Sentencia 2006-03428/1172-2014 de agosto 1 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 250002325000200603428 02 (1172-2014)

Consejero ponente:

Dr. William Hernández Gómez

Actor: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República.

Demandado: Sus propios actos.

Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Decreto 01 de 1984.

Bogotá, D.C., primero de agosto de dos mil dieciséis SE 079

EXTRACTOS: «Consideraciones

Problemas jurídicos

Los problemas jurídicos que se deben resolver en esta instancia, se resumen en las siguientes preguntas:

1. ¿Al señor Tirso Beltrán Ariza le era aplicable el régimen especial de pensiones de los Congresistas?

2. ¿El reconocimiento pensional en favor del señor Tirso Beltrán Ariza efectuado por Fonprecon a través del acto administrativo demandado constituye un derecho adquirido en favor este?

Con el fin de resolver el primer problema jurídico la Subsección abordará los siguientes temas: (i) Régimen pensional de los Congresistas antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Recuento normativo. Requisitos; (ii) Entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Régimen de transición para Congresistas; (iii) Existencia de derechos adquiridos y; (iv) caso concreto.

1. Régimen pensional de los Congresistas antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Recuento normativo. Requisitos.

La Ley 6ª de 1945 que regulaba la pensión de jubilación a los empleados públicos le era aplicable a los miembros del Congreso de la República por disposición del artículo 7º de la Ley 48 de 1962(1). Esta última fue reglamentada mediante el Decreto 1723 de 1964 que determinó la pensión vitalicia de jubilación para los miembros del Congreso Nacional y su forma de liquidación. Luego la Ley 4ª de 1966, previó un porcentaje para las mismas del 75% del salario promedio sobre el cual se realizaron los aportes durante el último año de servicio.

Posteriormente, se expidió la Ley 33 de 1985 que modificó la precitada Ley 6ª de 1945 y aumentó el requisito de la edad para que los empleados oficiales accedieran a la pensión de jubilación de 50 a 55 años. La norma previó un régimen de transición para los que hubieran cumplido 15 años de servicio continuos o discontinuos a la vigencia de dicha Ley(2).

La misma disposición creó el Fondo de Previsión Social del Congreso (Fonprecon)(3), como un establecimiento público nacional con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El artículo 15 numeral 1º designó como función de dicho Fondo la de reconocer y pagar las prestaciones sociales de los Congresistas, de los empleados del Congreso y de sus propios trabajadores.

Una vez entrada en vigencia la Constitución Política de 1991, el Congreso de la República expidió la Ley 4ª de 1992 con fundamento en las facultades otorgadas por los literales e) y f) del numeral 19 de su artículo 150(4).

La precitada ley en el artículo 17, ordenó al Gobierno Nacional establecer un régimen de pensiones para los miembros del Congreso de la República, así como el reajuste y sustitución de las mismas, las cuales no podían ser inferiores a un 75% de lo que resulte de la aplicación los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 de acuerdo con lo expuesto en la sentencia de la Corte Constitucional C-258 de 2013(5).

De esta manera, se expidió el Decreto 1359 de 1993 reglamentario de la Ley 4ª de 1992 por medio del cual se estableció el régimen especial de pensiones de los senadores y representantes a la cámara. El campo de aplicación de dicha normativa se señaló en el artículo 1º en los siguientes términos:

“[…] ART. 1º—Ámbito de aplicación. El presente Decreto establece integralmente y de manera especial, el régimen de pensiones, reajustes y sustituciones de las mismas, que en lo sucesivo se aplicará a quienes a partir de la vigencia de la ley 4ª de 1992, tuvieren la calidad de Senador o Representante a la Cámara [...]” (negrilla fuera de texto).

La norma citada es clara en señalar que el régimen especial de pensiones de los miembros del Congreso de la República solo rige la situación de quien a la fecha de vigencia de la Ley 4ª de 1992 (18 de mayo de 1992)(6) tuviera la calidad de Senador o Representante a la Cámara.

Lo anterior fue corroborado en el artículo 4° del mismo Decreto. En él se fijaron los requisitos para acceder al régimen pensional especial de los Congresistas así:

“[…] ART. 4°—Requisitos para acceder a este Régimen Pensional.

Para que un Congresista pueda acceder a la aplicación de este régimen esSentencia 2006-03428/1172-2014 de agosto 1 de 2016

pecial, deberá cumplir en debida forma con los siguientes requisitos:

a) encontrarse afiliado a la entidad pensional del congreso y estar efectuando cumplidamente las cotizaciones o aportes respectivos a la misma.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 250002325000200603428 02 (1172-2014)

Consejero ponente:

Dr. William Hernández Gómez

Actor: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República.

Demandado: Sus propios actos.

Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho - Decreto 01 de 1984.

Bogotá, D.C., primero de agosto de dos mil dieciséis SE 079

EXTRACTOS: "Consideraciones

Problemas jurídicos

Los problemas jurídicos que se deben resolver en esta instancia, se resumen en las siguientes preguntas:

1. ¿Al señor Tirso Beltrán Ariza le era aplicable el régimen especial de pensiones de los Congresistas?

2. ¿El reconocimiento pensional en favor del señor Tirso Beltrán Ariza efectuado por Fonprecon a través del acto administrativo demandado constituye un derecho adquirido en favor este?

Con el fin de resolver el primer problema jurídico la Subsección abordará los siguientes temas: (i) Régimen pensional de los Congresistas antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Recuento normativo. Requisitos; (ii) Entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Régimen de transición para Congresistas; (iii) Existencia de derechos adquiridos y; (iv) caso concreto.

1. Régimen pensional de los Congresistas antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Recuento normativo. Requisitos.

La Ley 6ª de 1945 que regulaba la pensión de jubilación a los empleados públicos le era aplicable a los miembros del Congreso de la República por disposición del artículo 7º de la Ley 48 de 1962 . Esta última fue reglamentada mediante el Decreto 1723 de 1964 que determinó la pensión vitalicia de jubilación para los miembros del Congreso Nacional y su forma de liquidación. Luego la Ley 4ª de 1966, previó un porcentaje para las mismas del 75% del salario promedio sobre el cual se realizaron los aportes durante el último año de servicio.

Posteriormente, se expidió la Ley 33 de 1985 que modificó la precitada Ley 6ª de 1945 y aumentó el requisito de la edad para que los empleados oficiales accedieran a la pensión de jubilación de 50 a 55 años. La norma previó un régimen de transición para los que hubieran cumplido 15 años de servicio continuos o discontinuos a la vigencia de dicha Ley .

La misma disposición creó el Fondo de Previsión Social del Congreso (Fonprecon) , como un establecimiento público nacional con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El artículo 15 numeral 1º designó como función de dicho Fondo la de reconocer y pagar las prestaciones sociales de los Congresistas, de los empleados del Congreso y de sus propios trabajadores.

Una vez entrada en vigencia la Constitución Política de 1991, el Congreso de la República expidió la Ley 4ª de 1992 con fundamento en las facultades otorgadas por los literales e) y f) del numeral 19 de su artículo 150 .

La precitada ley en el artículo 17, ordenó al Gobierno Nacional establecer un régimen de pensiones para los miembros del Congreso de la República, así como el reajuste y sustitución de las mismas, las cuales no podían ser inferiores a un 75% de lo que resulte de la aplicación los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 de acuerdo con lo expuesto en la sentencia de la Corte Constitucional C-258 de 2013 .

De esta manera, se expidió el Decreto 1359 de 1993 reglamentario de la Ley 4ª de 1992 por medio del cual se estableció el régimen especial de pensiones de los senadores y representantes a la cámara. El campo de aplicación de dicha normativa se señaló en el artículo 1º en los siguientes términos:

"[…] ART. 1º-Ámbito de aplicación. El presente Decreto establece integralmente y de manera especial, el régimen de pensiones, reajustes y sustituciones de las mismas, que en lo sucesivo se aplicará a quienes a partir de la vigencia de la ley 4ª de 1992, tuvieren la calidad de Senador o Representante a la Cámara [...]" (negrilla fuera de texto).

La norma citada es clara en señalar que el régimen especial de pensiones de los miembros del Congreso de la República solo rige la situación de quien a la fecha de vigencia de la Ley 4ª de 1992 (18 de mayo de 1992) tuviera la calidad de Senador o Representante a la Cámara.

Lo anterior fue corroborado en el artículo 4° del mismo Decreto. En él se fijaron los requisitos para acceder al régimen pensional especial de los Congresistas así:

"[…] ART. 4°-Requisitos para acceder a este Régimen Pensional.

Para que un Congresista pueda acceder a la aplicación de este régimen especial, deberá cumplir en debida forma con los siguientes requisitos:

a) encontrarse afiliado a la entidad pensional del congreso y estar efectuando cumplidamente las cotizaciones o aportes respectivos a la misma.

Haber tomado posesión de su cargo.

Parágrafo. De igual manera accederán a este régimen pensional los Congresistas que al momento de su elección estuvieren disfrutando de su pensión vitalicia de jubilación decretada por cualquier entidad del orden nacional o territorial y que cumplieren las condiciones y requisitos establecidos en el artículo 1º, inciso 2º de la Ley 19 de 1987 […]" (Negrilla de la Subsección).

A su vez el artículo 7º del mismo Decreto 1359 de 1993 preceptuó:

"[…] ART. 7º-Definición: Cuando quienes en su condición de Senadores o Representantes a la Cámara, lleguen o hayan llegado a la edad que dispone el artículo 1º, parágrafo 2o de la Ley 33 de 1985 y adicionalmente cumplan o hayan cumplido 20 años de servicios, continuos o discontinuos en una o en diferentes entidades de derecho público incluido el Congreso de la República, o que los hayan cumplido y cotizado en parte en el sector privado y ante el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, conforme a lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, tendrán derecho a una pensión vitalicia de jubilación que no podrá ser inferior al 75% del ingreso mensual promedio, que durante el último año y por todo concepto devenguen los Congresistas en ejercicio, de conformidad con lo establecido en los artículos 5º y 6º del presente Decreto […]" (Resaltado de la Subsección).

Este artículo establece los requisitos de edad y tiempo de servicios necesarios para obtener el reconocimiento pensional.

En cuanto a la edad referida en la citada norma, la Sección Segunda en sentencia de unificación, concluyó que el Decreto 1359 de 1993 remite sobre este tópico a las disposiciones establecidas en favor de los servidores públicos antes de la Ley 33 de 1985, y específicamente al Decreto 1723 de 1964 que en su artículo 2º previó la edad de 50 años para hombres y mujeres .

En conclusión:

El Decreto 1359 de 1993 se aplicaba antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, para efectos de reconocimiento de la pensión de jubilación, a quien por disposición de los artículos 1º y 4º cumplieran los siguientes requisitos:

a) Que a la fecha de la entrada en vigencia de la Ley 4ª de 1992 (18 de mayo de 1992) ocupara el cargo de Senador o Representante a la Cámara (artículo 1º), y que se encontrara afiliado a la entidad pensional del Congreso (Fonprecon) realizando el respectivo pago de las cotizaciones (artículo 4º) y;

b) Se aplica también a los Congresistas que al momento de su elección estuvieren disfrutando de su pensión vitalicia de jubilación decretada por cualquier entidad del orden nacional o territorial y que cumplieren las condiciones y requisitos establecidos en el artículo 1°, inciso 2° de la Ley 19 de 1987 (parágrafo artículo 4º). Este último no es el caso que aquí se estudia.

Así mismo, los requisitos que debían acreditarse para acceder al reconocimiento pensional de conformidad con lo señalado en el artículo 7.º del decreto mencionado son:

(i) Cumplir la edad que dispone el artículo 1º, parágrafo 2º de la Ley 33 de 1985, esto es, la señalada en el artículo 2º del Decreto 1723 de 1964 (50 años para hombres y mujeres).

(ii) Tener veinte (20) años de servicios, continuos o discontinuos, acumulados entre el tiempo laborado al Congreso de la República y otros periodos prestados al servicio público y/o privado, cotizado en este último caso al ISS.

Cumplidos estos presupuestos debe reconocerse la pensión en cuantía equivalente al 75% de lo que resulte de la aplicación de los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 de acuerdo con lo expuesto en la sentencia de la Corte Constitucional C-258 de 2013, teniendo en cuenta para el efecto lo dispuesto en los artículos 5º y 6º del mismo Decreto 1359 de 1993 .

2. Entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Régimen de transición para Congresistas.

El Legislador expidió la Ley 100 de 1993 con la cual creó el Sistema General de Pensiones. Su propósito era unificar los requisitos para reconocer dicha prestación social a todos los habitantes del territorio nacional . No obstante, el mismo sistema exceptuó de su aplicación a quienes fueran beneficiarios de un régimen especial .

A su vez, dicha ley en el artículo 273 preceptuó que el Gobierno Nacional podía incorporar a los Congresistas al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, pero con respeto de los derechos adquiridos en los términos señalados en el artículo 36.

En ejercicio de dicha facultad se expidió el Decreto 691 de 1994. El artículo 1º literal "b" de esta normativa, incluyó a estos servidores públicos en el Sistema General de Pensiones de la Ley 100 de 1993. No obstante, en el parágrafo de dicho artículo se especificó que ello se efectuaba sin perjuicio de lo establecido en el Decreto 1359 de 1993 y las normas que lo modifiquen o adicionen . Ahora, tal situación sólo operaba a partir del 1º de abril de 1994 por disposición del artículo 2º del Decreto 691 de 1994 .

Finalmente, se expidió el Decreto 1293 de 1994 que exceptuó -en el artículo 1º- de la aplicación de la Ley 100 de 1993 a quienes cumplieran los requisitos del régimen de transición que se fijó en el artículo 2º de la misma disposición así:

"[…] ART. 2º-Régimen de transición de los senadores, representantes, empleados del congreso de la Republica y del fondo de previsión social del congreso. Los senadores, los representantes, los empleados del Congreso de la República y los empleados del Fondo de Previsión Social del Congreso, tendrán derecho a los beneficios del régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, siempre que a 1o de abril de 1994, hayan cumplido alguno de los siguientes requisitos:

a) Haber cumplido cuarenta (40) o más años de edad si son hombres o treinta y cinco (35) o más años de edad, si son mujeres.

b). Haber cotizado o prestado servicios durante quince (15) años o más […]" (Negrilla fuera de texto).

Cumplidos los requisitos enunciados los Congresistas adquieren, en virtud del artículo 3º de la misma disposición , el derecho a que su pensión de jubilación sea reconocida y liquidada conforme las normas del Decreto 1359 de 1993, esto es, se les aplican los requisitos de edad (50 años), tiempo de servicios (20 años) o número de semanas cotizadas y la base de liquidación establecidos en dicha norma.

Ahora bien, debe anotarse que inicialmente el parágrafo del artículo 2º del Decreto 1293 de 1994 establecía que el régimen de transición señalado en esa disposición también se aplicaba a aquellos que hubieran sido Congresistas con anterioridad al 1º de abril de 1994 y sean o no elegidos para legislaturas posteriores. Sin embargo, tal norma fue declarada nula por esta Sección al considerarse que mediante la reglamentación del régimen de transición no podían protegerse expectativas de quienes no ostentaran la calidad de congresistas entre el 18 de mayo 1992 y el 1.º de abril de 1994, o no fueran reincorporados como congresistas en períodos posteriores.

Señaló la jurisprudencia en mención, que quien había sido Congresista antes del 18 de mayo de 1992 y no fuera elegido posteriormente, no tenía ninguna expectativa por consolidar, es decir, no podía adquirir derecho pensional conforme al régimen especial porque no reunía el requisito de estar en servicio activo.

En cuanto a la reincorporación posterior a que se hace referencia, la jurisprudencia de esta Sección señaló que ello procede con respecto a los Congresistas que fueron elegidos antes del 18 de mayo de 1992, estaban pensionados y renunciaron temporalmente a su pensión de jubilación para reincorporarse al cargo ante una nueva elección, siempre que la reincorporación se hubiese realizado a partir de la entrada en vigencia de la Ley 4ª de 1992.

En conclusión:

El Decreto 691 de 1994 incorporó al Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, a los servidores públicos del Congreso de la República.

No obstante, y en virtud del régimen de transición señalado en el artículo 2º del Decreto 1293 de 1994, la Ley 100 de 1993 no es aplicable a quienes al 1º de abril de 1994: (i) tengan 40 o más años de edad si es hombre o treinta y cinco (35) o más años de edad si es mujer y/o (ii) que hubieran cotizado o prestado servicios durante quince (15) años o más. En este caso la norma que rige es el Decreto 1359 de 1993.

Se aclara que no se aplica el régimen de transición a quienes no hubieran ostentado la calidad de Congresistas entre el 18 de mayo de 1992 y el 1.º de abril de 1994, o no fueran reincorporados como Congresistas en períodos posteriores a partir de la vigencia de la Ley 4ª de 1992 y mínimo por un año como antes se anotó.

3. Caso concreto.

Revisado el expediente se tiene que el señor Beltrán Ariza fue miembro del Congreso de la República por los siguientes periodos:

- Conforme el certificado emitido por el Secretario General del Senado de la República se posesionó como Senador de la República el 1.º de diciembre de 1998 (f. 37).

- De acuerdo a la resolución núm. 303 del 12 de mayo de 2000 permaneció en el cargo hasta el 19 de julio del año 2000 (f. 84).

Conforme con lo anterior, se puede concluir que al señor Tirso Beltrán Ariza no le es aplicable el régimen especial de pensiones de los Congresistas establecido en el Decreto 1359 de 1993 por cuanto a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 4ª de 1992 (18 de mayo de 1992) no ocupaba el cargo de Senador o Representante a la Cámara.

Dicho esto, sobra advertir que, pese a que mismo contaba con más de 40 años al 1º de abril de 1994 -puesto que nació el 19 de octubre de 1938 -, tampoco regula su situación el régimen de transición de que trata el artículo 2º del Decreto 1293 de 1994 en tanto que el mismo fue creado para quienes fuesen congresistas entre el 18 de mayo de 1992 y el 1º de abril de 1994, caso que no es el del señor Beltrán Ariza.

En esa medida, la pensión reconocida por Fonprecon carece de sustento legal al aplicar un régimen pensional del cual no era beneficiario el señor Tirso Beltrán Ariza, por lo que la resolución núm. 0303 del 12 de mayo de 2000 debe ser declarada nula.

Todo lo anterior, desvirtúa lo manifestó por el recurrente en el escrito de apelación sobre la supuesta errada interpretación que hace el Tribunal de las normas que regulan el régimen de transición para los Congresistas.

Así mismo, queda sin sustento lo expuesto en el recurso, referente a que el Tribunal desconoció el precedente jurisprudencial fijado por el Consejo de Estado sobre la aplicabilidad de los Decretos 1359 de 1993 y 1293 de 1994 a los Congresistas.

En relación a que con la orden dada en el fallo de primera instancia de reliquidar la pensión conforme el artículo 7.º de la Ley 71 de 1988 y su Decreto reglamentario núm. 2709 de 1994, se vulneró el contenido del artículo 7.º del Decreto 1359 de 1993 por cuanto este determina la forma como debe hacerse el reconocimiento pensional, cabe reiterar que -de acuerdo a lo expuesto- el Decreto 1359 de 1993 no le es aplicable al señor Tirso Beltrán Ariza, luego no puede pretender que se le aplique de forma aislada el artículo 7.º del mismo.

Finalmente, respecto al argumento según el cual no es posible aplicar al señor Beltrán Ariza la Ley 71 de 1988 porque la misma Ley 100 de 1993 la derogó, debe decirse que su aplicación es procedente siempre y cuando se cumplan los requisitos del régimen de transición señalado en el artículo 36 de dicha normativa que conforme lo corroboró el Tribunal, al contar con más de 40 años de edad y haber prestado más de 15 años de servicio o de cotizaciones al 1º de abril de 1994 lo cobijaba, luego la pensión debe ser reconocida de acuerdo las normas que lo regulaban con anterioridad, que en todo caso no es el Régimen Especial de los Congresistas consagrado en el artículo 1359 de 1993.

En conclusión: La pensión de jubilación fue reconocida de manera ilegal porque se aplicó el régimen pensional especial de los Congresistas con desconocimiento de los requisitos establecidos en los artículos 1º, 4º y 7º del Decreto 1359 de 1993 y el artículo 2º del Decreto 1293 de 1994, en tanto que el señor Tirso Beltrán Ariza no ostentó la calidad de Congresista entre el 18 de mayo de 1992 (fecha en que entró en vigencia la Ley 4ª de dicho año) y el 1º de abril de 1994 (fecha en la que entró en vigencia la Ley 100 de 1993).

4. Segundo problema jurídico: Existencia de derechos adquiridos.

El artículo 58 de la Constitución Política con relación a los derechos adquiridos consagra:

"[…] ART. 58.-Modificado por el art. 1, Acto Legislativo No. 01 de 1999. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultare en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social […]".

Tal como lo dispone la norma, los derechos adquiridos son aquellas situaciones individuales y subjetivas que se crearon y definieron bajo el imperio de una ley y con respeto de los postulados de la misma.

Esta circunstancia otorga en favor de sus titulares un derecho particular que no puede ser vulnerado con la expedición de leyes posteriores . Al respecto la Corte constitucional los ha definido como :

"[…] De conformidad con la jurisprudencia constitucional, los derechos adquiridos son aquellos que han ingresado definitivamente en el patrimonio de la persona. Así, el derecho se ha adquirido cuando las hipótesis descritas en la ley se cumplen en cabeza de quien reclama el derecho, es decir, cuando las premisas legales se configuran plenamente. De acuerdo con esta noción, las situaciones jurídicas no consolidadas, es decir, aquellas en que los supuestos fácticos para la adquisición del derecho no se han realizado, no constituyen derechos adquiridos sino meras expectativas […]"

Así las cosas, para que se pueda predicar la existencia de un derecho adquirido deben cumplirse los siguientes supuestos: (i) las circunstancias específicas de la situación deben encajar dentro de los postulados legales que crean el derecho y; (ii) se requiere que el mismo haya ingresado al patrimonio de quien es su titular. Sobre el particular el Consejo de Estado señaló :

"[…] Tanto la jurisprudencia como la doctrina han sido coincidentes en sostener que los derechos adquiridos se originan en la consolidación de una situación jurídica originada bajo el amparo de una ley que la regula, vale decir que si se concretaron los supuestos normativos por haberse verificado su cumplimiento independientemente de que la consecuencia que se deriva de ello se materialice posteriormente, aquéllos ingresan definitivamente al patrimonio del titular y por ende quien los otorgó no los puede quitar sin vulnerarlos.

Por una parte, de la anterior descripción debe destacarse que la expresión "con arreglo a las leyes" tiene relación directa con el concepto de justo título, esto es, que solo pueden tener la entidad suficiente para ofrecer la garantía que se comenta, los actos que respetan el ordenamiento jurídico. De suerte que el fallador debe determinar si el acto goza de legitimidad para favorecer al titular del derecho y que de esta manera lo ampare la intangibilidad en caso de variar las condiciones que existían cuando se originó aquél […]" (Negrilla fuera de texto).

De esta manera, no es posible hablarse de derechos adquiridos cuando los mismos ingresan al patrimonio de la persona sin cumplir el postulado del artículo 58 de la Constitución Política y sin respeto por las disposiciones legales, puesto que éstas son las que sustentan su protección.

2.1 Caso concreto:

El señor Tirso Beltrán Ariza alega que no se puede desconocer el régimen de transición que lo ampara porque este constituye una garantía y salvaguarda de sus derechos adquiridos.

Pues bien, dentro del proceso quedó demostrado que la resolución núm. 0303 del 12 de mayo de 2000 que reconoció la pensión de jubilación al mencionado aplicando para dichos efectos el Decreto 1359 de 1993 en virtud del régimen de transición consagrado en el artículo 2º del Decreto 1293 de 1994 se expidió de manera ilegal.

De esta manera, no es factible considerar la existencia de un derecho adquirido, puesto que el origen del reconocimiento del mismo es ilegal y en esa medida, no se adquirió el beneficio de acuerdo a los postulados del artículo 58 constitucional.

4. Decisión de segunda instancia

Por lo expuesto la Subsección A confirmará la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B el día 15 de agosto de 2013.

Condena en costas

Toda vez que el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de condena en costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna procedió de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla

Primero: Confirmar la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B el día 15 de agosto de 2013 en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República.

Segundo: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático "Justicia Siglo XXI".

Notifíquese y cúmplase"

Haber tomado posesión de su cargo.

Parágrafo. De igual manera accederán a este régimen pensional los Congresistas que al momento de su elección estuvieren disfrutando de su pensión vitalicia de jubilación decretada por cualquier entidad del orden nacional o territorial y que cumplieren las condiciones y requisitos establecidos en el artículo 1º, inciso 2º de la Ley 19 de 1987 […]” (Negrilla de la Subsección).

A su vez el artículo 7º del mismo Decreto 1359 de 1993 preceptuó:

 “[…] ART. 7º—Definición: Cuando quienes en su condición de Senadores o Representantes a la Cámara, lleguen o hayan llegado a la edad que dispone el artículo 1º, parágrafo 2o de la Ley 33 de 1985 y adicionalmente cumplan o hayan cumplido 20 años de servicios, continuos o discontinuos en una o en diferentes entidades de derecho público incluido el Congreso de la República, o que los hayan cumplido y cotizado en parte en el sector privado y ante el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, conforme a lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, tendrán derecho a una pensión vitalicia de jubilación que no podrá ser inferior al 75% del ingreso mensual promedio, que durante el último año y por todo concepto devenguen los Congresistas en ejercicio, de conformidad con lo establecido en los artículos 5º y 6º del presente Decreto […]” (Resaltado de la Subsección).

Este artículo establece los requisitos de edad y tiempo de servicios necesarios para obtener el reconocimiento pensional.

En cuanto a la edad referida en la citada norma, la Sección Segunda en sentencia de unificación, concluyó que el Decreto 1359 de 1993 remite sobre este tópico a las disposiciones establecidas en favor de los servidores públicos antes de la Ley 33 de 1985, y específicamente al Decreto 1723 de 1964 que en su artículo 2º previó la edad de 50 años para hombres y mujeres(7).

En conclusión:

El Decreto 1359 de 1993 se aplicaba antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, para efectos de reconocimiento de la pensión de jubilación, a quien por disposición de los artículos 1º y 4º cumplieran los siguientes requisitos:

a) Que a la fecha de la entrada en vigencia de la Ley 4ª de 1992 (18 de mayo de 1992) ocupara el cargo de Senador o Representante a la Cámara (artículo 1º), y que se encontrara afiliado a la entidad pensional del Congreso (Fonprecon) realizando el respectivo pago de las cotizaciones (artículo 4º) y;

b) Se aplica también a los Congresistas que al momento de su elección estuvieren disfrutando de su pensión vitalicia de jubilación decretada por cualquier entidad del orden nacional o territorial y que cumplieren las condiciones y requisitos establecidos en el artículo 1°, inciso 2° de la Ley 19 de 1987 (parágrafo artículo 4º). Este último no es el caso que aquí se estudia.

Así mismo, los requisitos que debían acreditarse para acceder al reconocimiento pensional de conformidad con lo señalado en el artículo 7.º del decreto mencionado son:

(i) Cumplir la edad que dispone el artículo 1º, parágrafo 2º de la Ley 33 de 1985, esto es, la señalada en el artículo 2º del Decreto 1723 de 1964 (50 años para hombres y mujeres).

(ii) Tener veinte (20) años de servicios, continuos o discontinuos, acumulados entre el tiempo laborado al Congreso de la República(8) y otros periodos prestados al servicio público y/o privado, cotizado en este último caso al ISS.

Cumplidos estos presupuestos debe reconocerse la pensión en cuantía equivalente al 75% de lo que resulte de la aplicación de los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 de acuerdo con lo expuesto en la sentencia de la Corte Constitucional C-258 de 2013, teniendo en cuenta para el efecto lo dispuesto en los artículos 5º y 6º del mismo Decreto 1359 de 1993(9).

2. Entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Régimen de transición para Congresistas.

El Legislador expidió la Ley 100 de 1993 con la cual creó el Sistema General de Pensiones. Su propósito era unificar los requisitos para reconocer dicha prestación social a todos los habitantes del territorio nacional(10). No obstante, el mismo sistema exceptuó de su aplicación a quienes fueran beneficiarios de un régimen especial(11).

A su vez, dicha ley en el artículo 273 preceptuó que el Gobierno Nacional podía incorporar a los Congresistas al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, pero con respeto de los derechos adquiridos en los términos señalados en el artículo 36.

En ejercicio de dicha facultad se expidió el Decreto 691 de 1994. El artículo 1º literal “b” de esta normativa, incluyó a estos servidores públicos en el Sistema General de Pensiones de la Ley 100 de 1993. No obstante, en el parágrafo de dicho artículo se especificó que ello se efectuaba sin perjuicio de lo establecido en el Decreto 1359 de 1993 y las normas que lo modifiquen o adicionen(12). Ahora, tal situación sólo operaba a partir del 1º de abril de 1994 por disposición del artículo 2º del Decreto 691 de 1994(13).

Finalmente, se expidió el Decreto 1293 de 1994 que exceptuó —en el artículo 1º— de la aplicación de la Ley 100 de 1993 a quienes cumplieran los requisitos del régimen de transición que se fijó en el artículo 2º de la misma disposición así:

“[…] ART. 2º—Régimen de transición de los senadores, representantes, empleados del congreso de la Republica y del fondo de previsión social del congreso. Los senadores, los representantes, los empleados del Congreso de la República y los empleados del Fondo de Previsión Social del Congreso, tendrán derecho a los beneficios del régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, siempre que a 1o de abril de 1994, hayan cumplido alguno de los siguientes requisitos:

a) Haber cumplido cuarenta (40) o más años de edad si son hombres o treinta y cinco (35) o más años de edad, si son mujeres.

b). Haber cotizado o prestado servicios durante quince (15) años o más […]” (Negrilla fuera de texto).

Cumplidos los requisitos enunciados los Congresistas adquieren, en virtud del artículo 3º de la misma disposición(14), el derecho a que su pensión de jubilación sea reconocida y liquidada conforme las normas del Decreto 1359 de 1993, esto es, se les aplican los requisitos de edad (50 años), tiempo de servicios (20 años) o número de semanas cotizadas y la base de liquidación establecidos en dicha norma.

Ahora bien, debe anotarse que inicialmente el parágrafo del artículo 2º del Decreto 1293 de 1994 establecía que el régimen de transición señalado en esa disposición también se aplicaba a aquellos que hubieran sido Congresistas con anterioridad al 1º de abril de 1994 y sean o no elegidos para legislaturas posteriores. Sin embargo, tal norma fue declarada nula por esta Sección(15) al considerarse que mediante la reglamentación del régimen de transición no podían protegerse expectativas de quienes no ostentaran la calidad de congresistas entre el 18 de mayo 1992(16) y el 1.º de abril de 1994, o no fueran reincorporados como congresistas en períodos posteriores.

Señaló la jurisprudencia en mención, que quien había sido Congresista antes del 18 de mayo de 1992 y no fuera elegido posteriormente, no tenía ninguna expectativa por consolidar, es decir, no podía adquirir derecho pensional conforme al régimen especial porque no reunía el requisito de estar en servicio activo.

En cuanto a la reincorporación posterior a que se hace referencia, la jurisprudencia de esta Sección(17) señaló que ello procede con respecto a los Congresistas que fueron elegidos antes del 18 de mayo de 1992, estaban pensionados y renunciaron temporalmente a su pensión de jubilación para reincorporarse al cargo ante una nueva elección, siempre que la reincorporación se hubiese realizado a partir de la entrada en vigencia de la Ley 4ª de 1992.

En conclusión:

El Decreto 691 de 1994 incorporó al Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, a los servidores públicos del Congreso de la República.

No obstante, y en virtud del régimen de transición señalado en el artículo 2º del Decreto 1293 de 1994, la Ley 100 de 1993 no es aplicable a quienes al 1º de abril de 1994: (i) tengan 40 o más años de edad si es hombre o treinta y cinco (35) o más años de edad si es mujer y/o (ii) que hubieran cotizado o prestado servicios durante quince (15) años o más. En este caso la norma que rige es el Decreto 1359 de 1993.

Se aclara que no se aplica el régimen de transición a quienes no hubieran ostentado la calidad de Congresistas entre el 18 de mayo de 1992 y el 1.º de abril de 1994, o no fueran reincorporados como Congresistas en períodos posteriores a partir de la vigencia de la Ley 4ª de 1992 y mínimo por un año como antes se anotó.

3. Caso concreto.

Revisado el expediente se tiene que el señor Beltrán Ariza fue miembro del Congreso de la República por los siguientes periodos:

— Conforme el certificado emitido por el Secretario General del Senado de la República se posesionó como Senador de la República el 1.º de diciembre de 1998 (f. 37).

— De acuerdo a la resolución núm. 303 del 12 de mayo de 2000 permaneció en el cargo hasta el 19 de julio del año 2000 (f. 84).

Conforme con lo anterior, se puede concluir que al señor Tirso Beltrán Ariza no le es aplicable el régimen especial de pensiones de los Congresistas establecido en el Decreto 1359 de 1993 por cuanto a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 4ª de 1992 (18 de mayo de 1992) no ocupaba el cargo de Senador o Representante a la Cámara.

Dicho esto, sobra advertir que, pese a que mismo contaba con más de 40 años al 1º de abril de 1994 —puesto que nació el 19 de octubre de 1938(18)—, tampoco regula su situación el régimen de transición de que trata el artículo 2º del Decreto 1293 de 1994 en tanto que el mismo fue creado para quienes fuesen congresistas entre el 18 de mayo de 1992 y el 1º de abril de 1994, caso que no es el del señor Beltrán Ariza.

En esa medida, la pensión reconocida por Fonprecon carece de sustento legal al aplicar un régimen pensional del cual no era beneficiario el señor Tirso Beltrán Ariza, por lo que la resolución núm. 0303 del 12 de mayo de 2000 debe ser declarada nula.

Todo lo anterior, desvirtúa lo manifestó por el recurrente en el escrito de apelación sobre la supuesta errada interpretación que hace el Tribunal de las normas que regulan el régimen de transición para los Congresistas.

Así mismo, queda sin sustento lo expuesto en el recurso, referente a que el Tribunal desconoció el precedente jurisprudencial fijado por el Consejo de Estado sobre la aplicabilidad de los Decretos 1359 de 1993 y 1293 de 1994 a los Congresistas.

En relación a que con la orden dada en el fallo de primera instancia de reliquidar la pensión conforme el artículo 7.º de la Ley 71 de 1988 y su Decreto reglamentario núm. 2709 de 1994, se vulneró el contenido del artículo 7.º del Decreto 1359 de 1993 por cuanto este determina la forma como debe hacerse el reconocimiento pensional, cabe reiterar que —de acuerdo a lo expuesto— el Decreto 1359 de 1993 no le es aplicable al señor Tirso Beltrán Ariza, luego no puede pretender que se le aplique de forma aislada el artículo 7.º del mismo.

Finalmente, respecto al argumento según el cual no es posible aplicar al señor Beltrán Ariza la Ley 71 de 1988 porque la misma Ley 100 de 1993 la derogó, debe decirse que su aplicación es procedente siempre y cuando se cumplan los requisitos del régimen de transición señalado en el artículo 36 de dicha normativa que conforme lo corroboró el Tribunal, al contar con más de 40 años de edad y haber prestado más de 15 años de servicio o de cotizaciones al 1º de abril de 1994 lo cobijaba, luego la pensión debe ser reconocida de acuerdo las normas que lo regulaban con anterioridad, que en todo caso no es el Régimen Especial de los Congresistas consagrado en el artículo 1359 de 1993.

En conclusión: La pensión de jubilación fue reconocida de manera ilegal porque se aplicó el régimen pensional especial de los Congresistas con desconocimiento de los requisitos establecidos en los artículos 1º, 4º y 7º del Decreto 1359 de 1993 y el artículo 2º del Decreto 1293 de 1994, en tanto que el señor Tirso Beltrán Ariza no ostentó la calidad de Congresista entre el 18 de mayo de 1992 (fecha en que entró en vigencia la Ley 4ª de dicho año) y el 1º de abril de 1994 (fecha en la que entró en vigencia la Ley 100 de 1993).

4. Segundo problema jurídico: Existencia de derechos adquiridos.

El artículo 58 de la Constitución Política con relación a los derechos adquiridos consagra:

“[…] ART. 58.—Modificado por el art. 1, Acto Legislativo No. 01 de 1999. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultare en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social […]”.

Tal como lo dispone la norma, los derechos adquiridos son aquellas situaciones individuales y subjetivas que se crearon y definieron bajo el imperio de una ley y con respeto de los postulados de la misma.

Esta circunstancia otorga en favor de sus titulares un derecho particular que no puede ser vulnerado con la expedición de leyes posteriores(19). Al respecto la Corte constitucional los ha definido como(20):

“[…] De conformidad con la jurisprudencia constitucional, los derechos adquiridos son aquellos que han ingresado definitivamente en el patrimonio de la persona. Así, el derecho se ha adquirido cuando las hipótesis descritas en la ley se cumplen en cabeza de quien reclama el derecho, es decir, cuando las premisas legales se configuran plenamente. De acuerdo con esta noción, las situaciones jurídicas no consolidadas, es decir, aquellas en que los supuestos fácticos para la adquisición del derecho no se han realizado, no constituyen derechos adquiridos sino meras expectativas […]”

Así las cosas, para que se pueda predicar la existencia de un derecho adquirido deben cumplirse los siguientes supuestos: (i) las circunstancias específicas de la situación deben encajar dentro de los postulados legales que crean el derecho y; (ii) se requiere que el mismo haya ingresado al patrimonio de quien es su titular. Sobre el particular el Consejo de Estado señaló(21):

“[…] Tanto la jurisprudencia como la doctrina han sido coincidentes en sostener que los derechos adquiridos se originan en la consolidación de una situación jurídica originada bajo el amparo de una ley que la regula, vale decir que si se concretaron los supuestos normativos por haberse verificado su cumplimiento independientemente de que la consecuencia que se deriva de ello se materialice posteriormente, aquéllos ingresan definitivamente al patrimonio del titular y por ende quien los otorgó no los puede quitar sin vulnerarlos.

Por una parte, de la anterior descripción debe destacarse que la expresión “con arreglo a las leyes” tiene relación directa con el concepto de justo título, esto es, que solo pueden tener la entidad suficiente para ofrecer la garantía que se comenta, los actos que respetan el ordenamiento jurídico. De suerte que el fallador debe determinar si el acto goza de legitimidad para favorecer al titular del derecho y que de esta manera lo ampare la intangibilidad en caso de variar las condiciones que existían cuando se originó aquél […]” (Negrilla fuera de texto).

De esta manera, no es posible hablarse de derechos adquiridos cuando los mismos ingresan al patrimonio de la persona sin cumplir el postulado del artículo 58 de la Constitución Política y sin respeto por las disposiciones legales, puesto que éstas son las que sustentan su protección.

2.1 Caso concreto:

El señor Tirso Beltrán Ariza alega que no se puede desconocer el régimen de transición que lo ampara porque este constituye una garantía y salvaguarda de sus derechos adquiridos.

Pues bien, dentro del proceso quedó demostrado que la resolución núm. 0303 del 12 de mayo de 2000 que reconoció la pensión de jubilación al mencionado aplicando para dichos efectos el Decreto 1359 de 1993 en virtud del régimen de transición consagrado en el artículo 2º del Decreto 1293 de 1994 se expidió de manera ilegal.

De esta manera, no es factible considerar la existencia de un derecho adquirido, puesto que el origen del reconocimiento del mismo es ilegal y en esa medida, no se adquirió el beneficio de acuerdo a los postulados del artículo 58 constitucional.

4. Decisión de segunda instancia

Por lo expuesto la Subsección A confirmará la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B el día 15 de agosto de 2013.

Condena en costas

Toda vez que el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de condena en costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna procedió de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla

Primero: Confirmar la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B el día 15 de agosto de 2013 en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República.

Segundo: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático “Justicia Siglo XXI”.

Notifíquese y cúmplase»

1. Dicha norma preceptuaba: “Artículo 7º. Los miembros del Congreso y de las Asambleas Departamentales gozarán de las mismas prestaciones e indemnizaciones sociales consagradas para los servidores públicos en la ley 6ª de 1945 y demás disposiciones que la adicionen o reformen.”

2. Régimen de transición artículo 1º: “Parágrafo 2º. Para los empleados oficiales que a la presente ley hayan cumplido quince años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre la edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente ley.
Quienes con veinte (20) años de labor continua o discontinua como empleados oficiales, actualmente se hallen retirados del servicio, tendrán derecho cuando cumplan los cincuenta años (50) de edad, si son mujeres, o cincuenta y cinco (55) si son varones, a una pensión de jubilación que se reconocerá y pagará de acuerdo con las disposiciones que regían al momento de su retiro.
Parágrafo 3º. En todo caso, los empleados oficiales que a la vigencia de esta Ley, hayan cumplido los requisitos para obtener pensión de jubilación, se continuarán rigiendo por las normas anteriores a esta Ley.”

3. Artículo 14 Ley 33 de 1985.

4. Con ellas se otorgó competencia al legislador para dictar normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, entre los que incluyó a los miembros del Congreso de la República.

5. La Corte en esta sentencia declaró la inexequibilidad de las expresiones “durante el último año”, “y por todo concepto”, “Y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal”, contenidas en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 por considerar que establecían un privilegio con respecto a los demás regímenes lo que vulneraba el principio de igualdad y no contribuía al financiamiento del sistema pensional. Así, ordenó para efectos de liquidar la pensión aplicar el artículo 21 y 36 de la Ley 100 de 1993.

6. La Ley 4ª de 1992, en su artículo 22 dispone que rige a partir de la fecha de su promulgación, que lo fue el 18 de mayo de 1992, en el Diario Oficial No. 40451.

7. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. C. P. Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Sentencia del 14 de octubre de 2010. No. Interno 2036-2008. Actor. Ricardo Calvete Rangel. Con salvamento parcial de voto suscrito por los Hs. Consejeros Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez y Dr. Gerardo Arenas Monsalve.

8. Como Representante a la Cámara o Senador, pues el régimen establecido en el Decreto 1359 de 1993 cobija inicialmente a los Congresistas.

9. Para mayor claridad se recuerda que la Corte Constitucional en la sentencia mencionada declaró la inexequibilidad de las expresiones “durante el último año”, “y por todo concepto”, “Y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal”, contenidas en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 por considerar que establecían un privilegio con respecto a los demás regímenes lo que vulneraba el principio de igualdad y no contribuía al financiamiento del sistema pensional. Ahora, en consideración que los artículos 5º y 6º del Decreto 1359 de 1993 también contienen la expresión “por todo concepto”, por comunicabilidad normativa debe aplicarse el criterio de la Corte sobre este punto. En esa medida, para efectos de liquidar la pensión la norma que rige es el artículo 21 y 36 de la Ley 100 de 1993.

10. Artículo 3º Ley 100 de 1993.

11. Artículo 279 Ley 100 de 1993.

12. Decreto 691 de 1994 “[…] Artículo 1º. […] Parágrafo. La incorporación de los servidores públicos de que trata el presente Decreto se efectuará sin perjuicio de los establecido en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 104 de 1994, Decreto 314 de 1994 y Decreto 1359 de 1993 y las normas que los modifiquen y adicionen […]”.

13. “[…] Articulo. 2º—Vigencia del sistema general de pensiones para los servidores públicos. El sistema general de pensiones contenido en la Ley 100 de 1993, comenzará a regir para los servidores públicos del orden nacional incorporados mediante el artículo 1º de este decreto, el 1º de abril de 1994 […]” (Negrilla de la Sala).

14. “[…] ART. 3º—Beneficios del régimen de transición. Los senadores y representantes que cumplan con alguno de los requisitos previstos en el artículo anterior, tendrán derecho al reconocimiento de su pensión de jubilación cuando cumplan con los requisitos de edad y tiempo de servicios o número de semanas cotizadas establecidos en el Decreto 1359 de 1993, así como el monto de la pensión, forma de liquidación de la misma e ingreso base de liquidación establecidos en el mismo decreto. […]”

15. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 27 de octubre de 2005, C. P. doctora Ana Margarita Olaya Forero, radicado interno No. 5677-2003.

16. Sin embargo, en la sentencia se indica que dicha fecha es el 19 de diciembre de 2012, lo cierto es que el día de entrada en vigencia la Ley 4ª de 1992 fue el 18 de mayo de 1992 según el Diario Oficial No. 40451.

17. En la sentencia con radicado núm. 25000-23-25-000-2005-09117-01 (1476-2007), demandante: Teodolindo Avendaño, Demandado: Fonprecon, Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren proferida por el día 21 de noviembre de 2013 la Sección Segunda, Subsección A al resolver un caso similar al aquí tratado y en el cual negó la reliquidación pensional dispuso: “[…] Igualmente, son destinatarios de este Régimen Especial, quienes habiendo sido Congresistas en el pasado y que estén pensionados, luego se reincorporen al servicio como Parlamentarios encontrándose en condición de activos a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 4ª de 1992, efectuando el respectivo aporte al Fondo, para lo cual hayan renunciado temporalmente a recibir pensión de jubilación reconocida con anterioridad, siempre que el nuevo lapso de vinculación al Congreso no sea inferior a un año en forma continua o discontinua […]”. (Negrilla fuera de texto).

18. F. 84.

19. Sentencia C-249 de 2002.

20. Sentencia C-314 de 2004.

21. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Consejera Ponente: María Inés Ortiz Barbosa. Bogotá, D.C., junio veinticinco (25) de dos mil dos (2002). Radicación número: 11001-03-15-000-1999-0439-01(S-439). Actor: Yuvanny Annelice Cifuentes Varón. Demandado: Departamento del Tolima.