Sentencia 2006-03681 de octubre 31 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 76001-23-31-000-2006-03681-01

Actor: Compañía Aseguradora de Fianzas S. A. Confianza

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Bogotá, D.C., treinta y uno de octubre de dos mil trece.

EXTRACTOS: « V. Consideraciones de la Sala.

1. Según la potestad que tiene el ad quem para resolver la alzada, de conformidad con el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, la Sala se limitará a conocer solamente de los puntos o cuestiones a los cuales se contrae el recurso de apelación, pues los mismos, en el caso del apelante único, definen el marco de la decisión que ha de adoptarse en esta instancia.

2. Para la Sala, es necesario puntualizar que de los disímiles argumentos esbozados en la apelación, no todos hallan una correspondencia directa con los planteamientos que soportan la decisión de la providencia recurrida. Así, por ejemplo, la recurrente alude a cargos supuestamente presentados por el actor en su demanda, que en modo alguno se expresaron allí, y por ende, tampoco fueron objeto de pronunciamiento por parte del a quo, como es el hecho de que la administración aplicó normas jurídicas no vigentes al momento de la liquidación de los tributos aduaneros, en razón de una modificación del contrato de leasing que generaba la postergación de la fecha de terminación del régimen de importación temporal, entre otros que, según la apelante, se formularon por el actor, y que aquella a su turno, procura responder, pero sin existir evidencia alguna de tales debates en el marco de la demanda, su contestación ni en el fallo del a quo.

Así las cosas, la Sala encuentra que el único desacuerdo expuesto por la apelante, claramente relacionado con la decisión recurrida, estriba en que, según aquella, el vencimiento de la obligación alusiva al régimen de importación temporal a largo plazo, cuyo incumplimiento generó la efectividad de las garantías mediante los actos acusados, ocurrió con la quinta y última cuota impagada a la Administración; y por tanto, era procedente ordenar el pago de las pólizas constituidas por el demandante, como garantía del cumplimiento del régimen, en la fecha en que así se efectuó, sin que se hubiere generado la prescripción de la póliza de seguro.

De este modo, la Sala debe establecer si es acertada la posición del a quo referente a que el incumplimiento que dio origen a la efectividad de las pólizas debió declararse, por parte de la DIAN, con posterioridad al incumplimiento de la primera cuota y dentro del término de prescripción del seguro, en los términos del artículo 1081 del Código de Comercio, a fin de evitar la ocurrencia de dicha figura; o, si resulta valedero perseguir la garantía una vez verificado el incumplimiento de la totalidad del régimen con el no pago de ninguna de sus cuotas, según defiende la administración.

3. Pues bien, se halla suficientemente demostrado en el proceso que la compañía importadora Unitel S.A. ESP, efectuó una importación temporal a largo plazo, de una unidad funcional, en arrendamiento, consistente en aparatos de conmutación automática para telefonía, la cual fue objeto de una ampliación de plazo autorizada por la Administración de Aduanas de Cali, a doce (12) años, según consta mediante Resolución 6 de octubre 22 de 1999. No obstante, el plazo para pagar los tributos aduaneros generados en la importación, continuó siendo el de cinco (5) años inicialmente pactado y pagadero en cuotas semestrales durante dicho lapso de tiempo, como en efecto, se lee en la señalada resolución(2).

Asimismo, consta en el expediente, de acuerdo con las resoluciones acusadas y según señaló el actor en la demanda, que Unitel S.A. ESP, no efectuó pago alguno de tributos aduaneros(3), por motivos que, como se indicó anteriormente, escapan al objeto de la litis formulada ante esta jurisdicción.

En este orden, tal como se deriva de las resoluciones demandas y es aceptado por el demandante, la última importación del régimen en comento es de fecha 24 de enero de 2001, cuyo levante se concedió el 25 de enero del mismo año, y por ende, el quinto año de permanencia de la mercancía en el país se cumplió el 25 de enero del año 2006.

Sin embargo, al no efectuarse pago alguno de los tributos aduaneros a que se obligó el importador, resultaba procedente para la administración ordenar la efectividad de la garantía, siendo del caso definir el momento en que ello era posible sin incurrir en la prescripción del artículo 1081 del Código de Comercio.

Obsérvese que la operación en cuestión se rige por lo previsto en el artículo 153 del Decreto 2685 de 1999, referente a la importación temporal de mercancías en arrendamiento, que en sus apartes pertinentes dispone:

“ART. 153. Importación temporal de mercancías en arrendamiento. Se podrán importar temporalmente al país bienes de capital, sus piezas y accesorios necesarios para su normal funcionamiento que vengan en un mismo embarque, cuando sean objeto de un contrato de arrendamiento con o sin opción de compra, ingresen por un plazo superior a seis (6) meses y liquiden los tributos aduaneros vigentes en la fecha de presentación y aceptación de la declaración.

En la declaración de importación temporal de mercancías en arrendamiento se liquidarán los tributos aduaneros en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica a las tarifas vigentes en la fecha de su presentación y aceptación y se señalará el término de permanencia de la mercancía en el territorio aduanero nacional, de acuerdo con el contrato.

Los tributos aduaneros así liquidados se distribuirán en cuotas semestrales iguales por el término de permanencia de la mercancía en el territorio aduanero nacional. Las cuotas se pagarán por semestres vencidos, contados a partir de la fecha de obtención del levante, para lo cual, se convertirán a pesos colombianos a la tasa de cambio vigente en el momento de su pago.

Cuando la duración del contrato de arrendamiento sea superior a cinco (5) años, con la última cuota correspondiente a este período, se deberá pagar el saldo de tributos aduaneros aún no cancelados. La mercancía podrá permanecer en el territorio aduanero nacional por el término de vigencia del contrato(4).

De acuerdo con lo preceptuado en la norma, para la Sala es claro que aun cuando el régimen se comenzó a incumplir desde el no pago de la primera cuota, el deber de cancelar la totalidad de los tributos aduaneros adeudados se concretó al momento de su finalización en el quinto año, al ser esta la oportunidad conclusiva con que cuenta el importador para sanear la totalidad de la obligación insoluta; y, el mecanismo de pago previsto en esta disposición, se halla necesariamente cubierto por la póliza constituida pues la misma está llamada a amparar el cumplimiento del respectivo régimen de importación temporal en su integralidad.

De este modo, el artículo 147 del Estatuto Aduanero es claro en señalar que en la importación temporal a largo plazo la constitución de la póliza tiene como objeto garantizar la finalización del régimen y el cumplimiento oportuno del pago de los tributos aduaneros, de forma tal que la inobservancia de la obligación así garantizada puede ocurrir en cualquier momento durante el mencionado régimen hasta su terminación, que para el caso, se verificó por parte de la DIAN, al final del mismo cuando se cumplió el quinto año de permanencia de la mercancía en el país. En efecto, la norma en su versión vigente para la época de la expedición de la última póliza(5) disponía:

“ART. 147. Garantía. Con el objeto de responder por la finalización de la importación temporal dentro de los plazos señalados en la Declaración y por el pago oportuno de los tributos aduaneros, la autoridad aduanera exigirá la constitución de garantía a favor de la Nación, hasta por el cien por ciento (100%) de dichos tributos, en las condiciones, modalidades y plazos que señale la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. (Subrayado y negrilla fuera de texto).

Así las cosas, obra en el expediente la póliza Nº 1252686(6), expedida por la Compañía demandante el 24 de enero de 2001, con vigencia hasta el 25 de enero de 2006, y correspondiente a la última declaración de importación Nº 2583010553437 con aceptación No. 05131100020(7), en la que consta que la fecha del vencimiento del régimen es enero 25 de 2006(8). De ahí que, al constatarse por parte de la DIAN el incumplimiento de todas las cuotas de los tributos aduaneros al terminar el respectivo régimen de importación, le fuere viable perseguir las garantías para cubrir la totalidad del mismo, como en efecto lo hizo mediante la primera de las resoluciones acusadas.

Ahora, con respecto al término de prescripción de la garantía, previsto en el artículo 1081 del Código de Comercio, en reiterada jurisprudencia de esta Sección se ha sentado la posición consistente en que en materia de efectividad de pólizas de seguro que amparan regímenes de importación temporal, dicho término ha de comenzar su conteo, bien a partir del incumplimiento de una cualquiera de las cuotas o de la última, según el caso, pues la póliza se constituye con el fin de amparar el cumplimiento del régimen en su integralidad; advirtiendo que la materialización del siniestro, entendido como el incumplimiento(9), que puede acaecer en cualquier momento durante el período del régimen de que se trate, corre por cuenta del asegurador, en concordancia con la vigencia de la garantía.

Así las cosas, es menester, en el presente caso, prohijar los pronunciamientos de la Sala en los que se ha puntualizado lo anterior, resaltando al efecto la Sentencia de 21 de septiembre del 2000, Exp. 2000-N5796, M.P. dra. Olga Inés Navarrete Barrero:

“Para la Sala, el actor parte de una premisa errada cuando asevera que se está extendiendo la responsabilidad de la aseguradora, pues es claro que ésta se concreta a la ocurrencia del siniestro, que en este caso se configura con el incumplimiento de la obligación garantizada; y que tal eventualidad está garantizada dentro del término de vigencia de la garantía, conforme prevé el artículo 2º de la Resolución No 1794 de 1993, así: “Artículo 2º Vigencia. Las garantías se constituirán con una vigencia igual al término fijado para el cumplimiento de la obligación que se respalda, contado desde el momento de su aprobación o de la vigencia del contrato. Cuando se trate de la constitución de garantías bancarias o de compañía de seguros se constituirán por tres (3) meses más, a la vigencia establecida para cada caso, en la presente resolución.

(…)

Debe tenerse en cuenta que uno es el término durante el cual se cubre el riesgo, que corresponde al período de duración del contrato de seguro y otro el término dentro del cual es exigible el cumplimiento de la obligación de indemnizar mediante la acción del asegurado o beneficiario del seguro.

Al respecto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo sección cuarta del 31 de octubre de 1994 M.P. dr. Guillermo Chaín Lizcano, indico lo siguiente:

“… Si expedido el acto administrativo que ordena hacer efectiva la garantía, dentro de los 5 años siguientes a su firmeza no se han realizado los actos que corresponden para ejecutarlo, no puede la administración exigir su cobro.

Cosa distinta la constituye el término para proferir el acto administrativo que ordene hacer efectiva la garantía que junto con la póliza otorgada constituye el título ejecutivo conforme lo preceptúa el artículo 68 No. 5 del Código Contencioso, término que contrariamente a lo expresado por el a - quo no necesariamente debe coincidir con el de vigencia de la póliza de garantía; por que este tiene por objeto amparar el riesgo ( incumplimiento) que se produzca en su vigencia, ocurrencia que puede tener lugar en cualquier momento incluido el último instante del último día de vigencia. Hecho muy diferente al de reclamación del pago o a la declaratoria del siniestro ocurrido, que puede ser coetáneo o posterior a la de la vigencia de la póliza. “ (Resaltado fuera de texto).

Asimismo, en Sentencia de 28 de agosto de 2003, Exp. 8031, M.P. dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, se confirma el criterio, así:

“Conforme se precisó por la Sala en la sentencia de 11 de julio de 2002, Exp. 7255, C.P. Manuel S. Urueta Ayola, que ahora se reitera, “... La vigencia de la póliza es ni más ni menos que la del contrato de seguro, consagrada como uno de los contenidos del mismo en el artículo 1047, numeral 6, del Código de Comercio, y se entiende que es el tiempo dentro del cual surte sus efectos y, por ende, en el que los riesgos corren por cuenta del asegurador, por consiguiente, una vez vencido el período de vigencia antes de que acontezca el siniestro, desaparece el correspondiente amparo respecto del mismo, luego no cabe pretenderlo en relación con un evento ocurrido cuando no hay contrato de seguro vigente...”. Lo anterior pone en evidencia que la vigencia de la garantía está íntimamente relacionada con la ocurrencia del siniestro, lo que es independiente de la época o plazo dentro del cual la Administración ordena su efectividad, pues esta decisión se limita simplemente a declarar una situación fáctica anterior, como es el hecho del incumplimiento…” (Resaltado fuera de texto).

Por su parte, la Sección Cuarta, mediante Sentencia de 29 de septiembre de 2011, Exp. 17399, M.P. dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas señaló:

“…Y si el pago de los tributos aduaneros y la finalización del régimen estaban supeditados a condiciones de plazo, lo propio es interpretar que el incumplimiento de la obligación puede ser parcial como puede ser total, pero, por lo mismo, el siniestro, para efectos de la efectividad de las garantías, puede ser parcial o total, y puede ser declarado por la DIAN inmediatamente se percate del mismo o una vez se cumplan los plazos máximos establecidos para el cumplimiento de las mentadas obligaciones…” (Subrayado y negrilla fuera de texto).

De lo anotado se recalca que no es de recibo la tesis según la cual, los dos (2) años de que trata el artículo 1081 del Código de Comercio, debían contabilizarse desde el primer incumplimiento so pena de la prescripción, por cuanto, el objeto de la cobertura de la misma es precisamente la debida finalización del régimen y el pago oportuno de todas y cada una de las cuotas de los tributos aduaneros(10).

En el presente caso, según se anotó, resultaba factible para la DIAN perseguir las garantías relacionadas en los actos acusados, ante el incumplimiento advertido en el momento de definir la liquidación de la totalidad de los tributos aduaneros, al cumplirse la finalización del régimen autorizado al importador en el quinto año, esto es, el 25 de enero de 2006, fecha en la que debía pagar la última cuota y las demás impagadas, según el artículo 153 del E.A., que para el caso, equivalían a todas las cuotas causadas en el marco de la importación temporal a largo plazo autorizada a Unitel S.A. ESP. Era aquella, entonces, la fecha a partir de la cual resultaba viable contabilizar los dos años de la prescripción ordinaria de que trata el artículo 1081 del Código de Comercio, por corresponder al momento en que la administración estableció la ocurrencia del incumplimiento del régimen garantizado mediante las pólizas constituidas por la empresa demandante. De este modo, se observa que al expedirse la Resolución 2991 de junio 7 de 2006, por la cual se declaró el incumplimiento y ordenó hacer efectivas las garantías, no había operado la mencionada prescripción respecto de las pólizas allí relacionadas(11) a cargo de Seguros Confianza S.A., toda vez que no habían transcurrido los dos (2) años requeridos para el efecto, desde el incumplimiento arriba expuesto.

Finalmente, no sobra anotar que la inconsistencia advertida en la parte resolutiva de la sentencia del a quo referente a la omisión de declarar la nulidad de la Resolución 4314 de 16 de agosto de 2006, también demandada, y por la cual culminó la vía gubernativa, no surte efecto alguno frente a la decisión a adoptarse en esta instancia, en la medida en que la Sala ordenará revocar dicha sentencia, conservando todas las resoluciones acusadas su validez.

Así las cosas, fuerza concluir que las Resoluciones acusadas se ajustaron a derecho, por lo que la Sala revocará la sentencia del a quo y en su lugar, denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia recurrida en apelación, y en su lugar se dispone: DENIÉGUENSE las pretensiones de la demanda.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

1 Folios 72 a 101 del cuaderno No. 1 del expediente.

2 Folios 86 a 92 del cuaderno Nº 2 de antecedentes administrativos.

3 A folio 96 del cuaderno de pruebas Nº 2 del expediente, también consta el no pago de ninguna de la cuotas mediante comunicación enviada por el importador a la DIAN, de fecha 4 de julio de 2002, radicado 13196.

4 Esta norma fue modificada por el Decreto 4136 de 2004, artículo 9º. Sin embargo, el inciso cuarto era idéntico en su redacción respecto de la versión anterior de la norma.

5 24 de enero de 2001.

6 folio 1024 del cuaderno de pruebas Nº 6.

7 Folio 1034 del cuaderno de pruebas Nº 6.

8 La póliza indica que su renovación se efectuará obligatoriamente tres meses antes de su vencimiento hasta completar un período de doce (12) años, habida cuenta de la extensión del contrato de leasing. Esta misma renovación opera con respecto a las pólizas constituidas para cada importación.

9 Cabe citar lo reiterado en Sentencia de 6 de junio de 2013, Exp. 2009-00245-01, M.P. Dra. María Elizabeth García González, en el sentido que el siniestro equivale al momento del incumplimiento:

“…la efectividad de las Pólizas de Cumplimiento de Disposiciones Legales como la aquí estudiada, se constituye por virtud de la inobservancia de una obligación aduanera, es decir, que “…la ocurrencia del siniestro en los seguros de cumplimiento de disposiciones legales, es el hecho en sí del incumplimiento (Resaltado fuera de texto).

10 Léase también las Sentencias de 2 de julio de 2009, Expediente 2003-00612-01, M.P. dr. Rafael Ostau De Lafont Pianeta y de 26 de julio de 2012, Exp. 200101126, M.P. dr. Marco Antonio Velilla.

11 Folios 16 a 18 del cuaderno Nº 2 del expediente.