Sentencia 2006-06004 de mayo 2 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Rad.: 76001-23-31-000-2006-06004-01

Exp.: 1193-2012

Consejera Ponente:

Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez

Actor: Ernesto González Caicedo

Autoridades departamentales

Bogotá D.C., dos de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

El problema jurídico

Se circunscribe a dilucidar inicialmente si los actos administrativos demandados son enjuiciables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo; para luego determinar si el actor tenía derecho a ser posesionado corno diputado de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca.

Actos acusados

Oficios de 24 de marzo y 24 de abril de 2006, expedido por el presidente de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, mediante los cuales le informó al demandante que: “(...) una vez presente la credencial que lo acredite como diputado electo, expedida por los delegados de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la mesa directiva procederá a darle la posesión como diputado” (fls. 9 y 12).

Hechos probados

El secretario general de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca hizo constar que la doctora Martha Nelly Chávez Jiménez fue elegida diputada durante el periodo constitucional 2004-2007, cargo que comenzó a ejercer desde el 2 de enero de 2004 hasta el 23 de noviembre de 2005 de acuerdo a la providencia emitida por el Consejo de Estado el 23 de noviembre de 2005 (fls. 14-15, cdno. 2).

La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 11 de agosto de 2011, Expediente 3580, M.P. María Nohemí Hernández Pinzón, declaró la nulidad del acto de elección de la señora Martha Nelly Chávez Jiménez como diputada a la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, por el periodo constitucional 2004-2007 (fls. 281-304, cdno. 3).

Mediante Resolución 2081 de 30 de noviembre de 2005, la mesa directiva de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca declaró la vacancia del cargo de diputado de la doctora Martha Nelly Chávez Jiménez (fls. 44-45).

Por Resolución 2082 de 30 de noviembre de 2005, la mesa directiva de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, llamó al señor Álvaro José Giraldo Cadavid a ocupar la curul de diputado, teniendo en cuenta que: “(...) La Registraduría Nacional del Estado Civil, por intermedio de los doctores (...) delegados de la misma entidad, mediante Oficio 2611 de 28 de noviembre de 2005 (...) informa que: ‘quien sigue en votación después de los elegidos es el ciudadano Álvaro José Giraldo Cadavid’, con una votación de once mil ciento ochenta y seis (11.186) votos (fl. 47).

El 14 de marzo de 2006 el actor elevó derecho de petición ante el presidente de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, solicitándole lo posesionara como diputado de la asamblea como consecuencia de las elecciones realizadas el 26 de octubre de 2003, a nombre del Partido Liberal por el periodo 2004-2007, teniendo en cuenta que en la lista presentada ocupa el número uno (fls. 3-5). Anexo al anterior escrito el formulario E-26 (pág. 2), en el cual se registraron los votos por el Partido Liberal, cuya lista es encabezada por el actor (fls. 6-7).

El 24 de marzo de 2006 el presidente de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, en respuesta al derecho de petición presentado por el actor procedió a informarle que: “(...) Una vez usted presente la credencial que lo acredita como diputado electo, expedida por los delegados de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la mesa directiva procederá a darle posesión como diputado (fl. 9).

Por lo anterior, el 6 de abril de 2006 el actor nuevamente eleva derecho de petición ante el presidente de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, manifestando su inconformidad con la anterior decisión y reiterándole que lo posesione como diputado a nombre del Partido Liberal por el periodo 2004-2007 (fls. 10-11).

El presidente de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca el 24 de abril de 2006, en respuesta a la nueva petición, le reitera que: “(...) La Asamblea Departamental del Valle del Cauca, no es competente para determinar quién ha salido elegido para desempeñar cargos de elección popular dado que todo el proceso se adelanta ante la registraduría quien es la entidad competente, en consecuencia debe dirigirse a dicha entidad para que expida la respectiva certificación y de acuerdo a ella proceder la Asamblea Departamental a darle el trámite pertinente según el Decreto 1222 de 1986” (fl. 12).

Análisis de la Sala

De la nulidad de los oficios de 24 de marzo y abril de 2006 respectivamente

El actor en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, pretende la nulidad de los oficios de 24 de marzo y 24 de abril de 2006, proferidos por el presidente de la Asamblea Departamental del Departamento del Valle del Cauca, mediante los cuales le informó al demandante que una vez allegue la credencial que lo acredita como diputado electo, expedida por los delegados de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la mesa directiva procederá a darle posesión como diputado (fls. 13, 9 y 12).

El a quo mediante la sentencia impugnada resolvió inhibirse de efectuar análisis respecto a la legalidad de los actos acusados, por considerar que se trata de actos administrativos de trámite, que no contienen la voluntad de la administración, sino que le informan al accionante respecto al trámite previo que debe agotar para poder darle posesión como diputado, en consecuencia no son susceptibles de nulidad por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

En la alzada el accionante insiste que se trata de actos administrativos pasibles de nulidad por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por cuanto el presidente de la Asamblea Departamental del Valle del Causa, como autoridad competente debía darle posesión como diputado del departamento, ante la vacancia de la curul por la diputada Martha Nelly Chávez Jiménez, a quien se le anuló la elección.

Al respecto dirá la Sala que tratándose del ejercicio del derecho de petición, como ocurre en esta oportunidad, debe enmarcarse el estudio de la controversia planteada en el artículo 23 de la Constitución Política que lo consagra como tal, así como en el artículo 4º del Código Contencioso Administrativo, en cuanto refiere este último que las actuaciones administrativas pueden iniciarse por quienes ejerciten ese derecho.

Empero, debe entenderse que al ejercitar el derecho de petición como una manera de iniciar una actuación administrativa, no necesariamente la actuación de la administración es la expedición de un acto administrativo que contenga su voluntad.

De igual manera la administración también genera actos de carácter informativo que indican trámites o procedimientos a seguir, los cuales una vez agotados por el solicitante, implican la decisión final. Estos actos administrativos denominados genéricamente como de trámite, no son objeto de enjuiciamiento ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Al respecto la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación de 17 de mayo de 2012, Expediente 2113-08,(1) indicó lo siguiente:

“(...) Conforme a las normas que se transcriben y la reiterada jurisprudencia de esta corporación y la Corte Constitucional, es evidente que la competencia pare suprimir cargos en el departamento de Boyacá, la tiene constitucional y legalmente el gobernador (como sé analizó en el capítulo anterior), función que deberá realizar mediante un acto administrativo que así lo determine y que en el presente caso lo fue el Decreto 1844 de 21 de diciembre de 2001, que así lo dispuso.

Comoquiera que la supresión del cargo de un funcionario es una de las novedades de personal consagradas en la ley, es posible que la dirección de talento humano del departamento de Boyacá, sea la dependencia que maneja todo lo pertinente al personal, al bienestar social y capacitación en orden al desarrollo del talento humano al servicio del ente territorial, comunicar la decisión de la administración.

En esas condiciones, el director de talento humano es el que garantiza la administración de personal dentro del marco de las disposiciones legales que la regulan, siendo esta la autoridad encargada de poner en conocimiento del demandante la decisión de la supresión de su cargo efectuada mediante el Decreto 1844 de 21 de diciembre de 2001, sin que pueda afirmarse que tal comunicación es un acto administrativo.

Quiere decir que el citado oficio de 27 de diciembre de 2001 suscrito por el director de talento humano del departamento de Boyacá, comunicándole al demandante que el cargo de auxiliar administrativo, código 550, grado 45 ha sido suprimido y le brinda la opción de ser incorporado o percibir la indemnización, no es enjuiciable debido a que esta jurisdicción está facultada para juzgar actos administrativos,(2) máxime que no fue el acto que retiró del servicio al demandante, pues apenas constituye una actuación de trámite en obedecimiento a lo dispuesto por el artículo 44 del Decreto 1568 de 1998, lo que impide un pronunciamiento de fondo.

Si en gracia de discusión pudiera anularse, ello resultaría infructuoso, pues no tendría ningún efecto jurídico respecto a los actos que determinaron la supresión de cargos (D. 1844/2001) y la incorporación de funcionarios, de tal manera que no procede emitir pronunciamiento de mérito en relación con la comunicación impugnada y por ende se confirmará la inhibición, tal y como lo decidió el a quo (...)”(3).

Así las cosas, teniendo en cuenta el tenor literal de los oficios demandados y lo expresado por esta corporación, la Sala considera que no tienen el carácter de acto administrativo definitivo pues de su contenido se establece con claridad que mediante estos, la administración se limitó a comunicarle que para poder darle posesión como diputado en los términos solicitados, debía presentar la credencial o certificación expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, que lo acreditara como tal; por lo tanto, no creó, modificó o extinguió situación jurídica alguna.

Ahora bien en el sub lite debe tenerse presente que a folio 47 del cuaderno principal obra la Resolución 2082 de 30 de noviembre de 2005, suscrita por la mesa directiva de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, por medio de la cual se llamó a ocupar la curul de diputado que disputa el accionante, al señor Álvaro José Giraldo Cadavid, cuya legalidad no fue controvertida en el proceso de la referencia, siendo la que verdaderamente afectó la situación particular del actor.

En esas condiciones, si en gracia de discusión pudieran anularse los oficios de 24 de marzo y 24 de abril de 2006, ello resultaría infructuoso, pues no tendría ningún efecto jurídico respecto del acto que determinó la no posesión como diputado de la Asamblea Departamental del Vallé del Cauca (Res. 2082 de nov. 30/05), de manera que no procede emitir pronunciamiento de mérito en relación con los oficios cuya nulidad se solicitó y por ende se confirmará la inhibición, tal y como lo decidió el a quo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia de 21 de febrero de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Descongestión, mediante la cual se inhibió de conocer las súplicas de la demanda incoada por el señor Ernesto González Caicedo contra el departamento del Valle del Cauca, Asamblea Departamental.

Cópiese, notifíquese, cúmplase la anterior decisión y devuélvase el expediente al tribunal.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

(1) C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez.

(2) La Sección Segunda en sentencia de 21 de octubre de 2009, Expediente 2336-08, M.P. Alfonso Vargas Rincón, al resolver un caso similar, con relación al oficio por el cual se comunica la decisión de la administración, se pronunció en igual sentido.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de septiembre de 2007, Expediente 2004-00004-01, M.P. Enrique Gil Botero, indicó que los actos administrativos, propiamente dicho, son aquellos en que “las manifestaciones de la voluntad, en ejercicio de la autoridad propia de las entidades administrativas (...) capaces de producir efectos frente a un sujeto de derecho (...) sin contar necesariamente con la anuencia de este o estos (...)”.