Sentencia 2006-07639 de julio 7 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “B”

Consejera Ponente:

Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez

Rad.: 25000-23-25-000-2006-07639-02 (1600-09).

Actor: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Empresa de Servicios Públicos, EAAB ESP

Demandado: Gerardina Ramírez Enciso

Bogotá, D.C., siete de julio de dos mil once.

Autoridades distritales

EXTRACTOS: «Consideraciones

Problema jurídico

Consiste en determinar si existe causal de nulidad de la Resolución 63 de 31 de enero de 2002, proferida por el gerente del Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital, Favidi, que reconoció y ordenó pagar a la señora Gerardina Ramírez Enciso en su condición de madre de la causante Cecilia Rubio Ramírez, la sustitución pensional.

Acto acusado

Resolución 63 de 31 de enero de 2002, proferida por la Gerente del Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital “Favidi”, que reconoció y pagó a favor de la señora Gerardina Ramírez Enciso en su condición de madre de la causante Cecilia Rubio Ramírez, una sustitución pensional por valor de $1’518.857 a partir de 25 de febrero de 2001 cuando falleció la causante (fls. 36-39).

Tal resolución dispuso que el pago se haría con cargo a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, D.C. ESP.

De lo probado en el proceso

De la pensión de jubilación

Mediante Resolución 154 de 18 de febrero de 1991, el gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, reconoció y pagó una pensión especial de jubilación a favor de la señora Cecilia Rubio Ramírez con efectos fiscales a partir de 29 de noviembre de 1990 y en cuantía de $214.593 (fls. 28-30).

Registro de defunción

Según el registro de defunción 03692704 de la Registraduría de Bogotá, D.C., la señora Cecilia Rubio Ramírez falleció el 25 de febrero de 2001 (fls. 31).

Sustitución pensional

Por Resolución 191 de 12 de junio de 2001, el Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital reconoció y pagó provisionalmente a favor de la señora Gerardina Ramírez Enciso la sustitución pensional de la causante Cecilia Rubio Ramírez, a partir de 25 de febrero de 2001 (fls. 32-34).

Por Resolución 63 de 31 de enero de 2002 (acto acusado), proferida el Gerente del Fondo del Ahorro y Vivienda Distrital, Favidi, reconoció en forma definitiva la pensión a la demandada, en su condición de madre de la causante.

Pensión de jubilación de la demandada

A través de Resolución 2239 de 29 de noviembre de 1965, la Caja de Previsión Social de Telecom, reconoció y pagó la pensión de jubilación de la señora Gerardina Ramírez Enciso con efectos fiscales a partir de 1º de marzo de 1965, equivalente a la suma de $542,74, correspondiente al 75% del promedio mensual de asignaciones que devengó durante el último año de servicios (fls. 40-42).

Según oficio de 20 de febrero de 2006, suscrito por el Coordinador de la División Administradora de Prestaciones del Ministerio de Protección Social - Caja de Previsión Social de Comunicaciones Caprecom, la pensión reconocida a la señora Gerardina Ramírez Enciso por Resolución 2239 de 29 de noviembre de 1965, “(...) ha tenido varios reajustes, siendo el último en cuantía de $640.053 a partir del 1º de enero de 2006” (fls. 43).

Interdicción judicial

A través de la sentencia de 12 de diciembre de 2005, el Juzgado Quinto de Familia de Bogotá, D.C., declaró en interdicción a la señora Gerardina Ramírez Enciso por cuanto está en incapacidad de valerse por sí misma, administrar y disponer de sus bienes. Como guardador general de designó a su nieto señor José Luis Romero Rubio (fls. 147-153 cdno. 2).

Análisis de la Sala

Normatividad aplicable

Como Resolución 63 de 31 de enero de 2002 (acto acusado), proferida por Favidi, reconoció de manera definitiva la sustitución pensional a la parte demandada en virtud de lo establecido en las leyes 33 de 1973, 12 de 1975, 113 de 1985, 44 de 1980 y 71 de 1988 y especialmente en lo previsto en los artículos 46 y siguientes de la Ley 100 de 1993 y el Decreto Reglamentario 1889 de 1994, la Sala se ocupará de esta normatividad en el siguiente orden.

El artículo 3º de la Ley 71 de 1988 extendió la sustitución pensional, entre otros, a los padres que dependan económicamente del pensionado, con el siguiente tenor literal:

“Extiéndase las previsiones sobre sustitución pensional de la Ley 33 de 1973, de la Ley 12 de 1975, de la Ley 44 de 1980 y de la Ley 113 de 1985 en forma vitalicia, al cónyuge supérstite compañero o compañera permanente, a los hijos menores o inválidos, a los padres o hermanos inválidos que dependan económicamente del pensionado, en las condiciones que a continuación se establecen:

1. El cónyuge sobreviviente o compañero o compañera permanente, tendrán derecho a recibir en concurrencia con los hijos menores o inválidos por mitades la sustitución de la respectiva pensión con derecho a acrecer cuando uno de los dos órdenes tengan extinguido su derecho. De igual manera respecto de los hijos entre sí.

2. Si no hubiere cónyuge o compañero o compañera permanente, la sustitución de la pensión corresponderá íntegramente a los hijos menores o inválidos por partes iguales.

3. Si no hubiere cónyuge supérstite o compañero o compañera permanente, ni hijos menores o inválidos, la sustitución de la pensión corresponderá a los padres.

4. Si no hubiere cónyuge supérstite, compañero o compañera permanente, ni hijos menores o inválidos, ni padres, la sustitución de la pensión corresponderá a los hermanos inválidos que dependan económicamente del causante” (resaltado).

Sobre la aplicación de la preceptiva trascrita, el artículo 11 ídem indicó que es a favor de los afiliados de cualquier naturaleza de las entidades de previsión social, del sector público en todos sus niveles y de las normas aplicables a las entidades de Previsión Social del Sector privado, lo mismo que a las personas naturales y jurídicas, que reconozcan y paguen pensiones de jubilación, vejez e invalidez.

A su vez, el artículo 17 del Decreto 1160 de 1989 reglamentario de la Ley 71 de 1988, estipuló que la dependencia económica para la sustitución pensional se entiende cuando la persona no tenga ingresos o medios necesarios para su subsistencia, indicando lo siguiente:

“Para efecto de la sustitución pensional se entiende que una persona es dependiente económicamente, cuando no tenga ingresos o medios necesarios para su subsistencia.

Este hecho se acreditará con declaración juramentada que al respecto rinda el interesado ante la entidad que deba reconocer y pagar la sustitución pensional o con los demás medios probatorios establecidos en la ley. La dependencia económica del menor de edad se presume salvo que se demuestre lo contrario”.

Entretanto, el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, dispuso como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes a los padres del causante, a falta de cónyuge, compañera (o) permanente e hijos con derecho, así:

“Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

(...).

c. A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de este; (...)” (resaltado).

Sobre la definición de la dependencia económica, el artículo 16 del Decreto 1889 de 1994(1), reglamentario de la Ley 100 de 1993, dispone lo siguiente:

“Para efecto de la pensión de sobrevivientes se entiende que una persona es dependiente económicamente cuando no tenga ingresos, o éstos sean inferiores a la mitad de un salario mínimo legal mensual vigente, y venía derivando del causante su subsistencia”.

El Consejo de Estado, Sección Segunda, a través de sentencia de 11 de abril de 2002, M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado, expediente 2361, actora: Escuela Nacional Sindical, declaró la nulidad del artículo 16 del Decreto 1889 de 3 de agosto de 1994 expedido por el Gobierno Nacional, por medio del cual reglamentó parcialmente la Ley 100 de 1993, por cuanto la norma además de desbordar la competencia prevista en la Ley, supone una situación de indigencia para el reconocimiento de la sustitución pensional, expresando que:

“La dependencia económica, para efectos de la pensión de sobrevivientes, debe ser examinada armónicamente con los postulados constitucionales y legales que orientan la seguridad social tales como la protección especial a aquéllas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, protección integral de la familia, de las personas de la tercera edad, calidad de vida acorde con la dignidad humana, eficiencia y solidaridad entre otros.

Desde esa perspectiva, aparece absurdo que el decreto reglamentario circunscriba el concepto de dependencia económica, a la carencia de ingresos (indigencia) o que estos sean inferiores a la mitad del salario mínimo legal mensual, cantidad ésta última que de todas maneras coloca a la persona en situación de pobreza absoluta.

Las anteriores breves razones llevan a la Sala a concluir que el decreto acusado, al fijar los alcances del concepto de “dependencia económica” para acceder a la pensión de sobrevivientes, so pretexto de reglamentar el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, no solo establece unas condiciones no previstas en la norma que reglamenta, sino que limita dicho concepto a situaciones extremas desbordando la potestad reglamentaria e incurriendo en contradicción con los principios que orientan el régimen de seguridad social integral en pensiones”.

La Ley 797 de 2003(2), estipuló que los padres son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes sí dependían económicamente del causante agregando que ésta fuese de manera total y absoluta, indicando que:

“Los artículos 47 y 74 quedarán así:

ART. 47.—Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

d.) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependía económicamente de forma total y absoluta de este; (...)”.

A su vez, la Corte Constitucional mediante sentencia C-111 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil, declaró exequible los literales d) de los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, modificados por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, salvo la expresión: “de forma total y absoluta” referida a la dependencia económica, que declaró inexequible.

El alto tribunal constitucional indicó que tal frase se apartó de la Carta Política, en especial de los principios de solidaridad y de los derechos a la vida digna, mínimo vital, tercera edad y familia, expresando lo siguiente:

“(...) La decisión adoptada por el legislador frente a los padres del causante a pesar de ser conducente y adecuada para el logro de un fin constitucional válido, como lo es el correspondiente a la preservación económica y financiera del fondo mutual que asegura el reconocimiento y pago de las prestaciones que surgen de la seguridad social, desconoce el principio constitucional de proporcionalidad, pues dicha medida legislativa sacrifica los derechos al mínimo vital y a la dignidad humana, y los deberes que le incumben al Estado de solidaridad y protección integral de la familia, que en términos constitucionales se consideran más importantes en defensa y protección del Estado social de derecho. Por lo anterior, la Corte declarará inexequible la expresión: “de forma total y absoluta” prevista en la disposición acusada, para que, en su lugar, sean los jueces de la República quienes en cada caso concreto determinen si los padres son o no autosuficientes económicamente, para lo cual se deberá demostrar la subordinación material que da fundamento a la pensión de sobrevivientes prevista en la norma legal demandada.

26. Para el efecto, es indispensable comprobar la imposibilidad de mantener el mínimo existencial que les permita a los padres subsistir de manera digna, el cual debe predicarse de la situación que estos tenían al momento de fallecer su hijo. En este contexto, es innegable que la dependencia económica siempre supondrá la verificación por parte de los progenitores de un criterio de necesidad, de sometimiento o sujeción al auxilio sustancial recibido del hijo, que no les permita, después de su muerte, llevar una vida digna con autosuficiencia económica.

De ahí que, si se acredita que los padres del causante no tenían una relación de subordinación material, en términos cualitativos, frente al ingreso que en vida les otorgaba su hijo, en aras de preservar su derecho al mínimo vital, es claro que no tienen derecho a la pensión de sobrevivientes, pues se entiende que gozan de independencia económica para salvaguardar dicho mínimo existencial.

En este contexto, se han identificado por la jurisprudencia un conjunto de reglas que permiten determinar si una persona es o no dependiente(3), a partir de la valoración del denominado mínimo vital cualitativo, o lo que es lo mismo, del conjunto de condiciones materiales necesarias para asegurar la congrua subsistencia de cada persona en particular. Estos criterios se pueden resumir en los siguientes términos:

1. Para tener independencia económica los recursos deben ser suficientes para acceder a los medios materiales que garanticen la subsistencia y la vida digna(4).

2. El salario mínimo no es determinante de la independencia económica(5).

3. No constituye independencia económica recibir otra prestación(6). Por ello, entre otras cosas, la incompatibilidad de pensiones no opera en tratándose de la pensión de sobrevivientes como lo reconoce expresamente el artículo 13, literal j), de la Ley 100 de 1993(7).

4. La independencia económica no se configura por el simple hecho de que el beneficiario esté percibiendo una asignación mensual o un ingreso adicional(8).

5. Los ingresos ocasionales no generan independencia económica. Es necesario percibir ingresos permanentes y suficientes(9).

6. Poseer un predio no es prueba suficiente para acreditar independencia económica(10) (...)”.

Del estudio de la normativa y jurisprudencia en precedencia, la Sala concluye que:

1. A partir de la vigencia del artículo 71 de 1988 se extendió la sustitución pensional, entre otros, a los padres que dependan económicamente del pensionado.

2. La dependencia económica en un principio se entendió cuando la persona no tenga ingresos o medios necesarios para su subsistencia.

3. El Decreto 1889 de 1994 (art. 16) definió la dependencia económica cuando la persona no tenga ingresos o sean inferiores a la mitad de un salario mínimo legal vigente y se estuviera derivando la subsistencia del causante.

4. El Consejo de Estado anuló la disposición anterior por cuanto la exigencia de no tener ingresos o que sean inferiores a medio salario mínimo, no estaba prevista en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993.

5. La Ley 797 de 2003 (art. 47) indicó que la dependencia económica debe ser de manera total y absoluta.

6. La Corte Constitución declaró la inexequible de la expresión “de manera total y absoluta”, bajo el entendido que serán los Jueces de la República quienes en cada caso concreto determinen si los padres son o no autosuficientes económicamente, debiéndose demostrar la subordinación material de la pensión de sobrevivientes.

Caso concreto

De la dependencia económica de la demandada

Los testimonios arrimados al proceso estuvieron orientados a demostrar la dependencia económica fueron los siguientes:

Priscila Medina Ramírez: sobrina de la demandada. “(...) la señora Gerardina Ramírez le sustituyó la pensión que tenía su hija, porque dependía económicamente de su hija, es decir, de Cecilia, en cuanto vivienda, salud, vestuario y en general dependía de ella en todo, pues la hija la llevaba al médico. Preguntado: Manifieste usted como es el estado de salud de la señora Gerardina Ramírez Enciso. CONTESTÓ: Necesita enfermera las 24 horas del día, no puede hacer nada por ella solita... Ha ella le dio trombosis hace como tres años, y eso la imposibilitó más en sus movimientos. Ella tiene demencia senil y a raíz de eso ella no se acuerda de las cosas. PREGUNTADO: Diga usted si a raíz del estado de salud que usted anuncia al Despacho que sufría doña Gerardina Ramírez necesitaba de una atención diferente que necesariamente tuviese que ser prestada por otras personas, de ser así por favor informe qué clase de personas la han atendido y de ser posible las fechas. CONTESTÓ: Si necesitó de personas capacitadas en enfermería, por lo tanto, las 24 horas del día necesita ella enfermera, y los nombre de las enfermeras que ha tenido la señora Gerardina Ramírez son: la primera enfermera que tuvo fue la señora Marina Gutiérrez. Después estuvo una señora de nombre Ana Silvia y después llegó la señora Georgina y finalmente la señora Gloria Mayorga (...) En estos momentos la abuelita necesita enfermera las 24 horas del día y no se puede dejar sola ningún momento, pues, hay que hacerle todo, como bañarla, darle la alimentación, movilizarla de un lado para otro. (...)” (fls. 165-166 cdno. 2).

María de los Ángeles Palacio Quiroga: “(...) Yo trabajo para la familia Rubio Ramírez desde el año 2000. Desde que yo trabajo con ellos estaba la señora Cecilia, quien era la hija de la señora Gerardina, y la señora Gerardina estaba bajo la responsabilidad de su hija Cecilia. La señora Gerardina dependía de ella por cuestiones de la edad, pues, no tenía a quien mas recurrir. Luego la señora Cecilia se enfermó muy grave de cáncer y murió. A partir de ese momento el señor José Luis Rubio quien es el nieto de la señora Gerardina, tomó la responsabilidad de hacerse cargo de todas las cosas de la señora Gerardina y también se hizo cargo de todas las cosas del apartamento donde viven. Él era el que la llevaba y acompañaba a todas partes, porque ella no tenía a quien más recurrir, pues era la única persona que estaba con ella. El nieto, es decir, el señor José Luis Rubio empezó a velar por ella y siempre estuvo con ella. PREGUNTADO: Puede decirle usted al despacho quién la contrató hace 7 años. CONTESTÓ: Hace 7 años me contrató la señora Cecilia la hija de la señora Gerardina. Y después del fallecimiento de la señora Cecilia me quedé laborando la (sic) señora Gerardina y el señor José Luis. PREGUNTADO. Diga usted si la señora Gerardina Ramírez ha sufrido alguna enfermedad grave, que sea relevante y que usted nos pueda informar en su declaración. CONTESTÓ: Hace dos o tres años le trató de dar trombosis (...) siempre se le ha tenido enfermera para que la transporten y la lleven al médico y además que siempre la cuiden. (...)” (fls. 167-168, cdno. 2).

Cecilia Amaya de Silva. De profesión enfermera geriátrica. “(...) Yo llevo cuatro años laborando en calidad de enfermera de la señora Gerardina Ramírez. Cuando llegué ella estaba en un estado no tan crítico pero necesitaba mucha ayuda, pues había que colaborarle en el aseo personal y en todas sus necesidades y duré trabajando únicamente de día por siete meses... he sido su enfermera durante cuatro años y en un comienzo ella caminaba un poco y le ayudábamos un poco para que ella comiera solita, pero luego ya no podía hacer por ella misma casi nada. (...)” (fls. 170-173).

Rafael Humberto Saavedra. Médico de profesión. “(...) yo conocí a la señora Gerardina Ramírez hacia el año de 1996, en esa época tenía aproximadamente 86 años y empezó acudir a mi consulta debido a que su hija Cecilia Rubio la llevaba porque presentaba múltiples patologías que habían sido tratadas por la EPS sin mejoría (...) es una paciente que ha requerido siempre asistencia de un familiar debido a sus múltiples patologías y a su avanzada edad y hasta donde conozco actualmente tiene una enfermera todo el tiempo. (...) PREGUNTADO: puede usted referirle al despacho el estimado aproximado del costo o tratamiento que usted ha proporcionado a esta paciente, señora Gerardina Ramírez: CONTESTÓ: No puede precisar una cifra aproximada de estos doce años de tratamiento, pero sí puede decir que debido a sus múltiples patologías han sido costos elevados, tanto que en diferentes ocasiones hemos tenido que apoyarnos con otros especialistas (...)”.

De acuerdo con las pruebas documentales y testimoniales que fueron allegadas al plenario para demostrar el estado de salud y situación económica de la demandada, la Sala observa lo siguiente:

1. Tiene múltiples patologías médicas y una avanzada edad.

2. Cuenta con una enfermera 24 horas al día para la atención en salud, alimentación, aseo general y desplazamientos.

3. El tratamiento médico ha requerido de múltiples especialistas.

4. Le fue reconocida una pensión de jubilación por Resolución 2239 de 29 de noviembre de 1965 de la Caja de Previsión Social de Telecom, en suma equivalente a $542,74.

5. Según el Coordinador de la División Administradora de Prestaciones del Ministerio de Protección Social - Caja de Previsión Social de Comunicaciones Caprecom, la pensión reconocida a la señora Gerardina Ramírez Enciso por Resolución 2239 de 29 de noviembre de 1965, “(...) ha tenido varios reajustes, siendo el último en cuantía de $640.053 a partir del 1º de enero de 2006”.

6. La pensión de jubilación otorgada a la hija de la demandada y que le fue sustituida, fue reconocida a la primera por Resolución 154 de 18 de febrero de 1991, proferida por el Gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, en cuantía de $214.593 (fls. 28-30).

7. El Juzgado Quinto de Familia de Bogotá, D.C., declaró en interdicción a la señora Gerardina Ramírez Enciso.

De acuerdo con las resoluciones 2239 de 29 de noviembre de 1965 de la Caja de Previsión Social de Telecom, la pensión de jubilación de la demandada ascendió a $542,74; cuantía que fue reajustada correspondiendo para el año 2006 a una mesada de $640.053; entretanto la pensión de la hija y que fue sustituida ascendió al momento del reconocimiento en 1991 a $214.593.

Tal situación le permite a la Sala concluir que si para el año 2006 el salario mínimo legal vigente era de $408.000 (D. 4686/2005), y lo devengado como pensión de jubilación en ese año fueron $640.053 correspondió a 1.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes entretanto, si la pensión de jubilación de la señora Cecilia Rubio reconocida en el año 1991 ascendió a $214.593 y el salario mínimo se fijó el $51.720, quiere decir que correspondió a 4.1 salarios mínimos legales mensuales vigentes, arrojando un total sumadas las dos pensiones de 5.6 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, $2.999.360 sin descuentos legales.

La Sala observa que la parte demandante pretende la nulidad de la Resolución 63 de 31 de enero de 2002, proferida por Favidi, esto es, la pensión cuya cuantía asciende a 4.1 salarios mínimos legales mensuales vigentes, dejando a la demandada con su pensión de jubilación de 1.5 salarios mínimos legales, lo que sin duda no le alcanzará para sufragar su mínimo vital, entendiendo como tal el pago de enfermera, medicamentos, consultas con especialistas, alimentación, transportes, servicios, arriendo o mantenimiento de la vivienda, impuestos, vestido y demás gastos fijos que debe pagar desde que convivía con su hija Cecilio Rubio.

Se evidencia la afectación del núcleo esencial del mínimo vital, en que la accionada se vería obligada a suprimir los servicios de enfermería las 24 horas pues sin lugar a dudas, el salario y medio que percibe de pensión de jubilación no le alcanzaría para suplir tal gasto, viéndose avocada al abandono no solamente de sus cuidados de salud, sino que no contaría con ayuda para alimentarse, asearse, vestirse, transportarse y demás actividades continuas que una enfermera presta.

Su independencia económica no es suficiente para acceder a los medios materiales que garanticen una vida digna, máxime cuando se trata de una persona de la tercera edad nacida el 1º de abril de 1911, esto es, con 100 años de edad(11), lo que advierte que cada vez son más los cuidados que debe tener en los ámbitos que ha descrito la Sala.

En consecuencia, como no se logró demostrar una causal de nulidad de la resolución acusada, y en cambio se probó la afectación del mínimo vital de la demandada con dependencia económica para el reconocimiento de la sustitución pensional de ascendientes, es del caso confirmar el proveído impugnado.

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia de 28 de mayo de 2009, proferida por la Sección Segunda, Subsección “B” del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, que negó las súplicas de la demanda incoada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP contra Gerardina Ramírez Enciso.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase. Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

La Sala discutió y aprobó la presente providencia en sesión de la fecha».

(1) Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993.

(2) Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los regímenes pensionales exceptuados y especiales.

(3) Sobre la materia se acoge el concepto proferido por el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, del pasado 19 de agosto de 2004, C.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce. Radicación 1579.

(4) Sentencia T-574 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(5) Sentencia SU-995 de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(6) Sentencia T-281 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(7) Dispone la norma en cita: “Ningún afiliado podrá recibir simultáneamente pensiones de invalidez y de vejez”.

(8) Sentencias T-574 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil y T-996 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Del mismo modo, la Corte Suprema de Justicia ha dicho:

“Fungiendo la Corte como juez de segunda instancia, además de las consideraciones expuestas en sede de casación, es pertinente acotar que respecto del argumento del Tribunal para colegir que el demandante disponía de medios económicos suficientes para su subsistencia por recibir de manera ocasional $20.000 0(sic) $ 25.000 semanales y por estar percibiendo su cónyuge un salario mínimo legal mensual, no es más que una suposición del juzgador, pues ello no conduce necesariamente a concluir que esta persona sea autosuficiente económicamente, como erradamente lo concluyó (CSJ, Sala Cas. Laboral. Rad. 22.132. Sent. mayo 11/2004, M.P. Carlos Isaac Náder).

(9) Sentencia T-076 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil, y Auto 127A de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(10) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, fallo del 9 de abril de 2003. Radiación 21.360.

(11) Según la Resolución 2239 de 29 de noviembre de 1965, la partida de bautismo informa que la demandada nació el 1º de abril de 1911.