Sentencia 2006-03140 de octubre 16 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación: 05001-23-31-000-2006-03140-01 (20221)

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Actor: Colombiana Kimberly Colpapel S.A. (NIT. 0860015753-3)

Demandado: DIAN

Bonos de solidaridad para la paz - año gravable 1999

Bogotá, D.C., dieciséis de octubre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Corresponde decidir sobre la legalidad de la actuación administrativa, mediante la cual la administración liquidó a Colombiana Kimberly Colpapel S.A., un mayor valor a pagar por la inversión en bonos de solidaridad para la paz correspondiente al año 1999.

La controversia se contrae a determinar si la demandante, para el cálculo de la inversión en bonos de solidaridad para la paz, correspondiente al año 1999, podía descontar del patrimonio líquido poseído al 31 de diciembre de 1998, los bienes representados en acciones y aportes en sociedades extranjeras.

Para la demandante, el cálculo de la inversión resultaba claro a partir de lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley 487 de 1998 y permitía concluir sin necesidad de acudir a ningún método de interpretación, que era procedente descontar del patrimonio líquido las acciones y aportes en sociedades, toda vez que el legislador no había hecho ninguna distinción o limitación respecto de la naturaleza de las acciones que podían ser objeto del descuento, razón por la cual, en el cálculo de la primera inversión, descontó las acciones que poseía tanto en sociedades nacionales como extranjeras. Además, la actora sostiene que sólo a partir de la Sentencia C-476 del 7 de julio de 1999, que declaró la exequibilidad condicionada del ultimo inciso del artículo 4º de la Ley 487 de 1998, podía entenderse que la intención del legislador era evitar una doble inversión, entre socios y accionistas y sociedades destinatarias de la inversión, situación que no quedó plasmada en el texto definitivo de la norma transcrita.

Para la DIAN, el sentido de la norma ha sido claro desde su expedición y no es otro que el de evitar la doble tributación, pues así se desprende de la exposición de motivos de la Ley 487 de 1998, sin que sea aplicable al caso lo decidido por la Corte Constitucional en la sentencia invocada por la demandante pues, en esa oportunidad, lo debatido era la violación del derecho a la igualdad que creaba la norma a favor de las personas naturales o jurídicas que tuvieran su patrimonio en su mayoría representado en acciones.

Para resolver, la Sala considera lo siguiente:

En relación con la Ley 487 de 1998, la Sección ha indicado que esta normativa tuvo como propósito “adoptar herramientas financieras que permitieran desarrollar actividades encaminadas a la consecución de una convivencia pacífica de la sociedad colombiana y “generar una fuente de recursos excepcional y temporal de financiación que permita al Estado la materialización de la política de paz y el desarrollo de sus planes complementarios [1](7)””(8).

En esas condiciones, la Ley 487 de 1998 “Por medio de la cual se autoriza el endeudamiento público interno y se crea el fondo de inversión para la paz», autorizó al Gobierno Nacional para emitir títulos de deuda pública interna, hasta por la suma de dos billones de pesos, denominados “Bonos de solidaridad para la paz”, con un plazo de siete años y redimibles por su valor nominal en dinero.

Ahora bien, en cuanto a los destinatarios de la inversión durante los años 1999 y 2000, el artículo 3º de la Ley 487 de 1998 estableció que están obligadas: (i) las personas naturales con un patrimonio líquido a 31 de diciembre de 1998 que exceda de $ 210.000.000 y (ii) todas las personas jurídicas, salvo las excepciones previstas en los parágrafos 1º y 2º del artículo 4º ib., pero sin que la normativa haya establecido, en el caso de las personas jurídicas, una base mínima para el “patrimonio líquido” poseído(9).

En cuanto al cálculo de la inversión forzosa para las personas jurídicas, que es la que interesa en el sub examine, el artículo 4º de la Ley 487 de 1998 disponía lo siguiente:

ART. 4º—Cálculo de la inversión forzosa. El monto de la inversión forzosa establecida en el artículo anterior para cada uno de los años indicados, será equivalente al cero punto seis por ciento (0.6%) del valor que se señala a continuación:

a) Para las inversiones a efectuarse durante el año 1999.

El patrimonio líquido poseído a 31 de diciembre de 1998.

b) Para las inversiones a efectuarse durante el año 2000.

El patrimonio líquido poseído a 31 de diciembre de 1998 multiplicado por el resultado que se obtenga de sumar a la unidad el porcentaje de inflación medida en términos del índice de precios al consumidor certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística para el año de 1999.

c) Para las inversiones a efectuarse durante el año 1999 por personas jurídicas constituidas durante el año de 1998.

El patrimonio líquido poseído a 31 de diciembre de 1998.

d) Para las inversiones a efectuarse durante el año 2000 por personas jurídicas constituidas durante el año de 1998.

El patrimonio líquido poseído a 31 de diciembre de 1998 multiplicado por el resultado que se obtenga de sumar a la unidad el porcentaje de inflación medida en términos del índice de precios al consumidor certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística para el año de 1999.

e) Para las inversiones a efectuarse durante el año 2000 por personas jurídicas constituidas durante el año de 1999.

El patrimonio líquido poseído a 31 de diciembre de 1999.

Los obligados a realizar la inversión forzosa, deberán liquidarla y adquirir los correspondientes bonos en los años 1999 y 2000, dentro de los plazos que para el efecto señale el Gobierno Nacional.

Para el cálculo de la inversión de que trata el presente artículo, se descontarán del patrimonio líquido, aquella proporción que dentro del valor total de los bienes y derechos apreciables en dinero poseídos a 31 de diciembre del respectivo año, corresponda a los bienes representados en acciones y aportes en sociedades. Tratándose de las personas naturales, adicionalmente se descontarán los aportes voluntarios y obligatorios a los fondos públicos y privados de pensiones de vejez e invalidez.

PAR. 1º—No están obligadas a realizar la inversión de que trata el presente artículo las entidades señaladas en los artículos 19, 22, 23, 23-1 y 23-2 del Decreto 624 de 1989 y las entidades oficiales y sociedades de economía mixta de servicios públicos domiciliarios, de transporte masivo, industrias licoreras oficiales, loterías del orden territorial, las entidades oficiales y sociedades de economía mixta que desarrollen las actividades complementarias definidas en la Ley 142 de 1994, las sociedades que se encuentren en trámite concordatario o de liquidación obligatoria o las entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria que les hayan decretado la liquidación o que hayan sido objeto de toma de posesión.

PAR. 2º—Las personas no obligadas a efectuar la inversión forzosa de que trata la presente ley, o las personas extranjeras sin residencia o domicilio en el país, podrán voluntariamente suscribir “Bonos de solidaridad para la paz” (resaltado fuera de texto).

En igual sentido, el parágrafo del artículo 3º del Decreto 676 de 1999(10), reglamentario de la Ley 487 de 1998 dispuso que para el cálculo de la inversión debían descontarse del patrimonio líquido la proporción que dentro del valor de los bienes y derechos apreciables en dinero poseídos a 31 de diciembre del respectivo año, “corresponda a los bienes representados en acciones y aportes en sociedades”.

De lo anterior se advierte que la Ley 487 de 1998 estableció como destinatarios de la inversión forzosa en bonos de solidaridad para la paz, a todas las personas jurídicas, solo con excepción de las señaladas en los parágrafos 1º y 2º del artículo 4º de la Ley en mención, entre ellas, las personas extranjeras sin domicilio o residencia en el país, quienes de manera voluntaria podían suscribir los bonos de solidaridad para la paz.

Ahora bien, para el cálculo de la inversión y en punto a la discusión que se plantea en el asunto objeto de estudio, la Ley 487 de 1998 autorizó descontar del patrimonio líquido, base de la inversión, “aquella proporción que dentro del valor total de los bienes y derechos apreciables en dinero poseídos a 31 de diciembre del respectivo año, corresponda a los bienes representados en acciones y aportes en sociedades”.

El parágrafo 2º del artículo 3º del Decreto 676 de 1999 precisó que “Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se tendrá como patrimonio líquido el establecido en las disposiciones del libro primero del estatuto tributario que regula los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)”.

En esas condiciones, el artículo 282 estatuto tributario prevé que el patrimonio líquido se obtiene “restando del patrimonio bruto poseído por el contribuyente en el último día del año o periodo gravable el monto de las deudas a cargo del mismo, vigentes a esa fecha”. De conformidad con el artículo 261 estatuto tributario, el patrimonio bruto está constituido por “el total de los bienes y derechos apreciables en dinero poseídos por el contribuyente en el último día del año o período gravable”.

Tratándose de sociedades su “patrimonio” está constituido por el conjunto de bienes de propiedad del ente social y dentro de este se encuentra el “capital social”, que está conformado por los aportes efectuados por los socios a favor de la sociedad y, por los cuales, los socios o accionistas reciben a cambio un número determinado de cuotas partes, derechos o acciones, en este sentido, lo ha indicado la Superintendencia de Sociedades(11), así:

“1. Dentro del ámbito legal, la sociedad es una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados, de ahí que cuando los asociados realizan un aporte a la sociedad bien al ingresar o al aumentar el monto del capital original, éstos dejan de ser de propiedad de ellos, para entrar a formar parte, a partir del momento en que se legalizan dichos aportes, del patrimonio de la compañía respectiva.

2. Como contraprestación de la anterior operación, el asociado recibe a su favor un número determinado de cuotas, acciones o partes de interés, dependiendo el tipo societario de que se trate, que conforme nuestra legislación comercial, bien puede ser una sociedad de responsabilidad limitada, anónima, en comandita o colectiva.

3. (…)”.

Entonces, lo hasta aquí expuesto permite concluir lo siguiente:

(i) Que las personas jurídicas, por regla general, estaban obligadas a realizar la inversión en bonos de solidaridad para la paz.

(ii) Que las personas jurídicas calculaban la inversión forzosa con base en el patrimonio líquido poseído.

(iii) Que, las sociedades como personas jurídicas, cuentan con un patrimonio líquido del cual hace parte el capital social y que está integrado por los aportes de los socios o accionistas —que pueden ser personas naturales o jurídicas— y para quienes su inversión en la sociedad queda representada en acciones, cuotas partes o derechos.

(iv) Que las acciones o cuotas partes, a su vez, hacen parte de su patrimonio líquido del socio o accionista.

(v) Que el legislador expresamente autorizó descontar del patrimonio líquido para efectos del cálculo de la inversión forzosa, la proporción que representa dentro del patrimonio líquido de la persona jurídica y natural, el valor de los bienes representados en acciones y aportes en sociedades.

En ese contexto, la Sala advierte que, la regulación integral de la inversión forzosa en los bonos de solidaridad para la paz, permite concluir que la autorización contenida en el artículo 4º de la Ley 487 de 1998, para excluir del cálculo de la inversión los bienes representados en aportes y acciones en sociedades, no fue una decisión caprichosa del legislador sino que tenía como finalidad evitar una doble inversión en los bonos, esto es, que el valor de las acciones o aportes en una sociedad hiciera parte del patrimonio líquido base del cálculo de la inversión, tanto para la sociedad como para el socio o accionista.

Como se vio, para el entendimiento del artículo 4º de la Ley 487 de 1998 no era necesario acudir a los antecedentes legislativos, pues la determinación de su verdadero alcance proviene no solo de la lectura integral de la citada ley y de la finalidad de la inversión forzosa sino, además, de la aplicación directa de los conceptos de equidad y de justicia previstos en el numeral 9º del artículo 95 de la Carta(12) pues, como lo dijo la Corte en la Sentencia C-476 de 1999, y a la que luego se hará referencia, “[i]ndependiente de la discusión doctrinal sobre si esta clase de empréstitos [bonos de solidaridad para la paz] tienen el carácter impositivo de los tributos, o si la inversión de que trata la ley [487 de 1998] acusada es un impuesto o no, asunto que no se analizará en esta providencia por no ser el punto que se debate, es claro que el legislador, al momento de diseñar cualquier instrumento para que las personas contribuyan con el financiamiento de los gastos e inversiones del Estado, y una de ellas es, sin lugar a dudas la paz, debe dar aplicación a principios tales como el de la equidad y justicia que exige la Constitución (art. 95, num. 9º), para que estos mecanismos, que no necesariamente han de ser impuestos, no se conviertan en medios que hagan la situación de los sujetos obligados desventajosa o gravosa” (resaltado fuera de texto).

En esa línea interpretativa y para el caso concreto, el valor de las acciones que la actora poseía en sociedades extranjeras no generaba la doble inversión que pretendía evitar la norma, en la medida en que las sociedades extranjeras no estaban obligadas a realizar la inversión forzosa en los bonos de la solidaridad para la paz(13), razón por la cual, debían ser incluidas(14) por la demandante dentro del patrimonio líquido para el cálculo de la inversión forzosa en los bonos establecidos en la Ley 487 de 1998.

Ahora bien, como lo señalan las partes, en Sentencia C-476 del 7 de julio de 1999, la Corte Constitucional analizó la constitucionalidad del aparte del artículo 4º de la Ley 487 de 1998 que es objeto de estudio en este caso por la Sala. En dicha oportunidad la Corte declaró la exequibilidad de la norma, “bajo el entendido que dicho descuento sólo se justifica cuando la sociedad de la que se es socio o accionista, esté obligada a efectuar la inversión de que trata el artículo 3º de la Ley 487 de 1998”.

Vale la pena precisar que la norma fue acusada ante la Corte, porque el demandante consideraba que era violatorio del principio de igualdad y del artículo 95-9 C.P., por las siguientes razones:

“Sin embargo, la norma parcialmente acusada establece una distinción que resulta contraria a los postulados de la igualdad (art. 13) y al deber de todo ciudadano de propender al logro y mantenimiento de la paz (art. 95, num. 6º), pues sin razón alguna que lo justifique, el legislador ordenó, para efectos de determinar el patrimonio base para liquidar la inversión de que trata la ley acusada, no tener en cuenta el valor de los bienes representados en acciones y aportes a una sociedad, pese a que éstos pueden representar la mayor parte del patrimonio de una persona

Con esta exclusión, entonces, resultan beneficiadas las personas cuyo patrimonio está compuesto en su mayor parte por acciones y aportes a una sociedad, en relación con quien tiene un patrimonio similar, pero no representando en esta clase de bienes, pues el monto de la inversión que han de realizar estos últimos será mayor, sin que exista razón que justifique este trato diverso. En otros términos, se favorece a quien puede tener un patrimonio mayor, pues obligado a contribuir en proporción a su riqueza con el objetivo de la ley, en cumplimiento del deber constitucional que consagra el artículo 95, numeral 6º, éste resulta invirtiendo menos frente a aquellos que tienen un patrimonio igual o inferior al suyo”.

En la sentencia citada, la Corte Constitucional realizó el siguiente análisis:

Por ello, es necesario ahondar en las razones que tuvo el legislador para efectuar esta exclusión, a efectos de determinar si ella encuentra algún sustento que la haga compatible con los postulados constitucionales, en especial, con los que el actor considera desconocidos: la igualdad y el deber de contribuir con la obtención y mantenimiento de la paz.

4.7. En materia de sociedades, el legislador haciendo abstracción de las personas que las conforman, optó por distinguir entre los socios y la sociedad. Para el efecto, señaló que “La sociedad forma una persona jurídica distinta de los socios” (C.C., art. 2079 y C. Co., art. 98) como una forma de permitir no sólo la ejecución eficaz del objeto social sino la determinación y limitación de la responsabilidad de cada uno de los socios frente a la sociedad. En consecuencia, distinguió, también, entre el patrimonio social y el patrimonio de cada uno de los asociados.

El patrimonio social, que se forma, en una primera instancia, con los bienes apreciables en dinero que el socio se obliga a entregar a la sociedad y que le permitirán a ésta ejecutar o desarrollar su objeto social —aportes sociales—. Aportes que hacen parte de los activos de la sociedad, pero que ésta debe reembolsar al socio, una vez se cancelen los pasivos sociales externos, es decir que integran igualmente el pasivo social. En otros términos, el aporte hace parte del patrimonio del socio y de la sociedad.

4.8. En la exposición de motivos del proyecto de ley, aprobado como Ley 487 de 1998, en relación con este punto, se afirma:

Para evitar la doble obligación de inversión que podría derivarse de la propiedad accionaria que hace parte del patrimonio de las personas naturales, el proyecto excluye del patrimonio líquido y para efectos del cálculo de la inversión, los bienes que correspondan a acciones y aportes en sociedades” (resaltado fuera del texto) (Gaceta del Congreso Nº 17, pág. 43).

Igualmente, en el informe de ponencia presentado para darle primer debate al mencionado proyecto, en relación con el artículo 4º, se señala:

“Se precisa de la misma forma en el artículo 4º del proyecto, que para efectos del cálculo de la inversión forzosa, tanto las personas jurídicas como las naturales, descontarán del patrimonio líquido, aquella proporción que dentro del total de los bienes y derechos apreciables en dinero, poseídos a 31 de diciembre del respectivo año, corresponda a los bienes representados en acciones y aportes en sociedades... Esto con el fin de garantizar los principios de justicia y equidad y evitar la posible doble obligación de inversión que podrá derivarse de la propiedad accionaria tanto en personas jurídicas como en naturales” (resaltado fuera de texto) (Gaceta del Congreso Nº 284, nov. 20/98, pág. 4).

La modificación que introdujo el grupo de ponentes, en este punto, consistió en establecer que no sólo las personas naturales, tal como lo establecía el proyecto presentado por el gobierno, sino también las jurídicas propietarias de aportes o acciones en una sociedad, no deberían contabilizar el valor de éstas en su patrimonio, a efectos de evitar una doble inversión.

4.9. ¿Por qué se habla de una doble inversión? Porque el legislador teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de la titularidad de la propiedad accionaria y de los aportes a una sociedad, consideró inequitativo que el valor de estos bienes fuese contabilizado tanto por los socios como por la sociedad, como parte de su patrimonio, cuando en realidad se trata de un mismo bien que integra dos patrimonios, jurídicamente considerados diversos. Si el socio como la sociedad tuvieran que contabilizar el valor de los aportes y acciones para efectos de la inversión que trata la Ley 487 de 1998, un mismo bien resultaría computado dos veces, aumentado el valor de esta última.

Es claro, entonces, que para efectos de la norma que ahora es objeto de análisis, el legislador, al efectuar la exclusión que ahora se demanda, sólo buscó dar aplicación a los principios de equidad y justicia, pues evitó que el valor de las acciones y aportes se contabilizará por duplicado, tanto en el patrimonio del socio como en el de la sociedad correspondiente. De esta manera, se dio eco a una amplia y vieja discusión en relación con la doble imposición a la que pueden resultar expuestos las sociedades y los socios en razón a su patrimonio” (resaltado fuera de texto).

Con fundamento en las anteriores consideraciones y frente a los cargos planteados por el demandante, la Corte concluyó lo siguiente:

“Bajo este entendido, no le asiste razón al demandante al considerar que el legislador está dando un tratamiento preferencial a los propietarios de acciones y aportes en sociedades al no tener que incluir el valor de éstas en el monto de su patrimonio, pues es claro que éste consideró que las personas que tuviesen parte de su patrimonio representado en esta clase de bienes no deberían contabilizar éstos, no porque no hicieran parte del patrimonio, pues se desconocería la propia definición que el legislador efectuó de este concepto, ni como una concesión graciosa para éstos, sino porque su valor, al hacer parte integral del patrimonio de la sociedad correspondiente, tendrá que tenerse en cuenta por ésta y no por el socio, para el cálculo tanto del valor del patrimonio social como del monto de la inversión que fijó la Ley 487 de 1998.

En este mismo sentido, tampoco es válido afirmar, como lo hace el actor, que se esté exonerando a las personas con mayor capacidad económica de cumplir con el deber constitucional de contribuir con la obtención y mantenimiento de la paz, deber que se ve materializado, en este caso, con la inversión forzosa que estableció la Ley 487 de 1998, pues como ya se ha explicado, el valor de esos bienes hacen parte del patrimonio que la sociedad correspondiente ha de tener en cuenta para determinar el monto de la pluricitada inversión.

4.11. Sin embargo, y dentro de esta lógica, es claro para esta corporación que la persona natural o jurídica no podrá descontar del patrimonio líquido, aquella proporción que dentro del valor total de los bienes y derechos apreciables en dinero, corresponda a los bienes representados en acciones y aportes en tales sociedades, cuando la sociedad de la que éstos hacen parte, no esté obligada a efectuar la inversión de que trata la Ley 487 de 1998, bien por estar exonerada —sociedades enumeradas en el parágrafo 1º del artículo 4º de la Ley 487 de 1998—, o por no poseer el patrimonio mínimo que fija la ley para efectuar la inversión.

La razón de esta distinción es, precisamente, no desnaturalizar el fundamento que tuvo el legislador para ordenar la mencionada exclusión: la doble inversión.

De permitirse a las personas naturales o jurídicas que efectúen la mencionada deducción, pese a que las sociedades de las cuales son aportantes o accionistas no resulten obligadas a realizar la inversión de que trata la Ley 487 de 1998, sería admitir que éstas, por el sólo hecho de tener parte de su patrimonio representado en esta clase de bienes, ostentan una situación ventajosa frente a otros sujetos obligados a efectuar la misma inversión, puesto que su patrimonio no estaría reflejando el valor real. Bien porque al descontar el valor de estos bienes, el total del patrimonio se reduzca por debajo del mínimo que exige la ley para efectuar la inversión, o porque el monto de ésta sea inferior al que, sumados esos valores, se estaría obligado a realizar.

Esta interpretación hace que el fin último del legislador, al consagrar la mencionada exclusión se cumpla efectivamente, pues se logra no sólo conservar la equidad en la ejecución de la obligación que impone la Ley 487 de 1998, sino que todas las personas llamadas a efectuarla lo hagan de manera efectiva, en observancia de sus deberes constitucionales. Nada justifica que si una sociedad no está obligada a efectuar la inversión a la que hemos venido haciendo referencia, pueda la persona natural o jurídica valerse de la condición de socio o accionista en ella, para descontar el valor de sus acciones o aportes, a efectos de disminuir el monto de su patrimonio y, en consecuencia, el de la inversión que está obligado a efectuar.

Se repite, una comprensión diversa de la norma acusada, desnaturalizaría no sólo la razón de ser de la exclusión que el legislador introdujo en ella, sino que pondría a unos sujetos, en razón de la composición de su patrimonio, en una situación ventajosa frente a otros sujetos que se encuentran en el mismo supuesto” (resaltado fuera de texto)

Pues bien, la Sala advierte que el análisis de la Corte estuvo circunscrito a determinar la posible existencia de una vulneración del derecho a la igualdad entre los obligados a realizar la inversión y, por ende, su decisión, como lo dijo el a quo, estuvo referida a cuáles acciones de sociedades nacionales podían ser excluidas, que no es el caso aquí discutido.

Y si bien es cierto, la Corte acudió a los antecedentes legislativos para apoyar su decisión, una lectura atenta del análisis realizado en la sentencia permite concluir que la Corte Constitucional también inició el estudio de la norma a partir del entendimiento del patrimonio de la sociedad y el de los socios, de los principios de equidad y justicia y, lo más importante porque, en palabras de la misma Corte Constitucional “se dio eco a una amplia y vieja discusión en relación con la doble imposición a la que pueden resultar expuestos las sociedades y los socios en razón a su patrimonio”, por tal motivo, la exequibilidad condicionada no tuvo efectos retroactivos, sino que se limitó a reafirmar el entendimiento que deviene de la misma norma al excluir del patrimonio líquido del inversionista, los aportes y acciones en sociedades cuando estos hacen parte de la base del cálculo de la inversión de una sociedad obligada a suscribir los bonos.

Al margen de lo anterior, la Sala observa que la demandante, al conocer la sentencia de la Corte, proferida el 7 de julio de 1999, bien pudo ajustar el cálculo de la inversión realizada para el año 1999 y subsanarlo en la cuota correspondiente al 70% y que fue pagada el 25 de octubre de 2000.

En consecuencia, no prospera el recurso de apelación, toda vez que los actos acusados se ajustan a lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley 487 de 1998.

Sin embargo, como lo advierte la demandante en el recurso de apelación, al mantener la legalidad de los actos acusados, la actora, como lo disponen los actos demandados, queda obligada al pago del mayor valor determinado en la inversión forzosa más los intereses moratorios, no puede perderse de vista, que el capital se paga a título de inversión en bonos de solidaridad para la paz y la normativa que los regulaba, para la fecha en que se profiere esta sentencia, ya no tiene aplicación, entonces, tal situación hace necesario, como lo solicita la recurrente que, en este caso particular y concreto, deba precisarse la suma adeudada por la actora, de manera coherente con la naturaleza del pago exigido, esto es, de manera congruente con la regulación de la inversión forzosa prevista en la Ley 487 de 1998 y el manejo que correspondía darle a estos recursos.

Se reitera entonces que los bonos eran una inversión que realizaba la persona obligada a su suscripción y, a cambio, la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público reconocía por siete años unos rendimientos anuales que se pagaban a partir del año siguiente a la fecha en que se realizaba la inversión primaria, al cabo de los cuales se devolvía el valor nominal de la inversión en dinero(15).

El artículo 2º del Decreto 676 de 1999 previó lo siguiente:

ART. 2º—Características de los bonos de solidaridad para la paz.

a) Serán títulos a la orden, denominados en moneda legal;

b) Se emitirán a partir del mes de mayo del año de 1999;

c) Tendrán un vencimiento de siete (7) años, contados a partir de la fecha en que se efectúe la inversión primaria;

d) Generarán intereses anuales vencidos, en un porcentaje igual al ciento diez por ciento (110%) de la variación de precios al consumidor para ingresos medios certificados por el DANE para el año respectivo, definido como aquel cuyo vencimiento haya ocurrido dos (2) meses calendario antes de la fecha de exigibilidad de los intereses;

e) Los intereses se pagarán en siete (7) vencimientos anuales iguales y sucesivos, el primero de los cuales tendrá lugar un (1) año después de la fecha en que se realice la inversión primaria;

Emiten…

f) Serán colocados por las instituciones financieras que autorice el Ministerio de Hacienda y Crédito Público;

g) Se emitirán, colocarán y circularán en forma desmaterializada;

h) Se podrán fraccionar en múltiplos de un mil pesos ($ 1.000), siempre que el valor nominal mínimo de los títulos resultantes no sea inferior a cien mil pesos ($ 100.000);

i) Serán libremente negociables en el mercado de valores;

j) La inversión se deberá liquidar y pagar aproximando el valor a invertir al múltiplo de mil (1.000) más cercano;

k) A partir de la fecha de su vencimiento, serán redimidos a través de las instituciones financieras que autorice el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en moneda legal colombiana por el ciento por ciento (100%) de su valor nominal y se podrán utilizar para el pago de impuestos, anticipos, retenciones, sanciones e intereses que administre la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

PAR.—Para efectos de su negociabilidad en las bolsas de valores el Ministerio de Hacienda y Crédito Público —Dirección General de Crédito Público— solicitará su correspondiente inscripción.

En relación con la forma de pago de la inversión para el año 1999, por parte de las personas jurídicas calificadas como grandes contribuyentes, como es el caso de la demandante(16), el artículo 4º del Decreto 676 de 1999, dispuso lo siguiente:

ART. 4º—Distribución de la inversión forzosa. La inversión primaria de bonos de solidaridad para la paz se deberá realizar según el cronograma establecido en el artículo 5º del presente decreto y en la siguiente forma:

a) Las inversiones correspondientes al año 1999 por parte de personas jurídicas calificadas como grandes contribuyentes, así:

— El 30% de la inversión, hasta la fecha límite del mes de mayo de 1999, y

— El 70% de la inversión, hasta la fecha límite del mes de octubre de 1999;

(…).

En el caso concreto, la Resolución 110662006000004 del 27 de febrero de 2006, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición y que es objeto de demanda, indica que la demandante pagó la suma de $ 1.524.241.000 correspondiente a la inversión del año 1999, así:

ReciboFechaPorcentajeInversiónIntereses
00311999-05-1130%$ 471.838.000$ 0
00082000-10-25(17)70%$ 1.052.403.000$ 0

De acuerdo con la “Hoja de trabajo” que obra en el folio 93, la administración determinó que la inversión del año 1999 que debió pagar la actora era de $ 2.060.700.000, suma que se distribuía de la siguiente manera:

FechaPorcentajeInversión
11 de mayo de 199930%$ 618.210.000
25 de octubre de 200070%$ 1.442.490.000

Así, el mayor valor determinado por la demandada fue de $ 536.459.000 y en los actos acusados señaló que la actora debía pagar los intereses moratorios correspondientes. En efecto, el artículo 6º de la Ley 487 de 1998(18) previó la sanción por incumplimiento en los siguientes términos:

ART. 6º—Intereses de mora. Las personas que se encuentren obligadas a invertir en los bonos de solidaridad para la paz, que omitan la inversión, la realicen de manera extemporánea o la realicen por una suma inferior a la debida deberán cancelar intereses moratorios a la misma tasa prevista para el pago de obligaciones tributarias del orden nacional, sobre los montos dejados de invertir, desde, el vencimiento del plazo señalado para la inversión y hasta la fecha en que se efectúe.

En ese contexto, la Sala advierte que el mayor valor determinado en los actos acusados corresponde a una inversión que la actora debió hacer el 11 de mayo de 1999 y que durante 7 años(19) (2000 a 2006) generaría a favor de la demandante unos rendimientos, de acuerdo con lo señalado en la Ley 487 de 1998 y su norma reglamentaria, así:

Intereses anuales (IPC - Ingresos medios)

AñoCapital
($)
Fecha de exigibilidad(20)IPC110% - IPCValor indexado
($)
1536.459.00011-03-009,7310,70357.417.207
2536.459.00011-03-017,818,59146.087.193
3536.459.00011-03-025,896,47934.757.179
4536.459.00011-03-037,608,3644.847.972
5536.459.00011-03-046,216,83136.645.514
6536.459.00011-03-055,035,53329.682.276
7536.459.00011-03-064,114.52124.253.311
     $ 273.690.652

No obstante lo anterior, como la demandante no hizo la inversión por el total que le correspondía, se generaron unos intereses moratorios sobre el mayor valor determinado, entre la fecha en que debió hacerse la inversión, 11 de mayo de 1999 y la fecha en que debió redimirse el bono(21), esto es, el 11 de mayo de 2006, como se indica a continuación:

Intereses moratorios (L. 487/98, art. 6º; D. 676/99, art. 6º)

CapitalDesdeHastaTasa interés moratorioDías de moraIntereses moratorios
536.459.00011-05-199930-06-199947.135135.327.368
536.459.00001-07-199930-09-199929.559239.956.642
536.459.00001-10-199931-12-199928.669238.753.210
536.459.00001-01-200031-03-200027.139035.886.902
536.459.00001-04-200030-06-200015.559111.655.858
536.459.00001-07-200030-09-200017,589223.512.778
536.459.00001-10-200031-12-200018,729225.312.634
536.459.00001-01-200131-03-200119,629025.952.858
536.459.00001-04-200130-06-200120,019126.762.837
536.459.00001-07-200131-10-200136,3212365.659.054
536.459.00001-10-200128-02-200234,1315175.745.512
536.459.00001-03-200230-06-200232,2812257.881.134
536.459.00001-07-200231-10-200229,209540.770.884
536.459.00001-11-200227-12-200228,605723.959.876
536.459.00028-12-200228-02-200328,606226.061.619
536.459.00001-03-200330-06-200326,5812247.660.487
536.459.00001-07-200331-10-200326,4012347.725.744
536.459.00001-11-200329-02-200426,8112147.678.859
536.459.00001-03-200430-06-200425,6612246.010.839
536.459.00001-07-200431-10-200425,6112346.297.587
536.459.00001-11-200528-02-200524,9912044.074.884
536.459.00001-03-200530-06-200525,2212245.221.877
536.459.00001-07-200531-10-200524,5812344.435.560
536.459.00001-11-200531-12-200523,336120.916.463
536.459.00001-01-200628-02-200623,335920.230.677
536.459.00001-03-200611-05-200622,317223.608.899
     987.061.042

En esas condiciones, el valor adeudado por la demandante por concepto de intereses moratorios se determina así:

ConceptoValor
Intereses moratorios$ 987.061.042
(-) Rendimiento (intereses anuales)$ 273.690.652
Total$ 713.370.390

Por lo expuesto, se confirmará la sentencia apelada que negó la nulidad de los actos acusados, pero se adicionará para fijar el valor adeudado por la demandante, correspondiente a los intereses moratorios generados sobre el monto dejado de invertir en bonos de solidaridad para la paz correspondientes al año 1999, conforme a la liquidación realizada por la Sala.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

1. ADICIÓNASE la sentencia del 6 de septiembre de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así:

“FÍJESE como valor a pagar a cargo de Colombiana Kimberly Colpapel S.A., NIT. 0860015753-3, la suma de setecientos trece millones trescientos setenta mil trescientos noventa pesos m/cte. ($ 713.370.390), por concepto de intereses moratorios generados sobre el valor dejado de invertir en bonos de solidaridad para la paz, correspondiente al año gravable 1999, de acuerdo con la liquidación inserta en la parte motiva de esta providencia”.

2. CONFÍRMASE en lo demás la sentencia apelada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Reconócese personería a la doctora Sandra Patricia Moreno Serrano, como apoderada de la entidad demandada y en los términos del poder que obra a folio 180.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.»

(7) Gaceta del Congreso 171, pág. 43.

(8) Sentencia del 23 de agosto de 2007, expediente 14655, M.P. Dr. Héctor J. Romero Díaz.

(9) Ley 487 de 1998, artículo 3º obligados a efectuar inversión forzosa. Deberán efectuar una invasión forzosa en bonos de solidaridad para la paz durante los años 1999 y 2000, las personas naturales cuyo patrimonio líquido a 31 de diciembre de 1998 exceda de doscientos diez millones de pesos ($ 210.000.000) y las personas jurídicas.

PAR. 1º—Las personas jurídicas constituidas durante el año de 1999 deberán efectuar la inversión forzosa de que trata el presente artículo durante el año 2000.

PAR. 2º—Para efectos de lo dispuesto en la presente ley, se considera patrimonio líquido el determinado de conformidad con las disposiciones del libro primero del estatuto tributario que regula los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.

(10) “Por el cual se ordena la emisión de los títulos de deuda pública interna denominados “Bonos de solidaridad para la paz”, se fijan las características de su emisión, los plazos de suscripción y se dictan otras disposiciones”.

(11) 220-10806 de 2007.

(12) C.P., artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de la persona y del ciudadano: 1. (…) 9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad.

(13) ART. 4º—Cálculo de la inversión forzosa. El monto de la inversión forzosa establecida en el artículo anterior para cada uno de los años indicados, será equivalente al cero punto seis por ciento (0.6%) del valor que se señala a continuación:

PAR. 2º—Las personas no obligadas a efectuar la inversión forzosa de que trata la presente ley, o las personas extranjeras sin residencia o domicilio en el país, podrán voluntariamente suscribir “Bonos de solidaridad para la paz”.

(14) La demandante no demostró que las sociedades extranjeras en las que tiene participación hayan realizado voluntariamente inversión en los bonos de solidaridad para la paz.

(15) Ley 487 de 1998, artículo 2º Redención. Los bonos serán redimidos a partir de la fecha de su vencimiento por su valor nominal en dinero y podrán ser utilizados para el pago de impuestos, anticipos, retenciones, intereses y sanciones administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Los intereses causados por los bonos, se pagarán anualmente.

(16) Folio 88.

(17) Debe precisarse que aunque el artículo 4º del Decreto 676 de 1999 disponía que el pago de la segunda cuota de la inversión de 1999 se debía hacer en el mes de octubre de 1999, este plazo fue modificado por el artículo 28 de la Ley 608 de 2000 que dispuso lo siguiente: ART. 28.—La inversión prevista en la Ley 487 de 1998 de los denominados bonos de solidaridad para la paz, se pospondrá de la siguiente forma: La segunda cuota de la inversión a suscribir en el año de 1999, es decir, el setenta por ciento (70%), debe ser cancelada a partir del mes de octubre del año 2000, conforme al decreto expedido para tal fin por el Gobierno Nacional. Los pagos que se deberían efectuar en el año 2000, se realizarán el año 2001, en las fechas que señale el Gobierno Nacional para tales efectos.

(18) En igual sentido, el Decreto 676 de 1999 dispuso lo siguiente: ART. 6º—Sanción por incumplimiento. Las personas que se encuentran obligadas a invertir en los bonos de solidaridad para la paz, que omitan la inversión; la realicen de manera extemporánea o la realicen por una suma inferior a la debida, deberán cancelar, sobre los montos dejados de invertir, por cada mes o fracción de mes calendario de retardo en el pago, desde el vencimiento del plazo señalado para la inversión y hasta la fecha en que se efectúen, intereses moratorios a la tasa prevista para el pago de obligaciones tributarias del orden nacional.

(19) ART. 2º—Características de los bonos de solidaridad para la paz. a) (…) c) Tendrán un vencimiento de siete (7) años, contados a partir de la fecha en que se efectúe la inversión primaria;

(20) Si bien el pago de la primera cuota se debió hacer el 11 de mayo de 1999, para el cálculo de los rendimientos el literal d) del artículo 2º del Decreto 676 de 1999 disponía: ART. 2º—Características de los bonos de solidaridad para la paz. a) (…) d) Generarán intereses anuales vencidos, en un porcentaje igual al ciento diez por ciento (110%) de la variación de precios al consumidor para ingresos medios certificados por el DANE para el año respectivo, definido como aquel cuyo vencimiento haya ocurrido dos (2) meses calendario antes de la fecha de exigibilidad de los intereses;

(21) Se toma esta fecha porque la demandante no hizo el pago completo de la inversión, pero el mayor valor determinado debía ser devuelto a la actora por la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público a los siete años de realizar la inversión.