Sentencia 2006-03696/40979 de abril 26 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 76001-23-31-000-2006-03696-01(40979)

Actor: Alfonso Lugo Sánchez y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional

Referencia: Acción de reparación directa

Temas: Régimen subjetivo de responsabilidad / Falla en el servicio - Responsabilidad del Estado por el uso de armas de dotación oficial / Exceso en el uso de la fuerza por parte de la autoridad policial / Análisis sobre la inminencia, urgencia y proporcionalidad de la legítima defensa.

Consejera Ponente:

Dra. María Adriana Marín

Bogotá D.C., veintiséis de abril de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del asunto en razón del recurso de apelación interpuesto por las partes en contra de la sentencia proferida el 30 de abril de 2010 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en proceso con vocación de doble instancia ante esta Corporación, toda vez que la demanda se presentó el 14 de diciembre de 2006 (fl. 24, cdno. 1) y la pretensión mayor se estimó en 1.000 smmlv, por concepto de perjuicios morales, mientras que el monto exigido en ese año para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia era de 500 smmlv(7).

2. Ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo(8), modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble por causa de trabajos públicos.

En el presente asunto la responsabilidad administrativa que se impetra en la demanda se originó en los daños que se alegaron sufridos por los demandantes con ocasión de la muerte del señor Reinel Lugo Arias, en hechos ocurridos el 18 de octubre de 2006 y, habida cuenta de que la demanda se interpuso el 14 de diciembre de ese mismo año, resulta evidente que lo fue dentro del término previsto por la ley.

3. La legitimación en la causa.

Con ocasión del daño que originó la presente acción, concurrieron al proceso los señores Alfonso Lugo Sánchez, Blanca Milzar Arias de Lugo, María Consuelo, Rosario, Tulio Enrique, Efraín, Ana Judith, Deicy, Fernando y Abel Antonio Lugo Arias (fls. 4 a 13, cdno. 1), quienes a partir de sus registros civiles nacimiento aportados al plenario(9), acreditaron su condición de padres y hermanos del occiso, señor Reinel Lugo Arias, motivo por el cual tales demandantes se encuentran legitimados en la causa por activa en el presente asunto.

En cuanto a la legitimación por pasiva, se tiene que la demanda se presentó en contra de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, entidad que tiene interés en controvertir las pretensiones, en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, dado que sobre esta recaerán las eventuales consecuencias patrimoniales derivadas del supuesto daño antijurídico al que se refiere el libelo y, además, está debidamente representada por la autoridad señalada en la ley.

4. Problema jurídico.

Previa acreditación de la existencia del daño, la Sala examinará si la muerte del señor Reinel Lugo Arias, ocurrida el 18 de octubre de 2006, es o no atribuible a la entidad demandada y si la actuación de la víctima incidió total o parcialmente en la producción del resultado dañoso, ello con fundamento en alguno de los títulos de imputación aceptados por la jurisprudencia del Consejo de Estado en este tipo de eventos.

5. El daño.

De lo probado en el expediente, es claro para la Sala que se encuentra establecida la existencia del daño por cuya indemnización se demandó, en tanto se probó que el señor Reinel Lugo Arias falleció el 18 de octubre de 2006 en el municipio de Buga (Valle del Cauca), tal como se desprende del contenido del registro civil de la defunción (fl. 14, cdno. 1).

6. La imputación.

Establecida la existencia del daño, es necesario verificar si este resulta antijurídico y, además, imputable jurídica y fácticamente a la demandada, toda vez que, se recuerda, a juicio de la parte actora, se debía acceder totalmente a las pretensiones de la demanda por cuanto el señor Reinel Lugo Arias no incidió en manera alguna en el hecho que le produjo su muerte. Para la contraparte, debía declararse una culpa exclusiva de la víctima, por cuanto ese resultado se produjo, exclusivamente, por su actuar imprudente y negligente.

Para la Sala, en este punto, es necesario precisar que en el plenario, para efectos de probar las circunstancias fácticas del hecho dañoso, obra el protocolo de necropsia practicado al occiso, la minuta de servicios y guardia de la Policía Nacional, y los testimonios de los señores: Raúl Antonio Valero Peláez, Luz Adriana Rojas Mesa y Lina Marcela González, los que, desde ya, se aclara que presentan algunas inconsistencias entre sí, sobre todo en lo que concierne a si el señor Reinel Lugo Arias se enfrentó o no a los agentes de policía cuando pretendían capturarlo.

Fue precisamente esta contradicción y la falta de otros medios de prueba que llevaron al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca a reducir la indemnización reconocida a los demandantes, ello debido a la imposibilidad de adjudicar una responsabilidad de forma exclusiva y determinante a alguna de las personas que participaron el resultado dañoso, toda vez que no le fue posible desestimar las versiones de los hechos indicadas por una u otra parte.

En ese orden de ideas, por aspectos puramente metodológicos, se procederá a estudiar, en primer lugar, las pruebas aportadas al proceso que confirman la versión de los hechos sostenida por la parte demandada(10); acto seguido, se relacionarán las pruebas que respaldan el relato de los demandantes. Después, se identificarán los puntos sobre los que existe convergencia y aquellos que presentan incongruencias. Finalmente, la Sala expondrá sus conclusiones y explicará por qué les confiere mayor crédito a unas pruebas que a otras.

i) Los hechos acaecidos el 18 de octubre de 2006 según la Policía Nacional.

En la minuta de servicios y guardia de la Policía Nacional se dejó consignado que:

Aproximadamente a las 13:00 horas, del 18 de octubre de 2006, los agentes de policía, señores Jhon Bohórquez Gutiérrez, Carlos Rivera Galeano, Jhon Ortega Ramírez, Fernando Rojas Duque y Ángel Salazar Escobar, se encontraban patrullando el centro del municipio de Buga (Valle del Cauca) entre la carrera 12 y la calle 8ª, cuando escucharon disparos a la altura de la calle 9ª con esa misma carrera, por lo que se dirigieron al lugar.

Cuando los policiales llegaron a la zona observaron que “un sujeto de mediana estatura, quien vestía de camiseta azul y jean azul, emprendía la huida por la calle 12 hacia el norte, ya que al parecer había causado lesiones con arma de fuego a otro ciudadano a la altura del supermercado Surtifamiliar”. Los agentes dieron voces de alto, pero el sospechoso “al observar la presencia de la policía, hizo caso omiso de la orden de la autoridad” y continuó su “veloz carrera” con un arma de fuego en la mano.

El sospechoso, para evitar la captura por las lesiones causadas a un tercero, “daba media vuelta y disparaba indiscriminadamente contra la integridad de los policiales que lo seguían y contra la misma comunidad que en esos momentos transitaba por el lugar”. Cuando arribó a la esquina de la carrera 12 con calle 9ª, se cubrió con un poste de alumbrado público y “en repetidas ocasiones de forma decidida accionó nuevamente el arma de fuego que poseía en sus manos”.

Los uniformados, ante la “proporción e inmediatez de la agresión”, en legítima defensa, accionaron contra el evasor sus armas de dotación oficial (fusil Galil calibre 5.56 mm) y uno de los disparos impactó en la humanidad del señor Reinel Lugo Arias, causándole la muerte.

Se consignó en la minuta que la víctima era quien había causado lesiones con arma de fuego, tipo pistola calibre 7.65 milímetros, al señor Jorge Alexander Giraldo Echavarría (apodado “cachama”), quien presentaba un impacto de bala “a la altura de la ingle lado derecho”. También, como consecuencia del cruce de disparos, resultaron lesionados los señores Norber Emilio Galuez, quien presentaba un impacto a la altura del tórax con orificio de salida en la espalda, y Aldermar Ospina Ramírez, que recibió un disparo en la pierna izquierda a la altura de la tibia y el peroné.

Con el fin de lograr establecer la realidad de los hechos relacionados anteriormente, la Policía Nacional procedió a realizar las siguientes diligencias:

Con el personal de policía judicial como actos urgentes a realizar ocho (8) entrevistas a personas que en ese momento observaron y por escrito manifestaron, observar a quien en vida se le llamaba Reinel Lugo Arias desenfundar un arma de fuego y accionarla contra una persona quien corresponde al nombre de Alexander Giraldo Echavarría y en varias ocasiones accionarla contra la integridad de los uniformados y comunidad que transitaba en ese momento por el lugar de los hechos, de las cuales anexo copia.

Conviene resaltar en este punto que las entrevistas realizadas sobre las cuales se “anexaba copia” en esa minuta, no se encuentran en este expediente, por lo que no pueden ser valoradas en esta instancia. También, se advierte que todos los supuestos fácticos narrados anteriormente se desprenden de una única prueba, esta es, la minuta de servicios y guardia de la Policía Nacional (fls. 56 a 62, cdno. 1).

De conformidad con el protocolo de necropsia 2006P-0604100256, se concluyó que el señor Reinel Lugo Arais falleció como consecuencia de un choque hipovolémico “secundario a herida penetrante al tórax y al cuello” con proyectil de arma de fuego, el cual ocasionó fracturas de la primera y segunda vértebra torácica con sección medular; herida de aorta ascendente, tráquea, esófago, tiroides y una hemorragia masiva secundaria. Frente a la descripción de la ubicación y trayectoria del disparo se expresó lo siguiente:

Se encuentra un hombre adulto identificado como Reinel Lugo Arias el cual es muerto con proyectil de arma de fuego de alta velocidad en hechos que son motivo de investigación y que tuvieron lugar en vía pública del centro de Buga: el hoy occiso recibe un único disparo que ingresa por la parte posterior a la altura de la región inter escapular, sitio en el cual no se observan residuos de pólvora en su periferia ni en la prenda y tiene salida en la parte alta del tórax y baja del cuello sobre la línea media anterior, lesiona en su recorrido órganos vitales como son la aorta ascendente, la tráquea y fractura la columna vertebral a nivel toráxico (sic) alto con sección medular, con las anteriores lesiones se produce una pérdida masiva de sangre que le ocasiona la muerte en poco tiempo por el mecanismo de choque hipovolémico; fuera de las lesiones con el proyectil de arma de fuego de alta velocidad presenta abrasiones en el rostro y en la rodilla izquierda ocasionados probablemente al caer al piso luego de ser impactado en su humanidad (el cuerpo fue encontrado por los investigadores judiciales en posición decúbito abdominal) (fls. 47-51, cdno. ppal.).

Es menester aclarar que la parte actora solicitó y así fue decretado por el a quo, el arribo de la totalidad de los expedientes disciplinario y penal iniciados como consecuencia de la muerte del señor Reinel Lugo Arias; no obstante, en oficio de 20 de febrero de 2009, la Policía Nacional informó que en su base de datos no existía investigación disciplinaria y/o administrativa por los hechos acaecidos el 18 de octubre de 2006, puesto que aquellas se iniciaban solamente en “caso de lesiones o muerte de personal adscrito a la Policía Nacional” (fl. 121, cdno. 1). Frente al proceso penal, a pesar de haberse realizado un requerimiento, aquel nunca fue allegado al plenario (fls. 45 a 46, cdno. ppal.).

ii) La situación fáctica de conformidad con los testimonios practicados en el proceso por petición de la parte demandante.

En testimonio rendido el 7 de noviembre de 2007(11), el señor Raúl Antonio Valero Peláez, quien se encontraba presente en el lugar de los hechos, manifestó que, aproximadamente a la 01:30 p.m. del 18 de octubre de 2006, se hallaba en el supermercado “surtifamiliar”, lugar donde parqueaba su taxi, cuando llegó Reinel Lugo Arias, acompañado de su “esposa”(12) la señora Lina Marcela Bejarano, para preguntarle por el muchacho que lo apodaban “cachama” —se refiere a Jorge Alexander Giraldo Echavarría—.

Cuando se encontraban dialogando, sobre el andén de la carnicería “La Sevillana”, apareció el señor Giraldo Echavarría, y el señor Reinel Lugo Arias se le acercó para reclamarle por “hab[erle] tocado las nalgas a su mujer”. En ese momento fue cuando el señor Giraldo Echavarría “le fue a sacar un cuchillo”, por lo que el hoy occiso sacó su arma y disparó contra él. De manera concomitante, aparecieron varios agentes de la Policía Nacional, quienes se encontraban en la esquina, por lo que el agresor corrió hacia la calle 9ª con carrera 12. Los agentes de policía se “agarraron a hacer tiros al aire” y luego fue cuando el “señor agente de tez moreno, alto, acuerpado, se arrodilló y le apuntó por la espalda a Reinel, pues él iba corriendo, huyendo” y le causó la muerte. Agregó que había entre “seis a ocho policías” y que cuando le fue a reclamar al policial sobre su actuar, este no le brindó explicación alguna, antes por el contrario, lo amenazó (fls. 105 a 107, cdno. 1).

En similar sentido se manifestó la también testigo presencial de los hechos, señora Luz Adriana Rojas Mesa, en diligencia rendida el 7 de noviembre de 2007(13). Adujo que en el instante en el que iba saliendo del supermercado “Surtifamiliar”, el 18 de octubre de 2006, escuchó disparos y vio que el muchacho que “vendía jugos en el centro”(14) iba corriendo y un agente de policía, que se encontraba a tres metros de la testigo, le disparó por la espalda cerca del cuello. También dijo que:

[D]espués de eso el hermano en el suelo (sic), y como él había hecho una grabación en el celular, el policía le decía de malas palabras y le decía que borrara eso, lo amenazó y le pisaba los pies de él, por eso el hermano de Reinel tuvo que borrar lo había grabado en el celular, y el disparo que recibió Reinel fue en la espalda cerca de la nuca, ya eso fue todo (…) Preguntado: Dígale al despacho, después de que el policía agresor le disparó a Reinel, que explicaciones dio a su actuar. Contesto: No, él de una volteó a amenazar al otro hermano, y lo trataba mal y lo amenazó. Preguntado: Diga usted, cuantos agentes de policía habían ese día y hora de los hechos. Contesto: Eran como diez (fls. 107 a 108, cdno. ppal.).

El 14 de noviembre de 2007(15), la señora Lina Marcela González(16), quien aseguró ser la compañera permanente de la víctima y que se encontraba en el lugar de los hechos, manifestó que el 18 de octubre de 2006, mientras se encontraba realizando unas compras, se encontró con “cachama” —Jorge Alexander Giraldo Echavarría— quien la agredió física y verbalmente por estar en embarazo. Posteriormente, regresó a su casa. La declaración hasta este punto fue del siguiente tenor:

Ese día pasó que yo iba para donde mi mamá, y salimos al centro yo y el flaco, es decir, Reinel Lugo Arias, yo fui a comprar la carne y él el arroz, él se fue a hacer el almuerzo a la casa, yo fui a invitar a mi mamá para que fuera a almorzar, de [ahí] yo le dije a mi mamá que la esperaba en la casa, de [ahí] pasé por “Surti”, y [ahí] estaba “cachama”, él me dijo “estas preñada”, yo no le respondí nada y volvió y me repitió, y como no le contesté, me metió un puño en el estómago, yo le dije respete, para que lo respeten, dijo “no respeto ni a la xxx de mi madre”, así me contestó, entonces yo le dije “cómase su xxxx” y él me dijo “ se la tendrá que comer usted”, entonces yo le dije “cómase su xxx y métase el dedo al xxx”, yo le dije así. Entonces él me dijo no la respeto ni a usted ni a ese xxxxxxx que va a tener, ni a su madre, así me contestó. Después cuando ya le contesté así, no le volví a contestar nada y por eso él le dio rabia y me azotó contra la pared(17).

Yo llegué llorando a la casa y él me estaba persiguiendo, él le estaba dando pata a la puerta, y Reinel me preguntó que quién le estaba dando pata a la puerta, y le dije que no era nadie, de ahí salí para ver si ya se había ido, y ya no estaba, Reinel me dijo a mí que por qué estaba llorando, yo le dije que porque tenía dolor de cabeza, él me dijo que si mi mamá me había hecho algo, yo le dije que no, de ahí salió Reinel a llevarle el refrigerio de los niños de él, y me dijo que si iba a ir con él, y le dije que no, de ahí me asomé a la esquina, y Reinel ya no estaba en la escuela de los niños, al rato llegó un amigo mío, y me dijeron que le contaron a su marido, es decir, a Reinel que “cachama” me había pegado, y me dijo si quiere la llevo para ver cómo va a reaccionar él.

Aseguró la señora Lina Marcela González que cuando llegó a lugar de los hechos, observó que el señor Reinel Lugo Arias estaba esperando a “cachama” y cuando lo encontró, le reclamó por haberle “pegado”. Después de un intercambio de palabras y a raíz de las ofensas, el señor Lugo Sánchez disparó en tres ocasiones al señor Jorge Alexander Giraldo Echavarría y emprendió la huida, instante en el que la policía disparó y lo asesinó. En ningún momento hubo intercambio de disparos entre la víctima y los agentes de policía. Lo anterior se desprende de lo relatado por la testigo así:

[L]legué a donde estaba Reinel Lugo Arias, (…) estaba esperando a “cachama” y le dije Reinel usted que hace acá, y me dijo “no mami, ya me contaron, ya sé por qué estaba llorando”, al rato que estábamos hablando, apareció cachama, y él lo llamó para hablar con él, dijo verdad que le pegaste, y cachama me dijo “yo le he pegado”, le dije usted no me pega, entonces Reinel dijo “a mí me contaron, por qué lo negas”, Reinel le dijo respétamela “xxxxx, por qué no me la respetas pues”, entonces cachama dijo “yo te he tratado mal xxxxx” y le dije no, usted no me ha tratado mal, entonces el “flaco”, es decir, Reinel, se ofendió y el flaco de la rabia le metió un “lampazo” en la cara y le botó hasta el borojó que estaba tomando, de ahí el flaco sacó la pistola [e] hizo tres tiros al piso, pero no le pasó nada a él, de ahí cachama calló, de ahí el flaco arrancó a correr, pero él no más lo pensaba asustar, de ahí ya cuando arrancó a correr fue cuando lo mató la policía, él no alcanzó ni a llegar a la esquina, tampoco se colocó a dar tiro con ellos, de ahí fue a donde ocurrió ya todo, cachama se fue, herido para el hospital, el tiro le voló fue en una pierna y le salió por el testículo.

La testigo aseguró que el señor Jorge Alexander Giraldo Echavarría (“cachama”), gritó “un sicario” y en ese momento fue cuando los agentes de policía reaccionaron. Al señor Reinel Lugo Arias le gritaron que se detuviera, pero hizo caso omiso a ello y, en cambio, comenzó a disparar al aire. Debido a que no “quiso bajar el arma”, los policiales procedieron a dispararle y uno de esos impactos mató al señor Lugo Arias. Agregó que hubo varios heridos derivados de los disparos de la Policía, puesto que el occiso solamente había lesionado a “cachama”. De la siguiente forma fue narrado:

De ahí, cuando Reinel Lugo Arias le disparó a cachama, cachama comenzó a gritar: “un sicario”, de ahí cuando la gente comenzó a hacer bulla, entonces los policías al ver que la gente estaba gritando, se vinieron tras él, y le decían “alto”, él comenzó a hacer disparos en el aire, es decir, Reinel Lugo Arias, como no quiso bajar el arma, le comenzaron a hacer disparos, uno de esos disparos, es donde lo mató a él, un amiga mía no me lo dejó ver después de que estaba tirado en el suelo, ahí mi mamá me llevó para la casa (…) hubo varios heridos, de los cuales no recuerdo los nombres, porque no eran conocidos, y los heridos fueron atendidos en el hospital “San José”, Reinel únicamente hirió a cachama, los demás heridos fueron por disparos de la Policía, pues lo tiros que estaba haciendo Reinel, eran para el aire, y los demás heridos no tenían nada que ver con el problema, pero como la policía estaba haciendo tiros, las gentes (sic) se atravesó y resultaron heridos, la gente me contaba que todos los heridos fueron atendidos en el hospital “San José”, que es donde atienden a los heridos por bala (…) Preguntada: En qué momento Reinel hirió al señor apodado “cachama”. Contesto: Cuando él me dijo a mi “yo a usted te (sic) pegue xxxxxxx”, entonces Reinel Lugo Arias se enojó más de lo que estaba, ahí fue donde reaccionó a asustarlo con esa pistola, y cuando le comenzó a dar los tiros al piso y resultó herido cachama. Y ya los otros heridos fue por los policías cuando empe[zaron] a hacer tiros, porque el flaco cuando iba corriendo hizo unos disparos al aire, él nunca se enfrentó con la policía (fls. 111 a 114, cdno. 1).

Es de advertir que la testigo, señora Lina Marcela González, para el momento en el que rindió su versión de los hechos, tenía 17 años de edad, situación que no implica, en modo alguno, la configuración de una de las causales de inhabilidad para testimoniar dispuestas en los artículos 215 y 216 del Código de Procedimiento Civil(18), de ahí que la Sala pueda valorar sus dichos.

iii) Hechos probados en el proceso respecto de los cuales existe coincidencia en el acervo probatorio.

Frente a las circunstancias en las cuales se produjo el hecho, se tiene por probado que, a eso de las 13:30 horas, el señor Reinel Lugo Arias se dirigió al sitio ubicado en inmediaciones del supermercado “Surtifamiliar”, en el centro del municipio de Buga (Valle del Cauca) para buscar al señor Jorge Alexander Giraldo Echavarría (apodado “cachama”) y reclamarle por haber ofendido a la señora Lina Marcela González. Después de una breve discusión y como consecuencia de la riña, el señor Lugo Sánchez le disparó con una pistola calibre 7.65 milímetros en tres ocasiones y lo hirió en una pierna a la altura de la ingle. Cuando emprendió la huida fue visto por un grupo de agentes de la policía, los que procedieron a manifestarle que se detuviera. Con ese fin, realizaron sendos disparos al aire, pero el señor Lugo Sánchez huyó con el arma de fuego en la mano. Al constatar que el fugitivo disparaba mientras huía, los policiales abrieron fuego con sus fusiles Galil en contra del sospechoso. Uno de los uniformados se puso de rodillas, le apuntó y lo impactó en la espalda a la altura de la región interescapular. Dicha herida le ocasionó un choque hipovolémico que le causó la muerte.

Conviene precisar que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en algunos apartes de la sentencia de primera instancia manifestó que el disparo ingresó “por el pecho”, pero lo cierto es que, de conformidad con el protocolo de necropsia del señor Lugo Sánchez, la trayectoria del disparo fue “por la parte posterior a la altura de la región inter escapular, (…) y tiene salida en la parte alta del tórax y baja del cuello sobre la línea media anterior”.

En el presente asunto no está en duda que la muerte del señor Reinel Lugo Arias fuera ocasionada por uno de los agentes de policía que acudió al lugar de los hechos, ni tampoco que aquella fue causada por un disparo realizado con un arma de dotación oficial —fusil Galil— y, mucho menos, que fue producto de un acto propio del servicio, puesto que acaeció en momentos en los que los policiales se encontraban patrullando el centro de la ciudad de Buga.

iv) Hechos respecto de los cuales existe divergencia.

Por lo anterior, se encuentra claro que no existe discusión sobre el origen del disparo, la calidad del agente, ni el desarrollo de los hechos en actos del servicio, pero sí en lo que tiene que ver con la intervención determinante de la víctima en el resultado dañoso, así como el hecho de que los policiales implicados hubieran obrado o no de manera arbitraria e injustificada.

En ese orden de ideas, establecer la veracidad de una u otra versión de los hechos propuesta por las partes resulta indispensable para determinar si el Estado debe ser declarado administrativamente responsable de la muerte del señor Lugo Arias, pues si se llegara acreditar que la víctima puso en inminente riesgo la vida de los agentes implicados o la de otras personas, al dispararles, habría que concluir que la conducta de los uniformados se encontraría justificada siempre que hubiere sido proporcional al riesgo o acción desplegada en su contra(19) y que, por tanto, el hecho exclusivo y determinante de la víctima operó en este caso como causal eximente de responsabilidad.

Bajo ese contexto, cabe aclarar que en este proceso no existe certeza de que el señor Reinel Lugo Arias, mientras eludía la captura, hubiera accionado su arma en contra de los policiales y/o la ciudadanía que transitaba el sector, esto por cuanto: i) según la minuta de seguridad y guardia de la policía, aquel accionó en reiteradas ocasiones su pistola en contra de la humanidad de los agentes y ciudadanos que transitaban por el sector y ii) para la señora Lina Marcela González, nunca hubo intercambio de disparos entre la policía y la víctima, pero esta última, cuando se encontraba huyendo, realizó disparos al aire(20).

La Sala precisa que en el expediente no existen pruebas balísticas del arma que portaba el occiso, por lo que, a falta de material probatorio, dará mayor credibilidad a los dichos de la señora Lina Marcela González en punto a considerarse que el señor Reinel Lugo Arias huyó con el arma y realizó varios disparos al aire, esto, en contraposición con el intercambio de disparos narrado por la Policía Nacional, por las razones que pasan a explicarse:

En cuanto a la valoración de la prueba testimonial, el doctrinante Francois Gorphe señala:

La prueba testimonial no resulta tan sencilla como aparece a primera vista: es posible descomponerla en varios elementos o puntos de vista, llamados a completarse, como hacen los diversos ordenes de pruebas: no solamente la persona del testigo, más o menos digna de fe, debe ser examinada para determinar el valor de su testimonio, sino además el objeto de la deposición más o menos propio para ser reproducido, y las condiciones de formación del testimonio, más o menos favorables. El valor del testimonio depende, pues de numerosos factores, dentro de eso tres aspectos principales. Sin duda y por suerte, no todos requieren investigación en cada caso, y basta fijar la atención sobre factores determinantes o discutidos; pero desde luego es preciso conocer su conjunto, para no incurrir en omisiones y para saber plantear el problema que haya de ser resuelto en concreto; de igual modo que un médico debe observar el conjunto del cuerpo antes de reconocer especialmente la parte enferma. Los procedimientos de examen difieren según que la dificultad resida sobre uno o sobre otro de los tres órdenes de factores de valoración antes citados(21).

El mismo autor, señala tres aspectos a manera de pregunta, para realizar la crítica del testimonio: ¿Cuál es el valor del testigo o su aptitud para hacer un buen testimonio?, ¿Cuál es la propiedad del objeto para facilitar un testimonio?, ¿En qué condiciones se ha formado el testimonio?(22).

En ese orden de ideas, en cuanto a la persona declarante es preciso mencionar que el señor Raúl Antonio Valero Peláez se refirió a la señora Lina Marcela González como la “esposa” del occiso y, en igual sentido, se pronunció ella en su testimonio. En similar forma lo hicieron los testigos Osvaldo Tenorio Casañas y Carmen Elisa Tobón Mosquera, puesto que se referían a ellos como compañeros permanentes(23). Sin embargo, dentro del proceso no puede tenerse como acreditada la condición de “cónyuge”, pero es posible, por lo menos, tenerse como su compañera sentimental y/o permanente.

A juicio de la Sala, si bien en un principio es posible considerarla como un testigo sospechoso por su relación sentimental con el señor Reinel Lugo Arias, lo cierto es que no fue tachada por la contraparte, ni tampoco se evidencia contradicción o inconsistencia en su declaración. Por el contrario, coincide con los demás testigos, motivos por los cuales no hay razón para que se vea afectada su credibilidad(24). Además, no es posible deducir algún interés por el solo hecho de ser la compañera permanente del señor Lugo Arias —como atrás se indicó—, dado que no funge como demandante en el presente proceso(25).

Ahora bien, sobre el objeto de la declaración, es decir, si el occiso disparó o no a los uniformados que pretendían capturarlo o a la ciudadanía, se tiene que el relato es coherente en cuanto a la manera en la que se desarrolló la situación dañosa, como en la descripción del lugar donde se presentaron los hechos y los implicados en el mismo, sin que se presenten contradicciones en el testimonio(26).

En efecto, la declaración es confiable, toda vez que fue una testigo presencial de los hechos y sus dichos, valorados en conjunto, son verosímiles, puesto que fue consecuente con los relatos de los demás testigos, por lo que su declaración se considera precisa, consistente y suficiente para que Sala la considere idónea para concluir que el occiso disparó únicamente al aire mientras huía de la autoridad policial.

Además de todo lo dicho, se recuerda que el actuar de la demandada en el proceso fue negligente, puesto que no contestó la demanda y, por ende, no solicitó pruebas, de ahí que debe asumir las consecuencias de no probar los supuestos de hecho acaecidos el 18 de octubre de 2006, de conformidad con contenido normativo del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, el cual prevé “[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.

Ahora, una vez aclarados los hechos respecto de los cuales existe coincidencia en relación con las pruebas obrantes en el proceso y a los que se les da mayor credibilidad, la Sala estudiará si hay o no lugar a declarar la responsabilidad de la entidad demandada por el daño irrogado a la parte actora, para luego determinar si hubo injerencia en la producción de aquel por parte de la víctima.

6.1. La responsabilidad del ente demandado.

A efectos de establecer si en el presente caso se incurrió en una falla del servicio, tal como se plantea en la demanda, resulta imperativo precisar que el uso de la fuerza debe someterse a un juicio de razonabilidad, para determinar si se ajustó o no a los parámetros legales y constitucionales y, en consecuencia, si la reacción fue adecuada respecto de la agresión(27).

En este caso, si bien podría resultar procedente la aplicación de un régimen de responsabilidad objetivo derivado del uso de armas de dotación oficial, advierte la Sala que en el sub lite se encuentra acreditada una falla del servicio por parte de la entidad demandada, la cual habrá de declararse por las razones que pasan a explicarse:

La utilización de armas de dotación por la Fuerza Pública y otros organismos del Estado resulta necesaria para garantizar la seguridad de los ciudadanos, pero, el ejercicio de esta actividad peligrosa constituye un título de imputación idóneo para declarar la responsabilidad de aquella, cuando ha causado un daño antijurídico(28).

Sin embargo, no debe perderse de vista que los miembros de la Fuerza Pública no sólo reciben suficiente instrucción y preparación en el ejercicio de esta actividad, al punto de estar obligados a observar las indicaciones sobre el manejo mecánico y las medidas de seguridad, sino que también son capacitados para actuar en operativos oficiales, al punto que ese nivel de instrucción les debe permitir solventar situaciones como la ocurrida en el sub lite, de manera que cuando se advierte que éstos actuaron de manera irregular en el cumplimiento de sus funciones y durante un servicio oficial obviando los procedimientos para los cuales han sido preparados, se confirma una falla del servicio que debe declararse, salvo que se logre probar una causa extraña.

En el caso concreto se tiene que la persona que ofrecía peligro debió ser neutralizada y lo fue pero mediante el uso desproporcionado e injustificado de la fuerza, toda vez que para el momento en el que llegaron los policías al lugar de los hechos observaron que “un sujeto de mediana estatura, quien vestía de camiseta azul y jean azul, emprendía la huida por la calle 12 hacia el norte, ya que al parecer había causado lesiones con arma de fuego a otro ciudadano a la altura del supermercado Surtifamiliar”(29) y procedieron a dispararle, por la espalda, para ocasionarle finalmente la muerte.

De lo consignado en la minuta de servicio y guardia de la Policía Nacional infiere la Sala que los agentes que se encontraban patrullando el 18 de octubre de 2006 el centro del municipio Buga, no presenciaron de manera directa la conducta desplegada por el señor Reinel Lugo Arias en momento previos a su huida.

No obstante, su intervención en el hecho sí está justificada, dada la situación que se les presentaba, puesto que observaron a un sujeto que disparaba al aire mientras huía del lugar de los hechos y escucharon el grito de alias “cachama” de “sicario”, lo que implicaba la necesidad de aprender a un fugitivo que daba apariencia de alta peligrosidad.

Ahora, si bien se tiene por probado que los agentes exhortaron al señor Reinel Lugo Arias para que se detuviera y que, aun así, continuó huyendo de la autoridad y disparó al aire, lo cierto es que debieron adoptar otras medidas conducentes a su captura que no implicaran darle muerte, máxime cuando era admisible que le dispararan pero a partes no vitales del cuerpo.

En ese sentido, para la Sala es totalmente reprochable de la demandada, al margen del actuar de la víctima —que en breve se estudiará—, que el agente que le dio muerte al señor Lugo Arias haya adoptado una posición de disparo, puesto que se arrodilló y disparó contra el señor Lugo Arias cuando se encontraba de espaldas, esto es, en una situación de indefensión.

Huelga precisar que el agente de policía tuvo tiempo suficiente para acomodarse en una posición idónea de disparo para impactar con acierto en su objetivo y optó por dispararle a la altura de la región inter escapular, cuando pudo haberlo hecho a una parte no vital del cuerpo de la víctima que no implicara segarle la vida, cuando se encontraba de espaldas.

En el caso concreto no le cabe duda a la Sala de que la reacción de los agentes de Policía transgredió el derecho a la vida del señor Reinel Lugo Arias, dado que si bien el uso de las armas de fuego era una opción razonable ante las circunstancias que rodearon los hechos, lo cierto es que no se agotaron todos los mecanismos para garantizar su captura sin que se viera expuesta su vida.

Cabe resaltar que el uso de la fuerza y, concretamente, la necesidad de segar vidas humanas se establece como un criterio de ultima ratio, es decir, se trata del último recurso al cual debe acudir la fuerza pública para neutralizar o repeler un delito o agresión. Por lo mismo, no puede ser usado de manera arbitraria, caprichosa y contraria a todo postulado, principio o norma legal protectores del derecho supremo a la vida. El hecho de que la víctima se encontrara de espaldas propició configurar una situación de indefensión que obligaba al Estado a brindarle protección(30).

En efecto, los agentes de policía debían procurar que en la captura del fugitivo no se viera expuesta su vida, dado que, conforme lo que se probó en el expediente, aquel no accionó el arma de fuego en su contra ni en la de la ciudadanía, de ahí que aquellos debieron obrar de manera proporcional y congruente a los hechos del 18 de octubre de 2006 y darle captura sin ocasionarle la muerte.

De lo anterior, se concluye que la conducta de los uniformados vulneró el derecho a la vida consagrado tanto en la Carta Política y en los tratados internacionales de derechos humanos de los cuales el Estado colombiano hace parte, como también en los propios reglamentos establecidos en la institución policiva. En efecto, en el artículo 141 de la Resolución 9960 de 13 de noviembre de 1992, se establecen los preceptos relacionados con la conducta que deben asumir los agentes del orden en situaciones como la ocurrida en el sub lite:

1. No hacer uso de la fuerza o de las armas innecesariamente o en forma imprudente.

2. Entregar al detenido capturado a la autoridad competente.

3. El detenido está bajo la exclusiva responsabilidad de quien tiene el encargo de su custodia o traslado.

4. Registrar al individuo minuciosamente, el policía debe estar siempre en condiciones ventajosas para repeler cualquier agresión con seguridad y energía.

(…)

6. Si la persona no ofrece peligrosidad hacer el traslado, lo más discretamente posible.

7. Si se trata de menores, mujeres, ancianos o enfermos, guardar todas las consideraciones que merecen, sin descuidar las medidas de seguridad.

8. Salvo lo dispuesto en la ley sobre régimen carcelario, las armas de fuego solo pueden emplearse contra fugitivos cuando éste las use para facilitar o proteger su fuga.

Ahora bien, dados los supuestos fácticos que rodean el asunto objeto de análisis, resulta pertinente precisar el contenido y alcance de los parámetros que respecto del derecho a la vida se han esbozado tanto en la jurisprudencia internacional como interna. En relación con la protección del derecho a la vida por parte de las autoridades pertenecientes a los Estados miembros de la Convención Americana de Derechos Humanos(31), la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado:

La Corte ha establecido que el derecho a la vida juega un papel fundamental en la Convención Americana por ser el presupuesto esencial para la realización de los demás derechos. Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él. La observancia del artículo 4, relacionado con el artículo 1.1 de la Convención Americana, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva), conforme al deber de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción En razón de lo anterior, los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias, no sólo para prevenir, juzgar y castigar la privación de la vida como consecuencia de actos criminales, en general, sino también para prevenir las ejecuciones arbitrarias por parte de sus propios agentes de seguridad(32).

En este orden de ideas resulta forzoso concluir que en este caso se configuró una falla en el servicio por exceso de la fuerza estatal, dado que el resultado fue desproporcionado en relación con la inminencia de la circunstancia, pues los agentes de la policía causaron la muerte del señor Reinel Lugo Arias, con sus armas de dotación, mientras estaban en servicio activo.

En efecto, de conformidad con el análisis realizado, resulta claro el actuar anómalo de la fuerza pública por el hecho de haber disparado al fugitivo cuando se encontraba de espaldas en un aparte vital de su cuerpo y no haber hecho uso de mecanismos menos lesivos para darle captura, de ahí que ese hecho estuviera alejado del cumplimiento de sus deberes oficiales.

Huelga precisar que en las pruebas testimoniales se mencionó que quien realizó el disparo que ocasionó la muerte del señor Lugo Arias fue un agente de “tez morena, alto, acuerpado”(33); no obstante, de las pruebas allegadas a este expediente no puede establecerse con precisión la identidad del policía que le propinó el disparo, pero, de todos modos, para la Sala es claro que las pruebas recaudadas permiten inferir que fueron agentes de la Policía Nacional, razón suficiente que, aunada a lo antes expresado, permiten encontrar responsable a la entidad demandada por los hechos de este proceso. Al respecto, la Sección Tercera ha dicho:

La responsabilidad administrativa fundamentada en el artículo 90 de la Carta Política, consagra la obligación a cargo del Estado de responder patrimonialmente por todos los daños antijurídicos que cause, con la acción u omisión de las autoridades públicas, lo que significa que la responsabilidad del Estado no tiene que definirse previa comprobación de la conducta individual de sus autoridades. Por esto es que el citado artículo al referirse al daño causado con la acción u omisión de las autoridades públicas desecha de plano cualquier consideración sobre la conducta individual del servidor público que lesionó un bien jurídicamente tutelado(34).

(…)

La jurisprudencia ha sostenido que el carácter anónimo es un elemento natural de la falla del servicio, dado que para estructurarla no se requiere identificar a las personas cuya conducta es constitutiva de la misma. La víctima puede imputar responsabilidad a la administración sin tener que designar al funcionario que ha desarrollado la conducta, pues, la falta del servicio público puede resultar de las actuaciones de agentes determinados pero no identificados, y el hecho de que los agentes sean conocidos o no, no cambia en nada la responsabilidad estatal que queda comprometida cuando el hecho dañoso es imputable a la administración. En consecuencia, tal como sucede en el caso concreto donde no se identificó por sus nombres a los agentes de policía que perpetraron el hecho, los elementos que están presentes, muestran que existen indicios serios que comprometen la responsabilidad de la administración(35).

Como consecuencia de todo lo dicho, para la Sala le asiste razón al Tribunal de origen en cuanto a la declaratoria de responsabilidad del ente demandado, en tanto que hubo un exceso en el uso de la fuerza por parte de los uniformados; no obstante, no puede obviar el hecho de que el señor Reinel Lugo Arias haya lesionado al señor Giraldo Echavarría y huyera disparando del lugar, por lo que se procederá a estudiar cuál fue su incidencia la producción del resultado dañoso y si hay lugar a decretar, como lo consideró a quo, una reducción de la indemnización.

6.2. La incidencia de la víctima en la producción del daño.

En este punto, conviene recordar que la entidad demandada sostuvo que la muerte del señor Reinel Lugo Arias se produjo por su propia culpa, pero advierte la Sala que el hecho de la víctima, como causa extraña y exclusiva, impone la prueba de que se trató de un acontecimiento que le era imprevisible e irresistible a la administración, pues de no ser así, se revela una falla del servicio en el entendido de que dicha entidad, teniendo un deber legal, no previno o resistió el suceso, pues como lo advierte la doctrina “sólo cuando el acontecimiento sobrevenido ha constituido un obstáculo insuperable para la ejecución de la obligación, deja la inejecución de comprometer la responsabilidad del deudor”(36).

La Sala, en cuanto a los requisitos para considerar que el hecho de la víctima concurre en un supuesto específico como eximente de responsabilidad administrativa, ha expresado:

Así las cosas, a efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, es necesario determinar, en cada caso concreto, si el proceder activo u omisivo de aquélla tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño. En ese orden de ideas, resulta dable concluir que para que el hecho de la víctima tenga plenos efectos liberadores de la responsabilidad estatal, es necesario que el hecho desplegado por la víctima sea tanto causa del daño, como la raíz determinante del mismo, es decir, que se trate de la causa adecuada, pues en el evento de resultar catalogable como una concausa en la producción del daño, no eximirá al demandado de su responsabilidad y, por ende, del deber de indemnizar, aunque, eso sí, habrá lugar a rebajar su reparación en proporción a la participación de la víctima(37).

En efecto, si bien no se demostró que el señor Reinel Lugo Arias hubiera asumido una actitud temeraria al atacar primero con el arma que portaba a los agentes de policía y/o a la ciudadanía, pues la única referencia al intercambio de disparos que supuestamente se produjo aparece mencionada en la minuta de seguridad y guardia de la Policía Nacional, prueba que, como se aludió(38), se le dio menor valor probatorio frente a lo narrado por los testigos, lo cierto es que se tiene plenamente acreditado que mientras huía del lugar de los hechos la víctima disparó al aire, de lo cual es posible deducir que tuvo injerencia en la producción del daño.

Por lo anterior, es posible colegir que la causa de la respuesta armada de los agentes de policía fue el actuar de la víctima, quien de manera irreflexiva, después de cometer un ilícito, huyó del lugar de los hechos realizando disparos al aire de forma imprudente.

Es así como el cargo de censura propuesto en el recurso de apelación por la parte demandada no está llamado a prosperar totalmente, por cuanto, resalta la Sala, en el presente caso la alegada configuración de una eximente de responsabilidad se apoya en pruebas insuficientes que se limitan a señalar que el sujeto estaba armado; minutos antes de encontrarse con los agentes de policía había accionado su arma y que huyó disparando, circunstancias que no permiten establecer directamente que el occiso hubiere disparado contra los agentes de policía y que esa hubiere sido la razón determinante para que aquellos reaccionaran disparándole.

Para la Sala le asiste razón al Tribunal a quo al sostener que el actuar imprudente de la víctima ameritaba el uso de las armas de fuego, pues el acervo probatorio relacionado permite concluir que el señor Reinel Lugo Arias se encontraba desplegando una actividad reprochable con un arma de fuego en contra de un civil que, además, accionó al percatarse de la presencia de los uniformados que le pretendían dar captura.

En ese sentido, es claro que la víctima incidió en la producción el daño, habida cuenta que portó un arma de fuego que accionó al encontrarse con alias “cachama” y que, al ser requerido por los agentes de policía, pretendió eludir la captura y optó por disparar indiscriminadamente al aire, sin consideración alguna a que se encontraba en un lugar de alto tránsito de transeúntes en el centro del municipio de Buga, Valle del Cauca.

Significa todo lo anterior que se advierte una concurrencia de culpas entre la Policía Nacional, responsable por el exceso en el uso de la fuerza, y del demandante debido a la reticencia en atender los requerimientos de las voces de alto de las autoridades policiales, así como del hecho de usar el arma que portaba, en los términos ampliamente reiterados en esta providencia, mientras huía del lugar de los hechos.

Con fundamento en los argumentos expuestos, la Sala confirmará la sentencia apelada en cuanto redujo la indemnización que debe pagar la entidad demandada, en consideración a la participación de la víctima en la producción del daño y fijará en un 50% esa reducción, por considerar que ambas causas tuvieron una incidencia equivalente en la producción del daño, de ahí que en el eventual caso de que los perjuicios deprecados estén probados y debidamente acreditados en el proceso, los mismos habrán de ser reducidos en ese específico porcentaje.

7. Indemnización de perjuicios: perjuicios morales.

La parte demandante solicitó en la demanda el reconocimiento de perjuicios morales por la suma de mil (1.000) salarios mínimos mensuales legales para los padres del señor Reinel Lugo Arias, así como el equivalente quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales para sus hermanos.

Ahora bien, ha reiterado la jurisprudencia de la Corporación que la indemnización por perjuicio moral que se reconoce a quienes sufran un daño antijurídico, tiene una función básicamente satisfactoria(39) y no reparatoria del daño causado y que los medios de prueba que para el efecto se alleguen al proceso pueden demostrar su existencia pero no una medida patrimonial exacta frente al dolor, por tanto, corresponde al juez tasar discrecionalmente la cuantía de su reparación, teniendo en cuenta los criterios generales contemplados por la Sala Plena de la Sección Tercera, en la sentencia de unificación jurisprudencial sobre la indemnización de perjuicios morales derivados de la muerte de una persona, proferidas el 28 de agosto de 2014(40).

Este entendimiento es congruente con la posición reiterada por la Sala Plena de la Sección Tercera, en el sentido de señalar la necesidad de acreditación probatoria del perjuicio moral que se pretende reclamar, sin obstáculo para que, en ausencia de otro tipo de pruebas, pueda reconocerse en ciertos casos —como por ejemplo en relación con lesiones y muerte de personas— con base en las presunciones derivadas del parentesco, las cuales podrán ser desvirtuadas total o parcialmente por las entidades demandadas, demostrando la inexistencia o debilidad de la relación familiar en que se sustentan(41).

Por su parte, en la jurisprudencia de la Sección, el daño moral se ha entendido como el producido generalmente en el plano síquico interno del individuo, reflejado en los dolores o padecimientos sufridos a consecuencia de la lesión a un bien(42), daño que tiene existencia autónoma y se configura una vez satisfechos los criterios generales del daño: que sea particular, determinado o determinable, cierto, no eventual y que tenga relación con un bien jurídicamente tutelado.

Así mismo, la doctrina ha considerado que los daños morales son “esos dolores, padecimientos, etc., que pueden presentarse solamente como secuela de los daños infligidos a la persona. Que no son entonces daños propiamente dichos, y que por otra parte, constituyen un sacrificio de intereses puramente morales, que justifican una extensión del resarcimiento, esta vez con función principalmente satisfactoria”(43).

Es así como la Sala acude a la regla de la experiencia(44) que señala que el núcleo familiar cercano se aflige o acongoja con los daños irrogados a uno de sus miembros, lo cual es constitutivo de un perjuicio moral, por lo que en tratándose del fallecimiento de una persona es igualmente claro que el dolor moral se proyecta en su mayor intensidad en los miembros de dicho núcleo familiar.

Ahora, a la luz del criterio unificado de la Sección, es procedente reconocer la suma de 100 smmlv para la víctima directa y sus familiares en primer grado de consanguinidad. En relación con los parientes en segundo grado de consanguinidad la indemnización será en el equivalente a 50 smmlv(45).

Se recuerda que debido a la participación de la víctima en la producción del daño y la graduación de la responsabilidad expuesta en el análisis del caso concreto, al valor de la indemnización se le descontará un cincuenta por ciento (50%).

Así pues, resulta procedente reconocer a título de perjuicio moral a favor de los padres del occiso, los señores Alfonso Lugo Sánchez y Blanca Milzar Arias de Lugo, la suma de 50 smmlv, para cada uno; así como, para sus hermanos, los señores María Consuelo, Rosario, Tulio Enrique, Efraín, Ana Judith, Deicy, Fernando y Abel Antonio Lugo Arias la suma equivalente a 25 smmlv, para cada uno.

7.2.(sic) Perjuicios materiales.

7.2.1. Daño emergente.

Por concepto de indemnización de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, se pidió en la demanda que se le reconociera a la señora Blanca Milzar Arias de Lugo la suma de cinco millones de pesos ($ 5.000.000), derivados de los gastos funerarios, de abogado y “otros” en los que ocurrió como consecuencia de la muerte de su hijo, el señor Reinel Lugo Arias.

La Sala recuerda que el artículo 1614 del Código Civil define el daño emergente como “el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento”. En tal virtud, como lo ha sostenido reiteradamente la Sección, estos perjuicios se traducen en las pérdidas económicas que se causan con ocasión de un hecho, acción, omisión u operación administrativa imputable a la entidad demandada que origina el derecho a la reparación y que en consideración al principio de reparación integral del daño, consagrado en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, solamente pueden indemnizarse a título de daño emergente los valores que efectivamente empobrecieron a la víctima o que debieron sufragarse como consecuencia de la ocurrencia del hecho dañoso y del daño mismo.

Sobre el particular, en el proceso no se acreditó que la señora Blanca Milzar Arias de Lugo hubiere incurrido en algún gasto con ocasión del fallecimiento del señor Reinel Lugo Arias, puesto que se echa de menos en el plenario material probatorio tendiente a probar alguna erogación realizada por aquella con el fin de solventar gastos de funerarios, de abogado y “otros” como consecuencia de la muerte de su hijo, el señor Reinel Lugo Arias, motivo por el cual no hay lugar a acceder a su reconocimiento.

7.2.2. Lucro cesante.

Se solicitó en la demanda que fueran reconocidos los perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, por un valor de $ 500.000.000 en favor de los padres del occiso, derivados de lo que pudo haber devengado el señor Reinel Lugo Arias por el resto de su vida de no haber sido ultimado por los agentes de policía el 18 de octubre de 2006.

En relación con la indemnización del lucro cesante solicitado con ocasión de la muerte de un hijo, la jurisprudencia de la Corporación ha sido clara en que se reconoce y calcula hasta el momento en que la víctima directa del daño hubiera alcanzado los 25 años, puesto que se infiere que a partir de esta edad las personas deciden formar su propio hogar; no obstante, si el padre o la madre acreditan que dependían económicamente de su hijo, por la imposibilidad de solventarse o valerse por sí mismos, dicha indemnización se calcula hasta la vida probable de aquellos(46).

En el proceso se tiene por probado que para la época de los hechos, esto es, el 18 de octubre de 2006, el señor Reinel Lugo Arias tenía la edad de 31 años, puesto que, de conformidad con su registro civil (fl. 11, cdno. 1), nació el 6 de octubre de 1975.

En testimonio rendido por Francy Nelly Ramírez Barco(47) se manifestó que el occiso “ayudaba a sus padres” y en la declaración de la señora Carmen Elisa Tobón Mosquera(48) se manifestó que “destinaba el dinero que ganaba para el sustento de la familia, de la muchacha Lina Marcela Bejarano, que era la mujer de él, y también para sus papás don Alfonso y doña Blanca”. Además se tiene por probada la actividad laboral que desempeñaba el señor Reinel Lugo Arias toda vez que “vendía jugos de naranja, y diariamente se vendía más o menos entre cuarenta o cincuenta mil pesos, y esa plata que él se ganaba más que todo era para su hogar, sus hijos, y para ayudarle a la mamá de ahí”.

A la Sala no le cabe duda que el señor Reinel Lugo Arias desarrollaba una actividad económica y ayudaba al sostenimiento de sus padres, pero lo cierto es que no se demostró que éstos dependieran exclusivamente de aquél y menos aún que no trabajaran o que estuvieran imposibilitados para hacerlo. Además, el hoy occiso tenía 7 hermanos más, quienes, según sus respectivos registros civiles de nacimiento (fls. 4 a 13, cdno. 1), se encontraban en edad productiva cuando ocurrieron los hechos y, por ende, en capacidad y posibilidad de contribuir al sostenimiento de sus padres, si es que éstos lo llegaban a necesitar(49).

Así las cosas, la Sala negará la pretensión, toda vez que la víctima al momento de su fallecimiento tenía 31 años de edad, esto es, más del rango de edad que la jurisprudencia presume que un hijo ayuda al hogar y, además, no se probó que sus padres tuvieran un impedimento para solventarse o valerse por sí mismos, aunado a la existencia de sus hermanos en edad productiva(50).

8. Condena en costas.

En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICAR la parte resolutiva de la sentencia recurrida, esto es la proferida en el proceso de la referencia el 30 de abril de 2010 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, la cual quedará así:

1. DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, por la muerte del señor Reinel Lugo Arias, ocurrida el 18 de octubre de 2006.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, a pagar las siguientes sumas de dinero en favor de los demandantes:

2.1. Por daño moral, a favor de los padres del señor Reinel Lugo Arias, los señores Alfonso Lugo Sánchez y Blanca Milzar Arias de Lugo, la suma equivalente en pesos a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia, para cada uno de ellos.

2.2. Por daño moral, a favor de los hermanos del señor Reinel Lugo Arias, los señores María Consuelo Lugo Arias, Rosario Lugo Arias, Tulio Enrique Lugo Arias, Efraín Lugo Arias, Ana Judith Lugo Arias, Deicy Lugo Arias, Fernando Lugo Arias y Abel Antonio Lugo Arias, la suma equivalente en pesos a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia, para cada uno de ellos.

3. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

4. CÚMPLASE lo dispuesto en esta providencia, en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

5. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado o apoderada judicial que ha venido actuando.

6. Sin condena en costas.

7. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(7) Ley 446 de 1998, artículo 40.

(8) Normativa aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

(9) “…en vigencia del artículo 347 del Código Civil, y la Ley 57 de 1887, el estado civil respecto de personas bautizadas, casadas o fallecidas en el seno de la iglesia, se acreditaba con los documentos tomados del registro del estado civil, o con las certificaciones expedidas por los curas párrocos, pruebas que, en todo caso, tenían el carácter de principales. Para aquellas personas que no pertenecían a la Iglesia Católica, la única prueba principal era la tomada del registro del estado civil. Con la entrada en vigencia de la Ley 92 de 1938 se estableció la posibilidad de suplir la falta de las pruebas principales por supletorias. Para acudir a éstas últimas, era necesario demostrar la falta de las primeras. Esta demostración consistía en una certificación sobre la inexistencia de la prueba principal, expedida por el funcionario encargado del registro civil, que lo era el notario, y a falta de éste, el alcalde. Por su parte, el Decreto 1260 de 1970 estableció como prueba única para acreditar el estado civil de las personas, el registro civil de nacimiento”. Sentencia de 22 de abril de 2009, exp. 16.694, M.P. Myriam Guerrero de Escobar, reiterada por esta Subsección en sentencia de 9 de febrero de 2011, exp. 19.352, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(10) Se recuerda que la Policía Nacional no contestó la demanda, por lo que, como consecuencia, no solicitó pruebas en el proceso.

(11) Dicho testimonio fue rendido, por despacho comisorio, en el Juzgado Segundo Administrativo de Buga (Valle del Cauca), el 7 de noviembre de 2007.

(12) Sobre el particular debe decirse que dentro del expediente no obra prueba tendiente a probar la calidad de cónyuge de la señora Lina Marcela Bejarano aducida por el testigo.

(13) Dicho testimonio fue rendido, por despacho comisorio, en el Juzgado Segundo Administrativo de Buga (Valle del Cauca), el 7 de noviembre de 2007.

(14) Se refiere a Reinel Lugo Arias, puesto que en pruebas testimoniales surtidas para efectos de probar su actividad laboral y sus relaciones afectivas, se manifestó que se desempeñaba como vendedor de jugos en el centro de la ciudad de Buga (Valle del Cauca) (fls. 109 a 111, 115 a 119, cdno. 1).

(15) Dicho testimonio fue rendido, por despacho comisorio, en el Juzgado Segundo Administrativo de Buga (Valle del Cauca), el 14 de noviembre de 2007.

(16) Sobre la testigo se recuerda que el señor Raúl Antonio Valero Peláez aseguró que era la esposa del occiso, señor Reinel Lugo Arias.

(17) La Sala se permite omitir algunas expresiones soeces, pues no las considera relevantes para el asunto sometido a su consideración.

(18) Las causales de inhabilidad son las siguientes: ART. 215.—Inhabilidades absolutas para testimoniar. Son inhábiles para testimoniar en todo proceso: 1. Los menores de doce años. 2. Los que se hallen bajo interdicción por causa de demencia. 3. Los sordomudos que no puedan darse a entender por escrito o por lenguaje convencional de signos traducibles por intérprete.
ART. 216.—Inhabilidades relativas para testimoniar. Son inhábiles para testimoniar en un proceso determinado: 1. Los que al momento de declarar sufran alteración mental o perturbaciones sicológicas graves, o se encuentren en estado de embriaguez, sugestión hipnótica o bajo el efecto del alcohol o sustancias estupefacientes o alucinógenas. 2. Las demás personas que el juez considere inhábiles para testimoniar en un momento determinado, de acuerdo con las reglas de la sana crítica.

(19) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencias del 20 de febrero de 2014, exp. 20.030 y 29 de febrero de 2016, exp. 31.378, M.P. Danilo Rojas Betancourth.

(20) Se recuerda que las demás pruebas testimoniales no hicieron alusión expresa a este punto de los hechos, tal como se dejó referenciado en el acápite de “la situación fáctica de conformidad con los testimonios practicados en el proceso por petición de la parte demandante”.

(21) Francois Gorphe, Apreciación judicial de las pruebas, Bogotá, Temis, 1985, p. 362.

(22) Francois Gorphe, La crítica del testimonio, Madrid, editorial Reus S.A., 1985, p. 305.

(23) Estas dos diligencias de testimonio fueron rendidas, por despacho comisorio, ante el Juzgado Segundo Administrativo de Buga (Valle) el 16 de noviembre de 2007 (fl. 115-119, cdno. 1).

(24) Código de Procedimiento Civil. ART. 217.—Testigos sospechosos. Son sospechosas para declarar las personas que en concepto del juez, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a sus apoderados, antecedentes personales u otras causas.

(25) Una vez realizada la verificación en el software, no se tiene que la mencionada señora haya demandado de forma individual.

(26) En un sentido similar se pronunció el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 11 de marzo de 2004, exp. 14135, M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(27) Al respecto consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 10 de marzo de 2011, exp. 17738, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(28) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 12 de marzo de 2015, M.P. Hernán Andrade Rincón (e).

(29) Minuta de servicios y guardia de la Policía Nacional (fls. 56 a 62, cdno. 1).

(30) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 12 de junio de 2017, exp. 42693, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

(31) En ese mismo sentido, el Comité de Derechos Humanos, creado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, ha señalado: “[l]a protección contra la privación arbitraria de la vida, que es explícitamente exigida por el párrafo 3º del artículo 6.1 [del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos] es de suprema importancia. El Comité considera que los estados partes deben tomar medidas no sólo para prevenir y castigar la privación de la vida [causada por] actos criminales sino también para prevenir los homicidios arbitrarios [cometidos por] sus propias fuerzas de seguridad. La privación de la vida por autoridades del Estado es una cuestión de suma gravedad. En consecuencia, [el Estado] debe controlar y limitar estrictamente las circunstancias en las cuales [una persona] puede ser privada de su vida por tales autoridades” (Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Comentario General 6/1982, párr. 3 y cfr. también Comentario General 14/1984, párr. 1).

(32) Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de los “niños de la calle” (Villagrán Morales y otros), sentencia de 19 de noviembre de 1999. Caso de la Masacre de Pueblo Bello, Caso del Penal Castro Castro, y Caso Vargas Areco y Caso Caso Escué Zapata vs. Colombia, sentencia de 4 de julio de 2007.

(33) Testimonio rendido el 7 de noviembre de 2007 por el señor Raúl Antonio Valero Peláez, quien se encontraba presente en el lugar de los hechos (fls. 105 a 107, cdno. 1).

(34) Cita original del texto: sentencia de agosto 9 de 2001, proceso 52001-23-31-000-1995-3105-01(13105), M.P. María Elena Giraldo Gómez.

(35) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 22 julio de 2009, exp. 16911, M.P. Myriam Guerrero De Escobar. Reiterada por la Subsección A, en sentencia de 12 de marzo de 2015, exp. 30413, M.P. Hernán Andrade Rincón (e).

(36) Luis Josserand, Derecho civil, tomo II, vol. I, ed. Bosh y cia., Buenos Aires, 1950, p. 341.

(37) Sentencia proferida el 29 de julio de 2015 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, C.P. Hernán Andrade Rincón, exp. 39049.

(38) Se narró de la siguiente forma: “cabe aclarar que en este proceso no existe certeza de que el señor Reinel Lugo Arias, mientras eludía la captura, hubiera accionado su arma en contra de los policiales y/o la ciudadanía que transitaba el sector, esto por cuanto: i) según la minuta de seguridad y guardia de la policía, aquel accionó en reiteradas ocasiones su pistola en contra de la humanidad de los agentes y ciudadanos que transitaban por el sector y ii) para la señora Lina Marcela González, nunca hubo intercambio de disparos entre la policía y la víctima, pero esta última, cuando se encontraba huyendo, realizó disparos al aire”.

(39) En tratándose del perjuicio o daño moral por la muerte o las lesiones de un ser querido, la indemnización tiene un carácter satisfactorio, toda vez que —por regla general— no es posible realizar una restitución in natura, por lo que es procedente señalar una medida de satisfacción de reemplazo, consistente en una indemnización por equivalencia dineraria. Al respecto puede consultarse el criterio doctrinal expuesto por el dr. Renato Scognamiglio, en su obra El daño moral. Contribución a la teoría del daño extracontractual. Traducción de Fernando Hinestrosa, Bogotá, ed. Antares, 1962, p. 46.

(40) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, exp. 26.251, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, exp. 27.709, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

(41) Sentencia de 23 de agosto de 2012, exp. 1800-12-33-1000-1999-00454-01 (24392).

(42) Sentencia del 10 de julio de 2003, exp. 14083, C.P. María Elena Giraldo Gómez, criterio reiterado por la Subsección B en sentencia de 30 de junio de 2011, exp. 19836, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(43) SCOGNAMIGLIO Renato. El daño moral. Contribución a la teoría del daño extracontractual. trad. de Fernando Hinestrosa, Bogotá, ed. Antares, 1962. p. 46.

(44) Sobre el carácter de la presunción bajo las reglas de la experiencia el tratadista Gustavo Humberto Rodríguez manifestó: “La presunción como regla de experiencia. - La acción humana va siempre acompañada de conocimiento. El hombre conoce la realidad en la cual actúa, por medio de dos instrumentos: la experiencia y la ciencia. Con la experiencia conoce empíricamente, objetivamente, llevando por la observación a que se ve impelido por la acción. Con la ciencia sistematiza sus conocimientos, profundiza críticamente en ellos, los verifica y los explica metódicamente. El análisis empírico lo lleva a formular juicios de experiencia; el científico lo conoce a expresar juicios científicos, que serán absolutos mientras la misma ciencia no los desvirtúe. A su vez, los juicios o reglas de la experiencia, en virtud de ese carácter meramente empírico o práctico, solo expresan un conocimiento inconcluso o de probabilidad. La experiencia es un conjunto de verdades de sentido común, dentro de las cuales hay muchos grados que lindan con el científico…” Gustavo Humberto Rodríguez. Presunciones. Pruebas penales colombianas, tomo II, ed. Temis, Bogotá, 1970, pp. 127 y ss. Quiceno Álvarez Fernando. Indicios y presunciones. Compilación y extractos, ed. Jurídica Bolivariana, reimpresión 2002 (negrilla de la Sala).

(45) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, exp. 26.251, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, exp. 27.709, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

(46) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena, Sección Tercera, sentencia de 6 de abril de 2018, exp. 46.005, M.P. Danilo Rojas Betancourth.

(47) Testimonio rendido el 14 de noviembre de 2007 (fls. 109 a 111, cdno. 1).

(48) Testimonio del 16 de noviembre de 2007 (fls. 115-117, cdno. 1).

(49) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 19 de julio de 2017, exp. 48868, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

(50) “[S]e debe tener en cuenta que, conforme lo ha sostenido la Sala, en relación con los padres, la indemnización del lucro cesante, correspondiente a la ayuda económica dejada de percibir de sus hijos, debe calcularse hasta que el hijo alcanzare la edad de 25 años, a partir de la cual se presume, con fundamento en las reglas de la experiencia, que los hijos conforman su propia familia y se ocupan de su propio sostenimiento, a menos que esté demostrada una situación distinta”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 11 de marzo de 2004, exp. 14533, M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.