Sentencia 2006-03296 de julio 25 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: 760012331000200603296 01

Radicado: 18468

Consejera Ponente:

Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez (E)

Bogotá, D.C., julio veinticinco de dos mil trece.

Actor: Zona de expansión logística limitada

Demandado: UAE DIAN

EXTRACTOS: «VII. Consideraciones de la Sala

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 1º de junio de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que denegó las súplicas de la demanda.

Como cuestión previa, la Sala precisa que en el presente caso no se analizará el cargo de la apelación que se refiere a la supuesta falta de correspondencia entre el requerimiento especial, la liquidación oficial de revisión y la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, toda vez que dicha circunstancia no fue controvertida en la demanda.

En efecto, el concepto de la violación no puede ser adicionado en la apelación, ni siquiera bajo el argumento de que “al juez le corresponde realizar un control general de legalidad sobre los actos administrativos”, debido a que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es de carácter rogado, como se desprende del numeral 4º del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, que exige como requisito de la demanda, la indicación de las normas violadas y la explicación del concepto de la violación. Por tanto, el fallador debe analizar la pretensión de nulidad a la luz de las normas invocadas como vulneradas y del concepto de la violación expuesto en el libelo demandatorio.

En ese sentido, no es procedente que la Sala emita un pronunciamiento sobre ese asunto, ya que esas acusaciones no fueron objeto del debate procesal, y además, porque el recurso de apelación no puede ser utilizado para sanear las omisiones de la demanda.

Así las cosas, la Sala se pronunciará respecto de los argumentos expuestos en la demanda y reiterados en el recurso de apelación, que se concretan en la indebida determinación de la renta presuntiva y la improcedencia de la sanción por inexactitud.

Determinación de la renta presuntiva

Para el apelante, a la base para determinar la renta presuntiva se le debe disminuir el valor patrimonial del bien intangible representado en la cesión del contrato de arrendamiento de un inmueble, por encontrarse vinculado a la empresa demandante que estuvo en período improductivo durante el año 2000 hasta el mes de octubre de 2001.

Respecto de la determinación de la renta presuntiva, los artículos 188 y 189 del estatuto tributario, señalan:

“ART. 188.—Modificado L. 633/2000, art. 15. Bases y porcentajes de renta presuntiva. Para efectos del impuesto sobre la renta, se presume que la renta líquida del contribuyente no es inferior al seis por ciento (6%) de su patrimonio líquido, en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior.

(...).

ART. 189.—Depuración de la base de cálculo y determinación. Del total del patrimonio líquido del año anterior, que sirve de base para efectuar el cálculo de la renta presuntiva, se podrán restar únicamente los siguientes valores:

a) El valor patrimonial neto de los aportes y acciones poseídos en sociedades nacionales;

b) El valor patrimonial neto de los bienes afectos por hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, siempre que se demuestre la existencia de estos hechos y la proporción en que influyeron en la determinación de una renta líquida inferior;

c) El valor patrimonial neto de los bienes vinculados a empresas en período improductivo.

Al valor inicialmente obtenido de renta presuntiva, se sumará la renta gravable generada por los activos exceptuados y este será el valor de la renta presuntiva que se compare con la renta líquida determinada por el sistema ordinario”.

La renta presuntiva es aquella renta que la ley asume que debe producir el patrimonio líquido del período inmediatamente anterior. En ese sentido, el artículo 188 del estatuto tributario presume que el rendimiento mínimo del patrimonio poseído por los declarantes, el último día del año anterior gravable, no es inferior al 6%.

De ese patrimonio únicamente se pueden deducir los valores que en forma taxativa señala el artículo 189 del estatuto tributario, con la finalidad de reducir la renta. Entre ellos, se encuentra el valor patrimonial neto de los bienes vinculados a empresas en período improductivo.

En cuanto a lo que debe entenderse por “período improductivo”, esta Sala ha señalado que “es el lapso durante el cual el empresario no recibe ingreso alguno por concepto de su “primera enajenación de bienes” o “prestación de servicios”, precisamente por no encontrarse terminada, o lista para ser puesta en operación, la respectiva obra o construcción susceptible de enajenación o de “prestar algún servicio, es decir, porque la misma se halla todavía en las fases de prospectación o construcción”(1).

Así mismo, ha precisado(2) que la exclusión del literal c) del artículo 189 del estatuto tributario, no hace referencia a que los “bienes” individualmente considerados sean improductivos, sino que permite detraer el valor de los bienes “vinculados a empresas en período improductivo”, de forma que es la empresa y no cada uno de los bienes que la conforman los que deben tener la característica de improductividad(3).

Lo anterior, sin perjuicio de que otras de las empresas de la sociedad se encuentren en producción, evento en el cual no se pueden deducir de la base del cálculo de la renta presuntiva los bienes vinculados a estas, en cambio sí son deducibles aquellos activos ligados a las unidades económicas improductivas. Esto, porque lo que exige la norma es que la empresa, no la sociedad, esté en período improductivo, por tanto, debe identificarse claramente cada unidad de explotación económica(4).

Ahora, si bien la base para determinar la renta presuntiva se determina por el patrimonio líquido de la vigencia gravable anterior, la depuración de la renta establecida en el artículo 189 ibídem debe atender a los valores registrados para el año gravable objeto de determinación del tributo.

Así las cosas, se concluye que para disminuir la base del cálculo para determinar la renta presuntiva con fundamento en el literal c) del artículo 189 del estatuto tributario, el contribuyente debe acreditar que en el año 2001 la respectiva unidad de explotación económica se encontraba en período improductivo.

En el sub examine, obra el acta preliminar de la asamblea general de accionistas de Zona de Expansión Logística Ltda., celebrada el 21 de diciembre de 2000, en la cual se estableció que para la constitución de esa sociedad, Contenedores y Servicios S.A., a título de aporte como accionista, cedería el contrato de arrendamiento 5 de 1992, avaluado en la suma de $ 3.500.000.000, valor que sumado a los aportes de los demás accionistas(5), generaría un capital social de $ 3.700.000.000(6).

En el certificado de existencia y representación legal de la sociedad Zona de Expansión Logística Ltda., consta:

Constitución: Por escritura 1854 del 23 de diciembre del año 2000(7) Notaría Segunda del Círculo de Buenaventura, inscrita en la cámara de comercio el 28 de diciembre del año 2000.

(...).

Objeto social: La sociedad tendrá como objeto social principal las siguientes actividades: prestación de servicios relacionados con la manipulación, operación y almacenamiento de contenedores y de carga en general, así como la administración y explotación de puertos, muelles, patios de almacenamiento y equipos para el manejo de carga.

(...).

Capital y socios: $ 3.700.000.000(8).

Mediante el contrato de cesión 140 del 28 de diciembre de 2000, suscrito entre el Ministerio de Comercio Exterior y las sociedades Contenedores y Servicios S.A. y Zona de Expansión Logística Ltda., se dispuso la cesión a la empresa demandante del contrato 5/1992, correspondiente al arrendamiento de un área de terreno ubicado dentro de la zona franca-sector industrial en la ciudad de Buenaventura(9) (10).

En concordancia con lo anterior, en la declaración de renta y complementarios del año gravable 2000, la sociedad registró un patrimonio líquido por valor de $ 3.700.000.000(11). Por tanto, esta suma constituye la base del cálculo de la depuración de la renta presuntiva del año 2001.

Ahora bien, para la depuración de la renta presuntiva, se deben analizar las siguientes pruebas:

En los anexos de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2001 y en los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2001, se reportaron ingresos operacionales por concepto de arrendamiento de espacio, parqueo y báscula, así como gastos por honorarios, salarios y servicio de nómina(12).

En el libro de mayor y balance de “1º de enero a 31 de diciembre de 2001”, la sociedad registra ingresos operacionales por transporte, almacenamiento, depósito, servicios complementarios por transporte, y gastos operacionales por administración, gastos de personal, sueldos, horas extras, recargos, primas y vacaciones(13).

En el mes de diciembre, expidió facturas por concepto de disponibilidad de espacio para vehículos de carga suelta(14), disponibilidad de espacio para vehículos de carga(15), disponibilidad de espacio para contenedores(16), disponibilidad de espacio para parqueo de planchas(17), y pesaje de vehículos(18).

En el acta de entrega de instalaciones de Contenedores & Servicios S.A. a la sociedad Zona de Expansión Logística S.A., se dispuso:

“En Buenaventura, hoy 1º de octubre de 2001, siendo las 10:30 a.m.; (...).

Con el propósito de entregar el lote de terreno contemplado en el contrato 140 de diciembre 28 de 2000, celebrado entre Zelsa y la Nación-Ministerio de Comercio Exterior, (...). Así mismo, los activos que se encuentran libres de todo gravamen y mercancía existente hasta la fecha en el patio de Conservis.

La entrega se hace bajo los siguientes parámetros:

Empleados-situación laboral

(...).

La delegada de la revisoría fiscal aclara que los empleados a partir del 1º de octubre, son de responsabilidad de Zelsa en seguridad social y todos lo que por efecto de contratación laboral se derive.

(...).

Facturación

(...).

Los contratos o convenios vigentes por concepto de operación portuaria disponibilidad(sic) de espacio, continuarán vigentes a favor de Zelsa.

Responsabilidades

Queda claro, y así se entiende con la firma de la correspondiente acta, que las obligaciones tributarias, laborales, comerciales, judiciales, etc., que se deriven por las operaciones de Zelsa, será su responsabilidad a partir del 1º de octubre del presente año, como también su responsabilidad respecto de los inventarios de mercancías almacenadas (carbón, vehículos, etc.)”(19).

De las pruebas anteriormente relacionadas, en particular, en los anexos de la declaración de renta, el libro mayor y balance, y los estados financieros, se evidencia que, en el año 2001, la sociedad actora no se encontraba en período improductivo, puesto que en esa vigencia percibió ingresos por concepto de arrendamiento de espacio, parqueo y báscula, servicios complementarios de transporte, almacenamiento, transporte, y depósitos, así como también, incurrió en gastos por honorarios, salarios, servicio de nómina, administración, gastos de personal, horas extras, recargos, nómina, primas y vacaciones, los cuales constituyen ingresos y gastos relacionados con el funcionamiento de una empresa.

Así mismo, se advierte que las actividades económicas que conforman su objeto social, esto es, la prestación de servicios de manipulación, operación y almacenamiento de contenedores y de carga, la administración y explotación de patios de almacenamiento y equipos para el manejo de carga, no se encontraban en período improductivo, en tanto se encuentra demostrado que por tales conceptos percibió ingresos durante los meses de octubre a diciembre de 2001.

Si bien, según el acta de entrega de instalaciones, el lote de terreno contemplado en el contrato de cesión 140 del 28 de diciembre de 2000, por el cual se cedió a la sociedad demandante el contrato de arrendamiento de un bien inmueble, fue entregado hasta el 1º de octubre de 2001, también lo es que desde esa fecha la sociedad asumió todas las obligaciones derivadas de ese contrato, entre ellas, las obligaciones laborales, tributarias, comerciales, y judiciales.

En ese sentido, al haberse demostrado que en el año 2001, la sociedad desarrollaba las actividades económicas que conformaban su objeto social, es claro que en esa vigencia gravable, el bien representado en el contrato de cesión de un área de terreno en la zona franca, no se encontraba vinculado a una empresa en período improductivo.

Ahora, según el apelante no es procedente liquidar la renta presuntiva para todos los meses del año 2001, porque se encuentra demostrado que solo obtuvo ingresos en los meses de octubre a diciembre de 2001, y por ello, la misma debe calcularse de manera consecuente con el tiempo en el cual ese activo estuvo en condiciones de generar renta.

Al respecto, es importante reiterar que la exclusión del literal c) del artículo 189 del estatuto tributario, se refiere a que es la empresa, y no los bienes de la misma, la que debe tener la característica de improductividad.

Así mismo, se debe precisar que en el expediente no solo se encuentra demostrado que el contribuyente recibió ingresos en el mes de octubre a diciembre de 2001, pues los estados financieros, los anexos de la declaración de renta y el libro mayor y balances, registran que la sociedad obtuvo ingresos en el año 2001.

Aun el evento de que se probara que la sociedad solo fue productiva en los meses de octubre a diciembre de 2001, se debe señalar que el artículo 189 del estatuto tributario no establece que el procedimiento de depuración de la renta presuntiva se pueda realizar de forma proporcional.

En efecto, la norma exige que del total del patrimonio líquido del año anterior, que sirve de base para efectuar el cálculo de la renta presuntiva, se puede restar “el valor patrimonial neto de los bienes vinculados a empresas en período improductivo”. Por tanto, para que estos valores sean deducibles, la empresa, a la cual se encuentre vinculado el bien solicitado en deducción, debe tener la característica de improductividad.

De esta manera, la aludida disposición exige, sin excepción alguna, que esa unidad de explotación económica ostente esa condición en la respectiva vigencia gravable.

Ahora, el hecho de que el bien que pretende deducir el contribuyente de la renta presuntiva, hubiere sido entregado el 1º de octubre de 2001, no prueba que en los demás meses del año la actora no haya percibido ingresos por la realización de su objeto social.

De otra parte, la Sala advierte que el contribuyente no allegó pruebas que demostraran que en el año 2001, alguna de las empresas de la sociedad se encontrara en período improductivo.

En consecuencia, no procede el cargo.

Sanción por inexactitud

Para la demandante se debe levantar la sanción por inexactitud impuesta en los actos demandados, toda vez que los datos consignados en la declaración de renta del año gravable 2001 son veraces y completos. Además, porque se presenta una diferencia de criterios entre la administración y el contribuyente.

Esta norma establece:

ART. 647.—Sanción por inexactitud. Constituye inexactitud sancionable en las declaraciones tributarias, la omisión de ingresos, de impuestos generados por las operaciones gravadas, de bienes o actuaciones susceptibles de gravamen, así como la inclusión de costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos, inexistentes, y, en general, la utilización en las declaraciones tributarias, o en los informes suministrados a las oficinas de impuestos, de datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados, de los cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente o responsable. Igualmente, constituye inexactitud, el hecho de solicitar compensación o devolución, sobre sumas a favor que hubieren sido objeto de compensación o devolución anterior.

La sanción por inexactitud será equivalente al ciento sesenta por ciento (160%) de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, según el caso, determinado en la liquidación oficial, y el declarado por el contribuyente o responsable. Esta sanción no se aplicará sobre el mayor valor del anticipo que se genere al modificar el impuesto declarado por el contribuyente.

Sin perjuicio de las sanciones de tipo penal vigentes, por no consignar los valores retenidos, constituye inexactitud de la declaración de retenciones en la fuente, el hecho de no incluir en la declaración la totalidad de retenciones que han debido efectuarse, o el efectuarlas y no declararlas, o el declararlas por un valor inferior. En estos casos la sanción por inexactitud será equivalente al ciento sesenta por ciento (160%) del valor de la retención no efectuada o no declarada.

En el caso de las declaraciones de ingresos y patrimonio, la sanción por inexactitud será del veinte por ciento (20%), de los valores inexactos por las causales enunciadas en el inciso primero del presente artículo, aunque en dichos casos no exista impuesto a pagar

La sanción por inexactitud a que se refiere este artículo, se reducirá cuando se cumplan los supuestos y condiciones de los artículos 709 y 713.

No se configura inexactitud, cuando el menor valor a pagar que resulte en las declaraciones tributarias, se derive de errores de apreciación o de diferencias de criterio entre las oficinas de impuestos y el declarante, relativos a la interpretación del derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras denunciados sean completos y verdaderos.

PAR.—<par. adicionado por el art. 28 de la L. 1393/2010. El nuevo texto es el siguiente:> Las inconsistencias en la declaración del impuesto de renta y complementarios derivadas de la información a que hace referencia el parágrafo 1º del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 sobre aportes a la seguridad social será sancionable a título de inexactitud, en los términos del presente estatuto tributario.

Como se observa el artículo 647 del estatuto tributario sanciona el hecho que en las declaraciones tributarias se omitan ingresos, se incluyan costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos inexistentes, que ocasionen un menor impuesto a pagar o un mayor saldo a favor y, en general, la utilización de datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados, de los cuales se derive un menor impuesto o un mayor saldo a favor.

Teniendo en cuenta que el demandante en su declaración del impuesto sobre la renta no determinó la renta presuntiva conforme con los artículos 188 y 189 del estatuto tributario(20), debe mantenerse la sanción por inexactitud impuesta en los actos demandados.

Para la Sala, es claro que no se presentó diferencia de criterios en relación con la interpretación del derecho aplicable, porque como se observó las pretensiones del demandante se despacharon desfavorablemente, entre otras cosas, por la falta de prueba de que el bien representado en el contrato de cesión de un bien inmueble se encontraba vinculado a una empresa en periodo improductivo.

La doctrina judicial reciente de la Sala ha tenido por criterio que la falta de prueba sobre la realidad y procedencia de las partidas declaradas no es motivo para no aplicar la sanción por inexactitud:

“En efecto, en sentencia del 28 de junio de 2010, la Sala consideró que la falta de prueba sobre la realización de los costos, significaba la inclusión en la declaración de costos inexistentes que daban lugar a un menor impuesto a pagar, conducta que era sancionable en virtud del artículo 647 del estatuto tributario(21).

Así mismo, mediante sentencia del 19 de agosto de 2010, la Sala señaló que generaba la sanción por inexactitud la conducta del contribuyente de incluir en la declaración, como deducciones, partidas frente a las cuales no se demostró su realidad y procedencia, que afectaron la base gravable y dieron lugar a un menor impuesto a cargo. En esa oportunidad advirtió que no era necesario que la administración estableciera que los gastos fueron irreales, pues lo cierto era que fueron solicitados como deducción, sin demostrar su procedencia; máxime cuando correspondía al contribuyente desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos(22).

Posteriormente, en el caso fallado en la sentencia del 14 de octubre de 2010, la Sala estableció que ni en sede administrativa ni judicial la sociedad demandante había logrado respaldar contablemente la existencia de un pasivo registrado en la cuenta PUC 2355, no obstante el requerimiento de la DIAN. Que en ese contexto, se concluía que, de conformidad con el artículo 647 del estatuto tributario, era procedente la sanción por inexactitud impuesta por la DIAN, por haberse incluido en la declaración pasivos inexistentes(23).

La anterior posición jurisprudencial guarda correspondencia con la Sentencia C­571 de 2010 por medio de la cual, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la expresión “datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados” contenida en el artículo 647 del estatuto tributario, sobre la cual señaló:

“Las expresiones ‘falsos, equivocados, incompletos o desfigurados’ no tienen, prima facie, ninguna complejidad especial o particular... En el contexto de derecho tributario hacen referencia a situaciones en las que la información otorgada por los contribuyentes a la administración de impuestos, relacionada con su actividad económica, no coincide con la realidad, es decir cuando se da una información contraria a la realidad, que no la refleja completamente, o que la altera”(24).

En efecto, a juicio de la Sala, para que una partida declarada se tenga como real y verdadera, como regla general, debe probarse la realización de la misma, que existe, que fue efectuada. Es decir, requiere de una actividad probatoria suficiente y adecuada sobre la existencia de esos hechos que originan la pedida. Para la Sala la sanción por inexactitud no tiene como condición que se evidencie una conducta evasiva o fraudulenta por parte del contribuyente, pero si(sic) se requiere que los datos declarados sean reales(25).

En ese sentido, al no haberse comprobado que la interpretación de las normas lo haya inducido a apreciarlas de manera errónea, se mantendrá la sanción por inexactitud impuesta en los actos acusados.

En consecuencia, los actos administrativos demandados se encuentran ajustados a derecho, razón por la cual se confirmará la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia del 1º de junio de 2010 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

RECONÓCESE personería jurídica para actuar en nombre de la entidad demandada al doctor Yumer Yoel Aguilar Vargas, de conformidad con el poder que obra al folio 220 del expediente.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase».

(1) Sentencias del 24 de mayo de 2012, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez; Expediente 18204, del 29 de julio de 2008, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié; Expediente 15992, del 21 de febrero de 2005, C.P. Ligia López Díaz; Expediente 14110, y del 4 de junio de 1993, C.P. Consuelo Sarria Olcos, Expediente 4637.

(2) Sentencia del 28 de enero de 2010, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, Expediente 17032.

(3) En este sentido el Consejo de Estado en sentencia de abril 14 de 1994, C.P. Consuelo Sarria Olcos, Expediente 5181, dijo:

“La sola circunstancia de que una empresa, en supuesto período improductivo, acuse ingresos netos provenientes de una amplia variedad de conceptos, incluso por importe mayor de lo recibido en ejercicios no afectados, niega ostensiblemente el supuesto de la improductividad, independientemente de que se dieran o no, las fases de prospectación, instalación, montaje y puesta en marcha...”.

(4) Sentencia del 21 de febrero de 2005, C.P. Ligia López Díaz, Expediente 14110.

(5) Estación de servicios Las Palmas S.A., estación de servicio Brisas del Pacífico S.A., Petróleos de Buenaventura S.A., Makila S.A., Grupo Empresarial del Pacífico S.A., Terminal Especializado de Contenedores de Buenaventura, Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A.

(6) Folios 222-224, cuaderno a.

(7) Esta escritura pública obra a folios 97-127, cuaderno a.

(8) FoIios 10, 12-13, cuaderno a.

(9) Consideración 1 del contrato. Que entre la Zona Franca Industrial y Comercial de Buenaventura y la sociedad Contenedores y Servicios Ltda., hoy S.A. se suscribió el contrato 5 el día 20 de agosto de 1992, cuyo objeto es la entrega por parte de la zona franca, a título de arrendamiento, a la sociedad Contenedores y Servicios Ltda. hoy S.A. de un lote de terreno, con un área de 14.400 metros cuadrados, ubicado dentro del perímetro de la zona franca-sector industrial en la ciudad de Buenaventura (...).

Consideración 17 del contrato. Que según consta en el acta 100 de fecha 13 de julio de 2000 de la junta directiva de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. “SPR Bun” se autorizó al gerente general para constituir la sociedad cesionaria y para que este firmara la cesión del contrato de arrendamiento 5 de 1992 y sus otrosí (sic) de septiembre de 24 de 1992, noviembre de 1998 y abril 15 de 1999. Igual autorización se otorgó al señor James Yepes Guzmán, gerente de la sociedad Contenedores y Servicios S.A., según consta en acta 41 del 28 de noviembre de 2000 de la junta directiva de dicha sociedad (...).

Consideración 18 del contrato. Que dicha sociedad fue constituida por escritura pública 1854 del 23 de diciembre de 2000, de la Notaría Segunda del Círculo de Buenaventura, inscrita en la cámara de comercio el 28 de diciembre del año 2000 bajo el número 389 del libro IX con el nombre de Zona de Expansión Logística S.A., Zelsa, (...)”. FoIio 69, cuaderno a.

(10) Folios 65-73, cuaderno a.

(11) FoIio 94, cuaderno p.

(12) Folios 47-49, cuaderno a.

(13) Folio 56, cuaderno a.

(14) Folios 310, cuaderno a.

(15) Folios 281-282, 293, 301-302 y 308, cuaderno a.

(16) Folios 273-277, 280-279(sic), 283-287, 292-291(sic), 294-299, y 304-307, cuaderno a.

(17) Folio 303, cuaderno a.

(18) Folios 288-289 y 300, cuaderno a.

(19) Folios 217-218, cuaderno a.

(20) FoIio 93, cuaderno p.

(21) Expediente 16791, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

(22) Expediente 16988, C.P. William Giraldo Giraldo.

(23) Expediente 17042, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(24) Sentencia C-571 del 14 de julio de 2010, M.P. María Victoria Calle Correa.

(25) Sentencia del 5 de mayo de 2011, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, Expediente 17306.