Sentencia 2006-03566 de agosto 14 de 2013

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Rad. 050012331000200603566-01

Nº interno: 18616

Demandante: Fernando Medina Zárate

Demandado: UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Asunto: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Bogotá, D.C., catorce de agosto de dos mil trece.

Fallo

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto la parte actora contra la sentencia del 12 de agosto de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda que más adelante se transcriben.

Antecedentes administrativos

— El demandante presentó las declaraciones de importación Nº 13920010893333 del 17 de noviembre de 2000, 13920010940529 del 7 de febrero de 2001 y 13920010963181 del 11 de mayo de 2001. [Fls. 28, 33 y 41].

— La administración de aduanas de Medellín formuló las liquidaciones oficiales de revisión de valor Nº 83 A11 064-0179 del 29 de enero de 2004, 83 A11 064-0447 de marzo 5 de 2004 y 83 A11 064-0448 del 5 de marzo de 2004. [Fls. 373 a 392].

— Con fundamento en las citadas liquidaciones oficiales de revisión de valor, la División de Control de Cambios de la Administración de Aduanas de Medellín inició la actuación administrativa por infracción cambiaria que culminó con la expedición de la Resolución 83 A11 0645270 por la que se le impuso al demandante una multa a favor del tesoro nacional de $ 1.106.434.837, equivalente al 200% del mayor valor en aduana determinado en las liquidaciones oficiales de revisión de valor. [Fls. 408 a 412], y la Resolución 8311072-02209 del 26 de mayo de 2006, que la confirmó. [Fls. 21 a 27].

Antecedentes procesales

La demanda

La apoderada judicial del señor Fernando Medina Zárate formuló las siguientes pretensiones:

“1. Que se declare la “Nulidad” de las resoluciones 5270 del 22 de noviembre de 2005 expedida por la División de Liquidación Aduanera y su confirmatorio la Nº 2209 del 26 mayo de 2006 de la División Jurídica Aduanera, ambas resoluciones proferidas por la administración de aduanas de Medellín, dentro del expediente administrativo cambiario IM 21 2004 2004 529, mediante las cuales se impuso una multa por infracción administrativa cambiaria a nombre del señor Fernando Medina Zarate.

2. Como consecuencia jurídica de la declaración anterior, se ordene y declare que el señor Fernando Medina Zárate no adeuda suma alguna a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por concepto de sanciones relativas a los actos administrativos cambiarios, a declarar nulos por su despacho, ni tampoco ha incumplido ninguna otra obligación legal a su cargo.

3. Como efecto jurídico de las anteriores declaraciones, se ordene el restablecimiento del derecho, dejando sin efecto las providencias que ordenaron la multa de naturaleza cambiaria y se resarzan los perjuicios ocasionados a mi mandante con el proceder antijurídico de la DIAN”.

La demandante invocó como violadas las siguientes disposiciones:

• Artículos 29 y 83 de la Constitución Política.

• Artículos 2º, 7º, 8º y 10 de la Resolución 8 de 2000 de la junta directiva del Banco de la República.

• Artículo 237 del Decreto 2685 de 1999.

• Artículos 2º, 3º literales e) e i) y 8º literal a) del Decreto 1092 de 1996.

• Artículo 1º literal e) del artículo 187 del Código de Procedimiento Civil.

• Artículo 6º de la Ley 383 de 1997, modificado por el artículo 72 de la Ley 488 de 1998.

Concepto de la violación

Violación del derecho al debido proceso

Indicó que la entidad demandada vulneró el derecho al debido proceso porque no valoró las pruebas recaudadas en la investigación cambiaria que adelantó en su contra, y porque las liquidaciones oficiales de revisión de valor contenidas en las resoluciones 83 A11064 0179, 83 A11064-0447 y 83 A11064-0448 de 2004, que soportaron la multa cambiaria que le fue impuesta en los actos administrativos demandados, fueron expedidas con base en la aplicación del método de valor deductivo establecido en el artículo 190 de la Resolución 4240 de 2000.

Atipicidad de la liquidación oficial de revisión de valor como operación obligatoriamente canalizable

Indicó que el origen de la presunta transgresión del régimen cambiario, en el presente caso, parte directa y exclusivamente de las liquidaciones oficiales de revisión de valor, actos administrativos que no están tipificados por el régimen cambiario como operaciones de obligatoria canalización en el mercado cambiario, según el artículo 7º de la Resolución Externa 8 de 2000 de la junta directiva del Banco de la República.

Precisó que en materia de importaciones constituyen infracciones cambiarias las siguientes: i) indebida canalización de divisas; ii) no giro, no reembolso de divisas y, iii) no informe de endeudamiento externo.

Indicó que en el artículo 7º de la Resolución Externa 8 de 2000 no figura como “operación obligatoriamente canalizable a través del mercado cambiario” la diferencia de valor a cargo del administrado, surgida con base en una liquidación oficial de revisión de valor. Es decir, que por el hecho de suscitarse una controversia de valor entre la entidad y el particular, y generarse la obligación de pagar un mayor valor de tributos aduaneros, no se crea una obligación cambiaria adicional a cargo del importador, consistente en girar al proveedor, en el exterior, el valor adicional de divisas, no pactado por los bienes adquiridos.

Resaltó que la sanción cambiaria impuesta en los actos acusados tuvo en cuenta lo prescrito en el literal e) del artículo 1º del Decreto 1074 de 1999. Que, sin embargo, este fundamento contradice la tipificación de la conducta, pues la normativa invocada por la administración no se ajusta a los hechos objeto de sanción.

Dijo que el hecho de imponer una sanción cambiaria, con fundamento en el Decreto 1074 de 1999, equivale a afirmar que la diferencia entre el valor declarado y el calculado por la DIAN no fue canalizada a través de los intermediarios del mercado cambiario, sino que se efectuó por medios ilegales o no autorizados, situación que nunca fue probada por la DIAN. Añadió que esta conducta denota la falsa motivación de los actos acusados, por error de derecho.

Puso de presente que existe la prohibición de canalizar a través del mercado cambiario un valor superior o distinto al valor aduanero declarado, y que en caso de incurrir en dicha conducta se violaría la prohibición del artículo 2º de la Resolución Externa 8 de la junta directiva del Banco de la República.

La valoración aduanera es un procedimiento con fines estrictamente internos y retributivos que no inciden, en materia cambiaria, en los valores comerciales del producto a nivel internacional, ni puede desconocer los acuerdos privados en las negociaciones internacionales

Dijo que, de acuerdo con el artículo 237 del Decreto 2685 de 1999, cuando la autoridad aduanera desconoce el valor aduanero declarado por el importador, tal situación se refiere al valor o base aplicable para efectos de la percepción de los derechos de aduana ad-valorem, es decir, tiene efectos en el pago de los tributos aduaneros.

Sostuvo que las liquidaciones oficiales de revisión de valor modificaron el valor en aduanas con fundamento en el método deductivo del acuerdo de valoración del GATT. Que, sin embargo, al hacer el cálculo del valor en aduanas de la mercancía importada, a partir de los precios de mercancías nacionales idénticas o similares a las importadas, realizó una serie de operaciones aritméticas equivocadas, pues no siguió el procedimiento que exige la ley para el efecto.

Precisó que la DIAN no tuvo en cuenta que los métodos de valoración solo tienen como finalidad establecer una nueva base gravable o valor en aduanas, mas no permiten obtener el precio de la mercancía desde el punto de vista cambiario. Los únicos métodos de valoración que permiten obtener un valor de mercancía desde el punto de vista cambiario o internacional son los de valor de la transacción y el de mercancías idénticas o similares, los que tienen en cuenta los parámetros del mercado internacional.

Dijo que la actuación de la DIAN no puede conllevar el pago de más divisas al proveedor en el exterior, en el monto fijado como mayor valor en aduana o base gravable, pues ello implicaría un pago de lo no debido, lo cual no está contemplado en la legislación cambiaria colombiana.

Indicó que el régimen de cambios en Colombia castiga los giros o reembolsos superiores a los valores consignados en los documentos de importación y, a la vez, no obliga al pago de lo no debido, ni tipifica el reembolso de los valores diferenciales obtenidos en un estudio de valor como operación obligatoriamente canalizable en el mercado cambiario.

La investigación cambiaria que da origen a la sanción discutida tiene origen en una presunción de carácter legal

Indicó que la investigación cambiaria adelantada en contra del importador surgió a la vida jurídica por presunción legal, tal y como lo señala el artículo 72 de la Ley 488 de 1998, generada por la supuesta existencia de una diferencia entre los valores indicados en las declaraciones de importación y el valor establecido por la DIAN en las liquidaciones oficiales de revisión de valor. Que esa diferencia asciende a la suma de USD $ 250.522.91, valor que, según la DIAN, fue canalizado indebidamente o simplemente no fue canalizado o pagado a través de los intermediarios del mercado cambiario.

A partir de lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 488 y en el concepto de la DIAN 071 de 2002, sostuvo que no existe disposición cambiaria que permita presumir la responsabilidad del infractor, pues la presunción solo abarca la posible violación del régimen cambiario, mas no se extiende al sujeto que la cometió. Para el demandante, el elemento subjetivo no fue probado en la investigación administrativa, ni la administración demostró la responsabilidad de la supuesta infracción cambiaria en cabeza de la empresa demandante, consistente en no haber girado, o haberlo hecho por fuera del mercado cambiario, sumas diferentes al valor de la factura comercial, consignado en las declaraciones de importación presentadas.

Sostuvo que la precitada presunción solo permite que la administración abra la investigación para establecer si existió violación del régimen cambiario y quien la cometió, mas no la releva de la obligación legal de probar lo presumido o de valorar las pruebas aportadas por el investigado para determinar si se violó el régimen cambiario.

Adujo que en los actos administrativos acusados se afirmó que no se canalizó el total del valor de las importaciones realizadas. Que, no obstante, existen pruebas documentales que demuestran que las facturas 643416 del 2 de octubre de 2000, 2181 del 9 de enero de 2001 y 146215 del 17 de abril de 2001, expedidas por “Empacadora Marie S.A. (documentos soportes de las declaraciones de importación), fueron total, legal y oportunamente pagadas al proveedor en el exterior, a través de Bancolombia, con la presentación de las declaraciones de cambio por importación de bienes Nº 31829 del 2 de febrero de 2001, 57277 del 14 de febrero de 2001 y 03847 del 17 de mayo de 2001, las cuales están igualmente soportadas con las liquidaciones de divisas efectuadas por el banco.

Afirmó que no existe prueba alguna que demuestre que las facturas citadas sean falsas o que se haya subfacturado la operación de importación.

Agregó que los documentos soporte de la importación y de la declaración de cambio dan cuenta de que el pago girado al exterior correspondió al valor fijado por las partes en la transacción comercial, documentos que están revestidos de presunción de veracidad y legalidad. Que hasta que esos documentos no sean tachados de falsos por la autoridad competente, los valores contenidos en ellos, reflejados en el valor FOB de las respectivas declaraciones de importación, eran los que debían ser canalizados por el importador, como efectivamente se hizo.

Indicó que se vulneró el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, pues los funcionarios de la DIAN no se pronunciaron frente a las pruebas que aportó, que dan cuenta del valor pagado por el señor Fernando Medina Zárate al proveedor en el exterior, pues solo tuvo como pruebas plenas las liquidaciones oficiales de revisión de valor. La DIAN olvidó que si bien estas liquidaciones oficiales son el punto de partida del proceso administrativo sancionatorio cambiario, las pruebas allegadas en los procesos aduanero y cambiario debieron ser valoradas, cosa que no ocurrió.

Sostuvo que como la DIAN no desvirtuó las pruebas que aportó en la investigación, deben mantenerse las declaraciones de cambio que soportan el valor realmente pagado por las importaciones objeto de estudio de valor.

Por lo anterior, estimó que la DIAN no podía endilgar con ligereza la infracción administrativa cambiaria por violación de los artículos 7º y 10 de la Resolución Externa 8 del 2000, de la junta directiva del Banco de la República, sin que existiera un hecho cierto y probado que rebatiera las pruebas que aportó respecto del cumplimiento de la obligación cambiaria a su cargo.

Contestación de la demanda

El apoderado de la UAE DIAN contestó la demanda en los siguientes términos:

Excepciones de ausencia de sustrato legal que legitime la acción e inepta demanda

El apoderado de la DIAN adujo que no se violó el derecho al debido proceso, pues, de conformidad con el artículo 514 del Decreto 2685 de 1999, la DIAN puede proferir liquidaciones oficiales de revisión de valor para modificar las declaraciones de importación.

Que conforme con el artículo 7º numeral 1º de la Resolución Externa 8 de 2000, de las importaciones y exportaciones de bienes también emana la obligación cambiaria de canalizar divisas a través del mercado cambiario.

Que la demanda es inepta, porque no existe congruencia entre las pretensiones y el concepto de la violación invocado, pues el demandante desconoce el alcance del numeral 1º del artículo 7º de la Resolución Externa 8 de 2000, que define expresamente “importación y exportación de bienes”.

Que el demandante pretende cuestionar las liquidaciones oficiales de revisión de valor, actos que están en firme y debidamente ejecutoriados. Asimismo, pretende cuestionar la forma y aplicación de los métodos de valor, aspectos que no son objeto de controversia. Precisó que el proceso que culminó con las liquidaciones oficiales de valor es diferente al que culminó con los actos administrativos cuestionados por la parte actora.

En cuanto al fondo del asunto, aclaró que en la vía gubernativa valoró las pruebas que fueron recaudadas en el proceso administrativo cambiario, y que es clara la aplicación de la presunción legal.

Que de conformidad con el artículo 2º del Decreto 1092 de 1996, para establecer si se configuró una infracción cambiaria, debe partirse de la existencia real de alguno de los hechos generadores de la presunción; es decir, que se haya probado en el proceso aduanero que se introdujo mercancía al territorio aduanero nacional (importación).

Que a partir de la realización del hecho que configura la presunción legal, se hace necesario indagar por la norma que se presume violada y por el sujeto obligado a cumplirla, teniendo en cuenta las infracciones, sujetos, sanciones y demás previsiones del Decreto 1092 de 1996, modificado por el Decreto 1074 de 1999, y la Resolución Externa 8 de 2000.

Que si en virtud de la actuación administrativa sancionatoria cambiaria, iniciada con ocasión de la presunción legal de violación del régimen cambiario, se demuestra que se incumplió determinada obligación, será responsable del incumplimiento y, por ende, de la sanción pertinente, aquel a quien se le compruebe que tenía la obligación de cumplir el régimen cambiario y no lo hizo, como ocurrió en el caso del demandante.

Que paralelo al proceso de importación, que exige la presentación de la declaración de importación que refleja el valor de la transacción y el pago de los tributos aduaneros correspondientes, surge la obligación cambiaria de canalizar a través del mercado cambiario el pago del valor de la importación, la que se prueba con la presentación de la declaración de cambio, en la que se hace constar el valor de la mercancía, que en el caso fue establecido en las liquidaciones oficiales de revisión de valor.

Que el presente caso se trata de una presunción legal, cuya carga de la prueba se traslada al sujeto a quien vincula la presunción, en este caso el demandante, a quien le corresponde desvirtuar los presupuestos en que se funda la presunción.

Que ante la existencia de una liquidación oficial que estableció un mayor valor de la mercancía importada, el legislador estableció la presunción, en el sentido de entender que se viola el régimen cambiario cuando se ingresa mercancía por valor inferior al real. En este caso, agregó, le corresponde al investigado demostrar o probar, por cualquier medio probatorio idóneo, que la diferencia fue reembolsada por el mercado cambiario o que no estaba obligado a reembolsar la diferencia establecida oficialmente.

Que cualquiera que sea la naturaleza de la presunción (simple, legal o de derecho), una vez que la ley la consagra, surge el efecto jurídico de relevar de la carga de la prueba a quien la alega en su favor.

Que no es cierto que en el proceso existió ausencia de valoración probatoria, pues se demostró plenamente quién era el responsable de probar, tratándose de la presunción legal.

Que de acuerdo con las pruebas que reposan en el expediente administrativo, existen antecedentes de hecho que demuestran que el demandante ingresó o importó mercancía de origen extranjero al territorio nacional. Que, por tanto, existe tipicidad.

Transcribió el concepto DIAN 071 del 29 de mayo de 2002 y apartes de la Sentencia C-099 de 2003 de la Corte Constitucional, que analizaron la presunción regulada en el artículo 72 de la Ley 488 de 1998.

Concluyó que el demandante es acreedor de la sanción impuesta en los actos administrativos demandados, pues no desvirtuó la presunción legal que recayó en su nombre, según la cual es responsable de infringir el régimen de cambios al no canalizar, a través del mercado cambiario, el valor correspondiente al mayor valor de mercancías fijado oficialmente por la entidad.

La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda con base en las siguientes consideraciones:

Que la DIAN estaba legitimada para imponer la sanción cuestionada, teniendo en cuenta que mediante liquidaciones oficiales de revisión valor, debidamente ejecutoriadas, determinó que el valor en aduanas que aparecía en las declaraciones de importación presentadas por el demandante, era inferior al valor real del mercado, violando con ello el régimen cambiario en los términos del artículo 72 de la Ley 488 de 1998.

Que la presunción legal que establece el citado artículo 72, inciso 2º, puede ser desvirtuada por el afectado en vía administrativa o judicial, demostrando, entre otras situaciones, que no es responsable cambiario o que el monto a canalizar, sobre el que se tasó la sanción, no es legal, o que los fundamentos jurídicos de la presunción desaparecieron.

Que no aparecen pruebas que desvirtúen los fundamentos fácticos y jurídicos que tuvo en cuenta la administración para sancionar al demandante. Igualmente, que la parte actora no desvirtuó las liquidaciones oficiales de revisión de valor que concluyeron que el valor declarado de las mercancías era inferior al valor mismo en aduanas, y tampoco fueron demandadas judicialmente, de tal manera que se presumen legales.

Que no es procedente la alegada atipicidad de las liquidaciones oficiales de revisión de valor, como operaciones obligatoriamente canalizables a través del mercado cambiario, pues no era necesario que la Resolución Externa 8 de 2000 del Banco de la República aludiera expresamente a esa circunstancia.

Que no era necesario demostrar que se giraron sumas diferentes al valor de las facturas comerciales consignadas en las declaraciones de importación que originaron las liquidaciones oficiales de revisión de valor, pues lo que se estaba cuestionando era que al ser el valor real de las mercancías importadas superior al que mostraban las facturas comerciales, se violaba el régimen cambiario.

Puso de presente que con posterioridad a la presentación de la demanda, la DIAN revocó la liquidación oficial de revisión de valor 8311064-000179 del 29 de enero de 2004, correspondiente a la declaración de importación 13920010893333 del 17 de noviembre de 2000. Que, sin embargo, no era posible analizar este aspecto, pues la petición de revocatoria, como la decisión de la misma, fueron presentadas y decididas cuando el proceso ya estaba en curso.

Que como el anterior hecho era incontrovertible en esa instancia judicial, lo correcto era que la DIAN procediera, de oficio o por requerimiento, a efectuar los ajustes derivados del acto de revocatoria.

No condenó en costas.

El recurso de apelación

La apoderada de la parte demandante apeló la decisión del tribunal. En concreto, las razones de su inconformidad fueron las siguientes:

Que el artículo 72 de la Ley 488 de 1998 establece una presunción para la aplicación de la sanción por violación del régimen cambiario, que tiene el carácter de legal o iuris tantum, que admite prueba en contrario.

Que, como lo afirmó el tribunal, las liquidaciones oficiales de revisión de valor no fueron demandadas, por lo que se presumen legales y son el presupuesto a partir del cual se aplica la presunción cambiaria del artículo 72 ibídem. Pero que esta circunstancia no puede convertir la presunción legal en una presunción de derecho, dejando al afectado sin garantía alguna de defensa y haciendo nugatoria la posibilidad de adelantar un procedimiento administrativo cambiario, distinto del aduanero, para aplicar la sanción cambiaria por no haber canalizado el mayor valor en aduana calculado por la DIAN.

Que la DIAN desconoció las pruebas que demostraban lo que pagó como precio de las mercancías importadas —valor de transacción—, concretamente, el valor reportado en las facturas que contienen el valor de la negociación por el que fueron declarados los bienes descritos en las declaraciones de importación respectivas.

Que el valor consignado en las facturas fue el valor girado efectivamente al proveedor en el exterior como pago de la mercancía adquirida, y que fue desconocido por la DIAN como valor en aduana por consideraciones de índole meramente técnico, sin que en ningún momento se haya determinado que se trataba de un valor falso en relación con el negocio celebrado.

Que una cosa es que la DIAN establezca un valor aduanero diferente al consignado en las facturas, y otra, muy distinta, es que el valor registrado en las declaraciones de importación y en la factura comercial no haya sido debidamente canalizado, pues, en últimas, la conducta endilgada, en aplicación de la presunción del artículo 72 de la Ley 488 de 1998 es la de no haber canalizado el valor de la importación, de conformidad con el literal e) del Decreto 1092 de 1996.

Que la DIAN no motivó la sanción impuesta en los actos administrativos demandados, que probablemente hubiese sido la de “no canalizar a través del mercado cambiario el mayor valor en aduana determinado por la DIAN”, que es la causal prevista en el literal g) del Decreto 1092.

Que la infracción contenida en el literal e) exige que la DIAN demuestre que el importador no canalizó el monto que por valor en aduanas reportó en la declaración de importación, en tanto que el literal g) sanciona el hecho de no haber canalizado el valor real de la operación. Por tanto, agregó, las liquidaciones oficiales de revisión de valor que profirió la DIAN desconocieron el valor real de la transacción contenido en las facturas, y establecieron, por otro método de valoración, un valor diferente al de la operación.

Que su conducta estaría tipificada en el literal g) del Decreto 1092 y no en el literal e), como erróneamente se indicó en los actos administrativos acusados. Que, por lo tanto, la norma que invocó la DIAN como fundamento de la sanción no se ajustó a los hechos invocados.

Que de las pruebas que reposan en el expediente se desprende que el señor Fernando Medina sí canalizó, a través de los intermediarios del mercado cambiario, el valor de las importaciones que realizó, lo que está reflejado en las facturas y en las declaraciones de cambio aportadas. No obstante, añadió, no canalizó el mayor valor fijado en las liquidaciones oficiales de revisión de valor.

Alegatos de conclusión

La UAE DIAN precisó que el demandante debió demostrar que canalizó el mayor valor en aduana establecido en las liquidaciones oficiales de revisión de valor, expedidas en el proceso administrativo aduanero que inició la entidad, las que están debidamente ejecutoriadas y en firme.

Que como el demandante no cumplió con esa obligación, infringió el régimen cambiario y, en consecuencia, fue procedente la sanción que se le impuso en los actos acusados.

Que existe una clara diferencia entre el proceso administrativo aduanero y el proceso administrativo cambiario, pues el fundamento fáctico y jurídico y el procedimiento establecido para cada uno es distinto. Lo único que tienen en común es la operación de comercio exterior, esto es, la importación de bienes.

La parte demandante guardó silencio.

El Ministerio Público pidió confirmar la sentencia apelada.

Indicó que, como lo sostuvo el demandante, la conducta en que incurrió correspondió a la descrita en el artículo 72 de la Ley 488 de 1998, que, a su vez, está subsumida en la descrita en el literal g) del Decreto 1074 de 1999.

Que la cita incorrecta del literal e) del Decreto 1074 de 1999 en los actos acusados, no tiene la virtud de afectar la realidad de la infracción cambiaria en que incurrió el demandante, más cuando el monto de la sanción previsto en dicho literal es igual al contenido en el literal g).

Que el demandante tuvo la oportunidad de ejercer el derecho de defensa frente al hecho por el que se le sancionó, y que si tenía inconformidad frente al método que utilizó la administración para establecer el valor real de las mercancías importadas, debió hacerlo en el curso del proceso que culminó con las liquidaciones oficiales de revisión de valor.

Que, contrario a lo que consideró el tribunal, debe tenerse en cuenta la revocatoria de una de las liquidaciones oficiales de revisión de valor, para efectos de disminuir la sanción impuesta en los actos administrativos demandados.

Consideraciones de la Sala

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 12 de agosto de 2010 que profirió el Tribunal Administrativo de Antioquia, y que negó la pretensión de nulidad de la Resolución 5270 del 22 de noviembre de 2005, expedida por la División de Liquidación Aduanera de la DIAN, Medellín, y su confirmatoria, la Resolución 2209 del 26 de mayo de 2006, por las que se le impuso al demandante multa por infracción administrativa cambiaria en cuantía de $ 1.106.434.837.

El demandante reiteró que los actos administrativos demandados son nulos, esencialmente, por violación del debido proceso, por la violación del artículo 72 de la Ley 488 de 1998, por interpretación errónea, y del literal g) del artículo 3º del Decreto 1092 de 1996, modificado por el artículo 1º del Decreto 1074 de 1999, por falta de aplicación.

Explicó que el artículo 72 de la Ley 488 de 1998 consagra una presunción de infracción cambiaria de carácter legal o iuris tantum, que admite prueba en contrario. Que, sin embargo, tanto la DIAN como el tribunal dieron por hecho que cometió la infracción, pero que no tuvieron en cuenta las pruebas de que sí canalizó, por el mercado cambiario, el monto que acordó con el proveedor en el exterior, pues ese fue el “valor real” de los bienes importados. Que por la falta de valoración de la prueba se le vulneró el derecho al debido proceso. Que, además, la DIAN tipificó los hechos en la infracción prevista en el literal e) del artículo 3º del Decreto 1092 de 1996, siendo que tales hechos podrían haber encajado, de haberse demostrado, en la sanción prevista en el literal g) ídem.

La Sala considera que los actos administrativos demandados son nulos, parcialmente, por las razones que pasan a exponerse:

El artículo 72 de la Ley 488 de 1998, que modificó el artículo 6º de la Ley 383 de 1997, dispone lo siguiente:

“ART. 72.—Control cambiario en la introducción de mercancías. El artículo 6º de la Ley 383 de 1997 quedará así:

ART. 6º—Se presume que existe violación al régimen cambiario cuando se introduzca mercancía al territorio nacional por lugar no habilitado, o sin declararla ante las autoridades aduaneras. En estos eventos el término de prescripción de la acción sancionatoria se contará a partir de la notificación del acto administrativo de decomiso.

La sanción cambiaria se aplicará sobre el monto que corresponda al avalúo de la mercancía, establecido por la DIAN en el proceso de definición de la situación jurídica.

Igualmente se presume que existe violación al régimen cambiario cuando el valor declarado de las mercancías sea inferior al valor de las mismas en aduanas. En estos eventos, el término de prescripción de la acción sancionatoria se contará a partir de la notificación del acto administrativo de liquidación oficial de revisión de valor.

La sanción cambiaria se aplicará sobre el monto de la diferencia entre el valor declarado y el valor en aduana de la mercancía establecido por la DIAN en la liquidación oficial de revisión de valor” (destacado fuera de texto).

Como se puede apreciar, el artículo 72 de la Ley 488 de 1998 dispone que, entre otros casos, se presume que el importador ha violado el régimen cambiario cuando el valor que declaró por las mercancías importadas resulta ser inferior al valor en aduanas, determinado en la liquidación oficial de revisión de valor.

La presunción “es un juicio lógico del legislador o del juez, que consiste en tener como cierto o probable un hecho, partiendo de hechos debidamente probados”(1).

De conformidad con el artículo 66 del Código Civil:

“Se dice presumirse el hecho que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas.

Si estos antecedentes o circunstancias que dan motivo a la presunción son determinados por la ley, la presunción se llama legal. Se permitirá probar la no existencia del hecho que legalmente se presume, aunque sean ciertos los antecedentes o circunstancias de que lo infiere la ley, a menos que la ley misma rechace expresamente esta prueba, supuestos los antecedentes o circunstancias.

Si una cosa, según la expresión de la ley, se presume de derecho, se entiende que es inadmisible la prueba contraria, supuestos los antecedentes o circunstancias”.

En concordancia con lo anterior, el artículo 176 del Código de Procedimiento Civil(2) dispone:

“ART. 176.—Las presunciones establecidas por la ley serán procedentes, siempre que los hechos en que se funden estén debidamente probados.

El hecho legalmente presumido se tendrá por cierto, pero admitirá prueba en contrario cuando la ley lo autorice”.

A partir de las normas transcritas, la doctrina ha clasificado las presunciones en iuris et de iure (de derecho y por derecho) e iuris tantum (tan solo de derecho)(3). Las presunciones iuris et de iure no admiten prueba en contrario. En cambio las presunciones iuris tantum, sí.

La presunción consagrada en el artículo 72 de la Ley 488 de 1998 es una presunción iuris tantum porque admite prueba en contrario.

En efecto, la presunción prevista en el artículo 72 de la Ley 488 de 1998 parte de un hecho conocido: la existencia de una liquidación oficial de revisión de valor debidamente ejecutoriada. Y de ese hecho cierto se infiere que el importador(4) cometió una infracción al régimen cambiario.

“El régimen cambiario es el conjunto de normas que regulan aspectos de los cambios internacionales.

Los cambios internacionales se pueden definir como todas las transacciones con el exterior que impliquen pago o transferencia de divisas o títulos representativos de las mismas.

De acuerdo al régimen cambiario colombiano se pueden considerar dos mercados:

• Mercado cambiario

• Mercado no cambiario”(5)

La Resolución Externa 8 de 2000, del Banco de la República, define el mercado cambiario como aquel constituido por la totalidad de las divisas que deben canalizarse obligatoriamente por conducto de los intermediarios autorizados para el efecto o a través del mecanismo de compensación [art. 6º]. A su vez, el artículo 7º, ídem, dispone que la importación y exportación de bienes, entre otras operaciones cambiarias, deben ser canalizadas obligatoriamente a través del mercado cambiario.

Ahora bien, el Decreto 1092 de 1996, modificado por el Decreto 1074 de 1999, vigente para la época en que ocurrieron los hechos del presente caso(6), reguló el régimen sancionatorio de las infracciones al régimen cambiario cuya vigilancia y control corresponde a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales(7).

El artículo segundo del Decreto 1092 de 1996 definía la infracción cambiaria como una contravención administrativa de las disposiciones constitutivas del régimen de cambios vigentes al momento de la transgresión, a la que corresponde una sanción cuyas finalidades son el cumplimiento de tales disposiciones y la protección del orden público económico.

El artículo 3º del Decreto 1092 de 1996, que fue modificado por el artículo 1º del Decreto 1074 de 1999, consagró, entre otras, las infracciones administrativas por violación al régimen de cambios. Se destacan las previstas en los literales e) y g) que disponen textualmente:

“ART. 3º—Sanción. Modificado por el artículo 1º del Decreto 1074 de 1999. Las personas naturales o jurídicas y entidades que infrinjan el régimen cambiario en operaciones cuya vigilancia y control sea de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, serán sancionadas con la imposición de multa que se liquidará de la siguiente forma:

(...).

Operaciones canalizables a través del mercado cambiario.

e) Por no canalizar a través del mercado cambiario el valor de las operaciones obligatoriamente canalizadas definidas en el régimen cambiario y cuya vigilancia y control sea de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, se impondrá una multa del doscientos por ciento (200%) del monto dejado de canalizar;

(...).

g) Por no canalizar a través del mercado cambiario el valor real de la operación efectivamente realizada, se impondrá una multa del doscientos por ciento (200%) de la diferencia entre el valor canalizado y el valor real de la operación establecido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales...”.

De los dos tipos de infracción transcritos, se ajusta a los hechos del caso concreto, el tipo previsto en el literal g).

En efecto, mientras que el literal e) consagra la infracción al régimen cambiario por el hecho de no canalizar por el mercado cambiario el valor de las operaciones obligatoriamente canalizables por ese conducto, el literal g) sanciona por el hecho de no canalizar, por ese mismo mercado, el valor real de la operación efectivamente realizada.

Lo anterior quiere decir que lo que era una presunción legal al tenor del artículo 72 de la Ley 488 de 1998, pasó a ser una infracción cambiaria, al tenor del literal g) del artículo 3º del Decreto 1092 de 1996, modificado por el artículo 1º del Decreto 1074 de 1999.

En ese contexto, entonces, debe definirse qué se entiende por valor real a efectos de establecer cuando se tipifica la infracción.

Por valor real de la operación efectivamente realizada debe entenderse valor en aduana de las mercancías importadas, en los términos de los convenios internacionales que regulan la materia y de la legislación aduanera nacional que adoptó tales convenios.

El numeral 2º, literales a) y b) del artículo VII del Acuerdo General sobre Tarifas y Aranceles —GATT— de 1947 dispone(8):

“‘2 (a) El valor en aduana de las mercancías importadas deberá basarse en el valor real de la mercancía importada a la que se aplica el derecho o en el de una mercancía similar; pero no en el valor de productos de origen nacional ni en valores arbitrarios o ficticios’.

(b) El ‘valor real’ deberá ser el precio al que, en tiempo y lugar determinados por la legislación del país de importación, las mercancías importadas, o unas mercancías similares, sean vendidas u ofrecidas en venta, en el curso de operaciones comerciales normales efectuadas en condiciones de libre competencia. En la medida en que el precio de dichas mercancías o de las similares dependa de la cantidad comprendida en una transacción dada, el precio que habrá de tenerse en cuenta se deberá referir, según la elección realizada de una vez para siempre por el país importador, bien a (i) cantidades comparables, bien a (ii) cantidades fijadas de una manera tan favorable, por lo menos, para el importador, como si se tomara el volumen más considerable de estas mercancías que haya dado lugar efectivamente a transacciones comerciales entre el país de exportación y el de importación”.

La doctrina foránea ilustra que de la norma transcrita nacen dos nociones del valor en aduana: la noción teórica y la noción positiva(9).

La noción teórica se conoce como la Definición de Bruselas y se fundamentaba en el precio normal de la mercancía, que hacía abstracción del precio realmente pagado o por pagar por la mercancía en cuestión(10).

Esta definición fue reemplazada por la noción positiva, prevista en el acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del acuerdo general sobre aranceles de aduana y comercio ―más conocido como acuerdo de valor de la OMC― que se fundamenta en el valor real en aduana de las mercancías, esto es, el valor que parte del precio realmente pagado o por pagar por el comprador al vendedor(11).

Se entiende por noción positiva “... el precio al que se vende la mercancía que se ha de valorar, o si este precio está influido por las relaciones particulares que existan entre el comprador y el vendedor, el precio, no influido por tales relaciones, al que se vende una mercancía idéntica o similar”(12).

Para determinar el valor en aduanas, se deben aplicar los siguientes métodos de valoración:

• Método del “valor de transacción”. Se regirá por lo dispuesto en los artículos 1º y 8º del acuerdo y sus notas interpretativas.

• Método del “valor de transacción de mercancías idénticas”. Se regirá por el artículo 2º del acuerdo y su nota interpretativa.

• Método del “valor de transacción de mercancías similares”. Se regirá por el artículo 3º del acuerdo y su nota interpretativa.

• Método “deductivo”. Se regirá por el artículo 5º del acuerdo y su nota interpretativa.

• Método del “valor reconstruido”. Se regirá por el artículo 6º del acuerdo y su nota interpretativa.

• Método del “último recurso”. Se regirá por el artículo 7º del acuerdo y su nota interpretativa.

De conformidad con el artículo 248 del Decreto 2685 de 1999(13), el método de valoración aduanera por excelencia es el método del valor de transacción. Y solo cuando el valor en aduanas no se pueda determinar según las reglas de ese método, se deben aplicar en orden y de manera consecutiva los otros métodos de valoración hasta hallar el primero que permita establecerlo.

Conforme con el método del valor de transacción, el valor en aduanas será el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías, cuando estas se venden para su exportación al país de importación, ajustado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8º del acuerdo de valor en aduana.

Y para lo que interesa al presente proceso, el método deductivo, que fue el que utilizó la DIAN para formular las liquidaciones oficiales de revisión de valor, “consiste, en esencia, en partir del precio de venta en el país de importación de la mercancía importada, o de una idéntica o similar, con unas determinadas deducciones”(14).

De manera que, el valor que resulte de aplicar la metodología del acuerdo del valor en aduanas, será, para todos los efectos aduaneros, el valor real de la mercancía.

Ahora bien, la UAE DIAN es la autoridad nacional facultada para revisar el valor en aduanas que los importadores consignen en las respectivas declaraciones de importación y, para el efecto, la legislación aduanera la autoriza para formular liquidaciones oficiales de revisión de valor, liquidaciones que deben atender los citados métodos de valoración en aduanas.

De ahí que, partiendo de ese presupuesto, y dado que la DIAN también está facultada para imponer sanciones, por infracción cambiaria, derivadas, entre otras operaciones, de las operaciones de comercio exterior, como la importación y la exportación, el artículo 72 de la Ley 488 de 1998 reguló la presunción de infracción cambiaria cuando, precisamente, el valor en aduana es modificado por las autoridades aduaneras.

La presunción tenía su razón de ser en el hecho de que declarar un valor en aduana menor al que legalmente correspondía, permite inferir, por lo menos en principio, que el importador no canalizó por los intermediarios del mercado cambiario la diferencia entre el valor canalizado y el valor real de la operación.

De manera que el importador debía probar, en la actuación administrativa iniciada para formular liquidación oficial de revisión de valor, que el valor que declaró se ajustaba a las normas que regulaban la materia. Ejecutoriada la liquidación oficial de revisión de valor, nacía la presunción por infracción al régimen cambiario, pero, es evidente que el presunto infractor cambiario ya no tenía oportunidad de controvertir nada referido a la valoración en aduana en la actuación administrativa iniciada para imponer la sanción. El presunto infractor cambiario solo tendría la posibilidad de probar que, existiendo la diferencia entre el valor canalizado y el valor real de la operación, no estaba obligado a canalizarla(15), o que sí canalizó esa diferencia.

En ese contexto se procede a analizar el caso concreto.

Caso concreto

Para resolver, la Sala parte de los siguientes hechos probados no discutidos:

— El señor Fernando Medina Zárate presentó las declaraciones de importación que a continuación se relacionan:

Nº declaraciónFecha de presentaciónVr. de mercancía declarada en dólares
1392001089333317 de noviembre de 2000USD $ 9.437,48(16)
139200109405297 de febrero de 2001USD $ 25.308,74(17)
1392001096318111 de mayo de 2001USD $ 2.114,09(18)

— La División de Fiscalización Aduanera de la Administración de Aduanas de Medellín expidió las siguientes liquidaciones oficiales de revisión de valor, en relación con las declaraciones de importación antes señaladas:

Nº declaraciónLiquidación oficial de revisión de valorMayor valor en aduanas determinado USD / pesos
1392001089333383 A 11064-000179 del 29 de enero de 2004(19)USD $ 69.554,97 / $ 147.979.192
1392001094052983 A 11064-0447 del 5 de marzo de 2004(20)USD $ 171.525,51 / $ 374.585.156
1392001096318183 A 11064-0448 del 5 de marzo de 2004(21)USD $ 9.442,43 / $ 22.189.238

Concretamente, el fundamento de las liquidaciones oficiales de revisión de valor fue el hecho de que el demandante declaró valores en aduana con base en los precios de ciertas facturas tachadas de falsas en cierto proceso penal. Esa falsedad documental le impidió a la DIAN valorar la mercancía por el método de valor de transacción y los subsiguientes hasta que logró hacerlo mediante el método deductivo.

— Las liquidaciones oficiales de revisión de valor, relacionadas, quedaron en firme por haber sido interpuestos y resueltos los recursos pertinentes, y por no haber sido demandadas, hecho aceptado y no cuestionado por las partes.

— La División de Control de Cambios formuló pliego de cargos al demandante por no canalizar a través del mercado cambiario la diferencia entre el valor declarado y el valor establecido en las liquidaciones oficiales de revisión de valor, esto es, por infringir los artículos 7º y 10 de la Resolución Externa 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República, y con fundamento en el artículo 72 de la Ley 488 de 1998(22).

— Mediante la Resolución 5270 del 22 de noviembre de 2005, objeto de demanda, la División de Liquidación de la Administración de Aduanas de Medellín le impuso multa al señor Fernando Medina Zárate por valor de $ 1.106.434.837, equivalente al 200% de los mayores valores establecidos en las liquidaciones oficiales de revisión de valor, de conformidad con el literal e) del artículo 3º del Decreto 1092 de 1996, modificado por el artículo 1º del Decreto 1074 de 1999, por violación de los artículos 7º y 10 de la Resolución Externa 8 de 2000, y con fundamento en el artículo 72 de la Ley 488 de 1998, por no canalizar a través del mercado cambiario el valor correspondiente a las mercancías, determinado en las liquidaciones oficiales de revisión de valor.

— El día 20 de diciembre de 2007, la Administración Local de Aduanas de Medellín revocó la Resolución 8311064-000179 del 29 de enero de 2004, proferida por la División de Liquidación Aduanera, mediante la cual profirió liquidación oficial de revisión de valor a la declaración de importación 13920010893333 del 17 de noviembre de 2000(23). El fundamento de la revocatoria fue la configuración del silencio administrativo positivo en la actuación administrativa que, precisamente, se adelantó respecto de la declaración de importación 13920010893333 del 17 de noviembre de 2000.

De los hechos que aparecen probados, está claro que la DIAN formuló liquidación oficial de revisión de valor respecto de tres declaraciones de importación, dos de las cuales están en firme.

En esa medida, no se le violó al demandante el derecho de contradicción porque, como se precisó, no era dable que controvirtiera las liquidaciones oficiales de revisión de valor, en la actuación administrativa que se le inició para imponerle sanción por violación al régimen cambiario.

Es un hecho probado que la DIAN, mediante sendas liquidaciones oficiales de revisión de valor estableció que los valores de la mercancía que declaró el demandante en las declaraciones de importación 13920010893333 del 17 de noviembre de 2000, 13920010940529 del 7 de febrero de 2001 y 13920010963181 del 11 de mayo de 2001, fueron inferiores al valor en aduanas. Estos actos administrativos, según coinciden las partes, quedaron en firme una vez resueltos los recursos de ley procedentes, y al no haber sido demandados ante la jurisdicción contencioso administrativa.

La parte actora fundamentó la supuesta violación del derecho al debido proceso, en la presunta imposibilidad que tuvo de probar que el valor que declaró por la mercancía importada coincidía con el valor reflejado en las facturas que le expidió el proveedor en el exterior (Empacadora Marie).

Para la Sala, esa inconformidad es infundada porque en las liquidaciones oficiales de revisión de valor se lee que la DIAN no pudo determinar el valor en aduana por el método del valor de transacción, que tiene en cuenta el precio pagado o por pagar reflejado en las facturas. Conforme se precisó, esas facturas fueron tachadas de falsas en cierto proceso penal y, por eso, la DIAN tuvo que recurrir a los demás métodos de valoración hasta llegar al método deductivo, que fue el que le sirvió para determinar el valor real de la mercancía importada.

Y, como el demandante no aportó pruebas de que hubiera canalizado ese mayor valor o de que no tenía obligación de hacerlo, incurrió en la infracción administrativa cambiaria.

Ahora, si bien es cierto que en los actos administrativos demandados se citó como infracción cambiaria la prevista en el literal e) del artículo 3º del Decreto 1092 de 1996, modificado por el artículo 3º del Decreto 1074 de 1999, lo cierto es que la mención a esa norma fue meramente formal porque la discusión siempre se centró en el hecho de no haber canalizado la diferencia entre el valor canalizado y el valor real de la operación, hechos que, en realidad, aluden a la infracción prevista en el literal g) idem.

Por eso, la multa se calculó en el 200% del mayor valor en aduana y no sobre todo el valor declarado, lo que permite inferir que, en realidad, los actos administrativos se fundamentaron en el literal g) del artículo 3º del Decreto 1092 de 1996, modificado por el artículo 3º del Decreto 1074 de 1999.

Para la Sala, como acertadamente lo advirtió el Ministerio Público, la cita incorrecta del literal e) no desvirtúa que el demandante, en calidad de importador y responsable de las obligaciones aduaneras y cambiarias derivadas de la operación de importación, incurrió en infracción aduanera probada, y en infracción cambiaria no desvirtuada. Por lo tanto, esos argumentos que propuso el demandante tampoco demuestran que la DIAN haya incurrido en falsa motivación.

Efectivamente, la imprecisión en la cita de la norma que tipifica la infracción no constituye una auténtica falsa motivación, como lo pretende hacer ver la parte actora, pues esta causal de nulidad se materializa cuando los hechos que tiene en cuenta la administración para adoptar la decisión no existieron o fueron apreciados en una dimensión equivocada, es decir, cuando la realidad no concuerda con el escenario fáctico que la administración supuso que existía al tomar la decisión.

Finalmente, la Sala considera pertinente pronunciarse frente a la revocatoria de la liquidación oficial de revisión de valor 83111064-000179 de 2004, fundamento de los actos acusados, por ser un hecho que incide en los actos administrativos demandados.

En el escrito de alegatos de conclusión de primera instancia, el demandante puso de presente que la DIAN, mediante la Resolución 4701 del 20 de diciembre de 2007, revocó la liquidación oficial de revisión de valor 83 A 11064-000179 del 29 de enero de 2004, que liquidó el mayor valor en aduana de la mercancía reportada en la declaración de importación 13920010893333, que ascendió a $ 147.570.606.

Según se advierte, la liquidación oficial de revisión de valor que fue revocada por la DIAN hacía parte de las que tuvo en cuenta en la Resolución de multa 5270 del 22 de noviembre de 2005 para tasar el valor de la sanción cuestionada. En la liquidación de la sanción, la administración tomó el valor de $ 147.570.606 y le aplicó el valor de la sanción de un 200%, para un total de $ 295.141.213(24).

Por lo tanto, como la liquidación oficial revocada constituía uno de los fundamentos fácticos de la resolución de multa demandada, es evidente que frente a ese acto administrativo, la Resolución 5270 perdió fuerza ejecutoria, lo que da lugar a que, como lo sugirió el Ministerio Público, la sanción que le fue impuesta a la parte actora sea reliquidada, omitiendo el valor de $ 295.141.213, derivado del acto administrativo revocado.

En consecuencia, la Sala revocará la sentencia apelada y, en su lugar, declarará la nulidad parcial de los actos demandados, en lo que respecta al monto de la sanción. A título de restablecimiento del derecho, se declarará que la multa a cargo del señor Fernando Medina Zárate y a favor del Tesoro Nacional, de conformidad con el literal g) del Decreto 1092 de 1996, asciende a ochocientos once millones doscientos noventa y tres mil seiscientos veinticuatro pesos moneda corriente ($ 811.293.624 m/cte.)

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia apelada por las razones aducidas en esta providencia. En su lugar DECLÁRASE la nulidad parcial de las resoluciones 5270 del 22 de noviembre de 2005 y 2209 del 26 de mayo de 2006, expedidas por la División de Liquidación Aduanera y la División Jurídica Aduanera de la Administración de Aduanas de Medellín, respectivamente.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, DECLÁRASE que la multa a cargo del señor Fernando Medina Zárate y a favor del Tesoro Nacional, de conformidad con el literal g) del Decreto 1092 de 1996, asciende a la suma de ochocientos once millones doscientos noventa y tres mil seiscientos veinticuatro pesos moneda corriente ($ 811.293.624 m/cte.)

2. RECONÓCESE personería al abogado Diego Alejandro Pérez Parra, como apoderado de la UAE DIAN, en los términos y para los efectos del poder otorgado.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

(1) Jairo Parra Quijano. Manual de Derecho Probatorio. Librería Ediciones del Profesional Ltda. Décimo octava edición. Bogotá. 2011.

(2) Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partirdel 1º de enero de 2014, en los términos del numeral 6) del artículo 627.

(3) Ídem

(4) La Corte Constitucional, con ocasión del estudio de constitucionalidad del artículo 6º transcrito, consideró que “el contenido de la norma no admite dudas frente a la persona a quien va dirigido el precepto legal por incurrir en las actuaciones allí descritas, dado que (...) es claro que el sujeto activo de la infracción será la persona natural o jurídica destinataria del régimen cambiario que “introduzca mercancía al territorio nacional por lugar no habilitado”, que “introduzca mercancía al territorio nacional sin declararla ante las autoridades aduaneras” o que “declare las mercancías por un valor inferior al valor de las mismas en aduanas”. Corte Constitucional. Sentencia C-099 de 2003.

(5) http://www.dian.gov.co/DIAN/12SobreD.nsf/pages/Controlcambiario.

(6) Derogado por el artículo 43 del Decreto 2245 de 2011.

(7) De conformidad con el artículo 5º del Decreto 1071 de 1999, vigente para la ocurrencia de los hechos, a la DIAN le correspondía el control y vigilancia sobre el cumplimiento del régimen cambiario en materia de importación y exportación de bienes y servicios, gastos asociados a las mismas, financiación en moneda extranjera de importaciones, exportaciones, y subfacturación y sobrefacturación de estas operaciones. En los mismos términos, en la actualidad, de conformidad con el artículo 1º del Decreto 4048 de 2008.

(8) Colombia adhirió al GATT de 1947 mediante la Ley 49 de 1981, que fue promulgada mediante el Decreto 2047 de 1982.

(9) Rafael Herrera Ydáñez. Javier Goizueta Sánchez. Valor en aduana de las mercancías según el Código del GATT”. Publicación de la Revista Aduanas y Ediciones ESIC. Madrid. 1985.

(10) En Colombia rigió el Decreto 2011 de 1973 “Por el cual se adoptó la definición del valor de Bruselas, sus notas interpretativas y explicativas2, así como “las recomendaciones, opiniones, estudios y ejemplos del comité del valor.

(11) El acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del acuerdo general sobre aranceles de aduana y comercio de 1994 fue aprobado en la Ronda de Tokyo, y adoptado por la Comunidad Andina mediante la Decisión 326 de octubre de 1992 que, a la fecha, ha tenido varias modificaciones. La última es la Decisión 571 de 2003 que rige con el reglamento comunitario 846 de 2004. Y Colombia actualizó la legislación aduanera conforme con la norma comunitaria, formalmente, mediante el Decreto 2615 de 1993. En la actualidad, el régimen de valoración aduanera está recogido en el Decreto 2685 de 1999 y en la Resolución 4240 de 2000 y sus modificaciones.

(12) Ibídem Op. cit 9.

(13) ART. 248.—Aplicación sucesiva de los métodos de valoración.

Cuando el valor en aduana no se pueda determinar según las reglas del método del valor de transacción, se determinará recurriendo sucesivamente a cada uno de los métodos siguientes previstos en el acuerdo, hasta hallar el primero que permita establecerlo, excepto cuando el importador solicite y obtenga de la autoridad aduanera, autorización para la inversión del orden de aplicación de los métodos de valoración “deductivo” y del “valor reconstruido”.

(14) Ibídem Op. cit. 9.

(15) V. gr.: el precio pagado o por pagar de la mercancía importada puede ser ajustado por la aduana con los gastos de transporte de las mercancías importadas hasta el puerto o lugar de importación. El acuerdo de valor en aduanas dispone que cada país miembro puede disponer que se incluya en el valor en aduanas esos gastos. Sin embargo, para efectos del régimen cambiario, los residentes en el país pueden pagar con divisas que no deban canalizarse a través del mercado cambiario, los fletes debidos por el transporte internacional (Res. Externa de 2000, art. 76).

(16) Fl. 478.

(17) Fl. 177.

(18) Fl. 210.

(19) Fl. 373.

(20) Fl. 143

(21) Fl. 232

(22) Fl. 397.

(23) Res. 8311072 a -04701, fl. 598.

(24) Aunque el valor registrado en la liquidación oficial de revisión de valor no coincide con el que fue tomado en la resolución de multa, la Sala tomará el que aparece en este último acto administrativo para los efectos del caso.