Sentencia 2006-03647/50941 de marzo 23 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Radicación: 050012331000200603647 01

Expediente: 50.941

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Blanca Oliva Buitrago Gómez y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional

Referencia: apelación sentencia - reparación directa

Temas: Responsabilidad agravada del Estado por violaciones graves a derechos humanos (reiteración jurisprudencial); la prueba indiciaria en casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la fuerza pública; desplazamiento forzado; reparación integral del daño antijurídico.

Bogotá, D. C., veintitrés de marzo de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia de la Sala.

2.1.1. La Sala es competente para conocer del asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2013, por el Tribunal Administrativo de Antioquia, comoquiera que la demanda se presentó el 31 de octubre de 2006 y la pretensión mayor se estimó en la suma de $384’000.000 por concepto de lucro cesante para cada demandante, la cual supera el monto exigido –500 SMLMV equivalentes a $204’000.000–, para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia ante esta corporación(15).

2.1.2. En cuanto a la oportunidad para formular la presente acción indemnizatoria, según se indicó, su ejercicio tuvo por origen la muerte del señor Darío Alberto Mejía Buitrago ocurrida el 28 de enero de 2006, razón por la cual, por haberse interpuesto la demanda el 31 de octubre de esa misma anualidad, se impone concluir que se interpuso dentro de los 2 años que establece el numeral 8 del artículo 136 del C.C.A.

2.2. Los hechos probados.

A partir de los elementos de convicción arrimados al proceso en legal forma, la Sala tiene por establecidos los siguientes hechos:

i) Que, de acuerdo con el certificado de defunción obrante en el proceso, el señor Darío Alberto Mejía Buitrago murió de forma violenta en Cocorná, Antioquia, el día 28 de enero de 2006(16).

ii) Que el levantamiento del cadáver del antes mencionado se llevó a cabo el 29 de enero de 2006 –un día después de su muerte– en el Hospital San Juan de Dios del municipio de Cocorná, por funcionarios del Instituto Nacional de Medicina Legal(17). En el acta se consignó la siguiente información:

Edad: 18 años. (…).

“Fecha y hora de la muerte: 28 de enero de 2006.

Fecha y hora de la necropsia: enero 29 de 2006. Hora: 15:00.

“(…).

“Signos de violencia extrema:

Heridas por arma de fuego:

O.E. Nº 01: Fosa nasal lado izquierdo.

O.S. Nº 01: Párpado izquierdo.

O.E. Nº 02: Antebrazo izquierdo cara anterior.

O.S. Nº 02: A nivel bazo tercio distal.

O.E. Nº 03: Hemitórax anterior izquierdo.

O.S. Nº 03: Hemitórax posterior derecho.

O.E. Nº 04: A nivel de hombro izquierdo.

O.S. Nº 04: Hemitórax derecho línea axilar anterior por debajo en axila.

O.E. Nº 5: Rodilla derecha con destrucción de rótula. Sin O.S.

O.E. Nº 6: 1/3 medio muslo derecho.

O.S. Nº 6: 1/3 media cara posterior muslo derecho.

O.E. Nº 7: cara posterior pierna derecha. Sin O.S.

O.E. Nº 8: Muslo 1/3 media cara anterior miembro inferior derecho. Sin O.S.

O.E. Nº 9: Glúteo derecho:

O.S. Nº 9: Región inguinal derecha.

“(…).

“Examen interno:

“Sistema osteomuscular: lesión del deltoides izquierdo, músculos de brazo y antebrazo izquierdo. Lesión de muslo y pierna derecha. Fractura de húmero izquierdo. Fractura de cúbito y radio izquierdo. Fractura de rótula.

Aparato respiratorio: Lesión de lóbulos superior e inferior de pulmón izquierdo.

“Conclusión: El deceso de quien en vida respondía al nombre de Darío Alberto Mejía Buitrago, fue causa natural y directa de shock hipovolémico, secundario a hemotórax masivo, secundario a heridas en pulmón izquierdo, por arma de fuego, heridas que son de naturaleza simplemente mortal.

En condiciones normales de existencia de acuerdo con el aspecto macroscópico se conceptúa una supervivencia de 40 años más. A juzgar por los signos post-mortem la muerte ocurrió hace 12-24 horas antes del ingreso a la morgue(18) (negrillas adicionales).

iii) Que, en relación con las circunstancias en las cuales habría acaecido la muerte del señor Darío Alberto Mejía Buitrago, en el informe realizado el 30 de enero de 2006 por el Comandante del Grupo de Caballería del Grupo Mecanizado Nº 4 Juan del Corral, Teniente Coronel Pablo Alfonso Bonilla Vásquez, se manifestó (se transcribe de manera textual):

“Con toda atención me permito informar a la Señorita Juez 25 de Instrucción Penal Militar del grupo de Caballería Nº 4, adelantar la respectiva investigación correspondiente al combate que se registró el día 28 de enero de 2006, a las 14:00 horas en desarrollo de la operación ‘FALANGE’, cumpliendo misión táctica ‘Egipto’, donde tropas de la contraguerrilla Corcel 1 del Escuadrón Corcel al mando del señor TE. Contreras Arroyabe José Fabián orgánicos de esta Unidad Táctica, sostuvieron contacto armado con terroristas pertenecientes del frente ‘Jacobo Arenas’ de la ONT-FARC en el sitio El Entablado en coordenadas (…) jurisdicción del municipio de Cocorná (Ant), en donde producto del enfrentamiento fue dado de baja un (01) terrorista integrante de esta organización al margen de la ley, igual manera se incautó el siguiente material de explosivos que más adelante se relaciona. Así mismo participaron en los hechos el siguiente personal, así:

TE. Contreras Arroyabe José Fabián.

Terroristas abatido en combate:

N.N. de sexo masculino: (01)

Material de guerra incautado:

Fusil AK 47 cal. 7.62 mm sin número iniciales FJZ (01)

Proveedores para AK 47 (03)

Munición Cal. 762 x 39 mm. (96)

Material de intendencia:

Equipo de campaña tipo morral color verde(01)

Camisetas camufladas: (02)

Se realizó el levantamiento del cadáver el día 26 de enero de 2006 a las 10:00 horas por el Inspector de Policía y tránsito José Roberto Arias Alzate del municipio de Cocorná - Antioquia, la diligencia fue practicada en la morgue del Hospital de Cocorná”(19) (negrillas adicionales).

De igual forma, se hizo constar que “el Comando de la Unidad inició investigación disciplinaria Nº 005-2007, la cual se encuentra en instrucción”. Sin embargo dicho expediente no fue allegado a este proceso a pesar de que el Tribunal a quo lo requirió en varias oportunidades, incluso, mediante auto del 10 de julio se decretó como prueba de oficio, sin que tampoco se hubiere acatado dicho requerimiento(20).

iv) Que de acuerdo con la orden de operaciones “Egipto”, complementaria de la orden de operaciones “Falange” del Grupo de Caballería Nº 4 “Juan del Corral”, el 28 de enero de 2006 se impartió la instrucción de conducir operaciones militares ofensivas de destrucción, registro y control militar contra subversivos del 09 y 47 frente de las FARC, que operaban sobre el área general de los municipios de San Francisco, Cocorná y El Carmen de Viboral(21).

v) Que el señor Carlos Mario Gaviria Morales en su testimonio rendido ante el Tribunal a quo, describió los momentos que antecedieron a la muerte del señor Darío Alberto Mejía, así:

“Nosotros estábamos ensillando cuatro bestias para irnos para la vereda el retiro a traer a la mamá Blanca Oliva Buitrago Gómez, cuando apareció un tipo con sudadera roja y una camisilla negra, con una pava y un radio y el fusil, se le arrimó a María Aleida, la jaló de las manos, yo estaba con él [se refiere a Darío Alberto] a unos quince metros, no sé qué le dijo el muchacho de la sudadera a ella, de un momento a otro vino para donde nosotros, mirándonos feo y le dijo a Darío Alberto que para dónde van ustedes ahora y le dijo que vamos para la vereda El Retiro a recoger a mi mamá que está en el pueblo, y le dijo el señor de la sudadera que si su hermano estaba por acá y le dijo que no se encuentra que está sembrando maíz. Luego le dijo que lo acompañara y Darío Alberto le preguntó que para dónde y le respondió que lo acompañara para donde el Comandante, y le dijo que no porque tenía que recoger a la mamá, dijo entonces que lo acompañara de todas maneras y Darío me dijo a mí que lo acompañara, pero el man le contestó que ‘no usted no, si estuviera el hermano si se iba con usted’, y salió Darío con ellos, cuando de un momento a otro resultaron otros manes encapuchados y le cogieron la mano por la muñeca y lo jalaron y salieron con él y pasando por el sitio denominado Filito (…), me monté en una bestia de las que estábamos ensillando y fui a buscar al hermano y llegué donde él y le dije ‘se llevaron a Darío, se lo llevaron por el Piñal y después de Filito no lo volví a ver’. Me dijo vamos a buscarlo y le dije que un momento que a él también lo estaban preguntando, y salimos a Santa Rita donde don Otavio Pineda y llegamos allá y nos dijo por qué vienen tan asustados y Alirio le contestó que se llevaron al hermano y nos dijo quédense aquí muchachos les vamos a dar almuerzo y ahora vemos que hacemos, comimos y luego salimos para Filito, cuando de un momento a otro se formó un candeleo y aparecieron cuatro helicópteros dando vueltas por encima de la montaña disparando y tirando bombas, cuando de un momento a otro se fueron y como a las cinco de la tarde llegaron los cuatro helicópteros y aterrizaron, no supimos a qué y se fueron otra vez, y al otro día dizque apareció en Rionegro Darío Alberto ya muerto y lo bajaron para Cocorná, los familiares me contaron que lo vistieron de guerrillero no se sabe por qué lo vistieron así y lo enterraron, y la familia muy dolida y muy tristes abandonaron la propiedad”(22).

En similar sentido al anterior relato, el señor Oscar Emel Aristizábal Pineda, en su testimonio ante el a quo informó lo que se procede a retener:

“A él lo mataron el 28 de enero de 2006. Lo único que les digo es que una hermana de él fue a buscarnos a nosotros que vivimos por ahí cerquita y nos dijo que se habían llevado a Darío unos tipos armados. (…). La hermana dijo que se lo habían llevado y nos fuimos a buscarlo y cuando íbamos a lo lejos se escuchó un tiroteo y a nosotros nos dio miedo y nos devolvimos, entonces en la tarde llegaron unos helicópteros y aterrizaron donde fue el candeleo y se devolvieron y luego que apareció muerto en Rionegro. (…). Nos reunimos varías personas de la vereda, de nombre Elson Soto, Carlos Mario Gaviria, Aleida Mejía, Claudia, Yeny la mujer y mi persona y nos fuimos por la trocha a buscarlo y cuando se prendió el candeleo nos devolvimos para la casa. (…). A mí me consta que él veía por toda la familia y que han sufrido demasiado y después de que él murió les tocó abandonar sus tierras (…). Toda la familia se tuvo que desplazar, se fueron y no se sabe para dónde””(23).

De igual forma, debe agregarse que los referidos testigos coincidieron al afirmar que el señor Darío Alberto Mejía antes de su muerte se dedicaba a labores de agricultura en la finca de su familia y que no tenía vínculo alguno con actividades o grupos ilegales; además, indicaron que gozaba de excelentes relaciones tanto en la localidad en donde residía, como en su entorno familiar, por lo que su muerte causó un profundo dolor moral en ellos

Finalmente, respecto de las declaraciones de los señores Fabiola del Socorro Gómez Villegas, María Edelmira Gallego Carmona, Claudia Patricia Mejía Buitrago y José Abelardo Aristizábal Pineda(24), advierte la Sala que sus dichos –en cuanto a las circunstancias en las que se produjo la muerte de la citada persona– constituyen testimonios de oídas, dado que los hechos de los que dan cuenta, no fueron presenciados de manera directa por ellos, sino que les fueron transmitidos por terceras personas, respecto de quienes no se especificó su identidad ni la forma como obtuvieron la información que les transmitieron; asimismo, tales deponentes manifiestan haber tenido información de tales circunstancias por el rumor que circulaba en su pueblo, razón por la cual, no puede reconocérseles valor probatorio alguno a esa parte de sus testimonios, comoquiera que no cumplen con los elementos que han sido considerados como relevantes al momento de valorar este tipo de declaraciones(25).

vi) No obstante lo anterior, advierte la Sala que dichos testimonios pueden ser apreciados en cuanto al hecho que, por tratarse de vecinos del sector y ser cercanos a la familia de los ahora demandantes, tales testigos afirmaron también que les constaba las excelentes relaciones de afecto en el entorno familiar de la citada persona fallecida, y que su muerte causó un profundo dolor en sus familiares, quienes también tuvieron que desplazarse forzadamente como consecuencia de la muerte del señor Darío Alberto Mejía Buitrago.

En efecto, sobre el desplazamiento que sufrió la familia del hoy occiso a raíz de ese hecho, la señora Fabiola del Socorro Gómez Villegas informó que,

“… el daño moral y material que causaron fue enorme, porque a raíz de esto ellos tuvieron que desplazarse y dejar la finca abandonada y quedaron totalmente desprotegidos. (…). El daño moral y económico fue muy grande porque el sólo hecho de tener que dejar la finca que era el sustento de ellos y tenerse que ir, y también iban por el hermano Darío de Jesús, quien se pudo volar y tuvo que dejarlo todo tirado y venirse a sufrir. (…). Todos de la familia se desplazaron por temor a que les pasara lo mismo y se desplazaron(26) (se ha resaltado).

A su turno, las señoras María Edelmira Carmona y Claudia Patricia Mejía Buitrago coincidieron igualmente al afirmar que, como consecuencia de la muerte del señor Darío Alberto Mejía Buitrago, sus familiares tuvieron que huir de la finca de su propiedad y abandonar sus bienes “por el temor a que les sucediera lo mismo”(27).

vii) Que, en cuanto al desplazamiento forzado, mediante certificación expedida el 20 de mayo de 2006, el Personero Municipal de Cocorná hizo constar que los señores Blanca Oliva Buitrago Gómez, María Aleida Mejía Buitrago y los menores Estefanía Mejía Buitrago y Jorge Alejandro Mejía Buitrago se encontraban inscritos en el Sistema Único de Registro de Población Desplazada y que, “aparecen como desplazados del municipio de Cocorná, con fecha de valoración 20 de febrero de 2006”(28).

Así, pues, establecidos los anteriores hechos, aborda la Sala el análisis de imputación con el fin de determinar si en este caso concreto la muerte del señor Darío Alberto Mejía Buitrago le resulta atribuible a la demandada y, por lo tanto, si ésta se encuentra en el deber jurídico de resarcir los perjuicios que de él se derivan.

2.3. Análisis de la Sala.

De conformidad con el material de convicción allegado al proceso, ha de señalar la Sala que se encuentran plenamente acreditados los daños antijurídicos sufridos por los demandantes, en tanto la muerte del señor Darío Alberto Mejía Buitrago en las condiciones que ocurrió, así como el desplazamiento forzado del cual fueron víctimas sus familiares (ahora demandantes) a raíz de ese hecho, configuran –como se verá– una vulneración grave, flagrante y sistemática de derechos humanos.

En efecto, a partir de los hechos probados a los que se hizo referencia anteriormente, la Sala puede concluir que:

i) La muerte del joven Darío Alberto Mejía Buitrago fue producida por miembros del Ejército Nacional con sus correspondientes armas de dotación.

De acuerdo con los hechos probados, en la comisión de la muerte del señor Mejía Buitrago, participaron directamente los miembros del grupo de contraguerrilla Corcel 1 del Grupo de Caballería del Grupo Mecanizado Nº 4 Juan del Corral, los cuales, para el momento de los hechos, se encontraban en servicio activo y en cumplimiento del mismo.

Ciertamente, el oficial encargado de la referida unidad militar señaló en el informe de los hechos que culminaron con la muerte del joven Mejía Buitrago, que los uniformados, cuando realizaban un patrullaje en desarrollo de la operación “Falange y Egipto” en la zona rural conocida como “El Entablado”, del municipio de Cocorná, sostuvieron un enfrentamiento con miembros de las FARC, hecho en el que fue dado de baja “un terrorista N.N.”, y que su cuerpo sin vida fue evacuado en helicóptero para ser conducido al Hospital del referido municipio, donde al día siguiente se le practicó el levantamiento del cadáver y la necropsia.

Ahora, si bien no son claras las circunstancias previas a la muerte del hoy occiso, dado que los testimonios de los señores Carlos Mario Gaviria Morales y Oscar Emel Aristizábal Pineda señalaron que el día de los hechos el señor Darío Alberto Mejía Buitrago fue sacado de su finca por varios hombres armados vestidos de civil y que horas después escuchó un tiroteo y aparecieron helicópteros en el lugar, lo cierto es que su cuerpo sin vida fue presentado por el referido grupo de militares en la morgue del hospital local al día siguiente, aduciendo que su muerte se produjo en combate con esos mismos miembros del Ejército Nacional.

ii) No se probó que hubiese existido combate o enfrentamiento alguno entre el Ejército Nacional y el joven Darío Alberto Mejía Buitrago en calidad de presunto integrante de las FARC.

La entidad demandada ha sostenido a lo largo del trámite de la presente acción que la muerte del joven Darío Alberto Mejía Buitrago se produjo por su propia culpa. Advierte la Sala que el hecho de la víctima, como causa extraña y exclusiva, impone para quien la alega la prueba de que se trató de un acontecimiento que le era imprevisible e irresistible, pues de no ser así se revela –respecto de la administración, que es la que en este caso la aduce– una falla del servicio en el entendido de que, teniendo un deber legal de hacerlo, no previno o resistió el suceso, pues, como lo advierte la doctrina, “sólo cuando el acontecimiento sobrevenido ha constituido un obstáculo insuperable para la ejecución de la obligación, deja la inejecución de comprometer la responsabilidad del deudor”(29).

Resalta la Sala que del examen detallado de las pruebas allegadas al expediente es posible concluir –y así lo anticipa– que no existe elemento alguno de convicción que permita tener por demostrado que la muerte de la víctima a la que se viene haciendo referencia hubiere obedecido o hubiere sido determinada por razón de su propia y exclusiva culpa, como lo sostiene la parte demandada.

En efecto, debe señalar la Sala que respecto del supuesto enfrentamiento armado que se habría producido –según el informe oficial– entre miembros de las FARC y el grupo de contraguerrilla, el referido Comandante de la unidad militar hizo referencia a que al cadáver de la citada persona se le encontró un fusil AK 47, así como municiones para ese tipo de arma, sin que hubiera especificado en qué momento y lugar fue encontrada el arma y por quién. Adicional a lo anterior, no se volvió a tener noticia alguna del paradero y/o de examen alguno que se hubiere practicado a dicha arma en el proceso que se adelantó.

Ciertamente, no se tiene noticia sobre la práctica de prueba de balística sobre su uso reciente, puesto que, sin duda, era necesario verificar, como mínimo, sí el fusil AK 47 calibre 7,62 había sido disparado últimamente. En ese sentido, encuentra la Sala que del análisis de los elementos de juicio que obran en el expediente no aparece que exista prueba que señale que el joven asesinado hubiera manipulado o accionado esa arma de fuego el día de los hechos en cuestión, toda vez que ninguna probanza se adelantó para determinar dicha circunstancia, pese a lo fundamental que resultaba para esclarecer la forma en la cual ocurrieron los hechos y, en especial, para la defensa de la demandada, la que arguyó que los militares habían actuado en legítima defensa frente a la agresión por parte del hoy occiso, lo cual configuraba “la culpa de la víctima”.

Todo lo anterior, impide a la Sala que se pueda llegar a deducir, con algún grado mínimo de certeza, que en verdad el hoy occiso hubiera disparado, ni mucho menos que hubiere portado dicho fusil o, de lo que resulta esencial, que hubiera representado peligro alguno para los uniformados cuando fue abatido, como afirmó la demandada para justificar el uso de las armas en su contra.

Acerca de la culpa de la víctima como causal de exoneración de responsabilidad extracontractual del Estado en casos de supuesta legítima defensa, la Sala que integra esta Sección del Consejo de Estado, tras reconocer su procedencia, ha sido rigurosa en resaltar que no puede constituirse en una explicación de última hora que encubra o legitime el abuso de la fuerza por parte de los agentes del Estado. Efectivamente, los elementos que configuran la legítima defensa deben estar acreditados de manera indubitable, de modo tal que aparezca claro que el uso de las armas era el único medio posible para repeler en ese momento la agresión o que no existía otro medio o procedimiento viable para la defensa; que, además, la respuesta armada se dirija exclusivamente a repeler el peligro, y que no constituya una reacción indiscriminada, en tanto debe existir coherencia de la defensa con la misión que legal y constitucionalmente se ha encomendado a la fuerza pública(30).

Todo lo considerado anteriormente, lleva a concluir a la Sala que resulta ausente de fundamento probatorio la causa extraña alegada por la demandada para oponerse a los pedimentos de la demanda, a pesar de aceptar que de manos de sus agentes se produjo la muerte del joven Mejía Buitrago.

Era a la entidad demandada –y es algo que no puede perderse de vista– a la que le correspondía demostrar –en este caso concreto–, mediante pruebas legal y regularmente traídas al proceso, la existencia de la causal de exoneración que adujo al dar contestación a la demanda, y ocurre que ninguna prueba tendiente a tal propósito trajo al proceso, ni pidió o buscó aportar. Se limitó su gestión en ese punto a la mera afirmación de unos hechos carentes de sustento probatorio como se deja visto.

Agréguese a todo lo anterior el hecho de que a pesar de que en varias oportunidades se le requirió al Ejército Nacional para que allegara la investigación disciplinaria que se adelantó por tales hechos, la demandada no cumplió con dicha orden, teniendo la facultad y el deber de hacerlo, pues de conformidad con lo prescrito por el artículo 29 del C.C.A., es deber legal de las autoridades administrativas recopilar y archivar los documentos relacionados con sus actuaciones, en expedientes que puedan ser consultados por cualquier persona y también es su deber expedir las copias y certificaciones que sean solicitadas sobre los mismos.

No consulta el principio de buena fe que la Justicia Militar omita remitir documentos públicos relacionados con sus actuaciones jurisdiccionales o impida que estos puedan ser aportados al proceso como prueba idónea para ser valorada, todo ello para evitar una condena en su contra. Esta práctica sencillamente podría llevar al juez a denegar las pretensiones de la demanda por falta de prueba, lo cual significaría un premio a la negligencia y desidia de la administración pública demandada que oculta u omite remitir documentos relevantes para resolver el litigio.

La administración de justicia no puede cohonestar la negligencia de las entidades demandadas y, por el contrario, está en el deber de acudir a todos aquellos elementos de juicio que le permitan llegar a la verdad de los hechos, para, de esta manera adoptar decisiones ajustadas a la ley, pero que también consulten los principios generales del derecho y la equidad, tal como lo dispone el artículo 230 constitucional.

En el asunto que se examina –reitera la Sala– la entidad pública demandada evadió en varias oportunidades el requerimiento realizado por el Tribunal a quo para que allegara el proceso penal adelantado por la muerte del señor Mejía Buitrago, de lo cual impone concluir que la institución demandada no cumplió con la carga probatoria que le impone el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, en punto a probar la causal eximente de responsabilidad en que fundó su defensa, según el cual “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”(31).

iii) El comportamiento del Ejército Nacional, una vez sucedió el hecho dañoso, no se ajustó a las normas jurídicas aplicables para el levantamiento de los cuerpos, conducta que no permitió contar con elementos probatorios idóneos que señalaran las circunstancias en que el occiso fue encontrado.

Tanto el referido informe oficial realizado por el Ejército Nacional, como los ya referidos declarantes en el proceso contencioso, señalaron que el día de los hechos un helicóptero militar trasladó el cuerpo del señor Mejía Buitrago a Rionegro y que, al día siguiente, su cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital de Cocorná, en donde se le realizó el levantamiento del cadáver y la necropsia.

Llama la atención la Sala en cuanto a que dicho levantamiento del cadáver, realizado en esas condiciones y un día después de su muerte, desconoció lo establecido en el artículo 290 del Código de Procedimiento Penal vigente al momento del hecho(32), el cual señalaba que la inspección del cadáver debía realizarse por autoridad competente en el mismo lugar en donde acaeciera la muerte, de manera que existiera inmediación del funcionario con la escena de los hechos. Ahora bien, la misma norma preveía que en caso que no fuere posible la presencia de funcionario instructor o de la policía judicial, la identificación del cuerpo debía realizarse por cualquier funcionario público o, inclusive, por un ciudadano, pero siempre en el mismo sitio del hecho. Así era el tenor de la norma:

“Artículo 290. Inspección de la escena. En los eventos de conductas punibles relacionadas con la vida e integridad personal o contra la libertad o formación sexuales, se ordenará de inmediato la protección de la escena. Ningún elemento físico podrá ser movido o modificado hasta tanto el funcionario judicial o quien haga sus veces, lo autorice.

Se procederá de inmediato a inspeccionar y documentar el lugar donde sucedieron los hechos, así como el sitio donde se encuentra el cadáver y cualquier otro donde se sospeche presencia de elementos materia de prueba.

El perito forense asignado por la entidad correspondiente, podrá inspeccionar el cadáver en la escena.

Enseguida se procederá a la recolección técnica y a la documentación de estos elementos.

El cadáver, los restos óseos y partes de cuerpo, así como la víctima de la agresión sexual y los elementos físicos materia de prueba, sin alteración, serán remitidos bajo cadena de custodia a la entidad encargada de su respectivo estudio.

“(…).

De ocurrir en lugar alejado, la diligencia de identificación del occiso, cuando no fuere posible la presencia del funcionario instructor, se hará por el servidor público que tenga funciones de policía judicial, de lo cual se levantará un acta que entregará a la autoridad competente.

No se inhumará ni se cremará el cadáver sin que se hayan realizado la correspondiente necropsia, el examen forense pertinente, y asegurado los elementos de prueba” (negrillas adicionales).

Así las cosas, la conducta seguida por el Ejército Nacional que no permitió garantizar la pureza de la escena del delito y optó por trasladar de inmediato del cuerpo a Rionegro, Antioquia, desconoció las obligaciones a su cargo en ese sentido y, por ende, esa omisión constituyó un obstáculo para el adecuado desarrollo de las investigaciones a que hubiera lugar, al punto que en el presente proceso, no existen probanzas que señalen precisa y objetivamente las condiciones en la que habría sido hallado el cuerpo, por lo que tampoco resulta dable aseverar que el hoy occiso hubiera fallecido en un combate con el Ejército Nacional.

iv) El señor Darío Alberto Mejía Buitrago no tenía vinculación con grupos subversivos, ni antecedente penal alguno. Era una persona que trabajaba con su familia en la agricultura.

Para ofrecer condiciones de contexto a las conclusiones a las que la Sala va llegando, resulta indispensable establecer en esta causa quién era la víctima, como sea que parte de la explicación dada por la demandada en cuanto a este aspecto apunta a señalar que se trataba de alguien que se había puesto por fuera de la ley, como que –según afirmó– pertenecía a un grupo subversivo y en el momento de su muerte estaría participando de un ataque a los miembros del Ejército.

Pues bien, lo que en este punto pone de presente la prueba recaudada, no es cosa diferente a que el joven Mejía Buitrago era un agricultor que gozaba de buen nombre en la región y que laboraba en el predio de su familia. En efecto, los testimonios de las personas que conocieron a Darío Alberto Mejía, coinciden en señalar que era una persona que se dedicaba a actividades agrícolas en la finca de su familia y que gozaba del respeto y aprecio de los habitantes de la región(33); asimismo, se tiene que en contra de la citada persona no se aportó ningún antecedente penal que diera cuenta de la comisión de actividades delictivas, razón por la cual, la Sala debe reconocer en su favor el derecho fundamental de la presunción de inocencia que lo ampara (art. 29 C.P.) y, concluir con base en ello, que el joven Mejía Buitrago era una persona ajena a las actividades ilícitas que se le imputaron después de ocurrida su muerte.

v) Se hizo pasar al señor Darío Alberto Mejía Buitrago como un subversivo dado de baja en combate con el Ejército Nacional.

Adicional a todo lo anterior, resulta necesario destacar que en el presente caso, se trasgredieron de forma grave los derechos a la honra y al buen nombre de la persona fallecida, habida cuenta que la víctima directa no solo perdió su vida a manos de los militares, sino que, además, como si fuera poco –cuando lo es todo–, se mancilló, la dignidad de la persona fallecida, al hacerla pasar ante la ciudadanía en general, pero específicamente ante sus conocidos, como delincuente, con lo cual se victimizó su memoria y se retorció la propia verdad de los hechos, verdad a la que tenían derecho los aquí demandantes. Nadie puede deshonrar la vida de una persona y la verdad y fue eso, sin eufemismo alguno, lo que en este caso ocurrió, pues así lo evidencian los hechos que se demostraron en este juicio(34). Al respecto, esta corporación, ha señalado:

“Al trato inhumano que algunos miembros de la fuerza pública le suelen dar a las personas que caen en sus manos se agrega un vicio reprochable que es el que se orienta a rendirle culto a LA MENTIRA. El delincuente no resulta ser el agresor, sino la víctima, a la cual se le presenta, en sociedad, post-morten, como el peor delincuente, atentando así contra el patrimonio espiritual que el finado le ha dejado a su familia, a su esposa, a sus hijos. De la MENTIRA ha dicho el escritor Jean Francois Revel, que es la primera de todas las fuerzas que dirigen el mundo. Por ello se impone una tarea educativa que forme a los integrantes de la policía nacional en el culto a la verdad, pues sólo así será posible predicar que sus miembros PIENSAN BIEN Y ACTUAN BIEN.

“Para casos con el temperamento del que se deja estudiado vienen bien las enseñanzas de BALMES: ‘Ciertos hombres tienen el talento de ver mucho en todo; pero les cabe la desgracia de ver todo lo que no hay, nada de lo que hay’ (El Criterio). Quede, pues, en claro que LA MENTIRA no es vía amplia para lograr la exoneración de responsabilidad del Estado, sino semilla fructífera sobre la cual se consolida con más fuerza de convicción la falla del servicio o el daño antijurídico”. (Mayúsculas en original)(35).

“Es una lástima, y también una tragedia nacional, que ciertas autoridades no se preocupen por rendirle culto a la verdad sino a la mentira, pues transitando por esta senda el país pierde confianza en sus instituciones. Las verdades a medias también perturban la recta administración de justicia, pues como lo recordaba Balmes, ellas se parecen a ‘... un espejo mal azogado, o colocado en tal disposición que, si bien nos muestra objetos reales, sin embargo, nos los ofrece demudados, alterando los tamaños y figuras’. (El Criterio. Diferentes modos de conocer la verdad)”(36).

Con tristeza ha de decir la Sala que no es la primera vez que se pone a consideración suya un caso como el presente en el que se encubren bajo la apariencia de muertos en combate, homicidios que obedecen a diversas circunstancias distintas a esa, hechos a los cuales se les ha dado periodísticamente la denominación genérica de “falsos positivos”, pero que en realidad constituyen típicas ejecuciones extrajudiciales y/o desapariciones forzosas.

vi) No hubo una investigación penal seria e imparcial en relación con las circunstancias y responsables de la muerte del señor Mejía Buitrago.

Ya antes se puso de relieve que nada, absolutamente nada diferente a la muerte misma del joven Mejía Buitrago se había probado ante esa instancia –y algo que es fundamental, que murió por obra de los disparos de armas oficiales–, pues lo otro, el informe o versión del oficial involucrado en los hechos, que se acogió como la verdad verdadera por parte del Ejército Nacional, sin que ningún elemento de juicio la sustentara y sin que hubiese afán de averiguar las circunstancias que pudieran servirle de apoyo, dado que no fueron esclarecidas en lo absoluto y que bien pueden configurarse como una ejecución extrajudicial y/o desaparición forzada, conductas éstas que implican una grave violación a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, las cuales de no ser investigadas y juzgadas por el Estado, podrán ser eventualmente objeto de conocimiento de la justicia internacional.

En relación con este punto, preocupa profundamente a la Sala el hecho de que a pesar de que en varias oportunidades se requirió al Ejército Nacional para que allegara la correspondiente investigación disciplinaria sobre estos hechos, esa orden impartida por el Tribunal de primera instancia no fue cumplida, lo cual, como se dijo antes, revela la intención de no esclarecer completamente las circunstancias en las que se habrían producido los hechos.

Ahora bien, en relación con las denominadas ejecuciones extrajudiciales, a título ilustrativo, se tiene el informe del 2010, en el que el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de las Naciones Unidas, afirmó(37):

“[Son] ejecuciones ilegales de civiles manipuladas por las fuerzas de seguridad para que parezcan bajas legítimas de guerrillero o delincuentes ocurridas en combate”. En ese sentido, la Comisión entiende que los casos de falsos positivos constituyen casos de ejecuciones extrajudiciales. Las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales perpetradas por miembros de la fuerza pública han sido materia de preocupación de la CIDH en sus informes anuales de los años 2006, 2007, 2008 y 2009(38). El esclarecimiento de estas denuncias y el seguimiento a las medidas adoptadas por el Estado a fin de juzgar a los responsables y prevenir incidentes futuros, sigue siendo materia de especial interés de la CIDH y de la Comunidad Internacional” (negrillas adicionales).

Recientemente, en 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer el Cuarto Informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia, y sobre las ejecuciones extrajudiciales expresó(39):

“La información disponible revela que los casos de ejecuciones extrajudiciales abarcan una serie de supuestos tales como: i) ejecución de miembros de la guerrilla fuera de combate; ii) ejecución de líderes comunitarios acusados de ser colaboradores; iii) transferencia de cuerpos de grupos paramilitares a unidades del Ejército; iv) ejecución de informantes y miembros desmovilizados para encubrir crímenes anteriores, negar vinculaciones y destruir evidencia; v) ejecución de personas que mantienen lazos con organizaciones criminales como resultado de alianzas y corrupciones; vi) ejecución de personas que fueron intencionalmente reclutadas o detenidas (personas vulnerables, personas con discapacidad, adictos, personas en situación de calle y con antecedentes criminales); y vii) ‘errores militares”’ encubiertos por la simulación de un combate” (negrillas adicionales).

Estos antecedentes establecidos por organismos internacionales revisten la mayor importancia para la Sala, ya que los daños ocasionados en operativos militares y policiales a las víctimas del conflicto armado por conductas censurables de agentes del Estado, como lo son la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados como bajas en combate, no guardan un vínculo “próximo y directo” con el servicio e implican una violación al derecho internacional de los derechos humanos y al DIH y, por ende, no pueden estar sometidos al conocimiento de la Justicia Penal Militar, la cual es una excepción en los Estados constitucionales, democráticos y de derecho(40). En consecuencia, los daños provenientes de estas conductas reprochables deben ser conocidos, juzgados y reparados por la jurisdicción ordinaria, antes de someter a las víctimas del conflicto armado a la fatigosa carga de reclamar una condena en los tribunales internacionales, amén de que dicha circunstancia deja mal librada a la administración de justicia colombiana y la muestra ante la comunidad internacional como una instancia carente de eficacia e idoneidad y de legitimidad social.

2.4. La prueba indiciaria en casos de violaciones graves de derechos humanos(41).

No resulta extraño, en modo alguno, que los jueces puedan llegar a encontrar acreditados los supuestos de hecho de una demanda por vía de medios probatorios indirectos, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que en esos casos se hace preciso. Sobre tal proceso de inferencia lógica la Corte Suprema de Justicia ha precisado que,

“El indicio es un medio de prueba crítico, lógico e indirecto, estructurado por el juzgador a partir de encontrar acreditado por otros medios autorizados por la ley, un hecho del cual razonadamente, y según las reglas de la experiencia, se infiera la existencia de otro hasta ahora desconocido que interesa al objeto del proceso, el cual puede recaer sobre los hechos, o sobre su agente, o sobre la manera como se realizaron, cuya importancia deviene de su conexión con otros acaecimientos fácticos que, estando debidamente demostrados y dentro de determinadas circunstancias, permite establecer, de modo más o menos probable, la realidad de lo acontecido”(42).

En similares términos, la jurisprudencia de esta Sección respecto de la prueba indiciaria ha precisado que,

“… en hechos en los que en principio no resulta posible identificar a sus autores materiales, la prueba indiciaria resulta idónea y única para determinar la responsabilidad, pues aquélla compagina elementos debidamente comprobados para arribar con ellos a la certeza de otros y así mismo endilgar responsabilidad a los inculpados.

“Se trata de un medio de prueba permitido que demanda la demostración del hecho indicador, para así tener como probado el inferido(43). En este escenario, la existencia de una serie de hechos acreditados por cualquiera de los medios probatorios previstos por la ley, estrechamente vinculados con el ilícito, conducen necesariamente a la imputación de la responsabilidad(44). Los indicios se constituyen en la prueba indirecta por excelencia, pues a partir de un hecho conocido y en virtud de una operación apoyada en las reglas de la lógica y en las máximas de la experiencia, se establece la existencia de un hecho desconocido”(45).

En casos similares a los analizados en el presente asunto, en los cuales se ha utilizado la prueba y/o razonamiento indiciario para derivar responsabilidad al Estado por la ejecución extrajudicial de personas, la jurisprudencia de esta Sección ha discurrido de la siguiente forma:

“… La muerte de los señores Jorge de Jesús Quintero Zapata y Yon (sic) Jairo Quintero Olarte fue una ejecución extrajudicial, causada por agentes de la Policía Nacional (hecho indicado). Esa conclusión se impone dada la fuerza y contundencia de los hechos indicadores los cuales llevan a la lógica conclusión de que en la muerte de los señores Jorge de Jesús Quintero Zapata y Yon Jairo Quintero Olarte, tuvieron participación activa miembros de la Policía Nacional, en el marco de una serie de ejecuciones extrajudiciales que se llevaron a cabo en el municipio de Yarumal a partir del mes de junio de 1993.

“En efecto, resalta la Sala que si bien el material probatorio analizado es escaso, el mismo resulta suficiente para tener como ciertos los hechos que indican la conclusión a la que ha arribado la Sala, los cuales en síntesis son: (i) los homicidios selectivos que desde junio de 1993 se presentaban en el municipio de Yarumal, Antioquia, acerca de los cuales la comunidad acusaba a miembros del Ejército y de la Policía Nacional como partícipes; (ii) las vainillas recuperadas en la diligencia de levantamiento de los cadáveres de los señores Jorge de Jesús Quintero Zapata y Yon Jairo Quintero Olarte, fueron percutidas en el fusil Galil asignado al Teniente Juan Carlos Meneses Quintero, en calidad de comandante de la Estación de Policía de Yarumal y, (iii) en el proceso disciplinario que adelantó el Ministerio Público, por la situación de ‘limpieza social’ que se presentó en Yarumal, se concluyó que existía el suficiente material probatorio para responsabilizar por tales hechos, catalogados como ejecuciones extrajudiciales, a los agentes investigados.

“Demostrado indiciariamente que la muerte de los señores Jorge de Jesús Quintero Zapata y Yon Jairo Quintero Olarte fue producto de una ejecución extrajudicial en la que participaron miembros de la Policía Nacional, quienes de forma activa colaboraban con un grupo de ‘limpieza social’ que operaba en el municipio de Yarumal desde junio de 1993, resulta comprometida la responsabilidad patrimonial de la entidad demandada, a la cual se le imputa el daño sufrido por los miembros de la parte actora, a título de falla del servicio”(46).

Por su parte, la Corte Constitucional, en Sentencia C-578/02, a través de la cual analizó la exequibilidad del Estatuto de Roma, reconoció que “[l]a connotación de estos hechos implica que no se pueden investigar aisladamente, sino que se hace necesario hacer una revisión generalizada y contextualizada de dichos actos, pues precisamente esto es lo que singulariza a los delitos de lesa humanidad”(47).

En similar sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto de la prueba indiciaria en casos de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos, ha precisado que cada caso debe analizarse dentro del contexto en que se produjeron tales vulneraciones, razón por la cual, “[e]l análisis de los hechos ocurridos no puede aislarse del medio en el que dichos hechos ocurrieron, ni se puede determinar las consecuencias jurídicas en el vacío propio de la descontextualización(48) (subrayado fuera de texto).

2.5. Declaratoria de la responsabilidad agravada del Estado en el presente caso.

Con fundamento en los referidos hechos indicadores y teniendo en cuenta los requisitos y elementos de la prueba o razonamiento indiciario que se dejaron esbozados, forzoso resulta concluir para la Sala que en el caso concreto se configuró una grave falla en el servicio imputable al Ejército Nacional, comoquiera que las circunstancias que rodearon la muerte del joven Darío Alberto Mejía Buitrago ponen de presente un actuar que resulta desde todo punto de vista arbitrario y antijurídico, pues se ultimó a un ciudadano que no se halla demostrado que ofreciera peligro alguno para el grupo de militares que ocasionó su muerte, amén de que ese lamentable hecho no ha sido debidamente investigado y juzgado por las autoridades judiciales competentes.

Todo lo anterior permite a la Sala concluir que el fallecimiento del señor Darío Mejía Buitrago se enmarca dentro del fenómeno denominado por los medios de comunicación como “falso positivo”, pero que, desde el punto de vista jurídico corresponde con lo que técnicamente se designa como ejecución extrajudicial u homicidio en persona protegida; en efecto, el homicidio en persona protegida se encuentra tipificado en Colombia en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal) de la siguiente manera:

“El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, ocasione la muerte de persona protegida conforme a los Convenios Internacionales sobre Derecho Humanitario ratificados por Colombia, incurrirá en prisión de treinta (30) a cuarenta (40) años”.

“… PARÁGRAFO. Para los efectos de este artículo y las demás normas del presente título se entiende por personas protegidas conforme al derecho internacional humanitario:

1. Los integrantes de la población civil.

2. Las personas que no participan en hostilidades y los civiles en poder de la parte adversa.

3. Los heridos, enfermos o náufragos puestos fuera de combate.

“(…)” (negrillas adicionales).

En cuanto tiene que ver con el concepto de ejecución extrajudicial de personas, según la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se configura bajo el siguiente tenor (se transcribe de forma literal):

Norma básica 9. (…). El concepto de ejecución extrajudicial se compone de varios elementos importantes: es un acto deliberado, no accidental, infringe leyes nacionales como las que prohíben el asesinato, o las normas internacionales que prohíben la privación arbitraria de la vida, o ambas. Su carácter extrajudicial es lo que la distingue de: - un homicidio justificado en defensa propia, - una muerte causada por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que han empleado la fuerza con arreglo a las normas internacionales, - un homicidio en una situación de conflicto armado que no esté prohibido por el derecho internacional humanitario. (…).

En lo referente al homicidio perpetrado por agentes del Estado colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad, es de precisar que esta conducta se identifica con lo que en el derecho internacional de los derechos humanos recibe el nombre de ejecución extrajudicial.

Hay ejecución extrajudicial cuando individuos cuya actuación compromete la responsabilidad internacional del Estado matan a una persona en acto que representa los rasgos característicos de una privación ilegítima de la vida. Por lo tanto, para que con rigor pueda hablarse de este crimen internacional la muerte de la víctima ha de ser deliberada e injustificada. La ejecución extrajudicial debe distinguirse, pues, de los homicidios cometidos por los servidores públicos que mataron: a. Por imprudencia, impericia, negligencia o violación del reglamento. b. En legítima defensa. c. En combate dentro de un conflicto armado. d. Al hacer uso racional, necesario y proporcionado de la fuerza como encargados de hacer cumplir la ley”(49) (negrillas adicionales).

Por otra parte, de conformidad con la certificación expedida por el personero municipal de Cocorná y con base en los testimonios de los señores Oscar Emel Aristizábal Pineda, Carlos Mario Gaviria Morales, Fabiola del Socorro Gómez Villegas, María Edelmira Carmona y Claudia Patricia Mejía Buitrago, se tiene demostrado que las señoras Blanca Oliva Buitrago Gómez, María Aleida Mejía Buitrago y los menores Estefanía Mejía Buitrago y Jorge Alejandro Mejía Buitrago fueron desplazados forzadamente de su hogar a raíz de la muerte del joven Darío Mejía Buitrago(50).

En el ordenamiento jurídico interno, el legislador colombiano expidió la Ley 387 de 1997, mediante la cual “… se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia”. En esa normatividad se define desplazado como “toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público”(51).

Según uno de los principios consagrados en dicha ley, los colombianos tienen derecho a “no ser desplazados forzadamente”(52) y, de manera correlativa, en el Derecho Internacional Humanitario, el artículo 17 del Protocolo II Adicional a los convenios de Ginebra suscrito el 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional(53), prohíbe el desplazamiento forzado de la siguiente manera:

“1. No se podrá ordenar el desplazamiento de la población civil por razones relacionadas con el conflicto, a no ser que así lo exijan la seguridad de las personas civiles o razones militares imperiosas.

2. No se podrá forzar a las personas civiles a abandonar su propio territorio por razones relacionadas con el conflicto”.

Para el caso sub examine, se tiene que los señores Blanca Oliva Buitrago Gómez, María Aleida Mejía Buitrago y los menores Estefanía Mejía Buitrago y Jorge Alejandro Mejía Buitrago como consecuencia de la ejecución extrajudicial del señor Darío Mejía Buitrago ocurrida el 28 de enero de 2006 en la zona rural del municipio de Cocorná, Antioquia, donde ellos residían, se vieron obligados a desplazarse forzadamente(54), dado que su vida, su integridad, su seguridad y su libertad personal fueron gravemente amenazadas, circunstancia que lleva, también, a que ese ese hecho deba calificarse por parte de la Sala como una vulneración grave, múltiple y sistemática de derechos humanos, lo cual impone a la Sala el deber de declarar la responsabilidad agravada del Estado en este caso.

En efecto, mediante sentencia proferida el 27 de abril de 2016(55), la Sala que integra esta Subsección del Consejo de Estado precisó que, en aquellos casos sometidos al conocimiento del juez contencioso administrativo, en los cuales se encuentren configuradas violaciones graves o sistemáticas a derechos humanos o al derecho internacional humanitario, específicamente, delitos de lesa humanidad(56) y crímenes de guerra(57), resulta procedente –y en los términos de la Convención Americana, obligada– la declaratoria de la “responsabilidad agravada del estado”, habida consideración de la naturaleza de las normas imperativas de ius cogens vulneradas(58), amén de que la Corte IDH ha realizado un desarrollo jurisprudencial en tal sentido que viene a ser vinculante para los jueces colombianos(59).

En relación con el contenido y alcance del concepto de responsabilidad agravada del Estado, la Sala en sentencia del 27 de abril de 2016, precisó:

“El juez de lo contencioso administrativo es, a su vez, juez de convencionalidad en el ordenamiento interno, es decir un juez que integra la normatividad interna con los estándares y reglas de protección del SIDH y que, por lo mismo, tiene como deber no sólo verificar el cumplimiento de las obligaciones internacionales de respeto y garantía de los derechos humanos por parte de las autoridades públicas internas, sino, también, fundamentar, a partir de esa clase de normas supraconstitucionales, el juicio de responsabilidad estatal, cuando se produzca un daño antijurídico derivado de la vulneración grave y sistemática de derechos humanos.

“(…) En línea con el anterior razonamiento, viene a ser claro que en un determinado caso, en el cual se acredite violaciones graves a derechos humanos que impliquen la infracción flagrante y sistemática de normas ius cogens, (delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra), los jueces colombianos pueden y deben, por una parte, llevar a cabo un análisis de convencionalidad sobre la conducta del Estado, de lo cual se podría concluir por un lado, un quebrantamiento normativo internacional, y por otro lado, tienen la posibilidad de declarar en esos eventos –al igual que lo ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos–, la configuración de la responsabilidad internacional agravada.

En este punto, la Sala estima necesario precisar a efecto de resaltar que no en todo caso de violación de derechos humanos viene a ser procedente una declaración como la que acaba de indicarse, toda vez que una declaratoria de responsabilidad de esa índole sólo resulta procedente en aquellos casos en los cuales concurran los siguientes elementos:

— Que las acciones/omisiones que hayan generado el daño constituyan violaciones graves o flagrantes de normas imperativas de derecho internacional de ius cogens, específicamente, delitos de lesa humanidad y/o crímenes de guerra y;

— Que tales violaciones sean atribuibles o imputables, según las normas del derecho interno e internacional, al Estado colombiano”(60).

Con fundamento en todo lo anterior, se hace imperiosa la modificación de la sentencia de primera instancia para, en su lugar, declarar la responsabilidad agravada del Estado colombiano, representado por el Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, dada la violación grave de derechos humanos y del derecho internacional humanitario en perjuicio de las víctimas del presente asunto, pues tal y como quedó acreditado en este caso, miembros del Ejército Nacional, sin justificación alguna, dieron muerte al señor Darío Alberto Mejía Buitrago, hecho que constituyó un homicidio en persona protegida o ejecución extrajudicial, al tiempo que, como consecuencia de ese hecho, sus familiares tuvieron que desplazarse forzadamente de su lugar de residencia.

2.6. Reparación integral del daño antijurídico.

2.6.1. Perjuicios morales por la muerte del señor Darío Alberto Mejía Buitrago.

En relación con los perjuicios morales a favor de la compañera permanente de la víctima directa, Yeny Marcela Gómez Castro, según se indicó, en la sentencia de primera instancia le fue denegado dicho reconocimiento indemnizatorio, por cuanto, para la fecha de los hechos, era menor de edad. Agregó el a quo que “dichas uniones [con una menor de edad] no están válidamente consagradas en la ley”.

La parte actora, en su recurso de apelación, manifestó sobre dicha negativa que “si bien para el momento en que la menor Yeny Marcela para la época en que comenzó a vivir con el señor Darío Alberto Mejía era una menor de 14 años, lo que debe tenerse presente es que para la fecha en que su compañero permanente fue asesinado, ella ya contaba con 14 años y 7 meses de edad, es decir ya había superado la edad mínima que la legislación establecía como delito”, de lo cual deduce que dicha relación no tenía impedimento alguno.

Ahora bien, según ponen de presente los registros civiles de nacimiento aportados al proceso(61), para el día de su óbito, el señor David Mejía Buitrago contaba con 19 años y 5 meses de edad, y Yeny Marcela Gómez Castro con 14 años y 7 meses.

De otra parte, los testimonios de los señores Carlos Mario Gaviria Morales, Oscar Emel Aristizábal Pineda, Fabiola del Socorro Gómez Villegas, María Edelmira Gallego Carmona, Claudia Patricia Mejía Buitrago y José Abelardo Aristizábal Pineda(62), coinciden en manifestar que la menor Yeny Marcela Gómez Castro y el señor Darío Alberto Buitrago mantenían una relación sentimental desde hacía varios meses y que convivían en la casa de este último, al tiempo que señalaron que su fallecimiento produjo un profundo sufrimiento moral en ella.

En este sentido, debe precisarse que el hecho de que la entonces menor de edad Yeny Marcela Gómez Castro, hubiera contado con 14 años y 7 meses para el momento en que se produjo la muerte de su compañero permanente Darío Mejía Buitrago, no es óbice para que se pueda acceder a dicho reconocimiento de perjuicios, dado que en el proceso obra prueba que da cuenta del profundo grado de aflicción que le produjo la muerte de su ser querido en las circunstancias establecidas en esta sentencia, por manera que negar dicho reconocimiento de perjuicios implicaría una doble victimización y entrañaría el desconocimiento de los valores, principios y fines que tanto los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos como la propia Constitución consagran, abandonar la búsqueda de una sociedad justa, respetuosa de la dignidad humana y de la protección a la familia, así como implicaría desconocer las normas constitucionales que prohíben la discriminación de la mujer y que disponen su especial protección (arts. 43 y 53).

Ahora bien, teniendo en cuenta que la valoración de dichos perjuicios debe ser hecha por el juzgador, en cada caso concreto, según su prudente juicio, en el presente asunto se considera que la ejecución extrajudicial del señor Darío Alberto Mejía Buitrago, así como el hecho de que se lo hubiera hecho pasar como subversivo muerto en combate, evidencian el profundo padecimiento moral que padecieron sus familiares, dada la crueldad y barbarie de los hechos, lo cual permite inferir una grave afectación moral, razón por la cual se impone acceder al reconocimiento de una indemnización equivalente a 100 SMLMV, monto que de acuerdo con la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, es el valor reconocido en caso de muerte de personas(63).

No se hará pronunciamiento alguno respecto del reconocimiento indemnizatorio por concepto de perjuicios morales respecto de los demás demandantes, dado que ese aspecto no fue cuestionado por ninguna de las partes, por lo que ese es un aspecto de la litis que quedó consolidado con la sentencia de primera instancia.

2.6.2. Perjuicios morales por el desplazamiento forzado de los demandantes.

Respecto de la prueba del daño moral padecido por las víctimas del desplazamiento forzado, la Sala de esta Sección ha manifestado que constituye un hecho notorio que el desplazamiento forzado produce daño moral a quienes lo padecen, por lo cual no es necesario acreditar el dolor, la angustia y la desolación que sufren quienes se ven obligados a emigrar del sitio que han elegido como residencia o asiento de su actividad económica. En ese sentido se ha precisado que “[q]uienes se desplazan forzadamente experimentan, sin ninguna duda, un gran sufrimiento, por la vulneración múltiple, masiva y continua de los derechos fundamentales, como lo ha señalado reiteradamente la Corte Constitucional”(64).

En efecto, cuando una persona bajo amenazas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, sometida a múltiples atropellos, humillaciones y vejámenes se ve impelida a abandonar sorpresivamente el lugar donde reside de manera habitual, donde tiene asiento en ese momento su vida, donde el afectado y su familia desarrollan sus respectivos proyectos de vida, donde echan raíces las personas que integran una determinada comunidad –grande, mediana o pequeña–, resulta evidente que quien padece esa atroz circunstancia, sufre un profundo estado de miedo, angustia e impotencia, lo cual deviene en un grave perjuicio moral(65).

Ahora bien, a pesar de que en la demanda no se solicitó indemnización de perjuicios morales por el desplazamiento forzado, la jurisprudencia de esta Sección ha reiterado que en virtud de la aplicación del principio de reparación integral, y en lo consagrado en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, debe ceder el fundamento procesal del principio de congruencia o, incluso, de la “no reformatio in pejus”, ante la primacía del principio sustancial de la “restitutio in integrum”(66), máxime cuando se acredite –como en este caso–, la afectación grave a derechos humanos y la consiguiente declaratoria de responsabilidad agravada del Estado.

Sobre el principio de reparación integral frente a las reglas procesales, la jurisprudencia de esta Sección ha precisado lo siguiente:

“… En torno a los alcances del principio de reparación integral en su aplicación judicial se pueden extraer las siguientes conclusiones: i) prevalece sobre otros principios, específicamente sobre aquellos de tipo procesal como el de congruencia, sin que ello suponga una alteración al principio constitucional al debido proceso; ii) si se trata de apelante único, el principio de la no reformatio in pejus debe ceder ante la reparación integral. En otros términos, el juez de segunda instancia puede hacer más gravosa la situación del apelante único condenado en la primera instancia, en los procesos de violación a derechos humanos, iii) el fundamento de esta serie de conclusiones se encuentra en el artículo 93 de la Carta Política Colombiana que establece la prevalencia de los convenios, tratados y protocolos relativos a derechos humanos en el orden jurídico interno, lo cual significa que integran el bloque de constitucionalidad, y iv) en asuntos en los cuales se juzgue la responsabilidad del Estado, derivada de la violación a los derechos humanos, es imperativo en primera medida, por parte del funcionario judicial, garantizar la restitutio in integrum del daño y, en caso de que ésta se torne imposible, decretar las medidas pecuniarias y no pecuniarias que sean necesarias para reversar los efectos del daño.”(67) (Subrayas adicionales).

Así, pues, ante la imposibilidad de garantizar la restitutio in integrum del daño, el juez de lo contencioso administrativo, en aquellos casos de afectación grave a derechos humanos, atendiendo las particularidades de cada caso en concreto, puede decretar las medidas pecuniarias y no pecuniarias que sean necesarias para la consecución de la reparación integral del daño(68).

De acuerdo con lo anterior, para el caso concreto, se tiene que ante la imposibilidad de reparar los derechos de las víctimas de desplazamiento con medidas no pecuniarias, resulta viable el reconocimiento de una indemnización equivalente al valor de cien (100) SMLMV a favor de Blanca Oliva Buitrago Gómez, María Aleida Mejía Buitrago, Jorge Alejandro Mejía Buitrago y Estefanía Mejía Buitrago, puesto que de acuerdo con el certificado expedido por la personería municipal de Cocorná, Antioquia(69) y con los testimonios de los señores Oscar Emel Aristizábal Pineda, Carlos Mario Gaviria Morales, Fabiola del Socorro Gómez Villegas, María Edelmira Carmona y Claudia Patricia Mejía Buitrago, dada su condición de víctimas del desplazamiento forzado, con las graves implicaciones que dicha circunstancia acarrea.

Finalmente, debe señalarse que en relación con los perjuicios morales por desplazamiento forzado respecto de los demás demandantes, no serán reconocidos, toda vez que no se encuentra en el expediente prueba alguna que permita acreditar su condición de desplazamiento, amén de que no obran en el proceso testimonios, documentos o algún otro medio de prueba que permita suponer que tales demandantes hubieren sufrido dicho perjuicio, hecho que correspondía acreditar exclusivamente a la parte actora.

2.6.3. Perjuicios por violación a bienes o intereses constitucional y convencionalmente afectados.

Tal y como se dejó establecido en el capítulo precedente de esta sentencia, como consecuencia de la muerte violenta del señor Darío Alberto Mejía Buitrago, los referidos demandantes se vieron obligados a abandonar forzadamente su hogar y sus cultivos, lo cual significó la afectación grave, múltiple y continua de sus derechos fundamentales.

En efecto, en la Sentencia T-025 de 2004(70) se destacaron los principales derechos fundamentales que resultan amenazados o vulnerados por las situaciones de desplazamiento forzoso, como son: i) el derecho a la vida en condiciones de dignidad; ii) los derechos de los niños, de las mujeres cabeza de familia, de los discapacitados y de las personas de tercera edad y de otros grupos especialmente protegidos; iii) el derecho a escoger el lugar de domicilio; iv) el derecho al libre desarrollo de la personalidad; v) la libertad de expresión; vi) la libertad de asociación; vii) los derechos económicos, sociales y culturales; viii) el derecho a la unidad familiar y a la protección integral de la familia; ix) el derecho a la salud; x) el derecho a la integridad personal; xi) el derecho a la seguridad personal, “puesto que el desplazamiento conlleva riesgos específicos, individualizables, concretos, presentes, importantes, serios, claros y discernibles, excepcionales y desproporcionados”; xii) la libertad de circulación por el territorio nacional y xiii) el derecho a permanecer en el sitio escogido para vivir; xiv) el derecho al trabajo y la libertad de escoger profesión u oficio; xv) el derecho a una alimentación mínima; xvi) el derecho a la educación; xvii) el derecho a una vivienda digna “puesto que las personas en condiciones de desplazamiento tienen que abandonar sus propios hogares o lugares habituales de residencia y someterse a condiciones inapropiadas de alojamiento en los lugares hacia donde se desplazan, cuando pueden conseguirlas y no tienen que vivir a la intemperie”; xviii) el derecho a la paz, “cuyo núcleo esencial abarca la garantía personal de no sufrir, en lo posible, los efectos de la guerra, y mucho menos cuando el conflicto desborda los cauces trazados por el derecho internacional humanitario, en particular la prohibición de dirigir ataques contra la población civil” y xix) el derecho a la igualdad.

Así las cosas, la Sala, en aplicación del principio de reparación integral, y en lo consagrado en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, decretará unas medidas de carácter pecuniario –indemnización– y no pecuniario, para resarcir o restablecer los bienes constitucionales afectados con ocasión de la falla del servicio que produjo el daño que originó la presente acción, teniendo en cuenta que, como se dijo, debe ceder el fundamento procesal del principio de congruencia o, incluso, de la “no reformatio in pejus”, ante la primacía del principio sustancial de la “restitutio in integrum”, máxime cuando se establece la responsabilidad agravada del Estado como consecuencia de violaciones graves a derechos humanos.

Ciertamente, en cuanto hace a las consecuencias de dicha declaratoria de responsabilidad agravada del Estado, la referida sentencia del 27 de abril de 2016(71) precisó que lo que se pretende mediante dicha declaratoria de responsabilidad agravada –además de realizar un juicio de reproche más severo al actuar del Estado en esos casos de vulneración a normas ius cogens–, es permitirle al juez de la administración la adopción de medidas de reparación integral del daño antijurídico, ello con el fin de garantizar que tales conductas constitutivas de vulneraciones graves a derechos humanos o al derecho internacional humanitario no se vuelvan a producir. Así lo señaló la Sala:

“… Así las cosas, siempre que se produzca la declaratoria de la responsabilidad agravada del Estado, se deberá otorgar, además de las indemnizaciones correspondientes en cada caso, una indemnización adicional por concepto de daño a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados a favor de las víctimas en cada caso, así como también se deberán adoptar medidas de reparación integral que resulten pertinentes y necesarias, dado que las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición, tienen efectos expansivos y universales, es decir, no solamente están destinadas a tener incidencia concreta en la víctima y su núcleo familiar cercano, sino a todos los afectados y a incidir más allá de las fronteras del proceso: a la sociedad en su conjunto y al Estado, amén de propender porque dichas conductas lesivas no se vuelvan a producir, es decir, que se propende por su no repetición”.

En cuanto al reconocimiento indemnizatorio por dicho perjuicio inmaterial, la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014 precisó que podrá otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa del daño antijurídico, mediante el establecimiento de una medida pecuniaria de hasta 100 SMLMV, si fuere el caso(72).

Así las cosas, comoquiera que en el presente caso –según se indicó–, como consecuencia del desplazamiento forzado de que fueron víctimas Blanca Oliva Buitrago Gómez, María Aleida Mejía Buitrago, Jorge Alejandro Mejía Buitrago y Estefanía Mejía Buitrago, se vulneraron de forma múltiple y masiva sus derechos humanos a la vida, integridad, libertad personal, seguridad, entre otros, se impone la necesidad de reconocer una indemnización a su favor equivalente a 70 SMLMV a favor de cada uno de ellos. Sin embargo se denegará dicho perjuicio respecto de los demás demandantes, dado que no acreditaron dicha condición de desplazados.

2.6.4. Medidas de reparación integral no pecuniarias.

Tal y como se consideró anteriormente, una violación grave a derechos humanos –como la que se presentó en el sub examine–, trasciende la esfera individual y subjetiva del titular de tales derechos, razón por la cual es preciso disponer, además de las medidas indemnizatorias, otras acciones adicionales de protección, dirigidas a mejorar la prestación del servicio estatal respectivo, dado que tales medidas contienen un plano axiológico u objetivo que está dirigido o encaminado a impedir que dichas transgresiones se vuelvan a producir.

En el caso concreto, según se probó, el joven Darío Alberto Mejía Buitrago fue víctima de una ejecución extrajudicial por parte de miembros del Ejército Nacional, todo lo cual deviene en una grave violación de Derechos Humanos, lo cual afectó, de manera substancial, la dimensión objetiva de tales derechos, razón por la cual en la parte resolutiva del fallo se dispondrá la adopción de las siguientes medidas:

i) El Ministerio de Defensa - Ejército Nacional publicará en un periódico de amplia circulación local en el departamento de Antioquia y específicamente en el municipio de Cocorná, si existiere, una nota de prensa con base en las consideraciones de esta sentencia, con el fin de que se rectifique la verdadera identidad de la víctima directa. Dicho escrito deberá informar que la muerte del señor Darío Alberto Mejía Buitrago no ocurrió como consecuencia de un combate entre soldados del Ejército Nacional y las FARC, sino que fue ejecutado extrajudicialmente por actos perpetrados por los efectivos militares destacados en la zona rural de Cocorná el 28 de enero de 2006.

ii) El Ministerio de Defensa Nacional establecerá un link con un encabezado apropiado en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia. La entidad demandada, en el término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria de este fallo, subirá a la red el archivo que contenga esta decisión y mantendrá el acceso al público del respectivo vínculo durante un período de seis (6) meses que se contarán desde la fecha en que se realice la respectiva carga de la información en la página web de esa institución.

iii) De conformidad con la Ley 1448 de 2011(73) –mediante la cual se dictaron medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno–, y teniendo en consideración que en el presente caso se infringieron obligaciones convencionales de protección de los derechos humanos, se enviará al Director del Centro Nacional de Memoria Histórica y del Archivo General de la Nación, copia de la presente sentencia con el fin de que haga parte de su registro, y contribuya a la construcción documental del país que busca preservar la memoria de la violencia generada por el conflicto armado interno en Colombia.

iv) Oficiar a la Fiscalía General de la Nación, para que, sin perjuicio de su autonomía institucional, inicie las respectivas investigaciones dirigidas a esclarecer la responsabilidad penal y los presuntos responsables de los hechos ocurridos el día 28 de enero de 2006, en la zona rural del municipio de Cocorná, Antioquia, en los cuales resultó muerto el señor Darío Alberto Mejía Buitrago, puesto que se trata de una grave violación tanto de los Derechos Humanos, como del Derecho Internacional Humanitario. La instrucción respectiva deberá comprender, de igual manera, cualquier tipo de responsabilidad derivada de la omisión.

Para los señalados efectos, por Secretaría de la corporación, remítase copia auténtica e integral de la presente providencia con destino a la Fiscalía General de la Nación.

De abrirse investigación, los familiares de las víctimas deberán ser citados al proceso, con el fin de que tengan pleno conocimiento sobre la verdad de los hechos ocurridos el día 28 de enero de 2006, en el municipio de Cocorná, Antioquia.

v) Se remitirá copia de esta sentencia con destino a la Procuraduría General de la Nación para que, en atención al artículo 24 del Decreto 262 de 2000, vigile el cumplimiento de lo aquí resuelto.

2.6.5. Perjuicios materiales:

Daño emergente:

Comoquiera que la decisión sobre los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente no fue objeto de cuestionamiento alguno por las partes, la Sala no efectuará pronunciamiento alguno al respecto, salvo lo atinente a la actualización de la condena impuesta en primera instancia por ese rubro. Entonces:

Ind. final -febrero 2017- (136.121)

RA = $ 835.415 VH ------------------------------------------------

Ind. inicial -nov. 2013- (113.68)

RA = $1’000.330.

Lucro cesante:

Respecto de la solicitud de indemnización de perjuicios correspondiente al lucro cesante a favor de los demandantes, se tiene que la sentencia de primera instancia accedió al reconocimiento de dicho rubro a favor de la madre de la víctima directa, señora Blanca Olivia Buitrago Gómez, pero lo denegó frente a los demás demandantes; por su parte, la parte actora en su impugnación solicitó que se indemnizaran a todos los demandantes, dado que el hoy occiso proveía el mantenimiento de toda la familia.

Ahora bien, según los testimonios de los señores Carlos Mario Gaviria Morales, Oscar Emel Aristizabal Pineda, Fabiola del Socorro Gómez Villegas, María Edelmira Gallego Carmona, Claudia Patricia Mejía Buitrago y José Abelardo Aristizábal Pineda(74), el hoy occiso convivía en su casa con su madre, sus hermanos, sobrinos y con su compañera permanente, y se dedicaba a labores agrícolas en la finca de propiedad de su madre, producto de la cual ayudaba económicamente con el sostenimiento de su hogar.

De acuerdo con jurisprudencia reiterada de esta Sección, el reconocimiento de indemnización por lucro cesante resulta procedente para aquellas personas que comprueben que dependen económicamente de la persona fallecida, asimismo, se ha establecido la presunción de que los padres reciben ayuda económica de los hijos hasta que cumplan 25 años de edad, los hijos a su turno, son dependientes de sus padres hasta que cumplan 25 años de edad y, por último, los cónyuges y compañeros permanentes son dependientes por la vida probable de uno de ellos.

En este caso, comoquiera que mediante esta sentencia se reconoce la calidad de compañera permanente a favor de Yeny Marcela Gómez Castro y, teniendo en cuenta que el hoy occiso convivía con su compañera permanente, con su madre y sus hermanos, para la Sala resulta procedente el reconocimiento de dicho rubro, únicamente, en favor de su madre y de su compañera permanente, pues no hay prueba de la relación de dependencia económica con sus hermanos y sobrinos, amén de que toda la familia se dedicaba a labores agrícolas.

De conformidad con lo anterior, procederá la Sala a realizar la liquidación de dicha indemnización a favor de su compañera permanente, Yeny Marcela Gómez Castro, y a favor de su madre, pero frente a ésta última sólo hasta que el hoy occiso hubiera cumplido 25 años, pues se ha entendido que a partir de esa edad, los hijos conforman un nuevo hogar lejos de sus padres. Entonces:

Ingresos de la víctima al momento de su muerte: $408.000(75)

Expectativa de vida total de la víctima: 60.0 años (720 meses)(76)

Período consolidado: 132,83 meses

Período futuro: 587,17 meses

Índice final: febrero 2017 -último conocido- (136,12)

Índice inicial: enero 2006(77): 75.56

Actualización de la base:

ind final (136.12)

RA = $ 332.000 VH ------------------------------

ind inicial (84.55)

RA = $ 650.290, que por ser inferior al salario mínimo legal mensual que rige para el año 2016 ($ 717.737), se tomará éste último para la liquidación. Adicionalmente, el mismo será adicionado en un 25% por concepto de prestaciones sociales ($922.146). No obstante, se descontará el 25% por gastos personales, lo cual arroja el resultado de: $691.609; sin embargo, dicho monto será repartido en un 50% para la compañera permanente (345.804) y el otro 50% para su madre (345.804).

Lucro cesante para Yeny Marcela Gómez Castro (compañera permanente): 

Consolidado: Desde la fecha de la muerte del señor Darío Mejía Buitrago (enero de 2006) hasta la fecha de esta sentencia (febrero de 2017), esto es 132 meses, aplicando la siguiente fórmula:

Ra = $ 345.804; I = Interés puro o técnico: 0.004867

(1+i)n -1

S = VA ----------------

i

(1.004867)132,83-1

S = VA ----------------------------

0.004867

S = $ 345.804 x 186,115

S = $ 64’359.612

Futuro: Por el resto del período de vida probable de la víctima, esto es 588 meses, aplicando la siguiente fórmula:

(1+0.004867)n-1

S = VA ---------------------------

i (1+0.004867)n

(1.004867)587,17- 1

S = VA ---------------------------

i (1.004867)587,17

16.302

S = VA --------------

0.0842

 

S = $ 345.804 X 193,610

S = $ 66’951.268

Total perjuicios materiales para Yeny Marcela Gómez Castro: ciento treinta y un millones trescientos diez mil ochocientos ochenta pesos ($131’310.880).

Lucro cesante para Blanca Olivia Buitrago Gómez (madre): 

Comoquiera que la decisión sobre los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente no fue objeto de cuestionamiento alguno por las partes, la Sala no efectuará pronunciamiento alguno al respecto, salvo lo atinente a la actualización de la condena impuesta en primera instancia por ese rubro. Entonces:

Ind. final -febrero 2017- (136.121)

RA = $ 43’654.187(78) ---------------------------------------------------

Ind. inicial -nov. 2013- (113.68)

RA = $52’271.741.

Total perjuicios lucro cesante para Blanca Olivia Buitrago Gómez: cincuenta y dos millones doscientos setenta y un mil setecientos cuarenta y un pesos ($52’271.741).

2.7. Condena en costas.

Toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, se ha verificado que la entidad demandada (Nación - Ejército Nacional), actuó de esa manera, comoquiera que buscó desconocer con argumentos fútiles la realidad procesal y con ello encubrir la verdad material del presente asunto. En efecto, durante todo el trámite del proceso la parte demandada insistió en la causal eximente de responsabilidad consistente en “la culpa de la víctima”, sin aportar prueba alguna que sustentara dicha alegación, menos aún, atendió los requerimientos hechos por el tribunal de primera instancia para que allegara el proceso disciplinario adelantado por los presentes hechos, todo lo cual –como se dijo– revela la intención de que la verdad material sobre los hechos no sea conocida, amén de que tales alegatos siguen mancillando el buen nombre y la honra de la persona fallecida, dada la insistencia por parte de la demandada de que se trataba de un guerrillero muerto en combate. Por lo tanto, la Sala condenará en costas a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFÍCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 20 de noviembre de 2013, la cual quedará así:

1) Declarar la responsabilidad agravada de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, por los daños causados a los demandantes, como consecuencia de la ejecución extrajudicial del señor Darío Alberto Mejía Buitrago, en hechos acaecidos el 28 de enero de 2006, así como por el desplazamiento de que fueron víctimas los demandantes relacionados en la parte motiva de esta sentencia.

2) Como consecuencia de la anterior declaración se condena a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, a pagar los siguientes valores:

2.1. Perjuicios morales por la muerte del señor Darío Alberto Mejía Buitrago:

 

DemandanteNúmero de identificación Relación Cantidad
Yeny Marcela Gómez CastroReg. C. N. 31264791Compañera permanente100 SMLMV
Blanca Oliva Buitrago Gómez C.C. 21’664.969Madre 100 SMLMV
María Aleida Mejía Buitrago C.C. 32’393.947Hermana 50 SMLMV
María Liliana Mejía Buitrago C.C. 43’181.577Hermana 50 SMLMV
Alirio de Jesús Mejía BuitragoC.C. 70’466.222Hermana 50 SMLMV
Estefanía Mejía Buitrago Reg. C. N. 03475196Hermana 50 SMLMV

 

2.2. Perjuicios morales por el desplazamiento forzado de los demandantes:

 

DemandanteNúmero de identificación Relación Cantidad
Blanca Oliva Buitrago GómezC.C. 21’664.969Madre 100 SMLMV
María Aleida Mejía Buitrago C.C. 32’393.947Hermana 100 SMLMV
Estefanía Mejía Buitrago Reg. C. N. 03475196Hermana 100 SMLMV
Jorge Alejandro Mejía Buitrago Reg. C. N. Hermano100 SMLMV

 

2.3. Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante consolidado para la señora Blanca Oliva Buitrago Gómez, cincuenta y dos millones doscientos setenta y un mil setecientos cuarenta y un pesos ($52’271.741).

2.4. Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante consolidado para Yeny Marcela Gómez Castro, la suma de ciento treinta y un millones trescientos diez mil ochocientos ochenta pesos ($131’310.880).

2.5. Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente para Blanca Oliva Buitrago de Gómez, la suma de un millón trescientos treinta pesos ($1’000.330).

2.6. Por concepto de afectación a derechos constitucional o convencionalmente amparados, vida, libertad, integridad, libre circulación, etc. la suma de 70 SMLMV a favor de Blanca Oliva Buitrago Gómez, María Aleida Mejía Buitrago, Jorge Alejandro Mejía Buitrago y Estefanía Mejía Buitrago.

3) Se condena a la Nación - Ministerio de Defensa Ejército Nacional a la adopción de las siguientes medidas de reparación integral:

i) El Ministerio de Defensa - Ejército Nacional publicará en un periódico de amplia circulación local en el departamento de Antioquia y específicamente en el municipio de Cocorná, si existiere el aparte correspondiente al caso concreto de este fallo y rectifique la verdadera identidad de la víctima directa. Dicho escrito deberá informar que la muerte del señor Darío Alberto Mejía Buitrago no ocurrió como consecuencia de un combate entre soldados del Ejército Nacional y las FARC, sino que fue ejecutado extrajudicialmente por actos perpetrados por los efectivos militares destacados en la zona rural de Cocorná el 28 de enero de 2006.

ii) El Ministerio de Defensa Nacional establecerá un link con un encabezado apropiado en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia. La entidad demandada, en el término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria de este fallo, subirá a la red el archivo que contenga esta decisión y mantendrá el acceso al público del respectivo vínculo durante un período de seis (6) meses que se contarán desde la fecha en que se realice la respectiva carga de la información en la página web de esa institución.

iii) De conformidad con la Ley 1448 de 2011 –mediante la cual se dictaron medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno–, y teniendo en consideración que en el presente caso se infringieron obligaciones convencionales de protección de los derechos humanos, se enviará al Director del Centro Nacional de Memoria Histórica y del Archivo General de la Nación, copia de la presente sentencia con el fin de que haga parte de su registro, y contribuya a la construcción documental del país que busca preservar la memoria de la violencia generada por el conflicto armado interno en Colombia.

iv) Oficiar a la Fiscalía General de la Nación, para que, sin perjuicio de su autonomía institucional, inicie las respectivas investigaciones dirigidas a esclarecer la responsabilidad penal y los presuntos responsables de los hechos ocurridos el día 28 de enero de 2006, en la zona rural del municipio de Cocorná, Antioquia, en los cuales resultó muerto el señor Darío Alberto Mejía Buitrago, puesto que se trata de una grave violación tanto de los Derechos Humanos, como del Derecho Internacional Humanitario. La instrucción respectiva deberá comprender, de igual manera, cualquier tipo de responsabilidad derivada de la omisión.

Para los señalados efectos, por Secretaría de la Corporación, remítase copia auténtica e integral de la presente providencia con destino a la Fiscalía General de la Nación.

De abrirse investigación, los familiares de las víctimas deberán ser citados al proceso, con el fin de que tengan pleno conocimiento sobre la verdad de los hechos ocurridos el día 28 de enero de 2006, en el municipio de Cocorná, Antioquia.

v) Por Secretaría de la Sección, remítase copia de esta sentencia con destino a la Procuraduría General de la Nación para que, en atención al artículo 24 del Decreto 262 de 2000, vigile el cumplimiento de lo aquí resuelto.

2. DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

3. CÚMPLASE lo dispuesto en esta providencia, en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

4. CONDENAR en costas a la parte demandada.

5. Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento; expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y publíquese».

15 Artículo 40, Ley 446 de 1998.

16 Folio 4 C. 1.

17 Folio 19 C. 12.

18 Folios 16 a 18 y 86 C. 1.

19 Folio 58 C. 1.

20 Folios 57 y 117 a 120 C. 1.

21 Folios 58 a 62 C. 1.

22 Folios 81 a 83 C. 1.

23 Folios 74 a 76 C. 1.

24 Folios 67 a 74 C. 1.

25 Así, pues, la Sala ha señalado que para evitar que los hechos le lleguen alterados, el juzgador ha de ser particularmente cuidadoso en verificar, entre otros aspectos: (1) las calidades y condiciones del testigo de oídas; (2) las circunstancias en las cuales el propio testigo de oídas hubiere tenido conocimiento, indirecto o por referencia, de los hechos a los cuales se refiere su versión; (3) la identificación plena y precisa de la(s) persona(s) que, en calidad de fuente, hubiere(n) transmitido al testigo de oídas la ocurrencia de los hechos sobre los cuales versa su declaración, para evitar así que un verdadero testimonio pueda confundirse con un rumor, en cuanto proviniere de fuentes anónimas o indeterminadas y (4) la determinación acerca de la clase de testimonio de oídas de que se trata, puesto que estará llamado a brindar mayor confiabilidad el testimonio de oídas de primer grado. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 8 de febrero de 2012, Expediente 21.521, M.P. Ruth Stella Correa Palacio y sentencia proferida por esta Subsección el 12 de marzo de 2015, Exp. 30.143, entre otras.

26 Folios 68 a 69 C. 1.

27 Folios 70 a 72 y 73 a 74 C. 1.

28 Folio 46 C. 1.

29 Luis Josserand, Derecho Civil, Tomo II, Vol. I; Ed. Bosh y Cía., Buenos Aires, 1950, pág. 341. “El hecho de la víctima, al decir de los hermanos Mazeaud, sólo lleva “consigo la absolución completa” cuando “el presunto responsable pruebe la imprevisibilidad y la irresistibilidad del hecho de la víctima. Si no se realiza esa prueba, el hecho de la víctima, cuando sea culposo y posea un vínculo de causalidad con el daño, produce una simple exoneración parcial: división de responsabilidad que se efectúa teniendo en cuenta la gravedad de la culpa de la víctima”. Henri y León Mazeaud, Jean Mazeaud. Lecciones de Derecho Civil. Parte Segunda. Ediciones Jurídicas Europa América. Buenos Aires. 1960, págs. 332 y 333.

30 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de marzo de 2004, Expediente 14.777 (R-0806), actora: Ruth Marina Bustamante. En el mismo sentido ver sentencias del 27 de noviembre de 2003, Expediente 14.118 (R-0001), del 29 de enero de 2004, Expediente 14.222 (R-9852) y del 22 de abril del mismo año, Expediente 14.077 (R-9459).

31 Al respecto, conviene recordar de manera más detallada lo expuesto por el tratadista Devis Echandía respecto de dicho concepto: “Para saber con claridad qué debe entenderse por carga de la prueba, es indispensable distinguir los dos aspectos de la noción: 1) por una parte, es una regla para el juzgador o regla del juicio, porque le indica cómo debe fallar cuando no encuentre la prueba de los hechos sobre los cuales debe basar su decisión, permitiéndole hacerlo en el fondo y evitándole el proferir un non liquet, esto es, una sentencia inhibitoria por falta de pruebas, de suerte que viene a ser un sucedáneo de la prueba de tales hechos; 2) por otro aspecto, es una regla de conducta para las partes, porque indirectamente les señala cuáles son los hechos que a cada una le interesa probar (a falta de prueba aducida oficiosamente o por la parte contraria; cfr., núms. 43 y 126, punto c), para que sean considerados como ciertos por el juez y sirvan de fundamento a sus pretensiones o excepciones”. Devis Echandía, Hernando. Teoría general de la prueba judicial. Bogotá: Editorial Temis. 2002, pág. 405. De lo anterior, este último autor afirma: “De las anteriores consideraciones, deducimos la siguiente definición: “carga de la prueba es una noción procesal que contiene una regla de juicio, por medio de la cual se le indica al juez cómo debe fallar cuando no encuentre en el proceso pruebas que le que le den certeza sobre los hechos que deben fundamentar su decisión, e indirectamente establece a cuál de las partes le interesa la prueba de tales hechos, para evitarse las consecuencias desfavorables”. Ídem. Pág. 406.

32 Ley 600 de 2.000 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.

33 Folios 81 a 83 y 74 a 76 C. 1.

34 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia proferida el 7 de julio de 2011, Exp. 20.720, M.P. Enrique Gil Botero.

35 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia proferida el 8 de mayo de 1994, Expediente 9209.

36 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia proferida el 28 de mayo de 1992, Expediente 6557.

37 ONU, Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Philip Alston. Adición. Misión a Colombia, 14 período de sesiones, A/HRC/14/24/Add.2, 31 de marzo del 2010. Al respecto se puede consultar:
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/uploads/media/COI_2791 consultado el 7 de agosto del 2014.

38 Ver CIDH, capítulo IV - Colombia en el Informe Anual de la CIDH 2006; capítulo IV - Colombia en el Informe Anual de la CIDH 2007; capítulo IV - Colombia en el Informe Anual de la CIDH 2008; y capítulo IV - Colombia en el Informe Anual de la CIDH 2009.

39 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cuarto Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia, Verdad, Justicia y reparación, OEA/Serv. L/V/II, Doc. nº 49, 2013, p. 79. Al respecto se puede revisar: http://www.oas.org/es/cidh/docs/pdfs/Justicia-Verdad-Reparacion-es.pdf (consultado el 27 de agosto del 2014)

40 Consultar, Consejo de Estado, Sala plena de la Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2014, Exp. 32.988, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.

41 En similares términos consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14 de septiembre de 2016, Exp. 34.349 y la proferida el 2 de abril de 2013, Exp. 27.067, entre otras.

42 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia de 26 de octubre de 2000, Exp. 15610.

43 “En la prueba por indicios necesariamente intervienen tres elementos: un hecho, el que indica; otro hecho, el indicado y una relación de causalidad, concomitancia o conexión entre aquél y éste. El indicio parte de un hecho conocido, establecido en el proceso por cualquier medio de prueba distinto del mismo indicio, esto es, que todos los medios de prueba permiten el hecho indicador. El hecho indicado debe ser el resultado lógico crítico de la inferencia entre el primero y el segundo hecho, de donde la integración de los tres elementos anotados, permiten la existencia del indicio” (Cabrera Acosta, Benigno Humberto, Teoría General del Proceso y de la Prueba, Quinta Edición, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, págs. 458 y ss.).

44 Al respecto se puede consultar la sentencia de 11 de febrero de 2009, M.P. Miriam Guerrero de Escobar, Exp. 16.337.

45 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de febrero de 2012, Exp. 21.521, M.P. Ruth Stella Correa, ver también sentencia del 29 de octubre de 2012, Exp. 21.806, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

46 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de febrero de 2012, Exp. 21.521, M.P. Ruth Stella Correa. Ver también. sentencia de esta Subsección del 2 de abril de 2013, Exp. 27.067.

47 Corte Constitucional, sentencia del 30 de julio de 2002, M.P. Manuel Cepeda Espinoza.

48 Corte IDH, Caso la Masacre de la Rochela vs. Colombia, sentencia del 11 de mayo de 2007, párr. Nº 76. Ver también, Corte IDH, sentencia del 29 de julio de 1988, caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, párr. 135, entre otras.

49 Ver: CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2011, OEA/Ser. L/V/II., Doc. 69, 30 diciembre 2011, capítulo IV. Colombia; CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2010, OEA/Ser. L/V/II, 7 marzo 2011, capítulo IV. Colombia; CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2009, OEA/Ser. L/V/ II, 30 diciembre 2009, capítulo IV. Colombia; CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2008, OEA/Ser. L/V/II.134, 25 febrero 2009, capítulo IV. Colombia; CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2007, OEA/Ser. L/V/II.130, 29 diciembre 2007, capítulo IV. Colombia; CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2006, OEA/Ser. L/V/II.127, 3 marzo 2007, capítulo IV. Colombia.

50 Folio 46 C. 1.

51 Ley 387 de 1997, artículo 1º.

52 Ley 387, artículos 2-7.

53 Aprobado en Colombia por la Ley 171 de 16 de diciembre de 1994.

54 Folio 46 C. 1.

55 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de abril de 2016, Exp. 50.231. En ese mismo sentido consultar la sentencia proferida el 14 de julio de 2016, Exp. 35.029 y la proferida el 14 de septiembre de 2016, Exp. 34.349, en las cuales se aplicó el concepto de responsabilidad agravada del Estado.

56 De acuerdo con el artículo 7º del Estatuto de Roma, “se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura; g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”.

57 De conformidad con el literal C del artículo 8 del Estatuto de Roma, constituyen crímenes de guerra: “las violaciones graves del artículo 3º común a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos cometidos contra personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa: i) Los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura; ii) Los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes; iii) La toma de rehenes; iv) Las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal regularmente constituido, con todas las garantías judiciales generalmente reconocidas como indispensables”.

58 Gabriel Ernesto Figueroa Bastidas, “La Responsabilidad Internacional Agravada del Estado colombiano”. Colección textos de jurisprudencia, Ed. Universidad del Rosario, Bogotá D.C., 2016, p. 146.

59 Al precisar el concepto de la responsabilidad agravada, la Corte IDH ha dicho que “[e]l Estado incurre en ‘Responsabilidad Internacional Agravada’ cuando la violación concreta al derecho de la víctima se suscita en el marco de una práctica sistemática vulneratoria de normas jus cogens, que constituyen crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra”. CrIDH, Caso Myrna Mack Chang v Guatemala, sentencia de 25 de noviembre de 2003, párr. 140; Caso de la Masacre de Plan de Sánchez v. Guatemala, sentencia de 29 de abril de 2005, párr. 51; Caso Goiburú y Otros v. Paraguay, sentencia de 22 de septiembre de 2006, párr. 122; Caso la Cantuta v. Perú, sentencia de 29 de noviembre de 2006, párr. 115; Caso la Masacre de Mapiripán vs. Colombia, sentencia de 15 de septiembre de 2005, párr. 241, entre otras sentencias.

60 Consultar también, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia proferida el 14 de julio de 2016, Exp. 35.029.

61 Folios 3 y 6 C. 1.

62 Folios 67 a 83 C. 1.

63 Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 32988, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.

64 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 26 de enero de 2006, Radicación 25000232600020010021301 y del 15 de agosto de 2007, Rad. 190012331000200300385-01, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

65 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de febrero de 2010, Exp. 18.436, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

66 Consultar por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 24 de octubre de 2013, Exp. 25.981, M.P. Jaime Orlando Santofimio.

67 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de febrero de 2008, Exp. 16.996, M.P. Enrique Gil Botero. En dicho caso, la corporación al resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad pública demandada como apelante único, en el que se solicitaba la revocatoria de la condena impuesta en la sentencia de primera instancia, confirmó la declaratoria de responsabilidad por la violación grave de derechos humanos, y agravó la condición de la entidad; además, asumió medidas de satisfacción que habían sido solicitadas por los demandantes, retando así los principios de congruencia y no reformatio in pejus. En ese mismo sentido consultar también las sentencias proferidas por esta Subsección del Consejo de Estado el 12 de marzo de 2014, Exp. 28.224, y el 29 de enero de 2014, Exp. 33.806, entre otras.

68 Consultar por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 24 de octubre de 2013, Exp. 25.981, M.P. Jaime Orlando Santofimio.

69 Folio 46 C. 1.

70 Corte Constitucional, sentencia del 22 de enero de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

71 En ese mismo sentido consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 27 de abril de 2016, Exp. 50.231; sentencia proferida el 14 de julio de 2016, Exp. 35.029 y la proferida el 14 de septiembre de 2016, Exp. 34.349, en las cuales se reconoció una indemnización por ese concepto.

72 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto del 2014, Exp. 32.988, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.

73 Artículo 144. “Dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente ley, el Centro de Memoria Histórica, diseñará, creará e implementará un Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica, el cual tendrá como principales funciones las de acopio, preservación y custodia de los materiales que recoja o de manera voluntaria sean entregados por personas naturales o jurídicas, que se refieran o documenten todos los temas relacionados con las violaciones contempladas en el artículo 3º de la presente ley, así como con la respuesta estatal ante tales violaciones. // Los archivos judiciales estarán a cargo de la Rama Judicial, la cual en ejercicio de su autonomía podrá optar, cuando lo considere pertinente y oportuno a fin de fortalecer la memoria histórica en los términos de la presente ley, encomendar su custodia al Archivo General de la Nación o a los archivos de los entes territoriales [...]”.

74 Folios 67 a 83 C. 1.

75 Toda vez que no se acreditó el monto de los ingresos que percibía como producto de la labor agrícola a la que se dedicaba.

76 De conformidad con el registro civil de nacimiento de la referida persona, se tiene que nació el 25 de agosto de 1986 (fl. 13 C. 1), mientras que su compañera permanente Yeny Marcela Gómez Castro nació el 14 de junio de 1991, por lo cual se tendrá en cuenta la vida probable del mayor de ambos.

77 Fecha de muerte de la referida persona según el registro civil de defunción (fl. 2 C. 2).

78 Valor reconocido en la sentencia de primera instancia por concepto de lucro cesante para la citada demandante.