mismo se le dará aplicación al artículo 709 del Estatuto Tributario en cuanto a la disminución en una cuarta parte de la sanción con relación al artículo 647 por la aceptación por parte de la empresa en los hechos planteados en el requerimiento especial.

De la siguiente manera:

Req.QuincenaIVA descontableSanción art. 647Sanción
4ª parte
art. 709
0021 Quincena de Mayo/03106.134.000169.814.00042.453.500
0032 Quincena de Mayo/034.475.0007.160.0001.790.000
0041 Quincena de Junio/0338.986.00062.378.00015.594.000
0051 Quincena de Julio/0359.242.00094.787.00023.697.000
0062 Quincena de Agosto/0362.686.000100.298.00025.074.000
0071 Quincena de Noviembre/0353.060.00084.896.00021.224.000
0091 Quincena de Septiembre/0331.191.00049.906.00012.476.000
0102 Quincena de Diciembre/03583.737.000933.979.000233.495.000
0111 Quincena de Diciembre/0377.567.000124.107.00031.027.000
Total1.017.078.0001.627.325.000406.830.500

Atentamente,

[Firma ilegible]

Ana Tulia Cardona Mejía

Abogada - Fiscalización”

La Sala observa que la referencia del oficio es expresa, indica que se trata de la corrección de los requerimientos especiales. Que la mención a los artículos 647 y 709 del estatuto tributario, es el fundamento jurídico del concepto que corrige, esto es, de la sanción por inexactitud y la reducción de la misma por la aceptación total o parcial de los hechos planteados en el requerimiento especial.

De otra parte, advierte que fue suscrito por la misma funcionaria que profirió los requerimientos especiales y no por la Directora de Rentas. Que, fue expedido antes de vencer el término que tenía el contribuyente para responder los requerimientos especiales. Que dicho acto no contiene manifestación que permita deducir que se trata de la ampliación a los requerimientos especiales, pues ni siquiera cita como fundamento jurídico el artículo 708 del estatuto tributario. Y, que, no fija plazo alguno para la respuesta.

Este oficio 065170 de 2004 tampoco puede considerarse corrección a los requerimientos especiales, toda vez que, la Administración confundió la solicitud de terminación por mutuo acuerdo y sus anexos con la aceptación de las glosas propuestas en el acto previo y, en ese entendido, liquidó la sanción por inexactitud reducida.

En cuanto al término para la respuesta a la ampliación, el mismo artículo 708 ib., dispone que “no podrá ser inferior a tres (3) meses ni superior a seis (6) meses, es decir, que se trata de un término discrecional, por lo que el funcionario competente debe fijarlo dentro de esos límites, lo que no ocurrió en el caso.

De lo anterior, la Sala concluye que en los procesos administrativos de determinación, en los que fueron proferidos los actos administrativos aquí cuestionados, la Administración no ordenó la ampliación de los requerimientos especiales números 0002, 0004, 0005, 0006, 0008, 0009, 10 y 11, notificados el 19 de enero de 2004 [los seis primeros] y el 02 de marzo de 2004 [los dos últimos], como lo alega la recurrente.

En esas condiciones, en cuanto al plazo para notificar la liquidación oficial de revisión, el Estatuto Tributario prevé:

“ART. 710.—Término para notificar la liquidación de revisión. Dentro de los seis meses siguientes a la fecha de vencimiento del término para dar respuesta al Requerimiento Especial o a su ampliación, según el caso, la Administración deberá notificar la liquidación de revisión, si hay mérito para ello.

Dado que en el caso, no existió ampliación a los requerimientos especiales, el término para notificar las correspondientes liquidaciones oficiales de revisión era de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del término para dar respuesta a los requerimientos especiales, como se indica en el siguiente cuadro:

 R.EFecha
Notif.
Vencimiento del plazo
Para respuesta R.E.
(3 m)
Vencimiento del plazo
Para notificar
L.O.R. (6 m)
1.000219ene0419abr0419oct04
2.000419ene0419abr0419oct04
3.000519ene0419abr0419oct04
4.000619ene0419abr0419oct04
5.000919ene0419abr0419oct04
6.000819ene0419abr0419oct04
7.1102mar0402jun0402dic04
8.1002mar0402jun0402dic04

Las liquidaciones oficiales de revisión 032179, 032178, 032175, 032174, 032172, 032173, 032171 y 032180 fueron notificadas el 22 de febrero de 2005, es decir, fuera del término legal, por lo que la Sala encuentra probada la alegada extemporaneidad de las liquidaciones y con ello afectó de nulidad las resoluciones que decidieron los recursos de reconsideración correspondientes.

Por lo anterior, de conformidad con lo previsto en el inciso final del artículo 714 del estatuto tributario, las declaraciones privadas del contribuyente adquirieron firmeza.

En consecuencia, se accederá a declarar la nulidad de los actos administrativos demandados y se releva la Sala del análisis de los demás argumentos de fondo planteados, máxime cuando están referidos a la procedibilidad de la terminación por mutuo acuerdo de este trámite administrativo, pues al declarase su nulidad no existe objeto sobre el cual pronunciarse en este punto.

En cuanto al restablecimiento del derecho, se declarará en firme las declaraciones privadas y se ordenará a la demandada devolver las sumas consignadas a su favor con ocasión del requerimiento especial, que cuentan con soporte probatorio de pago, el cual además fue expresamente reconocido por la Administración al expedir los actos acusados, así:

ProcesoNulidadRestablecimiento del derecho
L.O.R.R.R.R.Firmeza Declaración
presentada
DevoluciónValor pagado
FechaFl., c.
200603099032171/ 22feb0501855/ 31ene0619dic0331.027.00024mar0434, 1
200603100032179/ 22feb0501862/ 31ene0619may0342.454.00004ma0434, 5
200603101032173/ 22feb0501856/ 31ene0619nov0321.224.00004mar0435, 6
200603102032174/ 22feb0501858/ 31ene0604sep0325.074.00004mar0432, 9
200603103032175/ 22feb0501859/ 31ene0617jul0323.696.00004mar0432, 7
200603104032180/ 22feb0501863/ 31ene0628ene04233.495.00024mar0436, 8
201000541032172/ 22feb0501857/ 31ene0618sep0312.476.00004mar0435, 3
201000542032178/ 22feb0501860/ 31ene0618jun0315.594.00004mar0434, 4

Las anteriores sumas deberán devolverse en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo. De manera que, la demandada cuenta con treinta (30) días, contados a partir de la ejecutoria de este fallo, para adoptar las medidas necesarias, tendientes a devolver la suma ordenada debidamente actualizada desde la fecha del pago hasta la fecha de ejecutoria de esta sentencia y, a partir del vencimiento de los treinta (30) días, intereses de mora, según lo previsto en el Código de Comercio.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

I. Declárase infundado el impedimento manifestado por el Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, por las razones expuestas en la parte motiva.

II. Revócase la sentencia apelada, en su lugar:

1. Declárase la nulidad de los actos administrativos proferidos por la Dirección de Rentas de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia, que a continuación se indican:

L.O.R.R.R.R.
032171 del 22feb0501855 del 31ene06
032179 del 22feb0501862 del 31ene06
032173 del 22feb0501856 del 31ene06
032174 del 22feb0501858 del 31ene06
032175 del 22feb0501859 del 31ene06
032180 del 22feb0501863 del 31ene06
032172 del 22feb0501857 del 31ene06
032178 del 22feb0501860 del 31ene06

2. A título de restablecimiento de derecho, (i) decláranse en firme las declaraciones presentadas por PEDRO DOMECQ COLOMBIA S.A., del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, correspondiente a los periodos a que hacían referencia los actos administrativos indicados en el numeral anterior, relacionadas en el siguiente cuadro:

PeriodoFecha de
presentación

2003
1ª Q dic19dic03
1ª Q may19may03
1ª Q nov19nov03
2ª Q ago04sep03
1ª Q jul17jul03
2ª Q dic28ene04
1ª Q sep18sep03
1ª Q jun18jun03

(ii) Ordénase al Departamento de Antioquia devolver a la demandante las sumas pagadas por concepto del tributo y los periodos a que se referían los actos anulados, indicadas en el siguiente cuadro:

PeriodoSuma que se ordena
Devolver

2003
1ª Q dic31.027.000
1ª Q may42.454.000
1ª Q nov21.224.000
2ª Q ago25.074.000
1ª Q jul23.696.000
2ª Q dic233.495.000
1ª Q sep12.476.000
1ª Q jun15.594.000

(iii) Ordénase al Departamento de Antioquia liquidar y pagar, sobre dichas sumas, los intereses de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

Reconócese personería a LUIS GUILLERMO MORALES ARIAS, como apoderado de la parte demandante, en los términos y para los efectos del memorial que está a folio 563 del cuaderno principal.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.»

1 Procesos acumulados 200603100, 200603101, 200603102, 200603103, 200603104, 20100541 [antes 2006-00028] y 201000542 [antes 2006-00047].