Sentencia 2006-03365 de mayo 24 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 76001-23-31-000-2006-03365-01 (18204)

Consejera Ponente:

Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

Actor: Mariana Arellano de Garcés

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN

Fallo

Bogotá, D.C., veinticuatro de mayo de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, la Sala decidirá si los actos por medio de los cuales la Administración de Impuestos de Palmira modificó la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios presentada por la señora Mariana Arellano de Garcés, por el año gravable 2001, fueron notificados dentro del término legal, como lo sostiene la apelante.

La Sala destaca los siguientes hechos probados:

— El 29 de abril de 2002 la demandante presentó la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios correspondiente al año gravable 2001.

— Mediante el Auto 150632004000061, notificado el 21 de abril de 2004, la administración tributaria ordenó la inspección tributaria que fue atendida por el contador de la contribuyente(15).

— El 16 de julio de 2004, según acuse de recibo de correo certificado 3750 de Adpostal, notificó el requerimiento especial 150632004000027, mediante el cual propuso la modificación de la declaración antes anotada(16).

— El 22 de marzo de 2005 notificó por correo la liquidación oficial de revisión 150642005000003, como consta en el acuse de recibo de correo certificado 1089 de Adpostal(17).

Ahora bien, las normas que atañen al asunto, son del siguiente tenor:

El artículo 703 del estatuto tributario dispone:

“El requerimiento especial como requisito previo a la liquidación. Antes de efectuar la liquidación de revisión, la administración enviará al contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, por una sola vez, un requerimiento especial que contenga todos los puntos que se proponga modificar, con explicación de las razones en que se sustenta”.

En cuanto al término para notificar el requerimiento especial, el artículo 705 del mismo estatuto establece:

“El requerimiento de que trata el artículo 703, deberá notificarse a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para declarar. Cuando la declaración inicial se haya presentado en forma extemporánea, los dos (2) años se contarán a partir de la fecha de presentación de la misma. Cuando la declaración tributaria presente un saldo a favor del contribuyente o responsable, el requerimiento deberá notificarse a más tardar dos (2) años después de la fecha de presentación de la solicitud de devolución o compensación respectiva” (resalta la Sala).

Por su parte, el artículo 706 ibídem ordena:

“ART. 706.—Suspensión del término. El término para notificar el requerimiento especial se suspenderá:

Cuando se practique inspección tributaria de oficio, por el término de tres meses contados a partir de la notificación del auto que la decrete.

Cuando se practique inspección tributaria a solicitud del contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, mientras dure la inspección.

También se suspenderá el término para la notificación del requerimiento especial, durante el mes siguiente a la notificación del emplazamiento para corregir”.

Confrontando las disposiciones antes transcritas con las fechas de los hechos relevantes a que arriba se aludió, se tiene:

— La declaración de renta del ejercicio gravable 2001, fue presentada el día 29 de abril de 2002, por lo que en principio, el término para notificar el requerimiento especial vencía el 29 de abril de 2004.

— El auto que decretó la inspección tributaria fue notificado el 21 de abril de 2004, lo que quiere decir que el término antes señalado se suspendió por tres meses, es decir, hasta el 29 de julio de 2004.

— La Administración de Impuestos de Palmira notificó el requerimiento especial el 16 de julio de 2004, es decir, dentro del término que tenía para hacerlo.

— En ese orden, el plazo para responder el requerimiento especial vencía el 16 de octubre de 2004; la demandante no hizo uso de ese derecho.

— Así las cosas, los seis meses que tenía la administración para notificar la liquidación de revisión vencíanel 16 de abril de 2005.

— La liquidación oficial de revisión fue notificada el 22 de marzo de 2005, equivale a decir, dentro de la oportunidad legal.

Afirmó el a quo que como la accionante guardó silencio frente al requerimiento especial, el término que tenía la administración para proferir la liquidación oficial se disminuyó, lo que ocasionó la nulidad de los actos demandados.

Precisa la Sala:

El artículo 6º del Código de Procedimiento Civil prescribe que las normas procesales son de derecho público y de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, por lo que, en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley.

En obediencia de la anterior disposición, los términos atinentes a todo procedimiento jurídico deben observarse estrictamente para preservar el debido proceso, so pena de incurrir en nulidades; ofrecer seguridad jurídica a la administración y a los administrados, quienes de esta manera tienen certeza sobre la oportunidad en que pueden ejercer sus derechos de defensa y contradicción, sin que puedan ser vulnerados.

El respeto a los términos determinados legalmente opera como un principio estructural del funcionamiento de la administración pública.

Así como el administrado puede reclamar la nulidad de los actos administrativos cuando la autoridad tributaria ha pretermitido alguno de los plazos instituidos en favor de sus derechos de defensa y contradicción, por disposición legal la administración puede extender los determinados en provecho suyo por el tiempo que ha sido fijado para, dentro de ellos, dictar los actos administrativos que corresponda.

No puede incumplirse ni interrumpirse un plazo perentorio establecido en las normas jurídicas para que la administración ejerza una actividad determinada, ni puede renunciar a él por efectos de la actividad del contribuyente, pues ello ocasionaría un proceder cambiante de las autoridades, lo que acabaría con la certeza jurídica.

La fijación legal de un plazo perentorio ofrece certeza a las partes, en cuanto a la realización de los sucesivos actos procedimentales, con la consecuencia de que vencido el plazo correspondiente, no puede ya practicarse el acto respectivo.

El plazo máximo, taxativo, establecido para el ejercicio de determinado derecho, debe correr ininterrumpidamente pues se trata de procedimientos susceptibles de producir efectos jurídicos y además, en el caso que nos ocupa, económicos.

Claro lo expuesto, se tiene que el plazo para notificar válidamente la liquidación de revisión, es de seis (6) meses contados desde la fecha de vencimiento del término para dar respuesta al requerimiento especial y no, como lo entendió el a quo, de tan solo tres (3) meses en razón de que la contribuyente guardó silencio respecto de las modificaciones propuestas en el requerimiento especial.

Lo anterior ha sido precisado por la Sala al expresar que “(...) por disposición del artículo 710 del estatuto tributario el término para notificar la liquidación de revisión, está previsto “Dentro de los seis meses siguientes a la fecha de vencimiento del término para dar respuesta al requerimiento especial”.Lo cual implica que el plazo para que pueda notificarse válidamente la liquidación de revisión, se inicia a partir de la fecha de vencimiento del término para dar respuesta, y no a partir de la fecha en que el contribuyente haya dado respuesta, por lo que independiente de la renuncia a términos manifestada por la actora, debía atenderse al término legal establecido en la norma tributaria. (...)(18)”.

En esas condiciones, es claro que la administración tributaria tenía hasta el 16 de abril de 2005 para notificar la liquidación oficial de revisión, lo que hizo anticipadamente, eldía 22 de marzo de 2005, según certificación de Adpostal(19); es decir, dentro de la oportunidad legal.

La decisión que haya de adoptar el Consejo de Estado, se contrae exclusivamente a los términos del recurso de apelación, que en este caso fue presentado únicamente por la demandada para controvertir la decisión del a quo en cuanto interpretó que el término para practicar la liquidación de revisión se reduce cuando el contribuyente no da respuesta al requerimiento especial, argumento en el que sustentó la decisión de anular los actos administrativos.

Por lo tanto, dilucidado el tema de la oportunidad en la notificación de la liquidación oficial de revisión, la Sala debe resolver la legalidad de las modificaciones realizadas por la administración a la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2001, relacionadas con la renta presuntiva(20), análisis del cual el tribunal se relevó al decretar la nulidad de los actos de determinación del impuesto por la presunta extemporaneidad de la liquidación de revisión.

Manifestó la demandante que para determinar la renta presuntiva acudió a las normas que para el efecto señala el estatuto tributario; aclaró que toda su actividad es agrícola y que sus bienes están destinados al sector agropecuario por lo que puede descontar los primeros $286.400.000, afectos a él,de la base de la renta presuntiva, así como la suma de $1.500.000.000, valor de los terrenos improductivos por estar destinados a cumplir obligaciones financieras de terceros mediante dación en pago, lo que imposibilitó su explotación.

Para resolver, la Sala precisa que el artículo 188 del estatuto tributario, antes de la modificación introducida por el artículo 9º de la Ley 1111 de 2006, establecía que para efectos del impuesto sobre la renta, se presume que la renta líquida del contribuyente no es inferior al seis por ciento (6%) de su patrimonio líquido, en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior.

Así mismo, que de la base del cálculo de la renta presuntiva se excluirán los primeros $150.000.000 del valor de los activos del contribuyente destinados al sector agropecuario y el valor patrimonial neto de los bienes vinculados a empresas en período improductivo(21).

De acuerdo con las normas en cita, la base de cálculo de la renta presuntiva solo puede disminuirse con los valores correspondientes a los conceptos enunciados.

La DIAN, en el memorando explicativo de la liquidación de revisión, precisó que,de acuerdo con los documentos aportados con ocasión de la investigación efectuada, la actora excluyó, para el cálculo de la renta presuntiva, valores correspondientes a bienes respecto de los cuales no secumplen las disposiciones legales antes aludidas.

En efecto, en el acta de inspección contable adelantada(22) quedó establecido el origen de los ingresos que la actora debía declarar por el año 2001 así:

— La suma de $1.212.210.386, valor de la dación en pago otorgada mediante la escritura 3.066 del 27 de noviembre de 2001 de la Notaría 14 de Cali.

— La suma de $197.394.000 por concepto de la utilidad de la cuenta de corrección monetaria.

En ese contexto, se evidencia que la actora no poseía en el año 2001, bienes destinados al sector agropecuario, por lo que no es procedente excluir su valor de la base para el cálculo de la renta presuntiva.

Por otra parte, se anotó que para determinar la renta presuntiva, la actora excluyó el valor de $1.500.000.000, correspondiente al bien raíz entregado en fiducia de garantía, en razón de que no podía disponer de él, por lo que consideró que era un bien en período improductivo.

Se consideran bienes en período improductivo aquellos que están en condiciones de ser utilizados, de generar renta, pero que por alguna razón no se dispone de ellos. Situación diferente a la contemplada en el artículo 189 del estatuto tributario, que se refiere al período de tiempo en el que la empresa no está en condiciones de generar renta por encontrase en montaje, en instalación o construcción, o simplementea improductividad.

Esta corporación ha señalado que debe entenderse por período improductivo: “el lapso durante el cual el empresario no recibe ingreso alguno por concepto de su “primera enajenación de bienes” o “prestación de servicios”, precisamente por no encontrarse terminada, o lista para ser puesta en operación, la respectiva obrao construcción susceptible de enajenación o de ‘prestar algún servicio, es decir, porque la misma se halla todavía en las fases de prospectación o construcción”(23).

Por lo tanto, como acertadamente lo expuso la DIAN, de la base para el cálculo de la renta presuntiva no podían detraerse los valores mencionados porque, de una parte, no correspondían a bienes vinculados al sector agropecuario y, de otra, el bien del que se predica la calidad de improductivo no tiene este carácter por haber sido entregado en fiducia.

Debe destacarse, además, que frente a los razonamientos expuestos por la DIAN para cuestionar la exclusión de los mencionados valores, al determinar la renta presuntiva, la demandante no hizo pronunciamiento alguno ni presentó pruebas que desvirtuaran las afirmaciones de la entidad.

En consecuencia, la Sala revocará la sentencia apelada y, en su lugar, negará las súplicas de la demanda, por las razones expuestas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVOCÁSE la sentencia del 16 de diciembre de 2009 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca proferida dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la señora Mariana Arellano de Garcéscontra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.

En su lugar se dispone:

1. DENIÉGANSE las súplicas de la demanda.

2. Reconócese personería a la abogada María Cristina Arias Hernández, como apoderada de la DIAN, en los términos del poder que aparece en el folio 117 del cuaderno principal.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunalde origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

(15) Folios 79 a 80 cuaderno de anexos.

(16) Folio 96 cuaderno de anexos.

(17) Folio 99 cuaderno de anexos.

(18) Sentencia del Consejo de Estado 14089 del 7 de octubre de 2004, C.P. María Inés Ortiz de Barbosa.

(19) Folio 99 cuaderno de anexos.

(20) Frente a las deducciones la accionante no expresó inconformidad.

(21) ART. 188.—Para efectos del impuesto sobre la renta, se presume que la renta líquida del contribuyente no es inferior al seis por ciento (6%) de su patrimonio líquido, en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior.

PAR. 1º—Cuando se utilice como base de cálculo el patrimonio bruto, la depuración de que trata el artículo 189 de este estatuto se hará con base en el valor bruto de los respectivos bienes.

PAR. 2º—Los activos destinados al sector agropecuario y pesquero no estarán sometidos a la renta presuntiva sobre patrimonio bruto de que trata este artículo.

(...).

ART. 189.—Del total del patrimonio líquido del año anterior, que sirve de base para efectuar el cálculo de la renta presuntiva, se podrán restar únicamente los siguientes valores:

a. El valor patrimonial neto de los aportes y acciones poseídos en sociedades nacionales.

b. El valor patrimonial neto de los bienes afectados por hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, siempre que se demuestre la existencia de estos hechos y la proporción en que influyeron en la determinación de una renta líquida inferior.

c. El valor patrimonial neto de los bienes vinculados a empresas en período improductivo.

Al valor inicialmente obtenido de renta presuntiva, se sumará la renta gravable generada por los activos exceptuados y este será el valor de la renta presuntiva que se compare con la renta líquida determinada por el sistema ordinario.

d. <Literal adicionado por el artículo 233 de la Ley 685 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> A partir del año gravable 2002 el valor patrimonial neto de los bienes vinculados directamente a empresas cuyo objeto social exclusivo sea la minería distinta de la explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos.

Valor año 2001, la suma de $286.400.000.

(22) Folios 85 y 86 c.a.

(23) Sentencia 15992 del 29 de julio de 2008, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.