Sentencia 2006-03145/0654-2014 de junio 23 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - S UBS ECCIÓN “A”

Rad.: 680012331000200603145 01

Número interno: 0654-2014

Consejero Ponente:

Dr. William Hernández Gómez

Actor: Hospital Integrado San Juan de Dios de Piedecuesta en Liquidación

Demandado: Carlota Bohórquez de Quintero

Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho - Decreto 01 de 1984

Bogotá, D. C., junio veintitrés de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Problema jurídico

El problema jurídico que se debe resolver en esta sentencia se resume en las siguientes preguntas:

¿La pensión reconocida por el Hospital Integrado San Juan de Dios de Piedecuesta en Liquidación(1) por medio de la Resolución 084A del 1º de octubre de 2000 a la señora Carlota Bohórquez de Quintero con fundamento en una convención colectiva de trabajo suscrita por la entidad y por el sindicato Anthoc, quedó convalidada al tenor de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley 100 de 1993?

El problema jurídico planteado se resolverá en el siguiente orden: (I) Vinculación de los servidores del sector salud, II) Competencia para la fijación del régimen pensional de empleados públicos; (III) De la posibilidad de los empleados públicos a beneficiarse de convenciones colectivas; (IV) Situaciones consolidadas conforme al artículo 146 de la Ley 100 de 1993 y, (v) Del caso concreto.

(I) Naturaleza jurídica de la vinculación de los servidores del sector salud

Con el fin de definir el contexto normativo que afectó la naturaleza jurídica de la vinculación de la señora Carlota Bohórquez de Quintero con el Hospital Integrado San Juan de Dios de Piedecuesta en Liquidación, se harán las siguientes precisiones:

De manera general, el Decreto-Ley 3135 de 1968, estableció los criterios para efectos de determinar quiénes son servidores públicos y quienes trabajadores oficiales, al señalar:

“Artículo 5º. Empleados públicos y trabajadores oficiales. Las personas que prestan sus servicios en los ministerios; departamentos administrativos, superintendencias y establecimientos públicos son empleados públicos; sin embargo, los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales.

En los estatutos de los Establecimientos Públicos se precisará qué actividades pueden ser desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo(2).

Las personas que prestan sus servicios en las empresas industriales y comerciales del Estado son trabajadores oficiales; sin embargo, los estatutos de dichas empresas precisarán qué actividades de dirección o confianza deban ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos(3).

Posteriormente, el Decreto 056 de 15 de enero de 1975(4), organizó el Sistema Nacional de Salud como el “conjunto de organismos, instituciones, agencias y entidades que tengan como finalidad específica procurar la salud de la comunidad en los aspectos de promoción, protección, recuperación y rehabilitación”, y definió sus funciones.

Por su parte, el Decreto 356 del 5 de marzo de 1975 “por el cual se establece el régimen de adscripción y vinculación de las entidades que prestan servicios de salud”, en el artículo 17, previó las categorías de los hospitales que funcionaran como entidades adscritas o vinculadas al sistema nacional de salud, dentro de los cuales se incluyó a los hospitales universitarios.

A su turno, el Decreto 394 del 14 de abril de 1975 “Por el cual se establece el estatuto de personal para el Sistema Nacional de Salud”, reguló la administración de personal de los organismos de dirección del Sistema Nacional de Salud, y dispuso que quienes prestaran sus servicios en cargos permanentes de los organismos de dirección del Sistema Nacional de Salud y en sus entidades adscritas, serían empleados públicos, y sin embargo, las personas que al entrar en vigencia dicho decreto estuvieren vinculados en las mismas entidades en calidad de trabajadores oficiales, podrían continuar en dicha categoría.

Luego, la Ley 10 de 1990, como consecuencia de la implementación del proceso de descentralización política y administrativa, reorganizó el servicio de salud, y en lo relevante al particular, clasificó en el artículo 26, los empleos de la estructura administrativa de la Nación, de las entidades territoriales o de sus entidades descentralizadas, para la organización y prestación de los servicios de salud, para señalar que serían empleados públicos ya fuera de libre nombramiento y remoción o de carrera, esta última es la regla general, y solamente estarían se exceptuarían de ella los siguientes:

“[…]

1. En la administración nacional central o descentralizada, los enumerados en las letras a), b), c) e i) del artículo 1º de la Ley 61 de 1987.

2. En las entidades territoriales o en sus entes descentralizados:

a. Los de secretario de salud o director seccional o local del sistema de salud, o quien haga sus veces,

b. Los de director, representante legal de entidad descentralizada

c. Los empleos que correspondan a funciones de dirección”.

Además, previó que quienes desempeñaran cargos no directivos destinados al mantenimiento de la planta física hospitalaria o de servicios generales tendrían la categoría de trabajadores oficiales, en consonancia con el artículo 5º del Decreto 3135 de 1968, antes transcrito.

Para continuar con el orden cronológico del marco normativo, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-484 de 1995, declaró inexequibles las expresiones “En los estatutos de los establecimientos públicos se precisará qué actividades pueden ser desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo” y “sin embargo, los estatutos de dichas empresas precisarán qué actividades de dirección o confianza deban ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos”, contenidas en el Decreto-Ley 3135 de 1968, por considerar, en síntesis, que la autonomía de las entidades descentralizadas no llega al punto de permitirles que definan en sus estatutos las actividades que pueden ser desarrolladas por trabajadores oficiales, pues esta es una atribución del legislador, a quien corresponde la clasificación de los empleos de la administración nacional.

En este punto, se concluye que los servidores de las entidades públicas del sector salud tenían la condición de empleados públicos, la cual se mantuvo con la expedición de la Ley 100 de 1993, que en el artículo 195, dejó a cargo de las empresas sociales del Estado, la prestación de servicios de salud, cuyo personal tendría el carácter de empleados públicos y trabajadores oficiales, conforme a las reglas antes mencionadas contenidas en la Ley 10 de 1990.

(II) Competencia para la fijación del régimen pensional de empleados públicos

Es importante tener presente que la Constitución Política de 1886, estableció:

“Artículo 62. La ley determinará los casos particulares de incompatibilidad de funciones; los de responsabilidad de los funcionarios y modo de hacerla efectiva; las calidades y antecedentes necesarios para el desempeño de ciertos empleos, en los casos no previstos por la Constitución; las condiciones de ascenso y de jubilación; y la serie o clase de servicios civiles o militares que dan derecho a pensión del Tesoro público”. (Resalta la Sala)

En el ordinal 9º del artículo 76, modificado por el Acto Legislativo 1 de 1968, estableció que correspondía al Congreso hacer las leyes, y por medio de ellas ejercía las siguientes atribuciones:

“Determinar la estructura de la administración nacional mediante la creación de ministerios, departamentos administrativos y establecimientos públicos, y fijar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, así como el régimen de sus prestaciones sociales”. (Se subraya).

Por su parte, la Constitución Política de 1991, en el artículo 150 numeral 19 literal e), facultó al Congreso de la República para expedir las leyes y a través de ellas señalar los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular el régimen prestacional de los servidores públicos. Igualmente, de acuerdo con el artículo 48 ibídem, la seguridad social, a la cual pertenece la materia pensional, es un servicio público que se presta con sujeción a los principios allí enunciados, en los términos que establezca la ley.

A su vez la Ley 4ª de 1992, prevé lo siguiente:

“Artículo 1º. El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional de:

a) Los empleados públicos de la Rama Ejecutiva Nacional, cualquiera que sea su sector, denominación o régimen jurídico;

[…]

Artículo 2º. Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores enumerados en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los siguientes objetivos y criterios:

a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales;

b) El respeto a la carrera administrativa y la ampliación de su cobertura;

c) La concertación como factor de mejoramiento de la prestación de los servicios por parte del Estado y de las condiciones de trabajo; (subraya la Sala)

[…]”.

El artículo 10 de esta misma norma determina:

“Todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las disposiciones contenidas en la presente ley o en los decretos que dicte el Gobierno Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos”.

Así pues, resulta evidente que el constituyente atribuyó la facultad para expedir normas en materia prestacional al legislador y de manera concurrente al Gobierno Nacional, pero no otorgó dicha potestad a ninguna otra autoridad.

Ahora bien, frente a este mismo aspecto consideró la Corte Constitucional en Sentencia C-510 de 14 de julio de 1999:

“En vigencia de la Constitución de 1886, el Acto Legislativo 1 de 1968 modificó el artículo 76, numeral 9º original de ésta, e introdujo para la materia que él regulaba el concepto de las leyes cuadro del derecho francés, al establecer la competencia del legislador para “... fijar las escalas de remuneración correspondiente a las distintas categorías de empleo”, al tiempo que le asignó al Presidente de la República la facultad de “... fijar sus dotaciones y emolumentos... con sujeción a la leyes a que se refiere el ordinal 9 del artículo 76”. Al referirse a la competencia del legislador y del Presidente de la República en esta materia, la Corte Suprema de Justicia, en su momento, afirmó que estos artículos tenían que entenderse en el sentido según el cual la Constitución le asignaba al primero la atribución de crear la parte estática y permanente de la administración, mientras el segundo tenía la función de hacerla dinámica, mediante el ejercicio de atribuciones administrativas.

La Constitución de 1991, por su parte, al regular lo relativo a las atribuciones del Congreso de la República, estableció en el artículo 150, numeral 19, literal e), que a éste le corresponde dictar normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para regular, entre otras materias “el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la fuerza pública”. (Subrayas fuera de texto)

El Constituyente de 1991, entonces, conservó el concepto que venía desde la reforma constitucional de 1968, en relación con la necesidad de la existencia de una competencia compartida entre el legislador y el ejecutivo en la regulación de determinadas materias, una de ellas la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, entre otros servidores del Estado, en donde la función del primero se debe limitar a establecer unos marcos generales, unos lineamientos que le circunscriban al segundo la forma como éste ha de desarrollar su actividad reguladora para los asuntos específicamente señalados por la propia Constitución.

3.2. En relación con la determinación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, a diferencia de lo que acontecía en vigencia de la Constitución de 1886, en donde el Congreso era quien señalaba la escala de remuneración de los distintos empleos, hoy, el legislador debe simplemente fijar los principios y los parámetros que el Gobierno ha de tener en cuenta para establecer no sólo la escala de remuneración sino los demás elementos que son propios de un régimen salarial y prestacional”.

De ahí se concluye, que ni a la luz de la Constitución de 1886 ni a partir de la Carta de 1991, las entidades territoriales o del sector descentralizado, pueden expedir actos de reconocimiento pensional con fundamento en acuerdos internos o extralegales, pues no tenían facultades para ello. En esas condiciones, resultan ilegales las disposiciones que en esta materia se expidan a través de normas de carácter local como ordenanzas, acuerdos municipales, resoluciones o acuerdos de establecimientos públicos, nacionales o departamentales, que regulen la materia; así como las contenidas en convenciones colectivas suscritas por los sindicatos de empleados públicos que establezcan disposiciones relativas a este tópico(5).

En consecuencia, son normas tales como las leyes 6ª de 1945, 33 de 1985, 62 de 1985 y la Ley 100 de 1993, para citar algunas, las aplicables en materia pensional a los empleados públicos.

(III) La posibilidad de los empleados públicos de beneficiarse de convenciones colectivas

En relación con este aspecto, el Convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo, prevé:

“Artículo 1

1. El presente convenio deberá aplicarse a todas las personas empleadas por la administración pública, en la medida en que no les sean aplicables disposiciones más favorables de otros convenios internacionales del trabajo.

[…]

Artículo 7

Deberán adoptarse, de ser necesario, medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos acerca de las condiciones de empleo, o de cualesquiera otros métodos que permitan a los representantes de los empleados públicos participar en la determinación de dichas condiciones”.

Por su parte, el Convenio 154 de la misma organización, se refiere al fomento de la negociación colectiva, y se dirige a que sea posible entre todos los empleadores y a todas las categorías de trabajadores a las cuales se aplica dicho convenio.

De acuerdo con lo anterior, el artículo 55 de la Constitución Política, garantiza el ejercicio del derecho a la negociación colectiva, limitado únicamente por las excepciones que defina la ley.

A su vez, el artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo contiene la limitación de las funciones de los sindicatos de empleados públicos, en los siguientes términos:

“Limitación de las funciones. Los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliegos de peticiones ni celebrar convenciones colectivas, pero los sindicatos de los demás trabajadores oficiales tienen todas las atribuciones de los otros sindicatos de trabajadores, y sus pliegos de peticiones se tramitarán en los mismos términos que los demás, aún cuando no puedan declarar o hacer huelga”(6). (Se resalta).

Lo anterior tiene fundamento precisamente en la vinculación legal y reglamentaria de los empleados públicos, la cual restringe la posibilidad de afectar la facultad de las autoridades de fijar unilateralmente las condiciones del empleo(7).

Es importante señalar que la Corte Constitucional mediante Sentencia C-377 de 1998, al examinar la exequibilidad de la Ley 411 de 1997 que aprobó el Convenio 151 antes citado, consideró ajustada a la Constitución Política la diferenciación entre trabajadores oficiales y empleados públicos, en lo relacionado con el ejercicio del derecho de negociación colectiva, para conceder a los primeros el goce del derecho plenamente, y restringirlo para los segundos, bajo el argumento de que no se puede afectar la facultad de las autoridades (Congreso, Presidente en el plano nacional, asambleas, concejos, gobernadores y a los alcaldes en los distintos órdenes territoriales), de fijar autónomamente las condiciones del empleo.

En el mismo sentido, al referirse a los Convenios 151 y 154 de la OIT, en la Sentencia C-201 de 2002, mediante la cual declaró la exequibilidad del artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo, así como la Sentencia C-1234 de 2005 que declaró la exequibilidad condicionada de la expresión contenida en el mismo artículo “Los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliego de peticiones ni celebrar convenciones colectivas”, bajo el entendido de que para hacer efectivo el derecho a la negociación colectiva consagrado en el artículo 55 de la Constitución Política, y de conformidad con los convenios 151 y 154 de la OIT, las organizaciones sindicales de empleados públicos podrán acudir a otros medios que garanticen la concertación en las condiciones de trabajo, a partir de la solicitud que al respecto formulen estos sindicatos, mientras el Congreso de la República regule el procedimiento para el efecto.

Se concluye pues, que los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliego de peticiones, ni pueden beneficiarse de los acuerdos contenidos en las convenciones colectivas.

(IV) Situaciones consolidadas conforme al artículo 146 de la Ley 100 de 1993

El artículo 146 de la Ley 100 de 1993, estableció lo siguiente:

“Artículo 146. Situaciones jurídicas individuales definidas por disposiciones municipales o departamentales. Las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a la presente ley, con base en disposiciones municipales o departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales en favor de empleados o servidores públicos o personas vinculadas laboralmente a las entidades territoriales o sus organismos descentralizados, continuarán vigentes.

También tendrán derecho a pensionarse con arreglo a tales disposiciones, quienes con anterioridad a la vigencia de este artículo, hayan cumplido [o cumplan dentro de los dos años siguientes] los requisitos exigidos en dichas normas(8).

Lo dispuesto en la presente ley no afecta ni modifica la situación de las personas a que se refiere este artículo.

Las disposiciones de este artículo regirán desde la sanción de la presente Ley”.

De conformidad con el artículo transcrito, las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a la Ley 100 de 1993 con fundamento en disposiciones territoriales sobre pensiones extralegales continuarían vigentes; asimismo, quienes antes de su entrada en vigor reunieran los requisitos para pensionarse conforme a tales ordenamientos, tendrían derecho a la pensión en las condiciones allí establecidas, en aras de garantizar los derechos adquiridos.

La Corte Constitucional mediante Sentencia C-410 de 1997, declaró la exequibilidad de este artículo y frente a las disposiciones Municipales y Departamentales en relación con las pensiones, dijo:

“[…] El inciso primero de la norma en referencia se encuentra ajustado a los preceptos constitucionales y en especial a lo previsto en el artículo 58 de la Constitución Política, según el cual “se garantizan los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores”.

En efecto, ha expresado la jurisprudencia de la corporación, que los derechos adquiridos comprenden aquellas situaciones individuales y subjetivas que se han consolidado y definido bajo la vigencia de la ley, y por ende ellos se encuentran garantizados, de tal forma que no pueden ser menoscabados por disposiciones futuras, basado en la seguridad jurídica que caracteriza dichas situaciones.

Desde luego que lo que es materia de protección constitucional se extiende a las situaciones jurídicas definidas, y no a las que sólo configuran meras expectativas.

[…]

Nuestro Estatuto Superior protege expresamente, en el artículo 58, los derechos adquiridos y prohíbe al legislador expedir leyes que los vulneren o desconozcan, dejando por fuera de esa cobertura a las llamadas expectativas, cuya regulación compete al legislador, conforme a los parámetros de equidad y justicia que le ha trazado el propio constituyente para el cumplimiento de su función”. (Corte Constitucional, Sentencia C-168 de 1995, M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz)

De esta manera, teniendo en cuenta la intangibilidad de los derechos adquiridos de los pensionados por jubilación del orden territorial antes de la expedición de la ley 100 de 1993, las situaciones jurídicas individuales definidas con anterioridad, por disposiciones municipales y departamentales, deben continuar vigentes [...]”.

La Subsección considera importante precisar que la jurisprudencia del Consejo de Estado admitió que dentro de las disposiciones del orden territorial quedaron incluidas las regulaciones de las convenciones colectivas de trabajo(9). En este sentido y para efectos de la convalidación de pensiones reconocidas con fundamento en aquellas, la Sala Plena de esta Sección sostuvo que están dentro de los supuestos establecidos por el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, pues la convención colectiva que involucra a empleados públicos no puede ser tenida como un contrato, dado que aquellos no pueden regirse por estos instrumentos y tampoco pueden tener el carácter de una norma, en razón a que carece de las formalidades propias de una preceptiva, sin embargo, sí pueden ser tenidas como una disposición, puesto que lo que buscó fue dar protección y progresividad a los derechos de los trabajadores(10).

Es relevante, señalar que sobre la vigencia de la Ley 100 de 1993 en materia pensional en el nivel territorial, el artículo 151 ibídem estableció que entraría a regir a partir del 30 de junio de 1995, en esas condiciones, solamente las situaciones particulares que se definieron con anticipación a esa fecha deben ser respetadas, sin embargo el artículo 146, permitía la consolidación del derecho dentro de los dos años siguientes a la vigencia del Sistema General de Seguridad Social, aparte que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en la misma Sentencia C-410 de 1997.

No obstante lo anterior, esta corporación consideró que dicho aparte sí surtió efectos respecto de aquellas situaciones pensionales que se consolidaron entre el 30 de junio de 1995 y el 30 de junio del 1997, con fundamento en el artículo 45 de la Ley 270 de 1996, de acuerdo con el cual las sentencias de inexequibilidad tienen efectos hacia futuro, y como quiera que la sentencia de constitucionalidad no moduló los efectos de su decisión, quedaron amparadas las situaciones jurídicas que en materia pensional se consolidaron con base en disposiciones municipales o departamentales antes del 30 de junio de 1997 o antes de la fecha en que hubiese entrado a regir el Sistema General en cada entidad territorial. Así lo concluyó la sentencia del 7 de octubre de 2010(11):

“(…) Por lo expuesto, resulta válido afirmar que no sólo las situaciones que se consolidaron o adquirieron con anterioridad al 30 de junio de 1995 con fundamento en normas municipales o departamentales, se reitera, a pesar de su ilegalidad, quedan amparadas por lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993; sino también aquellas que se adquirieron antes del 30 de junio de 1997, pues, se reitera, estas últimas no se vieron afectadas por la declaratoria de inexequibilidad efectuada con la Sentencia C-410 de 28 de agosto de 1997, dados los efectos de la misma.(…)”

(V) Del caso concreto

La señora Carlota Bohórquez de Quintero, nació el 7 de junio de 1955(12) y se encuentra probado que el 1º de marzo de 1972 suscribió contrato con el Hospital Integrado San Juan de Dios de Piedecuesta, para desempeñarse como Ayudante de Enfermería (fl. 135), luego fue nombrada en el cargo de ayudante de laboratorio en la institución a partir del 30 de septiembre de 1974 (fl. 103) y posteriormente se desempeñó como auxiliar de enfermería, en cual fue titular de derechos de carrera administrativa (fl. 104).

Mediante Resolución 084A del 1º de julio de 2000(13) el Hospital Integrado San Juan de Dios de Piedecuesta, le reconoció una pensión de jubilación a partir de la misma fecha, por valor de $1’123.966, es decir, en el 100% del salario que venía devengando, con fundamento en la cláusula trigésima cuarta(14) literal A) inciso (A) de la convención colectiva suscrita por la entidad.

La Convención Colectiva de 1991 suscrita entre el Hospital San Juan de Dios de Piedecuesta, entre otros, y el Sindicato de Trabajadores Oficiales de los Centros Hospitalarios de Santander, con vigencia de un año, del 1º de enero de 1991 al 31 de diciembre del mismo año, prorrogada posteriormente, estableció, entre otras, las siguientes cláusulas relevantes para el presente asunto (fls. 1 a 38):

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA. PENSIONES.

Los Hospitales que suscriben la presente Convención Colectiva de Trabajo reconocerán y pagarán las pensiones, como a continuación se reglamenta:

A. Pensiones de jubilación.

1. Normas generales.

a) Todos los Hospitales reconocerán la pensión plena de jubilación a quienes cumplan veinte (20) años de servicio, cincuenta y cinco (55) años de edad, si son hombres y cincuenta (50) años, si son mujeres.

b) Todos los Hospitales reconocerán pensión plena de jubilación a quienes cumplan veinticinco (25) años de servicio a la Institución, con cuarenta y cinco de edad si son mujeres y cuarenta y siete (47) años si son hombres.

[…]”. (Lo subrayado es de la Sala).

Mediante Circulares de 29 de junio y 23 de agosto de 1993, el Jefe del Servicio Seccional de Salud de Santander - Secretario de Salud Departamental a Directores y Administradores de Hospitales, dispuso que para las personas referidas en el listado anexo, se aplicarían las siguientes reglas en materia pensional (fls. 39 a 44):

“Quienes se hubieren vinculado antes del 1º de enero de 1981, se jubilen bajo las condiciones existentes a 31 de diciembre de 1992, así:

a) A todos los hospitales reconocerán la pensión plena de jubilación a quienes cumplan veinte (20) años de servicio, cincuenta y cinco (55) años de edad, si son hombres y cincuenta (50) años si son mujeres.

b) Todos los hospitales reconocerán pensión plena de jubilación a quienes cumplan veinticinco (25) años de servicio a la Institución, con cuarenta y cinco (45) de edad si son mujeres y cuarenta y siete (47) años si son hombres.

[…]

De acuerdo con las razones expuestas, debe concluirse que se configura la causal de nulidad invocada por la parte actora, pues la situación pensional de la señora Carlota Bohórquez de Quintero no se consolidó antes del 30 de junio de 1997, y en consecuencia no quedó convalidada por el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, pues cumplió los 45 años de edad hasta el 7 de junio de 2000.

En este punto, esta Sala considera necesario aclararle al apelante que no es acertado el argumento según el cual, con la decisión del a quo se desconoce el principio de los derechos adquiridos, pues como se estableció, la prestación no ingresó al patrimonio de la demandada conforme a las leyes aplicables, requisito que la Constitución Política exige para la protección de aquellos(15), en asuntos como el presente, lo que se analiza es si la prestación se convalida en los términos dispuestos por el legislador, supuesto que de presentarse sí se enmarcaría como derecho adquirido, al tener una razón legal que sustenta su conservación.

Conclusión:

La pensión reconocida por Hospital Integrado San Juan de Dios de Piedecuesta en Liquidación, por medio de la Resolución 084A del 1º de julio de 2000 a la señora Carlota Bohórquez de Quintero, con fundamento en una convención colectiva del trabajo no quedó convalidada al tenor de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, puesto que para el 30 de junio de 1997, la interesada no había cumplido los requisitos convencionales para el reconocimiento, específicamente el de edad.

Decisión de segunda instancia

Por lo expuesto la Sala considera que se impone confirmar la sentencia de primera instancia, proferida el 31 de octubre de 2013 por el Tribunal Administrativo de Santander en Descongestión, por medio de la cual declaró no probada la excepción de “defectuosa formulación de las pretensiones”, inaplicó el literal A) de la cláusula Quinta, y cláusula sexta de la convención colectiva de trabajo vigente en el 2000, suscrita por Anthoc y varios hospitales de Santander y la nulidad de la Resolución 084A del 1º de julio de 2000 y denegó las demás pretensiones de la demanda.

Reconocimiento de personería

Se reconocerá personería al doctor David Jesús Quintero Bohórquez como apoderado de la señora Carlota Bohórquez de Quintero, en los términos y para los efectos del poder conferido a folio 402 del expediente.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección “A” administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confirmar la sentencia de primera instancia, proferida el 31 de octubre de 2013 por el Tribunal Administrativo de Santander en Descongestión, por medio de la cual declaró no probada la excepción de “defectuosa formulación de las pretensiones”, inaplicó el literal A) de la cláusula Quinta, y cláusula sexta de la convención colectiva de trabajo vigente en el 2000, suscrita por Anthoc y varios hospitales de Santander y la nulidad de la Resolución 084A del 1º de julio de 2000 y denegó las demás pretensiones de la demanda.

2. Reconocer personería al doctor David Jesús Quintero Bohórquez como apoderado de la señora Carlota Bohórquez de Quintero, en los términos y para los efectos del poder conferido a folio 402 del expediente.

3. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático “Justicia Siglo XXI”.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión».

1 Se aclara que el Decreto Departamental 016 del 25 de enero de 2006 suprimió el Hospital Integrado San Juan de Dios de Piedecuesta y por Decreto Departamental 017 de 2006 se designó liquidador para el mismo. Igualmente, que en el convenio de desempeño para la ejecución del Programa de Reorganización, Rediseño y Modernización de la red de prestación de servicios de salud, suscrito entre el departamento de Santander y el Ministerio de la Protección Social, se comprometió a revisar y responder por la legalidad de los reconocimientos de pensiones así como de adelantar las acciones legales pertinentes. (fls. 68 a 100).

2 Declarado inexequible Sentencia C-484 de 1995, Corte Constitucional.

3 Declarado exequible ibídem.

4 “Por el cual se sustituye el Decreto-ley número 654 de 1974 y se dictan otras disposiciones”.

5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 1ª de septiembre de 2011, Radicación 68001-23-15-000-2005-02272-02(0013-11), Actor: ESE Hospital Universitario Ramón Gonzalez Valencia de Bucaramanga – En Liquidación-; M. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.

6 Declarada exequible por la Sentencia C-201-02.

7 Corte constitucional, Sentencia C-201 de 2002

8 Lo resaltado entre paréntesis fue declarado inexequible por la Sala Plena de la Corte Constitucional mediante Sentencia C-410 del 28 de agosto de 1997, M. P. Hernando Herrera Vergara.

9 Al respecto se pueden ver las sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de septiembre de 2011, Radicación 08001-23-31-000-2005-02866-03(2434-10), Actor: Universidad del Atlántico, M. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, reiterado en las sentencias de la Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 1ª de septiembre de 2011, Radicación 68001-23-15-000-2005-02272-02(0013-11), Actor: ESE Hospital Universitario Ramón Gonzalez Valencia de Bucaramanga –En Liquidación-; M. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; de la Subsección “A”, sentencia del 10 de octubre de 2013, Radicación 68001-23-31-000-2005-02207-01(0200-13), Actor: ESE Hospital Universitario Ramón González Valencia de Bucaramanga –En Liquidación-, C. P. Alfonso Vargas Rincón y también de la Subsección “A”, sentencia del 24 de junio de 2015, Radicación 68001-23-31-000-2005-02293-02(4597-13), Actor: ESE Hospital Universitario Ramón Gonzalez Valencia de Bucaramanga – En Liquidación-, M.P.: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, entre otras.

10 Sección Segunda, sentencia del 29 de septiembre de 2011, Radicación 08001-23-31-000-2005-02866-03(2434-10), Actor: Universidad del Atlántico, M. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.

11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 7 de octubre de 2010, Radicación 1484-09 M. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.

12 Según se observa en la copia de la cédula de ciudadanía que obra folio 101 del expediente.

13 Según se observa en el Cd (fl. 100).

14 Esto afirma el acto demandado, aunque en la convención aportada se advierte que es la cláusula trigésima sexta, pues la cláusula trigésimo cuarta se refiere a vacaciones y prima de vacaciones.

15 En efecto, en el artículo 48 señala: “En materia pensional se respetarán todos los derechos adquiridos” y el 58 indica “Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a leyes civiles, los cuales no pueden ser vulnerados por leyes posteriores. (…)