CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN “B”

Consejera Ponente:

Stella Conto Díaz del Castillo

Bogotá, D.C., ocho (08) de junio de dos mil diecisiete (2017).

Rad.: 76001-23-31-000-2006-03335-01 (40081) (Acumulado)

Actor: Octavio Quintana y otros

Demandado: La Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional

Proceso: Acción de reparación directa

Tema: Detonación de artefacto explosivo. Atentado contra la Fuerza Pública. Responsabilidad del Estado por daños causados a civiles en atentados terroristas contra entidades públicas

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del presente asunto, en razón de los recursos de apelación interpuestos por la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y la parte actora, en contra de la sentencia dictada el 28 de mayo de 2010 que accedió parcialmente a las pretensiones, dado que la cuantía de la demanda supera la exigida en vigencia del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 40 de la Ley 446 de 1998(4), para que la segunda instancia de un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa sea conocida por esta corporación.

2. Caducidad de la acción.

De conformidad con lo previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación temporal o permanente de inmuebles por causa de trabajos públicos.

En el sub lite la responsabilidad administrativa que se invoca en la demanda se originó como consecuencia de las lesiones sufridas por los señores Numar Bermúdez Nieto, Octavio Quintana y Lizbeth Muñoz Pantoja el día 28 de abril de 2005 en razón del “atentado perpetrado contra miembros de un centro de atención inmediata móvil”.

Ahora bien, como los hechos que se estudian en el presente caso datan del 28 de abril de 2005 y las demandas de la referencia se presentaron los días 4 de septiembre de 2006(5); 27 de julio de 2005(6) y 2 de agosto de 2005(7), advierte la Sala que las acciones que se resuelven fueron en todos los casos propuestas dentro del término bienal de caducidad previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, por lo que se resolverá de fondo.

3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes. Se conoce que los demandantes entablaron la Litis fundados en que el daño estaba dirigido a un centro de atención inmediata móvil, en tanto la demandada señala que el artefacto explosivo fue atado a un poste frente a una ferretería y a una agencia de materiales de construcción del sector, de donde no le resulta imputable, en razón de que los demandantes deben asumir el riesgo de vivir en sociedad. De donde la Sala en los términos del artículo 90 Constitucional, esto es desde la situación de las víctimas analizará el daño y su antijuridicidad para así determinar si le resulta imputable a la entidad demandada en este asunto.

Ahora, aunque las partes convienen en que el atentado ocurrió se hace necesario determinar el impacto, en cuanto la parte actora controvierte el alcance de la indemnización, esto es que los perjuicios morales reconocidos a los señores Lizbeth Muñoz Pantoja y Numar Bermúdez Nieto no es acorde a la jurisprudencia de esta corporación y, además, aboga por los perjuicios de daño a la vida de relación solicitados por el señor Numar Bermúdez Nieto, en razón a las lesiones sufridas.

4. Análisis del caso.

4.1. Hechos probados.

Conforme al material probatorio allegado al plenario se conoce que:

Sobre lo que tiene que ver con el artefacto explosivo 

4.1.1. El día 28 de abril de 2005 fue denotado un artefacto explosivo adherido a una bicicleta, en la calle 79 con carrera 29 del barrio Mojica de la ciudad de Cali. Al respecto la Policía Nacional en el libro “Minuta de Vigilancia” anotó —fls. 21 a 25, cdno. 2, Exp. 2005-3034—:

“Siendo aproximadamente las 15:10 horas hizo explosión un petardo camuflado en un contenedor plástico, aproximadamente 05 kilos, los cuales estaban amarrados en una bicicleta la cual fue dejada abandonada amarrada con cadenas en un poste en al Cra. 29 con 79 Av. Ciudad Cali (...) en el lugar de los hechos resultaron 7 personas heridas (01) Numar Vermúdez (sic) 37 años, conductor Montebello, VBX 691, lateral 158 C.C. Nº 10´092.074, Cra. 43 bis N° 48-45, Tel. 32845, herida ojo derecho y esquirlas diferentes partes del cuerpo; (02) Lizbeth Muñoz, indocumentada, 18 años, residente calle 51 N° 39E-53, heridas esquirlas de vidrios en ambas piernas “pasajera” (...) (04) Octavio Quintana 58 años C.C. 14’952 .407 herida en la cara, trauma ocular derecho, heridas múltiples extremidades superiores inferiores, traslado HUV (...) misma forma resultaron dañados los siguientes vehículos, buseta micro bus, servicio público, empresa Montebello, placa VBX-691, lateral 158”.  

4.1.2. El 8 de junio de 2006, la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, mediante el oficio COMAN E-15 en respuesta a la petición del tribunal a quo, respecto de sí funcionaba un Centro de Atención Inmediata en el barrio Mojica el 28 de abril del año 2005, señaló —fls. 21 a 26, cdno. 2 de pruebas, Exp. 2005-2960—:

“(...) una vez revisados los archivos de esta unidad se puede establecer: 

Que para el día veintiocho de abril del años dos mil cinco (28-04-05) si funcionaba un Centro de Atención Inmediata, pero no contaba con las instalaciones adecuadas para el mismo. Había una carpa donde prestaba servicio dos policiales por turno, cabe anotar que los policiales prestaban el servicio de puesto fijo apoyados por las patrullas motorizadas que cubrían el sector a los alrededores. 

De acuerdo con las anotaciones registradas en el libro de población que se llevaba para esa época en los folios 286, 287 y 288, se puede establecer cómo ocurrieron los hechos y el procedimiento realizado por parte del personal de la policía de esta ciudad” —resaltado fuera de texto—.

La anterior respuesta fue acompañada de las copias del informe que presentaron, ante el Comandante de la Estación Décimo Quinta de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali. Del mismo se destaca:

“Siendo aproximadamente las 15:30 hizo explosión un petardo de 5 kilos, de un explosivo potente no identificado aún por los técnicos antiexplosivos. El cual estaba dentro de un contenedor plástico sujetado a la parrilla de una bicicleta que fue dejada amarrada con cadenas a un poste de energía en la carrera 29 con calle 79 AV. Ciudad de Cali, dicho artefacto estaba dirigido a los policiales que estaban de turno en el CAI Segurito. 

Gracias a la oportuna información de la comunidad y reacción de la patrulla 15-8 (...) se logró la captura del sujeto que dejó abandonada la bicicleta con el explosivo identificado (...) el capturado indica que fue contratado por un individuo al parecer integrante de las milicias urbanas (FARC) (...) 

En dicha explosión resultaron lesionadas las siguientes personas: 

1. NUMAR BERMÚDEZ (...) 

2. LISBETH (sic) MUÑOZ (...) 

3. OCTAVIO QUINTANA (...)” —resaltado fuera de texto—.

4.1.3. El 27 de febrero de 2007, la Policía Metropolitana Santiago de Cali mediante el oficio 027/NEJUD MECAL informó al Tribunal a quo, respecto del “(...) centro de atención inmediata móvil de la policía en el sector de la calle 79 con carrera 29 del barrio Mojica” de la ciudad de Cali, lo que sigue —fl. 20, cdno. 2, Exp. 2005-3034—:

“— Revisados los archivos y libros que se llevaban para esa época, en la calle 79 con carrera 29, no funciona ningún centro de atención inmediata, en el lugar se presta servicio con personal de puesto fijo a quienes les corresponde el indicativo CAI SEGURITO, por lo general se envían dos unidades a pie con radio. 

— Con referencia al atentado en el libro de población que se llevaba para esa época se encuentra una anotación para la fecha 28-04-2005, a las 16:50 horas en las que se hace un relato de lo sucedido. 

— El personal que se encontraba de servicio corresponde a la segunda sección de vigilancia y en el puesto fijo del CAI SEGURITO”.  

4.1.4. El 15 de noviembre de 2006, en cumplimiento a lo solicitado por el a quo, el Centro de Servicios Administrativos-Juzgados Penales del Circuito Especializados de Santiago de Cali allegó copia del proceso penal adelantado en contra del señor Oscar Fernando Ceballos Marín, por los delitos de terrorismo, lesiones personales y daño en bien ajeno, en razón a la explosión del artefacto (bicicleta bomba) en el barrio Mojica de la ciudad de Cali, el 28 de abril de 2005, donde resultaron lesionados los actores. Del proceso se destaca lo siguiente —fls. 33 a 403, cdno. 2 de pruebas, Exp. 2005-2960—:

• Diligencia de indagatoria al señor Oscar Fernando Ceballos Marín, en la que sobre los hechos manifestó —fls. 100 a 105—:

“hace más o menos un mes yo estaba vendiendo lápices en el barrio Los Chorros, yo iba vendiendo lapicitos y un señor me llamó (...) le ofrecí la promoción y me dijo que porqué tan barato (...) entramos en dialogo (...) me dijo que con esa bicicleta yo podía ganar más plata, únicamente que le llevara cositas, mandados, que no tenía ningún problema, me dijo que si estaba interesado pues que nos veíamos el día lunes siguiente en el puente de la 50 con 39 (...) me dijo que fuera que para que le llevara un encarguito que él me pagaba bien, yo pensé que era como droga o algo así, yo fui a las doce por el día lunes y él estaba allá con una caja de cartón mediana bien sellada con cinta y me dijo que la llevara al frente de HERPO viejo del poblado, que allí habían unas barras verdes, que la dejara allí y que regresara por ella a los quince o veinte minutos, me dijo que dejara la bicicleta ahí con la caja (...) él me dijo que él me la pagaba, sacó cinco billetes de veinte mil y me los pasó (...) estuvimos dialogando y me dijo que nos viéramos el jueves de la semana siguiente a las diez de la mañana, o sea ayer, que llevara la bicicleta, yo fui y él estaba ahí y él se llevó mi bicicleta, me dijo que recogiera la bicicleta a las tres de la tarde (...) a las tres de la tarde fui y tenía la bicicleta con una ropa encima como con unas sábanas estaba como medio amarrado, entonces yo cogí la parrilla la organice, eso era como una cosa metálica, de lata, pesada, me dijo que la colocara en ese poste de allá abajo, me señaló el poste y que nos veíamos al otro día a la una de la tarde ahí mismo en HERPO que me iba dar trescientos mil pesos, que dejara la bicicleta en ese poste ahí y que me fuera, yo cuando vi eso tan pesado y me asusté y fui hasta el poste y me devolví hasta donde él otra vez y le dije que a mí me daba miedo colocar eso ahí y me dijo: no mijo usted ya está embalado, que ya había metido la trompa en la aguamasa, que ya tenía que ponerla ahí, entonces yo fui y la pues ahí y me fui di la vuelta cuando sonó (...) fue cuando me cogió la policía, yo llevaba un bolso con lápices porque iba a seguir trabajando de ahí para allá, me cogió la policía y les dije que yo era un vendedor de lápices (...) PREGUNTADO: indíquele al despacho como se llama la persona a la cual se ha referido en esta diligencia como aquella que le entregó su bicicleta y le ordenó que la colocará en un poste y fue la que posteriormente explotó. CONTESTÓ: (...) se llama JULIAN no se sus apellidos, le entraba a uno con mucha facilidad, él se interesó mucho fue cuando le dije que vivía por desepaz, fue cuando entramos en diálogo y me dijo que yo podía ganar con él más fácil (...) PREGUNTADO: indíquele al despacho si cerca al sitio donde usted dejó la bicicleta que finalmente hizo explosión hay algún CAI. CONTESTÓ: Sí hay un CAI como a media cuadra más o menos”.  

• Resolución de acusación de 21 de noviembre de 2005 dictada por la fiscalía delegada ante los juzgados penales especializados de Cali, en contra del señor Oscar Fernando Ceballos Marín, por los delitos de terrorismo, lesiones personales y daño en bien ajeno, en razón a la explosión del artefacto (bicicleta bomba) en el barrio Mojica de la ciudad de Cali, el 28 de abril de 2005, donde resultaron lesionados los actores —fls. 274 a 279—.

4.1.5. Oficio 680/COMAN E-15 de noviembre 30 de 2007, mediante el cual la Policía Metropolitana Santiago de Cali-Décima Quinta Estación El Vallado en respuesta al oficio BG 1218 librado por el a quo allega copia de la “MINUTA DE VIGILANCIA” “RESUMEN DE NOVEDADES”, de fecha “280405” “TURNO 3”, “Unidad (sigla) Mecal” “Distrito (sigla) Cuatro (4)”, “Estación (sigla) Vallado”, “Sección 2ª”, del que se destaca —fls. 579 a 585, cdno. de pruebas 1, Exp. 2006-3335—:

PUNTOS RECOMENDADOS:
1. Hospital Isaías Duarte
4. Bomba de gasolina 7. Control de buses
2. Planta eléctrica 5. Cajeros automáticos 8. Mojica – Retiro
3. Antena de Caracol6. Avenida ciudad de Cali9. Invación (sic) (colonia)
CONSIGNAS ESPECIALES:
1. Conservar al máximo medidas de seguridad personales y de instalaciones
2. Atento a comunicados, puntos críticos, patrullajes constantes.
INSTRUCCIONES:
— Utilizar casco y chaleco antibalas
— Conducir con cuidado
— Buen trato al público.

(...) 

PUNTOS RECOMENDADOS:
1. Fundación Carvajal
4. Planta eléctrica 7. B/ Retiro
2. Cajeros automáticos 5. Hospital Duarte 8. Mojica I II
3. Bomba de Gasolina6. Colonia Nariñense 9. Cali 15
CONSIGNAS ESPECIALES:
1. Extremar al máximo las medidas de seguridad en los desplazamientos
2. No alejarse del cuadrante, informar cualquier caso central
INSTRUCCIONES:
— Conducir a la defensiva
— No bajar la guardia en las requizas (sic)
— Pasar revista puntos críticos

Sobre las lesiones sufridas por el señor Numar Bermúdez Nieto  

4.1.6. El 26 de septiembre de 2006, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses-Sede Cali rindió informe definitivo sobre la incapacidad médico-legal del señor Numar Bermúdez Nieto, como sigue —fl. 51, cdno. 2 de pruebas, Exp. 2005-2960—:

“Examinado hoy 26 de septiembre de 2006 a las 16:30 horas en segundo reconocimiento médico-legal previo hace referencia a que fue víctima de una explosión en la calle, el 28 de abril de 2005. PRESENTA: 1. Ingresa caminando por sus propio medios, alerta, orientado. 2. Las cicatrices descifradas en el dictamen anterior, localizadas en el antebrazo derecho persisten y son ostensibles. 3. Arcos de movilidad del miembro superior derecho completos. 4. Se queja de disminución de la audición principalmente por el oído derecho y tinitus principalmente por el oído derecho. Aporta reporte de audiometría del Instituto para Niños Ciegos y Sordos del 31 de marzo de 2006: Hipoacusia sensorial de grado mínimo a severo en oído izquierdo. En el oído derecho hipoacusia sensorial de mínimo a moderado (...) 

CONCLUSIÓN: MECANISMO CAUSAL: Explosivos. Incapacidad médico legal: DEFINITIVA VEINTICINCO (25) DÍAS. SECUELAS MÉDICO LEGALES. Deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente, perturbación funcional del órgano de la audición de carácter permanente”.  

4.1.7. Igualmente, el 2 de febrero de 2007, la Fundación Valle de Lili, en respuesta al oficio JA10-096 librado por el Tribunal a quo remitió historia clínica del señor Numar Bermúdez Nieto, en la que señala el procedimiento quirúrgico al que fue sometido —fls. 5 a 7, cdno. 2 de pruebas, Exp. 2005-3034—:

III. ANAMNESIS 

Paciente que el 28 de abril del 2005 en atentado (bicicleta bomba) sufre herida en labio inferior. Desde entonces empieza a notar dolor e inflamación hasta que se evidente (sic) la presencia de un cuerpo extraño vidrio, es programado para resección de granuloma. 

DIAGNÓSTICO PREQUIRÚRGICO 

1. GRANULOMA CUERPO EXTRAÑO VIDRIO- LABIO- INFERIOR 

DIAGNÓSTICO POSTQUIRÚRGICO  

1. GRANULOMA CUERPO EXTRAÑO VIDRIO-LABIO-INFERIOR 

IV. PROCEDIMIENTO  

RESECCIÓN A GRANULOMA CUERPO EXTRAÑO LABIO INFERIOR  

(...) 

3. Se extrae un cuerpo extraño, vidrio de aproximadamente 1.5 cm de diámetro”.  

4.1.8. La Administradora de Riesgos Profesionales, Seguros de Vida del Estado S.A., en respuesta al oficio JA10100-05-3034 librado por el a quo, respecto de la reclamación solicitada por el señor Numar Bermúdez Nieto con ocasión del accidente sufrido el 28 de abril de 2005, allegó copias del formato único de reporte de accidente de trabajo, historia clínica de la Fundación Clínica Valle de Lili y Clínica Santiago de Cali, concepto médico de salud ocupacional y dictamen de calificación de la pérdida de capacidad laboral —fls. 35 a 56, cdno. 2 de pruebas, Exp. 2005-3034—:

• Formato único de reporte de accidente de trabajo

V. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE 

(...) el conductor al momento de pasar por la calle 79 con cra. 29, estalló una bomba de mediano poder, causándole heridas con las esquirlas en la cara, ojos, boca, brazos y lesión en los oídos producto del estruendo”. 

• Concepto médico ocupacional

“Examen físico: 

(...) múltiples cicatrices de esquirlas en MMSS y abdomen. Se palpa cuerpo extraño incluido en labio inferior, consistencia: vidrio. Dolor a movilización de hombro izquierdo. 

Diagnóstico: 

Politraumatismo en acción terrorista 

a) Tendinitis MSI 

b) Hipoacusia en estudio 

c) Cuerpo extraño incluido en labio inferior (esquirla) 

d) Cicatrices múltiples x esquirlas. 

CONCEPTO: 

Es muy claro el hecho de la ocurrencia de un ACTO TERRORISTA cuando realizaba su trabajo habitual por tanto se considera ACCIDENTE DE TRABAJO el evento del 28/04/05 y como secuelas de este todas sus patologías actuales”.  

• Evaluación de la pérdida de la capacidad laboral

“6. PORCENTAJE DE PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL 

CAP CRITERIO %
 DEFICIENCIA 7.20
 DISCAPACIDAD0.40
 MINUSVALIA 2.25
 TOTAL 9.85%

Con base en lo anterior el señor Numar Bermúdez Nieto recibió “una única suma definitiva por concepto de indemnización por INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL, equivalente a (4.5) meses de salario”.

Sobre las lesiones sufridas por la señora Lizbeth Muñoz Pantoja  

4.1.9. Respecto de la señora Lizbeth Muñoz Pantoja el Instituto de Medicina Leal y Ciencias Forenses, en lo que tiene que ver con las lesiones y secuelas sufridas en el atentado del 28 de abril de 2005 en el barrio Mojica de la ciudad de Cali, señaló —fl. 280 cdno. 2 de pruebas, Exp. 2005-2960—:

“ANAMNESIS: en anterior reconocimiento No.2005C-06040511551 se destaca: cicatrices en miembros inferior izquierdo y perforaciones timpánicas bilaterales. Solicita historia clínica, atendida en clínica Tequendama, aporta nota operatoria del 28 de abril de 2005: procedimiento: desbridamiento quirúrgico de más del 30% del área corporal. En hallazgos anota: múltiples lesiones en tejidos blandos de miembros inferiores y superiores y cuello por esquirlas de explosión de bomba. Aporta valoración por otorrino del 11-05-2005: dx: perforación timpánica post traumática, hipoacusia conductiva secundaria (...) 

Ingresa lesionada deambulando por sus propios medios, orientada en las tres esferas con: 1. En cuello y miembros superiores, no se evidencian estigmas de trauma. 2. En muslo y pierna izquierda cara medial cicatrices de 0,4 cm hipercórmicas, violáceas, levemente levantadas, ostensibles. 3. Tímpano derecho normal, tímpano izquierdo aun perforado y seco. 

CONCLUSIÓN: MECANISMO CAUSAL: Explosivos. Incapacidad médico legal: DEFINITIVA. VEINTE (20) DÍAS. SECUELAS MÉDICO LEGALES: Deformidad física que afecta el cuerpo, de carácter permanente. Perturbación funcional de órgano de la audición de carácter a definir, EN 60 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA”.  

Posteriormente, el 20 de 0ctubre de 2005, el Instituto de Medicina Legal-Seccional Valle del Cauca llegó a la siguiente “CONCLUSIÓN: MECANISMO CAUSAL: Explosivos. Incapacidad médico legal: DEFINITIVA. VEINTE (20) DÍAS. SECUELAS MÉDICO LEGALES: Deformidad física que afecta el cuerpo de carácter transitoria; perturbación funcional de órgano de la audición de carácter transitoria” —fl. 272, cdno. 2 de pruebas, Exp. 2005-2960—.

4.1.10. Por solicitud del a quo, la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, sobre la pérdida de la capacidad laboral de la señora Lizbeth Muñoz Pantoja, certificó lo que se transcribe —fls. 371 a 375, cdno. 2 de pruebas, Exp. 2005-2960—:

“(...) mediante acta Nº 34-2006 de la misma fecha, se procedió a calificar al señor(a) LISBETH MUÑOZ (sic) PANTOJA (...) constando en el acta que establecidos los fundamentos de hecho y de derecho, los criterios de evaluación de acuerdo al manual único para la calificación de invalidez (D. 917/99), por unanimidad manifestaron que en su concepto la pérdida de capacidad laboral es la siguiente: 

Fecha de estructuración PCL: 28/04/2005 

Concepto :
Deficiencia:
Discapacidad:
Minusvalía:
Total:
%
0
0
0
0

4.1.11. Sobre el origen de las lesiones sufridas por la señora Lizbeth Muñoz Pantoja, los señores Inés Emir Delgado de Pantoja, Diana Lorena Ojeda Daza, German Tabares Farieta y Numar Bermúdez Nieto (conductor del vehículo que resultó averiado en el acto terrorista) coinciden en manifestar que fueron causadas por la explosión de una bomba en inmediaciones de un CAI en la ciudad de Cali, el día 28 de abril de 2005. Señalaron al respecto —fls. 379 a 403, cdno. 2 de pruebas, Exp. 2005-2960—:

• Inés Emir Delgado de Pantoja

“...LIZBETH venía de estudiar en la buseta, cerca de la casa hubo una explosión, cuando llevaron a LIZBETH a la casa vi que tenía muchas lesiones en la cara y más que todo en las piernas (...)”. 

• Diana Lorena Ojeda Daza

“(...) yo sé que en abril del año 2005 LIZBETH MUÑOZ PANTOJA tuvo un accidente en la ciudad de Cali en un CAI de la Policía, no sé exactamente la ubicación del CAI creo que fue en el barrio Comuneros, eso fue por la tarde, ese día LIZBETH salió a hacer unas vueltas y escuchamos el estallido de la bomba desde acá de la casa, en el momento no aviamos exactamente qué había ocurrido, llamaron del hospital a decirnos que LIZBETH se encontraba en el hospital, llamamos a sus padres que estaban por ahí cerca a la clínica Calipso de Comfandi, los llamamos a decirles que se acercaran al hospital Carlos Holmes y a contarles lo que había sucedido con LIZBETH”.

• German Tabares Farieta

“(...) yo sé que en el mes de abril de 2005 en el barrio Mojica de Cali ocurrió un atentado contra una patrulla de la Policía y en ese momento LIZBETH pasaba por allí, ella iba en un bus, al estallar la bomba LIZBETH quedó herida, cuando yo la vi en el hospital ella tenía heridas en las piernas, el oído y en el cuello, primero ella fue trasladada al Hospital Carlos Colmes (sic) Trujillo del barrio El Poblado (...) sobre el accidente es lo que me doy cuenta, ya que en cuestión de ese momento para acá los cambios que he visto en LIZBETH es que ella no es la misma persona que era antes del accidente”.

• Numar Bermúdez Nieto

“El día 28 de abril del año 2005, yo conducía un microbús de la empresa Transportes Montebello, yo iba por la ruta número tres que va por la Avenida Ciudad de Cali que pasa por los barrios Mojica, Colonia Nariñense, todos esos barrios calientes, yo vengo normal en la buseta, eran por ahí las tres de la tarde, la señora LIZBETH MUÑOZ va en la buseta como pasajera y otro señor, la verdad es que iba vacía, menos mal, yo iba llegando a un CAI móvil de la Policía, cuando uno o dos segundos después de haber pasado por el CAI siento la explosión, era una bicicleta bomba, a raíz de la explosión uno en esos momentos queda mal, pero si escucha voces y supuestamente la Policía le decía a la gente que no se acercara porque posiblemente había otra bomba, el caso es que ahí ya nos ayudaron y nos llevaron al Hospital Carlos Holmes que queda cerca, hasta donde yo tengo entendido la bomba era dirigida para el CAI de la Policía”.  

Sobre las lesiones sufridas por el señor Octavio Quintana  

4.1.12. El expediente relativo a la investigación penal, allegado al plenario por solicitud del a quo obra dictamen siquiátrico realizado por Medicina Legal al señor Octavio Quintana, conforme a las instrucciones ordenados por la Fiscalía del caso. En el mismo se concluyó —fls. 355 a 361, cdno. 2 de pruebas, Exp. 2005-2960—:

“(...) “valoración siquiátrica al señor OCTAVIO QUINTANA a fin de determinar las secuelas de tipo sicológico que pudiere padecer, teniendo en cuenta la afección de los órganos de los sentidos de la visión y auditivo” Se responde que el examinado OCTAVIO QUINTANA al momento actual persisten signos y síntomas compatibles con un cuadro depresivo reactivo a las lesiones y secuelas físicas que presenta, las cuales son de carácter permanente secundarias a las lesiones sufridas en los hechos relativos de la presente investigación y que alteran su self (imagen psíquica) corporal lo que se constituye en una perturbación psíquica de carácter permanente. Se sugiere que éste reciba ayuda terapéutica con profesional en psiquiatría o sicología con el fin de que pueda verbalizar, clarificar y por sobre todo manejar estos sentimientos pero por sobre todo aprender a manejar las secuelas que presenta”.  

4.1.13. La Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca sobre la pérdida de la capacidad laboral del señor Octavio Quintana certificó lo que se transcribe —fls. 160 a 164, cdno. 2 de pruebas, Exp. 2006-3335—:

“(...) mediante acta Nº 10-2007 de la misma fecha, se procedió a calificar al señor(a) OCTAVIO QUINTANA (...) constando en el acta que establecidos los fundamentos de hecho y de derecho, los criterios de evaluación de acuerdo al Manual Único para la Calificación de Invalidez (Decreto 917 de 1999), por unanimidad manifestaron que en su concepto la pérdida de capacidad laboral es la siguiente: 

Fecha de estructuración P.C.L.: 27/03/2007 

Concepto :
Deficiencia:
Discapacidad:
Minusvalía:
Total:
%
50,00
6,80
20,00
76,80

Determinación de origen:

Enfermedad: ____ Accidente: Común Muerte: _____ 

Diagnóstico: 

VISIÓN SUBNORMAL DE AMBOS OJOS 

HIPOACUSIA MIXTA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL-BILATERAL”. 

4.1.14. El Instituto de Medicina Leal y Ciencias Forenses, respecto de las lesiones y secuelas sufridas por el señor Octavio Quintana, en el atentado del 28 de abril de 2005 en el barrio Mojica de la ciudad de Cali, señaló —fls. 332 a 334, cdno. 2 de pruebas, Exp. 2005-2960—:

“ANAMNESIS: Primer dictamen médico-legal (...) hace referencia a que iba de pasajero en una buseta de servicio público y resultó afectado con la explosión de una bicicleta bomba el 28 de abril de 2005. 

PRESENTA: 1. Ingresa caminando con asistencia de otra persona, alerta, orientada. 2. Las cicatrices descritas en el dictamen anterior localizadas en la cara, antebrazo, dorso de mano derecha y ambas piernas persisten y son ostensibles. 3. (...) deformidad palpebral derecha. 4. Refiere no percepción de luz por ambos ojos (ceguera). Cicatrices puntiformes en la cara anterior del tórax ostensibles. 5. Refiere que no oye por el oído derecho y que tiene disminuida la agudeza auditiva izquierda. Aporta copia de historia clínica Nº 1837041 del HUV a su nombre. Ingresó el 28 de abril de 2005, víctima de explosión con bomba en cara, tórax, abdomen, sufriendo estallido de ojo derecho, trauma penetrante en ojo izquierdo, heridas palpebrales bilaterales. Tratado por oftalmología y cirugía plástica (...). 

CONCLUSIÓN: MECANISMO CAUSAL: Explosivos. Incapacidad médico legal: DEFINITIVA. CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS. SECUELAS MÉDICO LEGALES: Pérdida funcional del órgano de la vista de carácter permanente. Deformidad física de carácter permanente. Perturbación funcional del órgano de la audición de carácter permanente. 

NOTA: Las secuelas de tipo sicológico deben ser valoradas por psiquiatría forense”.  

4.1.15. Sobre el origen de las lesiones y secuelas de las mismas sufridas por el señor Octavio Quintana y los hechos de la presente litis, ante el a quo, los señores Lizbeth Muñoz Pantoja, Numar Bermúdez Nieto y Blanca Olivia Papamija Agredo coinciden en manifestar que éstas fueron causadas por la explosión de una bomba en inmediaciones de un CAI en la ciudad de Cali el día 28 de abril de 2005. Señalaron al respecto —fls. 542 a 577, cdno. 2 de pruebas, Exp. 2006-3335—:

• Lizbeth Muñoz Pantoja

“(...) yo iba en la buseta hacia la universidad, cuando pasábamos por el barrio Mojica donde hay un CAI de la Policía y después de un momento hubo una explosión, después la Policía intentó ayudarnos, pero les daba miedo acercarse porque pensaron que había otra bomba (...) ya después nos auxiliaron (...) fue el 28 de abril de 2005 a las 3 P.M. (...) íbamos 3 personas Numar Bermúdez un señor de apellido Quintana y mi persona” 

• Numar Bermúdez Nieto

“(...) yo andaba laborando esos días como motorista, eran como más o menos 3 de la tarde iba por la ruta 3 de la Montebello que cubre la ruta por la ciudad de Cali, cuando fue que explotó el artefacto, acababa de pasar un CAI de la Policía incidente (...) PREGUNTADO. Indique si lo recuerda que tipo de daños sufrió el vehículo en el que usted se transportaba y que tipo de lesiones sufrieron los pasajeros? CONTESTÓ. La buseta pérdida total y los pasajeros uno de ellos no estoy seguro si perdió los dos ojos o uno, tampoco recuerdo los oídos, no sé si perdió los dos oídos o uno también, la pasajera recibió esquirlas por todos lados más que todo en las piernas y salió afectada los oídos y yo también esquirlas en todas partes del cuerpo, en los ojos y también salí afectado los oídos”.

• Blanca Oliva Papamija Agredo

“PREGUNTADO. Cuál es la actividad laboral del señor Octavio Quintana antes del mes de abril de 2005. CONTESTÓ. Él toda la vida prácticamente ha sido farmaceuta, con eso se ganaba el sustento de la familia, hasta el día del accidente. (...) PREGUNTADO. Diga al despacho si las lesiones físicas que actualmente padece el señor Octavio Quintana, le han permitido algún tipo de actividad laboral. CONTESTÓ. Está totalmente discapacitado, porque le hace falta lo más importante de las personas que son las vistas los ojos y los oídos, hace poco me dijo que era una persona totalmente inútil, que se sentía totalmente inútil por no poder ayudar a las personas que él ayudaba con tanto ahínco o voluntad, que había sido mejor morirse”.

4.2. Legitimación por activa.

La legitimación de los señores Numar Bermúdez Nieto, Octavio Quintana y Lizbeth Muñoz Pantoja, como demandantes se colige de los documentos allegados al plenario con los que se demuestra que fueron víctimas de un atentado terrorista ocurrido el 28 de abril de 2005 en la ciudad de Cali, que según los antes nombrados estaba dirigido a miembros de la Policía Nacional —CAI móvil ubicado en el lugar de los hechos—. Así mismo la legitimación del grupo familiar de cada una de las víctimas se deduce de los registros civiles de nacimiento obrantes en el expediente, los que permiten verificar lazos de afecto en razón del parentesco(8).

4.3. Legitimación por pasiva.

Se acepta la legitimación por pasiva de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, toda vez que es contra ella que la parte actora dirige sus pretensiones, fundada en que el atentado terrorista perpetrado, el 28 de abril de 2005, estaba dirigido contra el CAI móvil del barrio Mojica de la ciudad de Cali.

5. Juicio de responsabilidad.

De conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política, “[e]l Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”. Al respecto, esta corporación ha precisado que, aunque el ordenamiento jurídico no prevé una definición de daño antijurídico, este hace referencia a “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho”(9). Y la Corte Constitucional ha sostenido que “(...) la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, razón por la cual se reputa indemnizable”(10).

Sobre la noción de daño antijurídico, esta Sección ha definido que “consistirá siempre en la lesión patrimonial o extra-patrimonial que la víctima no está en el deber jurídico de soportar”(11). En este sentido, el daño ocasionado a un bien jurídicamente tutelado, impone el deber de indemnizar el consecuente detrimento con el objetivo de garantizar el principio de igualdad ante las cargas públicas.

Ahora bien, en concordancia con el artículo 2º de la Constitución, las autoridades “están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y libertades”, por lo que, en criterio de la Sala, “[o]mitir el cumplimiento de esas funciones no sólo genera responsabilidad personal del funcionario sino además responsabilidad institucional, que de ser continua pone en tela de juicio su legitimación”(12).

En este marco, el Estado no solo debe respetar sino también garantizar los derechos, lo cual implica asumir conductas no solo tendientes a no ejercer actos contrarios a los intereses legítimos de los asociados, sino también a impedirlos y tomar las medidas necesarias para que estos se garanticen, realicen y prevalezcan en todos los casos.

Al respecto, la doctrina ha señalado:

No olvidemos, en efecto, que los pactos internacionales obligan al Estado no solo a respetar sino también a garantizar los derechos humanos. La eficacia horizontal de los derechos constitucionales es pues un dispositivo del Estado para potenciar esa garantía en el ordenamiento interno. Por ello creo que, en el plano constitucional, tiene toda la razón la Corte Constitucional cuando señala que la eficacia horizontal de los derechos fundamentales no disminuye la responsabilidad estatal sino que la acrecienta(13). 

Postulado constitucional que se confunde con la existencia misma del Estado y de sus autoridades públicas, en los términos de los artículos 1º y 2º constitucionales, al punto que su vulneración, por acción u omisión, hace responsables de los daños causados.

Ahora, sabido es que el Estado no puede destinar protecciones individuales para cada asociado, pero sí contar con programas y acciones tendientes a un cubrimiento que responda a las necesidades que las circunstancias exigen, de modo que, aunque en principio, no tendría que responder por los hechos puntuales atribuidos a terceros, pues no se le exigen condiciones de omnipresencia y omnisuficiencia; es claro que las estaciones de policía y en general los sitios públicos y los lugares aquellas situaciones en las que la vida e integridad de los asociados se encuentra en real peligro y amenaza, para el efecto, por la conocida presencia e incursión frecuente de grupos al margen de la ley, las exigencias de protección se potencializan, precisamente con el establecimiento de medidas de protección eficaces y acordes a las circunstancias, pues, de otra manera, no se pueden entender cumplidos los mandatos constitucionales de garantía y respeto de los derechos, libertades y creencias(14).

Vale agregar, a lo expuesto, que al tiempo que a las autoridades les corresponde adoptar medidas generales de seguridad destinadas a la protección de la población civil, en zonas del territorio en las que el orden público se conoce gravemente perturbado; habrán de diseñar e implantar algunas especiales, dirigidas a brindar seguridad personal, en los casos en los que la comunidad afronta riesgos o amenazas concretas, que las autoridades conocen, en cuanto fueron informadas o debieron conocer, en razón de que las graves y particulares condiciones de orden público así lo indican(15).

Esto es lo que acontece tratándose de zonas de presencia de grupos al margen de la ley, en las que sus incursiones se esperan y deben contrarrestarse, dado el peligro en el que se encuentra la población civil(16).

El artículo 13 del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de la población civil señala:

Protección de la población civil

1. La población civil y las personas civiles gozarán de protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares. Para hacer efectiva esta protección, se observarán en todas las circunstancias las normas siguientes.  

2. No serán objeto de ataque la población civil como tal, ni las personas civiles. Quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil.  

3. Las personas civiles gozarán de la protección que confiere este título, salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación. 

La jurisprudencia de esta corporación ha sostenido que el Estado es responsable de reparar los daños sufridos por las víctimas de un hecho violento causado por terceros cuando: (i) el mismo es perpetrado con la intervención o complicidad de agentes del Estado(17), (ii) la persona contra quien se dirigió el ataque solicitó medidas de seguridad que las autoridades no le brindaron(18), (iii) la víctima no solicitó las medidas referidas, pero las fuerzas del orden conocían las amenazas que se cernían contra su vida(19) y (iv) en razón de las especiales circunstancias sociales y políticas del momento, el atentado era previsible y, sin embargo, no se adelantaron las acciones correspondientes(20).

También se ha declarado responsable al Estado por los daños ocasionados por terceros cuando el hecho fue dirigido contra instituciones públicas, en cuanto se advierte más claramente la vulneración del principio de igualdad ante las cargas públicas(21). La administración ha sido absuelta cuando el ataque indiscriminado no podía ser repelido o prevenido. Ha precisado la Sala(22):

Si el atentado es indiscriminado, no es selectivo, y tiene como fin sembrar pánico y desconcierto social como una forma de expresión, por sus propias características cierra las puertas a una posible responsabilidad Estatal ya que es un acto sorpresivo en el tiempo y en el espacio, planeado y ejecutado sigilosamente, y por lo mismo, en principio imposible de detectar por los organismos encargados de la seguridad pública y como ya se ha dicho, los deberes del Estado, que son irrenunciables y obligatorios, no significan que sea por principio omnisciente, omnipresente ni omnipotente, para que responda indefectiblemente y bajo toda circunstancia” 

En el asunto de la referencia, del acervo probatorio que reposa en el plenario se puede colegir que las lesiones sufridas por los señores Numar Bermúdez Nieto, Octavio Quintana y Lizbeth Muñoz Pantoja, causadas por la explosión de una bicicleta-bomba dirigida particularmente contra las autoridades públicas, esto es la Policía Nacional, si se considera que fue colocada en las cercanías de un CAI y que según oficio suscrito por patrulleros adscritos a la entidad antes citada “dicho artefacto estaba dirigido a los policiales que estaban de turno en el CAI Segurito. Lugar del que los particulares no podían sino esperar seguridad, pues al tiempo que resulta ser blanco de personas al margen de la ley está siendo custodiado por personal experto y comprometido, interesado en que la población civil se acerque al lugar con la seguridad de que no será afectada sino protegida en su vida y bienes.

Comprobado, entonces, el daño y su antijuridicidad porque los actores no tendrían que haber soportado la inseguridad del lugar cercano a un centro de atención de la Policía, se deberá establecer si resulta atribuible o imputable a la administración o si se trata del hecho de un tercero, alegado por la entidad pública demandada.

Los elementos probatorios recaudados dan cuenta de que para la época en que sucedieron los hechos, el barrio de Mojica, distrito de Aguablanca de la ciudad de Cali, entre otros sectores de la misma ciudad y demás municipios del departamento del Valle del Cauca, se caracterizaba por la presencia constante de grupos subversivos. Los documentos allegados al proceso dan cuenta de esta circunstancia. Así mismo, la valoración en conjunto de los diferentes medios de prueba demuestra que se trató de un ataque dirigido contra el Centro de Atención Inmediata, CAI móvil ubicado en el barrio Mojica de la ciudad de Cali.

En efecto, la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, mediante el oficio COMAN E-15 de fecha junio 8 de 2006, en respuesta al derecho de petición APGV 3694 elevado por el a quo, dio cuenta de que, para el “día veintiocho de abril del año dos mil cinco (28-04-05) si funcionaba un Centro de Atención Inmediata, pero no contaba con las instalaciones adecuadas para el mismo. Había una carpa donde prestaba el servicio dos policiales por turno (...) de acuerdo con las anotaciones registradas en el libro de población que se llevaba para esa época (...) se puede establecer cómo ocurrieron los hechos y el procedimiento realizado por parte del personal de la policía de esta ciudad” (folio 21, cdno. 2 expediente 2005-2960).

Junto con la respuesta antes señalada, también, la entidad allegó copia del informe, suscrito por los patrulleros de la Policía (PT. Ortega Calvo Sergio y SI. Escobar Márquez Fabio) que conocieron del caso, dirigido al Comandante de la Estación “El Vallado” de la Policía Metropolitana de Cali, en el que se describe los hechos como sigue: “[s]iendo aproximadamente las 15:30 hizo explosión un petardo de 5 kilos, de un explosivo potente no identificado aun por los técnicos antiexplosivos. El cual estaba dentro de un contenedor plástico sujetado a la parrilla de una bicicleta que fue dejada amarrada con unas cadenas a un poste de energía de la carrera 29 con calle 79 AV. Ciudad de Cali. Dicho artefacto estaba dirigido a los policiales que estaban de turno en el CAI Segurito. Gracias a la oportuna información de la comunidad y a la reacción de la patrulla 15-8 (...) se logró la captura del sujeto que dejo abandonada la bicicleta con el explosivo (...) el capturado indica que fue contratado por un individuo al parecer integrante de las milicias urbanas (FARC), el cual se desconoce datos, quien le pagó la suma de $ 300.000 de los cuales le abonó $ 100.000 y una vez ejecutado el hecho le entregaría el resto”.

También el proceso penal allegado al plenario, en respuesta al oficio XAL-070 de 26 de septiembre de 2006 librado por el a quo, obra la indagatoria(23) rendida por el señor Oscar Fernando Ceballos Marín, sindicado del atentado, quien al ser preguntado sobre “si cerca al sitio donde [él] dejó la bicicleta que finalmente hizo explosión, hay algún CAI? CONTESTÓ: si hay un CAI como a media cuadra más o menos” —fls. 100 a 105, cdno. 2 de pruebas, Exp. 2005-2960—.

Además de lo anterior, la copia de la “MINUTA DE VIGILANCIA” y del “RESUMEN DE NOVEDADES, de fecha “280405 remitida por la Policía Metropolitana Santiago de Cali-Décima Quinta Estación El Vallado, en cumplimiento a la orden impartida por el a quo se advierte que la entidad demandada tenía pleno conocimiento de la situación de orden público que afectaba al barrio Mojica de la ciudad de Cali, toda vez que tenía como consignas especiales “Conservar al máximo medidas de seguridad personales y de instalaciones”; “extremar al máximo las medidas de seguridad en los desplazamientos”; estar “atentos a comunicados, puntos críticos, patrullajes constantes” y “no alejarse del cuadrante, informar cualquier caso a la central”; al punto de que sus miembros tenían instrucciones precisas de “utilizar cascos y chalecos antibalas”, “conducir con cuidado”, “buen trato al público”, “conducir a la defensiva”, “no bajar la guardia en las requisas” y “parar revista a los puntos críticos”(24). De manera que es claro que la institución tenía conocimiento de la alteración del orden público en el barrio Mojica de la ciudad de Cali y si bien había tomado medidas preventivas destinadas a la protección de sus uniformados, al punto de ordenarles utilizar cascos y chalecos antibalas era porque presumía de alguna manera lo sucedido, lo cierto es que a la población civil también se le debe protección por parte del Estado. Protección que constitucionalmente debe ser garantizada en el caso concreto por la demandada (art. 218 de la Carta Política).

En conclusión las pruebas antes citadas contradicen el argumento de la entidad pública demandada, en cuanto se dirige a desconocer lo que realmente ocurrió, esto es que el Centro de Atención Inmediata denominado “CAI Segurito”, no contaba con las instalaciones, que el atentado no estaba dirigido a la misma y tampoco contaba con la vigilancia adecuada, dirigida a que la población civil lo frecuentara con confianza, como corresponde a un lugar destinado a su atención. Lo anterior porque, la misma entidad mediante informe, suscrito por los patrulleros de la Policía (PT. Ortega Calvo Sergio y SI. Escobar Márquez Fabio) que conocieron del caso, señalaron que Dicho artefacto estaba dirigido a los policiales que estaban de turno en el CAI Segurito”.

En armonía de lo expuesto, en el asunto de la referencia del análisis de los hechos se puede concluir la ocurrencia de un daño y su antijuridicidad.

6. El daño.

El artículo 90 Constitucional prevé la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, entendido este como “el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo”(25), es decir las lesiones injustificadas a los derechos e intereses patrimoniales y extrapatrimoniales de los asociados, que las autoridades no pueden provocar o tendrían que haber evitado.

Acorde con la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado prevista en el artículo 90 de la Carta Política, establecido el daño y su antijuridicidad, el Estado debe responder por haber dado lugar al mismo por acción u omisión. Lo anterior se ve reflejado en los antecedentes de la Asamblea Nacional Constituyente, a cuyo tenor se lee:

“(...) La noción de daño en este caso, parte de la base de que el Estado es el guardián de los derechos y garantías sociales y que debe, por lo tanto, reparar la lesión que sufre la víctima de un daño causado por su gestión, porque ella no se encuentra en el deber jurídico de soportarlo.  

La responsabilidad se deriva del efecto de la acción administrativa y no de la actuación del agente de la administración causante material del daño, es decir, se basa en la posición jurídica de la víctima y no sobre la conducta del actor del daño, que es el presupuesto de la responsabilidad entre particulares.  

Esta figura tal y como está consagrada en la norma propuesta, comprende las teorías desarrolladas por el Consejo de Estado sobre responsabilidad extracontractual por falta o falla del servicio, daño especial o riesgo...”.(26) 

Conforme a lo anterior, se advierte que el punto de partida para estructurar la responsabilidad del Estado es el daño antijurídico. Así lo ha reiterado la Corte Constitucional(27):

“De manera tal que “la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, razón por la cual se reputa indemnizable”(28), lo cual significó un giro copernicano en el fundamento de la responsabilidad estatal, la cual ya no reposa en la “calificación de la conducta de la Administración, sino la calificación del daño que ella causa” (subrayas en el original)(29). 

“La Corte Constitucional ha entendido que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación estatal armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado social de derecho debido a que al Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los administrados frente a la propia administración(30). Igualmente ha considerado que se ajusta a distintos principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad (art. 1º) y la igualdad (art. 13)(31), y en la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, prevista por los artículos 2º y 58 de la Constitución(32). (Negrilla fuera del texto) 

El segundo elemento que configura la responsabilidad patrimonial del Estado a la luz el artículo 90 constitucional es la imputabilidad del daño antijurídico a las autoridades públicas, aspecto en el cual también ha sido abordado por la jurisprudencia de esta corporación y tratado profusamente por el Consejo de Estado. Esta última autoridad judicial ha sostenido que la imputación está ligada pero no se confunde con la causación material, por cuanto en ciertos eventos se produce una disociación entre tales conceptos, razón por la cual para imponer al Estado la obligación de reparar un daño “es menester, que además de constatar la antijuricidad del mismo, el juzgador elabore un juicio de imputabilidad que le permita encontrar un ´título jurídico´ distinto de la simple causalidad material que legitime la decisión; vale decir, la ´imputatio juris´ además de la imputatio facti”(33) (negrilla fuera del texto).

“La Corte Constitucional ha, de esta manera, reiterado las consideraciones del Consejo de Estado sobre los alcances del inciso primero artículo 90 de la Carta, tribunal que ha resumido su criterio en los siguientes términos:  

(S)on dos las condiciones indispensables para la procedencia de la declaración de la responsabilidad patrimonial con cargo del Estado y demás personas jurídicas de derecho público, a saber: el daño antijurídico y la imputabilidad del daño a alguna de ellas. 

La noción de daño antijurídico es invariable cualquiera sea la clase (contractual o extracontractual) o el régimen de responsabilidad de que se trate; consistirá siempre en la lesión patrimonial o extrapatrimonial que la víctima no está en el deber jurídico de soportar(34) (resaltado fuera del texto original).

“Esta última cita es pertinente para recalcar en la cuestión objeto de estudio en la presente decisión, pues tal como lo ha entendido el Consejo de Estado, la disposición constitucional que regula la materia establece la obligación de reparar los daños antijurídicos provenientes de cualquier autoridad pública. En efecto, como se ha reiterado el precepto simplemente establece dos requisitos para que opere la responsabilidad patrimonial estatal, a saber, que haya un daño antijurídico y que éste sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública, sin hacer distingos en cuanto al causante del daño”(35).

6.1. El daño invocado por los demandantes.

Los demandantes imputan a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, el hecho dañoso consistente en los perjuicios morales y materiales causados como consecuencia de las graves lesiones sufridas por los señores Numar Bermúdez Nieto, Octavio Quintana y Lizbeth Muñoz Pantoja, el 28 de abril de 2005, a raíz del atentado perpetrado contra las instalaciones de un Centro de Atención Inmediata, CAI de la Policía, cerca al CAI Segurito, ubicado en el barrio Mojica de la ciudad de Cali.

Ahora, el daño por el que reclaman los demandantes está debidamente acreditado, pues, como está relacionado en acápites anteriores —en las pruebas relacionadas y transcritas—, los señores Numar Bermúdez Nieto, Octavio Quintana y Lizbeth Muñoz Pantoja, el 28 de abril de 2005, fueron afectados por una bomba ubicada cerca de las instalaciones del Centro de Atención Inmediata, CAI Segurito de la Policía, en el barrio Mojica de la ciudad de Cali, con graves lesiones que les ocasionaron secuelas de carácter permanente y pérdida de la capacidad laboral. Daños que tanto cada uno de los nombrados como su grupo familiar no tendrían que soportar.

El estudio del asunto de la referencia implica un análisis que, acorde con el artículo 90 de la Carta Política, tenga como punto de partida el daño antijurídico que sufrieron los demandantes. De ahí que es tarea del Estado, con fundamento en la disposición señalada, velar porque las instituciones dedicadas a la atención de la población ofrezcan seguridad, de suerte que el tránsito por sus cercanías no comporte riesgo para la población, como acontece en el asunto en estudio.

Lo anterior, en cuanto se encuentra acreditada la colocación de un artefacto explosivo al Centro de Atención Inmediata “CAI Segurito” del barrio Mojica de la ciudad de Cali, que causó graves heridas al conductor de un vehículo de servicio público y a los ocupantes del mismo, a “dos policiales que se encontraban de servicio” en dicho CAI, la “destrucción de un poste de energía, destrucción de ventanales en casas de los alrededores, derribamiento de una pared de la ferretería Pizamos”, así como la destrucción del vehículo de servicio público donde se transportaban las personas que resultaron heridas(36).

Al respecto de la protección de la población civil, la jurisprudencia señala(37):

“En el mismo precedente se señaló que la posición de garante ya ha sido acogida en la jurisprudencia interamericana de derechos humanos, afirmándose, 

“La atribución de responsabilidad al Estado por actos de particulares puede darse en casos en que el Estado incumple, por acción u omisión de sus agentes cuando se encuentren en posición de garantes, esas obligaciones erga omnes contenidas en los artículos (sic) 1.1 y 2 de la Convención.  

“La responsabilidad internacional de los Estados Partes es, en este sentido, objetiva o ‘absoluta’, teniendo presentes conjuntamente los dos deberes generales, estipulados en los artículos 1º(1) y 2º de la Convención Americana.”(38)

Se trata de afirmar la responsabilidad del Estado pese a que los hechos son causados por terceros, en la medida en que a la administración pública le es imputable al tener una “posición de garante institucional”, del que derivan los deberes jurídicos de protección consistentes en la precaución y prevención de los riesgos en los que se vean comprometidos los derechos humanos de los ciudadanos que se encuentran bajo su cuidado, tal como se consagra en el artículo 2º de la Carta Política. Luego, sustancial para endilgar la responsabilidad es que se deduzca a quién competía el deber de evitar las amenazas y riesgos para los derechos humanos de las personas afectadas. De acuerdo con la doctrina, 

“La otra fuente de la posición de garantía tiene lugar cuando el sujeto pertenece a una institución que lo obliga a prestar ciertos deberes de protección a personas que se encuentran dentro de su ámbito de responsabilidad. La característica de esta fuente, es que la posición de garante surge aunque el sujeto no haya creado los riesgos para los bienes jurídicos. Por ejemplo: la fuerza pública tiene dentro de su ámbito de responsabilidad la protección de la vida de los ciudadanos, y, si un miembro de ella que tiene dentro de su ámbito específico la salvaguarda de la población civil no evita la producción de hechos lesivos por parte de terceros, la vulneración de los derechos humanos realizados por un grupo al margen de la ley le son imputables. Al serles atribuidos al servidor público por omisión de sus deberes de garante, surge inmediatamente la responsabilidad internacional del Estado. Debemos anotar, que la posición de garante institucional no sólo genera deberes de protección frente a peligros originados en terceros (seres humanos), sino también con respecto a fuerzas de la naturaleza”(39). 

En un asunto similar, la Sala conoció de un ataque dirigido contra el Estado, cuyo radio de acción no se limitó a objetivos estrictamente militares, sino que comprendió también a la población civil y que, en tales circunstancias causó daños a los demandantes, dando lugar al rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas, que debe ser indemnizado(40). Al tiempo, calificó los títulos como herramientas de motivación para dar mayor fuerza a la imputación en orden a materializar el valor justicia. De la decisión se destacan los siguientes apartes:

“Y es que si bien ha sido claro para la Sección Tercera que la teoría del daño especial exige un factor de atribución de responsabilidad al Estado, es decir, que el hecho causante del daño por el que se reclame pueda imputársele jurídicamente dentro del marco de una “actuación legítima”, esta “actuación” no debe reducirse a la simple verificación de una actividad en estricto sentido físico, sino que comprende también aquellos eventos en los que la imputación es principalmente de índole jurídica y tiene como fuente la obligación del Estado de brindar protección y cuidado a quienes resultan injustamente afectados.

En conclusión, la Sección considera que en este caso resulta aplicable la teoría del daño especial, habida cuenta que el daño, pese que se causó por un tercero, lo cierto es que ocurrió dentro de la ya larga confrontación que el Estado ha venido sosteniendo con grupos subversivos, óptica bajo la cual, no resulta constitucionalmente aceptable que el Estado deje abandonadas a las víctimas y, que explica que la imputación de responsabilidad no obedezca a la existencia de conducta alguna que configure falla en el servicio, sino que se concreta como una forma de materializar los postulados que precisamente justifican esa lucha contra la subversión y representan y hacen visible y palpable, la legitimidad del Estado. 

Finalmente, en cuanto al hecho de un tercero propuesto por la parte demandada como eximente de responsabilidad, ha de decir la Sala, como consecuencia de todo lo anteriormente dicho, no aparece configurado en este caso por cuanto la obligación indemnizatoria que se deduce no parte de la determinación del causante del daño, —fuerzas estatales o miembros de los grupos alzados en armas—, sino que, como se vio previamente, proviene del imperativo de protección de la víctima en aplicación de los principios de justicia y equidad(41).  

De ahí que la Sala confirmará la sentencia impugnada, en cuanto a la declaratoria de responsabilidad(42).

7. Liquidación de perjuicios.

Estando acreditado que en el sub lite existen razones para imputar a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional los daños y perjuicios sufridos por los demandantes, la Sala debe pronunciarse sobre el monto de la indemnización.

7.1. Perjuicios materiales.

En lo que tiene que ver con los perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, se tiene:

a) NUMAR BERMÚDEZ NIETO: Proceso 2005-3034

El señor Numar Bermúdez Nieto solicita a título i) de lucro cesante la reparación por “la pérdida de capacidad laboral legalmente determinada, sus ingresos promedio mensual, el período de vida probable de la afectada (sic), así como los intereses compensatorios desde la fecha de su causación hasta cuando se produzca la indemnización” la “suma de CIEN MILLONES DE PESOS m/cte. ($ 100.000.000.oo)” y ii) de daño emergente, en razón a las lesiones sufridas y a los gastos médicos que tuvo que sufragar la “suma aproximada de CINCO MILLONES DE PESOS ($ 5.000.000.oo)”.

El a quo, para liquidar los perjuicios materiales solicitados por el antes nombrado, tuvo en cuenta el salario acreditado por el señor Bermúdez Nieto al momento de los hechos debidamente actualizado, esto es la suma de $ 651.838,89. Al respecto señaló: “el 100% de este valor ($ 651.838,89) se tendrá en cuenta como suma base para el cálculo de la indemnización correspondiente, que comprende dos períodos: uno vencido o consolidado, que se cuenta desde la fecha en que ocurrieron los hechos hasta el presente, para un total de 61 meses, y el otro, futuro o anticipado que corre desde la presente fecha hasta llegar a la vida probable del actor quien para la época de los hechos ostentaba 37 años de edad, o sea una vida probable de 39,58 años, es decir 474,96 meses, restando el período vencido, queda un total de 413,96 meses”; en conclusión el a quo reconoció por este concepto la suma de $ 15’971.543,16, conforme se transcribe:

Lucro cesante consolidado 4.547.257,23
Lucro cesante futuro11.424.285,92
Total a pagar 15.971.543,16

Cabe advertir que, dado que la suma antes transcrita no fue objeto del recurso de apelación por parte del demandante, esta será actualizada como sigue:

• Suma actualizada, por concepto de perjuicios materiales —lucro cesante—:

 
Ipc (i)

Ra = Rh

Ipc (f) 

Ipc (i)

En donde

Ra=Renta actualizada a establecer
Rh=Valor reconocido en la sentencia de primera instancia, es decir, $ 15’971.543,16.
Ipc(f)=El índice de precios al consumidor a la fecha de la sentencia de segunda instancia.
Ipc(i)=El índice de precios al consumidor a la fecha de la sentencia de primera instancia

Al aplicar esta fórmula al caso concreto se obtiene el siguiente resultado

Ra = 15’971.543,16 137,71

104,29

Ra = $ 21’089.665,43

b) OCTAVIO QUINTANA: Proceso 2006-3335

El señor Octavio Quintana solicita a título de i) lucro cesante se tenga en cuenta “la pérdida de capacidad laboral legalmente determinada, sus ingresos promedio mensuales, el período de vida probable del afectado, así como los intereses compensatorios desde la fecha de su causación hasta cuando se produzca la indemnización”; perjuicios que estimó en la “suma de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS m/cte. ($ 300.000.000.oo)” y ii) daño emergente, en razón a las lesiones sufridas y a los gastos médicos que de manera permanente a tenido que sufragar solicita la “suma aproximada de CINCO MILLONES DE PESOS ($ 5.000.000.oo)”.

El a quo para liquidar los perjuicios materiales solicitados por el antes nombrado tuvo en cuenta el salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de la sentencia de primera instancia, incrementado en un 25% por concepto de prestaciones sociales, esto es la suma de $ 643.750,00. Al respecto señaló: “el 100% de este valor ($ 643.750,00) se tendrá en cuenta como suma base para el cálculo de la indemnización correspondiente, que comprende dos períodos: uno vencido o consolidado, que se cuenta desde la fecha en que ocurrieron los hechos hasta el presente, para un total de 61 meses, y el otro, futuro o anticipado que corre desde la presente fecha hasta llegar a la vida probable del actor quien para la época de los hechos ostentaba 58 años de edad, o sea una vida probable de 25,05 años, es decir 336,60 meses, restando el período vencido, queda un total de 275,60 meses”; en conclusión le reconoció por este concepto la suma de $ 143’160.458,23, como se transcribe:

Lucro cesante consolidado 45.592.170,59
Lucro cesante futuro97.568.287,64
Total a pagar 143.160.458,23

Cabe señalar que, dado que la suma reconocida por el a quo no fue objeto del recurso de apelación por el señor Octavio Quintana, ésta será actualizada como sigue:

• Suma actualizada, por concepto de perjuicios materiales:

Ra= Rh

Ipc (f) 

Ipc (i)

En donde

Ra=Renta actualizada a establecer
Rh=Valor reconocido en la sentencia de primera instancia, es decir, $ 143’160.458,23.
Ipc(f)=El índice de precios al consumidor a la fecha de la sentencia de segunda instancia.
Ipc(i)=El índice de precios al consumidor a la fecha de la sentencia de primera instancia

Al aplicar esta fórmula al caso concreto se obtiene el siguiente resultado

Ra = 143’160.458,23 137,71

104,29

Ra = $ 189’036.597,00

c) LIZBETH MUÑOZ PANTOJA: Proceso 2005-2960

La señora Lizbeth Muñoz Pantoja solicitó a título de i) lucro cesante por “la pérdida de capacidad laboral legalmente determinada, sus ingresos promedio mensuales, el período de vida probable de la afectada, así como los intereses compensatorios desde la fecha de su causación hasta cuando se produzca la indemnización”, la “suma de CIEN MILLONES DE PESOS m/cte. ($ 100.000.000.oo)” y ii) de daño emergente, en razón a las lesiones sufridas y a la atención y asistencia médica que tuvo que sufragar la “suma aproximada de DIEZ MILLONES DE PESOS ($ 10.000.000.oo)”.

En cuanto a la solicitud de la señora Lizbeth Muñoz Pantoja el a quo resolvió lo que se transcribe: “No se liquidan perjuicios materiales para la joven LIZBETH MUÑOZ PANTOJA, toda vez que no se determinó pérdida de la capacidad laboral conforme al acta de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, que obra a folio 370 a 375 cuaderno Nº 2, con los precedentes que al momento de los hechos era estudiante, no trabajaba y no hay prueba que acredite incapacidad alguna a favor de la reclamante. Al respecto, cabe resaltar que lo anterior no fue objeto del recurso de apelación por parte de la demandante. Siendo así, la decisión por este aspecto será confirmada.

7.2. Perjuicios morales.

Es preciso determinar si la cuantía reconocida por el a quo como indemnización por los perjuicios morales coinciden con los topes jurisprudencialmente señalados para la compensación del daño moral por lesiones personales, con la advertencia de que los mismos podrán ser modificados. De una parte, porque la parte actora señala su inconformidad en el quantum reconocido y de otra, en cuanto la entidad apela la responsabilidad, esto es, el daño, la imputación y la indemnización.

La Sala Plena de la Sección unificó la jurisprudencia en torno a los perjuicios morales a reconocer a la víctima directa y al grupo familiar en caso de lesiones personales. Lo anterior fundado en el dolor o padecimiento que se causa, tanto a las víctimas como a sus familiares y demás personas allegadas. Para el efecto fijó como referente para la liquidación de dicho perjuicio, en los eventos de lesiones, la valoración de la gravedad o levedad de la lesión reportada por la víctima, así:

S2006-03335CE fig 1
 

Para el efecto, precisó la jurisprudencia:

“Deberá verificarse la gravedad o levedad de la lesión causada a la víctima directa, la que determinará el monto indemnizatorio en salarios mínimos. Para las víctimas indirectas se asignará un porcentaje de acuerdo con el nivel de relación en que éstas se hallen respecto del lesionado, conforme al cuadro.

La gravedad o levedad de la lesión y los correspondientes niveles se determinarán y motivarán de conformidad con lo probado en el proceso.  

Nivel Nº 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno- filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. Grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes). Tendrán derecho al reconocimiento de 100 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 80 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 60 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 40 SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 20 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 10 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior al 10%. 

Nivel Nº 2. Donde se ubica la relación afectiva, propia del segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos). obtendrán el 50% del valor adjudicado al lesionado o víctima directa, de acuerdo con el porcentaje de gravedad de la lesión, como se describe: tendrán derecho al reconocimiento de 50 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 40 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 30 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 20 SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 10 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 5 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior al 10%.  

Nivel Nº 3. Está comprendido por la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. Adquirirán el 35% de lo correspondiente a la víctima, de acuerdo con el porcentaje de gravedad de la lesión, como se indica: tendrán derecho al reconocimiento de 35 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 28 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 21 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 14 SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 7 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 3,5 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior al 10%.  

Nivel Nº 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil. Se reconocerá el 25% de la indemnización tasada para el lesionado, de acuerdo con el porcentaje de gravedad de la lesión, como se señala: tendrán derecho al reconocimiento de 25 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 20 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 15 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 10 SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 5 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 2,5 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior al 10%. 

Nivel Nº 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). Se concederá el 15% del valor adjudicado al lesionado, de acuerdo con el porcentaje de gravedad de la lesión, como se presenta: tendrán derecho al reconocimiento de 15 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 12 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 9 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 6 SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 3 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 1,5 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 1% e inferior al 10%”(43). 

Así las cosas, se tiene que:

a) NUMAR BERMÚDEZ NIETO: Proceso 2005-3034

El señor Numar Bermúdez Nieto solicita por concepto de perjuicios morales el equivalente a 100 smlmv como víctima directa, 80 smlmv para su cónyuge y 60 smlmv para su hijo y hermana. Al respecto el a quo resolvió reconocer el equivalente a 40 smlmv para el señor Numar Bermúdez en calidad de víctima y 20 smlmv para cada uno de los integrantes de su grupo familiar, esto es cónyuge, padre, hijo y hermana.

Suma que la parte actora impugna en cuanto, a su parecer, lo reconocido no tiene en cuenta las lesiones y secuelas sufridas; empero acorde con la jurisprudencia antes señalada se debe tener en cuenta el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral, esto es de 9.85% y siendo así le corresponde la suma equivalente a 10 smlmv, igual suma para su esposa, padre e hijo y 5 smlmv para su hermana. De suerte que en este sentido se corregirá la providencia.

b) OCTAVIO QUINTANA: Proceso 2006-3335

El señor Octavio Quintana solicita por concepto de perjuicios morales el equivalente a 200 smlmv, 100 smlmv para cada uno de sus hijos y 80 smlmv para cada uno de sus nietos. El a quo reconoció 100 smlmv para el señor Quintana en calidad de víctima y 40 smlmv para cada uno de sus hijos y nietos. Si bien, conforme a la jurisprudencia unificada antes señalada correspondería a cada uno de los hijos del antes nombrado el equivalente a 100 smlmv y para cada uno de sus nietos 50 smlmv, en razón a que la gravedad de la lesiones están determinadas en el 76.80%, esto es superior al 50% que establece la tabla antes transcrita; los mismos no serán incrementados por cuanto no fueron impugnados. En consecuencia la suma reconocida en primera instancia será confirmada.

a) LIZBETH MUÑOZ PANTOJA: Proceso 2005-2960

La señora Lizbeth Muñoz Pantoja solicita por concepto de perjuicios morales el equivalente a 100 smlmv, 80 smlmv para cada uno de sus padres y 60 para cada uno de sus hermanos. El a quo reconoció 50 smlmv para la señora Muñoz Pantoja en calidad de víctima y 20 smlmv para cada uno de los miembro de su grupo familiar.

Ahora, si bien, conforme a la jurisprudencia unificada antes señalada no correspondería indemnización alguna, en razón a que dicha indemnización debe ser determinada por el porcentaje dado a la gravedad de la lesiones sufridas y en el caso concreto a la señora Lizbeth no se le otorgó porcentaje alguno en razón a que para la época de los hechos la antes nombrada se encontraba solo estudiando, lo cierto es que advierte la Sala que la señora Muñoz Pantoja sufrió deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente, por cicatrices en sus extremidades inferiores y deficiencia auditiva por pérdida conductiva de oído izquierdo(44).

Por lo anterior, vale la pena resaltar que esta corporación unificó la jurisprudencia en lo que tiene que ver con el daño moral en asuntos donde no ha sido definido y/o cuantificado el porcentaje de la gravedad de las lesiones sufridas. Señala la decisión:

“4.1. Perjuicios morales 

(...) habida cuenta de que el daño moral es de suyo imposible de cuantificar por ser éste de carácter inmaterial, es necesario fijar el monto de la indemnización valiéndose de la facultad discrecional que le asiste a la Sala en estos casos y de conformidad con los parámetros establecidos jurisprudencialmente(45): i) la indemnización se hace a título de compensación, más no de restitución ni de reparación; ii) la tasación debe realizarse con aplicación del principio de equidad previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; iii) la determinación del monto debe estar sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso y que están relacionados con las características del perjuicio y iv) debe estar fundamentada, cuando sea del caso, en otras providencias para garantizar el principio de igualdad. 

Probado, como está, que la señora Amparo de Jesús Ramírez Suárez Velásquez no fue tratada de modo coherente con la dignidad humana ni con los estándares de la lex artis y que de dicha conducta (que ya de por sí lesiva) se siguió la muerte de su hija antes del parto y la práctica de una cesárea que habría podido ser evitada, se arriba fácilmente a la conclusión de que su sufrimiento fue superlativo. Análogas consideraciones se pueden hacer respecto de su compañero y padre de la criatura, Nelson González Sotomayor, quien también tuvo que padecer la muerte de su hija no nacida y contemplar impotente los padecimientos físicos y morales de su pareja. Por esta razón, en el caso concreto la indemnización que debería reconocerse a los actores, debe coincidir con el tope establecido jurisprudencialmente para el daño moral, esto es, 100 smlmv. Empero, aunque reconocerá este monto al padre no modificará la indemnización reconocida en primera instancia a la señora Amparo de Jesús (90.89 smlmv), en la medida en que ésta no fue objeto de impugnación por la parte actora y no le es dado a la Sala reconocer más que lo que ha sido objeto de apelación. Se aclara, eso sí, que la indemnización de la señora Ramírez Suárez ha de pagarse de acuerdo con el valor del salario mínimo en el momento en que se haga el pago, y no según dicha cifra en el momento de proferirse la sentencia de primera instancia”. 

Siendo así, la Sala confirmará la decisión de primera instancia en lo que tiene que ver con los perjuicios morales reconocidos a la señora Muñoz Pantoja y su grupo familiar, toda vez que como se señaló la antes citada sufrió lesiones que le causaron deformidad física de carácter permanente en sus extremidades inferiores y deficiencia auditiva por pérdida conductiva de oído izquierdo.

7.2(sic). Perjuicios por daño a la vida de relación.

En lo que tiene que ver con este perjuicio, la Sala debe anotar que, en sentencia de 14 de septiembre de 2011, la Sala Plena de la Sección readoptó la noción de daño a la salud, fisiológico o biológico, dejando atrás los denominados “alteración a las condiciones de existencia” y “vida de relación”, pero con su contenido y alcance primigenio, esto es, referido a la afectación o limitación a la integridad psicofísica de la persona(46).

Por daño a la salud se reconoce como proveniente de una afectación a la integridad psicofísica, en el ámbito físico, psicológico, sexual o estético, de tal forma que siempre que el daño consista en una lesión a la salud, será procedente establecer el grado de afectación del derecho constitucional y fundamental (art. 49, C.P.), sin que sea procedente otro tipo de daños (v.gr. la alteración a las condiciones de existencia).

Reforzando la misma idea, “(...) un daño a la salud desplaza por completo a las demás categorías de daño inmaterial como lo son la alteración grave a las condiciones de existencia —antes denominado daño a la vida de relación— precisamente porque cuando la lesión antijurídica tiene su génesis en una afectación negativa del estado a la salud, los únicos perjuicios inmateriales que hay lugar a reconocer son el daño moral y el daño a la salud”.

La Sala precisó que “(...) desde esta panorámica, los daños a la vida de relación o a la alteración a las condiciones de existencia, no podrán servir de instrumento para obtener la reparación del daño a la salud, es decir, son improcedentes para reparar las lesiones a la integridad sicofísica”, lo cual tiene su razón de ser en la ambigüedad conceptual tanto del daño a la vida de relación y en la alteración a las condiciones de existencia, puesto que la falta de limitación conceptual y la imprecisión de ambos impiden su objetivización.

Si el daño a la salud gana precisión, claridad y concreción para efectos de su indemnización, en tanto está referido a la afectación de la integridad psicofísica del sujeto, encaminado a cubrir no solo la modificación de la unidad corporal sino las consecuencias que el mismo genera, su tasación deberá ser objetiva, en tanto que determinado el alcance del daño a la salud, éste deberá tener correspondencia con el perjuicio causado para efectos de su valoración económica y su reparación integral.

Igualmente, la Sala unificó la jurisprudencia para precisar que:

“3.2.2 Sobre el daño a la salud  

(...) Sobre este punto es necesario precisar que tanto la doctrina como la jurisprudencia han sido poco precisas en lo concerniente al nomen iuris de los daños inmateriales, distintos del daño moral. En lo específicamente concerniente a los daños derivados de la lesión psicofísica, existió una cierta oscilación entre posturas que lo subsumían en conceptos globales como “daño a la vida en relación” y su reconocimiento como entidad autónoma bajo denominaciones como “daño a la salud” o “perjuicio fisiológico” o daño corporal. Así mismo, persistían las dudas respecto de la extensión y la comprensión del concepto de daño a la salud, entendiendo algunos que aquel comprendía únicamente el hecho de la perturbación psiquicofísica (daño evento), mientras que otros incluían dentro de él también la repercusión que la misma en las condiciones de vida de la víctima (daño consecuencia), determinadas éstas en atención a su subjetividad, gustos, aficiones y modo de vida. 

Las antedichas imprecisiones que durante mucho tiempo dominaron en la jurisprudencia y la doctrina fueron superadas mediante sentencias de 14 de septiembre de 2011, en la que la Sección establece, claramente que el daño inmaterial derivado de la alteración de la salud psicofísica es una categoría jurídica autónoma, no subsumible dentro del concepto de “daño a la vida en relación” y comprensiva de aspectos diversos aspectos. En lo relativo a autonomía y no subsunción ni identificación de los conceptos de daño a la salud y “daño a la vida de relación” o “a la alteración de las condiciones de existencia”, la Sala sostuvo: 

(...) “daño a la salud” —esto es el que se reconoce como proveniente de una afectación a la integridad psicofísica— ha permitido solucionar o aliviar la discusión, toda vez que reduce a una categoría los ámbitos físico, psicológico, sexual, etc., de tal forma que siempre que el daño consista en una lesión a la salud, será procedente determinar el grado de afectación del derecho constitucional y fundamental (art. 49) para determinar una indemnización por este aspecto, sin que sea procedente el reconocimiento de otro tipo de daños (v.gr. la alteración de condiciones de existencia), en esta clase o naturaleza de supuestos. 

(...)  

Lo anterior, refuerza aún más la necesidad de readoptar la noción de daño a la salud, fisiológico o biológico, como ahora lo hace la Sala, pero con su contenido y alcance primigenio, esto es, referido a la afectación o limitación a la integridad psicofísica de la persona, como quiera que haberlo subsumido en unas categorías o denominaciones que sirven para identificar perjuicios autónomos que han sido reconocidos en diversas latitudes, como por ejemplo la alteración de las condiciones de existencia (v.gr. Francia), se modificó su propósito que era delimitar un daño común (lesión a la integridad corporal) que pudiera ser tasado, en mayor o menor medida, a partir de parámetros objetivos y equitativos, con apego irrestricto a principios constitucionales de igualdad(47).  

Estas mismas sentencias precisaron, por lo demás, que el concepto de salud constitucionalmente protegido y cuya violación da lugar a reparación en el ámbito de la responsabilidad estatal, no está limitado a la mera funcionalidad orgánica cuantificable en porcentajes de invalidez. En efecto, la Sala acogió la definición de la Organización Mundial de la Salud de este bien jurídico en términos de “estado completo de bienestar físico, psíquico, y social, no circunscrito a la ausencia de afecciones y enfermedades”(48), el cual, valga la pena destacar, también ha sido reiteradamente admitido por jurisdicción constitucional(49).  

La Sala reitera la jurisprudencia precedente en cuanto a la no subsunción del daño a la salud en categorías jurídicas excesivamente abiertas y omnicomprensivas, como el daño a la vida en relación que, como bien se ha puesto de presente en fallos anteriores, cierra las posibilidades de acudir a criterios más objetivos de tasación del daño, impropios de categorías vagas y omnicomprensivas. Sin embargo, se estima necesario hacer algunas aclaraciones sobre la naturaleza de este daño así como sobre los criterios de conocimiento y prueba de los mismos.  

En primer lugar, es necesario aclarar que, a la luz de la evolución jurisprudencial actual, resulta incorrecto limitar el daño a la salud al porcentaje certificado de incapacidad, esto es, a la cifra estimada por las juntas de calificación cuando se conoce. Más bien se debe avanzar hacia un entendimiento más amplio en términos de gravedad de la afectación corporal o psicofísica, debidamente probada dentro del proceso, por cualquiera de los medios probatorios aceptados, relativa a los aspectos o componentes funcionales, biológicos y psíquicos del ser humano. Para lo anterior el juez deberá considerar las consecuencias de la enfermedad o accidente que reflejen alteraciones al nivel del comportamiento y desempeño de la persona dentro de su entorno social y cultural que agraven la condición de la víctima. Para estos efectos, de acuerdo con el caso, se podrán considerar, entre otras, las siguientes variables:  

— La pérdida o anormalidad de la estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica (temporal o permanente) 

— La anomalía, defecto o pérdida producida en un miembro, órgano, tejido u otra estructura corporal o mental. 

— La exteriorización de un estado patológico que refleje perturbaciones al nivel de un órgano.  

— La reversibilidad o irreversibilidad de la patología.  

— La restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad normal o rutinaria.  

— Excesos en el desempeño y comportamiento dentro de una actividad normal o rutinaria. 

— Las limitaciones o impedimentos para el desempeño de un rol determinado. 

— Los factores sociales, culturales u ocupacionales. 

— La edad. 

— El sexo. 

— El dolor físico, considerado en sí mismo. 

— El aumento del riesgo vital o a la integridad 

— Las condiciones subjetivas que llevan a que una determinada clase de daño sea especialmente grave para la víctima (v.gr. pérdida de una pierna para un atleta profesional)  

Prima facie, la distinción podría parecer un simple matiz, por lo que se ha de insistir en las implicaciones de esta precisión. Básicamente, se cambia de una concepción primordialmente cuantitativa en donde el criterio de tasación consiste en un porcentaje, a una concepción cualitativa del daño objetivo, en la que lo que predomina es la noción de gravedad de la alteración psicofísica, frente a la cual existe libertad probatoria. Sobre este punto la Sala ha de insistir en que no hay en la Constitución o en la normatividad infraconstitucional fundamento alguno para constituir los dictámenes sobre porcentajes de invalidez de las juntas de calificación de invalidez en prueba única e incontestable de la gravedad del daño.  

Por lo demás, se ha de notar que el concepto cualitativo de alteración psicofísica tiene una mayor extensión el relacionado con el mero porcentaje de incapacidad, especialmente cuando éste se entiende referido a lo meramente laboral. Esto es así porque existen circunstancias de afectación la integridad física o de limitación de funciones, cuya gravedad y aptitud para afectar la calidad de vida no se alcanzan a reflejar adecuadamente en la medición meramente cualitativa de la incapacidad. Este es el caso de lo que en algunas ocasiones se ha llamado daño estético(50) (subsumido dentro de esta dimensión del daño a la salud) o la lesión de la función sexual(51), componentes del daño a la salud que muy difícilmente se consideran constitutivos de incapacidad. 

También se unifica la jurisprudencia en lo relativo al tema espinoso del daño temporal. En efecto, al dejarse claro que la duración del daño es factor a tener en cuenta para la tasación del mismo, se aclara que el carácter permanente de la alteración o la secuela no es requisito esencial para el reconocimiento del perjuicio a la salud. Y es que, en efecto, la Sala no encuentra razones para estimar que el daño que se ha curado o mitigado jamás tuvo lugar (falseamiento de los hechos) o, lo que es aún más peligroso, que los sujetos están obligados a soportar la afectación del bien jurídico de la salud siempre y cuando ésta sea reversible. Según esta absurda hipótesis, en efecto, tendría sentido desestimar las pretensiones de alguien que padeció una incapacidad total durante varios años y luego se recuperó, bajo el argumento de que el daño fue revertido. En esta misma línea se ha de aclarar también, que la Sala abandona definitivamente la tesis de que solo se ha de indemnizar lo que constituya una alteración grave de las condiciones de existencia. En efecto, dado que no es razonable suponer que alguien tenga el deber de soportar la alteración psicofísica de menor entidad, no existe razón para desestimar su antijuridicidad y, por tanto, su mérito indemnizatorio. 

En igual sentido, se entenderá aquí que, en tanto que el concepto de salud no se limita a la ausencia de enfermedad, cabe comprender dentro de éste la alteración del bienestar psicofísico debido a condiciones que, en estricto sentido, no representan una situación morbosa, como por ejemplo, la causación injustificada de dolor físico o psíquico (estados de duelo). Y es que, en efecto, el dolor físico o psíquico bien pueden constituirse, en un momento dado, en la respuesta fisiológica o psicológica normal a un evento o circunstancia que no tenía por qué padecerse.  

En conclusión se puede decir que se avanza a una noción más amplia del daño a la salud, que se pasa a definir en términos de alteración psicofísica que el sujeto no tiene el deber de soportar, sin importar su gravedad o duración y sin que sea posible limitar su configuración a la existencia de certificación sobre la magnitud de la misma.  

Es menester aclarar que la apertura definitiva del espectro probatorio para la acreditación del daño a la salud puede generar circunstancias en las que, como en el caso sub lite, se pueda acreditar la existencia de un cierto tipo de alteración psicofísica, sin que ello comporte certeza sobre su naturaleza, intensidad y duración. En estos casos, bien puede el juez acudir a la literatura científica para complementar e interpretar las pruebas obrantes en el proceso. Esta afirmación debe ser cuidadosamente distinguida de la aceptación de que la literatura científica pueda ser tenida como reemplazo absoluto de las pruebas concernientes a los hechos singulares discutidos en el proceso, como lo son la historia clínica, o demás pruebas documentales o testimoniales. Lo que se afirma, más bien es que la literatura científica se acepta como criterio hermenéutico del material probatorio en aquellos casos en los que éste no resulta suficientemente conclusivo. 

(...) 

En los casos de reparación del daño a la salud se reiteran los criterios contenidos en la sentencia de unificación del 14 de septiembre de 2011, expediente 19031, proferida por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, y se complementan los términos de acuerdo con la evolución jurisprudencial de la Sección Tercera. 

La indemnización, en los términos del fallo referido está sujeta a lo probado en el proceso, única y exclusivamente para la victima directa, en cuantía que no podrá exceder de 100 S.M.L.M.V, de acuerdo con la gravedad de la lesión, debidamente motivada y razonada, conforme a la siguiente tabla:  

S2006-03335CE fig 2
 

Bajo este propósito, el juez debe determinar el porcentaje de la gravedad o levedad de la afectación corporal o psicofísica, debidamente probada dentro del proceso, relativa a los aspectos o componentes funcionales, biológicos y psíquicos del ser humano”(52). 

Atendiendo lo señalado por la jurisprudencia unificada de la Sección, la Sala analizará, en el sub lite, cada uno de los casos concretos así:

a) NUMAR BERMÚDEZ NIETO: Proceso 2005-3034

El señor Numar Bermúdez Nieto solicita por daño a la vida de relación el equivalente a 200 smlmv, en razón a las “gravísimas lesiones que le afectaron su brazo derecho, oídos, ojos, tórax y labios”. También solicita el equivalente a 200 smlmv por “daño estético”, fundado en que “este perjuicio es diferente a cualquiera de los que jurisprudencialmente se ha reconocido, pues sus características propias no permite un encuadramiento si quiera dentro del denominado “moral”, ni el llamado de “vida en relación” antes fisiológico”. Solicitudes que el a quo negó sin pronunciamiento alguno al respecto. Decisión que el antes nombrado impugna, por cuanto las lesiones sufridas le afectaron gravemente sus actividades personales y familiares.

En este punto y atendiendo lo expuesto, en cuanto el perjuicio a la vida de relación es aquel que deviene de la “alteración psicofísica que el sujeto no tiene el deber de soportar, sin importar su gravedad o duración y sin que sea posible limitar su configuración a la existencia de certificación sobre la magnitud de la misma”, cabe traer a colación lo señalado por el Instituto de Medicina Legal, en cuanto señala que el señor Bermúdez Nieto sufrió deformidad física que afecta el cuerpo y perturbación funcional del órgano de la visión de carácter permanente(53).

Siendo así, conforme a la jurisprudencia unificada y dado que la gravedad de la lesión fue fijada en el 9.85% corresponde por daño a la vida de relación un equivalente a 10 smlmv, suma que será incrementada en 10 smlmv, en razón a la deformidad de carácter permanente producida por las “ostensibles”(54) cicatrices en el antebrazo derecho, la que si bien no constituyen alteración fisiológica o incapacidad laboral, tienen connotaciones estéticas y por tanto repercuten gravemente en la esfera afectiva y relacional del actor(55).

Ahora, en cuanto a la solicitud deprecada por daño estético, el mismo será negado, toda vez que, de una parte en virtud de la decisión unificada de la Corporación el mismo se encuentra subsumido dentro del daño a la salud y de otra en el párrafo anterior se señaló que el daño a la vida de relación será incrementado en 10 smlmv en razón a la deformidad de carácter permanente producida por las ostensibles cicatrices que comportan connotaciones estéticas.

b) OCTAVIO QUINTANA: Proceso 2006-3335

El señor Octavio Quintana solicita por daño a la vida de relación el equivalente a 200 smlmv, en razón a las “gravísimas lesiones que le afectaron sus extremidades superiores e inferiores y le causaron una pérdida del órgano de la visión de carácter permanente”. Igualmente solicita el equivalente a 200 smlmv por “daño estético”, fundado en que “este perjuicio es diferente a cualquiera de los que jurisprudencialmente se ha reconocido, pues sus características propias no permite un encuadramiento si quiera dentro del denominado “moral”, ni el llamado de “vida en relación”. Perjuicios que el a quo reconoció en la suma equivalente a 40 y 20 smlmv, respectivamente.

En este punto, cabe resaltar, que si bien los mismos no fueron objeto de impugnación por el actor, es menester revisarlos en razón a la apelación interpuesta por la entidad demandada. Siendo así, se observa que si bien lo reconocido por el a quo no se acompasa a los parámetros generales antes transcritos, en lo que tiene que ver con el perjuicio a la vida de relación, comoquiera que según la jurisprudencia unificada correspondería al actor el equivalente a 100 smlmv, los mismos no serán modificados en cuanto no fueron objetados por el demandante. En consecuencia será confirmada la decisión, en lo que tiene que ver con el daño a la vida de relación, suma que será incrementada en 20 smlmv, en razón a que las lesiones sufridas por el señor Quintana se encuentran demostradas, las que no solo le causaron la pérdida del órgano de la visión, sino que le dejaron severas y considerables cicatrices en su rostro(56).

Ahora, en cuanto a la solicitud deprecada por daño estético, el mismo será negado, toda vez que, de una parte en virtud de la decisión unificada de la Corporación el mismo se encuentra subsumido dentro del daño a la salud y de otra en el párrafo anterior se señaló que el daño a la vida de relación será incrementado en 20 smlmv en razón a la deformidad de carácter permanente producida por las severas y considerables cicatrices en su rostro, mismas que comportan connotaciones estéticas.

c) LIZBETH MUÑOZ PANTOJA: Proceso 2005-2960

La señora Lizbeth Muñoz Pantoja solicita por daño a la vida de relación el equivalente a 200 smlmv, debido a las “gravísimas lesiones que le afectaron sus extremidades inferiores”. También solicita la suma de 200 smlmv por “daño estético”, fundada en que “este perjuicio es diferente a cualquiera de los que jurisprudencialmente se ha reconocido, pues sus características propias no permite un encuadramiento si quiera dentro del denominado “moral”, ni el llamado de “vida en relación”. Perjuicios que el a quo reconoció en la suma equivalente a 50 smlmv, por cada uno de los perjuicios antes citados. Reconocimiento que no fue objeto de impugnación por la actora.

Ahora, si bien, conforme a la jurisprudencia unificada antes señalada no correspondería indemnización alguna, en razón a que la misma debe ser determinada por el porcentaje dado a la gravedad de la lesiones sufridas y en el caso concreto a la señora Lizbeth no se le otorgó porcentaje alguno, en razón a que para la época de los hechos la antes nombrada se encontraba solo estudiando, lo cierto es que, atendiendo igualmente a la decisión unificada de la Sección relacionada con el daño a la vida de relación, en cuanto para la tasación este perjuicio no necesariamente se tiene que acudir a los porcentajes dados por la gravedad de la lesión, toda vez que las secuelas permanentes y transitorias también constituyen afectaciones graves de la salud, que si bien no generan una alteración fisiológica o de incapacidad laboral si tienen connotaciones estéticas que trascienden gravemente en la parte afectiva y en las relaciones sociales de la actora. Connotaciones estéticas que afectan seriamente la vida de relación de quien lo padece, toda vez que socialmente la fealdad y la deformidad física están asociadas a la maldad. Al respecto algunos autores han señalado:

“(...) La fealdad se asocia a la maldad. Dos siglos después de Baumgarten, en 1853, Johann Karl Friedrich Rozenkranz, un filósofo de adscripción hegeliana. Escribió su «Aesthetik des Hässlichen», la Estética de la fealdad. En esta obra —lo recuerda Ecco (2007)— estableció la analogía que a su juicio, existe entre la fealdad estética y la maldad moral. 

(...) 

La fealdad produce rechazo social y el rechazo trastorna la vida de quien lo sufre, lo hace padecer psíquicamente y puede alterar profundamente el desarrollo de su personalidad”(57). 

Siendo así, para la valoración del daño a la vida de relación en el caso concreto la Sala tendrá en cuenta que las lesiones sufridas por la señora Lizbeth Muñoz Pantoja a raíz de la explosión de un bicicleta bomba en el barrio Mojica de la ciudad de Cali, son de carácter permanente, tal como lo señala el dictamen médico realizado por el Instituto de Medicina Legal, a cuyo tenor la antes nombrada se le tuvo que hacer un procedimiento de “desbridamiento quirúrgico de más del 30% del área corporal”, en razón a las “múltiples lesiones en tejidos blandos de miembros inferiores y superiores y cuello por esquirlas de explosión de bomba”. Lesiones que le dejaron “en muslo y pierna izquierda cara medial cicatrices de 0,4 cm hipercórmicas, violáceas, levemente levantadas, ostensibles”, las cuales le ocasionaron “deformidad física que afecta el cuerpo, de carácter transitorio”(58).

En esta medida, la Sala considera que, en el caso sub lite, conforme a lo señalado por las decisiones de esta corporación, antes transcritas, si bien las dolencias físicas ya fueron superadas por el tratamiento médico, hubo un trastorno psicológico padecido, —en razón a las heridas, cicatrices y tratamiento que tuvo que solventar en procura de recuperar su salud y sobre todo su aspecto físico—, que debe ser indemnizado, en consecuencia se estima que lo reconocido por el a quo debe ser confirmado, esto es la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, suma que será incrementada en diez (10) smlmv en razón a las cicatrices de 0,4 cm hipercórmicas, violáceas, levemente levantadas, ostensibles”, las cuales le ocasionaron “deformidad física que afecta el cuerpo, de carácter transitorio”, de como se dijo la señora Muñoz Pantoja tuvo que solventar mediante tratamiento médico y psicológico.

8. Costas.

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia, en el trámite del proceso, actuación temeraria de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que proceda la condena.

En mérito de lo expuesto, EL CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

RESUELVE

1. MODIFICAR la sentencia proferida el 28 de mayo de 2010 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, la cual quedará así:

“1. DECLÁRESE a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL administrativamente responsables de los perjuicios ocasionados a los señores Octavio Quintana Paz, Lizbeth Muñoz Pantoja y Numar Bermúdez Nieto, a raíz de las graves lesiones causadas en el marco de un atentado terrorista dirigido contra instalaciones de la Policía Nacional.  

2. Como consecuencia de la declaración anterior CONDÉNASE a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL, a pagar por concepto de perjuicios materiales las siguientes sumas de dinero: 

2.1 PERJUICIOS  

2.1.2. Proceso 2005-3034 

A) Perjuicios materiales: En la modalidad de lucro cesante la entidad demandada deberá pagar al señor Numar Bermúdez Nieto la suma de VEINTIÚN MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($ 21’089.665,43) 

B) Perjuicios morales 

— Al señor Numar Bermúdez Nieto, en su carácter de víctima directa, el valor equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

— A la señora María Lucero Rengifo Vallejo, esposa del lesionado, el valor equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

— Al señor Santiago Bermúdez, padre del lesionado, el valor equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

— A la señora Leonilde Bermúdez Nieto, hermana del lesionado, el valor equivalente a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

— Al señor Yeferson Bermúdez Ruíz, hijo del lesionado, el valor equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

C) Perjuicios por daño a la vida de relación: La demandada deberá pagar al señor Numar Bermúdez Nieto el equivalente a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

2.1.2. Proceso 2006-3335 

A) Perjuicios materiales: En la modalidad de LUCRO CESANTE, la entidad demandada deberá pagar al señor Octavio Quintana la suma de CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($ 189’036.597,00) 

B) Perjuicios morales: La demandada deberá pagar las siguientes sumas: 

a. Octavio Quintana, en su condición de víctima directa, se le reconocerá el equivalente a 100 salarios mínimos. 

b. Jessica Lizeth Quintana Pinzón, en su condición de hija de la víctima, se le reconocerá el equivalente a 40 salarios mínimos. 

c. Maribel Quintana Herrera, en su condición de hija de la víctima, se le reconocerá el equivalente a 40 salarios mínimos. 

d. Evelyn Quintana Betancur, en su condición de hija de la víctima, se le reconocerá el equivalente a 40 salarios mínimos.  

e. Emilse Quintana Betancur, en su condición de hija de la víctima, se le reconocerá el equivalente a 40 salarios mínimos. 

f. Huver Quintana Papamija, en su condición de hijo de la víctima, se le reconocerá el equivalente a 40 salarios mínimos. 

g. Alexander Quintana Papamija, en su condición de hijo de la víctima, se le reconocerá el equivalente a 40 salarios mínimos. 

h. Katherin Quintana Betancur, en su condición de hija de la víctima, se le reconocerá el equivalente a 40 salarios mínimos. 

i. Giovanny Alexander Quintana Valencia, en su condición de nieto de la víctima, se le reconocerá el equivalente a 40 salarios mínimos. 

j. Paula Alejandra Quintana Valencia, en su condición de nieta de la víctima, se le reconocerá el equivalente a 40 salarios mínimos. 

k. Sebastián Almonacid Quintana Pinzón, en su condición de nieto de la víctima, se le reconocerá el equivalente a 40 salarios mínimos. 

l. Julián Andrés Almonacid Quintana Pinzón, en su condición de nieto de la víctima, se le reconocerá el equivalente a 40 salarios mínimos. 

m. Sara Julieth Quintana González, en su condición de nieta de la víctima, se le reconocerá el equivalente a 40 salarios mínimos.  

n. David Steven Quintana González, en su condición de nieto de la víctima, se le reconocerá el equivalente a 40 salarios mínimos.  

o. Danna Gabriela Londoño Quintana, en su condición de nieta de la víctima, se le reconocerá el equivalente a 40 salarios mínimos. 

p. Karen Dayanna Londoño Quintana, en su condición de nieta de la víctima, se le reconocerá el equivalente a 40 salarios mínimos. 

C) Perjuicios por daño a la vida de relación: La demandada deberá pagar al señor Octavio Quintana el equivalente a 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

2.1.3. Proceso 2005-2960 

A) Perjuicios morales  

— Lizbeth Muñoz Pantoja, en su condición de víctima, el valor equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

— Álvaro Javier Muñoz Muñoz, en su condición de padre de la lesionada, el valor equivalente a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

— Lucy Yasmin Pantoja Rendón, en su condición de madre de la lesionada, el valor equivalente a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

— Ingrid Joana Muñoz Pantoja, en su condición de hermana de la víctima, el valor equivalente a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

— Javier Alexander Muñoz Pantoja, en su condición de hermano de la víctima, el valor equivalente a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

C) Perjuicios por daño a la vida de relación: La demandada deberá pagar a la señora Lizbeth Muñoz Pantoja el equivalente a 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

3. Negar las demás pretensiones de la demanda”. 

2. No hay condena en costas.

3. Para el cumplimiento de ésta sentencia se dará aplicación a los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo y 115 del Código de Procedimiento Civil.

4. Ejecutoriada la presente sentencia DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Consejeros: Ramiro Pazos Guerrero, Presidenta de la Sala—Danilo Rojas Betancourth—Stella Conto Díaz Del Castillo».

4 La cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de directa en el año 2006 tuviera vocación de segunda instancia ante esta corporación era el equivalente a 500 smlmv, esto es la suma de 204´000.000 y la mayor pretensión de la demanda con la cual se inició este proceso asciende a $ 300´000.000, suma deprecada como indemnización por perjuicios materiales en la modalidad lucro cesante consolidado y futuro.

5 Fl. 89, cdno. 1.

6 Fl. 35 vto., cdno. 3.

7 Fl. 38, cdno. 4.

8 Fls. 12 a 27 del, cdno. 1, Exp. 2006-3335; fls. 8 a 10 del, cdno. 1, Exp. 2005-2960 y fls. 5 a 13 del, cdno. 3, Exp. 2005-3034.

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 2 de marzo de 2000, C.P. María Elena Giraldo Gómez, Exp. 11945.

10 Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996.

11 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de agosto de 2008, Exp. 17042.

12 Sentencia de 20 de noviembre de 2008, Exp. 20511, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

13 Rodrigo Uprimny Yepes. “Algunas reflexiones sobre la responsabilidad por la violación de los derechos humanos”. Bogotá Universidad Nacional. 1996.

14 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de diciembre de 2013, Rad. 250002326000200102814-01 (27072) Actor: Ana Beatriz Cárdenas Martínez y otros, Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

15 Ibídem.

16 Sobre el particular, se puede consultar la sentencia de 28 de febrero de 2013, Exp. 26428, con ponencia de quien proyecta la presente providencia.

17 Sentencia de 4 de septiembre de 1997, expediente 10140, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros.

18 Supra Nº 6: “[e]n consecuencia, considera la Sala que conforme a las pruebas que obran en el expediente y a la jurisprudencia adoptada por la Sala, la muerte del Senador Manuel Cepeda Vargas es imputable al Estado, a título de falla del servicio por omisión, porque éste requirió en forma pública, en reuniones con funcionarios del Estado y a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, protección para su vida y la de los demás miembros del Partido Comunista y de la Unión Patriótica, por el grave riesgo que corrían, hecho que, además, era públicamente notorio, porque muchos de los miembros de esas agrupaciones de izquierda habían sido asesinadas por razón de su militancia política”.

19 Sentencia de 19 de junio de 1997, Exp. 11875, C.P. Daniel Suárez Hernández: “...los organismos encargados de prestar el servicio de seguridad a cargo del estado, incurrieron en omisión en el cumplimiento de sus funciones, por no haber tomado las medidas necesarias de protección del Dr. Low, a su regreso al país. No es necesario para que en este caso se estructure la falla en el servicio por omisión, que hubiera mediado una petición especial de protección, dado que esos mismos organismos fueron los que encontraron, estudiaron y analizaron las pruebas que contenían las amenazas; se refiere la Sala a los cassettes encontrados en Medellín donde había una conversación entre el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria y su abogado Guido Parra, en relación con la orden de dar muerte al Dr. Low. || Para el cabal cumplimiento de sus funciones a los organismos de seguridad les correspondía realizar una labor de inteligencia con miras a determinar la protección que ameritaba el Dr. Low, dado que conocían a ciencia cierta que era objeto de serias amenazas”.

20 Sentencia de 30 de octubre de 1997, Exp. 10958, C.P. Ricardo Hoyos Duque: “[e]l carácter de líder de la oposición, presidente de un partido político perseguido y diezmado violentamente, debería por esa sola circunstancia, ser suficiente para que el doctor Pardo Leal recibiera del Estado a través de la Policía Nacional y demás organismos de seguridad, sin necesidad de requerimiento previo, la protección adecuada para garantizarle la vida, sino de manera absoluta, al menos en el mayor grado posible”.

21 Sentencia de 23 de septiembre de 1994, Exp. 7577, C.P. Julio César Uribe Acosta.

22 Sentencia de 27 de enero 2000, Exp. 8490, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros. En igual sentido, sentencias de 15 de marzo de 1996, Exp. 9034, C.P. Juan de Dios Montes; 28 de abril de 1994, Exp. 7733, C.P. Julio César Uribe Acosta; 17 de junio de 1993, Exp. 7533, C.P. Julio César Uribe Acosta; de 13 de mayo de 1996, Exp. 10627, C.P. Daniel Suárez Hernández, 5 de septiembre de 1996, Exp. 10461, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros 10 de agosto de 2000, Exp. 11585, C.P. Alier Hernández; 21 de febrero de 2002, Exp. 13661, C.P. Ricardo Hoyos Duque; 20 de mayo de 2004, Exp. 14405, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, entre otras.

23 Respecto a la posición jurisprudencial sobre el valor probatorio que se le da a la indagatoria ver Sentencias del Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, pérdida de investidura (PI) con radicación Nº 11001-03-15-000-2011-00125-00, demandado: Néstor Iván Moreno Rojas, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; (PI) 110010315000201200900-00/2012-00899 y 2012-00960 (acumulados) demandado: Eduardo Carlos Merlano Morales, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo; Igualmente sentencias de reparación directa Nº 20001233100020030046401 (36058), actor: Loreto Carreño y Otros contra Departamento del Cesar. Nº 190001233100020080034601 (39284) actor: Alexander Fernández Cano contra Nación – Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial. Nº 15001233100020050070501 (40542), actor: Alfonso Roberto Mora Riaño y Otros contra Nación - Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial. Nº 250002326000200300760 02 (38.331) actor: Lesbia de Jesús Pérez Cárdenas contra la Nación- Fiscalía General de la Nación, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo y sentencia con radicación Nº 660012331000200800074 (36170), actor: Alejandro Londoño Hoyos contra Nació- Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

24 Confrontar con numeral 4.1.5.

25 Sentencias de 8 de mayo de 1995, Exp. 8118 y 8163 de 13 de julio de 1993, C.P. Juan de Dios Montes Hernández.

26 Ponencia para segundo debate. Plenaria Asamblea Nacional Constituyente, Gaceta Constitucional Nº 112 de 3 de julio de 1991, págs. 7 y 8.

27 Al respecto ver, entre otras, las sentencias: C-333 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-533 de 1996; C-043 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-038 de 2006, M.P. Humberto Sierra Porto.

28 Sentencia C-533 de 1996.

29 Sentencia C-043 de 2004. En la misma decisión sostuvo: “No se trata de saber si hubo o no una falla en el servicio, es decir una conducta jurídicamente irregular aunque no necesariamente culposa o dolosa, sino de establecer si cualquier actuar público produce o no un “daño antijurídico”, es decir un perjuicio en quien lo padece, que no estaba llamado a soportar” (negrillas fuera del texto original).

30 Sentencia C-333 de 1996.

31 Esta corporación, en Sentencia C-333-96, con ponencia del magistrado Alejandro Martínez Caballero, resaltó la armonía existente entre el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado consagrado en el artículo 90 de la Carta y el Estado social de derecho: “Desde el punto de vista sistemático, la Corte considera que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación del Estado armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado social de derecho (C.P., art. 1º), pues al propio Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los particulares frente a la actividad de la administración. Así, la responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del Estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y éste sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización. Esta concepción de la posibilidad de indemnización de un daño antijurídico incluso originado en una actividad lícita del Estado armoniza además con el principio de solidaridad (C.P., art. 1º) y de igualdad (C.P., art. 13), que han servido de fundamento teórico al régimen conocido como de daño especial, basado en el principio de igualdad de todos ante las cargas públicas. En efecto, si la Administración ejecuta una obra legítima de interés general (C.P., art. 1º) pero no indemniza a una persona o grupo de personas individualizables a quienes se ha ocasionado un claro perjuicio con ocasión de la obra, entonces el Estado estaría desconociendo la igualdad de las personas ante las cargas públicas (C.P., art. 13), pues quienes han sufrido tal daño no tienen por qué soportarlo, por lo cual éste debe ser asumido solidariamente por los coasociados (C.P., art. 1º) por la vía de la indemnización de quien haya resultado anormalmente perjudicado. Se trata pues, de un perjuicio especial sufrido por la víctima en favor del interés general, por lo cual el daño debe ser soportado no por la persona sino por la colectividad, por medio de la imputación de la responsabilidad al Estado. Por ende, la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, por lo cual éste se reputa indemnizable. Esto significa obviamente que no todo perjuicio debe ser reparado porque puede no ser antijurídico, y para saberlo será suficiente acudir a los elementos del propio daño, que puede contener causales de justificación que hacen que la persona tenga que soportarlo”.

32 Sentencia C-832 de 2001.

33 Consejo de Estado. Sentencia de 13 de julio de 1993, loc. cit.

34 Sentencia del Consejo de Estado de mayo 8 de 1995, Exp. 8118, C.P. Juan de Dios Montes Hernández.

35 Corte Constitucional, Sentencia C-038 de 2006, M.P. Humberto Sierra Porto.

36 Informe presentado por la Policía Metropolitana de Cali al a quo, el 8 de junio de 2006, mediante el Oficio COMAN E-15.

37 Sentencia de 21 de febrero de 2011, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Exp. 31093, entre otras.

38 “(...) Es irrelevante la intención o motivación del agente que materialmente haya violado los derechos reconocidos por la Convención, hasta el punto que la infracción a la misma puede establecerse incluso si dicho agente no está individualmente identificado. En definitiva, de lo que se trata es de determinar si la violación a los derechos humanos resulta de la inobservancia por parte de un Estado de sus deberes de respetar y de garantizar dichos derechos, que le impone el artículo 1.1 de la Convención. (...) En conclusión es independiente de que el órgano o funcionario haya actuado en contravención de disposiciones del derecho interno o desbordado los límites de su propia competencia, puesto que es un principio de Derecho internacional que el Estado responde por los actos de sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial y por las omisiones de los mismos aun si actúan fuera de los límites de su competencia o en violación del derecho interno”. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la Masacre de Mapiripán, párr. 110, Caso de los 19 comerciantes párr. 141.

39 MONTEALEGRE LYNETT, Eduardo. “La responsabilidad del Estado por el hecho de terceros”, trabajo de investigación suministrado por el autor.

40 Sala Plena Sección Tercera, sentencia de 19 de abril de 2012, M.P. Hernán Andrade Rincón, Exp. 21515.

41 Lo antes dicho, no resulta un razonamiento novedoso, sino que, por el contrario, proviene de vieja data. En sentencia de 7 de abril de 1994, Exp. 9261 ya la Sección había sostenido:

“Así las cosas, la Sala concluye que no hay prueba que permita establecer quien disparó el arma que lesionó a la menor. La confusión que se presentó en el enfrentamiento donde hubo fuego cruzado, no permite saber si fue la Policía o la guerrilla la que lesionó a la menor, sin que exista la posibilidad de practicar una prueba técnica sobre el proyectil por cuanto éste salió del cuerpo de la menor. Pero lo que sí no ofrece ninguna duda es que la menor sufrió un daño antijurídico que no tenía por qué soportar, en un enfrentamiento entre fuerzas del orden y subversivos y si bien es cierto aquellas actuaron en cumplimiento de su deber legal, la menor debe ser resarcida de los perjuicios sufridos por esa carga excepcional que debió soportar; por consiguiente, la decisión correcta fue la tomada por el a quo, en virtud de la cual accedió parcialmente a las súplicas de la demanda”. En un caso similar al hoy estudiado, en sentencia de 8 de agosto de 2002, M.P. Ricardo Hoyos Duque, se afirmó:

“En síntesis, son imputables al Estado los daños sufridos por las víctimas cuando éstos excedan los sacrificios que se imponen a todos las personas y en su causación interviene una actividad estatal. 

En este régimen el hecho del tercero exonerará de responsabilidad a la administración sólo cuando sea causa exclusiva del daño, es decir, cuando éste se produzca sin ninguna relación con la actividad administrativa. Pero no la exonerará cuando el daño se cause en razón de la defensa del Estado ante el hecho del tercero, porque si bien esa defensa es legítima, el daño sufrido por las víctimas ajenas a esa confrontación es antijurídico, en cuanto éstas no tenían el deber jurídico de soportar cargas superiores a las que se imponen a todos los demás asociados.  

Y todo esto sin importar quién sea el autor material del daño que se cause durante la confrontación, es decir, si durante un enfrentamiento armado entre agentes estatales y un grupo al margen de la ley, por ejemplo, se causa una lesión a un particular ajeno a esa confrontación, para efectos de establecer la responsabilidad del Estado no es necesario que la lesión haya sido causada por uno de sus agentes”. (Negrillas fuera de texto).

42 Sentencia de 30 de enero de 2012, Exp. 20786, con ponencia de quien elabora el presente fallo. En esta oportunidad, la Sala conoció de la demanda presentada por las víctimas de la explosión del carro bomba a la altura de la Plaza de Toros de La Macarena en la ciudad de Medellín, utilizado por delincuentes para atacar a una patrulla de la Policía Nacional. En la providencia se resolvió condenar a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, por cuanto el ataque terrorista fue dirigido específicamente contra los miembros de esa fuerza armada. Sobre el título de imputación como herramienta de motivación, consultar la sentencia de la Sala Plena de esta Sección, de 12 de abril de 2012, M.P. Hernán Andrade Rincón, Exp. 21515.

43 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, Rad. 50001-23-15-000-1999-00326-01(31172), Actor: Gonzalo Cuellar Penagos y otros. Demandado: Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz.

44 Fls. 272 y 280 cdno. 2, Exp. 2005-2960.

45 Los parámetros descritos se encuentran señalados en sentencia N° de radicación 21.350, actor: Mauricio Monroy y otra, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

46 M.P. Enrique Gil Botero, Exp. 19031. En este caso, se trató de la explosión de una mina antipersonal que dio lugar a la amputación de la pierna derecha de la víctima y una disminución de su capacidad laboral del 95%.

47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de 14 de septiembre 2011, Exp. 19031 y 38222, M.P. Enrique Gil Botero.

48 Ibídem.

49 Cfr. Sentencias, T-597 de 1993, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-395 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-307 de 2006, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-548 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-940 de 2012, M.P. Nilson Pinilla Pinilla; T-894 de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

50 Sobre la incidencia del componente estético como elemento del daño a la salud cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 9 de marzo de 2011, radicación, 50001-23-31-000-1997-06394-01(18587), C.P. Gladys Agudelo Ordóñez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 6 de diciembre de 2013, radicación. 25000232600019990091701(24386), C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

51 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 12 de diciembre de 2013, Rad. 25000232600019961266101(27493), C.P. Stella Conto Díaz del Castillo; y Sentencia de 29 de agosto de 2013, radicación 25002232600020040211301 (36725), C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

52 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, radicado número 23001-23-31-000-2001-00278-01(28804) Actor: Amparo de Jesús Ramírez Suárez, Demandado: Hospital San Vicente de Paul de Lorica y otro, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

53 Fl. 51, cdno. 2, Exp. 2005-2960.

54 Informe técnico médico legal, suscrito por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, fl. 51 cdno. 2, Exp. 2005-2960.

55 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 6 de diciembre de 2013, Rad. 25000232600019990091701(24386), C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

56 Fls. 160 a 164, cdno. de pruebas, Exp. 2006-3335.

57 Jesús Fernández Entralgo, “La problemática del perjuicio estético: especial referencia a su valoración”, Revista de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro, No- 34, 2010, págs. 10 y 11.

58 Fl. 272, cdno. 2 de pruebas, Exp. 2005-2960.