Sentencia 2006-03476 de octubre 23 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SECCIÓN TERCERA

Radicación: 680012331000200603476 – 01 (46.119)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: N.B.T.

Demandado: La Nación - Fiscalía General de la Nación.

Proceso: Acción de Reparación Directa

Asunto: Recurso de apelación

Bogotá, D.C., veintitrés de octubre de dos mil diecisiete.

Nota: Legis considera conveniente que los datos de las partes y terceros, sean suprimidos por las iniciales del nombres y apellidos, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

1. Aspectos procesales

1.1. Legitimación en la causa

La legitimación en la causa es la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”(15), o en otras palabras, la legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Así, es evidente que cuando la legitimación en la causa falte en el demandante o en el demandado, la sentencia debe ser desestimatoria de las pretensiones.

En el caso concreto, comparecen al proceso en calidad de demandantes N.B.T., en su condición de privado de la libertad, y su núcleo familiar, N.J.B.(16) (hijo), G.B.T.(17) (padre), N.M.T.(18) (madre), S.B.T.(19), G.B.T.(20), L.A.B.T.(21), R.B.T.(22) y L.E.B.T.(23) (hermanos), quienes en la condición aducida se encuentran legitimados en la causa por activa.

Por otra parte, la demanda fue dirigida contra la Nación – Fiscalía General de la Nación – Rama Judicial – frente a lo cual debe preverse que el asunto que aquí se conoce fue de conocimiento de las fiscalías seccionales en la etapa de instrucción a la luz de la Ley 600 de 2000, en razón a lo cual la Sala considera que las entidades demandadas se encuentran legitimadas en la causa por pasiva.

1.2. Caducidad de la acción de reparación directa

La caducidad es concebida como un instituto que permite garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia y representa una manifestación clara del principio de seguridad jurídica y de la prevalencia del interés general; cuyos términos están fijados por el artículo 136 del C.C.A., que en su numeral 8º dispone que la acción “de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

La caducidad, a diferencia de la prescripción, no se suspende, salvo la excepción consagrada en la Ley 446 de 1998 y el artículo 21 de la Ley 640 de 2001(24), y sólo se interrumpe, de acuerdo con el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, con la presentación de la demanda que cumpla los requisitos y formalidades previstas en el Código Contencioso Administrativo(25). Tampoco admite renuncia y de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez(26).

Ahora bien, tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente al de ejecutoria de la providencia judicial preclusoria o absolutoria, como lo ha precisado la jurisprudencia de esta corporación(27).

En el caso concreto, la Sala observa que al demandante le fue precluida la investigación penal adelantada en su contra mediante providencia que quedó ejecutoriada el 9 de diciembre de 2004 y la demanda de reparación directa tuvo lugar el 5 de diciembre de 2006, esto es, dentro del término de caducidad previsto en el numeral 8º del artículo 136 del C.C.A.

2. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado

Con relación a la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización” al erigirla como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación o interés.

De lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, se desprende que esta tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro.

En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.

El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable,” sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la administración.”(28).

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.

Finalmente, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede ser concebida simplemente como una herramienta destinada a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo(29) que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

3. El derecho a la libertad individual

Dentro del catálogo de derechos contenido en la Constitución Nacional, la garantía de la libertad ocupa un especial e importantísimo lugar, esto es, la posición de derecho fundamental cuya eficacia emerge como el hilo conductor de todo el ordenamiento democrático y vincula a todas las manifestaciones del poder público y, fundamentalmente, al juez de responsabilidad extracontractual del Estado a quien se le impone el velar por la reparación integral de los perjuicios.

Es por esto que la limitación o restricción al derecho de libertad lleva consigo la configuración de un daño antijurídico que, en principio, el ciudadano no está obligado a soportar, en tanto no haya una razón jurídica que imponga tal carga, como es la comisión de una conducta punible, caso en el cual el particular puede ser restringido o privado del ejercicio de la libertad.

4. Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad

La responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad en su construcción normativa y jurisprudencial ha pasado por las siguientes etapas:

En la primera etapa se consideró que debía aplicarse la teoría subjetiva o restrictiva, según la cual, esa responsabilidad estaba condicionada a que la decisión judicial de privación de la libertad fuera abiertamente ilegal o arbitraria, es decir, que debía demostrarse el error judicial(30).

También se sostuvo que dicho error debía ser producto “de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso”(31).

Así las cosas, tal declaratoria de responsabilidad procedía porque la privación de la libertad fue ilegal porque la captura se produjo sin que la persona se encontrara en situación de flagrancia o porque se realizó sin orden judicial previa.

Dijo entonces el Consejo de Estado:

“Ella (la sindicada) fue retenida en el curso de la investigación relacionada con el aludido secuestro; y del hecho de que hubiera sido absuelta al final no puede inferirse que fue indebida su retención. La justificación de la medida aparece plausible y nada hace pensar que en ella mediarán circunstancias extralegales o deseos de simple venganza.

“La investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra la persona sindicada, es una carga que todas las personas deben soportar por igual. Y la absolución final que puedan éstas obtener no prueba, per se, que hubo algo indebido en la retención. Este extremo, de tan delicado manejo, requería pruebas robustas y serias y no meras inferencias o conjeturas.”(32)

En una segunda etapa, el Consejo de Estado consideró que la privación injusta de la libertad por “error judicial” comprendía casos diferentes a los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal,(33)-(34) eventos aquellos en los cuales la víctima debe demostrar lo injusto de su detención toda vez que en los del artículo 414 se presumen:

“En este orden de ideas, fuera de los casos señalados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, en los cuales la ley presume que se presenta la privación injusta de la libertad, cuando se pretenda obtener indemnización de perjuicios por esta causa, el demandante debe demostrar que la detención preventiva que se dispuso en su contra fue injusta; y, en tales eventos, habiéndose producido la detención preventiva por una providencia judicial, la fuente de la responsabilidad no será otra que el error jurisdiccional”(35).

En la tercera, que es la que prohíja la Sala actualmente, sostiene que se puede derivar la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad, cuando el proceso penal termina con sentencia absolutoria (o preclusión de la investigación), incluyendo el evento del in dubio pro reo, aunque para la privación se hayan cumplido todas las exigencias legales ya que se entiende que es desproporcionado, inequitativo y rompe con las cargas públicas soportables que una persona en el Estado social de derecho vea limitado su derecho a la libertad para luego resultar absuelto del cargo imputado.

Y es que en un Estado social de derecho la privación de la libertad sólo debería ser consecuencia de una sentencia condenatoria, con el fin de proteger el principio universal de la presunción de inocencia establecido en el artículo 29 de la Constitución.

En consecuencia, se reitera que una vez que el juez de lo contencioso administrativo encuentre probado que el derecho fundamental a la libertad de una persona ha sido vulnerado como consecuencia de una decisión judicial, lo que constituye un daño antijurídico a la luz del artículo 90 de la C.P, debe ordenar su reparación.

En síntesis, la privación injusta de la libertad no se limita a las hipótesis previstas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 y además no interesa que ella sea intramural o domiciliaria, esto es que la restricción de la libertad cualquiera que sea su naturaleza haya sido efectiva(36).

Esta idea vertebral se encuentra expresada como postulado en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 al disponer que “[q]uien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios,” sin perder de vista que el artículo 70 de esa misma ley prevé que “[e]l daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley.

En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.

Es pertinente precisar que respecto la norma transcrita la Corte Constitucional C-037 de 1996 señaló que:

“Este artículo contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (C.P., art. 95-7), pues no sólo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que someten a consideración de la rama judicial. Gran parte de la responsabilidad de las fallas y el retardo en el funcionamiento de la administración de justicia, recae en los ciudadanos que colman los despachos judiciales con demandas, memoriales y peticiones que, o bien carecen de valor o importancia jurídica alguna, o bien permanecen inactivos ante la pasividad de los propios interesados. Por lo demás, la norma bajo examen es un corolario del principio general del derecho, según el cual “nadie puede sacar provecho de su propia culpa

(...)”. (resaltado fuera del texto).

Asimismo, la culpa exclusiva de la víctima, es entendida como “la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado”, y tal situación releva de responsabilidad al Estado cuando la producción del daño se ha ocasionado con la acción u omisión de la víctima, por lo que esta debe asumir las consecuencias de su proceder.

Y se entiende por culpa grave no cualquier equivocación, error de juicio o actuación que desconozca el ordenamiento jurídico, sino aquel comportamiento que revista tal gravedad que implique “no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suele emplear en sus negocios propios”, en los términos del artículo 63 Código Civil.

A la sazón, está Sala de Subsección ha precisado:

“La Sala pone de presente que, la culpa grave es una de las especies de culpa o descuido, según la distinción establecida en el artículo 63 del Código Civil, también llamada negligencia grave o culpa lata, que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Culpa esta que en materia civil equivale al dolo, según las voces de la norma en cita.

Valga decir, que de la definición de culpa grave anotada, puede decirse que es aquella en que se incurre por inobservancia del cuidado mínimo que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones.

Es pertinente aclarar que no obstante en el proceso surtido ante la Fiscalía General de la Nación, se estableció que la demandante no actuó dolosamente desde la óptica del derecho penal, no ocurre lo mismo en sede de la acción de responsabilidad, en la cual debe realizarse el análisis conforme a la Ley 270 y al Código Civil”(37).

En este orden de ideas, aunque el actuar irregular y negligente del privado de la libertad frente a los hechos que dieron lugar a la investigación penal y, por supuesto, a la privación de la libertad o el comportamiento por él asumido dentro del curso del proceso punitivo no haya sido suficiente ante la justicia penal para proferir una sentencia condenatoria en su contra, en sede de responsabilidad civil y administrativa, y con sujeción al artículo 70 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 63 del Código Civil, podría llegar a configurar la culpa grave y exclusiva de la víctima, y exonerar de responsabilidad a la entidad demandada.

Dicho de otra manera, que la parte demandante haya sido absuelta por la justicia penal, ello no quiere decir, per se, que se configure la responsabilidad patrimonial de la administración, pues debe revisarse la culpa del penalmente investigado, pues, pese a que su actuación no haya tenido la magnitud para configurar el delito endilgado en su contra, sí puede exonerar patrimonialmente a la entidad demandada.

Bajo la anterior óptica la Sala estudiará el asunto, previo análisis del material probatorio.

5. Caso concreto

En este asunto aparece demostrado que la exfuncionaria del Instituto de Seguro Social de Santander – ISS, N.B.T.-, quien laboraba en la sección de afiliaciones de dicha entidad(38), fue vinculada a la investigación penal que se inició de manera oficiosa, tras la compulsación de copias ordenada por el Tribunal Administrativo de Santander, por la presunta participación de varios funcionarios del ente que habrían incurrido en los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento privado y estafa.

La investigación penal estableció que la banda delincuencial generó un desfalco por la suma de 3.000.000.000 millones de pesos al ISS, mediante dos modus operandi:

“1…personas que a través de varias formas delictivas, quienes simulaban ser tramitadores o gestores ante el Seguro Social, “ ... “interceptaban a las personas que iban a retirar los formularios de autoliquidación para cancelar aportes a esta entidad, o aquellas que pretendían afilarse, siendo engañados por timadores, quienes lograban que el usuario contratara sus servicios de asesoría para el diligenciamiento del formulario de autoliquidación, comprometiéndose además a cancelar los aportes respectivos ante la entidad bancaria, pero solo consignaban un valor irrisorio, apoderándose del saldo restante, siendo adulterada la copia entregada por la entidad bancaria o corporación, y posteriormente agregaban en el formulario el valor que realmente debía cancelar el usuario”(39).

2. la creación de empresas ficticias o fachada, en la que aparecían los tramitadores como empleadores, quienes se registraban ante el instituto de los Seguros Sociales, logrando afiliar a un gran número de personas naturales con las que no tenían vínculo laboral alguno, pero requerían los servicios médicos prestados por la entidad promotora de salud, usuarios que efectivamente lograban la práctica de cirugías de alto costo, así como el pago de las consiguiente incapacidad, emolumentos que eran entregados a los empleadores ficticios como recompensa de la afiliación ilegal tramitada por estos.”(40).

Ahora bien, respecto a la investigación que se adelantó contra la señora B.T., el 5 de diciembre de 1999 en la resolución que resolvió su situación jurídica se estableció que la vinculación tuvo lugar porque, “mediante pesquisas adelantadas por el Grupo de Información Judicial Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, así como de la intercepción telefónica del abonado instalado en el inmueble de J.E.P., se estableció que para el desarrollo de las actividades delictivas ejecutadas por el precitado P.C., la empresa criminal estaba conformada por empleados del seguro, siendo identificados (...) y N.B.T.”(41).

Así mismo, se sabe que en la misma disposición le fue impuesta “medida de aseguramiento consistente en caución prendaria en contra [de] (...) N.B.T. como coautora responsable del concurso de los delios de falsedad en documento privado y estafa, a la que se fijó la suma de doscientos mil pesos”(42).

Inconforme con la medida restrictiva, el apoderado de la actora interpuso recurso de apelación en el que solicitó la revocatoria de la medida restrictiva de la libertad contra N.B.T. y que, en su lugar, le fuera otorgada libertad condicional(43). La Fiscalía Delgada en proveído del 16 de diciembre de 1999(44), resolvió la petición a favor de la recurrente y sustituyó la detención preventiva por detención domiciliaria.

El 16 de diciembre de la misma anualidad, se suscribió el compromiso de detención domiciliaria y la sindicada acreditó el pago de $236.460, como pre requisito para el gozo del beneficio(45).

Sin embargo, en certificación expedida el 16 de julio de 2002 por la Fiscalía Primera Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito Especializado de Bucaramanga, quedó probado que el 27 de enero de 2000, en virtud de los artículo 350 y 370 del C.P.P, se le otorgó la libertad provisional a la señora N.B.T.(46).

El 6 de diciembre de 2004(47) la Fiscalía Primera Especializada de Bucaramanga calificó el mérito del sumario y precluyó la investigación penal adelantada en contra de N.B.T., como coautora de los delitos concierto para delinquir, estafa y falsedad de documento privado.

Así las cosas, en cuanto al periodo durante el cual se extendió la privación de la libertad de la demandante, la Sala encuentra probado que la señora N.B.T. estuvo detenida desde el 5 de diciembre de 1999 hasta el 20 de enero de 2000. De manera que estuvo efectivamente privada de la libertad por el término(48) de 1,05 meses.

Conforme con lo anterior, la Sala determinará si la conducta del actor se enmarca dentro de una causal eximente de responsabilidad, como lo es el hecho de la víctima, la parte demandada está llamada a responder por la privación de su libertad.

Al respecto, la Sala encuentra demostrado que N.B.T. fue vinculada al proceso penal por las irregularidades que se estaban presentando en el Seguro Social de Santander, que generaron un millonario desfalco en la entidad, donde, según diligencias investigativas, existía participación de varios funcionarios, entre los cuales se identificó a N.B.T., quienes se aprovechaban las ventajas que les otorgaban sus cargos para permitirle a que personas no tenían la cualidad de funcionarios o beneficiarios del servicio de salud, para que dicho servicio les fuera prestado de manera irregular, entre otras.

Al respecto, con las interceptaciones telefónicas realizadas al abonado 6311192 - residencia del señor J.E.P.C., integrante de la banda delincuencial, y en aplicación del método de fonoespectrógrafo para la correspondiente transcripción efectuada por miembros de C.T.I, se encuentra probado:

“[N.B.T.] (...) quien para la fecha de los hechos laboraba en la sección de afiliaciones del Seguro Social y que coordina la forma de conseguir ayuda política para que le sea renovado en contrato a N. debido a que esta persona era fundamental en el trámite de afiliaciones fraudulentas y así se lo manifestó en una de las llamadas a R.C. a quien le hizo saber además que N. solucionar el problema con una afiliación irregular en el sistema.”(49)

Así las cosas, a partir de la transcripción de las llamadas efectuadas entre el señor J.E.P.C. y la aquí demandante, en el proceso penal quedó acreditado que N.B.T. buscaba la renovación de su contrato en el grupo de afiliaciones, a través del miembro de la banda delincuencial, cuyo desfalco era objeto de investigación, y además ayudó en la consecución irregular de un carne de afiliación al ISS, comportamientos que si bien no eran suficientes para proferir acusación en contra de la demandante, sí comprometen su responsabilidad por culpa grave de la víctima, en sede de reparación directa.

En este sentido, la misma demandante en la diligencia indagatoria(50) admitió tener comunicaciones telefónicas con el señor J.E.P.C.(51), de quien existían fuertes pruebas que lo identificaban como miembro de la banda que operaba en las diferentes modalidades para la afiliación irregular de particulares al ISS y el recaudo de las autoliquidaciones.

De dichas conversaciones también quedó probado que la demandante, aprovechando sus labores al interior del departamento de afiliación, le otorgó el carné de a un particular, permitiendo que disfrutara de los servicios que prestaba la entidad de salud cuando aquella persona no contaba con los requisitos o la calidad para acceder a tales privilegios.

Dado lo anterior, es reprochable que pese a la experiencia laboral con la que contaba la señora N.B.T. en la sección de afiliación del seguro social, y el conocimiento adquirido en el ejercicio de sus funciones, no actuara bajo una ética profesional, sino además que permitiera actos que estaban en contra de las regulaciones a las que como funcionaria de la entidad debía ceñirse.

Entonces, con lo establecido de la transcripción de las llamadas entre J.E.P.C. y N.B.T., y con la certeza de que la demándate habría otorgado un carné de afiliación a un ciudadano que no contaba con los requisitos legales, ella misma generó que las autoridades penales sospecharan de su colaboración dentro de la empresa criminal e iniciara la investigación penal adelantada en su contra, así como la privación de la libertad de la que fue víctima.

Así las cosas, con fundamento en el precedente de la subsección y el análisis del caso sub examine, la Sala concluye que la actuación de la víctima fue mucho más que imprudente; y es evidente la culpa grave en que incurrió la accionante, comprometiendo su responsabilidad en la iniciación y apertura del proceso penal que se adelantó en su contra, de manera que debe asumir la privación de la libertad de la que fue objeto.

En otras palabras, con su actuar reprochable la demandante conllevó a que la autoridad judicial adoptara la medida de seguridad, la cual aparece plenamente proporcionada dentro del juicio de ponderación que sopesa los intereses jurídicos de la comunidad, la efectividad de la función de la administración y el ejercicio de la pronta y cumplida Justicia, frente a los intereses individuales de la actora que con su conducta gravemente culposa y su omisión justificó la investigación penal adelantada en su contra.

En otras palabras y con sujeción al artículo 70 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 63 del Código Civil, la Sala encuentra acreditado que el comportamiento del demandante desconoce los parámetros de cuidado y diligencia que una persona de poca prudencia hubiera empleado en sus negocios propios, y en consecuencia es configurativo de la culpa grave y exclusiva de la víctima.

De esta manera, la Sala encuentra configurada la causal eximente de responsabilidad consagrada en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, que establece que en caso de responsabilidad del Estado por el actuar de sus funcionarios y empleados judiciales “el daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo”.

Por lo tanto, al momento de restringírsele la libertad a la demandante el ente acusador contaba con indicios racionales que le indicaban que podía estar incurso en los delitos investigados, pues fue el proceder del propio investigado el que dio lugar al proceso penal que se adelantó en su contra, conforme se explicó en los párrafos anteriores.

Así las cosas, para la Sala es claro que la detención de que fue objeto el demandante no es imputable al Estado, por cuanto fue el proceder del propio investigado el que dio lugar al proceso penal que se adelantó en su contra.

Lo anterior, no riñe con el hecho de que la Fiscalía General de la Nación, en ejercicio de sus funciones y en aplicación su valoración probatoria considerara que los medios de prueba recaudados no eran suficientes para acusar penalmente al sindicado por los delitos de concierto para delinquir, estafa y falsedad de documento privado, pues como lo ha manifestado en reiteradas ocasiones la jurisprudencia de esta subsección, el análisis que se hace en este tipo de casos es única y exclusivamente con el propósito de estudiar la conducta del administrado frente a sus deberes con la administración.

En suma, la Sala resalta que como se dijo en la parte conceptual de estas consideraciones, aunque la justicia penal precluyó la investigación penal adelantada en contra del demandante, ello no quiere decir, per se, que se configure la responsabilidad patrimonial de la administración, pues no puede pasarse por alto la culpa del penalmente investigado, ya que si bien su actuación no tuvo la magnitud para configurar el delito endilgado en su contra, sí exonera patrimonialmente a la entidad demandada. 

En este sentido también se dijo que sí el actuar irregular y negligente de la parte actora no fue suficiente ante la justicia penal para proferir una sentencia condenatoria, en sede de responsabilidad sí lo es para encontrar acreditada la culpa grave y exclusiva de la víctima en los hechos que dieron lugar a la investigación penal y, por supuesto, a la privación de la libertad de la que fue objeto la parte demandante, y exonerar de responsabilidad a la entidad demandada.

En conclusión, se revocará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander – Subsección de Descongestión, por encontrarse probada la causal eximente de responsabilidad de la culpa exclusiva de la víctima.

En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre la de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Revocar la sentencia del Tribunal Administrativo del Santander proferida el 21 de junio de 2012, y en su lugar dispone:

Primero: NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones aquí expuestas.

Segundo: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 Fls.170 - 187 C.1 del Exp. 2001-0491

2 Fls. 73 - 80 C1

3 Fls 49 – 53 C1

4 Fl 55 C1

5 Fls.136-137 C.1

6 Fls.135-136 C.1

7 El Tribunal Administrativo de Santander inicialmente rechazó la demanda, que fue archivada el 28 de enero de 2009. Sin embargo, el 23 de abril de la misma anualidad se declaró la nulidad de todo lo actuado por falta de competencia funcional y se remitió el expediente a los Juzgados Administrativos de Bucaramanga. El Juzgado Quinto del Circuito Judicial Administrativo, el 15 de julio de 2009 declaró falta de competencia para conocer el asunto y remitió el expediente al Tribunal Administrativo de Santander.

8 Fls 170 – 187 CP

9 Fls.193 C.P

10 Fls.197 C.P

11 Fl. 779 C.P

12 Fl. 781 C.P

13 Fls. 201 - 203 C.P

14 Fls 217 – 231 CP

15 Corte Constitucional. Sentencia C- 965 de 2003.

16 Obra registro civil de nacimiento a Fls.30 C.2

17 Obra registro civil de nacimiento de la víctima directa a Fls.23 C.2

18 Obra registro civil de nacimiento de la víctima directa a Fls.23 C.2

19 Obra registro civil de nacimiento a Fls.25 C.2

20 Obra registro civil de nacimiento a Fls.26 C.2

21 Obra registro civil de nacimiento a Fls.27 C.2

22 Obra registro civil de nacimiento a Fls.28 C.2

23 Obra registro civil de nacimiento a Fls.29 C.2

24 ART. 21.—Suspension de la prescripcion o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2o. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable” (resaltado fuera de texto).

25 Consejo de Estado, Auto de fecha 2 de marzo de 2001, Rad. 10909.

26 Consejo de Estado, Auto de fecha 26 de marzo de 2007, Rad. 33372.

27 Consejo de Estado, auto de 9 de mayo de 2011, Rad. 40.324.

28 Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.

29 “En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en AFDUAM, No. 4, 2000, p.174.

30 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 1 de octubre de 1992, expediente: 10923.

31 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 2 de mayo de 200, Expediente: 15989.

32 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 25 de julio de 1994, expediente: 8666.

33 Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querella de parte para el ejercicio de la acción penal, etc.

34 Decreto 2700 de 1991, artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios.
Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.

35 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 17 de noviembre de 1995, expediente: 10056.

36 Debe aclararse que en lo que respecta a las restricciones para salir del país o cambiar de domicilio, la Sala ha considerado que el daño antijurídico recae sobre la libertad de locomoción que tienen las personas y no se configura con la simple prescripción de la medida sino que debe acreditarse la afectación efectiva frente a la víctima en particular. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 22 de enero de 2014. Exp.: 27.689. En otra oportunidad, la Sala precisó que debe demostrarse “que con dicha medida se hubiera materializado la afectación efectiva de la libre locomoción, por cuanto no se acreditó entre otras, que [los demandantes] tuvieran la necesidad o proyecto para salir del país o que su vida personal o profesional les demandara salir del país con alta frecuencia”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 26 de abril de 2017. Exp.: 41.326.

37 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de agosto de 2013, Rad. 27.577.

38 Fl 30 c1.

39 Fl 20 C1.

40 Fl 20 C1.

41 Fl. 16 C1.

42 Fls.15 – 39 C1.

43 Fls.40 - 46 C1.

44 Fls.49 - 53 C1.

45 Fl.55 C1.

46 Fl 61 C12.

47 Fls. 63 - 72 C1.

48 La demandante estuvo privada de la libertad durante 4 meses, 26 días, esto es, 146 días.

49 Fl 30 C1.

50 En cuanto a la valoración de la diligencia de indagatoria rendida por el actor, esta corporación ha sostenido: “la indagatoria puede ser concebida como medio de defensa y a la vez medio de prueba de la cual pueden sustraerse no solo lo que al investigado le beneficia, sino eventualmente lo que le compromete jurídicamente, lo cual no contraría la protección del derecho a no auto incriminarse como lo ampara el artículo 33 constitucional, en la medida que no se obtenga una confesión forzada, por medios intimidatorios. (...). En estos casos, la valoración integral de las pruebas obrantes en el proceso administrativo, han permitido que las indagatorias no solo sean tomadas como medio de defensa judicial cuando estas satisfacen los principios de contradicción, necesidad, pertinencia y conducencia, sino también como medios de convicción válidos para el fallador judicial, de tal suerte que sí pueden ser incorporadas a los procesos de responsabilidad estatal. En el presente caso, se hace necesaria la valoración de la indagatoria para el análisis integral del caso, ya que la etapa instructiva de 1999 padece serios vicios de legalidad; adicionalmente, se cuenta con la sentencia penal y la resolución sancionatoria de la DIAN, los cuales son medios de convicción que apuntan en un mismo sentido, esto es, el conocimiento válido al momento de imponer la medida de aseguramiento (...)” - Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 26 de noviembre de 2015, exp.36.170, reiterada en sentencias del 13 de abril de 2016, exp. 40.111 y del 8 de noviembre de 2016. Exp.44697, proferida de la Subsección A de la Sección Tercera de esta corporación.

51 Fl 30