Sentencia 2006-03424/47924 de abril 13 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 050012331000200603424 01

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Exp.: 47924

Actor: Luz Marlene Rendón Rendón y otros.

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.

Ref.: Apelación de sentencia. Reparación Directa.

Tema: Ejecución extrajudicial. Grave violación de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Reparación integral del daño. Condena en costas.

Bogotá, D.C., trece de abril de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones.

Cumplido el trámite procesal correspondiente, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir los recursos de apelación oportunamente interpuestos por las partes contra la sentencia proferida por la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo de Antioquia, el 10 de agosto de 2012.

1. Competencia de la Sala.

La Sala es competente para conocer del asunto en segunda instancia, en razón de los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia proferida el 10 de agosto de 2012 por la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo de Antioquia, comoquiera que la demanda se presentó el 21 de septiembre de 2006 y la pretensión mayor se estimó en la suma de 1.000 SMLMV, la cual supera el monto exigido para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia ante esta Corporación para aquella época, esto es 500 SMLMV(14).

2. Ejercicio oportuno de la acción de reparación directa.

Se encuentra que la demanda se presentó dentro de los dos (2) años que establece el numeral 8º del artículo 136 del CCA, toda vez que el daño por cuya indemnización se demandó, esto es, la muerte del señor Humberto de Jesús López Quiroz, se produjo el 3 de marzo de 2005, razón por la cual, por haberse interpuesto la demanda el 21 de septiembre de 2006, se impone concluir que la misma se formuló dentro de la oportunidad procesal prevista para ello.

Así las cosas, la Sala procederá a estudiar, de acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso, si la entidad demandada es responsable por los hechos narrados en la demanda.

3. El objeto del recurso de apelación

Previo a abordar el análisis de fondo resulta necesario señalar que, por un lado, el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante está encaminado, única y exclusivamente, a que se condene en costas a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, mientras que la impugnación de la parte demandada persigue que se revoque la sentencia de primera instancia o, en su defecto que se disminuya la indemnización por concepto de perjuicios morales.

Lo anterior obliga a destacar que las impugnaciones que promovieron los sujetos procesales se encuentran limitadas al aspecto indicado, por lo que la Sala, en su condición de juez de la segunda instancia, se circunscribirá al estudio del motivo de inconformidad planteado en los mencionados recursos de apelación.

4. El material probatorio recaudado en el expediente.

De conformidad con el material probatorio obrante en el encuadernamiento, recaudado oportunamente y con el lleno de los requisitos legales, se tiene debidamente acreditado que:

a. El 3 de marzo de 2005, el señor Humberto de Jesús López Quiroz falleció en el corregimiento de Campamento, Antioquia, según consta en el certificado de registro civil de defunción obrante a folio 8 del cuaderno 1.

b. El 4 de marzo de 2005, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses practicó la diligencia del levantamiento de cadáver y en la correspondiente acta se consignó la siguiente información:

“Descripción de las heridas: Gran herida abierta, exposición de masa encefálica y fractura craneal, herida abierta con exp. de vísceras; lateral derecho del tórax, herida abierta región precordial, H. abierta región abdomen superior, 2 orificios de bordes (ilegible), abdomen lado derecho”(15).

c. El 5 de marzo de 2005, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses practicó el protocolo de necropsia al cadáver del señor Humberto de Jesús López Quiroz, el cual arrojó el siguiente resultado:

“Conclusión.

“Por los anteriores hallazgos podemos conceptuar que el deceso de quien en vida respondía al nombre de Humberto de Jesús López Quiroz, fue consecuencia natural y directa de: 1. Choque traumático, secundario a: 2. Múltiples heridas viscerales, debido a: 3. Herida penetrante en cabeza, tórax y abdomen, originada por: 4. Proyectil de arma de fuego de carga única de alta velocidad. Lesión de naturaleza esencialmente mortal. En condiciones normales de vida y a juzgar por el aspecto macroscópico de las vísceras, conceptuamos la esperanza de vida en: 26.9 (veintiséis punto nueve) años más. A juzgar por los fenómenos cadavéricos y la hora de la necropsia (5 de marzo de 2005, a las 09:30 horas), la muerte pudo producirse entre 36 y 48 (treinta y seis y cuarenta y ocho) horas antes de esta”(16) (se destaca).

d. Dentro del encuadernamiento obra el proceso penal adelantado por la Fiscalía 46 Especializada por la Unidad Nacional de Derechos Humanos con ocasión de la muerte del señor Humberto de Jesús López Quiroz, la cual, si bien no cumple con los requisitos de prueba trasladada de que trata el artículo 185 del CCA, lo cierto es que el Tribunal Administrativo a quo, a través de auto calendado el 21 de julio de 2010(17), decretó una prueba de oficio consistente en exhortar al Juzgado de Instrucción Penal Militar No. 32 y al ente investigador aludido para que allegaran el correspondiente proceso.

Ahora bien, debe advertirse que aun cuando no se hubiere decretado dicha prueba de oficio, el mencionado proceso penal debería valorarse por cuanto se está frente a un caso de violación grave de derechos humanos y que, por ello, la valoración probatoria debe ser más flexible dadas las circunstancias de indefensión en que se encuentran las víctimas en este tipo de eventos y la renuencia que ha exhibido la entidad demandada para acreditar los hechos, tanto en el proceso penal militar que se adelantó, como en el presente asunto, razones por las cuales la Sala, en virtud de los principios de justicia material y de acceso a la Administración de Justicia, dará valor probatorio a la totalidad de las declaraciones trasladadas de tal proceso y, en general, a todos los elementos de convicción que obran en dicho encuadernamiento. Lo anterior en estricto apego a lo precisado la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el particular, en la que se ha razonado así(18):

Flexibilidad en la apreciación y valoración de los medios probatorios frente a graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. En la gran mayoría de casos, las graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en Colombia, cometidas en el marco del conflicto armado interno, han acaecido en zonas alejadas de los grandes centros urbanos y en contextos de impunidad. Lo anterior ha producido que las víctimas, como sujetos de debilidad manifiesta, queden en muchos casos en la imposibilidad fáctica de acreditar estas afrentas a su dignidad humana. Más aun, cuando no se ha llevado una investigación seria por parte de las autoridades competentes, como en este caso, lo cual se traduce en una expresa denegación de justicia.

“Por tal razón, el juez administrativo, consciente de esa inexorable realidad, deberá acudir a criterios flexibles, privilegiar la valoración de medios de prueba indirectos e inferencias lógicas guiadas por las máximas de la experiencia, a efectos de reconstruir la verdad histórica de los hechos y lograr garantizar los derechos fundamentales a la verdad, justicia y reparación de las personas afectadas.

“Lo anterior resulta razonable y justificado, ya que en graves violaciones de derechos humamos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, se rompe el principio de la dogmática jurídico procesal tradicional según el cual las partes acceden al proceso en igualdad de condiciones y armas, pues en estos eventos las víctimas quedan en una relación diametralmente asimétrica de cara a la prueba; estas circunstancias imponen al juez de daños la necesidad de ponderar la situación fáctica concreta y flexibilizar los estándares probatorios.

“Esta postura resulta acorde con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos humanos, que al respecto ha señalado que en casos de responsabilidad por violación de derechos humanos, el juez goza de una amplia flexibilidad en la valoración de la prueba:

‘[L]os tribunales internacionales tienen la potestad de apreciar y valorar las pruebas según las reglas de la sana crítica, [y] han evitado siempre adoptar una rígida determinación del quantum de la prueba necesaria para fundar un fallo. Este criterio es especialmente válido en relación con los tribunales internacionales de derechos humanos, los cuales disponen, para efectos de la determinación de la responsabilidad internacional de un Estado por violación de derechos de la persona, de una amplia flexibilidad en la valoración de la prueba rendida ante ellos sobre los hechos pertinentes, de acuerdo con las reglas de la lógica y con base en la experiencia’(19).

“Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que en casos de violaciones a derechos humanos es el Estado quien tiene el control de los medios para desvirtuar una situación fáctica: “a diferencia del derecho penal interno en los procesos sobre violaciones de derechos humanos la defensa del Estado no puede descansar sobre la imposibilidad del demandante de allegar pruebas, cuando es el Estado quien tiene el control de los medios para aclarar hechos ocurridos dentro de su territorio”(20).

“Bajo esos mismos presupuestos, en tratándose de casos de desaparición forzada y ejecuciones sumarias, comprendidos como violaciones a los derechos humanos, la Corte Interamericana ha manifestado que por el hecho de que el Estado haya consentido tales eventos, el estándar probatorio le es más exigente, y por ello, le asiste una carga probatoria mayor: “La Corte no puede ignorar la gravedad especial que tiene la atribución a un Estado Parte en la Convención del cargo de haber ejecutado o tolerado en su territorio una práctica de desapariciones. Ello obliga a la Corte a aplicar una valoración de la prueba que tenga en cuenta este extremo y que, sin perjuicio de lo ya dicho, sea capaz de crear la convicción de la verdad de los hechos alegados”(21).

“Por otro lado, es importante señalar que el Código de Procedimiento Civil en su artículo 175, permite que ‘cualesquiera otros medios de prueba que sean útiles para el convencimiento del juez’, tengan la capacidad de acreditar los hechos objeto del proceso y, por lo tanto, el juez sin tener una tarifa legal podrá acudir a los medios de prueba que crea pertinentes para establecer los hechos de relevancia jurídica del proceso.

“En consideración a los criterios de valoración expuestos, la Sala, teniendo en cuenta que el caso presente trata de graves violaciones a los derechos humanos, adecuará los criterios de valoración probatoria a los estándares establecidos por los instrumentos internacionales en aras de garantizar una justicia efectiva”(22) (negrillas originales).

Así las cosas, se tendrá en cuenta la totalidad de los medios de convicción que en el proceso penal se encuentran contenidos, de los cuales resulta pertinente hacer expresa referencia a los siguientes:

— Según el informe administrativo elaborado por la entidad pública demandada, los hechos en los cuales perdió la vida el señor Humberto de Jesús López Quiroz se desarrollaron así:

“Me permito por medio del presente (sic) informarle que en la vereda La Pradera, área general de San Pablo, el día 03 de marzo de 2005, siendo las 11:00 horas se dio de baja en contacto armado al bandido conocido como alias ‘Mono López’ perteneciente al frente No. 36 de las ONT-FARC, en las coordenadas (06’38’’N) (25º13’44’’w) según se estableció a través del posicionamiento global con el que cuenta esta patrulla pudiéndose describir el lugar como un campo abierto poco enmarañado cerca del Río San Pablo, la escena de los hechos se fijó mediante plano, en cuanto al cadáver se puede indicar lo siguiente:

“Cadáver Nº 2: El mismo estaba ubicado con la cabeza al oriente y los pies al occidente, su posición era boca arriba, el bandido se identificó como Humberto de Jesús López Quiroz (...). Con relación a este cadáver aparecen los siguientes elementos, los cuales estaban ubicados con relación al cadáver tal y como se indica: aproximadamente a 15 centímetros de la mano derecha, 01 pistola cal. 09 mm. Marca Brown, número (…), 01 proveedor cal. 09 mm, 07 cartuchos cal. 9 mm (…).

“El cadáver ante la imposibilidad del desplazamiento por parte de alguna autoridad debió ser movido de acuerdo con las medidas de seguridad y embalado boca abajo, enrollado en un plástico negro y fue transportado desde el sitio antes descrito en caballo, evacuándolo en un tiempo de 04 horas y dejado de acuerdo con ello [la] morgue del Hospital de Campamento para que allí se proceda a la realización de las respectivas diligencias judiciales (…)”(23) (se destaca).

— A través de proveído de 4 de marzo de 2005, el Juzgado Veintidós (22) de Instrucción Penal Militar decidió dar apertura de indagación preliminar por la muerte del señor Humberto de Jesús López Quiroz y decretó la práctica de algunas pruebas(24).

— Mediante auto de 10 de junio de 2008, el Juzgado Treinta y Dos (32) de Instrucción Penal Militar de Medellín decidió remitir por competencia las diligencias adelantadas con ocasión del fallecimiento del señor López Quiroz a la Fiscalía Ciento Dieciséis (116) Delegada ante el Juzgado Penal de Circuito de Yarumal, Antioquia”(25).

— El 30 de julio de 2010, la Fiscalía 46 Especializada de Bogotá dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de un grupo de miembros del Ejército Nacional por la supuesta comisión del delito de homicidio en persona protegida “del que fueran víctimas los señores Humberto de Jesús López Quiroz y Nicolás Gonzalo Morales Morales”; de la referida providencia se destacan los siguientes apartes:

“2.1. Situación fáctica.

“La presente investigación tuvo su origen en hechos acaecidos el 03 de marzo de 2005, a las 11:00 horas en la vereda “La Pradera”, área general de San Pablo, Antioquia, cuando tropas del Ejército Nacional al mando del ST. César Cómbita Eslava, Comandante de la Contraguerrilla Córdoba 3, dieron de baja a Humberto de Jesús López Quiroz y un NN masculino —Nicolás Gonzalo Morales Morales—.

“(…).

“2.4. Calificación jurídica provisional.

“Los hechos que ocupan nuestra atención, se encuentra previsto en el Código Penal, en el Libro Segundo, que trata de los “Delitos contra las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario”, Capítulo Único, art. 135 que prevé el “homicidio en persona protegida” (…).

“2.4.2. Elementos normativos.

“En efecto, la norma del artículo 135 del Código Penal, exige para su perfeccionamiento que la conducta de homicidio se ejecute “con ocasión y en desarrollo del conflicto armado” y que el sujeto pasivo del reato sea una persona protegida.

“(…).

“Con lo anterior, resulta claro que las personas ostentan la calidad de persona protegida, procederá el Despacho a realizar el análisis de los medios probatorios obrantes dentro del proceso con el fin de determinar si los hoy occisos Humberto López Quiroz y Nicolás Gonzalo Morales Morales ostentaban para el momento de los hechos la calidad de personas protegidas o si por el contrario eran combatientes del Frente 36 de las FARC y por lo tanto su muerte se dio como resultado de un combate armado con el Ejército Nacional y como consecuencia, la muerte de los mismos no estaría amparada por el artículo 135 de la Ley 600 de 2000 y la legislación internacional citada anteriormente.

“(…).

Frente a esta conceptualización, resulta claro que los señores Humberto De Jesús López Quiroz y Nicolás Gonzalo Morales Morales, al momento de fenecer, presentaban la calidad de ‘personas protegidas’, en la medida en que eran personas civiles residentes en la región en donde tuvieron ocurrencia los hechos, esto es, la vereda ‘La Pradera’ del municipio de San Pablo (Ant.), no presentaban la calidad de combatientes y la conducta se ejecutó, en la vereda ya mencionada, donde en efecto, se desarrolla el conflicto armado, del cual ellos no participaban.

Debe aclararse que la actividad que estaban desplegando los hoy occisos en la región, no se aproxima siquiera remotamente al carácter de combatientes que se les quiere atribuir, ni mucho menos un actuar antijurídico, ya que de acuerdo con las pruebas obrantes hasta el momento, el hoy occiso Humberto López Quiroz salió de su casa con rumbo al río a pescar y en el camino se encontró con Nicolás Gonzalo Morales Morales, este último quien se encontraba laborando en una finca cercana con su padre, y había bajado a la vereda con el fin de ir por el almuerzo, versión de los hechos que se apoyan en diferentes testimonios, y que hacen que para este Despacho sea más creíble que la voz unísona de los miembros del Ejército de la existencia de un combate nutrido con ‘bandoleros’ de las FARC.

“(…).

“Todas las declaraciones presentes en el proceso, hacen pensar a este Despacho en alto grado de probabilidad que los hoy occisos eran campesinos de la región, que todo su núcleo familiar se encontraba en la misma zona dedicándose a la agricultura.

“De acuerdo con las pruebas recaudadas hasta este momento, no existe ningún elemento que sirva para atribuirle a los occisos la calidad de combatientes que hayan participado directamente de las hostilidades. 

“(…)”(26) (negrillas adicionales).

— Dentro del proceso penal obran las declaraciones de los integrantes del Ejército Nacional que participaron en el operativo que dejó como resultado la muerte de los señores Humberto de Jesús López Quiroz y Nicolás Gonzalo Morales Morales, quienes coincidieron en afirmar que fueron atacados por supuestos subversivos, circunstancia que los obligó a accionar sus armas de dotación en contra de tales ciudadanos; en efecto, el señor SLP Jaimer Giovanni Zapata Jiménez, sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acaecieron los hechos por los cuales se demandó, narró:

“Mi TE. Combita obtuvo una información sobre el cañón de San Pablo, (sic) los cuales se mantenían extorsionando a la población civil de la vereda y a los campesinos, mi teniente alistó una operación con la Córdoba Tres y Deluyer Tres de apoyo y de reserva Anzoátegui Tres, salimos aproximadamente de una y media a dos de la mañana para el dos de marzo hacia el sector del Cañón de San Pablo, llegamos entre las cinco y media y seis de la mañana, se montó punto de observación durante el día y no apareció nada, posteriormente el tres de marzo salimos a hacer un registro y control de área salimos en horas de la mañana, entre las 10:30 y 11:00 de la mañana entramos en contacto armado con más o menos de 08 a 10 bandidos de las FARC, nos dimos (sic) de cuenta que eran bandidos porque ellos nos vieron y nos dispararon primero, nosotros reaccionamos, tomamos la posición de tendido para mirar bien, el terreno y de donde nos estaban disparando, mi TE. Combita les hizo la proclama de que se entregaran y se les respetaba la vida en dos o tres ocasiones, no hicieron caso a la proclama y siguieron abriendo fuego, entonces ya hicimos una maniobra donde yo iba al mando de mi TE. Combita, en la maniobra se encontró el bandido dado de baja con el alias Escorpión con un revólver Smith Wesson, calibre 32 con cuatro vainillas y dos cartuchos, once estopines, dos barras de indugel y documentación perteneciente al 36 frente de las Farc, un radio Yaessu, ya cuando se terminó toda la maniobra todo lo que hicimos, mi teniente nos informó que se había dado la baja a otro bandido, no tengo conocimiento como (se) llamaba, como eso es un sitio semiboscoso, parte peligrosa para nosotros, conseguimos bestias y los amarramos y los subimos a la parte alta donde estaba la reserva (…). Cuando nos dispararon nos dimos cuenta que eran bandidos, se les hizo la proclama y nos siguieron disparando, llevaban unos morrales hechizos, iban en civil, veíamos que nos disparaban pero no se veían porque el terreno era boscoso. (…)”(27) (negrillas adicionales).

A su turno, el señor SLP. José Augusto Castañeda Muñoz relató que:

“(…) como a las 10:45 a 11:00 de la mañana del día 3 de marzo, venían unos hombres aproximadamente de ocho a diez bandidos y se metieron a la cañada y observamos que estaban haciendo, mi Cabo DUARTE dio la orden de que avanzáramos al hueco donde se encontraban los subversivos, ellos nos vieron y nos encendieron a plomo, eso duró como de veinticinco a media hora, entonces fuimos a hacer el registro por la orden de mi Cabo Duarte y encontramos un guerrillero muerto, el llevaba un revólver Smith Wesson, calibre 32 y en el tambor tenía cuatro vainillas, llevaba dos barras de indugel y unos documentos que decían (sic) donde los sitios que ellos se mantenían y tenían unas informaciones que nos iban a tirar unos balones de bombas, ya cuando pasó eso se escucharon unos disparos, entonces mi teniente habló con mi Cabo que decía ‘me están dando’, pero entonces nosotros nos quedamos ahí porque era un sitio muy crítico, esperamos la orden de mi Cabo para movernos de ese hueco, cuando ya pasó el fuego mi Cabo subió y nosotros nos quedamos en la parte de abajo, como no había Fiscalía ni nada, nos tocó prestar unos caballos para transportar los cuerpos (…)”(28) (se destaca).

Por su parte, el señor SLP Andrés Felipe Sarrazola sostuvo que:

“Nos encontrábamos en un lugar llamado la Frisolera, de ahí salimos a una operación porque teníamos información porque habían unos bandidos delinquiendo por el cañón de San Pablo, La Pradera, iniciamos un desplazamiento el día 2 de marzo a las dos de la mañana, llegamos a la amanecida hacia ese sector de Cañón de San Pablo y La Pradera, ese día montamos puestos de observación, pasaba la gente civil normal por ahí, tipo 10:20 a 10:30 de la mañana fuimos sorprendidos por los bandidos y nos emprendieron a fuego, mi TE. Combita les dijo como dos o tres veces que se entregaran, que se les respetaba la vida, ellos siguieron disparándonos, al decirle como dos o tres veces que se entregaran para respetarles la vida, ellos seguían abriendo fuego, se reaccionó, mi teniente le dio la orden a mi Cabo Duarte que maniobrara por el lado derecho del sector mientras nosotros los que íbamos al mando de mi teniente maniobramos por el lado izquierdo, los sujetos empezaron a desplegarse por el monte, por la maraña, nosotros rápidamente salimos detrás de ellos, uno que se metió en una casa abandonada, de ahí nos disparaba, mi Teniente Combita le dijo que se entregara, que se le respetaba la vida, siguió agrediéndonos y en el intercambio de disparos se dio de baja, quedó dentro de la casa vieja, que no tenía ni techo ni nada, disparaba por las ventanas, en esos momentos se les encontró una pistola 9 mm y unos artefactos para explosivos, a eso de la media hora cuando estábamos montando esa gente en bestias para arrancar porque el cañón era peligroso, ahí se arrimó una señora verificando a ver si era uno de los hijos de ella, (…). Los dos grupos tuvieron contacto a la vez, el grupo al mando del Cabo Duarte dio la baja de un tal Escorpión, quedó en un potrero cerca de la maraña y el otro grupo al mando del TE. Combita dio de baja al otro sujeto, quedó en la casa vieja, ahí fue cuando mi teniente le dijo que se entregara para respetarle la vida, ahí fue donde disparó para irse a la huida y en el intercambio de disparos se dio la baja (…)”(29) (se destaca).

— Contrario a lo manifestado por los militares, dentro del proceso penal obran los testimonios de unos ciudadanos, quienes coincidieron en afirmar que el señor Humberto de Jesús López Quiroz fue sacado a la fuerza de la casa de su madre por miembros del Ejército Nacional, acto seguido fue torturado y por último fue dado de baja por dichos agentes de la fuerza pública.

Pues bien, la señora Luz Mary Inelda Montoya Mesa en su calidad de habitante de la vereda San Pablo, relató lo siguiente:

El señor Humberto era campesino, agricultor; yo a él lo conocía desde muy niña. Primero lo veía en la casa con la mamá, que era la señora Esperanza Quiroz y después se casó con Marleny Rendón y vivía en una casa aparte de la familia, ahí en la ‘Pradera’, ellos tenían una finca de caña grande y trabajaban con la mamá en la misma finca (…). PREGUNTADO: Indique al Despacho todo cuanto sepa y le conste en la relación con los hechos en los cuales se produjo la muerte de Humberto López y César Morales. CONTESTO: Era un jueves, pero no recuerdo la fecha, esa semana había estado el Ejército en la vereda, porque yo había escuchado comentarios de que andaban por ahí; para nadie es un secreto que el frente 36 de las FARC se mantenía en esa vereda. Yo escuché que estaban persiguiendo a las FARC y cuando se encuentran dos grupos así, a los residentes nos da mucho temor salir a la carretera e incluso mandar a los niños a la escuela. Yo tenía que ir a una cantina que a la vez es tienda y que se llama la ‘punta’, porque tenía que conseguir arroz, ya que estaba falta de comida en la casa y hay que bajar una loma, cuando yo vi que era un grupo armado me dio mucho miedo, más sin embargo atendí el llamado. Me preguntaron que para donde iba y yo les dije para donde iba, me dijeron que a quién había visto en el camino y yo les dije que no había visto a nadie, me dijeron que siguiera, pero si alguien me preguntaba que si yo había visto a alguien, que dijera que no había visto nada. Para ir a ‘La Punta’, yo tenía que pasar por la escuela en donde estaban mis niñas estudiando; cuando yo salí cerca a la ramada de donde molía la caña el ‘Mono López’, yo vi a alguien escondido detrás de una imagen que había cerca de la casa de doña Esperanza Quiroz, entonces en el momento en que yo iba a pasar frente a la imagen, venían saliendo el ‘Mono López’ y César, salían de la casa del Mono López. Cuando ellos pasaban ahí frente a la imagen, la persona que estaba escondida detrás de la imagen salió y estaba armada y vestido de militar y se les paró de frente y César dio una vuelta como si fuera a correr; el hombre armado le disparó a quemarropa a César y la camisa se le llenó toda la sangre, más sin embargo, él corrió un poquito y cayó más adelante, mientras tanto el Mono López se tiró al piso con las manos hacia atrás, la persona que estaba armada le dio con el pie en la cara, lo insultaba y le decía que corriera él también, para acabar con él ahí mismo; el ‘Mono’ no le respondía nada. Por la cara que yo le vi, no tenía sino miedo. Cuando eso pasó, en ese instante se llenó de Ejército todo el sitio, no sé de dónde salieron, porque yo solamente había visto a dos de ellos, cuando me retuvieron saliendo de la casa y a la persona que estaba detrás de la imagen. A mí me dio mucho miedo y le dije al señor que estaba golpeando al ‘Mono’ que me dejara pasar, porque yo iba por mis niñas que estaban en la escuela. Él miró hacia atrás y volteó otra vez a seguir maltratando al ‘Mono’, más sin embargo no me respondió. Yo al ver que no me respondía, me pasé por en medio de ellos y seguí caminando, no me dijeron nada. Cuando yo iba llegando a la escuela, vi a CESAR que estaba muerto a un lado del camino por donde yo pasé. Yo llegué corriendo y la profesora y todos me preguntaron que qué había pasado, me senté a llorar y les dije que habían matado a César y que tenían al Mono cogido y lo estaban maltratando; me quedé con la profesora y los niños ahí y vi que al (sic) frentecito había un potrero y al momentico, los uniformados llegaron ahí por unas bestias para llevarse el cuerpo de César y al Mono también, aunque mientras yo estuve ahí no lo mataron y además, él alcanzó a hablar con Esperanza la mamá y le dijo que lo acompañara, pero después resultó muerto (…). PREGUNTADO: Sabía usted que César Morales realmente se llamaba Nicolás Gonzalo? CONTESTO: No, yo no sabía”(30) (se destaca).

A su turno, el señor Celso de Jesús López Hincapié relató lo siguiente:

“PREGUNTA: Manifieste al Despacho cómo se enteró usted de la muerte de Humberto de Jesús López Quiroz. RESPUESTA: Fue cuando me llegó la muchachita (la hija de la víctima directa) me llegó y me dijo que le habían cogido el papá que si la acompañaba a Campamento, no recuerdo el día, me dijo que la acompañara para ir a Campamento para ir a colocar el denuncio donde el Alcalde, nosotros íbamos para arriba y cuando lo vi que tenían a Humberto al lado de una faldita y había un soldado cuidándolo, eso fue aproximadamente como a las 11 de la mañana, de la muerte me enteré después de que pasamos y oímos los tiros (sic) y inocentes quedamos, nosotros escuchamos la balacera (sic) mucha, yo le dije a la muchacha que no llore, que no se confunda que ya lo cogieron y ya no le hacen nada, ya en campamento pasó un muchacho que no le sé el nombre y yo le dije cómo está eso por allá y él me dijo que cuando había pasado tenían un muerto ahí, ya cuando bajé para la finca me di cuenta por los mismos vecinos por los comentarios que habían matado al mono. (…). El mono es Humberto López, por allá todo el mundo desde pequeño le decían el mono, así lo conocía todo el mundo. (…)”(31) (se destaca).

— Pese a los testimonios de los militares respecto de un supuesto ataque de subversivos, en el presente asunto se acreditó que la Fiscalía General de la Nación le practicó a la víctima directa del daño un ‘análisis de residuos de disparo por espectrofotometría de absorción y emisión atómica’, cuyo resultado fue el siguiente:

“V. Conclusiones:

“Realizado el análisis instrumental por Espectrometría de Masas Acoplada Inductivamente a Plasma (ICP-MS) se concluye que el KIT No. 291917 de muestras de residuos de disparo en mano analizado no contienen Bario (Ba) y Plomo (Pb) y Antimonio (Sb) y NO existe entre los metales relación compatible estadísticamentecon residuos de disparo en mano(32) (se destaca).

— Por último, dentro del expediente obra un estudio balístico a las armas de fuego que supuestamente fueron encontradas junto a los cadáveres de los señores Humberto de Jesús López Quiroz y Nicolás Gonzalo Morales Morales, el cual arrojó el siguiente resultado:

“I. Elementos recibidos para estudio.

“1. Un arma de fuego calibre 32 largo, marca Smith & Wesson.

“2. Un arma de fuego calibre 9 mm, marca Browning con su proveedor.

“3. Cuatro vainillas y diez cartuchos,

“(…).

“VI. Respuesta a lo solicitado.

“Revisadas las partes de las armas, sus mecanismos y efectuadas pruebas físicas de disparo, se estableció que se encuentran APTAS para producir los efectos para los cuales fueron fabricadas.

“Realizada la prueba de Griess en el cañón de las armas de estudio, esta dio resultado positivo, lo que nos determina que las mismas fueron disparadas después de practicarle limpieza por última vez; esta es una prueba colorimétrica, indiciaria y no concluyente, toda vez que no mide tiempo de disparo, por cuanto en la actualidad no existen métodos técnicos ni científicos que lo determinen.

“Conforme al resultado del estudio de comparación de vainillas, se estableció que existe improcedencia, y por lo tanto correspondencia en las señales tanto macroscópicas como microscópicas, dejadas por las armas a los elementos en el momento de producirse el disparo, lo que nos determina que estos elementos fueron percutidas en el arma de estudio, (sic) revólver marca Smith & Wesson, calibre .32 largo, número 755594.

“Los cartuchos presentaron buen estado de conservación y fueron utilizados en pruebas técnicas y obtención de patrones.

“Los patrones obtenidos de las armas se ingresaron al sistema ‘IBIS’ para la respectiva correlación con proyectiles y vainillas analizados anteriormente, obteniendo resultados negativos (…)”(33).

4.1. Acerca de la prueba indiciaria(34). 

Los jueces pueden encontrar acreditados los supuestos de hecho de una demanda por vía de medios probatorios indirectos, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que dicho análisis exige. Sobre tal proceso de inferencia la Corte Suprema de Justicia ha precisado que,

“El indicio es un medio de prueba crítico, lógico e indirecto, estructurado por el juzgador a partir de encontrar acreditado por otros medios autorizados por la ley, un hecho del cual razonadamente, y según las reglas de la experiencia, se infiera la existencia de otro hasta ahora desconocido que interesa al objeto del proceso, el cual puede recaer sobre los hechos, o sobre su agente, o sobre la manera como se realizaron, cuya importancia deviene de su conexión con otros acaecimientos fácticos que, estando debidamente demostrados y dentro de determinadas circunstancias, permite establecer, de modo más o menos probable, la realidad de lo acontecido”(35).

En la misma sentencia la Corte Suprema de Justicia señaló los requisitos que ha de cumplir la prueba indiciaria, en los siguientes términos:

“De conformidad con la previsión legal sobre la prueba indiciaria…, el hecho indicador del cual se infiere la existencia de otro acaecimiento fáctico, debe estar debidamente acreditado por los medios directos de prueba (testimonio, peritación, inspección, documento, confesión); ha de ser indivisible, pues los elementos que lo integran no pueden a su vez tomarse como hechos indicadores de otros acaecimientos fácticos; independiente, ya que a partir de un hecho indicador no pueden estructurarse varios hechos indicados; si son varios han de ser concordantes, de manera que los hechos inferidos guarden armonía entre sí como partes que integran un mismo fenómeno; convergentes, es decir que la ponderación conjunta de los distintos indicios dé lugar a establecer una sola conclusión y no varias hipótesis de solución; y, finalmente, que en su apreciación, como ocurre con todos los medios de prueba, el juzgador acuda a las reglas de la sana crítica, establezca el nivel de probabilidad o posibilidad, y, en tal medida señale si son necesarios, contingentes, graves o leves, y su relación con los demás medios de prueba que obran en la actuación”(36).

Continúa la providencia en cita haciendo referencia a las varias clases de indicios que pueden distinguirse. Discurre al respecto así:

“Los indicios pueden ser necesarios cuando el hecho indicador revela en forma cierta o inequívoca, la existencia de otro hecho a partir de relaciones de determinación constantes como las que se presentan en las leyes de la naturaleza; y contingentes, cuando según el grado de probabilidad de su causa o efecto, el hecho indicador evidencie la presencia del hecho indicado. Estos últimos, a su vez, pueden ser calificados como graves, cuando entre el hecho indicador y el indicado media un nexo de determinación racional, lógico, probable e inmediato, fundado en razones serias y estables, que no deben surgir de la imaginación ni de la arbitrariedad del juzgador, sino de la común ocurrencia de las cosas; y leves, cuando el nexo entre el hecho indicador y el indicado constituye apenas una de las varias posibilidades que el fenómeno ofrece”(37).

Sobre este mismo medio de prueba, esta Sección del Consejo de Estado ha discurrido así:

“Los indicios son medios de prueba indirectos y no representativos, como sí lo son el testimonio y la prueba documental, y no pueden ser observados directamente por el juez, como por ejemplo sucede en la inspección judicial. En la prueba indiciaria el juez tiene ante sí unos hechos probados a partir de los cuales debe establecer otros hechos, a través de la aplicación de reglas de la experiencia, o principios técnicos o científicos. En pocos términos, el indicio es una prueba que construye el juez con apoyo en la lógica, partiendo de la existencia de unos hechos debidamente acreditados en el proceso. Por eso, al margen de las controversias que se suscitan en la doctrina en relación con este aspecto, puede afirmarse que el indicio se integra con los siguientes elementos:

Los hechos indicadores, o indicantes: son los hechos conocidos: los rastros o huellas que se dejan al actuar, la motivación previa, etc., son las partes circunstanciales de un suceso, el cual debe estar debidamente probado en el proceso.

Una regla de experiencia, de la técnica o de la lógica, es el instrumento que se utiliza para la elaboración del razonamiento.

Una inferencia mental: el razonamiento, la operación mental, el juicio lógico crítico que hace el juzgador; la relación de causalidad entre el hecho indicador y el hecho desconocido que se pretende probar.

El hecho que aparece indicado, esto es, el resultado de esa operación mental.

(…).

Una vez construida la prueba indiciaria, el juez deberá valorarla teniendo en cuenta su gravedad, concordancia, convergencia y relación con los demás medios prueba que obren en el proceso. Para efecto de establecer su gravedad, la doctrina ha señalado algunos derroteros que pueden resultar de ayuda para el juez. Por ejemplo, ha clasificado los indicios en necesarios y contingentes, entendiendo como necesarios, aquellos que de manera infalible muestran la existencia o inexistencia de un hecho que se pretende demostrar, o revelan en forma cierta la existencia de una constante relación de causalidad entre el hecho que se conoce y aquel que se quiere demostrar y son, por lo tanto, solo aquellos que se presentan en relación con ciertas leyes físicas, y como contingentes, los que revelan de modo más o menos probable cierta causa o cierto efecto. Estos últimos son clasificados como graves o leves, lo cual depende de si entre el hecho indicador y el que se pretende probar existe o no una relación lógica inmediata.

La concordancia hace referencia a los hechos indicantes. Se predica esa característica cuando los mismos ensamblan o se coordinan entre sí; en tanto que la convergencia se refiere al razonamiento lógico que relaciona esos hechos para determinar si esas inferencias o deducciones confluyen en el mismo hecho que se pretende probar”(38).

En casos similares a los que hoy se examinan, en los cuales se ha utilizado la prueba y/o el razonamiento indiciario para derivar responsabilidad al Estado por la ejecución sumaria o extrajudicial de personas, la jurisprudencia de esta Sección ha razonado de la siguiente forma:

“Así, a pesar de que sobre la autoría material del hecho por parte del Cabo Primero Rodríguez Gutiérrez no existe duda alguna —pues los elementos de prueba llevan a la Sala a arribar la misma conclusión a la cual llegó el Juez Segundo Penal de Fusagasugá en la sentencia condenatoria contra este—, lo cierto es que la ejecución extrajudicial del señor Rodríguez Lombo no fue consecuencia de un acto impulsivo o de venganza personal del autor material del hecho, sino de complejas circunstancias que excedieron ostensiblemente —por decir lo menos—, las labores de inteligencia contrainsurgente que este desarrollaba, razón por la cual no resultaría razonable concluir sobre una culpa puramente personal del agente estatal involucrado.

“En efecto, resalta la Sala que si bien el material probatorio analizado es escaso circunstancia propia del tipo de hechos que se examinan, los cuales involucran la vulneración de derechos humanos por parte de agentes del Estado, el mismo entraña una pluralidad simétrica y resulta categórico para tener por acreditados los siguientes hechos:

“i) Seguimientos por parte de miembros del Ejército contra la víctima directa: Se tiene probado que el hoy occiso señor José Eduardo Rodríguez Lombo, un mes antes de su deceso, le comunicó a su sobrina, señora Claudia Constanza Lombo Rodríguez, que era objeto de seguimientos por parte de dos personas en una motocicleta, quienes se habían identificado ante él como miembros pertenecientes al Ejército Nacional. De igual forma, en su declaración el señor Teniente Coronel Suárez Tocarruncho, al ser preguntado acerca de las actividades realizadas por el Cabo primero Rodríguez Gutiérrez, respecto de la aludida víctima directa señaló: “La verdad no puedo asegurar si él [se refiere al Cabo Primero Rodríguez Gutiérrez] me lo dijo pero si está o él me dijo algo debe estar por escrito, sin embargo puede que otras personas que desarrollan estas actividades pudieron haberme informado de este punto en concreto. Pero quiero aclarar que yo personalmente sé que el señor Eduardo Rodríguez, tenía vínculo de amistad con grupos al margen de la ley, grupos de delincuencia que van en contra de las instituciones”.

“A partir de ese hecho probado se puede deducir que las actividades de seguimiento contra el hoy occiso fueron ordenadas por los mandos superiores de la Quinta División de Inteligencia del Ejército Nacional de esa localidad (Fusagasugá), por considerar que este tenía vínculos con grupos subversivos, así como que, luego de más de un mes de seguimientos por miembros de Inteligencia del Ejército Nacional sobre la citada persona, esta fue ultimada por un Suboficial de esa institución militar, respecto de quien se pudo establecer, estaba en compañía de un sujeto abordo de una motocicleta, el cual, a su vez, resultó ser un informante del Batallón de Inteligencia del Ejército Nacional.

“ii) El homicidio se perpetró con la participación directa de informantes del Ejército Nacional: Está acreditado en el plenario que luego del plagio del señor José Eduardo Rodríguez Lombo, la Policía del municipio de Fusagasugá detuvo al señor Henry Morales por hallarlo sospechoso del crimen perpetrado esa noche, pues se encontraba rondando en una motocicleta el sector en donde fue secuestrada la víctima. La retención del señor Henry Morales —quien se demostró era un informante del Ejército Nacional— motivó a su padre, el señor Pedro Morales Faustino —también informante del Ejército Nacional—, a llamar por teléfono al Teniente Coronel Lelio Fadul Suárez Tocarruncho (Director Regional de Inteligencia), para comunicarle que el Cabo Primero Rodríguez Gutiérrez había causado la muerte de la referida víctima. Ante tal información el oficial antes mencionado ordenó que el citado Suboficial Rodríguez Gutiérrez compareciera ante su oficina al día siguiente. Una vez en compañía de los oficiales Suárez Tocarruncho, Germán Rodríguez Fernández y Oscar Cardona Prada, el Cabo Primero Rodríguez Gutiérrez relató espontáneamente a estos la forma en la cual había dado muerte al señor Rodríguez Lombo.

“Los anteriores hechos se conocieron en el proceso por vía de los testimonios del Teniente Coronel Lelio Fadul Suárez Tocarruncho y de los Mayores Germán Ricardo Rodríguez y Oscar Cardona Prada. A partir de tales pruebas se infiere razonablemente, en primer lugar, que ambos informantes del Ejército necesariamente tuvieron conocimiento sobre el autor material del hecho criminal antes de que se perpetrara, pues él señor Pedro Morales Faustino no estuvo presente en el lugar ni en el momento de los hechos, no obstante lo cual, reveló de forma inmediata y contundente a la persona homicida. Así pues, solo en virtud de la revelación del autor del homicidio por parte del referido señor Pedro Morales, se logró la comparecencia del aludido suboficial ante sus superiores para que esclareciera los hechos y, confesara el homicidio. En segundo lugar, pude concluirse que en la ejecución del plan criminal participó directamente el informante Henry Morales, pues mientras el Cabo Rodriguez Gutiérrez perpetraba el crimen, el primero se encontraba esperándolo y rondando el sector donde ocurrió el homicidio, cosa que hacía precisamente abordo de la motocicleta oficial que hacía parte la dotación del Suboficial, lo cual motivó a que dicho informante hubiera sido detenido por la Policía Nacional momentos después de producirse el plagio del señor Rodríguez Lombo.

iii) El Suboficial Rodríguez Gutiérrez se encontraba en servicio activo cuando perpetró el crimen: En efecto, pese a que la entidad demandada manifestó que el señor Cabo Primero Rodríguez Gutiérrez para el día en que perpetró el crimen (17 de julio de 1998), se encontraba de permiso, lo cierto es que se encontraba en servicio activo, pues, el testimonio del Sargento Pedro Julio Cabrera fue enfático al asegurar que: “no me enteré que estaba con permiso el señor José Hildebrando, no sabía de permiso, sabía que sí que estaba trabajando, no sé dónde pero permiso no”; así mismo, el Jefe de Personal del Batallón de Inteligencia No. 5, sostuvo en su declaración que “uno como militar nunca pierde sus funciones mientras esté activo, un permiso es autónomo del Comandante para otorgarlo para el cumplimiento de ciertas actividades relacionadas con las labores que desempeña en cada unidad (…), para el caso del señor José Hildebrando Rodríguez, él no pierde sus funciones como Suboficial”.

“iv) Falta de control de los superiores respecto del Suboficial homicida: Según la declaración del Mayor Germán Ricardo Rodríguez Fernández, el Cabo Primero Rodríguez Gutiérrez, tres días antes del homicidio del señor Rodríguez Lombo, “estaba desplazándose en la moto con una pistola o un arma y al parecer estabapidiendo plata, lo cual nos creó un mal ambiente de que fuera a cometer algún delito o lo fueran a asesinar”; en ese mismo sentido, en su testimonio, el Coronel Lelio Suárez Tocarruncho afirmó que “el fin de semana del 13 de junio de 1998, tuve algunas informaciones en el sentido de que el Suboficial no tenía buenas amistades, ante lo cual lo cité el día 16 de junio a mi oficina para trasladarlo a Bogotá, motivo por el cual me pidió los días 17 y 18 de permiso para hacer trasteo, para que se presentara el 19 de junio a las 7 de la mañana en Bogotá”; no obstante, no se suministró explicación alguna por parte del grupo de oficiales a qué tipo de “amistades” se referían; además, los mandos superiores del Cabo Primero permitieron que permaneciera por (4) días más en el municipio de Fusagasugá, sin tener en cuenta que el suboficial al realizar tales conductas delictivas, como resulta apenas natural, constituía un peligro y/o riesgo claro para la comunidad en general, amén de que no se le impuso una medida cautelar inmediata o sanción alguna por tales hechos por parte de sus superiores.

“La anterior circunstancia fáctica revela una falta de control y extraordinaria permisibilidad por parte de los mandos superiores respecto del Suboficial que se sabía estaba ejecutando conductas delictivas en la misma población en la que desarrollaba actividades de inteligencia el día 13 de junio de 1998; sin embargo no adoptaron medidas o correctivos eficaces para impedir que siguiera desplegando tales actos delictivos en contra de la población civil, pues le permitieron permanecer por varios días más en el municipio de Fusagasugá, lo cual facilitó la perpetración del crimen por parte del Suboficial el día 17 de junio de 1998. Bajo dicha perspectiva, ha de concluir la Sala que dicha falla del servicio imputable a la entidad demandada, tuvo incidencia necesariamente en el homicidio del señor José Eduardo Rodríguez Lombo.

“v) El Cabo Primero Rodríguez Gutiérrez era un hombre destacado en el cuerpo de Inteligencia del Ejército Nacional y contaba con más de cinco años de experiencia dentro de la Quinta División de Inteligencia del Ejército Nacional, según lo informó en su declaración el Coronel Suárez Tocarruncho; asimismo, fue varias veces condecorado por su “excelente desempeño”, incluso, de forma extraña y pese a los aludidos actos delictivos perpetrados por este, según lo refleja el extracto de su hoja de vida, recibió una condecoración un día antes de perpetrar el crimen, es decir el día 16 de junio de 1998.

“vi) Permisibilidad del Cuerpo de Inteligencia del Ejército Nacional para con el Suboficial homicida: Se tiene acreditado con el extracto de hoja de vida del Cabo Primero Rodríguez Gutiérrez que fue suspendido de su cargo el día 10 de agosto de 1998, es decir casi dos meses después de que cometió y confesó el crimen a sus superiores y, adicionalmente, solo fue destituido el día 20 de octubre de 2000 “por facultad discrecional”, esto es más de dos años después del homicidio confesado, sin que se hubiese hecho alusión alguna del porqué de la demora en la adopción de tales decisiones.

“En relación con este punto, advierte la Sala y, así debe señalarlo, que la entidad demandada tuvo una actitud de total despreocupación en la demostración de las circunstancias que adujo para exonerarse de responsabilidad, pues no allegó o no adelantó investigación disciplinaria alguna encaminada exclusivamente a esclarecer la participación de un agente de inteligencia en la muerte del señor José Eduardo Rodríguez Lombo, teniendo la facultad y el deber de hacerlo, máxime cuando el Suboficial homicida confesó a sus superiores el crimen.

“vi) Ejecución de maniobras por parte del Ejército Nacional para ocultar la verdad material del caso: Ciertamente, los informes de inteligencia que suministró el Cabo Primero Rodríguez Gutiérrez a sus superiores en relación con el hoy occiso, curiosamente fueron incinerados y no se certificó ni se aclaró la razón por la cual fueron destruidos, amén de que no existe ningún otro documento de inteligencia donde consten las labores de inteligencia sobre el hoy occiso, a pesar de que los mandos superiores del batallón de Inteligencia tenían conocimiento de los presuntos nexos de este con grupos subversivos.

“A partir de la acreditación de dichas circunstancias se puede deducir el afán de ocultar evidencias por parte del Ejército Nacional, así como que la verdad material no salga a la luz, amén de que de tal comportamiento se infiere que se ha pretendido ocultar los móviles y finalidades del homicidio del señor Rodríguez Lombo por parte de la entidad demandada.

• Conclusión: Los anteriores hechos indicadores analizados en conjunto llevan a la Sala a concluir con nitidez, que la ejecución extrajudicial del señor José Eduardo Rodríguez Lombo fue planeada y perpetrada por un miembro de la División de Inteligencia del Ejército Nacional, en colaboración con informantes de esa misma institución, mientras se encontraba en ejercicio activo del servicio y en desarrollo de sus labores de Inteligencia contrainsurgente, pues en virtud de tales labores tuvo conocimiento previo de los presuntos vínculos con grupos subversivos por parte del hoy occiso Rodríguez Lombo, lo cual motivó a detener ilegalmente y poner en estado de indefensión a la víctima para posteriormente ultimarla, por esa misma razón o circunstancia de habérsele imputado cercanía con elementos de la guerrilla.

“De igual forma ha de concluir la Sala que el Ejército Nacional facilitó la consumación del hecho dañoso, pues, a pesar de que el referido Suboficial se encontraba realizando actos delictivos y esa circunstancia era conocida por sus superiores, no adoptó medida eficaz alguna para impedir que siguiera delinquiendo en esa localidad”(39) (negrillas del texto original).

Así pues, relacionadas las pruebas del proceso y esbozados los requisitos y elementos de la prueba o razonamiento indiciario, procede la Sala a realizar en el presente asunto los procesos lógicos que permiten establecer las circunstancias en las cuales se produjo la muerte del señor Humberto de Jesús López Quiroz, así como la responsabilidad de la entidad demandada respecto de ese hecho.

4.2. Conclusiones probatorias e imputación del daño antijurídico al Estado.

De conformidad con el material de convicción allegado al proceso, se tiene acreditado el daño sufrido por los demandantes, en tanto que la muerte del señor Humberto de Jesús López Quiroz supone, por sí misma, una afectación de distintos de sus bienes jurídicos protegidos y amparados por el ordenamiento jurídico.

Establecida así la existencia del daño que fundamentó la presente acción indemnizatoria, aborda la Sala el análisis de imputación con el fin de determinar si en este caso concreto dicho daño le puede ser atribuido a la demandada y, por lo tanto, si esta se encuentra en el deber jurídico de resarcir los perjuicios que de él se derivan.

Ahora bien, del acervo probatorio relacionado anteriormente se puede tener por acreditado, básicamente, lo siguiente:

i) La muerte del señor Humberto de Jesús López Quiroz fue producida por miembros del Ejército Nacional con sus correspondientes armas de dotación.

De conformidad con el registro civil de defunción, el acta de levantamiento de cadáver y con el protocolo de necropsia del señor López Quiroz, se tiene que falleció en horas de la mañana del 3 de marzo de 2005 como consecuencia de impactos de proyectiles de arma de fuego en la cabeza, tórax y abdomen.

En cuanto a los responsables y a las circunstancias que rodearon el hecho, se tiene que los militares Jaimer Giovanni Zapata Jiménez, José Augusto Castañeda Muñoz y Andrés Felipe Sarrázola, en declaraciones rendidas en el curso del proceso penal, manifestaron que el día 3 de marzo de 2005, a eso de las 10:30 y 11 de la mañana, en el cañón de San Pablo, vereda La Pradera, se presentó un cruce de disparos entre la unidad militar de la cual hacían parte los declarantes y un grupo de subversivos, como consecuencia de tal confrontación armada, perdió la vida el señor Humberto de Jesús López Quiroz.

ii) No existió combate ni enfrentamiento alguno entre el Ejército y grupos armados al margen de la ley el día de los hechos, por tanto, la muerte del señor Humberto de Jesús López Quiroz no se produjo como consecuencia de una legítima defensa, ni por razón de su propio hecho o “culpa”.

La entidad demandada ha sostenido a lo largo del trámite de la presente acción que la muerte del señor Humberto de Jesús López Quiroz se produjo por su propia culpa. Advierte la Sala que el hecho de la víctima, como causa extraña y exclusiva, impone para quien la alega la prueba de que se trató de un acontecimiento que le era imprevisible e irresistible, pues de no ser así se revela —respecto de la Administración, que es la que en este caso la aduce— una falla del servicio en el entendido de que, teniendo un deber legal de hacerlo, no previno o resistió el suceso, pues, como lo advierte la doctrina, “solo cuando el acontecimiento sobrevenido ha constituido un obstáculo insuperable para la ejecución de la obligación, deja la inejecución de comprometer la responsabilidad del deudor”(40).

El hecho de la víctima, al decir de los hermanos Mazeaud, solo lleva “consigo la absolución completa” cuando “el presunto responsable pruebe la imprevisibilidad y la irresistibilidad del hecho de la víctima. Si no se realiza esa prueba, el hecho de la víctima, cuando sea culposo y posea un vínculo de causalidad con el daño, produce una simple exoneración parcial: división de responsabilidad que se efectúa teniendo en cuenta la gravedad de la culpa de la víctima”(41).

Resalta la Sala que del examen detallado de las pruebas allegadas al expediente es posible concluir —y así lo anticipa—, que NO existe elemento alguno de convicción que permita tener por demostrado que la muerte del señor López Quiroz a la que se viene haciendo referencia hubiere obedecido o hubiere sido determinada por razón de su propia y exclusiva culpa, tal como lo sostiene la parte demandada.

Acerca de la legítima defensa como causal de exoneración de responsabilidad extracontractual del Estado, la Sala que integra esta Sección del Consejo de Estado, tras reconocer su procedencia, ha sido rigurosa en resaltar que no puede constituirse en una explicación de última hora que encubra o legitime el abuso de la fuerza por parte de los agentes del Estado. Así lo ha precisado:

“(…) si bien es cierto que el Estado puede hacer uso legítimo de la fuerza y por lo tanto, recurrir a las armas para su defensa, esta potestad solo puede ser utilizada como último recurso, luego de haber agotado todos los medios a su alcance que representen un menor daño. Lo contrario implicaría legitimar el restablecimiento del orden en desmedro de la vida y demás derechos fundamentales de las personas’(42).

‘Similares consideraciones ha hecho la Asamblea General de Naciones al aprobar el ‘Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley’, en la 106ª sesión plenaria del 17 de diciembre de 1979, para establecer, en el artículo 3º, que: ‘Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas’; sobre dicha norma comenta que el uso de la fuerza debe ser excepcional, en la medida de lo razonablemente necesario. Tal ha sido también el entendimiento que condujo a la aprobación de los ‘Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley’, adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, en agosto y septiembre de 1990, en los cuales se establece:

‘4. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto (...).

‘9. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y solo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, solo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida”.

“Por ello, el examen de la proporcionalidad que debe existir entre, la respuesta de la fuerza pública y la agresión que ella misma padece, en este tipo de eventos, para que su conducta pueda configurar una legítima defensa, debe someterse a un examen más riguroso que el que se pudiera hacer en el común de los casos. Efectivamente, los elementos configurantes de la legítima defensa deben aparecer acreditados de manera indubitable, de modo que el uso de las armas de fuego aparezca como el único medio posible para repeler la agresión o, dicho de otra forma, que no exista otro medio o procedimiento viable para la defensa; que la respuesta armada se dirija exclusivamente a repeler el peligro y no constituya una reacción indiscriminada, y que exista coherencia de la defensa con la misión que legal y constitucionalmente se ha encomendado a la fuerza pública”(43).

De acuerdo con lo anterior, se tiene que la procedencia de tal causal de justificación debe ajustarse a circunstancias de necesidad y proporcionalidad de la respuesta frente a la agresión. El examen de la necesidad y proporcionalidad de la respuesta de los miembros de la Fuerza Pública debe someterse a un control más estricto que el que pudiera hacerse en el común de los casos. Efectivamente, los elementos que configuran la legítima defensa deben estar acreditados de manera indubitable, de modo tal que aparezca claro que el uso de las armas era el único medio posible para repeler ese momento la agresión o que no existía otro medio o procedimiento viable para la defensa; que, además, la respuesta armada se dirija exclusivamente a repeler el peligro, y que no constituya una reacción indiscriminada, en tanto debe existir coherencia de la defensa con la misión que legal y constitucionalmente se ha encomendado a la Fuerza Pública.

De acuerdo con los parámetros anteriores, en el presente caso surgen serias dudas sobre la real configuración de la legítima defensa alegada por la demandada.

En efecto, tal y como se dijo anteriormente, los militares señalaron en sus declaraciones, que el día 28 de febrero de 2005 el Ejército Nacional tuvo noticia de que en el cañón de San Pablo se encontraban delinquiendo “20 bandidos”, razón por la cual, desde el 2 de marzo de la misma anualidad un grupo de miembros de dicha institución inició operaciones en el referido sector y, en consecuencia, el día 3 de los mismos mes y año fueron atacados por unos supuestos subversivos, circunstancia que los obligó a accionar sus armas de dotación, lo que dejó como resultado la muerte del señor Humberto de Jesús Quiroz López.

Debe señalar la Sala, en primer lugar que, ninguna de las razones que, según los declarantes, habrían llevado a la utilización de las armas de fuego en contra del hoy occiso está acreditada en el presente proceso, así como tampoco en el trámite adelantado ante la justicia penal.

Ciertamente, el operativo militar y el supuesto posterior enfrentamiento armado que habría tenido origen en el ataque por parte un grupo de subversivos, no cuenta con respaldo probatorio diferente al dicho del oficial que así lo refirió.

Aunado a ello, esta Sala no debe dejar pasar desapercibido las inconsistencias existentes en las declaraciones de los referidos militares consistentes en que el señor SLP. Jaimer Giovanni Zapata Jiménez a la pregunta relacionada de cómo habían tenido conocimiento de que una de las personas abatidas respondía al alias de “Escorpión” señaló: “porque en el momento en que se cogió el radio yaesu los demás bandidos lo llamaban a él Escorpión, hasta ahí (sic) tuvo conocimiento que lo llamaban Escorpión porque el radio lo tenía él y se estaban tratando de comunicarse con él y ahí lo llamaban Escorpión”.

A su turno, el señor SLP. Andrés Felipe Sarrázola, al anterior interrogante sostuvo: “porque los civiles que pasaban por el sector de la Frijolera decían que lo llamaban alias Escorpión y el otro alias Mono Pérez, que eran del Frente 36 de las Farc”(44).

De otro lado, a la pregunta relacionada con la cantidad de subversivos que supuestamente atacó a los miembros del Ejército Nacional, el señor SLP José Augusto Castañeda, en la misma declaración, precisó que: como a las 10:45 a 11:00 de la mañana del día 3 de marzo, venían unos hombres aproximadamente de ocho a diez bandidos y se metieron a la cañada (…)”; más adelante, expresó que: “cuando iban bajando eran aproximadamente de doce a quince bandidos (…)”(45).

A lo anterior ha de agregarse que el levantamiento de cadáver fue realizada al día siguiente y en un lugar diferente al sitio en el cual se presentó el supuesto enfrentamiento armado, por cuanto, según las versiones de los militares, tenían temor de ser atacados nuevamente en dicho sector por los supuestos insurgentes que operaban en el sector de San Pablo, por lo tanto, trasladaron los cadáveres hacia el sector de la Frisolera y, de ahí “fueron recogidos por un helicóptero”(46).

A diferencia de lo señalado por los integrantes del Ejército Nacional, obran los testimonios de unos ciudadanos, quienes fueron contestes en expresar que el señor Humberto de Jesús López Quiroz fue tomado por la fuerza por miembros del Ejército Nacional, luego fue sometido a actos de tortura y por último asesinado por dichos miembros de la fuerza pública.

Sumado a lo anterior, se destaca que dentro del proceso penal adelantado con ocasión del fallecimiento del señor López Quiroz no se demostró el supuesto ataque, sino que, por el contrario, se acreditó que contra los miembros del Ejército Nacional que participaron en el mencionado operativo se dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva por la presunta comisión del delito de homicidio en persona protegida.

Por último, se advierte que aun cuando la prueba de balística practicada a las armas que supuestamente fueron encontradas junto al cadáver del señor López Quiroz arrojó un resultado de que habían sido disparadas últimamente, lo cierto es que el análisis de absorción atómica realizada a las muestras tomadas de las manos de la víctima dictaminó que esta no había accionado arma de fuego alguna.

El cúmulo de las anteriores inconsistencias respecto de las afirmaciones plasmadas en las declaraciones de los militares, impiden que se pueda llegar a deducir, con algún grado mínimo de certeza, que en verdad el hoy occiso perteneciera a un grupo guerrillero y —mucho menos— que hubiera participado en un ataque armado contra los miembros del Ejército Nacional, así como tampoco se probó que hubiese estado armado o que hubiera representado peligro alguno para los uniformados cuando fue abatido, como afirmó la demandada para justificar el uso de las armas en su contra.

Todo lo considerado anteriormente, lleva a concluir a la Sala que no están probadas las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales se produjo la muerte del señor Humberto de Jesús López Quiroz y, mucho menos, que lo estén en la forma en la que ha sostenido la entidad demandada, lo que lleva a concluir —también— que resulta ausente de fundamento probatorio la causa extraña alegada por la demandada para oponerse a los pedimentos de la demanda a pesar de aceptar que de manos de sus agentes se produjo la muerte de López Quiroz, comoquiera que —bueno es insistir en ello—, no es posible afirmar que este hubiese pertenecido al grupo subversivo que predica la demandada, así como tampoco que tal persona hubiera disparado contra los militares, como vienen a ser los fundamentos de la excepción propuesta.

Era a la entidad demandada —y es algo que no puede perderse de vista— a quien correspondía demostrar —en este caso concreto—, mediante pruebas legal y regularmente traídas al proceso, la existencia de la causal de exoneración que adujo al dar contestación a la demanda y ocurre que ninguna prueba tendiente a tal propósito se trajo al proceso, ni se pidió o buscó aportar. Se limitó a la afirmación de unos hechos carentes de sustento probatorio como se deja visto.

En ese sentido se debe agregar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Así pues, la parte demandada no cumplió con la carga probatoria que le impone esta norma legal(47).

iii) El señor Humberto de Jesús López Quiroz no tenía vinculación con grupos subversivos, ni antecedente penal alguno. Era una persona que se dedicaba a la agricultura.

Para ofrecer condiciones de contexto a las conclusiones que la Sala va llegando, resulta indispensable establecer en esta causa quién era la víctima, como sea que parte de la explicación dada por la demandada apunta a señalar que se trataba de alguien que se había puesto por fuera de la ley, como que —según afirmó— pertenecía a un grupo subversivo y en el momento de su muerte estaría participando de un ataque a los miembros del Ejército Nacional que se encontraban en el sector del cañón de San Pablo.

Pues bien, lo que en este punto pone de presente la prueba recaudada no es cosa diferente a que el señor López Quiroz era un ciudadano que se dedicaba a actividades de agricultura, tales como el cultivo de caña. En efecto, los testimonios de las personas que conocieron al señor Humberto de Jesús López Quiroz, coinciden en señalar que era una persona que se dedicaba a actividades agrícolas en la finca de su familia y que gozaba del respeto de los habitantes de la región(48).

iv) Se hizo pasar al señor Humberto de Jesús López Quiroz como un subversivo dado de baja en combate con el Ejército Nacional.

Adicional a todo lo anterior, resulta necesario destacar que en el presente caso, cuando la persona no solo es víctima de la irracionalidad del poder que le arrebata la vida misma y, como si ello fuera poco —cuando lo es todo—, se mancilla, además, la honra y la dignidad de la persona fallecida, al hacerla pasar ante la ciudadanía en general, pero específicamente ante sus conocidos, como delincuente, con lo cual se victimiza su memoria y la propia verdad de los hechos. Nadie puede deshonrar la vida de una persona y la verdad y fue eso, sin eufemismo alguno, lo que en este caso ocurrió, pues así lo evidencian los hechos que se demostraron en este juicio(49).

En efecto, en el asunto sub judice se encuentra plenamente acreditado que el fallecimiento del señor Humberto de Jesús López Quiroz se trató de una ejecución extrajudicial, concepto que desde un punto de vista periodístico se le ha denominado como “falso positivo” y que según la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha merecido la siguiente consideración de su parte (se transcribe de forma literal):

Norma básica 9. (…). El concepto de ejecución extrajudicial se compone de varios elementos importantes: - Es un acto deliberado, no accidental, - Infringe leyes nacionales como las que prohíben el asesinato, o las normas internacionales que prohíben la privación arbitraria de la vida, o ambas. Su carácter extrajudicial es lo que la distingue de: — Un homicidio justificado en defensa propia, - una muerte causada por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que han empleado la fuerza con arreglo a las normas internacionales, - un homicidio en una situación de conflicto armado que no esté prohibido por el derecho internacional humanitario (…).

En lo referente al homicidio perpetrado por agentes del Estado colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad, es de precisar que esta conducta se identifica con lo que en el derecho internacional de los derechos humanos recibe el nombre de ejecución extrajudicial.

Hay ejecución extrajudicial cuando individuos cuya actuación compromete la responsabilidad internacional del Estado matan a una persona en acto que representa los rasgos característicos de una privación ilegítima de la vida. Por lo tanto, para que con rigor pueda hablarse de este crimen internacional la muerte de la víctima ha de ser deliberada e injustificada. La ejecución extrajudicial debe distinguirse, pues, de los homicidios cometidos por los servidores públicos que mataron: a. Por imprudencia, impericia, negligencia o violación del reglamento. b. En legítima defensa. c. En combate dentro de un conflicto armado. d. Al hacer uso racional, necesario y proporcionado de la fuerza como encargados de hacer cumplir la ley”(50) (negrillas adicionales).

Ahora bien, con tristeza ha de decir la Sala que no es la primera vez que se pone a consideración suya un caso como el presente en el que se encubren bajo la apariencia de muertos en combate, homicidios que obedecen a diversas circunstancias distintas a esa, la de un combate. En efecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha debido condenar en diversas ocasiones a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, por víctimas del conflicto armado que, inexplicablemente, perdieron la vida en presuntos operativos militares o en imaginarios combates con grupos organizados al margen de la ley, que al examinarse los hechos, estos muestran otras realidades nacidas de los excesos de la guerra y de una lógica aborrecible que encuentra enemigos en quienes solamente son civiles que habitan en los lugares de conflicto. De estas situaciones fácticas se ha derivado la responsabilidad del Estado bajo el título jurídico de imputación de falla del servicio por las violaciones a deberes funcionales de origen convencional, constitucional y legal.

Así por ejemplo, en sentencia del 22 de junio del 2011(51), la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado condenó al Estado por la muerte de un ciudadano, que fue retenido por miembros del Ejército Nacional y, horas después, dado de baja bajo la justificación de un supuesto enfrentamiento guerrillero. En esta decisión se precisó:

“En cuanto a las declaraciones de los soldados que participaron en el operativo contraguerrilla y en los retenes que se realizaron en el sector, estos solo se limitaron a señalar que luego del enfrentamiento armado encontraron un cadáver que al parecer era de un subversivo, sin embargo, esto no es prueba suficiente que permita concluir que la entidad demandada no estuviera implicada directamente en los hechos. Es así como, los miembros de las autoridades públicas que detuvieron a Jesús Antonio Higuita Larrea, tenían el deber constitucional y legal de devolverlo en las mismas condiciones en las que fue retenido, o entregarlo a las autoridades correspondientes, si era requerido por la justicia. Del acervo probatorio, no se puede desconocer que en desarrollo de un operativo contraguerrilla se ordenó la instalación de retenes para monitorear el sector, en donde se detuvo a Jesús Antonio Higuita Larrea, quien posteriormente apareció muerto, y aún cuando se le quería hacer pasar como subversivo dado de baja en combate, del acta de levantamiento de cadáver y de la declaración del inspector que realizó esta diligencia, es fácil concluir que esta afirmación no es cierta, pues el occiso vestía de civil y no se le encontró armamento alguno”.

En otra decisión, fechada a 29 de marzo del 2012(52), la Subsección B de la Sección Tercera declaró la responsabilidad patrimonial del Estado y condenó a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, por cuanto en la noche del 30 de marzo de 1998, en el corregimiento La Aurora, del municipio de Chiriguaná (Cesar), un joven campesino fue secuestrado por desconocidos y trasladado hasta un lugar despoblado, en donde integrantes del Ejército Nacional lo ejecutaron, luego de haberlo obligado a vestir prendas de uso privativo de las fuerzas armadas. Al día siguiente, su cadáver fue presentado ante los medios de comunicación como un guerrillero muerto en combate. En aquella oportunidad se dijo:

“En el presente caso se encuentra demostrado (i) que Juan Carlos Misat fue secuestrado por desconocidos la noche del 30 de marzo de 1998 en el corregimiento La Aurora del municipio de Chiriguaná; (ii) que su cadáver apareció al día siguiente en las instalaciones del batallón La Popa de Valledupar con varios disparos de arma de fuego y vistiendo prendas de uso privativo de las fuerzas armadas; (iii) que los informes oficiales indicaron que la víctima había fallecido durante un enfrentamiento armado con miembros del batallón de contraguerrillas n.º 40 adscrito al Comando Operativo n.º 7 de la Segunda Brigada del Ejército y; (iv) que sus familiares recibieron presiones y amenazas para que se abstuvieran de denunciar lo sucedido. // 22. La valoración conjunta de estos hechos permite concluir que Juan Carlos Misat Camargo fue víctima de una ejecución extrajudicial, perpetrada por integrantes del Ejército Nacional, que lo presentaron fraudulentamente como un guerrillero muerto en combate”.

Así mismo, en decisión del 13 de marzo del 2013(53), la Subsección A condenó patrimonialmente al Estado por haber dado muerte el Ejército Nacional a tres personas dedicadas a labores del campo, desarmadas, vestidas de civil, sin nexos con grupos subversivos, uno de ellos ultimado a corta distancia, a lo que se agregó una serie de irregularidades en el manejo de los cuerpos tendientes a encubrir la verdad de lo acontecido. Entonces se discurrió como sigue:

“La corporación ha establecido que es posible inferir la responsabilidad del Estado en aquellos casos en los cuales el detallado análisis del acervo probatorio demuestra la existencia de un hecho previo (en este caso concretado en el último avistamiento de los jóvenes en la vereda La Arroyuela) y uno posterior (aparecimiento de los cuerpos sin vida en la vereda Monteredondo), sin que exista ningún otro elemento probatorio que indique que dichos decesos fueron ocasionados por terceros ajenos al proceso, sino que, por el contrario, existen elementos que señalan que la muerte de los jóvenes obedeció a un comportamiento anómalo y altamente irregular por parte de los miembros de la demandada”.

Finalmente, la Sala Plena de la Sección Tercera en sentencia del 11 de septiembre del 2013(54) condenó al Estado por la muerte de un campesino ocasionada por integrantes del Ejército Nacional, quienes presentaron al occiso como un guerrillero dado de baja durante un combate librado con la guerrilla en el municipio de Tello, Huila. Al respecto, se afirmó:

“Para la Sala es claro que el Ejército Nacional incurrió en una falla del servicio al propinar la muerte a personas no combatientes que se encontraban en estado de indefensión, hecho que además encuadra con lo que el derecho penal, el DIH y el derecho internacional de los derechos humanos tienen señalado como un comportamiento totalmente proscrito y reprochable, que lo es la ejecución extrajudicial y sumaria de personas para hacerlas aparecer como combatientes “dados de baja”. En el caso concreto, el Estado colombiano no cumplió con la obligación que le asistía en relación con el caso del señor Italo Adelmo Cubides Chacón pues, además de que se le quitó la vida, no se adelantó una investigación seria y dedicada para efectos de establecer la verdad sobre las circunstancias en que se produjo su muerte, falencia que a su vez implicó que no fuera posible la reparación adecuada de los familiares del fallecido y la imposición de sanciones y castigos para los agentes estatales involucrados en el hecho, según pasa a explicarse”.

Regresando al caso que hoy se decide, concluye la Sala que en él se configuró una falla en el servicio imputable al Ejército Nacional, como quiera que las circunstancias que rodearon la muerte del Humberto de Jesús López Quiroz, tal y como quedaron demostradas, ponen de presente un actuar que resulta desde todo punto de vista arbitrario y antijurídico, pues se ultimó un ciudadano que no se halla demostrado que ofreciera peligro alguno para el grupo de militares que ocasionó su muerte, amén de que ese lamentable hecho si bien se adelantó investigación penal en contra de un grupo de militares, lo cierto es que dentro del presente asunto no se acreditó que hubiere sido juzgado por las autoridades judiciales competentes, circunstancia que avala la calificación que del hecho se hace como grave violación de derechos humanos.

En conclusión de todo lo que se deja visto, se impone la necesidad de confirmar la declaratoria de responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y, en consecuencia, se estudiará la pretensión indemnizatoria deprecada en la demanda.

5. Reparación integral del daño antijurídico.

5.1. Indemnización de perjuicios morales a favor de los demandantes.

En la sentencia de primera instancia se accedió al reconocimiento indemnizatorio por concepto de perjuicios morales la suma de 150 SMLMV para cada una de las demandantes, no obstante, la parte demandada mostró inconformidad respecto de dicha condena y, por ende, solicitó que se revocara o, en su defecto, que se disminuyera.

Pues bien, según se acreditó en el presente asunto, el daño que se imputó a la demandada en la presente sentencia consistió en la muerte del señor Humberto de Jesús López Quiroz, en las circunstancias descritas en el anterior capítulo de esta providencia, todo lo cual produjo a los demandantes, sin duda, una afección moral que debe ser indemnizada.

Acerca de los daños causados por la muerte de una persona, resulta necesario precisar que con la simple acreditación de la relación de parentesco mediante los respectivos registros civiles de nacimiento, se presume que los parientes cercanos de una víctima fatal han sufrido un perjuicio de orden moral; en efecto, la simple acreditación de tal circunstancia, para eventos de perjuicios morales reclamados por abuelos, padres, hijos, hermanos y nietos, cuando alguno de estos hubiere fallecido o sufrido una lesión, a partir del contenido del artículo 42 de la Carta Política(55) y de las máximas de la experiencia, resulta posible inferir que el peticionario ha sufrido el perjuicio por cuya reparación demanda.

Agréguese a lo anterior que, es lo común, lo esperable y comprensible, que los seres humanos sientan tristeza, depresión, angustia, miedo y otras afecciones cuando se produce la muerte de una persona; asimismo, la tasación de este perjuicio, de carácter extrapatrimonial, dada su especial naturaleza, no puede ser sino compensatoria, por lo cual, corresponde al juzgador, quien con fundamento en su prudente juicio debe establecer, en la situación concreta, el valor que corresponda, para cuyo propósito debe tener en cuenta la naturaleza y la gravedad de la aflicción y de sus secuelas, de conformidad con lo que se encuentre demostrado en el proceso.

Ahora bien, debe destacarse que mediante sentencia de unificación jurisprudencial dictada el 28 de agosto de 2014, la Sección Tercera señaló que en casos de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario se podía otorgar una indemnización superior a los 100 SMLMV, lo anterior, para mayor claridad y precisión, se expresó así:

“15.11.2. No obstante, frente a esta pretensión, precisa la Sala que la jurisprudencia de esta Sección abandonó el criterio de remisión al oro, de manera que en la actualidad las indemnizaciones se fijan en moneda legal colombiana y su quantum se determina por el juzgador, en cada caso. Al respecto, la Sala Plena de la Sección Tercera en sentencias de la presente fecha unificó los topes indemnizatorios en materia de reparación de perjuicios morales hasta 100 SMLMV en casos de muerte en los eventos allí descritos(56).

“15.11.3. Sin embargo, la Sala precisa, con fines de unificación jurisprudencial, que en casos excepcionales, como los de graves violaciones a los derechos humanos einfracciones al Derecho Internacional Humanitario, entre otros, podrá otorgarse una indemnización mayor de la señalada en los eventos descritos en la sentencia de unificación antes citada, cuando existan circunstancias debidamente probadas de una mayor intensidad y gravedad del daño moral, sin que en tales casos el monto total de la indemnización pueda superar el triple de los montos indemnizatorios fijados en dicha sentencia. Este quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño(57) (se destaca).

Con fundamento en el anterior pronunciamiento jurisprudencial, la Sala confirmará la indemnización de primera instancia por concepto de perjuicios morales, por cuanto, puede inferirse fácilmente que el daño moral sufrido por los familiares del señor Humberto de Jesús López Quiroz fue de gran intensidad, en atención a las circunstancias en que se produjo la muerte de la referida persona y que quedaron establecidas en esta sentencia.

Finalmente, debe advertirse que obran en original y copia auténtica los respectivos registros civiles nacimiento y matrimonio de los demandantes, los cuales dan cuenta de la relación de parentesco existente entre el señor Humberto de Jesús López Quiroz y quienes acudieron al proceso en calidad de madre, esposa e hijas, respectivamente (fls.9-11, 13 cuad. 1).

5.2. Reliquidación de la indemnización por concepto de perjuicios materiales.

Se advierte que los reconocimientos indemnizatorios por concepto de perjuicios materiales en las modalidades de lucro cesante y daño emergente no fueron objeto de apelación, por tal razón, esta Subsección procederá a efectuar la actualización respectiva.

5.2.1. Daño emergente.

Para la señora Luz Marlene Rendón Rendón:

Ra = R ($ 3’381.499) índice final – marzo(58)/ 2016 (130,63) =

índice inicial – agosto / 2012 (111,37)

Ra = $ 3’966.285

5.2.2. Lucro cesante.

Para la señora Luz Marlene Rendón Rendón:

Ra = R ($ 28’569.260,06) índice final – marzo(59)/ 2016 (130,63) =

índice inicial – agosto / 2012 (111,37)

Ra = $ 33’509.943,80

Para la señora María Esperanza Quiroz Arango.

Ra = R ($18’899.073,89) índice final – marzo(60)/ 2016 (130,63) =

índice inicial –agosto / 2012 (111,37)

Ra = $ 22’167.424,10

Para la señora Natali López Rendón.

Ra = R ($11’800.334,92) índice final – marzo(61)/ 2016 (130,63) =

índice inicial –agosto / 2012 (111,37)

Ra = $ 13’841.050,10

Para la señora Yamile Andrea López Rendón: 

Sea la oportunidad para advertir que aun cuando en la parte resolutiva de la sentencia apelada se señaló que debía reconocerse por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante futuro, la suma de $ 7’098.738,97, lo cierto es que el Tribunal Administrativo a quo, una vez desarrolló las correspondientes operaciones aritméticas para establecer el valor de dicha indemnización, indicó que el valor de dicha indemnización ascendía a la suma de $ 6’922.437(62), suma esta que será tenida en cuenta para la correspondiente actualización de la condena.

Ra = R ($18’722.771,92(63)) índice final – marzo(64)/ 2016 (130,63) =

índice inicial –agosto / 2012 (111,37)

Ra = $ 21’960.632,98

5.3. Medidas de reparación integral.

El daño antijurídico considerado como lesión de un derecho, bien o interés legítimo, supone la alteración o afectación de un estado de cosas que impacta de manera negativa la esfera interna y externa de la persona que lo padece y, por consiguiente, no solo comprende la órbita patrimonial.

De igual forma, los derechos fundamentales trascienden la esfera individual y subjetiva, pues se ha reconocido que también contienen un plano axiológico u objetivo que está dirigido o encaminado a impedir que transgresiones a estos se vuelvan a producir, razón por la cual es preciso disponer medidas adicionales de protección dirigidas a mejorar la prestación del servicio estatal respectivo.

Así las cosas, el principal objetivo del derecho de daños consiste en reparar integralmente la afectación padecida por la persona en su vida, integridad o bienes, razón por la que a la hora de valorar la misma es necesario establecer e identificar si es posible que opere la restitutio in integrum y, de ser factible, adoptar las medidas deprecadas en la demanda –o que, dependiendo del caso concreto puedan ser decretadas de oficio por el juez– tendientes a que se restablezca el statu quo o estado de cosas anterior a su producción. Es decir, llevar a la víctima de un daño antijurídico a un estado como si no se hubiera producido, o en otros términos remover los efectos negativos que el mismo desencadena(65).

La Corte Interamericana ha conceptualizado la reparación en el contexto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en los siguientes términos:

“La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), la cual consiste en el restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto posible, como en el presente caso, cabe al tribunal internacional determinar una serie de medidas para, además de garantizar los derechos conculcados, reparar las consecuencias que las infracciones produjeron, así como establecer el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados”(66).

En este sentido, la jurisprudencia reciente de la Corte Interamericana ha vinculado la reparación con la prevención, en los siguientes términos:

“En lo que se refiere a la violación del derecho a la vida y otros derechos (libertad e integridad personales, garantías judiciales y protección judicial), por no ser posible la restitutio in integrum y dada la naturaleza del bien afectado, la reparación se realiza, inter alia, según la práctica jurisprudencial internacional, mediante una justa indemnización o compensación pecuniaria, a la cual deben sumarse las medidas positivas del Estado para conseguir que hechos lesivos como los del presente caso no se repitan”(67).

Con fundamento en lo anterior, la considera que en eventos como el presente —en los cuales se desbordó la esfera o dimensión subjetiva de los derechos conculcados, dada su magnitud, anormalidad y excepcionalidad—, el juez contencioso administrativo no puede ser indiferente, so pena de entender el derecho de la reparación como una obligación netamente indemnizatoria, cuando lo cierto es que una de las funciones modernas de la responsabilidad es la preventiva, así como la protección de la dimensión objetiva de los derechos vulnerados (vgr. vida, libertad, integridad, dignidad, etc).

En el caso concreto, según se probó, miembros de la entidad demandada asesinaron e hicieron pasar a la víctima directa como un guerrillero, todo lo cual deviene en una grave violación de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, lo cual afectó, de manera substancial, la dimensión objetiva de tales derechos, razón por la cual en la parte resolutiva del fallo se dispondrá la adopción de las siguientes medidas:

i) Como medida de no repetición(68), se dispondrá que en el término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, el Señor Ministro de la Defensa, por conducto de la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar, dé a conocer la presente sentencia a los asesores jurídicos operacionales de las unidades militares, por una parte, y a los jueces de instrucción y fiscales de la justicia castrense, por otra, con el objeto de garantizar que estos últimos, al momento de avocar la competencia por conductas punibles de miembros activos de la fuerza pública que se susciten en el marco de una operación militar o procedimiento de policía, apliquen los preceptos del artículo 3º de la Ley 1407 de 2010 que precisa: “[E]n ningún caso podrán relacionarse con el servicio: [a] los delitos de tortura, genocidio, desaparición forzada, de lesa humanidad o aquellos que atenten contra el Derecho Internacional Humanitario entendidos en los términos definidos en convenios y tratados internacionales ratificados por Colombia, [b] ni las conductas que sean abiertamente contrarias a la función constitucional de la Fuerza Pública y que por su sola comisión rompan el nexo funcional del agente con el servicio”.

ii) Oficiar a la Fiscalía General de la Nación, para que, sin perjuicio de su autonomía institucional, inicie las respectivas investigaciones dirigidas a esclarecer la responsabilidad penal y los presuntos responsables de los hechos ocurridos el día 3 de marzo de 2005, en la vereda La Pradera, municipio de San Pablo, Antioquia, en los cuales resultó muerto el señor Humberto de Jesús López Quiroz, puesto que se trata de una grave violación tanto de los Derechos Humanos, como del Derecho Internacional Humanitario. La instrucción respectiva deberá comprender, de igual manera, cualquier tipo de responsabilidad derivada de la omisión.

Para los señalados efectos, por Secretaría de la Corporación, remítase copia auténtica e integral de la presente providencia con destino a la Fiscalía General de la Nación.

De abrirse investigación, los familiares de las víctimas deberán ser citados al proceso, con el fin de que tengan pleno conocimiento sobre la verdad de los hechos ocurridos el día 3 de marzo de 2001, en la vereda La Pradera, municipio de San Pablo, Antioquia.

iii) El Ejército Nacional establecerá un link con un encabezado apropiado en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia. La entidad demandada, en el término de 2 meses contados a partir de la ejecutoria de este fallo, subirá a la red el archivo que contenga esta decisión y mantendrá el acceso al público del respectivo vínculo durante un período de 6 meses que se contarán desde la fecha en que se realice la respectiva carga de la información en la página web de esa institución. El encabezado de dicho link deberá informar que la muerte del señor Humberto de Jesús López Quiroz no ocurrió como consecuencia de un combate entre soldados del Ejército Nacional y las FARC, sino que fue ejecutado extrajudicialmente por los efectivos militares destacados en la zona rural de la vereda La Pradera, municipio de San Pablo, Antioquia, adscritos al Batallón de Infantería No. 10 “Atanasio Girardot”.

6. Procedencia, o no, de la condena en costas en el asunto de la referencia.

La doctrina nacional ha definido las costas como la carga económica que debe afrontar quien no tenía la razón y, por tal circunstancia, obtuvo una decisión desfavorable; la citada figura comprende tanto las expensas erogadas por la otra parte, como las agencias en derecho, esto es, el pago de los honorarios de abogado que la parte vencedora efectuó y, que por ende, le deben ser reintegrados(69).

En efecto, el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo –modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998– indica que en todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, tiene la facultad de condenar en costas a aquella que hubiere resultado vencida en el proceso, incidente o recurso, de conformidad con lo estipulado en el Código de Procedimiento Civil.

Asimismo, esta corporación, de manera reciente, se pronunció en los siguientes términos:

De los textos transcritos deduce la Sala que salvo en los procesos en que se ventile un interés público, es siempre deber del Juez disponer acerca de la condena en costas, lo cual no significa que deba condenarse en todos los casos a la parte vencida, pues es menester comprobar y verificar su efectiva causación dentro del respectivo proceso.

“En el presente asunto, observa la Sala que el a-quo condenó en costas a la parte demandante, pero no somete su decisión a criterios objetivos, verificables y comprobables que le permitan determinar una causa que justifique la condena a la parte vencida en esa instancia(70) (Negrillas adicionales fuera del texto original).

En la misma línea del pronunciamiento antes transcrito, encuentra la Sala que, una vez analizadas las actuaciones de la parte demandada NO se presentó, por parte del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional., una conducta procesal temeraria o insensata que la haga objeto de la medida, motivo por el cual no habrá lugar a la condena en costas y se confirmará la sentencia en este aspecto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

MODIFÍCASE la sentencia apelada, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 10 de agosto de 2002, la cual quedará así:

1. DECLÁRASE administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional por los perjuicios causados a los demandantes, señalados en la parte motiva de esta providencia.

2. En consecuencia, CONDÉNASE a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, a pagar las siguientes sumas de dinero:

2.1. Por concepto de indemnización de perjuicios morales, la suma de 150 SMLMV para cada una de las demandantes.

2.2. Por concepto de indemnización de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, la suma de $ 3’966.285 a favor de la señora Luz Marlene Rendón Rendón.

2.3. Por concepto de indemnización de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, los montos que a continuación se indican:

DemandanteValor
Luz Marlene Rendón Rendón$ 33’509.943,80
María Esperanza Quiroz Arango$ 22’167.424,10
Natali López Rendón$ 13’841.050,10
Yamile Andrea López Rendón$ 21’960.632,98

3. Condenar a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, a la reparación integral de la violación de los derechos humanos de las mencionadas demandantes, para lo cual, de conformidad con la parte motiva de esta providencia, deberán adoptarse las siguientes medidas de naturaleza no pecuniaria:

3.1. Como medida de no repetición, se dispondrá que en el término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, el Señor Ministro de la Defensa, por conducto de la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar, dé a conocer la presente sentencia a los asesores jurídicos operacionales de las unidades militares, por una parte, y a los jueces de instrucción y fiscales de la justicia castrense, por otra, con el objeto de garantizar que estos últimos, al momento de avocar la competencia por conductas punibles de miembros activos de la fuerza pública que se susciten en el marco de una operación militar o procedimiento de policía, apliquen los preceptos del artículo 3º de la Ley 1407 de 2010.

3.2. Oficiar a la Fiscalía General de la Nación, para que, sin perjuicio de su autonomía institucional, inicie las respectivas investigaciones dirigidas a esclarecer la responsabilidad penal y los presuntos responsables de los hechos ocurridos el día 3 de marzo de 2005, en la vereda La Pradera, del municipio de San Pablo Antioquia, en los cuales resultó muerto el señor Humberto de Jesús López Quiroz, puesto que se trata de una grave violación tanto de los Derechos Humanos, como del Derecho Internacional Humanitario. La instrucción respectiva deberá comprender, de igual manera, cualquier tipo de responsabilidad derivada de la omisión.

Para los señalados efectos, por Secretaría de la corporación, remítase copia auténtica e integral de la presente providencia con destino a la Fiscalía General de la Nación.

De abrirse investigación, los familiares de las víctimas deberán ser citados al proceso, con el fin de que tengan pleno conocimiento sobre la verdad de los hechos ocurridos el día 3 de marzo de 2005, en la vereda La Pradera, del municipio de San Pablo, Antioquia.

3.3. El Ejército Nacional establecerá un link con un encabezado apropiado en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia. La entidad demandada, en el término de 2 meses contados a partir de la ejecutoria de este fallo, subirá a la red el archivo que contenga esta decisión y mantendrá el acceso al público del respectivo vínculo durante un período de 6 meses que se contarán desde la fecha en que se realice la respectiva carga de la información en la página web de esa institución. El encabezado de dicho link deberá informar que la muerte del señor Humberto de Jesús López Quiroz no ocurrió como consecuencia de un combate entre soldados del Ejército Nacional y las FARC, sino que fue ejecutado extrajudicialmente los efectivos militares destacados en la zona rural de la vereda La Pradera, municipio de San Pablo, Antioquia, adscritos al Batallón de Infantería Nº 10 “Atanasio Girardot”.

4. DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

5. CÚMPLASE lo dispuesto en esta providencia, en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

6. Sin condena en costas.

7. Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento; expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

14 Artículo 40, Ley 446 de 1998.

15 Fl. 81 cuad. 1.

16 Fls. 72-77 cuad. 1.

17 Fls. 151-152 cuad. 1. En la referida decisión se expresó que: “Encontrándose el proceso a despacho para fallo, encuentra la Magistrada Ponente que hay dudas que deben ser resueltas, en razón a lo anterior, y teniendo en cuenta que en el asunto de la referencia se encuentran comprometidos Derechos Humanos; además que en principio se desconoció por parte de los accionantes la autoridad que estaba conociendo de la investigación penal y que actualmente se ha allegado dicha información al expediente (…)”.

18 Ver también: Sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el día 28 de agosto de 2014, dentro del proceso No. 05001-23-25-000-1999-01063-01(32988), M. P. Ramiro De Jesús Pazos Guerrero.

19 Esta postura de flexibilización de los medios de prueba ante graves violaciones a los derechos humanos fue adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las siguientes sentencias: 15 de septiembre del 2005, caso Mapiripán vs. Colombia, párr. 73; sentencia del 24 de junio del 2005, caso Acosta Calderón vs. Ecuador, párr. 41; sentencia del 23 de junio del 2005, casto Yatama vs. Nicaragua, párr. 108; sentencia del 20 de junio del 2005, caso Fermín Ramírez vs. Guatemala, 45; sentencia del 2 de julio del 2004, caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, párr. 57.

20 Se remite a los siguientes pronunciamientos jurisprudenciales: sentencia del 6 de julio del 2009, caso Escher y otros vs. Brasil, párr. 127; sentencia del 29 de julio de 1988, caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, párr. 135; sentencia del 28 de enero del 2009, caso Ríos y otros vs. Venezuela, párr. 98; sentencia del 3 de abril del 2009, caso Kawas Fernández vs. Honduras, párr. 95.

21 Sentencia del 29 de julio de 1988, caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, párr. 135.

22 Sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el día 28 de agosto de 2014, dentro del proceso No. 05001-23-25-000-1999-01063-01(32988), M. P. Ramiro De Jesús Pazos Guerrero.

23 Fls. 1-2 cuad. 1 de pruebas.

24 Fls. 5-6 cuad. 1 de pruebas.

25 Fls. 108-112 C. 2.

26 Fls. 223-263 cuad. 4.

27 Fls. 110-117 cuad. 1 de pruebas.

28 Fls. 118-121 cuad. 1 de pruebas.

29 Fls. 118-130 cuad. 1 de pruebas.

30 Fls. 182-188 cuad. 3 de pruebas.

31 Fls. 17-181 cuad. 2 de pruebas.

32 Fl. 83 cuad. 1.

33 Fls. 47-52 cuad. 1 de pruebas.

34 En similares términos consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 2 de abril de 2013, Exp. 27.067.

35 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 26 de octubre de 2000, Exp. 15610.

36 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 26 de octubre de 2000, Exp. 15610.

37 Ibídem.

38 Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencia de 2 de mayo de 2007, Exp. 15.700, M.P., Ruth Stella Correa Palacio; posición reiterada entre otras en la sentencia de octubre 12 de 2011, Exp. 22.158 de la misma Consejera ponente.

39 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 2 de abril de 2013, Exp. 27.067.

40 Luis Josserand, Derecho Civil, Tomo II, Vol. I; Ed. Bosh y Cía., Buenos Aires, 1950, pág. 341.

41 Henri y León Mazeaud, Jean Mazeaud. Lecciones de Derecho Civil. Parte Segunda. Ediciones Jurídicas Europa América. Buenos Aires. 1960, págs. 332 y 333.

42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 27 de julio de 2000, expediente: 12.788, actora: Ofelmina Medina Villa.

43 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de marzo de 2004, expediente 14.777 (R-0806), actora: Ruth Marina Bustamante. En el mismo sentido ver sentencias del 27 de noviembre de 2003, expediente 14.118 (R-0001), del 29 de enero de 2004, expediente: 14.222 (R-9852) y del 22 de abril del mismo año, expediente: 14.077 (R-9459).

44 Fl. 125 cuad. 1 de pruebas.

45 Fls. 118-119 cuad. 1 de pruebas.

46 Declaración del señor SLP José Augusto Castañeda Muñoz; fl. 121 cuad. 1 de pruebas.

47 Al respecto, conviene recordar de manera más detallada lo expuesto por el tratadista Devis Echandía respecto de dicho concepto: “Para saber con claridad qué debe entenderse por carga de la prueba, es indispensable distinguir los dos aspectos de la noción: 1º) por una parte, es una regla para el juzgador o regla del juicio, porque le indica cómo debe fallar cuando no encuentre la prueba de los hechos sobre los cuales debe basar su decisión, permitiéndole hacerlo en el fondo y evitándole el proferir un non liquet, esto es, una sentencia inhibitoria por falta de pruebas, de suerte que viene a ser un sucedáneo de la prueba de tales hechos; 2º) por otro aspecto, es una regla de conducta para las partes, porque indirectamente les señala cuáles son los hechos que a cada una le interesa probar (a falta de prueba aducida oficiosamente o por la parte contraria; cfr., núms. 43 y 126, punto c), para que sean considerados como ciertos por el juez y sirvan de fundamento a sus pretensiones o excepciones.” Devis Echandía, Hernando. Teoría general de la prueba judicial. Bogotá: Editorial Temis. 2002., pág. 405. De lo anterior, este último autor afirma: “De las anteriores consideraciones, deducimos la siguiente definición: “carga de la prueba es una noción procesal que contiene una regla de juicio, por medio de la cual se le indica al juez cómo debe fallar cuando no encuentre en el proceso pruebas que le que le den certeza sobre los hechos que deben fundamentar su decisión, e indirectamente establece a cuál de las partes le interesa la prueba de tales hechos, para evitarse las consecuencias desfavorables” Ídem. pág 406.

48 Fls. 109-118 cuad. 1; testimonios de los señores José Darío Montoya Montoya, Luz Mary Inelda Montoya Mesa, Juan Carlos Sepúlveda y Mary Luz Martínez Quintana.

49 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia proferida el 7 de julio de 2011, Exp. 20.720, M.P. Enrique Gil Botero.

50 Ver: CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2011, OEA/Ser. L/V/II., Doc. 69, 30 diciembre 2011, Capítulo IV. Colombia; CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2010, OEA/Ser. L/V/II., Doc. 5 corr. 1, 7 marzo 2011, Capítulo IV. Colombia; CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2009, OEA/Ser. L/V/ II., Doc. 51 corr. 1, 30 diciembre 2009, Capítulo IV. Colombia; CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2008, OEA/Ser. L/V/II.134, Doc. 5 rev. 1, 25 febrero 2009, Capítulo IV. Colombia; CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2007, OEA/Ser. L/V/II.130, Doc. 22 rev. 1, 29 diciembre 2007, Capítulo IV. Colombia; CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2006, OEA/Ser. L/V/II.127, Doc. 4, rev. 1, 3 marzo 2007, Capítulo IV. Colombia.

51 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de junio del 2011, rad. 20706, M.P. Enrique Gil Botero.

52 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de marzo del 2012, rad. 21380, M.P. Danilo Rojas Betancourth.

53 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de marzo del 2013, rad. 21359.

54 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 11 de septiembre del 2013, rad. 20601, M.P. Danilo Rojas Betancourth.

55 “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizarán la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables”.

56 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de unificación jurisprudencial del 28 de agosto del 2014, rad. 26251, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa y rad. 27709, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

57 Expediente 32.988, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

58 Último conocido.

59 Último conocido.

60 Último conocido.

61 Último conocido.

62 Consultar folio 240 reverso.

63 Total del lucro cesante pasado y futuro.

64 Último conocido.

65 En términos similares consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de abril de 2010, Exp. 18.960, M.P. Enrique Gil Botero.

66 CrIDH. Caso Trujillo Oroza – reparaciones, párr. 61; Caso Bámaca Velásquez – reparaciones, párr. 39; Caso Cantoral Benavides – reparaciones, párr. 41; Caso Durand y Ugarte – reparaciones, párr. 25; Caso Barrios Altos – reparaciones, párr. 25; Caso Velásquez Rodríguez – indemnización compensatoria, párr. 25.

67 CrIDH. Caso Trujillo Oroza – reparaciones, párr. 62; Caso Bámaca Velásquez – reparaciones, párr. 40; Caso Loayza Tamayo – reparaciones, párrs. 123 y 124; Caso Paniagua Morales y otros – reparaciones, párr. 80; Caso Castillo Páez – reparaciones, párr. 52; y Caso Garrido y Baigorria – reparaciones, párr. 41.

68 Acerca de la Garantía de No Repetición, a la que se alude en la presente providencia, se ha hecho referencia dentro del siguiente contexto: “En cuanto a la obligación de no repetición: El Estado está obligado, “en virtud de los deberes generales de respetar los derechos y adoptar disposiciones de derecho interno (Arts. 1.1 y 2 de la Convención) a adoptar las medidas necesarias para asegurar que violaciones como la que han sido declaradas en la presente sentencia no se producirán de nuevo en su jurisdicción”. Este deber casi siempre aparece expresado en la parte de la sentencia relativa a las reparaciones, porque de cierta manera es una forma de reparación “erga omnes”, ya que se ordena en beneficio de todas las personas que se encuentran dentro de la jurisdicción del Estado. Este deber de no repetición se desprende directamente de las obligación de garantizar los derechos contenida en el Art. 1.1 de la CADH, por lo tanto no es esencial que la Corte Interamericana lo reafirme en las reparaciones, el Estado debe tomar por iniciativa propia todas aquellas medidas necesarias para que los hechos violatorios no se vuelvan a repetir en su territorio, en virtud de la obligación contenida en el mencionado Art. 1.1 y del principio Pacta Sunt Servanda contenido en el Art. 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de Tratados”. Pizarro Sotomayor Andrés y Méndez Powell Fernando, Manual de Derecho Internacional de Derechos Humanos, Primera Ed., Universal Books, Ciudad de Panamá, 2006, pág. 28.

69 López Blanco, Hernán Fabio. Procedimiento Civil: Tomo I. Dupré Editores. P. 1022.

70 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 3 de abril de 2014. M.P. María Elizabeth García González. Radicación 2012-00315-01.