Sentencia 2006-03486 de junio 12 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 05001-23-31-000-2006-03486-01 (41226)

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Actor: Augusto Tangarife Pineda y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional

Ref.: acción de reparación directa

Temas: falla en el servicio - responsabilidad de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional por la ejecución extrajudicial de un menor de edad en supuesto combate - aplicación de la prueba indiciaria.

Bogotá D.C., doce de junio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia, para cuyo efecto se abordarán los siguientes temas: 1) la competencia funcional del Consejo de Estado para conocer del presente asunto; 2) la oportunidad de la acción; 3) la legitimación en la causa; 4) la responsabilidad agravada del Estado por ejecuciones extrajudiciales; 5) la responsabilidad de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional por la ejecución extrajudicial de un menor de edad en el caso concreto: a) el daño, b) imputación fáctica y jurídica - aplicación de la prueba indiciaria; 6) actualización de la condena por concepto de perjuicios materiales; 7) reparación integral: medidas pecuniarias y no pecuniarias para reparar la vulneración a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados; 8) decisión sobre costas.

1. Competencia.

Para que el asunto tenga vocación de doble instancia, la cuantía del proceso debe exceder de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes al año 2006(5). Dado que en la demanda se solicitaron 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales para cada uno de los demandantes, se impone concluir que esta corporación es competente para conocer, en segunda instancia, del recurso de apelación interpuesto.

2. La oportunidad de la acción.

La muerte del joven Ronal Augusto Tangarife Durango ocurrió el 17 de julio de 2004, según consta en su registro civil de defunción(6) y se observa que la demanda fue interpuesta el 14 de julio de 2006, esto es, dentro de los dos años a los que alude el artículo 136 numeral 8º del Código Contencioso Administrativo.

3. La legitimación en la causa.

Los demandantes se encuentran legitimados para actuar en su calidad padres y hermanos de la víctima, de conformidad con los registros civiles de nacimiento allegados al expediente(7).

Igualmente, la Nación - Ejército Nacional se encuentra legitimada en la causa por pasiva, dado que contra esta entidad se dirigió la demanda, la cual está debidamente representada por el Ministro de Defensa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 446 de 1998.

4. La responsabilidad agravada del Estado por ejecuciones extrajudiciales(8). 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que “el Estado incurre en “responsabilidad internacional agravada” cuando la violación concreta al derecho de la víctima se suscita en el marco de una práctica sistemática vulneratoria de normas ius cogens, que constituyen crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra”(9).

La ejecución extrajudicial está prevista en el artículo 135 del Código Penal como el delito de homicidio en persona protegida, cuyo texto dispone que “el que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, ocasione la muerte de persona protegida conforme a los convenios internacionales sobre derecho humanitario ratificados por Colombia, incurrirá en prisión de treinta (30) a cuarenta (40) años”.

El mismo artículo precisa que se entiende por personas protegidas, de conformidad con el derecho internacional humanitario a: a) los integrantes de la población civil; b) las personas que no participan en hostilidades y los civiles en poder de la parte adversa y; c) los heridos, enfermos o náufragos puestos fuera de combate.

Entre las “Diez normas básicas de derechos humanos para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” basadas en las “Normas de las Naciones Unidas sobre funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, la justicia penal y derechos humanos”, se encuentra la norma básica 9 según la cual “No se perpetrarán, ordenarán ni encubrirán ejecuciones extrajudiciales o “desapariciones”, y hay que negarse a cumplir órdenes de hacerlo”(10).

Y en cuanto al concepto de ejecución extrajudicial dicha norma define lo siguiente:

“No se debe privar a nadie de la vida de forma arbitraria o indiscriminada. Una ejecución extrajudicial es un homicidio ilegítimo y deliberado perpetrado u ordenado por alguna autoridad, sea nacional, estatal o local, o llevado a cabo con su aquiescencia.

El concepto de ejecución extrajudicial se compone de varios elementos importantes:

• es un acto deliberado, no accidental,

• infringe leyes nacionales como las que prohíben el asesinato, o las normas internacionales que prohíben la privación arbitraria de la vida, o ambas.

Su carácter extrajudicial es lo que la distingue de:

• un homicidio justificado en defensa propia,

• una muerte causada por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que han empleado la fuerza con arreglo a las normas internacionales,

• un homicidio en una situación de conflicto armado que no esté prohibido por el derecho internacional humanitario.

En un conflicto armado, aun cuando este no sea internacional, tanto los soldados y agentes armados de un Estado como los combatientes de grupos políticos armados tienen prohibido llevar a cabo ejecuciones arbitrarias y sumarias. Tales actos contravienen el artículo 3º común de los Convenios de Ginebra (que además prohíbe la mutilación, la tortura o el trato cruel, inhumano o degradante, la toma de rehenes y otros abusos graves contra los derechos humanos)”.

Esta práctica ha sido motivo de recomendaciones al Estado por parte de organismos internacionales(11), el último de ellos, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que en sus observaciones finales al séptimo informe periódico sobre Colombia manifestó su preocupación por que durante el periodo en estudio habrían continuado registrándose casos de privaciones arbitrarias de la vida por miembros de la fuerza pública(12).

Ahora bien, frente a la responsabilidad agravada del Estado, esta Sala de Subsección precisó que, en aquellos casos sometidos al conocimiento del juez contencioso administrativo, en los cuales se encuentren configuradas violaciones graves o sistemáticas a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario, se trate de crímenes de lesa humanidad o de crímenes de guerra, resultaba procedente y de obligatorio cumplimiento a la Convención Americana, la declaratoria de la responsabilidad agravada del Estado, dada la naturaleza de las normas imperativas de ius cogens que resulten vulneradas(13) y a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha realizado un desarrollo jurisprudencial en tal sentido, que resulta vinculante para los jueces colombianos(14).

Tal declaración resulta imperativa en los casos de ejecuciones extrajudiciales por parte de miembros de la fuerza pública, las cuales constituyen crímenes censurados por el Estatuto de Roma del cual Colombia es Estado parte(15) y por el Código Penal Colombiano (art. 135), además de infringir los fines esenciales del Estado social de derecho consagrados en la Constitución (art. 2º) y el derecho humano inviolable de la vida, también protegido por ella (art. 11).

5. La responsabilidad de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional por la ejecución extrajudicial de un menor de edad en el caso concreto

a) El daño

Se encuentra acreditada en el plenario la muerte del joven Ronal Augusto Tangarife Durango, ocurrida el 17 de julio de 2004, según consta en el registro civil de defunción(16), la cual ocurrió como consecuencia de “un shock cardiogénico secundario a laceración de miocardio por herida de arma de fuego y laceración de ambos pulmones ocasionado por herida de arma de fuego de naturaleza esencialmente mortal”, como se anota en el acta de necropsia(17).

b) La imputación fáctica y jurídica - aplicación de la prueba indiciaria

Procede la Sala a verificar si puede imputarse a la Nación - Ejército Nacional, la muerte del joven Ronal Augusto Tangarife Durango, ocurrida el 17 de julio de 2004 en el municipio de Giraldo, Antioquia.

En cuanto a las circunstancias en que ocurrieron los hechos obran en el plenario las siguientes pruebas:

Según testigos residentes en el corregimiento de El Manglar del municipio de Giraldo, el 16 de julio de 2004 vieron al joven Ronal Augusto Tangarife Durango ser objeto de requisa por parte de soldados del Ejército quienes luego se lo llevaron, así lo declararon los señores Luis Eduardo Arias Higuita, María Isabel David Manco y Ana Rosmira Manco López ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Giraldo, comisionado por el Juzgado 87 de Instrucción Penal Militar dentro del proceso penal adelantado por la muerte del menor, cuya copia fue allegada al expediente por solicitud de la parte demandante, sin que la demandada manifestara oposición alguna a esta prueba.

El primero de ellos expuso lo siguiente:

“Yo me di cuenta de la muerte del joven Ronal Augusto Tangarife Durango porque eso fue justo en las fiestas de la Virgen del Carmen en Manglar, estando yo, con un muchacho de ahí de la vereda El Tambo que se llama Luis Carlos Úsuga, lo trajeron al joven Ronal Augusto y lo estaban como investigando y requisando el ejército, en esas yo me arrimé porque puede ser un familiar y vi que no era un familiar y me retiré del sitio y el muchacho se quedó ahí con ellos, con los del Ejército y ya me alejé. Siendo más tarde la señora mía me dijo que si yo no distinguía a ese muchacho hijo de Augusto Tangarife que lo tenían en investigación, ahí salimos con la señora Isabel David para intervenir por ese muchacho porque ya sabíamos que era hijo de Augusto Tangarife, fuimos donde estaban antes y ya no lo pudimos encontrar, como yo viajo a Cañas Gordas allí le informé a la familia de él que viven allí que averiguaran por él y ya el domingo la señora Isabel ya dijo que al muchacho lo habían encontrado muerto, no sé dónde porque yo me encontraba en Cañas Gordas. (...) Preguntado. Indique al despacho si usted tiene conocimiento a qué se dedicaba el joven Ronal Augusto Tangarife Durango y si sabe que él perteneciera a algún grupo al margen de la ley. Contestado. Como lo dije anteriormente, yo lo distinguía hasta que estuvo ayudándole al papá en el puesto de mercado de Cañas Gordas, de un momento a otro Augusto dejó de trabajar en la plaza de mercado y se fue a trabajar en la finca de él por los lados de Buriticá y de ahí no sé más nada. Preguntado. Indique al despacho si usted alguna vez vio al joven Ronal Augusto Tangarife Durango portando armas de fuego, en caso positivo [¿]cuándo? Contestado. De eso no sé nada”(18).

Por su parte, la señora María Isabel David Manco declaró lo siguiente:

“El día de la Virgen del Carmen, el 16 de julio de 2004, el joven Ronal Augusto se me acercó a mí en El Manglar en compañía de los muchachos que lo tenían, de los paramilitares, él se acercó a mí para que yo le dijera al paramilitar que yo sí lo conocía a él, yo le dije a los dos muchachos paramilitares que yo sí lo conocía al joven Ronal Augusto pero ellos me dijeron que me retirara de ahí porque o si no yo también resultaba involucrada en el problema, ya me retiré y luego al día siguiente me dijeron que había un muchacho muerto y el domingo le avisé al papá de Augusto que viniera a ver si era él, este vino de los lados de Buriticá y al muerto lo tenían aquí en Giraldo y ya vieron que era Augusto y se lo llevaron para Cañas Gordas y hasta ahí s[é] yo. (...) Preguntado. Indique al despacho si usted tiene conocimiento a qué se dedicaba el joven Ronal Augusto Tangarife Durango y si sabe que el perteneciera a algún grupo al margen de la ley. Contestado. Yo lo que lo distinguía era muy poquito porque yo lo veía ayudándole al papá en Cañas Gordas y desconozco si pertenecía a algún grupo al margen de la ley”(19).

Así mismo, la señora Ana Rosmira Manco López señaló:

“Lo único que sé es que en una fiesta de la Virgen en el corregimiento de El Manglar yo estaba cocinando una comida que era para vender en esa fiesta, estando yo allá cocinando llegó la señora Isabel David quien vive en la vereda La Ciénaga, que es conocida y distinguía mucho a Ronal, entonces ella me dijo tiene[n] cogido a este muchacho hijo de Augusto Tangarife, yo lo conozco y sé quién es, pero lo tienen cogido no me dijo quién y se lo llevaron en una moto, entonces ahí fue donde yo fui y busqué a mi esposo Luis Eduardo Arias y le comenté a él que se iban a llevar a ese muchacho en una moto, él me preguntó que quién era y yo le dije que Isabel me había dicho que era un hijo de Augusto Tangarife, entonces mi esposo y yo fuimos para ver si lo veíamos por ahí y ya no estaba, ya se lo habían llevado, ya fuimos a mirar qué había pasado con él; al otro día el muchacho apareció muerto en una cañada de Juanes, lo único que dijeron era que había muerto en combates con el ejército, pero en esos días no hubo combate por ahí, eso es lo que yo sé. Preguntado. ¿Sabe usted quiénes fueron los que se llevaron a Ronal y si sabe a dónde? Contestado. La señora Isabel David sabe quiénes fueron, ella sí los conoció lo que tengo que decir es que antes de llevarse a ese muchacho el esposo mío vio que el ejército lo requisó porque eso no lo hicieron a escondidas, sino que eso lo hicieron públicamente en el corregimiento de El manglar y que RONAL lo que tenía en ese momento era un bolsito y sacó un papel y se los mostró al ejército que era el que lo estaba requisando”(20).

En el informe de resultados operacionales del 23 de julio de 2004, el comandante del pelotón “Contera 2” del Batallón de Infantería 32 “General Pedro Justo Berrío” dio cuenta de los siguientes hechos a su superior:

“Con el presente me permito informar al señor teniente coronel comandante del Batallón de Infantería 32 “General Pedro Justo Berrío” los hechos acontecidos el 17 de julio del año en curso en el cual se desarrolló la misión táctica Justiciero, en el cual se dio de baja a un bandolero al parecer de las ONT-FARC en contacto armado sostenido en el sitio conocido como las partidas de Pajarito del municipio de Buriticá - Antioquia.

(...).

Estando en el sitio se organizó el personal quedando en dos equipos de combate, uno al mando del señor C3 Vera Garzón Fernando y el otro al mando del señor sargento segundo Cadavid Palacios Eduardo, dando este la orden al cabo tercero Vera Garzón Fernando que iniciara un movimiento hacia la parte baja de un punto llamado Los Arados, quedándose en la parte alta el señor sargento segundo Cadavid Palacios Eduardo, para así poder garantizar la seguridad y asegurando las comunicaciones y así poder garantizar el movimiento del resto de personal.

Iniciando aproximadamente el movimiento el cabo tercero Vera a las 02:00 horas, la cual en dicho desplazamiento el soldado profesional Hincapié Blandón William escuchó movimientos en la parte de abajo hacia donde ellos se dirigían, de tal manera se lanzó la proclama a viva voz de que hicieran alto dando esto como resultado el intercambio de disparos de diferentes calibres tanto de largo como de corto alcance, se procedió a reaccionar con el fin de repeler el ataque y como resultados posteriores al registro realizado tenemos:

01 bandido al parecer de las ONT-FARC abatido en combate, incautándosele el siguiente material:

01 revólver calibre 38 Smith [&] Wesson sin serie (borrado).

06 cartuchos calibre 38 en buen estado.

04 vainillas calibre 38.

01 radio de comunicaciones marca Kenwood.

01 bolso con artículos personales”(21).

Respecto del material incautado mencionado en el anterior informe, obra acta del 21 de julio de 2004 suscrita por el sargento segundo del Ejército Nacional Eduardo Cadavid Palacios(22).

Por estos hechos, el comandante del Batallón de Infantería 32 “General Pedro Justo Berrío”, remitió las copias de las “lecciones aprendidas de la operación “Fortaleza”, compañía “Contera”, de los hechos ocurridos el 17 de julio de 2004 en la vereda Pajarito del municipio de Buriticá, donde en enfrentamiento armado resultó muerto un particular N.N. masculino quien posteriormente se identificó como Ronal Augusto Tangarife Durango” al Juzgado 23 de Instrucción Penal Militar, despacho que el 13 de septiembre de 2004 abrió indagación preliminar y decretó como pruebas el acta de levantamiento del cadáver, las declaraciones de quienes participaron en el operativo, entre otras(23).

En la misma fecha, con ocasión de dicha indagación penal, el soldado profesional William Andrés Hincapié Blandón expuso su versión de los hechos en los siguientes términos:

“Nosotros nos encontrábamos en la parte alta del municipio de Giraldo (Antioquia) garantizando las comunicaciones de un personal de la contraguerrilla “Arpón” que estaba realizando operaciones en el Alto lnzú y bloqueándole los corredores de movilidad a los bandidos, nos llegó la información por pobladores de la zona que en las partidas de Pajarito se encontraban unos bandidos extorsionando a los pobladores de esa vereda, luego mi sargento Cadavid se reportó al batallón e informó la novedad, no sé qué le dirían, pero el caso es que mi sargento ordenó alistarnos a un grupo especial conformado por mi sargento Cadavid al mando, mi cabo Vera, los soldados Barón Luis, Machado Moreno, Berrío Manco y yo y como otros seis o siete soldados más cuyos nombres no recuerdo, luego salimos en horas de la noche del 16 de julio en dirección a ese sector, hicimos una infiltración a pie hasta las partidas de Pajarito, eso fue como a la una de la mañana del 17 de julio, aproximadamente, luego mi sargento se quedó en la parte alta con cinco o seis soldados y el resto al mando de mi cabo Vera, o sea los soldados Barón Luis, Machado Moreno, Berrío Manco y yo bajamos a una especie de cañón, yo iba de puntero y escuché unos ruidos, por lo cual yo pregunté que quién estaba por ahí, yo les dije suban que somos del Ejército Nacional, lo único que me contestaron fue disparándome con armas largas y cortas por lo cual me tiré al suelo y de inmediato reaccioné al contacto el cual duró como diez minutos a lo mucho, luego nos quedamos en el lugar hasta que llegara la luz del día, al amanecer realizamos el respectivo registro y en este encontramos al bandido dado de baja, el cual portaba un revólver 38 corto, un radio de comunicaciones Kenwood y otros no recuerdo, luego se reportó la baja al batallón y el cuerpo lo llevamos para el municipio de Giraldo (Antioquia) en donde el inspector de policía le hizo el levantamiento respectivo (...)”(24).

A su turno, el soldado profesional Diego Machado Moreno declaró lo siguiente:

“(...) se inició la operación como a las nueve de la noche del 16 de julio, luego llegamos al cerro arriba de la vereda Pajarito como a la una y media de la mañana del 17 de julio, mi sargento Cadavid se quedó arriba con unos soldados y el resto con mi cabo Vera y los soldados Hincapié Blandón, Berrío Manco, Barón Luis y yo bajamos como a eso de las dos de la mañana, yo iba de segundo detrás de Hincapié y escuchamos unos ruidos, Hincapié preguntó que quiénes eran y la respuesta fue encenderlo a balín por lo cual nosotros reaccionamos, eso duró como media hora, luego nos quedamos tendidos en el suelo esperando que aclarara, cuando ya aclaró comenzamos a hacer el registro y encontramos a un bandido que tenía un revólver, un radio pequeño de comunicaciones, tenía cien mil pesos, tenía un bolsito en el cual había útiles personales, luego se reportó la baja al batallón y por ser un terreno crítico de alta peligrosidad se llevó hasta el municipio de Giraldo donde le hicieron el levantamiento y lo demás. (...) Preguntado. Por la cadencia de fuego, ¿cuántas personas los agredieron a ustedes? Contestado. Más o menos por ahí de diez a ocho manes (...)”(25).

Por su parte, el soldado profesional Luis Barón señaló lo siguiente:

“(...) salimos en la noche del 16 de julio, a eso de las dos de la mañana mi sargento se quedó en una parte alta garantizando las comunicaciones y seguridad para seguir el desplazamiento y con mi cabo Vera y otros cuatro soldados bajamos, bajando se escuchó un ruido como de gente o de animales que venían subiendo, el puntero que era el soldado Hincapié preguntó por quién estaba ahí a lo cual nadie respondió sino que nos encendieron a plomo, por lo cual se hizo un intercambio de disparos, eso duró diez minutos, luego nos quedamos quietos porque estaba muy oscuro, esperamos que aclarara un poquito hicimos el registro a ver qué había pasado y se encontró a un bandido dado de baja el cual tenía un revólver 38, como dos cargas de tiro en el bolsillo, tenía un radio de comunicaciones, tenía dos billetes de cincuenta falsos y un bolsito color negro con un pantalón y una camisa, se reportó la baja al batallón y por seguridad nos llevamos al muerto para el municipio de Giraldo donde le hicieron el levantamiento y lo demás”(26).

Finalmente, el cabo tercero Fernando Vera Garzón declaró lo siguiente:

“El 16 de julio estando nosotros en un cerro de Giraldo, cuando llegó la información de pobladores de la región que por el sector de entre las partidas de Pajarito y el Arado estaban saliendo un grupo de bandidos quienes estaban extorsionando e intimidando a los residentes de allí, por lo cual mi sargento Cadavid dispuso un registro del área con un grupo especial conformado por mi sargento, al mando quien le habla y alrededor de diez soldados, entre otros estaban Barón Luis, Machado Moreno, Hincapié Blandón y Berrío Manco, salimos de donde estábamos a eso de las diez o diez y media de la noche, llegamos hasta las partidas de Pajarito y el Arado a eso de la una y media de la madrugada del 17 de julio, en ese sector mi sargento Cadavid dispuso hacer un registro de un camino que iba para la vereda Pajarito, para lo cual mi sargento se quedó en la parte de arriba del cerro en compañía de cinco soldados a hacer un registro de área, de un momento a otro el puntero escuchó un ruido como de gente que iba subiendo hacia donde nosotros por lo cual lanzó la proclama de quiénes venían por ese sector y se identificó como tropas del Ejército Nacional al cabo de lo cual no se escuchó ninguna palabra sino que de inmediato le comenzaron a disparar, por lo cual todos nos tendimos y buscamos abrigo y cubierta y comenzamos a reaccionar, al cabo de quince o veinte minutos se acabó todo y, por estar de noche, ya que eran como las dos y media o tres de la mañana, se esperó a que aclarara para realizar el respectivo registro del área, ya con luz hicimos el registro y encontramos el cadáver de un bandido el cual estaba de civil y portaba un revólver 38 corto, un radio de comunicaciones, munición para revólver, dos billetes de cincuenta mil falsos y un bolso con una camiseta, nosotros reportamos al batallón la baja, como el lugar es muy peligroso y no muy adecuado para el levantamiento por eso lo llevamos hasta el municipio de Giraldo donde el inspector de policía de Giraldo (Antioquia) le hizo el levantamiento”(27).

En el acta de levantamiento del cadáver realizada el 17 de julio de 2004 por el inspector de policía y secretario de gobierno del municipio de Giraldo, se anotó, entre otros apartes, lo siguiente:

“En la fecha y siendo las 8:30 horas se da inicio a la diligencia de inspección luego de ser trasladado el cuerpo del occiso a la morgue municipal en compañía de los miembros del Ejército Nacional. Se trata de cadáver de sexo masculino sin identificación alguna, de aproximadamente dieciséis (16) años de edad, contextura delgada, cabello rapado, barbilla lampiña, tez blanca (...) que al parecer fue dado de baja en confrontación armada con miembros del Batallón de Infantería 32 “General Pedro Justo Berrío” en la vereda Pajarito del municipio de Buriticá, Antioquia, en las primeras horas de la madrugada del 17 de julio de los corrientes, según información suministrada por el sargento Cadavid, perteneciente a esa compañía del Ejército. Lo hallado al momento de realizar el levantamiento a eso de las 9:45 horas fue lo siguiente:

Posición del cadáver: artificial.

Heridas: orificio de entrada 1 a nivel de reja costal posterior izquierda con orificio de salida a nivel de reja costal derecha, orificio de entrada 2 a nivel de línea media axilar posterior izquierda con salida a nivel de reja torácica anterior derecha, número 3 a nivel de brazo izquierdo línea media anterior cuatro dedos por debajo del hombro izquierdo con salida a nivel de brazo izquierdo parte posterior seis dedos por debajo del hombro izquierdo, ocasionados al parecer por arma de fuego de larga distancia.

Material incautado: el sargento Cadavid del Ejército quien trajo el cuerpo con ayuda de sus hombres hasta la zona urbana de la localidad manifestó que al occiso se le incautaron los siguientes elementos:

1. Radioteléfono marca Kenwood.

2. Revólver calibre 38 cargado. En su interior en el tambor tenía cuatro casquillos y dos municiones completas con ojiva. Al parecer portaba además cuatro municiones adicionales para dicha arma.

3. Billetera de color negro con documentos varios en su interior, no se encontró ninguna identificación.

4. En el interior de la billetera según los miembros del Ejército se encontraron dos billetes de $50.000 falsos.

5. Un bolso color azul en mal estado y en su interior se encontró según el ejército: pantalón color gris, interiores color gris, cepillo de dientes color blanco y verde y un Colgate mediano.

Nota: El arma de fuego que al parecer fue incautada, se manipuló abiertamente por parte de los miembros del Ejército, sin precaución alguna, por lo que no puede considerarse como prueba obrante dentro del proceso, pues no se llevó a cabo en este caso específico la respectiva cadena de custodia (...)”(28) (negrillas de la Sala).

Posteriormente, el 19 de julio de 2004, se practicó necropsia al cadáver en la cual se concluyó “que la muerte de quien en vida respondía al nombre de Ronal Augusto Tangarife Durango, fue muerte de carácter violenta y causa directa de shock cardiogénico, secundario a laceración de miocardio por herida de arma de fuego y laceración de ambos pulmones ocasionado por herida de arma de fuego de naturaleza esencialmente mortal”(29).

El 23 de mayo de 2005, el área de balística forense de la Fiscalía General de la Nación presentó un estudio al Juzgado 87 de Instrucción Penal Militar que para ese momento se encontraba adelantando la actuación penal, hecho a un arma de fuego tipo revólver marca Smith & Wesson, calibre 38 especial y a seis cartuchos calibre 38 especial, que habían sido dejados a disposición en el depósito de armas decomisadas de la Cuarta Brigada del Ejército.

El propósito del estudio era “determinar clase de arma, calibre, fabricación, funcionamiento, capacidad de carga, si son de uso privativo de las Fuerzas Armadas, estado de funcionamiento y conservación del material y demás”.

El estudio hizo una descripción del arma y la munición, su estado de funcionamiento, material y técnicas empleadas para el mismo, sin que se indicara que fue el arma supuestamente incautada a la víctima o que hubiera sido accionada(30).

Luego, el 25 de septiembre de 2007, el Juzgado 87 de Instrucción Penal Militar resolvió la situación jurídica a los señores cabo tercero Fernando Vera Garzón y a los soldados profesionales Diego Machado Moreno, Luis Barón, Jairo Hugo Berrío Manco y William Andrés Hincapié Blandón, vinculados al presunto delito de homicidio, para lo cual decidió abstenerse de imponer medida de aseguramiento en contra de los mismos(31).

El 18 de octubre de 2007, la Fiscalía General de la Nación presentó al Juzgado 87 de Instrucción Penal Militar un estudio de heridas y trayectorias al cuerpo de la víctima en el cual se concluyó que los tres disparos recibidos por esta fueron realizados por la espalda, es decir, que el victimario se encontraba atrás del occiso y dos de los tres disparos se realizaron desde la izquierda hacia la derecha de[l] inmolado e igualmente, dos de los tres disparos fueron realizados en una dirección postero-anterior del hoy difunto. Además, en dicho documento se señaló lo siguiente:

“De acuerdo a la descripción de las heridas, es posible que dentro de la víctima no se encuentren proyectiles o fragmentos de proyectil, en vista de que coinciden en número los orificios de entrada con los de salida.

Por las trayectorias y ubicación de los orificios de entrada es posible que:

Haya sido un solo tirador el que haya realizado los disparos que causaron la muerte al joven Ronal Augusto Tangarife Durango y que la víctima posiblemente haya tenido pocos cambios de posición entre las lesiones sufridas por el mismo.

• Por la información dada por el médico legista en cuanto a la presencia de residuos de disparos, determina que la distancia entre la boca del cañón del arma de fuego fue superior a un metro, ya que no reporta la presencia de residuos, o fue menor a un metro pero los residuos quedaron depositados en las prendas de vestir, por ello hubiese sido altamente satisfactorio haber realizado un examen en las prendas de vestir. Con los datos ofrecidos en el expediente no hay método técnico o científico para ofrecer un rango de distancia de disparo con mayor precisión o suficientes fundamentos.

• Las lesiones presentes en la víctima, especialmente por el tamaño de los orificios de salida son consistentes de haber sido realizadas por proyectil de alta velocidad.

• Los proyectiles de alta velocidad disparados por arma de fuego son los que pertenecen a los calibre 223 Rem (5.56 x 45 mm) y los de la familia 7.62, los cuales son disparados por armas de fuego de funcionamiento automático con selector tipo fusil del mismo calibre, entre los que se encuentran los conocidos Galil, Mini 14, AK 47 o sus similares AK 47 y los de su familia, entre otros.

• Al igual, quedan algunas inconsistencias en relación con los elementos hallados o puestos a disposición de la autoridad, en relación con el arma de fuego y los seis cartuchos ya que se recuperó la misma con su carga completa, es decir, indicando que posiblemente no fue accionada contrario a lo que informan las diferentes versiones de los soldados en donde dicen que al escuchar ruidos al presentarse como miembros del Ejército Nacional fueron hostigados por medio de varios disparos(32) (negrillas de la Sala).

El 16 de junio de 2008, el Tribunal Superior Militar, en instancia de apelación propuesta por el Ministerio Público contra la providencia que se abstuvo de dictar medidas de aseguramiento contra los militares implicados decidió abstenerse de conocer el recurso de alzada y remitir la investigación a la justicia ordinaria proponiendo la colisión de competencias negativa(33).

En dicha decisión ese tribunal concluyó:

“Es evidente entonces, a juicio de esta Sala de decisión, que las circunstancias antes mencionadas, están señalando al menos la posibilidad de que los hechos no hubiesen ocurrido en la forma en que lo relataron los militares involucrados, con la eventualidad consecuente de que el hecho no guarde relación directa y próxima con el servicio, por lo que resulta necesario concluir que se presenta al menos una duda razonable sobre la vinculación del hecho con los actos del servicio, lo cual conlleva a dar aplicación a la jurisprudencia de la Corte Constitucional C-358 (…)”(34) (negrillas de la Sala).

El 5 de enero de 2009, la Fiscalía 108 Seccional de Santa Fe de Antioquia recibió las diligencias penales, declaró la nulidad de la providencia del Juzgado 87 de Instrucción Penal Militar por la cual se abstuvo de dictar medidas de aseguramiento contra los implicados y vinculó mediante indagatoria a los soldados profesionales Diego Machado Moreno y Luis Barón(35).

En la misma fecha, ese despacho remitió un oficio a la coordinadora de la unidad nacional de derechos humanos de la Fiscalía General de la Nación en el cual señaló lo siguiente:

“Adelanta esta unidad de fiscalía la investigación S-1689 por el delito de homicidio, del menor (16 años de edad) Ronal Augusto Tangarife Durango, donde son imputados miembros del Ejército Nacional, C3 Vera Garzón Fernando, SLP Machado Moreno Diego, SLP Barón Luis, SLP Berrío Manco, y SLP Hincapié Blandón William, hechos ocurridos en la vereda Pajarito, jurisdicción del municipio de Buriticá (Ant.), el 17 de julio de 2004.

Según el informe militar, el antes mencionado fue dado de baja en combate, sin embargo, dentro de la actuación obran declaraciones de los padres del menor, señores Augusto Tangarife Pineda y Amanda Lucía Durango Tangarife, quienes afirman que su hijo se dedicaba a la agricultura, que nunca portó armas de fuego (sin embargo, al momento de la inspección técnica al cadáver se le halló un revólver que, al parecer, no fue disparado), que no pertenecía a ningún grupo al margen de la ley, tampoco tenía nexos con estos y que no tenía antecedentes, cuestionando además que su hijo salió de la casa de su abuela paterna con ropa normal y zapatos de material y que fue encontrado con botas.

Así mismo, se han recepcionado otros testimonios, entre ellos, los señores Luis Eduardo Arias Higuita y María Isabel David Manco, quienes afirman haber visto al occiso el día anterior a su muerte (jul. 16/2004), en momentos en que era interrogado y requisado por miembros del Ejército Nacional en el corregimiento de Manglar, jurisdicción del vecino municipio de Giraldo (Ant.) y al día siguiente aparece muerto.

De igual manera, del protocolo de necropsia se colige que de los tres (3) disparos que el menor Ronal Augusto Tangarife Durango recibió, dos de ellos los recibió por la espalda y uno por un lado.

Todo ello indica que nos encontramos frente a un típico caso de “falso positivo” y en virtud de ello, considera esta delegada que se trata de una flagrante violación a los derechos humanos y que debería ser esa unidad de fiscalía quien cuenta con todo el recurso humano y logístico, para que conozca de la misma”(36) (negrillas de la Sala).

Posteriormente, los días 11 y 23 de febrero de 2009, la Fiscalía 108 Seccional de Santa Fe de Antioquia escuchó en diligencias de indagatoria a los señores Luis Barón y Diego Machado Moreno, quienes reiteraron sus versiones ya expuestas ante la justicia penal militar(37).

Finalmente, los señores Arístides Hernández Uta y Javier Antonio Higuita Velásquez, vecinos del municipio de Buriticá quienes conocían a la víctima y a su familia coincidieron en afirmar que el joven Ronal Augusto Tangarife Durango se dedicaba a la agricultura, que nunca lo vieron portando armas o prendas de uso militar y que días antes de su muerte se había ido a vivir con su abuela para trabajar recogiendo café(38).

Ahora bien, aunque en el plenario no se encuentra acreditado que se hubiera declarado la responsabilidad penal de los militares por el delito de homicidio en contra de quien en vida respondía al nombre de Ronal Augusto Tangarife Durango, lo cierto es que, con las probanzas antes relacionadas, se pueden encontrar acreditados los supuestos de hecho de la demanda por vía de los medios probatorios indirectos allegados, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que dicho análisis exige, como ya lo ha hizo esta Sala de Subsección en un caso similar(39).

Lo anterior, partiendo de la existencia de unos hechos debidamente acreditados en el proceso, a partir de los cuales deben establecerse otros hechos a través de la aplicación de reglas de la experiencia, lo que implica una inferencia mental, esto es, la relación de causalidad entre el hecho indicador y el hecho desconocido que se pretende probar, que, finalmente, arroja como resultado el hecho que aparece indicado(40). De hecho, la Sección Tercera ya ha dado aplicación a la prueba indiciaria para derivar responsabilidad al Estado por la ejecución sumaria o extrajudicial de personas(41).

Como consecuencia, procede la Sala a realizar en el presente asunto los razonamientos lógicos que permiten establecer las circunstancias en las cuales se produjo la muerte del joven Ronal Augusto Tangarife Durango, así como la responsabilidad de la entidad demandada respecto de ese hecho. En el caso que ocupa la atención de la Sala se demostró que:

a) La muerte de Ronal Augusto Tangarife Durango fue producida por miembros del Ejército Nacional con sus correspondientes armas de dotación: de conformidad con el registro civil de defunción, el acta de levantamiento de cadáver y el protocolo de necropsia, se encuentra demostrado que la víctima murió de forma violenta debido a tres impactos de arma de fuego.

En cuanto a los responsables y a las circunstancias que rodearon el hecho, se tiene que los militares Fernando Vera Garzón, Diego Machado Moreno, Luis Barón y William Andrés Hincapié Blandón declararon ante la justicia penal militar que en la madrugada del 17 de julio de 2004 fueron hostigados con disparos en un sector de la vereda Pajarito del municipio de Buriticá y una vez amaneció, hicieron el respectivo registro encontrando que habían dado de baja a un “bandido”, a quien se le incautó un revólver, unas municiones, un dinero falso y un bolso con objetos personales. Posteriormente, trasladaron su cuerpo al municipio de Giraldo donde se hizo la inspección al cadáver de quien fue identificado como Ronal Augusto Tangarife Durango, de aproximadamente 16 años de edad.

b) No existió combate ni enfrentamiento alguno entre el ejército y grupos armados al margen de la ley el día de los hechos, por tanto, la muerte de Ronal Augusto Tangarife Durango no se produjo como consecuencia de una culpa exclusiva de la víctima como lo aduce la entidad demandada: de las pruebas arribadas al plenario no se pudo establecer que el joven Ronal Augusto Tangarife Durango se hubiera enfrentado a los militares, no se hizo una prueba de absorción atómica ni se encontraron residuos de pólvora en su cuerpo, ni el arma supuestamente incautada fue disparada, dado que fue encontrada con su carga completa; además, la víctima recibió los tres disparos por la espalda, lo que significa que su victimario se encontraba detrás de él, como se estableció en el estudio de trayectorias.

Tampoco existe evidencia de que la muerte de la víctima hubiere sido determinada por razón de su propia y exclusiva culpa, tal como lo sostiene la parte demandada, pues, se itera, no se probó que haya accionado un arma en contra de los uniformados y generado su reacción(42).

c) La víctima no fue identificada como perteneciente a grupos armados al margen de la ley: los testigos, residentes en los municipios de Buriticá y Giraldo, quienes conocían a la víctima y a su familia coincidieron en afirmar que el joven Ronal Augusto Tangarife Durango se dedicaba a la agricultura y no tenía nexos ni era conocido por pertenecer a grupos armados ilegales. Además, dos de ellos declararon haberlo visto el día anterior a su muerte, el 16 de julio de 2004, en compañía de uniformados, quienes al parecer lo estaban requisando, y al día siguiente se enteraron de que apareció muerto.

d) Se hizo pasar al joven Ronal Augusto Tangarife Durango como un subversivo dado de baja en combate con el ejército nacional: los militares señalaron a la víctima como un “bandido” dado de baja luego del supuesto enfrentamiento armado ocurrido en la madrugada del 17 de julio de 2004, sin embargo, la víctima no vestía de camuflado sino de “jean azul, correa negra en mal estado, interiores color azul, botas pantaneras de caucho color negro, camiseta de fondo blanco con rayas de color rojo y azul” como se anotó en el acta de inspección al cadáver.

Adicionalmente, el arma supuestamente incautada no fue accionada, pues no se allegó prueba que así lo indicara; esta fue encontrada con su carga completa (seis cartuchos), la víctima no tenía residuos de pólvora en su ropa ni en sus manos y tal como lo señaló el inspector de policía de Giraldo en el acta de inspección al cadáver, los militares no respetaron la cadena de custodia y el arma fue manipulada. Tampoco resultó lesionado ninguno de los uniformados ni se encontraron municiones o casquillos de las armas que supuestamente fueron disparadas en su contra.

Todo ello evidencia que el Ejército Nacional incurrió en una falla del servicio al propinar la muerte a una persona no combatiente que se encontraba en estado de indefensión, hecho que no solo infringe el derecho penal nacional sino también el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, por tratarse de un comportamiento proscrito y censurable, la ejecución extrajudicial y sumaria de un civil; además, menor de edad, para hacerlo pasar como un combatiente dado de baja.

Agréguese a todo lo anterior, que la justicia penal militar no encontró claras las circunstancias en que ocurrieron los hechos, lo que no les permitió establecer que el actuar de los militares hubiera tenido nexo con el servicio, esto es, que en efecto se hubiera presentado un combate como estos lo señalaron en sus declaraciones, razón por la cual, ante la duda, el Tribunal Superior Militar propuso la colisión negativa de competencias y remitió las diligencias a la justicia ordinaria.

La misma duda formuló la Fiscalía 108 Seccional de Santa Fe de Antioquia cuando recibió la investigación penal, motivo por el cual solicitó a la unidad nacional de derechos humanos de la Fiscalía General de la Nación que asumiera el conocimiento del asunto, pues consideró que el caso reunía las características de los llamados “falsos positivos”.

Finalmente, debe advertir la Sala que la falla de la administración en el caso que se examina es aún más reprochable, por tratarse la víctima de un menor de edad, dado que este solo contaba con 14 años para el momento de los hechos(43) quien era sujeto de especial protección del Estado, de conformidad con el artículo 44 de la Constitución y de los tratados internacionales ratificados por Colombia(44).

Colíjase de todo lo anterior, que se encuentra acreditada la responsabilidad agravada del Estado bajo el título jurídico de imputación de falla del servicio por las violaciones a deberes funcionales de origen convencional, constitucional y legal, como ya lo ha declarado esta Sección en casos como el que hoy ocupa a la Sala(45).

6. Actualización de la condena por concepto de perjuicios materiales.

Procederá la Sala a actualizar la condena impuesta en primera instancia por concepto de indemnización del lucro cesante y daño emergente en favor de Amanda Lucía Durango Tangarife y Augusto Tangarife Pineda, pues en relación con ella no se manifestó inconformidad alguna.

La suma total a actualizar por concepto de lucro cesante es $42.887.305.

Para la actualización de dicha condena se tendrá en cuenta el IPC vigente a la fecha de la sentencia de primera instancia (ago. 2010) y el IPC vigente a la fecha de esta sentencia (mayo 2017), de acuerdo con la siguiente fórmula:

a)

F1

Ca: $56.468.216.57, de la cual corresponde la suma de $28.234.130.5 a la señora Amanda Lucía Durango Tangarife y otra cantidad igual para el señor Augusto Tangarife Pineda.

Igualmente, la suma total a actualizar por concepto de daño emergente es $2.631.304.

a)

F2

Ca: $3.468.496.07 suma reconocida en favor del señor Augusto Tangarife Pineda.

Dado que la indemnización del perjuicio moral reconocido a los demandantes se expresó en salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos, no hay necesidad de actualizarla.

7. Reparación integral: medidas pecuniarias y no pecuniarias para reparar la vulneración a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados.

Advierte esta Sala de Subsección, como recientemente lo reiteró en un caso similar(46), que frente a las consecuencias de la declaratoria de responsabilidad agravada del Estado, como ocurre en el sub judice, lo que se pretende con la misma, además de realizar un juicio de reproche más severo al actuar del Estado por la vulneración a normas ius cogens, es permitirle al juez administrativo la adopción de medidas de reparación integral del daño antijurídico, con el fin de garantizar que tales conductas constitutivas de vulneraciones graves a derechos humanos y/o al derecho internacional humanitario no se vuelvan a producir(47).

En este caso se observa que los demandantes solicitaron el reconocimiento del “perjuicio a la vida de relación” que actualmente la jurisprudencia de esta corporación incorpora dentro del daño inmaterial denominado vulneración a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados(48).

Tal pretensión la fundamentaron en “lo que los actores dejaron de disfrutar, de recrearse, dado el dolor que les produjo la muerte de su hijo y hermano, que no les ha permitido disfrutar de reuniones y fiestas sociales, al encontrarse sumidos en la tristeza. Perjuicio que se tasa en 500 salarios mínimos legales mensuales para los actores”(49).

Dicha pretensión fue negada por el a quo bajo el argumento de que no fue comprobado.

En cuanto al reconocimiento de este perjuicio inmaterial, la sentencia de unificación de la Sección Tercera precisó que podrá otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa del daño antijurídico, de oficio o a petición de parte, mediante una medida pecuniaria de hasta 100 smlmv, si fuere el caso(50).

Esta Sala de Subsección estima que la muerte del joven Ronal Augusto Tangarife Durango, además del perjuicio moral ya considerado, causó en los actores una afectación grave de sus derechos a la vida, a su dignidad humana y naturalmente a la familia, razón por la cual se reconocerá una medida pecuniaria de carácter oficioso que también resulta idónea para garantizar la reparación integral en el presente caso.

Como consecuencia, se reconocerá a los actores Augusto Tangarife Pineda, Amanda Lucía Durango Tangarife, Yeny Edid Tangarife Durango, Yamile Andrea Tangarife Durango, Adrián Tangarife Durango, Yeison Alexis Tangarife Durango, Leonardo Fabio Tangarife Durango y Daniel Ricardo Tangarife Durango, en su calidad de padres y hermanos de la víctima(51), un monto equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de ellos.

Igualmente, dado que los actores han padecido la muerte injusta de su hijo y hermano por acción de agentes del Estado, quienes pretendieron manchar su nombre y su memoria haciéndolo pasar como un subversivo “dado de baja en combate”, tal violación grave a los derechos humanos de sus familiares que le sobreviven trasciende su esfera individual y subjetiva como titulares de esos mismos derechos e impone el deber de exhortar al Estado para que esta[s] trasgresiones no se vuelvan a repetir, razón por la cual es preciso disponer, además de las medidas indemnizatorias ya establecidas, otras acciones adicionales de protección, dirigidas a mejorar la prestación del servicio estatal respectivo(52).

Por consiguiente, la Sala dispondrá las siguientes medidas no pecuniarias:

a) Que la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional establezca un link en su página web con un encabezado apropiado en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia durante un periodo de seis (6) meses, que se contarán desde la fecha en que se realice la respectiva carga de la información en la página web institucional.

b) Comunicar la presente providencia a la unidad nacional de derechos humanos de la Fiscalía General de la Nación con el fin, en primer lugar, de que lo resuelto y analizado en esta sentencia y dentro del presente proceso, sea tenido en cuenta en la actuación que se adelante por el despacho correspondiente por los mismos hechos y, en caso de que se esté tramitando ante un juez de la República, se le dé traslado, con el mismo fin. En segundo lugar, con el objeto de que la decisión definitiva que dentro del proceso penal respectivo se adopte o se hubiere adoptado en su momento, se difunda ampliamente a la comunidad, a través de la publicación de un aviso en dos periódicos de amplia circulación nacional.

8. Decisión sobre costas.

Habida cuenta de que, para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFICAR los ordinales segundo y tercero de la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo de Antioquia, el 30 de agosto de 2010, los cuales quedarán así:

“2. Condenar a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional a pagar los siguientes conceptos:

“(...) 2.1. Perjuicios materiales en su modalidad de:

2.1.1. Lucro cesante consolidado y futuro.

Para los señores Amanda Lucía Durango Tangarife y Augusto Tangarife Pineda, en su calidad de padres de Ronal Augusto Tangarife Durango, se les reconocerá, por concepto de perjuicios materiales lucro cesante consolidado y futuro, la suma de $28.234.130.5 para cada uno de ellos.

2.1.2. Daño emergente.

Para el señor Augusto Tangarife Pineda, en su calidad de padre de Ronal Augusto Tangarife Durango, se le reconocerá por concepto de perjuicios materiales en su modalidad de daño emergente la suma respectivamente indexada de $3.468.496.07”.

3. Condenar a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional como medida pecuniaria, por concepto de vulneración a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, a pagar a los actores Augusto Tangarife Pineda, Amanda Lucía Durango Tangarife, Yeny Edid Tangarife Durango, Yamile Andrea Tangarife Durango, Adrián Tangarife Durango, Yeison Alexis Tangarife Durango, Leonardo Fabio Tangarife Durango y Daniel Ricardo Tangarife Durango, un monto equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de ellos.

4. Condenar a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional a las siguientes medidas no pecuniarias por concepto de vulneración a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados:

a) Establecer un link en su página web con un encabezado apropiado en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia durante un periodo de seis (6) meses, que se contarán desde la fecha en que se realice la respectiva carga de la información en la página web institucional.

b) Comunicar la presente providencia a la unidad nacional de derechos humanos de la Fiscalía General de la Nación con el fin, en primer lugar, de que lo resuelto y analizado en esta sentencia y dentro del presente proceso, sea tenido en cuenta en la actuación que se adelante por el despacho correspondiente por los mismos hechos y, en caso de que se esté tramitando ante un juez de la República, se le dé traslado con el mismo fin. En segundo lugar, con el objeto de que la decisión definitiva que dentro del proceso penal respectivo se adopte o se hubiere adoptado en su momento, se difunda ampliamente a la comunidad, a través de la publicación de un aviso en dos periódicos de amplia circulación nacional”.

2. CONFIRMAR en lo demás.

3. Sin lugar a costas.

4. Ejecutoriada esta providencia, por secretaría remítase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

5 El salario mínimo para el año 2006 fue de $408.000, por lo que 500 smlmv equivalían a la suma de $204.000.000.

6 Folio 92, cuaderno 1.

7 Folios 11 a 17, cuaderno 1.

8 Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, Sentencia T-535 del 20 de agosto de 2015, M.P.: Alberto Rojas Ríos: “En la legislación nacional no se encuentran tipificadas como tal las ejecuciones extrajudiciales, motivo por el cual la adecuación de la conducta delictiva se realiza como homicidio en persona protegida o como homicidio agravado, según el caso. Esta modalidad de crimen, ha sido comúnmente denominada en Colombia con la expresión “falsos positivos”, que alude a la ejecución extrajudicial de civiles para ser presentados como insurgentes pertenecientes a grupos armados al margen de la ley y que en el caso colombiano se han caracterizado por dos aspectos recurrentes. De una parte, que las víctimas son personas jóvenes pertenecientes a sectores sociales vulnerables y, de otra, la constante alteración de la escena del crimen con el propósito de dar visos de legalidad a las ejecuciones; por ejemplo, vistiendo con prendas militares los cadáveres de las víctimas o mediante la alteración de la escena del crimen ubicando armas de uso privativo de la fuerza pública. Es decir, que los llamados “falsos positivos” son una especie de las ejecuciones extrajudiciales”.

9 Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala, sentencia del 25 de noviembre de 2003, párr. 140; caso de la Masacre de Plan de Sánchez vs. Guatemala, sentencia del 29 de abril de 2005, párr. 51; caso Goiburú y otros vs. Paraguay, sentencia del 22 de septiembre de 2006, párr. 122; caso la Cantuta vs. Perú, sentencia del 29 de noviembre de 2006, párr. 115; caso de la Masacre de Mapiripán vs. Colombia, sentencia del 15 de septiembre de 2005, párr. 241, entre otras.

10 Estas normas, elaboradas por Amnistía Internacional con la colaboración de varios expertos, fueron redactadas en diciembre de 1998 con el propósito de elevar el conocimiento de general de algunas normas fundamentales entre funcionarios del Estado, parlamentarios, periodistas y organizaciones no gubernamentales (ONG), normas que según la ONU siempre deberían formar parte de la formación y la práctica policiales.

11 Consejo de Derechos Humanos, vigésimo periodo de sesiones, Informe del relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias Christof Heyns, recomendaciones complementarias al país: Colombia.

12 Comité de Derechos Humanos, observaciones finales al séptimo informe periódico sobre Colombia aprobadas en su 3330ª sesión celebrada el 1º de noviembre de 2016.

13 Artículos 7º y 8º del Estatuto de Roma que prohíben los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra.

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de abril de 2016, Exp. 250002326000201100479-01 (50231), C.P.: Hernán Andrade Rincón. También lo ha reiterado esta Sala de Subsección en otros casos de ejecuciones extrajudiciales: sentencia del 13 de abril de 2016, Exp.: 05001-23-31-000-2006-03424-01(47924) y sentencia del 14 de julio de 2016, Exp.: 730012331000200502702 01 (35029), ambas con ponencia de Hernán Andrade Rincón.

15 Colombia ratificó el Tratado de Roma el 5 de agosto de 2002, el cual entró en vigencia para crímenes de lesa humanidad el 1º de noviembre de 2002 y para crímenes de guerra el 1º de noviembre de 2009.

16 Folio 92, cuaderno 1.

17 Folios 19 a 23, cuaderno 1.

18 Folios 176 y 177, cuaderno anexo 1.

19 Folios 177 y 178, cuaderno anexo 1.

20 Folios 136 a 138, cuaderno 1.

21 Folios 24 y 25, cuaderno 1.

22 Folios 26 y 27, cuaderno 1.

23 Folios 32 y 33, cuaderno anexo.

24 Folios 35 a 40, cuaderno anexo.

25 Folios 41 a 45, cuaderno anexo.

26 Folios 46 a 51, del cuaderno anexo.

27 Folios 52 a 57, cuaderno anexo.

28 Folios 98 y 99, cuaderno anexo.

29 Folios 105 a 109, cuaderno anexo.

30 Folios 137 a 139 cuaderno anexo.

31 Folios 312 a 323, cuaderno anexo.

32 Folios 367 a 376, cuaderno anexo.

33 Folios 402 a 415, cuaderno anexo.

34 Folios 402 a 415, cuaderno anexo.

35 Folios 416 a 418, cuaderno anexo.

36 Folios 442 y 443, cuaderno anexo.

37 Folios 448 a 452 y 455 a 459, cuaderno anexo.

38 Folios 130 a 133, cuaderno 1.

39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de abril de 2016, Exp.: 05001-23-31-000-2006-03424-01 (47924), C.P.: Hernán Andrade Rincón.

40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, Exp.: 15700, C.P.: Ruth Stella Correa Palacio; posición reiterada entre otras en la sentencia del 12 de octubre de 2011, Exp.: 22158 con ponencia de la misma consejera.

41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de abril de 2016, Exp.: 05001-23-31-000-2006-03424-01 (47924), C.P.: Hernán Andrade Rincón.

42 Ibídem: “Advierte la Sala que el hecho de la víctima, como causa extraña y exclusiva, impone para quien la alega la prueba de que se trató de un acontecimiento que le era imprevisible e irresistible, pues de no ser así se revela —respecto de la administración, que es la que en este caso la aduce— una falla del servicio en el entendido de que, teniendo un deber legal de hacerlo, no previno o resistió el suceso (...)”.

43 Según su registro civil de nacimiento, la víctima nació el 2 de diciembre de 1989.

44 Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, aprobada por Colombia mediante la Ley 12 de 1991, “ART. 6º—1. Los Estados partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. 2. Los Estados partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño”.

45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 15 de abril y del 13 de mayo de 2015, Exps.: 54001-23-31-000-1995-09280-01(30860) y 73001-23-31-000-2003-00903-01 (33142) respectivamente, C.P.: Hernán Andrade Rincón; Subsección B, sentencia del 26 de junio de 2015, Exp.: 25000-23-15-000-2004-01196-01 (34749), C.P.: Ruth Stella Canto Díaz del Castillo; Subsección C, sentencia del 7 de septiembre de 2015, Exp.: 17001-23-31-000-2009-00212-01 (52892), C.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa; entre otras.

46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de octubre de 2016, Exp.: 500012331000200040225-01 (34.448).

47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de abril de 2016, Exp.: 50231, reiterada en sentencias del 14 de julio de 2016, Exp.: 35029 y del 14 de septiembre de 2016, Exp.: 34349 de la misma Subsección con ponencia de Hernán Andrade Rincón.

48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 28 de agosto del 2014, Exp.: 32988, C.P.: Ramiro Pazos Guerrero.

49 Folio 6, cuaderno 1.

50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 28 de agosto del 2014 , Exp.: 32988, C.P.: Ramiro Pazos Guerrero.

51 Parentesco que se corrobora de sus registros civiles de nacimiento que obran a folios 11 a 17 cuaderno 1.

52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de unificación jurisprudencial de 28 de agosto de 2014, Exp.: 26251, C.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.