Sentencia 2006-03148 de febrero 26 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 150012331000200603148 01 [19563]

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Demandante: María Candelaria Torres Barrera

Demandada: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

Asunto: Impuesto de renta y complementarios año gravable 1999

Fallo

Bogotá, D. C., veintiséis de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la demandante y la demandada, la Sala precisa si son nulos los actos por los cuales la DIAN modificó a la actora la declaración de renta del año 1999, para lo cual determina: (i) si la DIAN podía corregir el error en que incurrió al proferir la Liquidación Oficial de Revisión 200642005000006 de 15 de marzo de 2005 como si se tratara de un error de transcripción; (ii) si hubo silencio administrativo positivo frente al recurso de reconsideración interpuesto contra dicha liquidación y (iii) si son nulas la Liquidación Oficial de Revisión 900001 de 23 de agosto de 2005 y la Resolución 2000120060007 de 17 de julio de 2006, que confirmó en reconsideración la citada liquidación.

Solamente en caso de que deba revocarse el fallo apelado, procede el análisis de los restantes argumentos de la demanda, con fundamento en el artículo 170 del Código Contencioso Administrativo(24), en concordancia con el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, preceptos que ordenan al juez analizar en la sentencia todos los argumentos de las partes, y no por el hecho de que la demandante hubiera apelado el fallo, pues, en estricto sentido no tenía interés para hacerlo, comoquiera que éste le fue totalmente favorable a sus pretensiones(25).

1. Alcance del error en la Liquidación Oficial de Revisión 200642005000006 de 15 de marzo de 2005.

Tal como se precisó en los antecedentes, el 2 de agosto de 2004, la actora declaró renta por el año gravable 1999(26) y mediante requerimiento especial notificado el 5 de octubre de 2004, la DIAN propuso modificar dicha declaración para adicionar ingresos por salarios y prestaciones sociales por $314.963.000, por lo cual se proponía aumentar el impuesto a cargo de $11.802.000 a $83.870.000 e imponer una sanción por inexactitud de $96.425.000. Además, propuso un total saldo a pagar de $194.874.000(27).

El 29 de diciembre de 2004, la contribuyente respondió el requerimiento especial y se opuso a las glosas formuladas por la administración(28).

El 15 de marzo de 2005, la DIAN expidió la Liquidación Oficial de Revisión 200642005000006(29). En dicha liquidación, que se notificó el 17 del mismo mes, como las partes lo aceptan, se mantuvieron los valores propuestos por ingresos brutos, renta líquida gravable y total impuesto a cargo, pero se aumentó la sanción por inexactitud a $115.308.000 y el saldo a pagar a $213.758.000.

En la Liquidación Oficial de Revisión 200642005000006, que aparece firmada por el funcionario competente, se lee lo siguiente:

• Que mediante dicha liquidación se modifica la liquidación privada presentada el 2 de agosto de 2004 en los valores que allí se precisan;

• Que “los anexos del presente acto, hacen parte integral de la presente liquidación oficial”;

• Que “Contra la presente liquidación oficial procede el recurso de reconsideración, de conformidad con lo establecido en el artículo 720 del Estatuto Tributario, el cual deberá interponerse dentro de los dos meses siguientes a la notificación del presente acto”;

• Que “Si dentro del término para interponer el recurso usted acepta total o parcialmente los hechos planteados en la liquidación, la sanción se reducirá a la mitad de la sanción inicialmente propuesta por la administración en relación con los hechos aceptados”, para lo cual se debe dar cumplimiento al artículo 713 del Estatuto Tributario, relativo a la corrección provocada por la liquidación de revisión.

Por su parte, en el anexo de la liquidación oficial, denominado “explicación sumaria ampliación requerimiento especial Nº 200642005006” se propone modificar el requerimiento especial notificado el 5 de octubre de 2004, en el sentido de aumentar la sanción por inexactitud a $115.308.000 y el saldo a pagar a $213.758.000. En lo demás, se mantienen los valores propuestos en el requerimiento especial(30).

Debido al error que se presentó, pues la liquidación oficial de revisión de 15 de marzo de 2005 tenía como anexo la explicación sumaria de la ampliación al requerimiento especial, por Resolución 001 del 19 de abril de 2005(31), notificada al día siguiente(32), “Por medio de la cual se corrige un error de transcripción”, la DIAN resolvió lo siguiente:

“ARTÍCULO PRIMERO. Corregir el error de transcripción cometido en el formato emitido por el sistema gestor: Liquidación Oficial Renta Naturales Revisión Nº 200642005000006 quedando textualmente: “Ampliación requerimiento impuesto sobre la renta Nº 900001”, del contribuyente Torres Barrera María Candelaria, NIT 441.543.251-1, renta año gravable 1999.

ARTÍCULO SEGUNDO. Corregir el recurso señalado en el formato: “Contra la presente liquidación oficial procede el recurso de reconsideración de conformidad con lo establecido en el artículo 720 del Estatuto Tributario, el cual podrá interponerse ante la división jurídica de esta administración dentro de los dos (2) meses siguientes a la notificación del presente acto. El recurso deberá cumplir con los requisitos exigidos en el artículo 722 del Estatuto Tributario. Liquidación de revisión. Si dentro del término para interponer el recurso usted acepta total o parcialmente los hechos planteados en la liquidación, la sanción por inexactitud se reducirá a la mitad de la sanción inicialmente propuesta por la administración en relación a los hechos aceptados. Para tal efecto, deberá corregir su liquidación privada incluyendo los mayores valores aceptados y la sanción por inexactitud reducida y presentar un memorial ante la división jurídica, dentro del término para interponer el recurso en el cual consten los hechos aceptados y se adjunte copia o fotocopia de la respectiva corrección y de la prueba de pago o acuerdo de pago de los impuestos, retenciones y sanciones, incluida la sanción por inexactitud reducida (E.T., art. 713).” Quedando textualmente: “Respuesta a: ampliación requerimiento impuesto sobre la renta naturales. Dentro de los 3 meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación del presente ampliación requerimiento impuesto sobre la renta naturales, usted deberá formular por escrito objeciones, presentado pruebas, y subsanando las omisiones que permita la ley, solicitar a la administración se alleguen al proceso documentos que reposen en sus archivos, así como la práctica de inspecciones tributarias siempre y cuando tales solicitudes sean conducentes, caso en el cual estas deben ser atendidas.

Si usted acepta total o parcialmente los hechos planteados, la sanción por inexactitud se reducirá a la cuarta parte en relación con los hechos aceptados, para tal efecto deberá corregir su declaración privada incluyendo los mayores valores aceptados y la sanción por inexactitud reducida y adjuntar a la respuesta copia o fotocopia de la respectiva corrección y de la prueba de pago de los impuestos, retenciones y sanciones incluida la inexactitud reducida (E.T., art. 709).

La respuesta a esta ampliación al requerimiento especial deberá dirigirla a la división de liquidación o quien haga sus veces y presentarse por triplicado en la oficina de esta administración, ubicada en la siguiente dirección: Calle 20 Nº 9-40 Tunja-Boyacá”.

ARTÍCULO TERCERO. Corregir en las hojas de la explicación sumaria Nº 20064200500006 por Nº 900001.

ARTÍCULO CUARTO. Informar al contribuyente: Torres Barrera María Candelaria, NIT 41.543.251-1, que puede presentar respuesta a la Ampliación al Requerimiento Especial Renta Naturales, Nº 900001 dentro del término de tres (3) meses contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia de conformidad con lo establecido en el artículo 708 del Estatuto Tributario. (...)”.

Así, mediante la citada resolución, la DIAN hizo las siguientes correcciones a los errores que calificó de “errores de transcripción”:

• Cambió el nombre del “formato emitido por el sistema gestor” como “Liquidación Oficial Renta Naturales Revisión Número 200642005000006” por el de “Ampliación requerimiento impuesto sobre la renta Nº 900001”.

• Corrigió el texto de la liquidación oficial de revisión en el cual se precisa que contra ese acto procede el recurso de reconsideración, de conformidad con el artículo 720 del Estatuto Tributario, al igual que la posibilidad de acudir a la corrección provocada de la declaración como consecuencia de la liquidación oficial (E.T., art. 713). Para ello, reemplazó dicho texto precisando que era procedente presentar objeciones contra la ampliación al requerimiento especial, dentro de los tres meses contados a partir de la notificación de dicha ampliación y que podía acogerse a la corrección provocada por el requerimiento especial o su ampliación, a que se refiere el artículo 709 ibídem.

• En las hojas de la explicación sumaria corrigió el número 20064200500006 por el Nº 900001.

Al respecto, la Sala precisa que la DIAN aplicó indebidamente el artículo 866 del Estatuto Tributario, norma con base en la cual expidió la Resolución 001 de 19 de abril de 2005, por la cual corrigió errores de transcripción, pues, salvo el número del acto, los errores advertidos por la DIAN no podían ser corregidos con fundamento en la citada norma, como pasa a explicarse.

El artículo 866 del Estatuto Tributario prevé lo siguiente:

“ART. 866.—Corrección de los actos administrativos y liquidaciones privadas. Podrán corregirse en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, los errores aritméticos o de transcripción cometidos en las providencias, liquidaciones oficiales y demás actos administrativos, mientras no se haya ejercitado la acción contencioso-administrativa”.

La norma consagra la facultad de la administración de corregir en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, los errores aritméticos o de transcripción que hayan cometido los funcionarios que expidieron los actos administrativos, mientras no se hayan demandado ante la jurisdicción contencioso administrativa.

Como los errores de transcripción, que son los que interesan en este asunto, no son sustanciales sino de forma(33), la ley permite que la autoridad tributaria corrija tales yerros, aun de oficio y en cualquier momento, obviamente antes de que se acuda a esta jurisdicción, pues, se reitera, no afectan sustancialmente el contenido del acto que se corrige(34).

En el mismo orden de ideas y por tratarse de una modificación que no afecta de manera sustancial el contenido de la decisión administrativa, el acto de corrección de que trata el artículo 866 del Estatuto Tributario “conforma una unidad con el acto administrativo corregido y participa de su misma naturaleza para todos los efectos inclusive para su impugnación, sin que ello implique que se desconozca el derecho de defensa”(35).

A su vez, cuando la administración tributaria pretende corregir los errores en que ha incurrido y que afectan en forma sustancial el contenido del acto administrativo particular corregido, no puede expedir actos de corrección en cualquier tiempo, con fundamento en el artículo 866 del Estatuto Tributario. Debe acudir a la revocatoria directa de la decisión administrativa, para lo cual requiere el consentimiento expreso y escrito del particular, como lo prevé el artículo 73 del Código Contencioso Administrativo, siempre que el contribuyente no hubiera interpuesto los recursos en la vía gubernativa (E.T., art. 736).

Frente a lo que en otras legislaciones se conoce como la rectificación de errores materiales de hecho o aritméticos(36) y que corresponde a lo que en nuestra normativa se conoce como errores aritméticos y de transcripción, la doctrina ha precisado lo siguiente(37):

“La pura rectificación material de errores de hecho o aritméticos no implica una revocación del acto en términos jurídicos. El acto material rectificado sigue teniendo el mismo contenido después de la rectificación, cuya finalidad es eliminar los errores de transcripción o de simple cuenta con el fin de evitar cualquier posible equívoco.

Este carácter estrictamente material y en absoluto jurídico de la rectificación justifica que para llevarla a cabo no requiera sujetarse a solemnidad ni límite temporal alguno. La rectificación de errores materiales puede hacerse en cualquier momento, tanto de oficio como a instancia del administrado […].

[…].

La libertad de rectificación material plantea, sin embargo, ciertas dificultades en la medida en que la administración puede intentar invocarla para, a través de ella, llegar a realizar verdaderas rectificaciones de concepto sin atenerse a los trámites rigurosos que establecen los artículos 102 y 103 de la propia LPC [se refiere a la revisión de oficio de actos nulos de pleno derecho y al recurso de lesividad]. El problema radica, pues, en determinar las fronteras entre el error de hecho y el error de derecho, punto éste en el que la doctrina […] se muestra especialmente rigurosa para evitar el posible fraus legis. Así, se niega el carácter de error de hecho siempre que su apreciación implica un juicio valorativo […], o exige una operación de calificación jurídica […] y, por supuesto, siempre que la rectificación represente realmente una alteración fundamental del sentido del acto […].

Igualmente, se niega la libertad de rectificación en caso de duda o cuando la comprobación del error exige acudir a datos de los que no hay constancia en el expediente, por entender que el error material o aritmético […] es solamente el error evidente [se refiere en sus palabras, al yerro que no transforma ni perturba la eficacia sustancial del acto en que se presenta]” destaca la Sala.

Así pues, para que la administración pueda ejercer la facultad de corregir los errores aritméticos o de transcripción, como lo prevé el artículo 866 del Estatuto Tributario, es necesario que el error sea evidente, esto es, que no modifique la “eficacia sustancial del acto en que existe”(38) o, como lo ha dicho la Sala, que no afecte el contenido sustancial del acto administrativo que se corrige.

Asimismo, la apreciación del error descarta una “operación de calificación jurídica”, como lo precisó la doctrina, y la corrección de este no puede alterar fundamentalmente el sentido del acto corregido.

Por lo anterior, y por tratarse de un yerro que no es determinante, es que un error aritmético o de transcripción puede corregirse en cualquier tiempo, con el límite temporal previsto en el artículo 866 del Estatuto Tributario.

En ese orden de ideas, la inconsistencia en que incurrió la DIAN de supuestamente “crear en el sistema” un acto de liquidación oficial de revisión a pesar de tratarse de una ampliación al requerimiento especial, no es un error evidente ni intrascendente.

No se trataba solamente de cambiar el nombre y el número del acto, como lo hizo la DIAN en la Resolución 01 de 19 de abril de 2005, que corrigió los supuestos errores de transcripción, pues para llegar a la conclusión de que el formato de liquidación oficial con el anexo de una ampliación al requerimiento era en realidad un formato de ampliación al requerimiento con el anexo correspondiente, en el mismo acto la DIAN tuvo que modificar sustancialmente “el formato de liquidación oficial de revisión” y hacer valoraciones jurídicas, como se advierte claramente en dicha resolución.

En efecto, en la Resolución 0001 de 19 de abril de 2005, la DIAN precisó que la “Liquidación Oficial Renta Naturales Revisión 20064200500006” debió denominarse “Ampliación Requerimiento Impuesto sobre la Renta Nº 900001” y que en lugar del recurso de reconsideración que procede contra ese acto definitivo (E.T., art. 702) dentro de los dos meses siguientes a su interposición (art. 720 ibíd.) y de la posibilidad de acogerse a la corrección provocada por la liquidación de revisión, con una sanción por inexactitud reducida a la mitad de la determinada (E.T., art. 713), debe entenderse que el contribuyente puede dar respuesta a la ampliación al requerimiento especial, dentro de los tres meses siguientes a la notificación de la denominada ampliación (E.T., art. 708) o acogerse a la corrección provocada por el requerimiento especial o la ampliación a este, con una sanción reducida a la cuarta parte de la planteada por la DIAN (art. 709 ibíd.).

Lo anterior pone en evidencia que, en manera alguna, la corrección que hizo la DIAN era intrascendente, o, lo que es lo mismo, que el error no era evidente, pues para enmendarlo la DIAN se vio obligada a hacer valoraciones jurídicas y determinar así qué clase de acto dijo expedir: si era el definitivo, esto es, la liquidación oficial de revisión(39), o el de trámite, es decir, la ampliación al requerimiento especial, que por lo demás, es facultativa(40) y las consecuencias jurídicas de tratarse de un acto o del otro, como tuvo que precisarlo la DIAN en el acto de corrección.

Otro hecho que denota que el error no era evidente y que no podía rectificarse como si se tratara de un error de transcripción, es que en la etapa en la que se encontraba el trámite administrativo, la DIAN podía expedir liquidación de revisión o ampliación al requerimiento especial.

Ello, por cuanto a la fecha de expedición del acto corregido (15 de marzo de 2005), la actora había dado respuesta oportuna al requerimiento especial(41), pues este se notificó el 5 de octubre de 2004(42) y dicha respuesta se presentó el 29 de diciembre de 2004(43). En consecuencia, válidamente la DIAN estaba facultada para expedir y notificar la liquidación de revisión, dentro del plazo del artículo 710 del Estatuto Tributario(44) o expedir la ampliación al requerimiento especial, con base en el artículo 708 ibídem(45).

Además, teniendo en cuenta que los errores de transcripción pueden corregirse en cualquier tiempo, porque no afectan el contenido sustancial del acto corregido, no puede decirse que el error que corrigió la DIAN era intrascendente, comoquiera que convertir una liquidación de revisión en una ampliación al requerimiento especial es cambiar el contenido del acto. Y la ampliación al requerimiento que pretendió realizar está sujeta al término del artículo 708 del Estatuto Tributario.

Dicho de otra manera: si el error hubiera sido de simple transcripción, en cualquier momento del trámite administrativo la DIAN hubiera podido rectificarlo sin consecuencia jurídica de ninguna clase, lo que evidentemente en este caso no sucedería.

En consecuencia, por tratarse de un error que afectaba el contenido sustancial del acto corregido, la DIAN no podía rectificarlo con fundamento en el artículo 866 del Estatuto Tributario.

Por el contrario, si lo que quería la administración era aclarar que el acto que quiso expedir fue una ampliación al requerimiento especial, el trámite pertinente era revocar la Liquidación Oficial de Revisión 200642005000006 de 15 de marzo de 2005 y, en su lugar, expedir correctamente, y sin que existiera ninguna duda, la ampliación al requerimiento especial, obviamente, dentro del término legal, para lo cual requería el consentimiento expreso y escrito de la actora, como lo exige el artículo 73 del Código Contencioso Administrativo, aplicable a este asunto por remisión del artículo 1º ibídem.

Las razones que anteceden son suficientes para anular la Resolución 001 de 19 de abril de 2005, por lo que debe entenderse que el acto expedido por la DIAN fue la Liquidación de Revisión 200642005000006 de 15 de marzo de 2005.

2. Silencio administrativo positivo frente a la decisión del recurso de reconsideración frente a la Liquidación Oficial de Revisión 200642005000006.

Como también se precisó en los antecedentes, el 17 de marzo de 2005, la DIAN notificó la Liquidación Oficial de Revisión 200642005000006(46), hecho que no discuten las partes.

El 19 de abril de 2005, la DIAN dijo corregir el supuesto error de transcripción al expedir la citada liquidación. El 10 de mayo de 2005, esto es, dentro de los dos meses siguientes a la notificación de la liquidación de revisión, la actora interpuso recurso de reconsideración contra la Liquidación Oficial de Revisión 200642005000006(47).

Por Auto 0001 de 29 de junio de 2005, la DIAN envió el recurso a la división de liquidación, “para que allí se analice y continúe su trámite normal el proceso”. En dicho acto se precisó que esa no era la etapa procesal para recurrir y se entendió que el escrito era una respuesta a la ampliación al requerimiento especial.

Teniendo en cuenta que no existió ningún error de transcripción, y, por lo mismo, el acto que expidió la DIAN fue la Liquidación Oficial de Revisión 200642005000006 de 15 de marzo de 2005 y no la ampliación al requerimiento especial 90001 de ese día, el recurso de reconsideración se interpuso oportunamente(48) y dentro de la etapa procesal correspondiente.

Por lo mismo, con fundamento en el artículo 732 del Estatuto Tributario(49), la DIAN debió resolver el recurso dentro del año siguiente a la interposición de este en debida forma, esto es, hasta el 10 de mayo de 2006, como lo ordena el artículo 734 ibídem(50). Sin embargo, la misma entidad se abstuvo de tramitar el recurso porque consideró erróneamente que la actora lo interpuso por fuera de la etapa procesal y que el escrito debía entenderse como respuesta al requerimiento especial, lo que corrobora que no resolvió el recurso contra dicho acto en ningún momento y que operó el silencio administrativo positivo frente a este.

En consecuencia, debe entenderse que la DIAN resolvió favorablemente la impugnación de la actora contra la liquidación de revisión, motivo por el cual la declaración privada no podía ser modificada mediante la Liquidación Oficial de Revisión 200642005000006 de 15 de marzo de 2005 y, en consecuencia, procede la nulidad de dicho acto.

3. Violación del artículo 702 del Estatuto Tributario por expedición de doble liquidación oficial de revisión.

De acuerdo con el artículo 702 del Estatuto Tributario, la administración de impuestos puede modificar las liquidaciones privadas de los contribuyentes mediante liquidación oficial de revisión, acto que sólo puede ser expedido por una vez.

En el presente caso, la DIAN desconoció la norma en mención, porque además de que expidió y notificó la Liquidación Oficial de Revisión 200642005000006 del 15 de marzo de 2005, por la cual modificó la declaración de renta de la actora correspondiente al año gravable 1999, profirió la Liquidación Oficial de Revisión 900001 del 23 de agosto de 2005(51), que modificó la misma declaración privada y en idénticos términos a los de la primera liquidación oficial mencionada.

En consecuencia, por violación del artículo 702 del Estatuto Tributario, procede la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión 900001 del 23 de agosto de 2005 y de la Resolución 200012006000007 de 17 de julio de 2006, que confirmó en reconsideración la citada liquidación(52).

Las razones anteriores son suficientes para confirmar el fallo recurrido, que accedió a las pretensiones de la demanda, por lo que se releva la Sala de analizar los restantes cargos de nulidad propuestos por la demandante.

En relación con la solicitud de adición de la sentencia de primera instancia formulada por la actora(53) para que se ordene la devolución de la caución que otorgó en cumplimiento de la orden del tribunal(54), la Sala accede a la solicitud y ordena al a quo la devolución de la caución que prestó la demandante, mediante depósito judicial(55), comoquiera que se otorgó para garantizar el pago del mayor valor determinado en la liquidación oficial y la decisión resultó favorable a sus pretensiones.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

ORDENÁSE al tribunal que devuelva a la demandante el título de depósito judicial que está en el folio 216 del cuaderno principal.

RECONÓCESE personería a la doctora Maritza Alexandra Díaz Granados como apoderada de la DIAN en los términos del poder que está en el folio 366 del cuaderno principal.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen y cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha».

(24) ART. 170.—Contenido de la sentencia. “Subrogado por el artículo 38 del Decreto Extraordinario 2304 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:” La sentencia tiene que ser motivada. Debe analizar los hechos en que se funda la controversia, las pruebas, las normas jurídicas pertinentes, los argumentos de las partes y las excepciones con el objeto de resolver todas las peticiones. Para restablecer el derecho particular, los organismos de lo contencioso administrativo podrán estatuir disposiciones.

ART. 305.—Congruencia. La sentencia deberá estar en consonancia con las pretensiones aducidas en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas, y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

(25) De acuerdo con el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, el recurso de apelación se entiende interpuesto en lo desfavorable al apelante.

(26) Folio 46 c. a.

(27) Folios 53 a 61 c. a.

(28) Folios 62 a 69 c. a.

(29) Folios 83 a 85 c. a.

(30) Folios 86 a 97 c. a.

(31) Folios 98 a 101 c. a.

(32) Folio 101 c. a.

(33) Consejo de Estado, 9 de junio de 2005, Expediente 14407, C. P. Juan Ángel Palacio Hincapié; 27 de agosto de 2009, Expediente 16398, C. P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; 10 de febrero de 2011, Expediente 17251, C. P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

(34) Sentencia de 27 de agosto de 2009, Expediente 16398, C. P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(35) Sentencias de 9 de junio de 2005, Expediente 14407, C. P. Juan Ángel Palacio Hincapié; 27 de agosto de 2009, Expediente 16398, C. P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y de 10 de febrero de 2011, Expediente 17251, C. P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

(36) El artículo 105.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que rige en España, prevé que “Las administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”.

(37) García de Enterría Eduardo, Fernández Tomás-Ramón, Curso de Derecho Administrativo Tomo I, Editorial Aranzadi S.A, Decimotercera Edición, 2006, págs. 665 y 666.

(38) Ibídem, pág. 666.

(39) E.T. ART. 702.—Facultad de modificar la liquidación privada. La administración de impuestos podrá modificar, por una sola vez, las liquidaciones privadas de los contribuyentes, responsables o agentes retenedores, mediante liquidación de revisión.

(40) E.T. ART. 708.—Ampliación al requerimiento especial. El funcionario que conozca de la respuesta al requerimiento especial podrá, dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para responderlo, ordenar su ampliación, por una sola vez, y decretar las pruebas que estime necesarias. La ampliación podrá incluir hechos y conceptos no contemplados en el requerimiento inicial, así como proponer una nueva determinación oficial de los impuestos, anticipos, retenciones y sanciones. El plazo para la respuesta a la ampliación, no podrá ser inferior a tres (3) meses ni superior a seis (6) meses.

(41) ART. 707.—Respuesta al requerimiento especial. Dentro de los tres (3) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación del requerimiento especial, el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, deberá formular por escrito sus objeciones, solicitar pruebas, subsanar las omisiones que permita la ley, solicitar a la administración se alleguen al proceso documentos que reposen en sus archivos, así como la práctica de inspecciones tributarias, siempre y cuando tales solicitudes sean conducentes, caso en el cual, estas deben ser atendidas.

(42) Folio 54 c. a.

(43) Folios 62 a 69 c. a.

(44) De acuerdo con el artículo 710 del Estatuto Tributario, la DIAN debe notificar la liquidación de revisión “[d]entro de los seis meses siguientes a la fecha de vencimiento del término para dar respuesta al requerimiento especial o a su ampliación, según el caso”. Como la DIAN notificó el requerimiento especial el 5 de octubre de 2004, los tres meses para responder el requerimiento especial vencían el 5 de enero de 2005 y los seis meses para notificar el requerimiento especial vencían el 5 de junio de 2005.

(45) El artículo 708 del Estatuto Tributario señala que la ampliación al requerimiento especial debe expedirse “dentro de los tres meses siguientes al vencimiento del plazo para responderlo”. Es decir, que la DIAN podía ampliar el requerimiento hasta el 5 de abril de 2005.

(46) F (Sic).

(47) Folios 102 a 116 c. a.

(48) Artículo 720 del Estatuto Tributario.

(49) ART. 732.—Término para resolver los recursos. La administración de impuestos tendrá un (1) año para resolver los recursos de reconsideración o reposición, contado a partir de su interposición en debida forma.

(50) ART. 734.—Silencio administrativo. Si transcurrido el término señalado en el artículo 732 sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el recurso no se ha resuelto, se entenderá fallado a favor del recurrente, en cuyo caso, la administración, de oficio o a petición de parte, así lo declarará.

(51) Folios 141 a 160 c. a.

(52) Folios 213 a 225 c. a.

(53) Folio 294 c. p.

(54) Auto de 21 de febrero de 2007- folios 202 y 203 c. p.

(55) Folio 216 c. p.