Sentencia 2006-03209 de febrero 8 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Radicación: 76001-23-31-000-2006-03209-01

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio

Actor: Compañía Aseguradora de Fianzas S.A.

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN

Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho - Fallo

Bogotá, D.C., febrero ocho de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

Corresponde a la Sala de lo Contencioso Administrativo, a través de esta Sección, conocer el recurso de apelación interpuesto por la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. contra la sentencia dictada el 30 de mayo de 2011 por la Sala de Decisión 9 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en los términos del artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, en concordancia con lo decidido en el Acuerdo de Descongestión 357 de 5 de diciembre de 2017, suscrito entre las Secciones Primera y Quinta de esta corporación.

2. Problema jurídico.

El problema jurídico se contrae a resolver si hay lugar a declarar probada oficiosamente la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa, para lo cual deberá analizarse la procedencia del rechazo de los recursos interpuestos en contra de la Resolución 35 064 00 0655 02009 del 23 de noviembre de 2000.

En caso de superarse lo anterior, se deberá estudiar si se debe revocar la sentencia de primera instancia, por haberse incurrido en la causal de nulidad invocada por la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho presentado en contra de la DIAN, que a través de los actos administrativos acusados declaró el incumplimiento de una obligación aduanera y ordenó hacer efectivas las pólizas de garantías expedidas a favor de la sociedad Núñez Marulanda & Cía. S. en C.

3. Análisis de los argumentos de la apelación.

La Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. afianzó el cumplimiento de las obligaciones aduaneras derivadas de la importación de unas mercancías del tomador Núñez Marulanda & Cía. S. en C., mediante la expedición de las pólizas, cuya efectividad se ordenó en los actos demandados.

Ello, ante el incumplimiento de la obligación consistente en la presentación del certificado de origen auténtico dentro de los 90 días contados desde la fecha de autorización del levante de la mercancía.

Sostuvo la sociedad demandante que la notificación del mencionado acto fue ilegal y arbitraria por parte la administración, puesto que al ser una actuación administrativa de carácter aduanero debía dársele aplicación a lo dispuesto en el artículo 563 del Decreto 2685 del 28 de diciembre de 1999, esto es, debía surtirse la notificación personalmente o por correo, mas no por edicto, como en efecto ocurrió.

De manera que, para la parte demandante, ante la irregularidad planteada, los recursos de reposición y, en subsidio, el de apelación, interpuestos en contra de la citada resolución se presentaron de forma oportuna, toda vez que se notificó del contenido de la misma por conducta concluyente el día que los radicó, es decir, el 3 de febrero de 2003.

Por su parte, el a quo declaró probada la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa, al advertir que a pesar de que dicha compañía había manifestado que recibió la citación por correo el 30 de noviembre de 2000, decidió que se daba por notificada por conducta concluyente para el año 2003 y con ello pretendió agotar la vía gubernativa, para acudir con posterioridad ante la jurisdicción a controvertir su legalidad el 16 de agosto de 2006.

Así las cosas, se encuentra que con la Resolución 35 064 00 0655 02009 del 23 de noviembre de 2000 se declaró el incumplimiento de la mencionada obligación aduanera y se ordenó hacer efectivas las pólizas de seguro de cumplimiento adquirida por el afianzado Núñez Marulanda & Cía. S. en C., por la suma de $ 785.724.191 en favor de la DIAN, el cual fue notificado por edicto ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal.

Asimismo, se advierte que a través de la Resolución 177 del 18 de marzo de 2003, se rechazó el recurso de reposición y en subsidio el de apelación interpuesto el 3 de febrero de 2003 en contra del precitado acto administrativo, debido a su extemporaneidad, por cuanto el plazo máximo para su radicación era el día 27 de diciembre de 2000, en virtud de la notificación realizada por edicto fijado del 5 al 19 de diciembre de 2000.

Finalmente, con la Resolución 683 del 31 de julio de 2003, la administración al resolver el recurso de queja presentado en contra de la resolución antes referida, lo confirmó con fundamento en lo siguiente:

“(...).

A folio 88 se encuentra oficio 11468 de fecha 24 de noviembre de 2000, con el que se solicita comparecer a la división de documentación y para efectos de la notificación.

A folio 87 se encuentra planilla Adpostal 26681/694 de fecha 24 de noviembre de 2000.

Desde el día siguiente (nov. 25/2000) se entiende surtida la notificación y desde este momento empezaron a correr los término (sic) de acuerdo con el [C]ódigo Contencioso [A]dministrativo que habla de ‘introducción al correo’.

Durante estos cinco días la persona solicitada no compareció a la notificación.

A falta de la notificación personal se procedió a realizar la notificación por edicto el cual se hizo mediante acto 72 de fecha 16 de enero de 2000, quedando debidamente notificado (sic) la resolución objeto de discusión, acto este que fue fijado el día 5 de diciembre de 2000 y desfijado el día 19 del mismo mes y año.

Y es en razón a esto que en el expediente objeto de análisis se encuentra que el recurso de reposición y en subsidio de apelación fue presentado en forma extemporánea dejando sin efecto al (sic) notificación por conducta concluyente de que habla el recurrente.

(...)”.

Al respecto, se observa que el Decreto 2685 del 28 de diciembre de 1999, por el cual se modificó la legislación aduanera, vigente para la fecha de expedición del acto acusado, contemplaba:

“ART. 563.—Los requerimientos especiales aduaneros, los actos administrativos que deciden de fondo la imposición de una sanción, el decomiso de una mercancía, o la formulación de una liquidación oficial y, en general, los actos administrativos que pongan fin a una actuación administrativa, deberán notificarse personalmente o por correo.

Los actos que impulsen el trámite de los procesos deberán notificarse por estado.

(...).

ART. 564.—La notificación personal se practicará por la administración aduanera en el domicilio del interesado, o en la sede de la administración de aduanas respectiva, cuando el notificado se presente voluntariamente a notificarse o por que haya mediado citación para el efecto, en cuyo caso, se deberá dejar constancia en el expediente.

La citación deberá enviarse dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto.

En la diligencia de notificación se le entregará al interesado copia íntegra, auténtica y gratuita de la decisión y en el texto de la notificación se indicarán los recursos que legalmente proceden, la dependencia ante la cual deben interponerse y los plazos para hacerlo, si hubiere lugar a ello.

Para realizar la notificación personal, el notificado deberá presentar su documento de identificación, el poder cuando se actúe a través de apoderado, el certificado de existencia y representación legal de la cámara de comercio, con una vigencia no mayor de tres (3) meses, o el documento que acredite la representación de la persona jurídica o entidad requerida.

PAR.—Cuando la citación para efectuar la notificación personal se envíe a dirección errada, la administración deberá corregir la misma, enviándola nuevamente a la dirección correcta. En este caso, los términos para presentar recursos comenzarán a contarse a partir de la notificación en debida forma.

Si el interesado no comparece dentro del término establecido en la citación, se notificará por correo.

ART. 565.—Notificación por edicto. Si no se puede hacer la notificación personal al cabo de diez (10) días del envío de la citación, se fijará edicto en la sede de la administración aduanera por el término de diez (10) días con inserción de la parte resolutiva del acto administrativo.

El edicto deberá indicar el nombre e identificación del interesado, el número y fecha del acto administrativo que se está notificando, la parte resolutiva del mismo y la fecha y hora en que se fija.

(...).

ART. 567.—La notificación por correo se practicará mediante el envío de una copia del acto correspondiente a la dirección procesal y se entenderá surtida al día siguiente de la fecha de su introducción al correo” (negrillas fuera del texto original).

De conformidad con lo expuesto, se observa que si bien la administración no siguió lo previsto en ordenamiento jurídico vigente, que prevé la notificación personal o por correo de tales actos, sino que siguió el Código Contencioso Administrativo para efectos de su notificación personal, lo cierto es que dicha falencia no habilitaba a la compañía demandante a interponer los recursos procedentes en cualquier tiempo.

Alega la parte apelante que la administración no le concedió la oportunidad de interponerlos, por la falta de notificación personal del mismo y en tal sentido, debía entenderse que se dio por “suficientemente enterada” con la presentación de los recursos mediante escrito que radicó el 3 de febrero de 2003.

Al respecto, debe precisarse que contra el acto principal acusado expedido para el año 2000, procedían los recursos de reposición y apelación, facultativo el primero y obligatorio el segundo, de conformidad con lo consagrado en el artículo 51 del Código Contencioso Administrativo.

En efecto, el artículo 48 del Decreto 1 de 1984, aplicable a este tipo de actuaciones administrativas en virtud de lo consagrado en el artículo 1º ibídem, establecía que sin el lleno de los requisitos no se tendrá por hecha la notificación ni producirá efectos legales la decisión, a menos que la parte interesada, dándose por suficientemente enterada, convenga en ella o utilice en tiempo los recursos legales.

Ahora bien, el artículo 135 ibídem contempló que para que se declare la nulidad de un acto particular, que ponga término a un proceso administrativo, y se restablezca el derecho, se debe agotar previamente la vía gubernativa mediante acto expreso o presunto por silencio negativo.

Asimismo, dicha disposición también consagró la posibilidad de demandar directamente los correspondientes actos, cuando la administración no le hubiera dado la oportunidad de interponer los recursos procedentes.

Para el agotamiento de la vía gubernativa, por tratarse de un presupuesto procesal para poder acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa, es necesario, según lo disponen los artículos 50 y 51 del mismo ordenamiento antes referido, interponer, bien sea directamente el recurso de apelación o presentar los recursos de reposición y en subsidio el de apelación.

Por ende, la finalidad de tal agotamiento radica en concederle a la administración la posibilidad de corregir sus yerros, reconsiderar o confirmar su decisión, de ser el caso.

De conformidad con los antecedentes, para la Sala es claro que la sociedad demandante no presentó en tiempo los recursos de ley, en tanto que, sin justificación alguna pretendió agotar la vía gubernativa con la interposición de aquellos, el 3 de febrero de 2003, pese a que tenía conocimiento de la existencia del aludido acto administrativo desde 30 de noviembre de 2000, fecha en la que indicó haber recibido la citación que remitió la administración para efectos de lograr su notificación personal.

Ello, por cuanto, si bien la sociedad demandante logró demostrar que recibió la citación con posterioridad a los 5 días hábiles a partir de la fecha de introducción al correo de la comunicación, lo cierto es que la actuación administrativa llevada a cabo por la DIAN, al requerir a la demandante, logró su cometido, en la medida de que este solo es el medio establecido para convocar al administrado que debe ser notificado de una decisión administrativa.

En tal sentido, se reitera, la parte demandante desde el 30 de noviembre de 2000 era conocedora de que debía acudir a su notificación personal, so pena de efectuarse tal diligencia a través de edicto, tal como ocurrió, lo cual, para la Sala no enervaba la posibilidad de comparecer para que se le notificara personalmente dentro del término de su fijación.

En ese orden de ideas, contrario a lo afirmado por la sociedad demandante, el término para su comparecencia a efectos de su notificación personal debía contarse no a partir del recibo de la comunicación, sino a partir de la fecha de introducción al correo de la comunicación, toda vez que dicha actuación correspondió a la citación, mas no a la notificación por correo mediante entrega de una copia del acto acusado.

Por tanto, no es admisible que ante una irregularidad en el trámite de la notificación personal o por correo que le asistía a la compañía demandante, de conformidad con el ordenamiento jurídico especial vigente para la época de expedición del acto acusado, esta intente prolongar indefinidamente la utilización de los recursos consagrados en la ley para controvertir el acto administrativo principal, bajo el argumento que su notificación se causó por conducta concluyente, cuando en realidad era conocedora de la existencia del mismo mucho antes de la presentación de dichos recursos.

En consecuencia, se encuentra acertada la sentencia apelada, en tanto, declaró probada de oficio la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa y, se inhibió para decidir de fondo la controversia planteada, pues la demandante no cumplió con el referido presupuesto procesal de la acción contenciosa administrativa, en los términos de los artículos 135 y 136 del Código Contencioso Administrativo.

Finalmente, a folios 35 a 51 del cuaderno de apelación obra poder conferido por la DIAN a la señora Clara Patricia Quintero Garay, con los respectivos soportes, razón por la cual en la parte resolutiva de esta providencia le será reconocida personería para actuar en el proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confírmase la sentencia del 30 de mayo de 2011 proferida por la Sala de Decisión 9 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

2. Reconócese personería para actuar como apoderada de la parte demandada a la señora Clara Patricia Quintero Garay, en los términos del poder que obra a folio 36 del cuaderno de apelación.

3. En firme esta sentencia y previas las comunicaciones del caso, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Este proyecto fue discutido y aprobado en sesión de la fecha.

Cópiese y notifíquese».