Sentencia 2006-03260/42791 de marzo 20 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Rad.: 05001-23-31-000-2006-03260-01(42791)

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Argiro León Restrepo Londoño y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional

Referencia: Acción de reparación directa - sentencia

Bogotá, D.C., veinte de marzo de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

6. La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse de un recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Descongestión, en un proceso que, por su cuantía, tiene vocación de doble instancia ante esta Corporación(1).

6.1. En este punto, conviene precisar que habida cuenta de que los accionantes fueron los únicos que apalearon la decisión de primera instancia, la Sala, en principio, se limitará a pronunciarse respecto del objeto de su medio de impugnación de conformidad con lo dispuesto por el artículo 357(2) del CPC.

6.2. No obstante, al admitir dicha regla ciertas excepciones derivadas, por una parte, de la facultad del juzgador de segunda instancia para manifestarse en cuanto a los aspectos implícitos de los argumentos que se esgriman en la apelación y, de otro lado, de los diferentes cuerpos normativos que impongan el deber de pronunciarse de oficio, como lo son las normas y principios de carácter constitucional, los tratados internacionales relacionados con la protección de los Derechos Humanos y la vigencia del Derecho Internacional Humanitario, y las normas legales de carácter imperativo, en el evento en que las especificidades del presente asunto lo ameriten, se abordarán oficiosamente los aspectos cuyo estudio resulte pertinente para adoptar la decisión(3). En este sentido, la Sala Plena de la Sección Tercera señaló:

3.2.2.1. En relación con el alcance del recurso de apelación de las sentencias, la Sala, a partir de la interpretación que hizo del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil(4), acogió la tesis conforme a la cual la competencia del juez ad quem está limitada a los aspectos que señale el recurrente. Se consideró que de la premisa: “la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante”, no se sigue, tal como lo señaló la Corte Suprema de Justicia(5), “una autorización al juez de segundo grado para hacer el escrutinio y ad nutum determinar libremente ‘qué es lo desfavorable al recurrente’, pues a renglón seguido, la norma establece una segunda prohibición complementaria, según la cual ‘no podrá el ad quem enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso”.

3.2.2.2. Para la Sala, sin embargo, la regla general relacionada con los límites de la competencia del juez ad quem, admitía excepciones derivadas de mandatos constitucionales y legales. A título de ejemplo se señalaron en el fallo algunos asuntos procesales, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, los cuales, entre otros, deben ser declarados por el juez de segunda instancia, de manera oficiosa, en tanto favorecen al apelante único, aunque no hubieran sido propuestos como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada, porque tales aspectos constituyen presupuestos para dictar sentencia de mérito.

3.2.2.3. La Sala, en esta oportunidad precisa que la competencia del juez de segunda instancia abarca los temas implícitos en aquellos aspectos que el recurrente propone, al sustentar el recurso de apelación de la sentencia. Se trata de dar alcance a la expresión “los aspectos que señale el recurrente”, a los cuales se limitó la competencia del ad quem en la providencia referida. Para la Sala, la apelación de un aspecto de la sentencia confiere competencia al juez de segunda instancia para resolver todos esos asuntos, puntos o elementos que estén comprendidos en el mismo, en algunas ocasiones, inclusive, porque su mención resultaría ilógica, pero siempre que la revisión de esos asuntos le resulte favorable al recurrente (…)(6).

II. Validez de los medios de prueba

7. En relación con la totalidad de los medios probatorios obrantes en el plenario, conviene precisar lo siguiente:

7.1. Al expediente se aportaron pruebas documentales que, a pesar de que fueron allegadas en copias que no cumplen con las precisiones dispuestas en el artículo 254 del CPC, serán valoradas libremente por la Sala.

7.1.1. Al respecto, conviene recordar que recientemente, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en aplicación de los principios de buena fe, lealtad procesal y prevalencia del derecho sustantivo sobre el formal, cambió su posición en cuanto a la valoración de copias simples, para entender procedente su estimación, siempre y cuando no se hubieran tachado de falsas a lo largo del proceso en el que se pretenden hacer valer. En este sentido, consideró:

En el caso sub examine, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue aportada por la entidad demandante y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se allegó por el actor, circunstancia que no acaeció, tanto así que ninguna de las partes objetó o se refirió a la validez de esos documentos. // Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas.

(…) Lo anterior no significa que se estén aplicando normas derogadas (retroactividad) o cuya vigencia se encuentra diferida en el tiempo (ultractividad), simplemente se quiere reconocer que el modelo hermenéutico de las normas procesales ha sufrido cambios significativos que permiten al juez tener mayor dinamismo en la valoración de las pruebas que integran el acervo probatorio, para lo cual puede valorar documentos que se encuentran en copia simple y frente a los cuales las partes han guardado silencio, por cuanto han sido ellas mismas las que con su aquiescencia, así como con la referencia a esos documentos en los actos procesales (v.gr. alegatos, recursos, etc.) los convalidan, razón por la que, mal haría el juzgador en desconocer los principios de buena fe y de lealtad que han imperado en el trámite, con el fin de adoptar una decisión que no refleje la justicia material en el caso concreto o no consulte los postulados de eficacia y celeridad(7).

7.2. De otro lado, obra en el plenario la declaración de Ramón Restrepo Restrepo rendida ante el Tribunal a quo, quien aseveró ser primo de la víctima y por consiguiente, la Sala puede inferir que se trata de un familiar de los demandantes.

7.2.1. Al respecto, si bien dicha circunstancia o relación entre el testigo y los accionantes no lleva a descartar de plano su versión de los hechos, sus dichos serán tenidos por sospechosos a la luz del artículo 217(8) del CPC, en virtud de que su percepción sobre los sucesos podría estar parcializada. En ese orden de ideas, se observa la credibilidad de su declaración depende del análisis que se proceda a realizar en conjunto con los demás elementos probatorios obrantes en el expediente, y los correlativos hechos que a raíz de estos se encuentren demostrados(9).

III. Los hechos probados

8. De conformidad con el material probatorio allegado al proceso contencioso administrativo y valorado en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

8.1. Desde el año 1999 al año 2004, el señor León Argiro Restrepo Oquendo se desempeñó como (i) maestro de danzas de la casa de la cultura en todas las categorías —desde enero a diciembre del año 2001—; (ii) personero estudiantil de la Institución Educativa San José, del municipio de Betulia —período académico del año 2002—; (iii) monitor en recreación de la casa de la cultura, en apoyo al proyecto conocido como casa viajera —lapso comprendido entre los años 2002 y 2003—; (iv) miembro activo de la banda marcial de la institución referida —durante su proceso estudiantil—; (v) instructor de danzas del semillero del colegio en comento —durante un mes del año 2004—; (vi) juez oficial del torneo de baloncesto femenino “Nueva Generación”, organizado por la institución educativa San José —octubre del año 2004—, y (vii) arbitro de los partidos de baloncesto, voleibol y futbol de salón, organizados por el municipio de Betulia —desde el año 1999 hasta el año 2004— (copias de las constancias del 1º de marzo de 2005, expedidas por la Institución Educativa San José, del diploma de agradecimiento expedido por el departamento de educación física de la misma institución, de las constancias del 1º de marzo de 2005, expedidas por la casa de la cultura del municipio de Betulia; f. 36, 37, 39-43, c. 1).

8.2. El 9 de septiembre de 2003, el señor León Argiro Restrepo Oquendo comenzó a prestar su servicio militar obligatorio en la ciudad de Medellín, para lo cual, por medio de la Resolución 81 de la fecha en comento, expedida por la Policía Nacional, fue nombrado como auxiliar de policía. No obstante lo anterior, una vez se le practicó el tercer examen médico dentro del tiempo establecido por el artículo 18(10) de la Ley 48 de 1993, se encontró que presentaba una depresión mayor, patología que se constituía en una causal de inhabilidad incompatible con la prestación del servicio militar, de modo que se le declaró no apto para continuar desempeñándose como auxiliar de policía y en consecuencia, mediante Resolución 109 del 31 de octubre de 2003 dictaminada por la autoridad en comento, se le retiró del servicio y en consecuencia, retornó al municipio de Betulia, Antioquia (copias de la ficha de retiro del 31 de octubre de 2003, del acto de notificación personal de la Resolución 109 de 2003, de la resolución 109 del 2003, expedida por la Policía Nacional y del formato del tercer examen de incorporación del señor León Argiro Restrepo Oquendo; f. 3-6, c. 1).

8.3. Durante el año 2004, el señor León Argiro Restrepo Oquendo informó a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación, que fue objeto de varias amenazas y agresiones por parte de sujetos que adujo que pertenecían al grupo sur este de las Autodefensas Unidas de Colombia, en consideración a que se negó a darles información de las personas que vivían en el municipio de Betulia —la cual afirmó conocer debido a sus labores sociales y culturales—, razón por la cual, con protección de la Policía Nacional, salió de dicho municipio y se trasladó al municipio de Itagüí, lugar en el que continuó siendo asediado por integrantes del referido grupo armado al margen de la ley.

8.3.1. De lo anterior, da cuenta la constancia del 11 de marzo de 2004, mediante la cual el comandante de la estación de policía de Betulia dio fe de que en coordinación con “el EMCAR Nº 6, 2º sección DEANT” de la Policía Nacional, el señor Restrepo Oquendo fue extraído del referido municipio y escoltado al municipio de Medellín —ciudad conurbada del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, de la cual hace parte el municipio de Itagüí—, toda vez que recibió “amenazas de muerte por grupo (sic) autodefensas que operan (sic) esta zona, por haberse negado a colaborar y delinquir con (sic) mencionada organización al margen de la ley”.

8.3.2. Igualmente, el 29 de marzo de 2004, alrededor de las 4:30 p.m., el señor León Argiro Restrepo Oquendo se presentó ante la Fiscalía 121 Seccional ubicada en el municipio de Itagüí, instante en el que (i) informó con detalle sobre las amenazas y un ataque físico que padeció por personas que dijo que pertenecían a las AUC mientras vivía en Betulia; (ii) señaló que ello se debió a que se negó a darles información sobre los pobladores de la comunidad, información a la que tuvo acceso debido a sus labores culturales y sociales en el municipio; (iii) adujo que dadas tales amenazas y la concreción de una agresión en su contra, abandonó dicho municipio para instalarse en la casa de una tía que vive en Itagüí, y (iv) denunció que no obstante cambió de residencia, seguía siendo hostigado telefónicamente, así como que un sujeto desconocido estaba averiguando por su ubicación, de tal forma que temía por su vida. En ese sentido, aseveró:

PREGUNTADO: Cuál es el motivo de su denuncia? CONTESTÓ: Temo por la seguridad de mi vida, por amenazas de las cuales he sido objeto por parte del grupo sur este de las Autodefensas en el municipio de Betulia Antioquia motivo por el cual me tuve que desplazar de ese municipio. Yo era monitor cultural de ese municipio por espacio de un año y debido (sic) al trabajo yo realizaba múltiples trabajos en el municipio como formación de grupos juveniles en la zona rural y allí conocí mucha gente incluyendo jóvenes de ese grupo armado, quienes me pedían que les informara sobre la situación económica de los principales ciudadanos de ese municipio y fue así como me enteré de que un joven de ese grupo subversivo se había integrado como auxiliar regular de la policía y este joven se llama JAIME SERNA, yo no pude informar esto por temor; yo también estuve en la policía como Auxiliar Regular y allí estuve casi tres meses pero luego me salí porque me sentía deprimido y luego volví al municipio de Betulia y trabajé un mes y estando allí este grupo subversivo me obligaba a que diera información del municipio y al negarme a ayudarle en esta forma me vi obligado a venirme del pueblo y me vine para Itagüí y estando acá recibí llamadas amenazadoras contra mi vida. PREGUNTADO: Qué clase de amenazas recibió y desde que fecha? CONTESTÓ: Aquí en Itagüí desde el día trece de marzo una fue en la mañana y al otro día me llamaron y me citaron que me debía presentar en el corregimiento de Bolombolo y yo acudí a la cita y estando allí me golpearon la cabeza de tal forma que perdí el sentido y cuando desperté estaba armado de las manos en un potrero diagonal al centro de salud y luego me fui para para (sic) que me atendiera porque me sentía como mariado y allí me atendieron y al otro día me dieron de alta y me vine para Itagüí estos hechos ocurrieron el 15 y el 16 del presente mes, no supe quién me dio esos golpes, porque cuando menos pensé me arrinconaron en un callejón y allí me atendieron y al otro día me dieron de alta y me vine para Itagüí, no supe quién me dio esos golpes porque cuando menos pensé me arrinconaron en un callejón y me golpearon eran dos muchachos y era aproximado las ocho de la noche, yo me encontraba solo. PREGUNTADO: Que manifestaciones te hicieron estas personas? CONTESTÓ: Ninguno (sic) yo estaba esperando donde supuestamente ellos iban a llegar y al ver que no llegaban me fui para un hotel y cuando me dirigía hacia él fue cuando sucedieron los hechos y ellos no se volvieron a pronunciar hasta este viernes pasado que llamaron a la casa de (sic) donde yo estaba hospedado que era la casa de una tía mía de nombre CONSUELO OQUENDO (…) y luego fue un hombre al lugar de (sic) donde trabaja mi tía a preguntar por mí; ella dijo que era un hombre moreno alto barbado joven (…).

8.3.3. Con ocasión de la anterior denuncia, el 30 de marzo de 2004, la Fiscalía Ciento Cuatro Seccional delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Itagüí, inició investigación penal, para lo que dispuso oír nuevamente al denunciante en ampliación de denuncia (copias de la constancia del 11 de marzo de 2004, suscrita por el comandante de la estación de Policía de Betulia, de la denuncia del 29 de marzo de 2004, presentada por el señor León Arquijo Restrepo Oquendo, y del auto del 30 de marzo de 2004, proferido por la Fiscalía Ciento Cuatro Seccional delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Itagüí; f. 7, 50- 53, 172, c. 1).

8.4. El 28 abril de 2004, aproximadamente dos meses después de haber salido de Betulia, el señor León Argiro Restrepo Oquendo retornó a dicho municipio, en consideración a que adujo que su vida también corría peligro en Itagüí y no tenía otro lugar al que pudiese ir. Conforme a lo anterior, solicitó protección a la Policía Nacional, autoridad que a través de la estación de policía de Betulia, ese mismo día, si bien reconoció el riesgo en el que aquel se encontraba, solo se comprometió a prestarle seguridad cuando ello le fuese factible, punto en el que indicó que tenía escasos medios logísticos y humanos para ello, de manera que le realizó varias recomendaciones personales de protección, a saber (i) en caso de notar cualquier anomalía en su entorno, la informase de inmediato en líneas disponibles las 24 horas del día; (ii) si le era posible, reubicase su lugar de residencia en un sector más cercano a la plaza principal del municipio y por ende, a la estación de policía, de tal forma que se le pudiera prestar seguridad en su vivienda de manera constante, puesto que vivía muy lejos de la misma y era imposible asignarle un escolta personal, y (iii) que no saliera en horas de la noche de su hogar, pero en caso de que lo hiciese, se asegurase de estar acompañado. Al respecto, refirió en un acta que firmó tanto el señor Restrepo Oquendo como el comandante de la estación de policía de Betulia, que (copias del acta del 28 de abril de 2004, suscrita por el señor Restrepo Oquendo y el comandante de la estación de policía de Betulia; f. 10, 11, c. 1):

En el municipio de Betulia, a los veintiocho días del mes de abril y siendo las 17:00 horas (…) al tener conocimiento de la llegada al municipio en horas del mediodía, el (sic) joven LEÓN ARGIRO RESTREPO OQUENDO (…). El joven en mención manifiesta correr más peligro en la ciudad de Medellín y que por eso se volvió a vivir al pueblo, ya que no tiene para donde más irse, a sabiendas del peligro inminente que corre su vida.

Este comando consiente (sic) de la necesidad de protección para su vida que demanda este ciudadano, le hace las siguientes recomendaciones de seguridad a tener en cuenta para su seguridad, ya que la residencia de este joven queda muy retirada de la zona urbana del municipio y en estos momentos no contamos con los medios logísticos y el personal necesario para brindarle seguridad adecuada, este comando informará oportunamente a los mandos superiores de la institución para que a través de ellos se coordine con las autoridades encargadas de tales casos y se tomen las decisiones a que hallan (sic) lugar para progre (sic) la vida e integridad de este ciudadano.

Personal disponible de la estación se les impartió las consignas para pasarle revista constante a la residencia del joven en mención.

RECOMENDACIONES

1. Cualquier anomalía en su entorno, como personas sospechosas, o situaciones que usted considere deba ser de conocimiento de las autoridades, informe inmediatamente al comendo de policía a los teléfonos: 112-8436040-8436093-8436856, líneas disponibles a las 24 horas del día.

2. Si le es posible ubicar su lugar de residencia en un sector más cercano a la plaza principal del municipio, para así poder brindarle protección policial constante, ya que en estos momentos tenemos un déficit de personal asiéndose (sic) imposible asignarle escoltar personal para su protección.

3. Tratar en lo posible no salir de su residencia en horas de la noche, si tiene necesidad de hacerlo, hágalo siempre acompañado.

8.5. De manera posterior a la recomendación reseñada, el señor León Argiro Restrepo Oquendo, junto con sus familiares, se mudó a una casa ubicada en la carrera 20 Nº 21-17 del municipio de Betulia, la cual se encuentra a pocos metros de la plaza principal del casco urbano, y al frente de la estación de policía del ente territorial en comento(11) (copias de hojas de la minuta de población de la estación de policía de Betulia, en la cual se dejó constancia de la dirección del difunto y de su familia, y testimonios de los señores Doris Figueroa Ibarra Juan José Herrera Rivera y Ramón Restrepo Restrepo —quienes afirmaron conocer, ser amigo y primo del difunto León Argiro Restrepo Oquendo; f. 102-107, 112-114, 112-122, c. 1).

8.6. Los días 3 de junio y 10 de diciembre de 2004, y 19 de enero de 2005, la Seccional de Inteligencia del Departamento de la Policía Nacional y la estación de policía de Betulia, teniendo en cuenta la situación de orden público existente en el departamento de Antioquia y en el municipio aludido, le realizaron varias recomendaciones al señor León Argiro Restrepo Oquendo, con la finalidad de que con ayuda de su familia, minimizara los riesgos a los que se encontraba expuesto, recomendaciones que debía observar (i) en caso de secuestro; (ii) en su residencia; (iii) en viajes; (iv) en el uso del teléfono, y (v) en sus actividades diarias. Entre tales observaciones, la estación de policía señalada reiteró las sugerencias que hizo con anterioridad, y resaltó que se debía tener especial cuidado “con sus desplazamientos y la importancia de mantener permanentemente los esquemas de seguridad. Evitar desplazamientos en zonas que presenten condiciones difíciles de orden público”, así como pidió que se le “informara de manera oportuna la proliferación de amenazas en su contra, a fin de revalidar los respectivos esquemas de seguridad y análisis de riesgo, esta situación debe ser considerada también, hacia sus núcleos familiares” (copias de las recomendaciones expedidas por la Seccional de Inteligencia de la Policía Nacional y por la estación de policía de Betulia; f. 12-31, c. 1).

8.7. El 10 de enero de 2005, los señores León Jaime Rendón y León Argiro Restrepo Oquendo suscribieron un acta de compromiso ante el comandante de la estación de policía de Betulia, en la que el primero se comprometió “a no seguir molestando” al señor Restrepo Oquendo, “ni seguir buscándolo con la intención de causarle perjuicios a él y a su familia”, y este a “no instaurar ninguna denuncia en contra del antes mencionado” (copia del acta de compromiso del 10 de enero de 2005, suscrita por los señores León Jaime Rendón y León Argiro Restrepo Oquendo; f. 32, c. 1).

8.8. El 16 de febrero de 2005, en horas de la noche, el señor León Argiro Restrepo Oquendo salió a celebrar su cumpleaños. Al día siguiente, esto es, el 17 de febrero de 2005, al parecer en horas de la madrugada, este falleció como consecuencia de un impacto de proyectil de arma de fuego, el cual le ingreso por el lado derecho de su cuello y salió por el lado izquierdo de su espalda, bala que además le generó equimosis en su cara y cuello. Ese mismo día, en algún momento, su hermana Diana María Restrepo Oquendo, presentó una denuncia por su desaparición, luego de lo cual, en horas de la tarde, ella encontró su cadáver a las afueras del casco urbano del municipio de Betulia, en la zona conocida como “planta de tratamiento zona semirural de este municipio”, de tal forma que a las 5:00 p.m., la Policía Nacional realizó la inspección del cuerpo en la morgue del hospital Germán Vélez Gutiérrez. Dicha autoridad, con observancia de las amenazas que pesaban en contra del señor Restrepo Oquendo, consideró que el crimen posiblemente fue efectuado por reinsertados de las AUC que residían en el municipio.

8.8.1. Ese mismo día, en horas de la noche, se presentaron en la estación de policía de Betulia los señores Jorge Alberto Restrepo Vargas, Hernán Fernández y Yeison Andrés Correa, quienes rindieron testimonio en contra de los señores Luis Alberto Gómez Cartagena y Juan Diego Restrepo, sujetos que señalaron de ser los principales autores del asesinato del señor León Argiro Restrepo Oquendo, testigos que “salen comprometiéndose que van a declarar toda la verdad de lo que pasó y lo que les contaron los señores Luis Alberto y Juan Diego cuando estaban con ellos en horas de la mañana”, minuta que fue firmada por los denunciantes. Debido a lo anterior, el 18 de febrero de 2005, dichos sujetos fueron capturados y en compañía de funcionarios de la SIJIN, fueron enviados al municipio de Concordia para el trámite de la investigación penal que se adelantara (copias del oficio Nº 122 del 9 de marzo de 2005, suscrito por el fiscal treinta y cuatro delegado, de los registros civiles de nacimiento de León Argiro Restrepo Oquendo y de Diana María Restrepo Oquendo, de hojas de la minuta de población de la estación de policía de Betulia, original del certificado del registro civil de defunción del señor Restrepo Oquendo, y testimonios de los señores Doris Figueroa Ibarra, Juan José Herrera Rivera y Ramón Restrepo Restrepo; f. 34, 45, 48, 49,102-107, 112-122, c. 1).

8.9. El 9 de marzo de 2005, la Fiscalía Treinta y Cuatro delegada ante los Juzgados de Medellín pidió colaboración al comandante de la Policía Metropolitana de Medellín, para brindarle protección a Diana María Restrepo Oquendo, en consideración a que fue amenazada debido a la denuncia que formuló por la desaparición y posterior muerte de su hermano León Argiro Restrepo Oquendo, “quien fue encontrado muerto ese mismo día —17 de febrero de 2005— en horas de la tarde en las afueras del municipio de Betulia”. Igualmente, puso de presente que con ocasión del homicidio del aludido señor Restrepo Oquendo, se encontraban capturados los señores Luis Albeiro Gómez Cartagena, alias Coco, reciente reinsertado de las AUC, y Juan Diego Restrepo González, alias Caballo o Pollo (copia del oficio Nº 122 del 9 de marzo de 2005, suscrito por el fiscal treinta y cuatro delegado; f. 34, c. 1).

8.10. La investigación que se inició el 30 de marzo de 2004, por la denuncia presentada por el señor León Argiro Restrepo Oquendo ante la Fiscalía General de la Nación, no se adelantó sino hasta después de su fallecimiento. Al respecto, en el respaldo de la copia del auto de apertura de investigación, en el cual se ordenó que se le citara para la ampliación de su declaración, se dejó (i) una constancia sin fecha, en la que un técnico judicial indicó haberse comunicado a un número telefónico, en el cual no se le contestó, por lo que manifestó “que no ha sido posibles (sic) citarlo a ampliación de denuncia”, y (ii) una constancia del 1º de abril de 2005, en la que se plasmó que en ese mismo número telefónico, la señora Lucelly Oquendo, quien se identificó como tía de León Argiro Restrepo Oquendo, informó que su sobrino había muerto en el municipio de Betulia.

8.10.1. El 27 de febrero de 2008, la Unidad Delegada de la Fiscalía General de la Nación ante los Juzgados Promiscuos de Concordia, decidió abstenerse de abrir instrucción por la conducta punible de desplazamiento, en consideración a que ya había transcurrido el tiempo establecido por la ley, y no se tenían elementos de convicción suficientes para su apertura (copias auténticas de los autos del 30 de marzo de 2004 y del 2 de febrero de 2008; 172, 212-215, c. 1).

IV. Problema jurídico

9. Con observancia del contenido de la sentencia de primera instancia, del recurso de apelación interpuesto por los actores, y de las demás actuaciones de quienes participaron en la litis, la Sala debe determinar si la muerte del señor León Argiro Restrepo Oquendo es imputable a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, para lo que se deberá establecer si el ente demandado omitió o cumplió de manera deficiente su obligación de protección en cuanto al referido occiso, y si ese incumplimiento incidió de manera adecuada en la causación de su muerte.

9.1. Para efectos de realizar el anterior estudio, se deberá (i) analizar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que se presentó el homicidio y en especial, dilucidar quién causó materialmente el fallecimiento del señor Restrepo Oquendo; (ii) en el evento de que la muerte hubiese sido causada por un tercero ajeno a la Policía Nacional, establecer si ello impide que se le atribuya el daño a la entidad estatal demandada; (iii) determinar el alcance del deber de guarda de la Policía Nacional respecto de la integridad personal del señor Restrepo Oquendo, teniendo en cuenta que este le aviso con anterioridad sobre las amenazas en su contra; (iv) esclarecer los actos que efectivamente efectuó para garantizar los derechos del occiso, y si su acción u omisión conllevó a la vulneración de los mismos con observancia de las limitaciones que hubiese probado para cumplir con su carga obligacional, y (v) definir si la conducta que la víctima observó al regresar al municipio de Betulia, y al haber salido en horas de la noche un día antes de la fecha en que se produjo su asesinato, influyó de manera exclusiva o concurrente en el daño que soportó.

V. Análisis de la Sala

10. Se encuentra debidamente acreditado el daño alegado en la demanda, consistente en la muerte del señor León Argiro Restrepo Oquendo, la cual se le causó en horas de la madrugada del 17 de febrero de 2005, en las afueras del casco urbano del municipio de Betulia, con un proyectil de arma de fuego que ingresó por el extremo derecho de su cuello y salió por el lado izquierdo de su espalda, proyectil que adicionalmente le generó equimosis en el cuello y en el rostro, de lo que se sigue que el mismo fue accionado desde arriba a abajo y de derecha a izquierda —ver párrafo 8.8—.

11. En cuanto a la imputación del daño aludido, conviene recordar que en la sentencia de primera instancia se precisó que la Policía Nacional no incurrió en una falla en la prestación del servicio, en consideración a que no se acreditó que hubiese participado de manera activa u omisiva en el fallecimiento del señor Restrepo Oquendo, habida cuenta de que:

(i) no se le podía creer a los testigos en cuanto a que funcionarios de la estación de policía de Betulia hubiesen actuado para que dicho menoscabo se concretara;

(ii) la entidad demandada hizo todo lo que estaba a su alcance para evitar que las amenazas efectuadas en contra del señor Restrepo Oquendo se hiciesen realidad, más aún cuando su obligación de protección no es absoluta y adicionalmente, sin que se pudiera perder de vista que luego de ocurrida la muerte, obró para individualizar y capturar a quienes se señalaron de haber cometido el asesinato;

(iii) no se probaron adecuadamente las circunstancias específicas en que tuvieron lugar los hechos, en especial, que para el momento en que la víctima salió a celebrar su cumpleaños hubiese pedido que se le escoltara o brindara algún tipo de protección, ni mucho menos, que en caso de haberlo hecho, la misma se le hubiese negado o hubiere resultado insuficiente para garantizar su integridad personal;

(iv) no era exigible que hubiese reintegrado al señor Restrepo Oquendo a la prestación del servicio de policía, negativa que en cualquier caso no se podía concluir que hubiere tenido un nexo con el desenlace negativo que motivó el presente asunto contencioso administrativo, máxime cuando dicha vinculación no se hace para salvaguardar a quien lo presta, sino que por el contrario, quien se vincula asume la producción de eventuales riesgos en contra de su vida e integridad personal, y

(v) la víctima se expuso imprudentemente a la producción del daño, puesto que a pesar de saber del riesgo que existía de ser asesinado en Betulia, volvió a dicho municipio y no obstante las recomendaciones de seguridad que se le hicieron, salió sin protección personal en horas de la noche.

11.1. Frente a la anterior decisión, los actores, en su recurso de apelación y alegatos de conclusión en esta instancia, insistieron en la responsabilidad del Estado, comoquiera que adujeron que (i) la Policía Nacional sabía de las amenazas e incluso, de las lesiones que miembros de las AUC le hicieron al señor León Argiro Restrepo Oquendo, de tal forma que se podía colegir que no hizo nada para garantizar los derechos de este, en la medida en que permitió que se le secuestrara y asesinara por parte de terceros, obligación de protección que incumplió y que en el sub judice no es relativa sino absoluta; (ii) la relatividad del servicio no se puede alegar sin mayor justificación para exonerar de responsabilidad a los entes demandados, y (iii) de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, basta con la omisión o falla del servicio para generar la responsabilidad del Estado.

11.2. En un principio, se debe poner de presente que la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló que así como la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual, tampoco se podía establecer jurisprudencialmente un único título de imputación a aplicar a eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, en consideración a que dicho título de imputación puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas dentro del proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su argumentación(12).

11.3. Sin embargo, también es cierto que sin una argumentación razonable, no es posible desconocer el precedente jurisprudencial fijado por esta Corporación en relación con daños similares al causado en el sub judice, toda vez que ello implicaría vulnerar el principio de igualdad, así como desconocer injustificadamente otras decisiones judiciales respecto de asuntos que fueron decididos siguiendo un derrotero argumentativo en específico.

11.4. Con observancia de lo anterior, se debe tener en cuenta que por regla general, los daños ocasionados por agentes no estatales no comprometen la responsabilidad patrimonial del Estado, en la medida en que no le resultan imputables desde un punto de vista fáctico. No obstante lo anterior, se ha considerado que en ciertas circunstancias, tales menoscabos pueden ser imputados a la administración a título de falla del servicio, daño especial, riesgo excepcional o, últimamente, riesgo conflicto(13).

11.5. Es así como esta Corporación ha considerado que el concepto de falla del servicio opera cuando en incumplimiento de sus cargas obligacionales, los entes estatales intervienen en la producción del daño de manera activa u omisiva, esto es, a través de actos indebidos encaminados a la realización del menoscabo(14), o por la omisión en el cumplimiento de las funciones a su cargo, lo cual se ha entendido que ocurre cuando (i) la falta de cuidado o previsión del Estado facilita la actuación dañina de los terceros(15); (ii) la víctima, o la persona contra quien iba dirigido el acto, solicitó protección a las autoridades y estas la retardan, omiten o la prestan de forma ineficiente(16); (iii) el Estado no llevó a cabo ninguna acción para evitar o enfrentar un ataque que era razonablemente previsible(17); y (iv) la administración omite adoptar medidas para evitar o atender adecuadamente una situación de riesgo objetivamente creada por ella(18).

11.6. De esta manera, el hecho de que un menoscabo provenga de un acto material efectuado por un tercero ajeno al Estado no imposibilita que dicha consecuencia nociva le sea atribuida a este y que por ende, surja su deber de reparar a las víctimas y damnificados, habida cuenta de que si la conducta estatal por acción u omisión contribuye de manera eficiente y adecuada(19) al desenlace negativo cuya reparación se demanda, es evidente que también se radica en su cabeza la producción del mismo e igualmente, la obligación de resarcir a los afectados por este.

11.7. Se observa que en los eventos en que la autoridad estatal omite dar cumplimiento al contenido obligacional que le es asignado por el ordenamiento jurídico, o lo ejecuta de manera abiertamente ineficiente o incompleta, dando con ello pie a la producción del menoscabo demandado, este le podría ser endilgado con base en el fundamento jurídico de imputación de falla del servicio, habida cuenta de que el ente respectivo, encontrándose en el deber de actuar de la forma establecida por las normas pertinentes para efectos de salvaguardar o garantizar la efectividad de un derecho, no lo hace o lo hace inadecuadamente, incumpliendo así la ejecución debida de sus cargas, lo que, de contribuir o permitir que se cause el daño antijurídico pasaría a comprometer su responsabilidad.

11.8. Sobre este punto, se debe destacar que dicha imputación solo se hace viable cuando la obligación que incumple la entidad respectiva con su omisión, genera desde la perspectiva de la causalidad adecuada, el surgimiento de la afectación cuya reparación se solicita —comoquiera que de lo contrario se estaría frente a un despliegue deficiente de la actividad estatal que no habría tenido incidencia alguna en el desenlace del daño y por lo tanto, no sería factible atribuirle el mismo—. Lo anterior generalmente sucede cuando se cuenta con los siguientes elementos, a saber (i) que dicho ente tenía la obligación legal o reglamentaria de realizar una actuación con la cual, según las reglas de la experiencia y en condiciones normales, se habría evitado el origen del detrimento respectivo(20); (ii) en el despliegue de esa actuación estatal no se hace uso o no se dispone de los recursos con los que se contaba para el eficiente cumplimiento de la carga obligacional correspondiente, respecto de lo que se debe observar las características específicas del sub judice y de la entidad que corresponda, y (iii) se verifique la existencia del nexo causal adecuado, entre la omisión del comportamiento preventivo sin disponer de los medios con los que se disponía, con la producción del daño(21).

11.9. Igualmente, conviene advertir que en el evento de acudir a otro criterio de atribución jurídica perteneciente a la teoría de la imputación objetiva distinta a la causalidad adecuada(22), como por ejemplo, la posición de garante —criterios que no han sido acogidos del todo por esta Corporación, a pesar de que en ocasiones son utilizados para asuntos en los que se demanda la indemnización de daños derivados de una omisión o causados por terceros imputables al Estado—, la simple configuración de la omisión o de una falla del servicio no es suficiente para comprometer la responsabilidad patrimonial del Estado, puesto que a pesar de que bajo dichas posturas, jurisprudencialmente se ha considerado que no se puede hablar de un nexo de causalidad entre una omisión y un menoscabo, también se ha reconocido que para que surja el deber de reparar, se impone verificar un análisis de relevancia de la omisión o, en otros términos, que esa inactividad incidió en el origen del detrimento en tanto que la actuación omitida tenía la potencialidad de evitarlo. Al respecto, se ha indicado:

Los problemas de imputación de responsabilidad frente a eventos de omisión ha llevado a la doctrina a proponer fórmulas de solución más coherentes, como lo son los criterios normativos de atribución, los cuales han tenido desarrollo en la teoría de la imputación objetiva, que ha sido acogida en algunos eventos por la jurisprudencia de la Corporación, fundamentalmente en aquellos en los que se predica del Estado su posición de garante. // Las entidades obligadas a prestar el servicio de salud tienen la posición de garante frente a los pacientes que soliciten esos servicios. Por lo tanto, ven comprometida su responsabilidad cuando se abstengan de ofrecer al paciente los tratamientos que estos requieran, de acuerdo con los desarrollos científicos y tecnológicos y el nivel de atención de la institución de que se trate, o en su defecto de la remisión oportuna del paciente a una entidad de mayor nivel, y esa omisión implique para el paciente la pérdida de oportunidad de recuperar su salud, preservar su vida o al menos mantener condiciones estables en su afección(23).

11.10. Por su parte, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que para declarar la falla de la administración es necesario contrastar el contenido obligacional que fija el ordenamiento jurídico, junto con las circunstancias del caso concreto:

La responsabilidad derivada del incumplimiento de obligaciones de control que a ella le corresponden [se refiere a la Policía Vial] (...) no es objetiva, pues requiere que los perjuicios que se reclamen puedan imputarse al incumplimiento de una obligación determinada.

Esta responsabilidad, incluso bajo la óptica del artículo 90 de la C.P., solo puede surgir cuando se evidencia la existencia de una falla del servicio, teniendo en cuenta que tal concepción es relativa. Su régimen fue precisado por la Sala en sentencia del 5 de agosto de 1994 (exp. 8487, actor VÍCTOR JULIO PARDO, ponente, Carlos Betancur Jaramillo), en la cual se señaló:

“1. En casos como el presente, en los cuales se imputa responsabilidad a la administración por el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de sus obligaciones, la determinación de si el daño causado al particular tiene el carácter de daño antijurídico, depende de acreditar que la conducta de la autoridad fue inadecuada. Si el daño que se imputa a esta se deriva del incumplimiento de un deber que legalmente le corresponde, o de su cumplimiento inadecuado, la antijuridicidad del daño surgirá entonces aquí de dicha conducta inadecuada, o lo que es lo mismo, de una FALLA EN EL SERVICIO. (...)

2. Para determinar si aquí se presentó o no dicha falla del servicio, debe entonces previamente establecerse cuál es el alcance de la obligación legal incumplida o cumplida inadecuadamente por la administración. Debe precisarse en qué forma debió haber cumplido el Estado con su obligación; qué era lo que a ella podía exigírsele; y, solo si en las circunstancias concretas del caso que se estudia se establece que no obró adecuadamente, esto es, que no lo hizo como una administración diligente, su omisión podrá considerarse como causa del daño cuya reparación se pretende.

La falla de la administración, para que pueda considerarse entonces verdaderamente como causa del perjuicio y comprometa su responsabilidad, no puede ser entonces cualquier tipo de falta. Ella debe ser de tal entidad que, teniendo en cuenta las concretas circunstancias en que debía prestarse el servicio, la conducta de la administración pueda considerarse como anormalmente deficiente”(24).

11.11. Por consiguiente, conviene precisar que a todas las autoridades integrantes del Estado les corresponde la protección y garantía de los múltiples derechos de las personas en Colombia, obligación que irradia todo el ordenamiento jurídico a partir de lo contemplado en los artículos 2º(25) de la Constitución Política y 1º(26) de la Convención Americana de Derechos Humanos(27), carga obligacional que al ser desconocida aparejaría la configuración de una falla del servicio que como se mencionó, se configuraría cuando el Estado interviene activamente como cómplice de la producción del daño, o por omisión, cuando el hecho dañoso le es previsible y no hace nada para evitarlo(28).

11.12. De esta manera, se advierte que toda la estructura del Estado y, en especial, la Policía Nacional como órgano encargado del mantenimiento de (i) el orden público; (ii) las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas; (iii) la convivencia en paz de los particulares, (iv) la seguridad y tranquilidad pública, y (v) la prevención de crímenes que vulneren los derechos tutelados por el ordenamiento jurídico —artículos 218(29) de la C.P., y 33(30) del Decreto 1512 del 2000—, tienen como deber garantizar, guardar y proteger las prerrogativas de los administrados, entre las que se encuentra el derecho a la vida y a la integridad personal, los cuales se encuentran reconocidos en los artículos 2º y 11(31) de la C.P., 4º(32) y 5º(33) de la Convención Americana de Derechos Humanos, y 3º(34) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

11.13. Por lo tanto, tales derechos, además de estar expresamente consagrados y protegidos en el ordenamiento interno, se encuentran garantizados por tratados internacionales de los que es parte Colombia —en un típico enlace vía bloque de constitucionalidad(35)—, de acuerdo con los cuales, es su obligación (i) impedir que se presenten situaciones vulneradores de tales prerrogativas; (ii) fomentar las políticas que sean necesarias y conducentes para evitar ese tipo de prácticas; (iii) investigar lo sucedido; (iv) sancionar a sus responsables, y (v) reparar a los afectados(36).

11.14. Ahora bien, se debe verificar los medios con los que contaba la administración y que hubieran sido efectivamente empleados para lograr la protección de los derechos aludidos, comoquiera que esa carga obligacional no se configura en una obligación de resultado sino de medio —hay ciertas excepciones, como aquellas derivadas de las relaciones especiales de sujeción que surgen con el Estado, como sucede a manera de ejemplo con los reclusos—, naturaleza que implica que cuando se presente su vulneración, máxime cuando esta es producida por terceros ajenos al aparato estatal, no se deriva de manera irreflexiva la responsabilidad patrimonial del Estado, sino que se impone estudiar las condiciones en las que se produjo el menoscabo y las posibilidades que tenían el órgano estatal de acuerdo con sus funciones para soslayarlo. En este sentido, se ha manifestado:

Esta distinción implica que cuando la obligación es de medio el deudor se exonera de responsabilidad probando diligencia y cuidado, en tanto que cuando la obligación es de resultado, este deberá probar una causa extraña. O visto desde otro ángulo, cuando la responsabilidad se fundamenta en la culpa la obligación que se contrajo es de medio y cuando se responde a título objetivo la obligación incumplida es de resultado. Por ello, aunque en la legislación colombiana no figura dicha clasificación, a ella se puede acudir a partir del régimen de responsabilidad que se aplique frente a determinadas obligaciones, bien por virtud de la ley o del desarrollo jurisprudencial.

La distinción entre obligaciones de medio y obligaciones de resultado ha estado referida regularmente a la responsabilidad contractual; sin embargo, nada obsta para que los conceptos puedan ser utilizados dentro del régimen de la responsabilidad extracontractual(37), pues dicha clasificación no tiene como única fuente la voluntad concertada de las partes (aunque en algunos eventos las partes pueden realizar pactos al respecto), sino que ella surge, bien de un mandato legal o en consideración exclusiva a la naturaleza misma de la obligación que se contrae.

Muchos criterios pueden ensayarse para determinar, en ausencia de norma expresa o disposición de las partes, cuándo una obligación es de medio y cuándo de resultado. La Sala considera que el criterio más razonable, si se parte de la definición misma de estos tipos de obligaciones es el de la mayor o menor probabilidad de alcanzar la realización del objeto de la obligación, es decir, si la probabilidad de que se cumpla ese objeto es menor la obligación es de medio y si la probabilidad es mayor, la obligación es de resultado(38). Por supuesto, esta definición deja al juzgador un margen bastante amplio de valoración para determinar cuándo esa probabilidad es alta y cuando es baja, pero estas son situaciones que solo podrán depurarse a través de la jurisprudencia en cada caso concreto.

(…) El artículo 2º de la Carta consagra como uno de los fines esenciales del Estado “garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución” y como funciones que determinan la razón de ser de las autoridades públicas, las de “proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades”.

Ese deber de protección y garantía que constituye el fin esencial del Estado y que define el sentido de las autoridades no es, sin embargo, absoluto en cuanto que el Estado no ve comprometida su responsabilidad frente a cada acto violatorio de los derechos y libertades de las personas, sino que el mismo es relativo y se concreta en el cumplimiento eficiente de los deberes que le correspondan, pero de acuerdo con sus capacidades(39).

11.15. Es así como en relación con la obligación de protección que le asiste a todas las entidades que conforman el andamiaje estatal frente a los particulares, cobra especial importancia el concepto de relatividad del servicio, puesto que no es posible exigir que el Estado impida la causación de todo daño que les pueda sobrevenir a sus bienes y derechos, pese a que se encuentren jurídicamente protegidos. En este sentido, esta Subsección ha considerado:

No obstante, cabe señalar que la Sala ha considerado que a pesar de que es deber del Estado brindar protección a todas las personas residentes en el país, no le son imputables todos los daños a la vida o a los bienes de las personas causados por terceros, porque las obligaciones del Estado son relativas(40), en tanto limitadas por las capacidades que en cada caso concreto se establezcan, dado que “nadie está obligado a lo imposible”(41). Aunque, se destaca que esta misma Corporación en providencias posteriores ha aclarado que la relatividad de las obligaciones del Estado no excusa su incumplimiento, sino que debe indagarse en cada caso si en efecto fue imposible cumplir aquellas que en relación con el caso concreto le correspondían(42)-(43).

11.16. Igualmente, si bien es claro que el deber de protección se predica especialmente de los organismos encargados de garantizar y mantener el orden público, como lo es la Policía Nacional, lo cierto es que, como se mencionó, tal carga recae sobre todos los entes del aparato estatal, los cuales deben obrar conforme a dicha obligación en relación con sus funciones y competencia, sin que ello los limite para colaborarse de manera armónica en la consecución de los fines del Estado tal como lo prevé el artículo 113(44) de la Constitución Política, motivo por el cual no es posible que las consecuencias derivadas de la falta de comunicación o descoordinación de los estamentos estatales, recaiga de manera injustificada sobre los administrados(45).

11.17. A su vez, a la luz de las mencionadas limitaciones, se recuerda que cuando se requiera el especial cuidado por parte del Estado frente a una situación de peligro particular, cuya concreción en un daño no le es previsible y por ende, tampoco evitable, en principio, es menester que el individuo sometido a esa amenaza la comunique al aparato estatal para efectos de que este obre conforme a su necesidad de protección dentro del marco de sus atributos, puesto que de lo contrario, no se le podría exigir un comportamiento apropiado para prevenir la realización de la consecuencia nociva y en consecuencia, tampoco se le podría imputar la misma para originar su responsabilidad patrimonial. Igualmente, se debe señalar que dicha puesta en conocimiento no es necesaria cuando se está en casos en el que con ocasión del rol de una persona o su contexto, el riesgo sea plenamente evidente para el Estado, precisamente en consideración a que este, de cara a dicho conocimiento, debe obrar según sus cargas obligacionales y funcionales sin necesidad de ser requerido para el efecto —la obligación de protección del Estado existe sin necesidad de una petición en ese sentido—(46).

11.18. Ahora bien, en el caso concreto, respecto del cumplimiento de medidas de protección efectivamente realizadas por la entidad demandada, y las condiciones específicas de tiempo, modo y lugar en el que sucedieron los acontecimientos en los que el señor León Argiro Restrepo Oquendo perdió la vida, en el plenario obran los testimonios de la señora Doris Figueroa Ibarra —quien aseveró conocer a la víctima y a su familia, pero no aclaró la naturaleza concreta de su relación—, del señor Juan José Herrera Rivera —quien señaló ser amigo del occiso—, y del señor Ramón Ernesto Restrepo Restrepo —quien manifestó ser primo del difunto—, testigos a los que el apoderado de la parte demandante cuestionó ante el Tribunal a quo.

11.19. Con observancia de que la naturaleza de los medios probatorios aducidos son de carácter testimonial, de manera previa a abordar su análisis, es necesario tener en cuenta las reglas de la sana crítica según las cuales, para el estudio de testimonios, debe realizarse una lectura integral de todos los elementos que rodean la declaración, así como las condiciones personales del deponente, todo ello con el objetivo de verificar las características que deben estar presentes en la versión juramentada, si es que con ella se pretende formar el convencimiento del juez.

11.20. Dichos rasgos son la imparcialidad del testigo, la coherencia interna de sus dichos, la ciencia del conocimiento que tiene sobre los hechos y la coherencia externa del testimonio con los demás medios de prueba que obren en el plenario(47), punto en el que se debe poner de presente que cualquier defecto en alguno o varios de dichos elementos de análisis, tiene la potencialidad de minar la credibilidad del medio de convicción sometido a la crítica del juzgador. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha dicho:

Como es bien sabido, la atendibilidad de la prueba testimonial depende en buena medida de que las declaraciones rendidas sean responsivas, condición que ha de entenderse satisfecha cuando “… las respectivas contestaciones se relaten concienzudamente (sic)…” (G.J.T. CXI, pág. 54), relato que por lo tanto debe incluir la razón de la ciencia del dicho de los deponentes que, según conocida definición de la jurisprudencia, consiste en “… la expresión de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el hecho, y la explicación concerniente al lugar, modo y tiempo como el testigo tuvo conocimiento del mismo…” (Casación Civil de 8 de marzo de 1972), toda vez que solamente así, explicando de qué manera tuvo el declarante conocimiento del hecho acerca del cual testifica, podrá el juzgador apreciar la veracidad con que el testimonio se produce y si realmente dicho declarante tiene o no el conocimiento que se atribuye, resultado al que no es fácil arribar pues supone comprobar, ante esa información así suministrada, si el testigo declaró sobre hechos que pudieron caer sobre la acción de sus sentidos, si apoya o no su dicho en observaciones personales suyas, si la declaración resulta verosímil por no contrariar los dictados del sentido común ni las leyes elementales de la naturaleza y, en fin, si esa misma declaración, además de original y persistente, es consonante con el resto del material probatorio obrante en el proceso. Y en orden a verificar si el requisito mencionado se cumple, es decir si en un caso determinado los testigos dieron razón fundada de su dicho o no, preciso es no olvidar que las declaraciones efectuadas, sea para acogerlas o sea para desecharlas, han de tomarse en su integridad, evitando extraer frases aisladas o afirmaciones ocasionales que por lo común desorientan en el análisis, sentándose entonces un criterio de razonable ponderación crítica en el cual muchas veces ha insistido la Corte al destacar que, cuando de la prueba testimonial se trata, “… no se pueden analizar aisladamente unos pasajes de la declaración, sino que debe serlo en su conjunto para deducir su verdadera significación” (G.J.T. LXXXIX pág. 842), regla esta que lleva a entender, por lógica inferencia, que la expresión de la ciencia del dicho de los testigos no es cuestión que dependa en modo alguno de exigencias rituales, toda vez que aún cuando lo normal es que aparezca explícita o formalmente referida, pues a ello tiende sin duda alguna el numeral 3º del artículo 228 del Código de Procedimiento Civil, “… no repugna que ella esté implícita en los términos de la exposición misma, tomada en su conjunto; y si tratándose de una declaración cuyos varios puntos, por razón de la materia están íntimamente enlazados entre sí, la razón de una de las respuestas podría entrarse en la contestación dada a otro de los puntos…” (G.J.T. CVI, pág. 140)(48).

11.21. Además, tal como se insinúa en la cita hecha, es necesario enfatizar que según los mismos criterios de la sana crítica, la prueba testimonial debe ser analizada en forma integral y además, debe ser percibida en conjunto con todos los demás medios de convicción que componen el acervo probatorio, para lo cual se debe tener en cuenta la posibilidad de que el dicho del testigo se vea mediatizado por la acción del tiempo transcurrido entre la época de ocurrencia de los hechos que se relatan, y el momento en que la declaración es vertida al proceso(49).

11.22. De otro lado, en cuanto a las declaraciones de oídas, no obstante su valoración es viable en tanto que se trata de un medio probatorio previsto por la ley, dicha apreciación se encuentra sujeta a mayores criterios de rigor, puesto que no se puede desconocer que el declarante rinde una versión de los hechos que no le consta directamente. De esta forma, al momento de ponderar ese tipo de pruebas, se exige que el juez actúe con mayor exigencia, con la finalidad de que su convicción no se vea indebidamente afectada por información que se vio alterada en el proceso de comunicación en virtud del cual, el deponente indirecto declara sobre algo no percibió a través de sus sentidos(50).

11.23. Teniendo en cuenta lo expuesto, el 2 de octubre de 2007, la señora Doris Figueroa Ibarra, quien adujo conocer a la víctima, indicó que el 16 de febrero de 2005, esta salió en horas de la noche para celebrar su cumpleaños en una discoteca conocida como El Balconcito, ubicada en la plaza principal, lo que fue aprovechado por miembros de las AUC para sacarlo de dicho lugar, alejarlo de la plaza principal ante la pasividad de los policías que se encontraban en cuatro trincheras ubicadas en dicha plaza, y asesinarlo, datos respecto de los que no manifestó la razón por la cual le constaban, ni que los hubiese percibido personalmente.

11.24. Asimismo, señaló que (i) el señor Restrepo Oquendo fue asesinado debido a que tuvo acceso a información de las AUC; (ii) el occiso en ningún momento le comentó que dicha organización le hubiese pedido información sobre los habitantes del municipio; (iii) este se trasladó junto con su familia cerca de la estación de policía del pueblo, con la finalidad de que los policías del lugar le prestaran seguridad; (iv) para el día del asesinato habían alrededor de 30 policías en el municipio; (v) los familiares de León Argiro informaron a la Policía Nacional que lo habían sacado del lugar en el que estaba celebrando su cumpleaños, y los agentes de policía no hicieron nada para evitar que lo asesinaran, y (vi) en ocasiones dichos servidores le prestaban protección, no obstante lo cual, contradictoriamente, al final de su declaración narró que pese a que él los requería para que lo acompañaran a asuntos personales, ellos siempre se negaron a hacerlo. Al respecto, adujo (f. 112-114, c. 1):

PREGUNTADO: Sabe usted cómo ocurrió la muerte del señor LEÓN ARGIRO RESTREPO. CONTESTÓ: Si, se encontraba celebrando el cumpleaños en un negocio que se llama El Balconcito, fue sacado del negocio y trasladado hacia las afueras del pueblo y asesinado (…). Si, fueron las AUC o sea los paramilitares (…). En ese tiempo era instructor de danzas y le tocaba salir a las veredas y por accidente como que tuvo acceso a una información de ellos [AUC] y a raíz de eso vinieron los problemas de él (…). PREGUNTADO: Se enteró usted si los paramilitares le solicitaron al señor León Argiro Restrepo que les suministrara información de las personas pudientes del pueblo económicamente. CONTESTÓ: Nunca me hizo ese comentario (…). PREGUNTADO: La Policía Nacional del municipio de Betulia le exigió a León Argiro para poderle brindar esa protección, algún requisito. CONTESTÓ: Si que se trasladara a vivir a una parte más cercana al comando de Policía porque él vivía muy lejos del parque (…). Si, lo cumplió y se trasladó como ellos le dijeron que lo hiciera. PREGUNTADO: Sabe usted para el día en que ocurrió el deceso de León Argiro Restrepo aproximadamente cuantos agentes de Policía se encontraban en este municipio. CONTESTÓ: Habían más de treinta (30) agentes en el municipio. PREGUNTADO: Sabe usted si la Policía de este municipio encargada de prestarle la protección al señor León Argiro para salvaguardar su vida se la estaba prestando efectivamente. CONTESTÓ: Muy ocasionalmente. PREGUNTADO: Manifestó usted que el día que le dieron muerte al señor León Argiro se lo llevaron del Balconcito donde estaba celebrando su cumpleaños; sabe usted si ese día la Policía Nacional se enteró de que personas desconocidas y no uniformadas se lo estaban llevando. CONTESTÓ: Si, se enteraron. PREGUNTADO: Sabe usted cómo se encontraban conformados los puestos de seguridad en el municipio de Betulia para esa fecha. CONTESTÓ: Permanecía vigilancia en las cuatro (4) esquinas del parque del municipio y en la estación de policía. PREGUNTADO: Por la esquina donde se llevaron al señor León Argiro para darle muerte, había seguridad. CONTESTÓ: Si, porque en esa parte era donde había vigilancia y permanecía Policía. PREGUNTADO: Sabe usted si la Policía Nacional de Betulia que se encontraba en servicio para el día de los hechos donde perdió la vida León Argiro hizo algo para evitar que dieran muerte a León. CONTESTÓ: Nada. PREGUNTADO: Sabe usted si la Policía (sic) de Betulia le informaron que se habían llevado a León Argiro y que lo iban a matar. CONTESTÓ: Si, la familia. PREGUNTADO: Sabe usted si la Policía después de recibir dicha información por parte de la familia del señor León Argiro hizo algo para evitar que le dieran muerte a León. CONTESTÓ: No hicieron nada. (…) PREGUNTADO: Sabe usted si no obstante estar autorizada la protección por parte de la Policía y la Fiscalía para el señor León Argiro, cuando este iba a visitar al médico y pedía a la Policía que lo acompañaran, si le brindaban dicha compañía. CONTESTÓ: No lo acompañaban, siempre le tocaba ir a su mamá o con su hermana porque en ese momento no habían (sic) disponibles (…).

11.25. Por su parte, el mismo día, el señor Juan José Herrera Rivera, quien refirió ser amigo del señor León Argiro Restrepo Oquendo, reiteró lo dicho por la deponente aludida en cuanto a las circunstancias en que se propició la muerte de este, e identificó a los asesinos por sus sobrenombres. No obstante, a través de sus dichos, se puede inferir que no estuvo con la víctima al momento del desenlace de los hechos, puesto que aseveró que los amigos que estaba departiendo con él fueron quienes avisaron en la estación de policía de Betulia que se lo habían llevado para matarlo, grupo en el que no se incluyó.

11.26. A su vez, indicó que (i) el motivo del homicidio consistió en que el occiso era informante de la Fiscalía General de la Nación, sin perjuicio de lo cual, luego de una pregunta formulada por el apoderado de los accionantes, aseveró que la causa de su homicidio se derivó de su negativa en darle a las AUC información de los pobladores de Betulia; (ii) el señor León Argiro Restrepo Oquendo cumplió con la condición de pasarse a vivir a un lugar próximo a la estación de policía de Betulia, para que los agentes de policía del pueblo pudiesen darle protección; (iii) la Policía Nacional ocasionalmente le prestaba seguridad, aunque no lo hacían con la mejor disposición, lo que a él le constaba dado que en ciertos momentos estuvo con la víctima en la plaza principal sin que nadie los cuidara, y en otros lo acompañó a pedir protección; (iv) el día en que asesinaron al señor Restrepo Oquendo, había presencia de policías en la plaza principal, lo que el percibió dado que estuvo allí ese mismo día; (v) la familia y los amigos que compartieron con el señor Restrepo Oquendo informaron a la estación de policía de Betulia que lo sacaron del sitio en el que celebraba sus cumpleaños para ultimarlo, y los servidores públicos no actuaron para evitar ese desenlace; (vi) en ese momento habían alrededor de 50 o 60 policías en el municipio; (vii) sabía que los servidores de la Policía Nacional eran amigos de los integrantes de las ACU, porque en ocasiones los veía juntos, y (viii) los agentes de policía de Betulia tenían conocimiento de que iban a matar al señor Restrepo Oquendo, y se hicieron “los bobos”. De este modo, manifestó (f. 115-118, c. 1):

Si, un día antes de su cumpleaños, salió a festejar su cumpleaños como tal y ya tarde de (sic) la noche como a las once de la noche resultó en Villanueva y luego por personas que estaban con él en el momento lo desplazaron de una forma inadecuada y se lo llevaron hacia la parte de barrio nuevo y allí le propiciaron la muerte. PREGUNTADO: Sabe usted quién dio muerte a León Argiro. CONTESTÓ: Si, uno que le dicen COCO y este Caballo, ellos pertenecieron a los paramilitares. (…) Si se encontraba amenazado [por los “paramilitares”] (…). A él lo amenazaron porque dio información a la Fiscalía por (sic) procesos ilícitos de la zona rural de Betulia en cuanto a los paramilitares. PREGUNTADO: Se enteró usted si los paramilitares le solicitaron al señor León Argiro Restrepo que les suministrara información de las personas pudientes del pueblo económicamente. CONTESTÓ: Si, si le solicitaron y no de forma correcta sino de una forma de presión y él se negó a darla y por eso lo amenazaron a él y por eso lo mataron. (…) Si, la Policía autorizó la protección pero no fue muy eficaz (…) PREGUNTADO: La Policía Nacional del municipio de Betulia le exigió a León Argiro para poderle brindar esa protección algún requisito. CONTESTÓ: Si, que no podía salir a la parte rural, que se tenía que quedar en el municipio y que se viniera a vivir cerca del comando y él los cumplió (…). PREGUNTADO: Sabe usted para el día en que ocurrió el deceso de León Argiro Restrepo aproximadamente cuántos agentes de Policía se encontraban en este municipio. CONTESTÓ: Eran por ahí 50 o 60 policías porque estaba el EMCAR también más los de la base. PREGUNTADO: Sabe usted si la Policía de este municipio encargada de prestarle la protección al señor León Argiro para salvaguardar su vida se la estaban prestan efectivamente. CONTESTÓ: Se la prestaban muy regularmente ya que en ocasiones él salía solo, él pedía la protección pero a veces no se la daban, ya que junto conmigo estábamos cerca al parque o en un sitio alrededor de la casa, pero solos, incluso él me decía a mí que estaba cansado de pedir la protección y que no se la dieran y me tocó ir con él a pedir protección y la actitud no era de una forma adecuada para él, con la actitud mostraban que estaban cansados de prestarle protección y no se la mandaban y entonces él tenía que quedarse en la casa o cerca al comando en la esquina. (…) Se lo llevaron del Balconcito que es una discoteca. PREGUNTADO: Esa heladería del Balconcito donde está ubicada en el municipio. CONTESTÓ: Dentro del marco de la plaza principal. (…) Si, él podía estar allá y le prestaban la seguridad porque era un sitio en el parque porque así era la autorización de la Policía. PREGUNTADO: Sabe usted como se encontraban conformados los puestos de seguridad en el municipio de Betulia para esa fecha. CONTESTÓ: Eso era por la Trinchera (sic) en los cuatro costados del parque y en cada trinchera habían a veces de a dos (2) o a veces eran cuatro (4), un día veía los dos (2) y otro día los cuatro (4). (…) Ese día habían de a cuatro en el día y en la noche y los vi porque yo estaba en la plaza. PREGUNTADO: Por la esquina donde se llevaron al señor León Argiro para darle muerte, había seguridad. CONTESTÓ: Si, si había seguridad por donde lo pasaron estaban los cuatro agentes en una trinchera (…). Si, tenían que verlo porque pasaban por el lado de ellos, por la misma cuadra y tenían que pasar por ahí para darle muerte en barrio nuevo. PREGUNTADO: Sabe usted si la Policía Nacional de Betulia que se encontraba en servicio para el día de los hechos donde perdió la vida León Argiro hizo algo para evitar que dieran muerte a León Argiro. CONTESTÓ: No, no evitaron nada. PREGUNTADO: Sabe usted si a la Policía de Betulia le informaron que se habían llevado a León Arigiro y que lo iban a matar. CONTESTÓ: A ellos le informaron, la familia informó, y amigos que estaban en el momento con él y se preocuparon en el transcurso de la noche porque él no aparecía (…) No, no hicieron nada [la Policía Nacional]. PREGUNTADO: Sabe usted si la Policía Nacional y los paramilitares de Betulia se conocían entre sí. CONTESTÓ: Si, si se conocían los unos a los otros (…). Si, de una forma amigable donde se contaban los hechos que pasaban para beneficiarse los unos a los otros y los que iban a pasar también, tenían amistadas, se hablaban, se veían por ahí juntos algunos. PREGUNTADO: Sabe usted si la Policía tenía conocimiento de que se iban a llevar para matar al señor León Argiro. CONTESTÓ: Si, si sabían puesto que se hicieron los bobos, los que no sabían el asunto, y nunca actuaron de forma eficaz y no lo hicieron (…). Donde hubieran actuado hay (sic) mismo, hubieran evitado la muerte de León, pero no hubo esa eficiencia de parte de ellos (…). PREGUNTADO: Sabe usted si no obstante estar autorizada la protección por parte de la Policía y la Fiscalía para el señor León Argiro, cuando este iba a visitar al médico y pedía a la Policía que lo acompañaran, si le brindaban dicha compañía. CONTESTÓ: No todo el tiempo estaban con él, ya que personalmente me tocó a mí ver que él fuera a una cita odontológica solo y el hospital queda en las afueras del municipio. PREGUNTADO: Cuando la Policía le brindaba protección a León Argiro, sabe usted si lo hacían de buen gusto o no. CONTESTÓ: No le prestaban la atención en cuanto a lo que él les decía, puesto que con la actitud no le daban seguridad a él ante la vigilancia que requería en el momento, o en la noche y eran unas personas muy serias y alejadas de él y prestaba el servicio a disgusto cuando lo prestaban (…). Si, se me quedó algo por decir, que a él se le perdió mucho la libertad de una persona normal puesto que él tenía en su interior una cárcel presente, psicológicamente era una persona que vivía angustiada y sufría día a día por tener esa libertad que otros tenían y sufría porque sentía que le faltaba ese apoyo de la Policía para vivir seguro.

11.27. De otro lado, en esa misma ocasión, el señor Ramón Ernesto Restrepo Restrepo, quien indicó ser primo del occiso, se pronunció en términos similares a los deponentes señalados en cuanto a las circunstancias en que tuvo lugar la muerte del señor Restrepo Oquendo, pero dio a entender que tampoco los presenció directamente, en la medida en que adujo haberse enterado de la desaparición de su primo por parte de la demandante Diana María Restrepo Oquendo, y no explicó el motivo por el cual supo con tanto detalle los acontecimientos que narró. Asimismo, señaló que el occiso se encontraba en otro bar antes de que lo mataran, puesto que mencionó que estaba en un establecimiento de comercio denominado El Rinconcito, el cual en todo caso, también manifestó que se encontraba ubicado dentro de la plaza principal.

11.28. Igualmente, aseveró que (i) según la gente, a León Argiro lo amenazaron debido a que le tenían envidia y a que era informante de la Fiscalía General de la Nación, no obstante lo cual, después de una pregunta explicita por parte del abogado de los accionantes, refirió que la “bronca” que le tenían las AUC y la razón por la que lo mataran, consistió en que se negó a darles información de las personas que habitaban el pueblo; (ii) este cambió de residencia para que la Policía Nacional garantizase su integridad personal; (iii) para el día del homicidio, en el municipio se encontraban más de 8 o 10 servidores de la Policía Nacional, (iv) los agentes de la estación de policía de Betulia sí le prestaban protección al occiso, sin perjuicio de lo cual, ante otra pregunta del apoderado aludido, afirmó que esa protección era esporádica, en consideración a que en ocasiones no lo acompañaban a sus citas médicas, lo que a él le constaba; (v) los policías que se encontraban en la trincheras en la plaza principal debieron notar cuándo el señor Restrepo Oquendo fue extraído del sitio en el que festejaba y por lo tanto, aseguró que debieron preguntar a sus acompañantes para dónde se lo llevaban, máxime cuando era llevado por paramilitares reconocidos; (vi) no sabía si de forma inmediata a su extracción del sitio en el que estaba, sus familiares y amigos pusieron ese hecho en conocimiento de la Policía Nacional; (vii) los miembros de la Policía Nacional y los integrantes de la AUC de la zona tenían una relación estrecha, y (viii) indicó que cuando su hermana se dio cuenta de su desaparición, lo llamó a él, y juntos fueron a la estación de policía a denunciar a las personas que según ellos mataron a su familiar —sin indicar porque les constaba—, momento en el que los agentes de policía no quisieron capturar a dichos sujetos, lo que llevó a que tuvieran que llamar al CTI o a la Fiscalía General de la Nación para dicho fin, de modo que su arresto se presentó al día siguiente cuando funcionarios de esas entidades concurrieron al municipio. Es así como señaló (f. 119-122, c. 1):

PREGUNTADO: Sabe usted cómo ocurrió la muerte del señor LEÓN ARGIRO RESTREPO. CONTESTÓ: Si, a él lo habían amenazado unos grupos paramilitares y ese día él estaba celebrando su cumpleaños y se lo arrastraron (sic) de aquí del pueblo y lo mataron. PREGUNTADO: Sabe usted quién le dio muerte a León Argiro. CONTESTÓ: Si, un tipo de apodo COCO y otros que se llamaban Diego Restrepo apodado Caballo y otro de sobrenombre Mazamorra, ellos pertenecían a un grupo paramilitar. (…) Si, estaba amenazado [por los “paramilitares”]. PREGUNTADO: Sabe usted por qué lo amenazaron los paramilitares. CONTESTÓ: Prácticamente a él como que le tenían envidia y decían que él era colaborador de la Fiscalía, eso decía la gente. (…) PREGUNTADO: Se enteró usted si los paramilitares le solicitaron al señor León Argiro Restrepo que les suministrara información de las personas pudientes del pueblo económicamente. CONTESTÓ: Si le pedían información pero como él no se las daba, le cogieron bronca y fue donde lo mataron, y ahí fue donde ellos pensaron que era colaborador de la Policía y de la Fiscalía porque no les daba esa información. PREGUNTADO: Sabe usted si León Argiro denunció las amenazas que le hicieron los paramilitares. CONTESTÓ: Si, si las denunció, ante el comando de Policía y en Medellín ante la Fiscalía (…) PREGUNTADO: La Policía Nacional del municipio de Betulia le exigió a León Argiro para poderle brindar esa protección algún requisito. CONTESTÓ: Si, le pidieron que se salieran del punto donde ellos vivían, para que estuvieran cerca al comando de Policía y ellos dejaron la casa donde vivían y alquilaron una casa al frente del comando de Policía de Betulia y que no se alejara mucho del parque y él no podía salir del marco de plaza. (…) Si, el cambió de casa para estar más seguro estando cerquita de la Policía y no salía para lejos. PREGUNTADO: Sabe usted para el día en que ocurrió el deceso de León Argiro Restrepo aproximadamente cuántos agentes de policía se encontraban en este municipio. CONTESTÓ: Si, yo creo que habían más de 8 o 10 policías y en cada esquina del parque habían (sic) policías en las trincheras o sea que el pueblo estaba con buena cantidad de policía. PREGUNTADO: Sabe usted si la Policía de este municipio encargada de prestarle la protección al señor León Argiro para salvaguardar su vida se la estaba prestando efectivamente. CONTESTÓ: Si, la seguridad si se la estaban prestando. PREGUNTADO: Sabe usted de donde se llevaron a León Argiro el día en que le dieron muerte los paramilitares. CONTESTÓ: Si, en esos momentos él se encontraba en un sitio público que se llamaba El Rinconcito en todo el parque y de allí se lo llevaron, que él se encontraba celebrando el cumpleaños. PREGUNTADO: En el lugar de donde se llevaron a León Argiro le estaba permitido por la Policía al señor León Argiro, estar para poder prestarle la seguridad. CONTESTÓ: Si, claro él podía estar allá. PREGUNTADO: Sabe usted como se encontraban conformados los puestos de seguridad en el municipio de Betulia para esa fecha. CONTESTÓ: En ese tiempo habían (sic) trincheras en cada esquina, habían (sic) cuatro en las esquinas del parque y en cada una habían (sic) dos o tres policías para cuidar el tiempo. (…) PREGUNTADO: Por la esquina donde se llevaron al señor León Argiro para darle muerte, había seguridad. CONTESTÓ: Si, habían (sic) trincheras en esa esquina, la cual tenía que mantener uno o dos agentes de Policía. PREGUNTADO: Obligatoriamente los agentes de Policía que se encontraban en esa esquina prestando el servicio, veían a las personas y al señor León Argiro al momento de llevárselo respectivamente del establecimiento de comerció donde usted manifestó que lo habían sacado. CONTESTÓ: Sí, lógico. Tenían que haberlo visto cuando lo pasaron. PREGUNTADO: Sabe usted si la Policía Nacional de Betulia que se encontraba en servicio para el día de los hechos donde perdió la vida León Argiro hizo algo para evitar que dieran muerte a León Argiro. CONTESTÓ: No, no hicieron nada. PREGUNTADO: Sabe usted si a la Policía de Betulia le informaron que se habían llevado a León Argiro y que lo iban a matar. CONTESTÓ: No, no sé. PREGUNTADO: Sabe usted como era la relación entre la Policía y los Paramilitares de Betulia. CONTESTÓ: Si, entre ellos cuando iban a pasar los paramilitares por (sic) cerquita del parque, ellos se informaban y el comandante de la Policía recogía la Policía para que los paramilitares pasaran, y ellos se conocían entre sí, yo personalmente veía la Policía y los paramilitares hablando juntos. PREGUNTADO: Sabe usted si la Policía tenía conocimiento de que se iban a llevar para matar al señor León Argiro. CONTESTÓ: Si, porque por el lado donde lo sacaron a él para matarlo, tenían que pasar con él por el lado de las trincheras y sabiendo que tenía orden de protección, ellos debieron de haber reaccionado y haber preguntado para donde lo llevaban y los muchachos que se lo llevaron eran conocidos de los policías por se mantenían jugando cartas o jugando billar o sea Coco, Masamorro y Caballo, y la policía sabía que eran paramilitares. (…) PREGUNTADO: Sabe usted si no obstante estar autorizada la protección por parte de la Policía y la Fiscalía para el señor León Argiro, cuando este iba a visitar al médico y pedía a la Policía que lo acompañaran, si le brindaba dicha compañía. CONTESTÓ: A veces lo acompañaban y muchas veces no, a mí me tocaba ver que lo acompañaban al hospital y otras ves les pedía la protección y le decían que ellos no se iban a arriesgar a que los mataran también, él tenía que ir donde el médico porque él estaba enfermo de un pulmón. PREGUNTADO: Cuando la Policía le brindaba la protección a León Argiro, sabe usted si lo hacían de buen gusto o no. CONTESTÓ: No, era más bien de mal gusto. (…) Si él encontraba muy preocupado por eso porque él le decía a la mamá que le pedía protección a la Policía para salir y la Policía de mal gusto lo acompañaba o muchas veces no lo acompañaba y él a veces se ponía hasta a llorar porque decía que vivir así era muy maluco. PREGUNTADO: Sabe usted si León Argiro y en vista de lo que usted ha manifestado de que era muy deficiente la seguridad, solicitó al comandante directamente que le llamara la atención a los agentes encargados de proteger la vida de él, para que fueran más pendientes de su seguridad. CONTESTÓ: Si él lo hizo varias veces y el comandante les llamó la atención pero ellos no ponían atención y León lo hizo en (sic) varias veces. PREGUNTADO: Sabe usted por qué perdió la vida el señor León Argiro. CONTESTÓ: Por falta de protección por parte de la Policía porque ellos sabían que si lo sacaban del pueblo era para matarlo y eso estaba hablado entre los paramilitares y la Policía (…). Si, cuando la hermana de León Argiro se dio cuenta de que él se había desaparecido del pueblo, ella me llamo a mí y me comentó y nosotros nos fuimos donde los Policías para hacer coger a alias Coco, a Caballo, y a Masamorro y los Policías la respuesta que nos dieron era que ellos no se iban a hacer matar, que ellos no podían hacer nada ahí y entonces viendo que la Policía no procedía ni hacía nada, se llamó a la Fiscalía y al CTI y al otro día vinieron no sé si de la Fiscalía o del CTI y ya Diana la hermana de León, los hizo coger pero la policía de acá del pueblo no los quiso coger.

11.29. A la luz de lo expuesto por los deponentes en comento, se observa que resulta factible creerles en lo que tiene que ver con que (i) el señor León Argiro Restrepo Oquendo se mudó cerca de la plaza principal; (ii) el 16 de febrero de 2005, salió de su hogar en horas de la noche para celebrar su cumpleaños, y (iii) la Policía Nacional, en ocasiones, le prestaba seguridad personalizada.

11.30. En efecto, la Sala encuentra que dichas circunstancias pudieron constarles a los testigos en comento, debido a la relación de amistad y de parentesco que sostenían con el difunto, hechos que además encuentran respaldo en que (i) se pudo verificar que la dirección de domicilio del señor Restrepo Oquendo se encuentra próxima a la estación de policía de Betulia y de la plaza principal —ver párrafo 8.5 y nota 11—; (ii) está debidamente demostrado que el difunto nació el 17 de febrero de 1982 (original del certificado del registro civil de nacimiento de León Argiro Restrepo Oquendo; f. 45, c.1), por lo que es posible inferir que el 16 de febrero de 2005 salió a celebrar su cumpleaños, acontecimiento que fue parcialmente admitido por los demandantes en su libelo introductorio —ver párrafo 1.6—, y (iii) la Policía Nacional le señaló al señor Restrepo Oquendo que no podía asignarle un escolta personal que lo custodiara en todo momento, pero que tomaría las medidas pertinentes para garantizar su vida e integridad personal teniendo en cuenta sus medios y personal limitados, de modo que se puede tener por probado el dicho mayoritariamente coincidente de los testigos —pese a ciertas contradicciones internas de los testimonios de Doris Figueroa Ibarra y Ramón Ernesto Restrepo Restrepo—, en que al occiso se le dio un acompañamiento ocasional, lo que dependía de la disponibilidad del personal —ver párrafo 8.4—.

11.31. Sin perjuicio de lo anterior, cabe precisar que otros de los dichos de los declarantes no generan convencimiento alguno, en especial aquellos relacionados con las circunstancias específicas sucedidas en la noche del 16 de febrero de 2005.

11.32. Al respecto, contrario a lo que los dos últimos declarantes trataron de sugerir, no se encuentra acreditado que la Policía Nacional, a través de sus funcionarios, hubiese participado de manera activa en la producción del daño o, entras palabras, que supiese que se iba a concretar la muerte del señor Restrepo Oquendo y en forma deliberada, no hiciese nada para evitarla, toda vez que en el plenario no existe medio de convicción adicional que soporte esa hipótesis, y las aseveraciones de los declarantes en ese sentido se restringen a sus meras suposiciones.

11.33. Ciertamente, dichos declarantes se limitaron a manifestar que los agentes del ente demandado y los miembros de las AUC fueron cómplices en la muerte del señor Restrepo Oquendo, con fundamento en que vieron a algunos policías hablando con personas que según ellos eran paramilitares —sin especificar por qué sabían su calidad de militantes de grupos armados al margen de la ley—, y por la forma en que ocurrió el asesinato, pero no explicaron las razones por la cuales pudiesen dar fe de lo expuesto, esto es, de que los referidos agentes de policía supieran, planearan o voluntariamente dejaran que se produjera la defunción aludida, de modo que sus dichos en ese sentido carecen de toda credibilidad.

11.34. Igualmente, la Sala advierte que la supuesta participación activa de la Policía Nacional en el daño objeto de la demanda, se encuentra desvirtuada por los diferentes intentos de ese órgano para salvaguardar la vida de León Argiro Restrepo Oquendo, puesto que primero, lo sacó del municipio y lo escoltó a un lugar en el que él se sentía seguro, y luego, cuando este retornó al municipio de Betulia, en algunas ocasiones le prestó una protección especial y le dio recomendaciones para que él mismo propendiera por salvaguardar su integridad personal.

11.35. De otro lado, no escapa a la Sala que si los agentes de la Policía Nacional hubiesen propendido por su muerte, la misma se hubiese causado con anterioridad y sin necesidad de esperar que se expusiese al salir de su hogar en horas de la noche, toda vez que como garante de su seguridad, pudo aprovechar cualquier momento en el que solicitó seguridad personal o escolta en la estación de policía de Betulia, para ultimarlo, o para comunicar su localización a las AUC, para que dicho grupo la asesinara.

11.36. A su vez, en el evento de que hubiese existido una confabulación, resultaría injustificado el interés que tenían las AUC en que el señor León Argiro Restrepo Oquendo les diera información de los habitantes del municipio, puesto que para ello ya habrían tenido a su disposición a los policías del ente territorial, quienes deben tener conocimiento de sus moradores, por lo que de entrada las amenazas de muerte y su concreción en el daño demandado, carecerían de sentido.

11.37. De esta manera, a pesar de que el fallecimiento del señor Restrepo Oquendo sucedió sin que la Policía Nacional pudiera hacer algo al respecto, ello no necesariamente implica que los agentes de la estación de policía de Betulia permitieran de manera consciente la configuración de dicho daño, participación activa que para generar la responsabilidad del Estado, se debe encontrar fehacientemente probada, y que en el sub lite se pretende sostener con las simples inferencias realizadas por los deponentes, las cuales no resulta suficiente para ello, más aún cuando (i) las mismas tienen hechos probados en contra; (ii) carecen de sentido y de lógica, y (iii) sus aseveraciones de que los miembros de la Policía Nacional se dieron cuenta de que al occiso se lo llevaron para asesinarlo, y no hicieron nada para evitarlo, no generan convencimiento alguno.

11.38. Al respecto, la Sala no encuentra creíble que (i) el señor Restrepo Oquendo hubiese estado con amigos en una discoteca ubicada en la plaza principal; (ii) unos sujetos que parecieran querer hacerle daño lo hubiesen sacado de dicho lugar, de forma tal que a los agentes de policía ubicados en la plaza principal les fuese claro que su vida corría peligro; y (iii) de manera inmediata a su desaparición y antes de la producción de su muerte, su familia y los amigos con los que celebraba hubiesen avisado a las autoridades, y estas se mantuvieran en una actitud completamente pasiva frente a esa denuncia, habida cuenta de que a partir de sus mismos dichos (i) se puede colegir que no los presenciaron directamente —testimonios de oídas o indirectos—; (ii) no precisaron la fuente de su conocimiento y, (iii) adolecen de algunas incongruencias o contradicciones con otras pruebas, lo que les resta toda credibilidad.

11.39. Ciertamente, no se puede perder de vista que la testigo Doris Figueroa Ibarra realizó las anteriores afirmaciones sin mencionar la razón por la cual le constaban, de modo que las mismas no ofrecen certeza.

11.40. Asimismo, los señores Juan José Herrera Rivera y Ramón Ernesto Restrepo Restrepo, aceptaron que no estuvieron con la víctima durante la noche de ocurrencia de los hechos, comoquiera que el primero indicó que los familiares y amigos que se encontraban en la celebración fueron inmediatamente a la estación de policía de Betulia a informar que aquel no aparecía, grupo en el cual no se incluyó, y el segundo señaló que solo supo del secuestro de su primo cuando la demandante Diana María Restrepo Oquendo lo llamó a contarle del mismo, de modo que se puede dilucidar que no se encontraba con el difunto, testigos que adicionalmente no explicaron la razón de la ciencia de sus dichos, es decir, las fuentes de las cuales adquirieron la información que vertieron en el proceso al respecto y por ende, la Sala no puede establecer la veracidad de sus afirmaciones.

11.41. Igualmente, cabe destacar las diferentes incoherencias internas de los testimonios aludidos, como por ejemplo, sus cambios de versión en cuanto al motivo al que atribuían la formulación de las amenazas en contra de León Argiro Restrepo Oquendo, toda vez que los señores Juan José Herrera Rivera y Ramón Ernesto Restrepo Restrepo, en un principio, señalaron que las mismas se debían a que aquel era informante de la Fiscalía General de la Nación, pero ante preguntas formuladas al respecto por el apoderado de la parte demandante, cambiaron dicha versión y coincidieron con las razones que el difunto expuso al momento de acudir a las autoridades pertinentes para propender por la protección de su vida.

11.42. Por su parte, no se puede perder de vista la contradicción entre los testigos al momento de identificar el sitio en el que la víctima se encontraba celebrando su cumpleaños, dado que mientras que los dos primeros declarantes indicaron que estaba en un establecimiento de comercio denominado El Balconcito, el último adujo que se encontraba en un lugar llamado El Rinconcito.

11.43. Si bien dicha incoherencia en principio se podría considerar como una simple equivocación, en el presente asunto adquiere una connotación especial que genera dudas en cuanto a la veracidad de las declaraciones, en la medida en que el casco urbano del municipio de Betulia es pequeño, de tal forma que no se advierte una justificación razonable para que los declarantes, quienes se puede inferir que para el momento de los hechos vivían en el pueblo(51), no fueran capaces de dar la información exacta y coincidente del sitio en el que supuestamente les constaba que el occiso celebraba su cumpleaños antes de que lo mataran —lo que narraron con gran detalle—, máxime cuando adujeron que dichos establecimientos estaban ubicados en la plaza principal, tipo de lugar que en esa clase de comunidades es muy concurrido y conocido por sus habitantes.

11.44. También genera sospechas que a pesar de que los testigos se refirieran a dos lugares distintos, los ubicaran a ambos de manera unísona en la plaza principal, los cuales se encontraban en la “esquina” por la que justo se llevaron al occiso, lugar que además también adujeron que tenía seguridad, y que coincidieran en emplear el término trinchera para referirse a los puestos de seguridad que supuestamente existían en la plaza principal.

11.45. A su vez, la Sala no se explica el motivo por el cual, si bien de conformidad con el dicho de los testigos, los accionantes informaron a policía de Betulia sobre la desaparición de su familiar pocos momentos después de su ocurrencia, dicha denuncia no se encuentre registrada en la minuta de policía aportada al plenario, cuando como conocedores del peligro que aquel afrontaba, les habría interesado dejar una constancia de que presentaron una solicitud de apoyo a la Policía Nacional, y como dichos deponentes señalaron con tanto detalle, la misma les fue denegada por esa autoridad.

11.46. Por su parte, se advierte que los dos primeros deponentes entraron en discordancia con el tercero en cuanto a la presunta puesta en conocimiento de la desaparición del señor Restrepo Oquendo, puesto que sin perjuicio de que aquellos, sin mayor explicación, adujeron que los familiares y los amigos que compartían con la víctima fueron quienes acudieron inmediatamente a la estación de policía después de que fue sacado del bar, este precisó que ello no le constaba y, adicionalmente, que fue él —a pesar de no estar con el occiso—, quien junto con su hermana se presentaron a poner de presente dicha circunstancia y a individualizar a los posibles autores de ese hecho, contradicción que mina la credibilidad de los deponentes al respecto.

11.47. En el mismo sentido, del testimonio del tercer deponente se puede dilucidar que no acudieron a la Policía Nacional justo después de la desaparición, puesto que este aclaró que fueron a la estación de policía en cuanto Diana se percató de la ausencia de su hermano y, se reitera, cuándo le preguntaron si a la Policía Nacional se le había informado seguidamente ocurrió el secuestro, este respondió que no sabía, en lugar de decir que sí, y que él había acompañado a Diana María a presentar la denuncia —denuncia que se encuentra acreditado que solo se presentó hasta el 17 de febrero de 2005; ver párrafo 8.8 y 8.9—, incoherencia que genera múltiples dudas en cuanto a la veracidad de las afirmaciones de todos los declarantes.

11.48. De hecho, en contravía con lo sostenido por el testigo Restrepo Restrepo, se encuentra demostrado que quienes individualizaron a los señores identificados con los sobrenombres Coco y Caballo como responsables de la muerte del señor León Argiro Restrepo Oquendo, fueron los señores Jorge Alberto Restrepo Vargas, Hernán Fernández y Yeisson Andrés Correa, quienes solo se presentaron en la estación de policía de Betulia hasta la noche del 17 de febrero de 2005, sujetos que manifestaron que declararían en contra de tales individuos con fundamento en lo que ellos les comentaron en la mañana de ese mismo día —ver párrafo 8.8.1—.

11.49. Ahora bien, conviene señalar que a pesar de que los demandantes indicaron que el señor Restrepo Oquendo estaba con amigos para el momento en que un grupo armado lo sustrajo de su celebración, resulta extraño que no trajeron a declarar a ninguno de ellos y por el contrario, pidieron la práctica de testimonios de personas que como se vio, no estaban con la víctima en esos momentos, cuyos dichos por ende nada pueden aclarar sobre la materia.

11.50. En consecuencia, es claro que sus declaraciones en relación con que el señor León Argiro Restrepo Oquendo se encontrara en una discoteca en la plaza principal, que fue sacado de la misma de una manera en que debió ser obvio que su vida peligraba para los agentes de policía, y que una vez acaecido lo anterior, ello se puso inmediatamente en conocimiento de la Policía Nacional, no resultan para nada creíbles, en consideración a que (i) se tratan de meros testimonios de oídas o indirectos respecto de los que no se sabe de dónde provino los datos que narraron y por consiguiente, resulta inviable determinar su veracidad, y (ii) incurrieron en contradicciones, incoherencias o coincidencias sospechosas que les resta toda credibilidad.

11.51. Con observancia de todo lo señalado, se observa que la parte demandante no acreditó con exactitud las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que tuvieron desenlace los hechos en los que León Argiro Restrepo Oquendo perdió la vida. En efecto, se desconoce el lugar al que dicha víctima se dirigió para celebrar su cumpleaños en la noche del 16 de febrero de 2005, así como todo lo que aconteció hasta el día siguiente, en el que su hermana presentó una denuncia por su desaparición y en horas de la tarde, encontró su cuerpo en una zona semirural del municipio de Betulia.

11.52. Sin embargo, a partir de que el occiso se encontraba amenazado por miembros de las AUC, intimidaciones que se le habían realizado con alrededor de un año de anterioridad, las cuales puso de presente a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación, y momentos en los que señaló que provenían de miembros de las AUC, se advierte que posible colegir que su ejecución fue ocasionada por los integrantes de dicho grupo al margen de la ley, máxime cuando su hermana Diana María Restrepo Oquendo fue amenazada con posterioridad por denunciar tal acontecimiento —acto en el que como se precisó, no se probó que el Estado hubiese intervenido de manera activa—.

11.53. Asimismo, no obstante se puede concluir que la muerte objeto de la demanda fue producida por un tercero ajeno al ente demandado, el cual a su vez no se demostró que hubiera participado a través de actuaciones encaminados a generar dicho menoscabo, se aclara que ello no es óbice para que de reunirse los elementos necesarios, se pueda declarar su responsabilidad patrimonial, puesto que la misma, en el marco del presente asunto, aún se puede ver comprometida por omisión, evento en el que no se podría invocar la configuración de la causa extraña consistente en el hecho de la víctima.

11.54. Ahora bien, teniendo en cuenta que la víctima puso en conocimiento de las autoridades aludidas el peligro al que estaba sometido, a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional le surgió un deber especial de cuidado frente a sus derechos, en consideración a que adquirió consciencia de que existía la potencialidad de que dichas prerrogativas fuesen vulneradas, de modo que le correspondía adoptar las medidas necesarias para su garantía, claro está, teniendo en cuenta sus limitaciones.

11.55. Al respecto, se debe tener en cuenta que la Corte Constitucional, al momento de clasificar los riesgos y las amenazas que pueden pesar sobre las personas que piden protección al Estado, ha indicado que dicha protección especial debe ser otorgada dependiendo del tipo de peligro frente al que el particular se encuentre. Por lo tanto, señaló:

Por los motivos expuestos y recapitulando, la escala de riesgos y amenazas, aplicable a los casos en los que se solicita protección especial por parte del Estado, es la siguiente:

1) Nivel de riesgo: existe una posibilidad abstracta y aleatoria de que el daño a la vida o a la integridad personal se produzca. (…).

Cuando una persona pertenece a este nivel, no está facultada para exigir del Estado medidas de protección especial, pues su derecho a la seguridad personal no está siendo afectado (…), en la medida en la que el riesgo de daño no es una lesión pero sí, en el mejor de los casos, un riesgo de lesión.

2) Nivel de amenaza: existen hechos reales que, de por sí, implican la alteración del uso pacífico del derecho a la tranquilidad y que hacen suponer que la integridad o la libertad de la persona corren verdadero peligro. En efecto, la amenaza de daño conlleva el inicio de la alteración y la merma del goce pacífico de los derechos fundamentales (…), debido al miedo razonable que produce visualizar el inicio de la destrucción definitiva del derecho. Por eso, a partir de este nivel, el riesgo se convierte en amenaza. Dependiendo de su intensidad, este nivel se divide en dos categorías:

a) amenaza ordinaria: Para saber cuándo se está en presencia de esta categoría, el funcionario debe hacer un ejercicio de valoración de la situación concreta y determinar si esta presenta las siguientes características:

i. existencia de un peligro específico e individualizable. Es decir, preciso, determinado y sin vaguedades;

ii. existencia de un peligro cierto, esto es, con elementos objetivos que permitan inferir que existe una probabilidad razonable de que el inicio de la lesión del derecho se convierta en destrucción definitiva del mismo. De allí que no pueda tratarse de un peligro remoto o eventual.;

iii. tiene que ser importante, es decir que debe amenazar bienes o intereses jurídicos valiosos para el sujeto como, por ejemplo, el derecho a la libertad;

iv. tiene que ser excepcional, pues no debe ser un riesgo que deba ser tolerado por la generalidad de las personas y. finalmente,

v. deber ser desproporcionado frente a los beneficios que deriva la persona de la situación por la cual se genera el riesgo.

Cuando concurran todas estas características, el sujeto podrá invocar su derecho fundamental a la seguridad personal para recibir protección por parte del Estado, pues en este nivel, se presenta el inicio de la lesión del derecho fundamental y, en esta medida, se presenta un perjuicio cierto que, además, puede o no agravarse. Por estos motivos, la persona tiene derecho a que el Estado intervenga para hacer cesar las causas de la alteración del goce pacífico del derecho o, al menos, para evitar que el inicio de la lesión se vuelva violación definitiva del derecho.

b) amenaza extrema: una persona se encuentra en este nivel cuando está sometida a una amenaza que cumple con todas las características señaladas anteriormente y además, el derecho que está en peligro es el de la vida o la integridad personal. De allí que, en este nivel, el individuo pueda exigir la protección directa de sus derechos a la vida y a la integridad personal y, en consecuencia, no tendrá que invocar el derecho a la seguridad como título jurídico para exigir protección por parte de las autoridades (…).

Por lo tanto, en el nivel de amenaza extrema, no solo el derecho a la seguridad personal está siendo violado sino que, además, también se presenta la amenaza cierta que muestra la inminencia del inicio de la lesión consumada de los derechos fundamentales a la vida y a la integridad personal. De allí que, cuando la persona esté en este nivel, tiene el derecho a que el Estado le brinde protección especializada (…).

(…) 11. Finalmente, cuando se dan los presupuestos necesarios para invocar el derecho a la seguridad personal, surgen las obligaciones, en cabeza del Estado, de identificar el nivel de amenaza que gravita sobre la persona y de adoptar las medidas necesarias y proporcionales de protección individual para evitar la materialización de la amenaza(52).

11.56. De esta manera, la Policía Nacional, de manera adicional al despliegue ordinario de sus funciones como guardián del orden público en el municipio de Betulia, debió realizar las labores que estuvieran a su alcance para una debida identificación del nivel de amenaza y, en ese orden de ideas, fuese posible adoptar las medidas específicas, especializadas e idóneas que pudieran propender por la protección y custodia del señor Restrepo Oquendo, en consideración a que sabía que su integridad personal y vida peligraban, peligro que reúne todas las características indicadas por la Corte Constitucional a saber, era: (i) específico, dado que provino de serias amenazas efectuadas por las AUC; (ii) cierto, en tanto que el tipo de amenazas de las que se desprendió, formuladas por un grupo de autodefensas en un municipio como Betulia, y empleadas para coaccionar a su destinatario, tendía a concretarse; (iii) importante, en el sentido de que atentaba contra el disfrute al derecho fundamental a la vida del occiso; (iv) excepcional, comoquiera que no todas las personas del pueblo de Betulia tenían ese tipo de intimidaciones en su contra, y (v) desproporcionado, dado que la víctima no obtenía mayor beneficio de la situación de la que se desprendió el peligro, esto es, conocer a varias personas del pueblo por sus labores culturales, en comparación con las consecuencias negativas que le significaron estar amenazado por las AUC.

11.57. Asimismo, se debe tener en cuenta que sin importar que por las condiciones concretas del difunto, no existiera en cabeza de la Policía Nacional un procedimiento de protección definido por la ley, dicho ente, junto con los demás órganos del andamiaje estatal, estaban obligados a:

(i) ponderar la amenaza e implementar las medidas de protección que estimasen necesarias y útiles para soslayar aquel peligro, sin que pudiesen exculparse en la carencia de dicha regulación para la prestación del servicio(53), y

(ii) a colaborar y ayudarse entre ellos para garantizar los derechos del señor Restrepo Oquendo —ver párrafo 11.16—, colaboración que se pudo presentar con entidades como el Departamento Administrativo de Seguridad —DAS—, a pesar de que sus funciones de seguridad a personas diferentes a dignatarios fuesen restringidas a circunstancias especiales(54), o como la Fiscalía General de la Nación, entidad que no se debe olvidar que el 29 de marzo de 2004, fue informada por el occiso sobre las amenazas y lesiones personales que se le habían propinado por parte de miembros de las AUC, hechos en virtud de los cuales, abandonó el municipio de Betulia.

11.58. En este punto, se debe recordar que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67(55), 69(56), 70(57), y 71(58) de la Ley 418 de 1997, normas que fueron prorrogadas por la Ley 782 de 2002 —disposiciones vigentes al momento de los hechos—, se originó un programa de protección a testigos, víctimas e intervinientes en procesos penales, con la finalidad de garantizar los derechos de aquellas personas que se encontrasen en el riesgo de sufrir una agresión, o de padecer la vulneración a su derecho a la vida. Dicho programa se constituyó a cargo de la Nación-Fiscalía General de la Nación, y se fijaron de manera expresa medidas pertinentes e idóneas para la seguridad de los sujetos mencionados, como lo son la asistencia social, el cambio de identidad, de domicilio, el desplazamiento de esas personas a otros lugares con cargo al patrimonio estatal, etc., claro está, bajo la debida constatación del referido peligro, y las condiciones previamente definidas por la Fiscalía General de la Nación para acceder a esos beneficios.

11.59. Una vez expuesto todo lo anterior, si bien en el caso concreto, la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, a través de la estación de policía de Betulia, adoptó algunas medidas tendientes a salvaguardar la vida del señor Restrepo Oquendo, se advierte que (i) las mismas no propendieron por resolver la situación de peligro en la que se encontraba; (ii) terminaron por tornarse en insuficientes para garantizar sus derechos, lo que le era previsible al ente demandado, y (iii) este omitió hacer uso de otras herramientas con las que contaba para impedir que el riesgo se concretara en el daño objeto de la demanda, lo cual facilitó que entre la noche del 16 de febrero del 2005 y la madrugada del 17 de febrero de la misma anualidad, se produjera dicho menoscabo.

11.60. Al respecto, se encuentra debidamente demostrado que la Policía Nacional puso en marcha ciertas medidas para proteger al señor León Argiro Restrepo Oquendo, consistentes en sacarlo del municipio y escoltarlo hasta la ciudad de Medellín, y cuando este volvió al municipio de Betulia debido a que afirmó que tampoco se encontraba seguro en Itagüí, se comprometió a prestarle protección personal cuando ello le fuese factible —protección que según el dicho de los declarantes, le otorgó ocasionalmente—, y le impartió una serie de instrucciones y de recomendaciones para que él mismo propugnara por su seguridad, varias de las cuales cumplió, como por ejemplo, mudarse a vivir en las proximidades de la estación de policía del pueblo —ver párrafo 8.3, 8.3.1, 8.4, 11.29 y 11.30—.

11.61. No obstante las actuaciones en comento ayudaron a garantizar la vida de la víctima desde el momento en que retornó al municipio hasta que terceros lo asesinaron, la Sala observa que estas solo se limitaron a atenuar el riesgo en el que aquella se encontraba —actuaciones que desde un comienzo eran ineficientes y escasas para la protección del derecho en comento—, sin que se hubiese demostrado que la entidad demandada, en cumplimiento de su carga obligacional, hubiese propendido por finiquitar dicho riesgo, o porque se adoptaran acciones con mayor aptitud para evitar el desenlace negativo objeto de esta litis y que incluso, pudieran impedir que sus derechos se viesen limitados de la forma en que lo estuvieron durante su último año de vida —restricciones como el tener que vivir cerca de la estación de policía de Betulia, o evitar salir de noche y estar acompañado en todo momento—, de modo que se puede concluir que la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, al incurrir en dichas omisiones, lo mantuvo en un estado de peligro frente al que él poco podía hacer, y que finalmente se concretó en su muerte.

11.62. En efecto, se debe advertir que no bastaba con que la entidad demandada le hubiese indicado al difunto una serie de medidas de autoprotección, y le hubiere prestado seguridad de vez en cuando, para colegir que cumplió debidamente con los deberes que se encontraban asignados a su cargo para el efectivo disfrute de las prerrogativas reconocidas a favor de aquel, máxime cuando no se probó que hubiese realizado un estudio serio del riesgo, y de manera escueta aseveró que le era imposible cumplir con un esquema de seguridad apropiado para el occiso —exigencias que la Corte Constitucional señaló que eran indispensables para los órganos estatales encargados de la protección y seguridad de quienes buscan protección del Estado; ver párrafo 11.55 a 11.57—.

11.63. De hecho, es evidente que las medidas de seguridad ordenadas por la Policía Nacional eran insuficientes para garantizar debidamente los derechos del occiso, puesto que bastaba con que en algún momento estuviese solo y sin protección para que lo mataran, lo que pudo haber ocurrido en la noche del 16 de febrero de 2005, fecha en el despliegue de sus derechos, decidió salir de su hogar a festejar su cumpleaños —teniendo en cuenta que sin perjuicio de que los accionantes aseveraron que se encontraba con amigos, no pudieron traer a algún testigo que realmente hubiese estado con él para el momento de acaecimiento de los hechos—.

11.64. Igualmente, la Sala echa de menos que la estación de policía de Betulia, en conjunto con otras dependencias de la Policía Nacional —como la SIJIN— y otras entidades estatales, hubiese efectuado actos para enfrentar el riesgo concreto que se cernía sobre el señor Restrepo Oquendo, esto es, propender por determinar los autores de las amenazas antes de que las materializaran, y adoptar y desplegar las acciones pertinentes para evitar que las mismas se mantuviesen vigentes de manera indefinida, de modo que el mismo estuvo latente hasta que se realizó, en contravía de la misma misión institucional de la entidad demandada.

11.65. A su vez, a pesar de que la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional era conocedora del peligro en el que se encontraba el señor León Argiro Restrepo Oquendo, omitió valerse de su autoridad y de la conexión que tenía con los demás entes del Estado, en especial con la Fiscalía General de la Nación —entidad que no se puede perder de vista que hace parte de la persona jurídica Nación, de la cual también hace parte la Policía Nacional—, para buscar que se le otorgasen mejores mecanismos de seguridad, como aquellos que se podían ordenar en el marco del programa de protección de víctimas que intervienen en procesos penales —a modo de ejemplo, su cambio de domicilio y de identidad; ver párrafo 11.58—, medidas a las que podía acceder debido al procedimiento penal que se inició con ocasión de la denuncia que radicó en Itagüí, en la cual se le individualizó como víctima de desplazamiento —ver párrafos 8.3.2 y 8.3.3—.

11.66. Efectivamente, si bien la Policía Nacional intentó apersonarse de la seguridad del señor Restrepo Oquendo cuando volvió del municipio de Itagüí, no solo es evidente que los comportamientos que adoptó en ese sentido eran en extremo reducidos —lo que trató de excusar con la aseveración de que no tenía los medios para un servicio idóneo—, sino que además, debió poner dicha situación en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación —esto es, que el señor Restrepo Oquendo volvió al municipio de Betulia por que las amenazas continuaban en Itagüí, y que en todo caso se mantenía las condiciones de inseguridad en el municipio—(59), e insistir o coadyuvar las aseveraciones de riesgo que el mismo occiso manifestó ante la Fiscalía General de la Nación, de modo que se adoptara una decisión a su favor en el procedimiento penal aludido —procedimiento penal que cabe recordar que solo se comenzó tramitar poco después de su muerte; ver párrafo 8.10—.

11.67. De esta manera, contrario a lo indicado por el Tribunal de primera instancia, no es cierto que la entidad demandada hubiese hecho todo que estaba a su alcance para impedir que las amenazas realizadas en contra del señor Restrepo Oquendo se materializaran, puesto que omitió efectuar las anteriores labores, las cuales tenían la potencialidad de impedir la afectación del derecho a la vida de la víctima, motivo por el que se puede colegir que su omisión se constituyó en causa adecuada del daño objeto de la demanda y por ende, se puede dar por configurada su responsabilidad patrimonial en el presente asunto.

11.68. Ciertamente, se observa que no obstante no le asistió razón a la parte demandante al indicar que bastaba con que se acreditara la existencia de una falla del servicio para comprometer la responsabilidad patrimonial de la entidad demandada —lo que sería inviable, incluso de acudir a un criterio de imputación jurídico distinto al de la causalidad adecuada; ver párrafos 11.8 y 11.9—, no escapa a la Sala que las omisiones de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, desde la perspectiva de la causalidad adecuada, influyeron en la producción de la muerte del señor Restrepo Oquendo y de esta forma, ese menoscabo le puede ser imputado.

11.69. Al respecto, no se puede perder de vista que comoquiera que el señor Restrepo Oquendo puso en conocimiento de la estación de Policía de Betulia las amenazas que recibió en contra de su integridad personal y vida por parte de las AUC —las cuales dicha oficina confirmó al punto que inicialmente decidió sacarlo del pueblo para preservar su integridad—, y luego, cuando volvió al municipio, requirió nuevamente a dicha entidad para que garantizara sus derechos —en tanto que no tenía otro lugar al que desplazarse—, es claro que de conformidad con las reglas de la experiencia y de la lógica, a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional se le hizo plenamente previsible que dichas amenazas se podían realizar en un daño, lo que le era esperable que ocurriera en cualquier momento —puesto que ese tipo de amenazas pueden llegar a materializarse en contra de la voluntad de las personas cuyos derechos se ven afectado e incluso, en desconocimiento de las funciones y de los sistemas de defensa establecidos de forma general por el mismo Estado— y sin embargo, se abstuvo de emplear todos los medios que le correspondía utilizar para evitar su concreción, mecanismos que como se vio, de haber sido utilizados oportunamente, habrían tenido la potencialidad de impedirlo.

11.70. En este punto, conviene precisar que no era necesario que la parte demandante acreditara que para la noche en que el señor Restrepo Oquendo salió de su hogar hubiese requerido protección especial o escolta personal, puesto que (i) no se debe olvidar que ese tipo de servicio solo se le prestó de manera temporal y en forma ocasional, de modo que se puede inferir que no se la hubieran asignado para celebrar su cumpleaños, y (ii) la Policía Nacional ya era conocedora del riesgo, por lo que con observancia de sus funciones en el municipio de Betulia, le correspondía asegurarse de que nada le sucediese a la víctima.

11.71. De otro lado, si bien en sentido opuesto a lo referido por los apelantes, la obligación de seguridad de la Policía Nacional en el presente asunto no es absoluta —incluso a pesar de que el señor Restrepo Oquendo informó sobre las amenazas que pesaban en su contra— y por ende, es posible revisar la relatividad del servicio para verificar si al órgano integrante de la parte pasiva del litigio se le está exigiendo el cumplimiento de obligaciones imposibles de realizar, lo cierto es que en el presente asunto, la parte demandada, en incumplimiento de su carga probatoria establecida en el artículo 177(60) del CPC, no acreditó de manera adecuada las circunstancias que le hicieron inviable cumplir con los deberes específicos anteriormente denotados.

11.72. Efectivamente, en el acta del 28 de abril de 2004, la parte demandada solo indicó que tenía limitaciones logísticas y de personal que le permitiesen prestar adecuadamente un servicio de seguridad, pero no explicó ni acreditó que en que se basaba esa aseveración. De esta manera, esa manifestación desobligante solo puede resultar admisible, siempre y cuando en el presente asunto se demuestre su imposibilidad de asumir y cumplir sus deberes de cara a los derechos del señor Restrepo Oquendo, y a las amenazas que se cernieron sobre él, lo que el órgano demandado de ninguna manera realizó en el caso concreto, y para lo que obviamente no es suficiente la manifestación aludida.

11.73. Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que para que pueda operar el instituto de relatividad del servicio, se impone que la entidad interesada en su configuración, acredite en debida forma las condiciones que le hacían imposible ejecutar la obligación cuyo incumplimiento se le pretende enrostrar en el proceso de lo contencioso administrativo. Así, se ha dicho:

13.8 Con observancia de lo descrito, se debe precisar que para que prosperara un razonamiento exceptivo consistente en la inviabilidad de la entidad demandada de prestar eficientemente el servicio que evitara que se causara el daño señalado, no bastaba con referir simplemente que el sistema carcelario durante esa época se encontraba en crisis, comoquiera que se debe destacar que el criterio en análisis no puede servir como una excusa general que le permita a las entidades del Estado vulnerar o exonerarse de cumplir con el contenido obligacional que les es asignado por la ley, sino que tenía como carga mínima, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 177 (…) del CPC, acreditar las circunstancias especiales que para el caso concreto le permitieran colegir a la Sala que dicha imposibilidad efectivamente se configuró, lo que evidentemente no ocurre frente a la muerte del señor Fajardo Parra, toda vez que del escaso material probatorio arrimado al proceso solo se demostró que el fallecimiento tuvo lugar dentro del centro penitenciario La Modelo, y en sentido opuesto, de la carencia de elementos que describan lo sucedido, se evidencia una ostensible falla de vigilancia y custodia, sin que sea posible denotar que se empleó por el Inpec medio alguno que propendiera por evitar que causalmente un tercero ocasionara el detrimento aludido(61).

11.74. Ahora bien, a pesar de que es posible atribuir el daño ocasionado a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, no se puede soslayar que en el presente asunto se encuentra acreditado un hecho de la víctima que, si bien no constituyó la causa exclusiva del daño que padeció, si concurrió en su producción con el riesgo frente al que el Estado no obró adecuadamente.

11.75. Se principia por precisar que la causa extraña como excluyente de responsabilidad(62) requiere de cuatro presupuestos estructurales para su configuración, los cuales se concretan en su imprevisibilidad, irresistibilidad, exclusividad y exterioridad en relación con la parte demandada respecto a la cual se pretende imputar el daño(63), aspectos que deben encontrarse debidamente demostrados en el proceso(64), de modo que cuando el suceso dañoso es previsible o resistible para aquella, o provino parcial o totalmente de su conducta, se revela su falla del servicio al no haberlo evitado pudiendo hacerlo, máxime cuando en su cabeza se radica el deber legal de precaución, por lo que la circunstancia extraña correspondiente no podría tener plenos efectos absolutorios o liberatorios de responsabilidad.

11.76. Conforme lo ha explicado la doctrina, solo cuando el hecho o acto “ha constituido un obstáculo insuperable para la ejecución de la obligación, deja la inejecución de comprometer la responsabilidad del deudor”(65). Así también lo han señalado los hermanos Mazeaud, cuando precisan que la causa extraña lleva “consigo la absolución completa” cuando “el presunto responsable pruebe la imprevisibilidad y la irresistibilidad del hecho de la víctima”(66).

11.77. Igualmente, conviene advertir que para que una causa extraña pueda exonerar completamente de responsabilidad, es necesario que jurídicamente se le pueda calificar como la fuente del daño desde la perspectiva de la teoría de la causalidad adecuada(67), o en otras palabras, que haya sido determinante para su producción.

11.78. Por su parte, cuando la causa extraña es adecuada en cuanto al origen del daño, pero no cumple con sus requisito de exclusividad, imprevisibilidad o irresistibilidad para tener plenos efectos liberatorios, se originan diferentes consecuencias jurídicas en relación con la imputación del menoscabo a la parte demandada, dependiendo del tipo de causa extraña de la que se trate —fuerza mayor, hecho de un tercero o hecho de la víctima—.

11.79. De esta manera, conviene precisar que cuando en el anterior marco se está frente a un hecho de la víctima que no cumple con las primeras características descritas, pero que se puede concluir que adecuada o eficientemente originó el menoscabo, este solo puede serle atribuido parcialmente al extremo pasivo de la litis en tanto el actuar de la víctima también lo generó, de lo que se sigue que su indemnización se deba ver reducida en el porcentaje en el que se considere que el afectado participó en su producción —diminución de la reparación que se encuentra habilitada legalmente en virtud del artículo 2357(68) del C.C.—.

11.80. Teniendo en cuenta lo anterior, conviene recordar que en el presente asunto, se encuentra debidamente acreditado que el señor León Argiro Restrepo Oquendo salió en horas de la noche de su hogar para festejar su cumpleaños —con rumbo desconocido en tanto no se pudo tener por acreditado que se hubiese encontrado en la plaza principal del pueblo—, a pesar de ser consciente de que su vida peligraba, puesto que en caso de que las personas que lo amedrentaron lograran ubicarlo, podían intentar atentar en su contra.

11.81. En cuanto a dicha conducta, la Sala advierte que si bien la misma no era imprevisible ni irresistible para la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional —ver párrafos 11.67 a 11.70—, de modo que no excluye por completo su responsabilidad en el presente asunto, si contribuyó de manera adecuada en la producción del daño, toda vez que la víctima sabía que salir de su hogar, el cual se ubicaba al frente de la estación de policía Betulia —situación que mayor seguridad le brindaba—, especialmente en horas de la noche, implicaba el aumento del riesgo en el que se encontraba —en tanto así se lo explicó la Policía Nacional, entidad que le recomendó no salir en ese horario y de hacerlo, estar acompañado por personas de confianza; ver párrafo 8.4—, y no obstante lo anterior, decidió actuar de esa manera y exponerse irreflexivamente al mismo, con lo que su comportamiento también se constituyó en una causa adecuada del menoscabo demandado.

11.82. Cabe aclarar que si bien la víctima no tenía por qué soportar la limitación de sus derechos por cuenta de amenazas de las AUC, y el Estado estaba en la obligación de realizar actos para sanear dicha situación, a ella también le correspondía propender por asegurar su propia integridad personal y vida, razón por la que se encontraba llamada a observar todas las medidas de seguridad que pudieran impedir que se le causara un daño, carga que no cumplió adecuadamente pese a las precisiones que en ese sentido le hizo la Policía Nacional, y con lo que facilitó la producción del menoscabo cuya reparación pretenden ahora los demandantes.

11.83. De esta manera, la Sala considera que el anterior marco situacional permite invocar la configuración de una concausalidad entre la omisión del Estado y el hecho de la víctima en el origen del daño demandado, puesto que se reitera, de una parte, la entidad demandada incumplió con su carga obligacional al abstenerse de adoptar medidas idóneas para enfrentar el riesgo y proteger adecuadamente al amenazado y, de otro lado, ese riesgo aumentó por el actuar negligente del señor León Argiro Restrepo Oquendo, debido a que a sabiendas que su vida podía peligrar al salir de su hogar, en horas de la noche, sin protección alguna y al parecer solo —comportamiento que la Policía Nacional le había recomendado que no hiciese—, se expuso a ello, circunstancia que fue aprovechada por quienes buscaban hacerle daño para el efecto.

12. Como corolario de todo lo expuesto, si bien es posible imputar el daño objeto de la demanda a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, puesto que dicha entidad no agotó todos los medios con los que contaba para afrontar el riesgo en el que se encontraba el señor Restrepo Oquendo estaba, lo cierto es que la propia conducta de la víctima también contribuyó en que el daño se produjera, comoquiera que a pesar de conocer el peligro obró de manera negligente bajo la creencia de que podía evitarlo y por consiguiente, la Sala declarará la responsabilidad patrimonial de aquella, pero reducirá la indemnización que se procederá a determinar en un 50%, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2357 del C.C. referido.

VI. Liquidación de perjuicios

13. Se observa que el extremo activo de esta litis solicitó en el escrito inicial, el pago de una indemnización pecuniaria por concepto de perjuicios morales en el equivalente a 1000 smmlv a favor de cada uno de quienes demandaron como padres del occiso, y en el equivalente a 500 smmlv en beneficio de quienes accionaron como sus hermanos.

13.1. Al respecto, la Sala tiene por demostradas las calidades invocadas en el presente asunto por los accionantes, esto es, que los señores Argiro León Restrepo Londoño y Luz Dary Oquendo son los padres de León Argiro Restrepo Oquendo (copia del registro de nacimiento del señor León Argiro Restrepo Oquendo; f. 45, c. 1), y que Andrés Felipe Restrepo Oquendo, Diana María Restrepo Oquendo y Víctor Alejandro Restrepo Oquendo son sus hermanos (copias de los registros civiles de nacimiento de dichos demandantes, f. 46-48, c. 1), así como también están acreditadas las relaciones de cariño y afecto que existían entre ellos según los testimonios de sus allegados (declaraciones de Doris Figueroa Ibarra, Juan José Herrera Rivera y Ramón Restrepo Restrepo; f. 112-122, c. 1), de tal forma que resulta evidente que su fallecimiento les produjo un intenso dolor y congoja, sufrimiento que debe ser resarcido por la parte demandada.

13.2. En consecuencia, comoquiera que se encuentra demostrada la causación de un daño moral a los integrantes de la parte demandante, el cual se deriva de la defunción del señor León Argiro Restrepo Oquendo, se condenará a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional a indemnizarlos en el equivalente al 50% del máximo jurisprudencial sugerido para dichos casos —muerte de un ser querido—(69), teniendo en cuenta la deducción que corresponde al hecho concurrente de la víctima que se dilucidó.

13.3. De este modo, se debe tener en cuenta que en reciente pronunciamiento, la Sala Plena de esta sección unificó su jurisprudencia con el objeto de establecer los parámetros a tener en cuenta al momento de estimar la cuantía de la indemnización, en los siguientes términos:

Sea lo primero señalar, que procede la Sala a unificar la jurisprudencia en materia de reparación de perjuicios inmateriales; lo anterior, por cuanto la Sección considera necesario y oportuno determinar los criterios generales que se deben tener en cuenta para la liquidación del mencionado perjuicio.

La parte actora solicita el reconocimiento de perjuicios morales en el equivalente en moneda nacional a 2.000 gramos de oro fino, para cada uno de los demandantes o quien o quienes sus derechos representen.

Así las cosas, tenemos que el concepto de perjuicio moral se encuentra compuesto por el dolor, la aflicción y en general los sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra, etc., que invaden a la víctima directa o indirecta de un daño antijurídico, individual o colectivo.

En consecuencia, para la reparación del perjuicio moral en caso de muerte se han diseñado cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia calidad de perjudicados o víctimas indirectas, los cuales se distribuyen así:

Nivel Nº 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno-filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1º Grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). A este nivel corresponde el tope indemnizatorio de 100 SMLMV.

Nivel Nº 2. Donde se ubica la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 50% del tope indemnizatorio.

Nivel Nº 3. Está comprendido por la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 35% del tope indemnizatorio.

Nivel Nº 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 25% del tope indemnizatorio.

Nivel Nº 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 15% del tope indemnizatorio.

(…) Así las cosas, para los niveles 1 y 2 se requerirá la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros. Para los niveles 3 y 4, además, se requerirá la prueba de la relación afectiva, y finalmente, para el nivel 5 deberá ser probada la relación afectiva (subrayado del original)(70).

13.4. En consecuencia, por concepto de perjuicios morales y con miramiento en los anteriores lineamientos, a los señores Argiro León Restrepo Londoño y Luz Dary Oquendo se les reconocerá el equivalente a 50 smmlv, para cada uno, y a Andrés Felipe Restrepo Oquendo, Diana María Restrepo Oquendo y Víctor Alejandro Restrepo Oquendo, se les concederá la suma equivalente a 25 smmlv, en favor de cada uno.

14. En cuanto a la indemnización de perjuicios materiales, los accionantes pidieron el resarcimiento del daño emergente derivado de los costos fúnebres del señor León Argiro Restrepo Oquendo, resarcimiento solicitado únicamente a favor de los demandantes Argiro León Restrepo Londoño y Luz Dary Oquendo, y del lucro cesante que todos los accionantes padecieron, en consideración a que el occiso les colaboraba económicamente y, con ocasión de su defunción, dicha ayuda cesó.

14.1. En cuanto a la indemnización del daño emergente, la Sala observa que no se acreditó su causación, en consideración a que no se aportó medio de convicción alguno que refiriera su existencia —como a título de ejemplo habrían sido las facturas de los servicios contratados para el efecto— y en consecuencia, no es factible acceder a su indemnización.

14.2. Por su parte, en cuanto al lucro cesante, se principia por destacar que se realizó un dictamen pericial, en el que un abogado, en calidad de auxiliar de la justicia, se limitó a realizar una liquidación de dicho detrimento con fundamento en los certificados laborales obrantes en el expediente y algunos de los dichos de los testigos —medios que indican que el difunto trabajaba y devengaba el salario mínimo—, dictamen en el que se restringió a seguir los lineamientos de liquidación de la jurisprudencia del Consejo de Estado que consideró vigentes y estimó aplicables.

14.2.1. Al respecto, se advierte que el dictamen pericial solo es procedente para traer al proceso conocimientos especiales de carácter científico, técnico o artístico de los que carezca el juez —artículo 233(71) del CPC—, condición que no cumple la prueba referida, en consideración a que no aporta ningún elemento o conocimiento especializado que pueda ser valorado para definir el resarcimiento del perjuicio en estudio, sino que se trata de una mera liquidación en la que se intentó seguir los derroteros establecidos por esta Corporación, labor de liquidación que es de exclusiva competencia del operador judicial, de tal forma que dicho medio de convicción no será tenido en cuenta para la estimación que se procede a realizar del quantum indemnizatorio.

14.2.2. Al respecto, la jurisprudencia ha señalado que el dictamen del perito es un medio de prueba que no puede desplazar el criterio del juez, lo cual en el evento, en el que se adoptara el contenido del dictamen pericial allegado al plenario, sucedería en el sub judice, puesto que se insiste, se trata una simple liquidación efectuada por un abogado. Al respecto, se ha dicho:

El artículo 241 del CPC señala que el juez al valorar o apreciar el dictamen de los peritos tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso. Con esto se quiere significar que el juez es autónomo para valorar el dictamen y verificar la lógica de sus fundamentos y resultados, toda vez que el perito es un auxiliar de la justicia, pero él no la imparte ni la administra, de manera que, como con acierto lo ha concluido la doctrina, el juez no está obligado a “…aceptar ciegamente las conclusiones de los peritos, pues si ello fuese así, estos serían falladores…”(72)-(73).

14.2.3. En cualquier caso, se advierte de entrada que dicho dictamen contradice los parámetros sentados por la jurisprudencia del Consejo de Estado al momento de liquidar el lucro cesante y por consiguiente, no puede ser tenido en cuenta para el efecto, puesto que por ejemplo, determina que el lucro cesante que proviene de la muerte de un hijo a favor de los padres debe ir hasta la fecha de vida probable de aquel, lo que evidentemente contraria aquellos criterios y toda lógica, en tanto que la vida probable de los padres siempre será menor a la de los hijos y por ende, en los casos en los que es posible indemnizar hasta la vida probable alguno de ellos, la jurisprudencia ha sido pacífica en estimar que la liquidación debe utilizar el menor tiempo de expectativa de vida.

14.2.4. Una vez precisado lo anterior, y entrando en materia, conviene aclarar que para efectos de indemnizar el lucro cesante, es necesario que el interesado acredite su causación de conformidad con la carga probatoria que le asigna el ordenamiento jurídico —artículo 177 del CPC—. No obstante, cuando no se demuestra la forma en que dicho detrimento se constituye, esta Corporación se ha fundamentado en reglas de la experiencia y de la lógica para inferir tanto su existencia como su cuantificación(74).

14.2.5. Ciertamente, en los casos en los que se demanda la reparación de los perjuicios derivados de la muerte de una persona, cuando el solicitante no prueba que hubiese percibido una suma de dinero o una contribución económica específica de manera periódica proveniente de la persona que falleció, pero es posible deducir que ello ocurría debido al estado de necesidad de aquel y al correlativo deber de prestarle auxilio de este, vínculo obligacional que es factible dilucidar a partir de ciertas relaciones familiares y para lo que se ha invocado el derecho de alimentos regulado por los artículos 411 y siguientes del Código Civil(75), tal situación se deduce, siempre y cuando la aplicación de esas reglas y lucubraciones no se encuentre inhabilitada por elementos de prueba que obren en su contra.

14.2.6. Al respecto, si el lucro cesante que pide un demandante consiste en haber dejado de percibir un ingreso económico que usualmente le era otorgado por una persona que murió, y no se allega medio probatorio alguno que acredite que esa circunstancia se presentaba continuamente de tal forma que se pudiera señalar que la misma se hubiese mantenido en el tiempo de estar viva la víctima(76), es necesario que la inferencia de que ello ocurría y que se construye a partir de las reglas de la experiencia y de la lógica no tenga un medio probatorio que la desvirtúe, puesto que de ser así, el menoscabo en análisis sería inexistente y por lo tanto, no podría salir avante su indemnización.

14.2.7. Con observancia de lo anterior, y de la importancia que adquieren los medios probatorios para efectos de poder establecer con certeza el perjuicio en comento, más aún cuando se está frente a la prolongación en el tiempo de una situación que si bien pudo existir cesó con ocasión del fallecimiento de la víctima, lo que hace difícil prever su extensión temporal ante las diferentes vicisitudes que se pueden presentar, esta Corporación ha colegido que cuando los padres demandan el perjuicio en comento a raíz de la defunción de uno de sus hijos, si bien es factible colegir que esa ayuda se prestaba, ello en principio solo es viable desde el momento en que dicho hijo hubiera adquirido capacidad productiva hasta el cumplimiento de sus 25 años edad, toda vez que se ha estimado que en esa edad las personas usualmente deciden independizarse y formar un hogar aparte del de sus padres, haciéndoseles imposible continuar prestándoles ayuda.

14.2.8. Sin embargo, se ha considerado que cuando se encuentre fehacientemente demostrado que la víctima ayudaba a sus ascendientes antes de la ocurrencia de su muerte, le es posible al operador judicial considerar que dicha situación se mantendría en el tiempo más allá de la edad mencionada, siempre que se encuentren demostradas circunstancias que permitan inferir que ello realmente habría sucedido de encontrarse aquel con vida, lo que ocurre a modo de ejemplo, cuando está probado el estado de necesidad o invalidez de dichos parientes. En este sentido, se ha señalado:

En el sub lite, no se demostró que la víctima tenía a su cargo el sostenimiento económico de la demandante, quien actúa en calidad de madre del fallecido. Vale destacar que en relación con el reconocimiento del lucro cesante a favor de los padres, en jurisprudencia que ahora se reitera, se ha dicho que se presume que los hijos ayudan a sus padres hasta la edad de veinticinco años, en consideración “al hecho social de que a esa edad es normal que los colombianos hayan formado su propio hogar, realidad que normalmente impide atender las necesidades económicas en otros frentes familiares”(77). Además, se ha considerado que cuando se prueba que los padres recibían ayuda económica de sus hijos antes del fallecimientos de estos, la privación de esta tendría un carácter cierto y se ha presumido que la misma habría de prolongarse en el tiempo, más allá de la edad referida de los hijos, a condición de que se reúnan algunas circunstancias que permitieran afirmar tal presunción como la necesidad de los padres, su situación de invalidez, la condición de hijo único(78)-(79).

14.2.9. De otro lado, esta Sala ha entendido que en los eventos que es posible inferir que un hijo difunto habría continuado ayudando a sus padres luego de cumplir la edad de 25 años, pero que a su vez tiene hermanos que también podrían velar por ellos, la prolongación en el tiempo de dicho apoyo económico no se desvirtúa, pero el cálculo y el monto en la que la misma se reconoce a título de indemnización de lucro cesante debe disminuir, puesto que tal como se puede inferir que el occiso colaboraba e iba seguir ayudando con el hogar paterno, incluso después de la referida edad, así también se debe colegir que lo mismo harían sus hermanos a partir del momento en que adquirieran capacidad productiva(80).

14.2.10. En el caso concreto, se encuentra acreditado que para el momento de fallecimiento del señor León Argiro Restrepo Oquendo, este contaba con 23 años de edad —nació el 17 de febrero de 1982—, y según los certificados aportados al plenario, trabajó esporádicamente en diferentes labores de recreación, deporte y cultura en el municipio de Betulia —ver párrafo 8.1—.

14.2.11. De otra parte, se observa que si bien se pidió la indemnización del lucro cesante a favor de todos los demandantes, no existen elementos probatorios que indiquen que el occiso le hubiera dado a sus hermanos un auxilio particular, y en consideración a que la regla jurisprudencial aludida consiste en que los hijos ayudan a sus padres —y a través de ellos, a quienes vivan en su hogar—, los únicos accionantes que pueden ser destinatarios del resarcimiento que se determine serán los señores Argiro León Restrepo Londoño y Luz Dary Oquendo.

14.2.12. Igualmente, no obstante los testigos Doris Figueroa Ibarra y Ramón Ernesto Restrepo Restrepo adujeron que el señor Argiro León Restrepo Londoño —padre de la víctima— se encontraba inhabilitado o impedido para trabajar, al punto que era el occiso quien aportaba prácticamente todo el sustento económico de la familia, se observa que tales dichos no le generan certeza alguna a la Sala, en consideración a que:

(i) no se aportaron otros elementos probatorios que los respaldaran, en especial la supuesta inhabilidad del padre para laborar, como habría sido su historia clínica;

(ii) los trabajos que desempeñó el occiso fueron temporales y no eran de tiempo completo —como cuando fue monitor de recreación de la casa de cultura en el año 2002, año en el que durante parte del día también estudiaba puesto que en ese período fue personero de su colegio; ver párrafo 8.1—, de modo que no parece creíble que él fuera la única o más fuente de ingresos del hogar;

(iii) uno de los mismos declarantes afirmó que por sus labores solo se ganaba el salario mínimo mensual legal vigente, suma que resulta confiable teniendo en cuenta lo expuesto, y

(iv) los demandantes y la víctima vivían en una casa de su propiedad, y en el momento en el que amenazaron a León Argiro Restrepo Oquendo, tuvieron los medios económicos para cambiarse de casa, lo que junto con los demás gastos familiares, seguramente no fue asumido con dicho salario mínimo mensual legal vigente.

14.2.13. Con observancia de lo anterior, no se acreditó debidamente alguna circunstancia a partir de la cual se pudiera inferir válidamente que el señor León Argiro Restrepo Oquendo le iba a ayudar económicamente a sus padres después de cumplir los 25 años edad. Sin embargo, sí se probó que para el momento de su fallecimiento contaba con 23 años de edad, de donde es posible acudir a la primera regla jurisprudencial analizada, y concluir que el difunto les iba a dar parte de sus ingresos a dichos demandantes hasta cumplir la señalada edad, circunstancia de la cual se desprende que su muerte les significó el perjuicio de lucro cesante en estudio.

14.2.14. De esta manera, para calcular el monto a indemnizar se tomará la cifra de $ 976 552 m/cte., el cual corresponde al salario mínimo junto con las prestaciones sociales que operan por ley, en consideración a que no se sabe con exactitud cuánto ganaba el occiso en comento por sus trabajos, y en que los testigos perdieron toda credibilidad en lo que tiene que ver con la estimación de los perjuicios.

14.2.15. Ahora bien, dado que no se probó el porcentaje de los ingresos en los que el señor Restrepo Oquendo habría distribuido y destinado a favor de sus padres, la Sala debe establecer dicho porcentaje en equidad y de conformidad con las reglas de la experiencia, para lo que se debe tener en cuenta que:

(i) la jurisprudencia de esta Corporación no ha fijado un criterio unívoco en los casos de ayuda monetaria de un hijo a sus padres, puesto que en ocasiones se reconoce que esa colaboración versaría sobre un 75% de los ingresos del difunto, mientras que en otras se entiende que sería sobre un 50%(81), y

(ii) en el caso concreto, los padres del difunto no dependían totalmente de él, puesto que esa circunstancia no se acreditó, y por el contrario, está demostrado que tenían una mayor solvencia económica, de lo que se sigue que habían otras fuente de ingresos, y

(iii) el referido occiso tenía cuatro hermanos para el momento de su muerte: (a) Diana María Restrepo Oquendo, de 28 años de edad —nació el 10 de septiembre de 1979—, respecto de quien no obstante los testigos afirmaron que vivía en el hogar paterno, dichas aseveraciones no resultan creíbles en tanto se descartaron aquellas que tenían que ver con la invalidez de su padre, y (b) Andrés Felipe y Víctor Alejandro Restrepo Oquendo, menores de 25 años de edad —nacieron el 10 de octubre de 1985 y el 4 de mayo de 1992, correlativamente—, de quienes no se acreditó que trabajaran, por lo que puede que dependieran de sus padres y de lo que esporádicamente aportara su hermano.

14.2.16. Con fundamento en las anteriores razones, la Sala estima adecuado señalar que el señor León Argiro Restrepo Oquendo habría destinado para sí un 50% del monto total de sus ingresos, en consideración a que de una parte, él no era el único que trabajara en el hogar, pero de otro lado, su carga no se puede repartir entre sus hermanos, debido a que se puede inferir que Diana María ya había formado un hogar, y a que no se demostró que Andrés Felipe y Víctor Alejandro percibieran ingresos económicos, de tal forma que la base de liquidación correspondería a la mitad de la suma señalada, es decir, a $ 488 276.

14.2.17. Por consiguiente, la indemnización del detrimento material en la modalidad de lucro cesante a favor de Argiro León Restrepo Londoño y Luz Dary Oquendo derivado de la muerte de su hijo, se liquidará únicamente en un período consolidado, puesto que para el momento de proferirse esta sentencia, el occiso aludido ya habría cumplido los 25 años de edad —en la cual se reitera que se puede colegir que habría entrado a formar su hogar propio y en consecuencia, a verse imposibilitado para continuar su ayuda a sus padres—, lucro cesante consolidado que va desde el momento de la muerte del señor Restrepo Oquendo hasta que hubiese adquirido la edad en cuestión, esto es, el equivalente a 24 meses. De esta forma, se tiene:

(1+ i)n - 1

S = Ra -------------------------

I

Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta o ingreso mensual.

i= Interés puro o técnico: 0.004867.

n= Número de meses que comprende el período indemnizable: 45,1 meses.

(1+0,004867)24 -1

S = $ 488 276 x ------------------------------------

0,004867

S = $ 12 398 541,08

14.2.18. Por lo tanto, la indemnización consolidada total del lucro cesante a favor de los padres del occiso, correspondería a $ 12 398 541,08 m/cte. Sin perjuicio de lo anterior, esta suma debe ser reducida a la mitad en consideración a la concausalidad con el hecho de la víctima que efectivamente se probó en el caso concreto, razón por lo que la suma total indemnizatoria será de $ 6 199 270,5 m/cte, cifra que se debe repartir en partes iguales a favor de cada uno de los aludidos demandantes, esto es: $ 3 099 635,25 en beneficio del señor Argiro León Restrepo Londoño, y $ 3 099 635,25 a favor de Luz Dary Oquendo.

15. Se impone agregar que no hay motivo alguno para condenar por intereses sobre los valores indemnizatorios desde la época de causación del daño, habida cuenta de que estos, de acuerdo con lo establecido por la ley, no se generarían desde esa fecha sino desde el momento en que la obligación indemnizatoria es radicada en cabeza del Estado, es decir, a partir de que se profiera esta sentencia, tal como se indicará en su parte resolutiva.

16. Ahora bien, comoquiera que existen fuertes indicios para colegir que el asesinato del señor Restrepo Oquendo fue ocasionado por miembros de las ACU y, en ese orden de ideas, se presentó en el marco del conflicto armado interno en Colombia, para asegurar el eventual conocimiento de este asunto por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz creada mediante Acto Legislativo 1 de 2017, se ordenará publicar esta decisión en el enlace de la página web institucional de esta alta corte destinado a la jurisprudencia relacionada con el referido conflicto, cuya creación se pidió mediante sentencia del 14 de febrero de 2016, exp. 52616 (2011-167-01), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

VII. Costas

17. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se condenará en este sentido.

18. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

REVOCAR la sentencia del 14 de octubre de 2014, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión Cuarta, y, en su lugar, se dispone:

1. DECLARAR patrimonial y extracontractualmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, por los perjuicios causados a los demandantes con ocasión de la muerte del señor León Argiro Restrepo Oquendo.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional a indemnizar a los accionantes, de la siguiente manera:

A favor del señor Argiro León Restrepo Londoño, el equivalente a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, por concepto de perjuicios morales, y la suma de tres millones noventa y nueve mil seiscientos treinta y cinco pesos, con veinticinco centavos ($ 3 099 635,25), por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

A favor de la señora Luz Dary Oquendo, el equivalente a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, por concepto de perjuicios morales, y la suma de tres millones noventa y nueve mil seiscientos treinta y cinco pesos, con veinticinco centavos ($ 3 099 635,25), por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

A favor de Andrés Felipe Restrepo Oquendo, Diana María Restrepo Oquendo y Víctor Alejandro Restrepo Oquendo, el equivalente a 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, para cada uno, por concepto de perjuicios morales.

3. DENEGAR las restantes suplicas de la demanda.

4. PUBLICAR esta decisión en el enlace de la página web institucional de esta alta corte, destinado específicamente a la jurisprudencia relacionada con el referido conflicto, cuya creación se pidió mediante sentencia del 14 de febrero de 2016, exp. 52616 (2011-167-01), C.P. Danilo Rojas Betancourth, comoquiera que existen fuertes indicios para colegir que el asesinato del señor Restrepo Oquendo se presentó en el marco del conflicto armado interno en Colombia y por lo tanto, se requiere asegurar el eventual conocimiento de este asunto por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz creada mediante Acto Legislativo 1 de 2017.

5. Todas las sumas aquí determinadas devengarán intereses comerciales moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia.

6. CUMPLIR la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del CCA.

7. EXPEDIR, por Secretaría, copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y se entregarán a quien ha venido actuando como apoderado judicial.

8. En firme este fallo, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 La sumatoria de las pretensiones estimadas en la demanda asciende a $ 1 355 250 000, cifra que fija la cuantía del proceso de acuerdo con lo dispuesto en los numerales 1º y 2º del artículo 20 del CPC vigentes para el momento de interposición del recurso de apelación —último numeral del artículo que fue modificado por la Ley 1395 de 2010—, esto es, para el 23 de noviembre de 2011. Con observancia de la fecha de la apelación, se aplica en este punto el artículo 42 de la Ley 446 de 1998, en virtud del cual, para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa sea de doble instancia ante esta Corporación, su cuantía debe superar los 500 smmlv considerados para la época de presentación de la demanda —2006—, los cuales, en el caso concreto equivalen al monto de $ 204 000 000, umbral que como se observa, es sobrepasado.

2 “La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.

3 “Ahora bien, en relación con la mencionada regla general, según la cual aquellos temas no propuestos en el recurso de alzada estarían llamados a excluirse del conocimiento del juez ad quem, conviene precisar que dicha regla general no es absoluta, puesto que la misma debe entenderse y admitirse junto con las excepciones que se derivan, por ejemplo, i) de las normas o los principios previstos en la Constitución Política; ii) de los compromisos vinculantes asumidos por el Estado a través de la celebración y consiguiente ratificación de Tratados Internacionales relacionados con la protección de los Derechos Humanos y la vigencia del Derecho Internacional Humanitario, o iii) de las normas legales de carácter imperativo, dentro de las cuales se encuentran, a título puramente ilustrativo, aquellos temas procesales que, de configurarse, el juez de la causa debe decretar de manera oficiosa, no obstante que no hubieren sido propuestos por la parte impugnante como fundamento de su inconformidad para con la decisión censurada. // En efecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado en múltiples decisiones ha determinado la operancia del fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción ejercida, así como también ha encontrado acreditada la existencia de la falta de legitimación en la causa —por activa o por pasiva— e incluso la ineptitud sustantiva de la demanda, casos en los cuales ha denegado las pretensiones de la demanda o se ha inhibido de fallar, según el caso, con independencia de si tales presupuestos o aspectos hubieren sido, o no, advertidos por el juez de primera instancia o por alguno de los sujetos procesales, incluido, claro está, aquel que hubiere impugnado la providencia del juez a quo”. Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 9 de febrero de 2012, exp. 50001-23-31-000-1997-06093 01 (21.060), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

4 [2] Sentencia de 9 de febrero de 2012, exp. 500012331000199706093-01 (21.060), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

5 [3] Sentencia de 4 de agosto de 2010, exp. 0500131030012002, M.P. Ruth Marina Díaz.

6 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 9 de febrero de 2012, exp. 05001-23-26-000-1994-02321-01 (20104), C.P. Ruth Stella Correa Palacio, y sentencia del 9 de febrero de 2012, exp. 50001-23-31-000-1997-06093 01 (21.060), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

7 Consejo de Estado, Sala Plena de Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, exp. 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022), C.P. Enrique Gil Botero.

8 “Son sospechosos para declarar las personas que en concepto del juez, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a sus apoderados, antecedentes personales u otras causas”.

9 Sobre este tema ha dicho la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil: “…el recelo o la severidad con que el fallador debe examinar esos testimonios, no lo habilita para desconocer a priori, su valor intrínseco, debido a que ‘la sospecha no descalifica de antemano…sino que simplemente se mira con cierta aprehensión a la hora de auscultar qué tanto crédito merece. Por suerte que bien puede ser que a pesar de la sospecha haya modo de atribuirle credibilidad a testigo semejante, si es que, primeramente, su relato carece de mayores objeciones dentro de un análisis crítico de la prueba, y, después -acaso lo más prominente- halla respaldo en el conjunto probatorio”, en sentencia de 19 de septiembre de 2001, exp. 6424. Consultar igualmente, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subesección B, exp. 17001-23-31-000-1997-09019-01 (20412), actor: Alejandro Arboleda Montoya y otros, C.P. (E) Danilo Rojas Betancourth.

10 “Entre los 45 y 90 días posteriores a la incorporación de un contingente, se practicará un tercer examen de aptitud sicofísica para verificar que los soldados no presenten inhabilidades incompatibles con la prestación del servicio militar”.

11 Además de que la dirección de los accionantes y de la víctima obran en la minuta de la estación de policía de Betulia, y que los testigos Doris Figueroa Ibarra, Juan José Herrera Rivera y Ramón Restrepo Restrepo, indicaron que la víctima y su familia efectivamente se pasó a vivir cerca a la plaza principal y a la señalada estación de policía, fue posible consultar dicha dirección y confirmar la información referida vía web. Al respecto, se ingresó a la página google maps, consultada el 7 de febrero de 2018, en: https://www.google.com.co/maps/@6.1137839,-75.9842361,3a,75y,266.52h,102.09t/data=!3m6!1e1!3m4!1sMuoe6NcpoD3ButCzIGC0qQ!2e0!7i13312!8i6656

12 En ese sentido, dijo: “En lo que se refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación. // En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta sentencia”. Consejo de Estado, Sección Tercera-Sala Plena, sentencia de 19 de abril de 2012, exp. 19001-23-31-000-1999-00815-01 (21515), C.P. Hernán Andrade Rincón.

13 En el sistema interamericano de protección de derechos humanos también se ha admitido la posibilidad de imputar responsabilidad al Estado por violaciones de derechos humanos cometidos por agentes no estatales. En estos casos, el fundamento de la obligación de reparar se sustenta en el incumplimiento de las obligaciones de protección y garantía consignadas en el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Sobre el particular, pueden consultarse, entre otras, las siguientes sentencias: caso de la masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, sentencia de 31 de enero de 2006, párr. 123; caso de la masacre de Mapiripán vs. Colombia, sentencia de 15 de septiembre de 2005, párr. 111.

14 A título de ejemplo, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 7 de septiembre de 2015, exp. 85001-23-33-000-2013-00035-01(51388), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. En dicho asunto se declaró la responsabilidad patrimonial del Estado, en consideración a que en un operativo militar, ciertos funcionarios del Ejército Nacional desaparecieron de manera forzosa y asesinaron a un joven, momento en el que se adujo que se concretó su falla del servicio al actuar de deliberadamente en contra de la protección de los mismos derechos que se les habían encomendado.

15 En este sentido, véase la sentencia el 11 de julio de 1996, exp. 10.822, C.P. Daniel Suárez Hernández, mediante la cual la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por la muerte del comandante de guardia de la cárcel del municipio de Cañasgordas (Antioquia) durante un ataque armado perpetrado por presuntos guerrilleros, aprovechando las deficientes condiciones de seguridad que presentaba el establecimiento carcelario.

16 Este fue el título de imputación a partir del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados a las víctimas de la toma del Palacio de Justicia. Al respecto, véanse, entre otras, las sentencias del 16 de febrero de 1995, exp. 9040, C.P. Juan de Dios Montes; del 27 de junio de 1995, exp. 9266, C.P. Juan de Dios Montes; del 3 de abril de 1995, exp. 9459, C.P. Juan de Dios Montes; y del 29 de marzo de 1996, exp. 10.920, C.P. Jesús María Carrillo.

17 La providencia del 12 de noviembre de 1993, exp. 8233, C.P. Daniel Suárez Hernández, responsabiliza al Estado por los daños causados con la destrucción de un bus de transporte público por parte de la guerrilla del ELN, en protesta por el alza del servicio de transporte entre los municipios de Bucaramanga y Piedecuesta (Santander). A juicio de la Sala, el daño es imputable a título de falla del servicio porque, aunque la empresa transportadora no solicitó protección a las autoridades, estas tenían conocimiento que en esa región “el alza del transporte genera reacciones violentas de parte de subversivos en contra de los vehículos con los cuales se presta ese servicio público”.

18 Esta fue la postura asumida por la Sección Tercera del Consejo de Estado al resolver la acción de reparación directa originada en la toma guerrillera a la base militar de Las Delicias en el departamento de Putumayo. Sentencia de 25 de mayo de 2011, exp. 15838, 18075, 25212 (acumulados). C.P. Jaime Orlando Santofimio. En este caso la responsabilidad que se imputa al Estado “es por el resultado en atención a que i) no hubo o no se emplearon suficientes instrumentos de prevención (frente a lo que los altos mandos militares reflejan su omisión y desatención); ii) la calidad de la respuesta que se tuvo para defender a los miembros de la fuerza militar (…) fue limitada, tardía, insuficiente y propia de la falta absoluta de planeación y coordinación que exige la estrategia y desarrollo militar (pese a que nuestra fuerza militar tiene instituciones y forma a sus cuadros en escuelas militares de las mejores en el mundo), y; iii) a que el apoyo o reacción del Estado fue tardío, insuficiente y drásticamente limitado, lo que llevo a dejar sin alternativa alguna a los ciudadanos soldados, que produjo la muerte de uno de ellos y las lesiones de los otros dos. Por lo tanto, se sustenta dicha atribución, en su conjunto, en la falta absoluta de la “debida diligencia” que debía aplicar el Estado en el caso concreto de la toma de la Base Militar de Las Delicias por parte de un grupo armado insurgente”.

19 Sobre la teoría de la causalidad adecuada dentro del marco de la responsabilidad patrimonial extracontractual, la doctrina jurídica ha señalado: “a) Gravitación de la teoría. La doctrina de la “causa adecuada” adquirió gran predicamento y se la considera en la actualidad la posición dominante en la doctrina comparada en materia de relación causal, tanto en el campo penal como en el civil. (…) // b) Su mecánica. La “prognosis póstuma”. Dicha teoría aquilata la adecuación de la causa en función de la posibilidad y probabilidad de un resultado, atendiendo a lo que corrientemente acaece según lo indica la experiencia diaria en orden al curso ordinario de los acontecimientos id quos plerumque accidit. (…) // El concepto de causalidad adecuada implica, pues, el de regularidad, apreciada de conformidad con lo que acostumbra suceder en la vida misma. Es decir, para que exista relación causal, según la interpretación que comentamos, la acción tiene que ser idónea para producir el efecto operado, tiene que determinarlo normalmente (65). (…) // A fin de establecer la vinculación de causa efecto entre dos sucesos, es menester realizar un juicio retrospectivo de probabilidad, cuya formulación es la siguiente: ¿la acción u omisión que se juzga era per se apta o adecuada para provocar normalmente esa consecuencia? (…) // Este juicio de idoneidad o cálculo de probabilidades tiene que plantearse en abstracto, o en general, con prescindencia de lo efectivamente sucedido, atendiendo a lo que usualmente ocurre; y no en concreto o en particular, es decir, como se han producido realmente las cosas. // La determinación del fenómeno causal constituye de este modo el resultado de un proceso de abstracción y generalización que da relevancia a una de las condiciones del caso concreto, elevándola a la categoría de “causa” del evento. (…) // d) Fractura del nexo causal. La operatividad de la teoría que nos ocupa se condiciona a que todos los eslabones de la cadena sean adecuados, la regularidad debe existir en cada etapa del iter causal. Como bien lo señala ORGAZ “no basta establecer que la acción era en general idónea para producir el daño, sino que es además necesario que las circunstancias intermedias hayan sucedido también normalmente, sin la intervención de factores anómalos o extraordinarios. // Precisamente, la concurrencia de esos eventos disociantes interfieren el curso ordinario del proceso, interrumpiéndolo; se produce entonces la fractura del nexo causal. En tales hipótesis queda excluida la imputatio facti entre el resultado final y el suceso desencadenante de la trama de acontecimientos (73). // Nos hallamos ante lo que se denomina “proceso atípico o inadecuado”: los efectos anormales no se atribuyen ya al agente, pues no se consideran causado por su acción, aunque en concreto ese obrar haya constituido una condictio sine qua non del desmedro resultante (74). (…) // En otras hipótesis el proceso puede verse alterado o desviado de su curso normal por circunstancias anteriores o concomitantes que concurren a la producción del efecto”. Isodoro Goldenberg. “La relación de Causalidad en la Responsabilidad Civil”, segunda edición ampliada y con actualización jurisprudencial, editorial La Ley, Buenos Aires, 2000, p. 22-27.

20 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de mayo de 1994, exp. 7616, actor: Edelmira Bernal de Lobo, C.P. Carlos Betancur Jaramillo; sentencia del 26 de mayo de 1994, exp. 8930, actor: María Elena Zabala Betancur, C.P. Daniel Suárez Hernández. En este sentido, recientemente se ha señalado: “A propósito del vínculo causal entre la omisión y el daño, la Sala precisó que en este tipo de eventos lo decisivo es la omisión de la conducta debida, que de haberse realizado habría interrumpido el proceso causal impidiendo la producción de la lesión (nota al pie Nº 10: ““... conforme a los principios decantados por la jurisprudencia nacional, la relación de causalidad solo tiene relevancia para el derecho cuando responde a criterios de naturaleza jurídica, más allá de la simple vinculación física entre un comportamiento y un resultado; así, no parece necesario recurrir al análisis de la “virtualidad causal de la acción”, propuesto por el profesor Entrena Cuesta, para reemplazar el citado elemento de la obligación de indemnizar, sin perjuicio de que dicho análisis resulte útil para demostrar, por la vía de un argumento activo, el nexo adecuado existente entre la omisión y el daño producido. A ello alude, precisamente, la determinación de la posibilidad que tenía la administración para evitar el daño”. Sentencia de 21 de febrero de 2002, exp: 12.789, M.P. Alier Hernández Enríquez.”)”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de agosto de 2012, exp. 05001-23-31-000-1996-00409-01(25041), actor: Juan Ramón Molina Balbin, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

21 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 26 de septiembre de 2002, exp: 14.122, M.P. Ricardo Hoyos Duque; ibídem supra nota Nº 15, exp. 25041, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

22 De conformidad con la doctrina jurídica, la causalidad adecuada es una corriente desarrollada dentro de la teoría de la imputación objetiva. Al respecto, consultar: Sergio Rojas Quiñones y Juan Diego Mojica Restrepo. “De la Causalidad Adecuada a la Imputación Objetiva en la Responsabilidad Civil Colombiana”, Revista Universitas Nº 129, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá D.C., 2014. Medina Alcoz, “La Teoría de la Pérdida de Oportunidad, Estudio Doctrinal y Jurisprudencial de Derecho de Daños Público y Privado”, 2007.

23 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de agosto de 2013, exp. 29133, C.P. Ramiro Pazos Guerrero. En términos similares, se ha referido: “Y es que en los eventos en los cuales la conducta examinada es una acción, para que proceda la declaratoria de responsabilidad resulta menester que exista relación de causalidad entre ella y el resultado, lo cual no es suficiente porque debe añadirse que este sea jurídicamente atribuible o imputable a aquella; pero, como señala MIR PUIGPELAT, “… cuando la conducta es, en cambio, una omisión, la relación de causalidad no es solo insuficiente, sino, incluso, innecesaria (…) Y existirá imputación del resultado cuando el omitente tenía el deber jurídico de evitar el resultado lesivo, poseyendo la acción —debida— omitida capacidad para evitarlo. En el momento de comprobar esta última cuestión (la capacidad evitadora de la acción omitida) se examina si existe relación de causalidad entre la acción omitida y el resultado producido. Pero obsérvese bien: no es una relación de causalidad entre la omisión y el resultado, sino entre la acción (que, a diferencia de la omisión, sí tiene eficacia causal) no realizada y el resultado; y, además, es una causalidad meramente hipotética, entre una acción imaginada que no ha llegado a producirse y un resultado efectivamente acontecido. Los problemas fundamentales que se plantean, pues, en sede de omisión (y que son problemas de imputación), son la determinación de cuándo existe el deber jurídico de evitar el resultado (en definitiva, la determinación de cuándo se encuentra la Administración en posición de garante de la víctima) y la concreción del grado de capacidad evitadora del resultado que exigimos a la acción omitida, partiendo de valoraciones normativas, para imputar el resultado a la omisión”. Cfr. MIR PUIGPELAT, Oriol, La responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria, cit., pp. 242-244”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de febrero de 2009, exp. 17145, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

24 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de septiembre de 1997, exp. 11764, C.P. Carlos Betancur Jaramillo. Ver también: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre de 2014, exp. 35194, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

25 “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (…). // Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

26 “1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. // 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano”.

27 Aprobada mediante la Ley 16 de 1972.

28 “Teniendo en cuenta el título de imputación alegado en la demanda, cabe destacar que tratándose de los daños sufridos por las víctimas de hechos violentos cometidos por terceros, ha considerado la Sala que los mismos son imputables al Estado cuando en la producción del hecho intervino la administración, a través de una acción u omisión constitutivas de falla del servicio, como en los eventos en los cuales el hecho se produce con la complicidad de miembros activos del Estado, o cuando la persona contra quien iba dirigido el acto había solicitado protección a las autoridades y estas no se la brindaron, o porque en razón de las especiales circunstancias que se vivían en el momento, el hecho era previsible y no se realizó ninguna actuación dirigida a su protección (…)”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de febrero de 2009, exp. 18001-23-31-000-1997-00007-01(18106), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

29 “La Ley organizará el cuerpo de policía. // La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”.

30 “La Policía Nacional es un cuerpo armado, permanente, de naturaleza civil. Su misión es contribuir a las necesidades de seguridad y tranquilidad públicas, mediante un efectivo servicio, fundamentado en la prevención, investigación y control de los delitos y contravenciones, generando una cultura de solidaridad que permita el mantenimiento de las condiciones necesarias para que los habitantes de Colombia puedan ejercer los derechos y libertades públicas”.

31 “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”.

32 “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.

33 “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”.

34 “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.

35 De acuerdo con el artículo 93 de la Constitución Política “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecerán en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (…)”. El Consejo de Estado ha tenido oportunidad de pronunciarse en relación con el carácter absoluto e inviolable del derecho a la vida de las personas, en aplicación de las normas del derecho interno integradas al derecho internacional de los derechos humanos. Esos criterios fueron consignados en las siguientes providencias: Sección Tercera, sentencia del 8 de julio de 2009, exp. 05001-23-26-000-1993-00134-01(16974); sentencia del 23 de agosto de 2010, exp. 05001-23-25-000-1995-00339-01(18480).

36 Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia de 29 de julio de 1988, caso Velásquez Rodríguez, sentencia del 20 de enero de 1989, caso Godínez Cruz, sentencia del 21 de enero de 1994, caso Gangaram Panday.

37 [9] Así lo reconocen autores como ÁLVARO PÉREZ VIVES: “Tienen, como vimos, estas obligaciones de resultado, la característica de que su inejecución constituye incumplimiento de ellas, haciendo incurso al deudor en culpa contractual, si se originaron en un vínculo de tal naturaleza, o extracontractual, en el caso contrario (v.g., la que se deriva del art. 2356 C.C.” en Teoría General de las Obligaciones. Santafé de Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 1957, Volumen III, parte segunda, pág. 164. En este sentido también, CHRISTIAN LARROUMET: “… se debe considerar que la distinción entre las dos clases de obligaciones tiene aptitud para ir más allá de las solas obligaciones contractuales y comprender así todas las obligaciones, cualquiera que sea su hecho generador, tanto las que resultan de un hecho jurídico como las que se derivan de un acto jurídico” en Teoría General del Contrato. Santafé de Bogotá, Ed. Temis, 1993, Volumen I, Pág. 39.

38 [10] Al respecto ver Javier Tamayo Jaramillo, op. Cit. Pág. 194.

39 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de junio de 1998, exp. 10530, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

40 [17] Precisión realizada por la Sala en providencia de 10 de agosto de 2000, exp. 11.585.

41 [18] Así, por ejemplo, en sentencia de 11 de octubre de 1990, exp. 5737, dijo la Sala “Es cierto que en los términos del artículo 16 de la Constitución Política las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes y que a partir de este texto se fundamente la responsabilidad del Estado, pero también lo es que esa responsabilidad no resulta automáticamente declarada cada vez que una persona es afectada en tales bienes pues la determinación de la falla que se presente en el cumplimiento de tal obligación depende en cada caso de la apreciación a que llegue el juzgador acerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, como se hubieren sucedido los hechos así como de los recursos con que contaba la administración para prestar el servicio, para que pueda deducir que la falla se presentó y que ella no tiene justificación alguna, todo dentro de la idea de que “nadie es obligado a lo imposible”. Así lo ha reconocido en varias oportunidades esta Sala y al efecto puede citarse la sentencia del 7 de diciembre de 1.977 en donde dijo: “Hay responsabilidad en los casos en que la falta o falla administrativa es el resultado de omisiones actuaciones, extralimitaciones en los servicios que el Estado está en capacidad de prestar a los asociados, mas no en los casos en que la falta tiene su causa en la imposibilidad absoluta por parte de los entes estatales de prestar un determinado servicio”. (Exp. Nº 1564, Actor: Flota La Macarena, Anales, Segundo Semestre 1.977, pág. 605). Si bien es cierto que en esta materia el juez de la administración debe tener en cuenta que “la pobreza [del Estado] no lo excusa de sus obligaciones”, ello no quiere decir que en cada caso concreto no deba tener en cuenta por ejemplo, las disponibilidades con que pueda disponer el ente demandado para cumplir con las funciones que le correspondan, como sería en eventos como de sub - lite, la consideración de la imposibilidad de tener fuerza policial disponible en forma más o menos permanente en cada una de las cuadras en que están divididas las avenidas, calles y carreras de una ciudad como Bogotá y con mayor razón cuando una parte importante de aquella tiene que ser destacada en un lugar donde se estén desarrollando desórdenes o tumultos. Con esto, naturalmente no se quiere significar que la apreciación del juez sobre las anotadas circunstancias de tiempo, modo y lugar deba ser benigna (por el contrario, debe ser rigurosa), pero sin olvidar la máxima expuesta acerca de la no obligatoriedad a lo imposible y teniendo siempre presente que dicha máxima jamás debería utilizarse para justificar una indefensión de la administración al deber de protección a la vida de los ciudadanos, valor fundamental de un Estado de Derecho”.

42 [19] En sentencia de 14 de mayo de 1998, exp. 12.175, dijo la Sala: “... si bien es cierto esta corporación ha sostenido que dentro de la filosofía del Estado social de derecho no es posible responsabilizar al Estado Colombiano por todo tipo de falencias que las circunstancias de pobreza del país evidencian en multitud de casos “pues el juez tiene que ser consciente de la realidad social en que vive, y no dejarse deslumbrar por el universo que tienen las palabras o conceptos políticos o jurídicos”, de allí no puede seguirse, como corolario obligado, que los daños que padecen los ciudadanos por vivir expuestos a situaciones de peligro permanente hayan de quedar siempre librados a la suerte de cada cual. En efecto, las implicaciones y el grado de compromiso que el Estado constitucional contemporáneo exige para todas las autoridades públicas supone un análisis de cada caso concreto en procura de indagar si la denominada falla del servicio relativa, libera a estas de su eventual responsabilidad. Dicho en otros términos, no es aceptable que frente a situaciones concretas de peligro para los ciudadanos, estudiadas y diagnosticadas de vieja data, pueda invocarse una suerte de exoneración general por la tan socorrida, como real, deficiencia presupuestal”.

43 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 27 de abril de 2011, exp. 17001-23-31-000-1996-7003-01(20374), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

44 “Son ramas del poder público la legislativa, la ejecutiva y la judicial. // Además de los órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. // Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines”.

45 En sentencia de unificación, la Sala Plena de la Sección Tercera reconoció la importancia del deber de coordinación de las entidades estatales para efectos de estimar procedente la valoración de testimonios trasladados de otros procedimientos que, a pesar de que no fueran recepcionados o practicados con la audiencia del órgano específico de la Nación que integrara la litis de lo contencioso administrativo pertinente, lo eran por un ente del mismo orden e integrante de la misma persona jurídica Nación, ante lo que se debía entender agotada la contradicción de dichos medios probatorios. Al respecto, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 11 de septiembre de 2013, exp. 41001-23-31-000-1994-07654-01 (20601), C.P. Danilo Rojas Betancourth. Igualmente, respecto del deber de colaboración de cara a la obligación de protección de los órganos que integran el Estado, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 8 de julio de 2016, exp. 50001-23-31-000-2000-00162-01(31987), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

46 Al respecto, se ha dicho: “Ese deber, general y abstracto en principio, se particulariza y concreta cuando quiera que alguna persona invoque la protección de la fuerza de policía por hallarse en especiales circunstancias de riesgo o cuando, aún sin mediar solicitud previa, la notoriedad pública del inminente peligro que corre el ciudadano hace forzosa la intervención del organismo armado. // El carácter de líder de la oposición, presidente de un partido político perseguido y diezmado violentamente, debería, por esa sola circunstancia, ser suficiente para que el doctor Pardo Leal recibiera del Estado a través de la Policía Nacional y demás organismos de seguridad, sin necesidad de requerimiento previo, la protección adecuada para garantizarle la vida, si no de manera absoluta, al menos en el mayor grado posible”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de octubre de 1997, exp. 10958, C.P. Ricardo Hoyos Duque. También se ha referido: “Lo que la Sala Plena ha sostenido de manera constante en esta materia de falla del servicio y consecuente responsabilidad administrativa es que en circunstancias de especial conmoción, de quebrantamiento del orden público, de perturbación de la normalidad ciudadana, de zozobra y peligro colectivos, en suma, de anormalidad en términos de convivencia social, no es indispensable que la autoridad sea requerida para que accione, prevenga el daño que pueda presentarse y sea capaz de precaver el hecho que pueda lesionar la vida, honra y bienes de los ciudadanos. (...) La relación del Estado frente al ciudadano implica, no solo necesariamente la existencia de poderes y deberes, que en el derecho anglosajón se denominan “obligaciones funcionales del Estado”, y que son verdaderas obligaciones jurídicas cuyo incumplimiento acarrea algún tipo de consecuencia o sanción. No podría ser de otra manera, para el caso objeto de juzgamiento, como quiera que el deber del Estado se traducía en su poder y en la necesidad de proteger los derechos del ciudadano, en este caso la vida, aún sin que hubiera mediado solicitud por parte del señor Luis Alonso Herrera”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2007, exp. 16894, C.P. Enrique Gil Botero.

47 “Para apreciar el valor de convicción de las declaraciones de los testigos, debe tenerse en cuenta la razón del dicho, la concordancia entre unas y otras, la precisión o vaguedad de lo que exponen, su imparcialidad frente a su particular situación, y, por supuesto, deben desecharse los juicios de valor o conceptos referentes a las causas o efectos de los hechos que conocieron basados en simples deducciones personales”. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, providencia del 8 de abril de 1999, exp. 15258.

48 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 11 de agosto de 1992. Dicha providencia aparece citada en: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 19 de julio de 2007, exp. 68001-23-15-000-2006-02791-01(PI), C.P. Martha Sofía Sanz Tobón.

49 “En la labor tendiente a apreciar tal prueba —se refiere a la prueba testimonial—, el juez debe obrar con especial cuidado, porque si no es factible exigir uniformidad a declarantes que dada la diversidad de sus condiciones personales perciben en forma diferente las circunstancias fácticas, ni reclamar especial grado de fidelidad cuando el tiempo transcurrido entre el hecho que se investiga y el que declara el testigo, impide reconstruir con nitidez el hecho objeto de investigación, tampoco puede catalogarse de sospechosa la versión de un grupo de personas que, en lo sustancial, narran hechos similares, porque es entendible que si el paso del tiempo borra los detalles y las particularidades, también puede aclarar el acaecimiento del hecho por probar, sin las aristas que en un momento determinado puedan enturbiar lo principal. // Adicionalmente, cabe recordar que la declaración del testigo no puede tomarse únicamente de una frase aislada, ni de las afirmaciones disgregadas de su declaración, sino que cada versión debe valorarse teniendo en cuenta la totalidad de las respuestas; amén de que deben ser apreciadas las condiciones sociales del deponente, porque mientras algunos adornarán con especial cuidado su exposición, otros rendirán un relato escueto sobre lo que se les interroga, todo lo cual conduce a que el juez debe velar por lograr un mesurado equilibrio en el estudio de las varias circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodean el hecho investigado, de tal manera que no se vea precisado, como resultado de una severa crítica, a dejar sin valor testimonios que no podrían ser rendidos en otra forma”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 26 de febrero de 2001, exp. 6353, M.P. Silvio Fernando Trejos Bueno. En el mismo sentido puede consultarse: Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 28 de enero de 2002, exp. 25000-23-26-000-2001-01551-01 (1791), C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.

50 “(…) como ocurre con cualquier otro medio de prueba admitido por la ley, la valoración del testimonio de oídas deberá realizarla el juez de manera conjunta con los demás elementos probatorios que hubieren sido oportuna y regularmente acopiados en el proceso, con el agregado de que en estos casos debe tenerse especial cuidado para efectos de (…) evitar que los hechos a los cuales se les otorgue credibilidad resulten finalmente distorsionados por el proceso de comunicación a que se encuentra sometida una declaración de tal naturaleza (…). Precisamente para evitar que los hechos lleguen alterados al conocimiento del juez, como resultado de la transmisión que ha de ocurrir acerca de la versión de su acaecimiento cuando el conocimiento sobre los mismos se obtiene a través de testimonios indirectos o de referencia, el juzgador ha de ser particularmente cuidadoso en verificar, entre otros aspectos de importancia, i). las calidades y condiciones del testigo de oídas; ii). las circunstancias en las cuales el propio testigo de oídas hubiere tenido conocimiento, indirecto o por referencia, de los hechos a los cuales se refiere su versión; iii).- la identificación plena y precisa de la(s) persona(s) que, en calidad de fuente, hubiere(n) transmitido al testigo de oídas la ocurrencia de los hechos sobre los cuales versa su declaración, para evitar así que un verdadero testimonio pueda confundirse con un rumor, en cuanto proviniere de fuentes anónimas o indeterminadas; iv).- la determinación acerca de la clase de testimonio de oídas de que se trata, puesto que estará llamado a brindar mayor confiabilidad el testimonio de oídas de primer grado que aquel que corresponda al grado sucesivo por ser el resultado de haber escuchado a otro relatar unos hechos de los cuales dicho tercero tuvo conocimiento por el relato que, a su turno, recibió de otra persona y así sucesivamente. (…)”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de octubre de 2009, exp. 20001-23-31-000-1998-04127-01(17629), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

51 Efectivamente, todos los testigos narraron sus declaraciones como si viviesen en el casco urbano del municipio y lo conocieran a la perfección, punto en el que cabe advertir que al momento de rendir sus declaraciones, los señores Doris Figueroa y Juan José Herrara adujeron que residían en Betulia, y si bien el señor Ramón Restrepo dijo vivir en Itagüí, afirmó que una vez su prima Diana le dijo que León Argiro estaba desaparecido, acudió junto con ella a la estación de policía de Betulia para que se realizase la captura de quienes ellos consideraban que eran los responsables de esa circunstancia.

52 Corte Constitucional, Sentencia T-339 del 11 de mayo de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. Consultar igualmente: Corte Constitucional, Sentencia T-149 del 7 de marzo de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa, Sentencia T-719 del 20 de agosto de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

53 Así lo ha considerado la Corte Constitucional, en los siguientes términos: “12. En esta medida, la efectividad del derecho a la seguridad personal impone una carga prestacional y un determinado costo económico a cargo del Estado. De allí que el legislador juegue un papel primordial en el desarrollo del contenido del derecho. En efecto, la dimensión prestacional de este derecho se debe materializar, primordialmente, a través de los programas, procedimientos, medidas e instituciones diseñados por el legislador. Lo anterior no significa, sin embargo, que las autoridades se puedan exonerar de su deber invocando ausencia de norma aplicable al caso concreto, pues eso supondría el desconocimiento del valor normativo directo de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. // De acuerdo a la jurisprudencia de esta Corporación, en los casos en los que no hay norma aplicable al caso concreto, la autoridad administrativa competente y, en subsidio el juez, debe efectuar un ejercicio de ponderación, adicional al de determinar la intensidad de la amenaza a que está expuesta la persona, para establecer cuál es la medida de protección aplicable al caso. // En este ejercicio de ponderación, el funcionario deberá prestar atención, entre otras, a la tensión que se presenta entre la amenaza cuya materialización se busca evitar, y el principio de solidaridad en virtud del cual una persona no se puede desprender de riesgos que debe soportar, o pretender mejorar su seguridad personal a costa de incrementar la inseguridad de los demás miembros de la sociedad. (…). Por último, en virtud del derecho a la seguridad personal, las autoridades tienen el deber de prestar medidas de protección individual a las personas que están sometidas a una amenaza aunque no exista una norma concreta que las obligue pues los derechos fundamentales son vinculantes y la Constitución tiene fuerza normativa directa”. Ibídem.

54 Artículo 6º del Decreto 2110 de 1992: “Son funciones del Departamento Administrativo de Seguridad: (…) 3. Proteger al Presidente de la República y a su familia en la forma que él determine, a los Expresidentes, y prestar servicios de seguridad personal a quienes por razón del cargo, posición, funciones o motivos especiales, puedan ser objeto de atentados contra su persona o bienes, cuando de ellos pudieren derivarse perturbaciones del orden público (…)”. Dicha normativa fue derogada por otras disposiciones, en relación con las cuales, está Subsección señaló: “Ahora bien, el anterior decreto fue derogado por el Decreto 218 del 15 de febrero de 2000, que modificó la estructura del Departamento Administrativo de Seguridad y dispuso en su artículo 3º que la entidad tendría entre otras, las siguientes funciones: (…) En el Decreto 218 de 2000, se indicó que el DAS tenía como función además de brindar seguridad al Presidente de la República y su familia, Ministros y Expresidentes, la de seguir prestando el servicio de protección a quienes por razón del cargo, posición, funciones o motivos especiales, puedan ser objeto de atentados contra su persona o bienes, cuando de ellos pudieren derivarse perturbaciones del orden público hasta que dicho servicio hubiera sido asumido definitivamente por otra entidad; así mismo, se indicó que la protección de dignatarios podía concertarse con los demás organismos estatales que desarrollaran dicha función. // Lo expuesto en el parágrafo del artículo 3º del Decreto 218 del 2000, es reiterado en el Decreto 643 de 2004 que modifica la estructura del Departamento Administrativo de Seguridad (…)” Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 330 de marzo de 2017, exp. 17001-23-31-000-2006-00685-01(38308), C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

55 “Créase con cargo al Estado y bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía General de la Nación, el “Programa de Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso y Funcionarios de la Fiscalía”, mediante el cual se les otorgará protección integral y asistencia social, lo mismo que a sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil y al cónyuge, compañera o compañero permanente, cuando se encuentren en riesgo de sufrir agresión o que sus vidas corran peligro por causa o con ocasión de la intervención en un proceso penal. En los casos en que la vida del testigo o denunciante se encuentre en peligro, la Fiscalía protegerá la identidad de los mismos”.

56 “Las personas amparadas por este programa podrán tener protección física, asistencia social, cambio de identidad y de domicilio, y demás medidas temporales o permanentes encaminadas a garantizar en forma adecuada la preservación de su integridad física y moral y la de su núcleo familiar. // Cuando las circunstancias así lo justifiquen, dicha protección podrá comprender el traslado al exterior, incluidos los gastos de desplazamiento y manutención por el tiempo y bajo las condiciones que señale el Fiscal General de la Nación. // Las personas que se acojan al programa de protección se sujetarán a las condiciones que establezca la Fiscalía General de la Nación”.

57 “El Juez o el Fiscal que adelantan la actuación o el propio interesado en forma directa, podrán solicitar a la Oficina de protección de víctimas y testigos la vinculación de una persona determinada al programa. // La petición será tramitada conforme al procedimiento que establezca dicha oficina, mediante resolución que expida el Fiscal General, a quien compete decidir sobre el fondo de la solicitud”.

58 “El Fiscal General podrá tomar en cualquier momento, cualquiera de las siguientes determinaciones: // a) Ordenar el cambio de identidad de la persona que se someta al programa; // En el caso de testigos, el cambio de identidad solo se hará una vez termine el proceso, y siempre y cuando no se afecte el debido proceso; // b) Con fundamento en la nueva identidad, ordenar a las autoridades, públicas o privadas, la expedición de documentos que reemplacen a los que ya posee el admitido al programa, tales como actas de registro civil, cédula de ciudadanía, pasaporte, libreta militar, certificado judicial y otros, sin que para su tramitación deban cumplirse los procedimientos ordinarios; // c) Ordenar a los organismos de seguridad del Estado brindar la protección necesaria al admitido en el programa y a su núcleo familiar; // d) Destinar para el admitido al programa, como domicilio permanente o transitorio cualquiera de las instalaciones que para el efecto considere adecuadas; // e) Ordenar la expedición de títulos académicos por parte de entidades públicas o privadas para reemplazar a los originalmente otorgados, y // f) Disponer la modificación de los rasgos físicos de la persona que pudieran permitir su identificación. // Parágrafo 1º. Todas las anteriores determinaciones requerirán el asentimiento expreso de la persona en quien vayan a tener efecto. // Parágrafo 2º. Los documentos que se expidan para proteger a una persona admitida al programa tendrán pleno valor probatorio. // Parágrafo 3º. La persona amparada por el cambio de su identidad civil solo podrá hacer valer en adelante su nueva identidad”.

59 Artículo 46 del Decreto 1355 de 1970: “Compete a los comandos de policía recibir denuncia sobre la comisión de hecho que pueda configurar delito o contravención. // Recibida la denuncia, después del registro estadístico, se notificará a la autoridad competente para hacer la indagación y se le enviará el documento en el que conste aquella denuncia”.

60 “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Con base en la norma referida, esta Corporación ha señalado: “La referida norma legal desarrolla el tradicional aforismo de acuerdo con el cual quien afirma un hecho debe probarlo: “incumbit probatio qui dicit non qui negat”. Ello se traduce, en los procesos que cursan ante el Juez de lo Contencioso Administrativo, en que quien pretende determinado efecto jurídico debe acreditar los supuestos de hecho de las normas en que se ampara, luego, en general, corresponde la carga de la prueba de los hechos que sustentan sus pretensiones, en principio, al demandante, al paso que concierne al demandado demostrar los sucesos fácticos en los cuales basa sus excepciones o su estrategia de defensa. Si aquel no cumple con su onus probandi, la consecuencia que habrá de asumir será la desestimación, en la sentencia, de su causa petendi; si es este, en cambio, quien no satisface la exigencia probatoria en punto de los supuestos fácticos de las normas cuya aplicación conduciría a la estimación de sus excepciones o de los argumentos de su defensa, deberá asumir, consiguientemente, un fallo adverso a sus intereses”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2010, 70001-23-31-000-1995-05072-01(17720), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

61 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 6 de diciembre de 2013, exp. 25000-23-26-000-2001-01462-01(27519), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

62 Sentencia del 30 de noviembre de 2000, exp. 13329, actor: José Antonio Rincón Tobo, C.P. Ricardo Hoyos Duque. En similar sentido ver sentencia del 11 de abril de 2002, exp. 73001-23-31-000-1995-2129-01 (13122), actor: Jorge Avelino Torres Parra y otros, C.P. Alier Enríquez Hernández; sentencia del 30 de agosto de 2007, exp. 07001-23-31-000-1995-00004-01 (15635), actor: Luz Marina Serrano Navas, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

63 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de 2010, exp. 25000-23-26-000-1995-01957-01 (18886), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

64 “De manera que no estando probados los hechos a partir de los cuales el Tribunal a quo configuró la culpa exclusiva de la víctima, resulta no menos que contradictoria su decisión de exonerar de responsabilidad a la entidad pública demandada por virtud de esa causa extraña, toda vez que la falta de prueba de esos hechos no permite cosa distinta que concluir la inexistencia del supuesto fáctico alegado, así como la imposibilidad de verificar las condiciones de irresistibilidad e imprevisibilidad en las que habría podido encontrarse la entidad pública demanda[da] respecto de la forma en la cual el señor ALBERTO DE JESÚS RAMÍREZ ZAPATA condujo la volqueta y, por ende, desde este punto de vista le asiste razón a los apelantes”. Sentencia del 16 de julio de 2008, exp. 66001-23-31-000-1995-03079-01 (16344), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

65 Luis Josserand, Derecho Civil, Tomo II, Vol. I; Ed. Bosh y cia, Buenos Aires, 1950, pág. 341

66 Henri y León Mazeaud, Jean Mazeaud. Lecciones de Derecho Civil. Parte Segunda. Ediciones Jurídicas Europa América. Buenos Aires. 1960, págs. 332 y 333.

67 Sobre la teoría de la causalidad adecuada dentro del marco de la responsabilidad patrimonial extracontractual, la doctrina jurídica ha señalado: “a) Gravitación de la teoría. La doctrina de la “causa adecuada” adquirió gran predicamento y se la considera en la actualidad la posición dominante en la doctrina comparada en materia de relación causal, tanto en el campo penal como en el civil. (…) // b) Su mecánica. La “prognosis póstuma”. Dicha teoría aquilata la adecuación de la causa en función de la posibilidad y probabilidad de un resultado, atendiendo a lo que corrientemente acaece según lo indica la experiencia diaria en orden al curso ordinario de los acontecimientos id quos plerumque accidit.(…) // El concepto de causalidad adecuada implica, pues, el de regularidad, apreciada de conformidad con lo que acostumbra suceder en la vida misma. Es decir, para que exista relación causal, según la interpretación que comentamos, la acción tiene que ser idónea para producir el efecto operado, tiene que determinarlo normalmente (65). (…) // A fin de establecer la vinculación de causa efecto entre dos sucesos, es menester realizar un juicio retrospectivo de probabilidad, cuya formulación es la siguiente: ¿la acción u omisión que se juzga era per se apta o adecuada para provocar normalmente esa consecuencia?(…) // Este juicio de idoneidad o cálculo de probabilidades tiene que plantearse en abstracto, o en general, con prescindencia de lo efectivamente sucedido, atendiendo a lo que usualmente ocurre; y no en concreto o en particular, es decir, como se han producido realmente las cosas. // La determinación del fenómeno causal constituye de este modo el resultado de un proceso de abstracción y generalización que da relevancia a una de las condiciones del caso concreto, elevándola a la categoría de “causa” del evento.(…) // d) Fractura del nexo causal. La operatividad de la teoría que nos ocupa se condiciona a que todos los eslabones de la cadena sean adecuados, la regularidad debe existir en cada etapa del iter causal. Como bien lo señala ORGAZ “no basta establecer que la acción era en general idónea para producir el daño, sino que es además necesario que las circunstancias intermedias hayan sucedido también normalmente, sin la intervención de factores anómalos o extraordinarios. // Precisamente, la concurrencia de esos eventos disociantes interfieren el curso ordinario del proceso, interrumpiéndolo; se produce entonces la fractura del nexo causal. En tales hipótesis queda excluida la imputatio facti entre el resultado final y el suceso desencadenante de la trama de acontecimientos (73). // Nos hallamos ante lo que se denomina “proceso atípico o inadecuado”: los efectos anormales no se atribuyen ya al agente, pues no se consideran causado por su acción, aunque en concreto ese obrar haya constituido una condictio sine qua non del desmedro resultante (74).(…) // En otras hipótesis el proceso puede verse alterado o desviado de su curso normal por circunstancias anteriores o concomitantes que concurren a la producción del efecto”. Isodoro Goldenberg. “La Relación de Causalidad en la Responsabilidad Civil”, segunda edición ampliada y con actualización jurisprudencial, editorial La Ley, Buenos Aires, 2000, p. 22-27.

68 “La apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente”.

69 “Se afirma, entonces, la independencia del juez contencioso administrativo para fijar, en cada caso, con sustento en las pruebas del proceso y según su prudente juicio, el valor de la indemnización del perjuicio moral. Establecido, por lo demás, el carácter inadecuado del recurso al precio del oro, la Sala fijará el quantum de las respectivas condenas, en moneda legal colombiana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo. Considerando que el salario mínimo mensual en Colombia se fija atendiendo fundamentalmente la variación del índice de precios al consumidor, se considera que el valor del perjuicio moral, en los casos en que este cobre su mayor intensidad, puede fijarse en la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales (…)”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, exp. 66001-23-31-000-1996-3160-01(13232-15646), C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

70 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 28 de agosto de 2014, exp. 66001-23-31-000-2001-00731-01(26251), actor: Ana Rita Alarcón Vda. De Gutiérrez y otros, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

71 “La peritación es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos”.

72 [14] Parra Quinjano, Jairo, Manual de Derecho Probatorio, Librería Ediciones del Profesional Ltda., 2004, Pág. 649.

73 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 22 de junio de 2011, exp. 05001232400019950167301 (20543), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

74 “De las anteriores pruebas no se puede deducir el monto exacto de los ingresos del occiso y menos aún el porcentaje que de estos dedicaba a gastos personales y familiares, por lo tanto es necesario aplicar las reglas de la experiencia, como tradicionalmente ha venido haciéndolo la Corporación. En efecto, aplicando dichas reglas, no se puede afirmar que la víctima dedicaba todos sus ingresos a la sobreviviente, pues el sentido común indica que debía dedicar algún porcentaje de ellos a la propia subsistencia”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de abril de 2002, exp. 66001-23-31-000-1995-2807-01(13227), C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

75 “En cuanto al lucro cesante en cabeza de los menores de edad, de la existencia de la obligación alimentaria se infiere el perjuicio material en la modalidad de lucro cesante. En efecto, los artículos 411 y 422 del Código Civil establecen que se deben alimentos, entre otros, a los hijos hasta el día anterior al cumplimiento de la mayoría de edad. En consecuencia, si bien el derecho a la reparación de los perjuicios morales y materiales que se cause a una persona por la muerte de otra no se deriva de su condición de heredero sino de damnificado, cuando existe la obligación alimentaria se infiere que la existencia del perjuicio material, dará derecho al titular del mismo a la indemnización de tal perjuicio por el término de la obligación (nota n.º 176 de la providencia en cita: “Consejo de Estado, sentencias de 21 de febrero de 2002, Exp. 12.999; de 12 de febrero de 2004, Exp. 14636; de 14 de julio de 2005, Exp: 15544; sentencia de 1º de marzo de 2006, Exp. 15.997”). Con este criterio la Corporación, inicialmente, fijó el lucro cesante futuro para los hijos menores de edad, en casos como el que aquí se estudia, hasta la edad de 18 años”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 12 de junio de 2014, exp. 68001-23-15-000-2001-02730-01(29501), actor: Alonso Duarte Martínez, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

76 Al respecto, la doctrina jurídica ha señalado: “En estos casos el juez no califica la probabilidad de la situación, pues esta existe ya en el momento de la operación intelectual. Lo único que el juez hará será juzgar la certeza de su prolongación en el tiempo. // Esta hipótesis supone que la situación se haya, en efecto, creada por el hecho dañino. La situación que expresa el daño, como puede ser la muerte de una persona que le colaboraba económicamente a otra o la pérdida de una suma de dinero que se tenían, o aun la concreción de un lucro cesante, debe existir para que pueda hacerse la proyección hacia el futuro, so pena de que el daño sea calificado de eventual. En efecto, en las hipótesis estudiadas el juez considerará cierto el perjuicio presente y lo extenderá hacia el futuro, porque hay elementos que le permiten afirmar que el perjuicio continuará. (…) Se puede entonces afirmar que el perjuicio es cierto cuando la situación sobre la cual el juez va a pronunciarse le permite inferir que se extenderá hacia el futuro, y que es eventual cuando la situación que refleja “el perjuicio” no existe ni se presentara luego. (…) Pero el caso típico de la hipótesis que se estudia es el de la pérdida de ingresos para aquellos con quienes la persona fallecida colaboraba, cuando no se alega un cambio de la situación económica que se presentaba al momento del fallecimiento. Es decir, en el presente caso las personas que pierden la colaboración solicitan indemnización teniendo en cuenta lo que devengaba el fallecido, sin pretender que su situación iba a mejorar económicamente. En relación con tal evento la jurisprudencia reconoce el perjuicio consistente en la pérdida de los ingresos que hubieren podido percibir las personas si la muerte de quien les ayudaba económicamente no se hubiere presentado. El juez prolonga hacia el futuro una situación real en el momento del hecho dañino. (…) Lo importante, entonces, en esta hipótesis consiste en demostrar que la persona fallecida ayudaba económicamente al demandante”. Juan Carlos Henao, “El Daño, Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en Derecho Colombiano y Francés”, edición Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia. 2007, p. 137, 139,140, y 142.

77 [3] Ver, por ejemplo, sentencia del 12 de julio de 1990, exp: 5666.

78 [4] Ver, entre otras, sentencias de: 11 de agosto de 1994, exp: 9546; 8 de septiembre de 1994, exp: 9407; 16 de junio de 1995, exp: 9166, 8 de agosto de 2002, exp. 10.952 y de 20 de febrero de 2003, exp: 14.515.

79 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de marzo de 2010, exp. 25000-23-26-000-1996-02057-01(17047), C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Asimismo, consultar: Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 30 de abril de 2014, exp. 50001-23-31-000-1999-10250-01(29145), C.P. Mauricio Fajardo Gómez, y Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2012, exp. 08001-23-31-000-1997-01925-01(22318), C.P. Stella Conto Díaz del Castillo, entre otras.

80 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 5 de abril de 2013, exp. 25000-23-26-000-2001-00242-01 (27281), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

81 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de marzo de 2010, exp. 25000-23-26-000-1996-02057-01(17047), C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Asimismo, consultar: Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 30 de abril de 2014, exp. 50001-23-31-000-1999-10250-01(29145), C.P. Mauricio Fajardo Gómez, y Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2012, exp. 08001-23-31-000-1997-01925-01(22318), C.P. Stella Conto Díaz del Castillo, entre otras.