Sentencia 2006-03456 de noviembre 22 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”

Exp. 050012331000200603456-01

Consejero Ponente:

Dr. Alfonso Vargas Rincón

Ref.: 0448-2012

Actor: Piedad del Socorro Mejía González

Autoridades nacionales

Bogotá, D.C., noviembre veintidós de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Considera

El presente asunto se contrae a establecer si la demandante, en condición de la hermana del docente Francisco Luis Mejía González, tenía derecho a sustituirlo en la pensión de jubilación, conforme a las normas vigentes al momento de su fallecimiento.

Obra en el expediente, el siguiente material probatorio:

• Resolución 33526 de 10 de junio de 2005, por medio de la cual el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio reconoció la sustitución de la pensional del docente Francisco Luis Mejía González a la señora Ana Matilde González en su condición de madre del causante (fls. 4 a 6)

• Resolución 3966 de 12 de mayo de 2006, mediante la cual se resolvió desfavorablemente el recurso de reposición interpuesto por la actora, en contra de la resolución anterior (fl. 10).

• Registro de defunción de señor Mejía González, por muerte ocurrida el 21 de enero de 1999 (fl. 12).

• Copia del registro civil de nacimiento de Piedad del Socorro Mejía González el 31 de octubre de 2005, en el que consta que es hija de Ana Tilde González (fl. 14).

• Registro civil de defunción de la señora Ana Tilde González Duque, madre del causante y de la actora (fl. 16).

• Copia del dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral de la señora Piedad del Socorro Mejía González, en que se estableció un porcentaje del 51.30% por causa congénita (fl. 17).

• Registro civil de nacimiento del señor Francisco Luis Mejía González, en el que consta que es hijo de Ana Tilde González (fl. 55).

• Copia de la providencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante la cual se confirma la sentencia del Juzgado Primero de Familia de Itagüí en la que se designó como curador legítimo y general de la demandante a su hermano (fls. 104 a 111).

En virtud del artículo 3º de la Ley 71 de 1988 se hicieron extensivas las previsiones sobre sustitución pensional (leyes 33/73, 12/75, 44/80 y 113/85), en forma vitalicia al cónyuge supérstite o compañera (o) permanente, a los hijos menores o inválidos, a los padres o hermanos inválidos que dependan económicamente del pensionado, en las precisas condiciones establecidas en esa norma.

La anterior ley fue reglamentada parcialmente por el Decreto 1160 de 1989, la cual igualmente extendió las previsiones sobre sustitución pensional, así:

“ART. 6º—Beneficiarios de la sustitución pensional. Extiéndese las previsiones sobre sustitución pensional:

(...).

4. Al falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, hijos y padres con derecho, a los hermanos inválidos que dependan económicamente del causante y hasta cuando cede la invalidez”.

En este punto, es preciso aclarar que tal como lo señaló el tribunal en la sentencia de primera instancia el derecho a acceder a la pensión de sobrevivientes es excluyente más no concurrente, pues los beneficiarios de la pensión sustitutiva se deben tener en cuenta solo en la línea establecida en la norma, de tal manera que a falta de uno sucede el otro. No obstante, para la fecha de presentación de la demanda (sep. 29/2006) la beneficiaria de la pensión de sobrevivientes ya había fallecido, pues su deceso ocurrió el 31 de octubre de 2005, es decir, que para este momento quien sucedería al causante, por no existir cónyuge, hijos ni padres sería la demandante en su condición de hermana invalida, esto es que el impedimento que tenía para acceder al beneficio de la sustitución pensional desapareció con la muerte de su madre.

Ahora bien, es claro, en consecuencia que la calidad de beneficiario de la sustitución pensional se adquiere, tratándose de los hermanos, cuando se prueban los siguientes requisitos:

• El grado de filiación consanguíneo respecto del pensionado.

• La dependencia económica respecto del causante.

• La invalidez permanente, previo examen médico que dictamine el grado de incapacidad físico o psíquico.

Solo, y en el evento de reunirse esos supuestos fácticos al momento del fallecimiento del pensionado, es posible acceder a la pensión de sobrevivientes.

La filiación de la demandante no es objeto de discusión alguna, pues la negativa a la sustitución pensional se fundamentó en la madre tanto del causante como de la demandante tenía mejor derecho que esta última.

En relación con la dependencia económica, la Sección Segunda de esta corporación tuvo la oportunidad de referirse sobre el tema. Así:

“... el art. 47 de la Ley 100 de 1993, literales b), c) y d), señalan como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, a los hijos, los padres y los hermanos inválidos del causante, si dependían económicamente del mismo, disposición legal que no hace exigencia de ninguna otra naturaleza, basta con la mera dependencia económica para acceder a la pensión de sobrevivientes. No exige que el beneficiario no tenga ingresos o si los llegare a tener que estos sean inferiores a la mitad de un salario mínimo legal mensual vigente como lo hace el acto acusado, motivo por el cual se suspendieron provisionalmente sus efectos. Este razonamiento sería suficiente para que la Sala procediera a declarar la nulidad del acto acusado por desbordar la potestad reglamentaria.

Adicionalmente se precisa que el recto entendimiento de la dependencia económica prevista en los literales b), c) y d) del art. 47 de la Ley 100 de 1993 no puede asumirse desde la óptica de la carencia de recursos económicos.

La dependencia económica, para efectos de la pensión de sobrevivientes, debe ser examinada armónicamente con los postulados constitucionales y legales que orientan la seguridad social tales como la protección especial a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, protección integral de la familia, de las personas de la tercera edad, calidad de vida acorde con la dignidad humana, eficiencia y solidaridad entre otros.

Desde esa perspectiva, aparece absurdo que el decreto reglamentario circunscriba el concepto de dependencia económica, a la carencia de ingresos (indigencia) o que estos sean inferiores a la mitad del salario mínimo legal mensual, cantidad esta última que de todas maneras coloca a la persona en situación de pobreza absoluta”(1).

Sin entrar a definir el concepto de dependencia económica, pero siguiendo la anterior pauta jurisprudencial sobre algunos postulados constitucionales que lo gobiernan, estima la Sala que es necesario establecer su alcance en materia pensional.

En principio, dicho concepto, puede relacionarse con la noción de congrua subsistencia.

La concepción de congrua proviene del adjetivo congruente, el que a su vez significa conveniente, proporcional, coherente y lógico(2). Así mismo, puede aceptarse como una razonable porción, estipendio o retribución de algo. Subsistencia es el conjunto de medios necesarios para el sustento de la vida humana(3).

Según el artículo 413 del Código Civil los alimentos congruos “Son los que habilitan al alimentado para subsistir modestamente de un modo correspondiente a su posición social”.

Si uno y otros conceptos —como se dijo— se corresponden entre sí, puede concebirse entonces la dependencia económica como aquella situación de subordinación a que se halla sujeta una persona respecto de otra en relación con su “modus vivendi”. Relación de dependencia dentro de la cual deberá observarse, por parte del beneficiado o amparado, una conducta sensata, eso sí, acorde con la dignidad humana pero desprendida de ostentación o suntuosidad alguna.

En el presente asunto, se demuestra la dependencia económica respecto de su fallecido hermano, con la declaración extrajuicio bajo juramento en la que la actora declara que siempre convivió bajo el mismo techo con su hermano y junto con su madre, dependían económicamente de él, además con las declaraciones de dos testimonios que obran a folio 19 del expediente, los cuales no fueron controvertidos, constituyéndose en pruebas suficientes acerca de la subordinación económica a que se hallaba sujeta, dada la carencia de recursos necesarios para procurarse su propia subsistencia.

Ahora bien, se ha considerado que la persona es inválida cuando por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiese perdido un cincuenta por ciento (50%) o más de su capacidad de trabajo (L. 100/93, art. 38)(4), es decir, para atender normalmente una actividad que le permita subvencionarse dignamente. A contrario sensu, el hecho de no estar comprendido dentro de esos rangos cuantitativos, en un porcentaje igual o superior, hace que el sujeto activo no sea considerado inválido para efectos pensionales.

La anterior, es la regla para cuando la invalidez se halla determinada por la incapacidad física o síquica de la persona como consecuencia directa de su estado de salud, viéndose afectada en esos porcentajes.

Sin embargo, en manera alguna se pretende sustituir el requisito de invalidez exigido en la ley por el de desempleado, sino de lo que se trata es de proteger de manera especial a aquellas personas que por sus condiciones físicas, en razón a un estado de invalidez, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta (C.P., art. 13 —inc. 3º—), haciéndose necesario garantizar el derecho irrenunciable a la seguridad social, el cual se predica no solo respecto de los pensionados sino también de sus beneficiarios (art. 48 ib.).

Además, el fundamento de esta orientación descansa sobre el postulado del deber que tienen el Estado, la sociedad y la familia de concurrir a la protección y asistencia de las personas de la tercera edad (C.P., art. 46), en razón a que se trata de una circunstancia en la cual resulta casi imposible vender su fuerza laboral, impidiéndoles acceder a un ingreso para su congrua subsistencia.

En el caso examinado, se observa que Piedad del Socorro Mejía González padece de un retardo mental de moderado a severo por causa congénita, circunstancia que no le permite ingresar a la fuerza laboral, por tal motivo su hermano se preocupaba por obtener los medios necesarios para su y el de madre.

Habiéndose demostrado con certeza el estado de invalidez como consecuencia de la pérdida de la capacidad laboral, en razón a la enfermedad que padece, lo procedente es reconocer la calidad de beneficiaria de su hermano y ordenar el reconocimiento a su favor de la sustitución pensional, como lo ordenan las normas constitucionales y legales.

Así las cosas, se revocará la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia que denegó a las súplicas de la demanda y en su lugar se accederá a las pretensiones de la demanda interpuesta por Piedad del Socorro Mejía González y se ordenará a la demandada reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes a la actora a partir del día del fallecimiento de su hermano (causante) Francisco Luis Mejía González teniendo en cuenta que la señora Ana Tilde González (madre de la actora y del causante) a quien se le había reconocido dicha prestación, no alcanzó a recibir ninguna mesada por causa de su muerte.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A” administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia de 11 de octubre de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia dentro del proceso promovido por Piedad del Socorro Mejía González contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio - Regional Antioquia que denegó las súplicas de la demanda. En su lugar,

DECLARÁSE la nulidad de la Resolución 33.526 de 10 de junio de 2005, expedida por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de Antioquia por medio de la cual negó la pensión de sobrevivientes a Piedad del Socorro Mejía González y de la Resolución 3.966 de 12 de mayo de 2006, expedida por la subdirección administrativa de la Secretaría de Educación del Municipio de Medellín que confirmo la anterior.

Como consecuencia de la declaratoria de nulidad y título de restablecimiento del derecho de ordena:

CONDÁNASE(sic) al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocer y pagar la sustitución pensional a Piedad del Socorro Mejía González como beneficiaria de señor Francisco Luis Mejía González, en su calidad de hermana invalida sustituta a partir del día del fallecimiento de Francisco Luis Mejía González (causante).

Las sumas que resulten a favor del actor serán reajustadas en su valor, de acuerdo con la siguiente fórmula:

S2006-03456CE.JPG
 

 

En donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es lo dejado de percibir por la actora por concepto de mesadas pensionales, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor, certificado por el DANE, vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, por el índice inicial, vigente para la fecha en que debió hacerse el pago, según se dispuso en la parte motiva de la providencia.

Es claro que por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula de aplicará separadamente mes por mes, para cada mesada pensional y para los demás emolumentos teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada uno de ellos.

La entidad demandada dará cumplimiento a esta sentencia en los términos del artículo 176 del Código Contencioso Administrativo, observando lo previstos en el inciso final del artículo 177 del mismo código.

Cópiese, notifíquese y ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

Discutida y aprobada en sesión de la fecha».

(1) Sentencia de 11 de abril de 2002, M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado, Exp. 2361, actor: Escuela Nacional Sindical.

(2) Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Vigésima Primera Edición. Pág. 541.

(3) Ídem.. Pág. 1912.

(4) El artículo 38 de la Ley 100 de 1993 establece un cincuenta por ciento (50%).