Sentencia 2006-08381 de abril 9 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”

Ref.: Expediente 25000-23-25-000-2006-08381-01 (1152-2009)

Consejero Ponente:

Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren

Actor: Darío Durán Restrepo C/ Fondo de Previsión Social del Congreso de la República —Fonprecon—

Autoridades nacionales

Fallo

Bogotá, D.C., nueve de abril de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

En esta oportunidad la cuestión litigiosa se contrae a establecer si al demandante, quien laboró en calidad de empleado del Congreso desde el 12 de septiembre de 1973 hasta el 9 de octubre de 1990, le asiste el derecho a que Fonprecon, le reliquide su pensión de jubilación en el 75% del salario que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio, según lo dispuesto por la Ley 33 de 1985.

Comoquiera que la controversia gira en torno a la aplicación del régimen de transición a un empleado del parlamento; es necesario inicialmente, hacer el recuento y análisis de la normativa que regula la materia, para examinar si con fundamento en la misma y luego de estudiadas las probanzas que reposan en el expediente, es posible que obtenga la reliquidación de la pensión de jubilación en los términos que pretende.

Del régimen pensional de los empleados del Congreso

En cuanto a este régimen y para lo que interesa a fin de desatar la litis planteada, aparece la Ley 33 de 1985(1) que estableció medidas en relación con las cajas de previsión y con las prestaciones sociales del sector público. En su artículo 14, creó el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República.

En el artículo 1º dispuso como regla general, que el empleado oficial que sirva o haya servido 20 años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 55 años, tiene derecho a que la respectiva caja de previsión le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.

En el inciso 2º de su parágrafo 2º determinó, que quienes con 20 años de labor continua o discontinua como empleados oficiales, actualmente se hallen retirados del servicio, tendrán derecho cuando cumplan 50 años si son mujeres o 55 años si son hombres a una pensión de jubilación que se reconocerá y pagará de acuerdo con las disposiciones que regían al momento de su retiro.

En su artículo 23, en relación con los Congresistas y empleados del Congreso, pensionados con anterioridad a la vigencia de esta ley, estableció que lo seguirán siendo de las entidades de previsión social que les otorgaron y reconocieron su derecho.

Esta disposición se reprodujo en la Ley 19 de 1987, exactamente en el parágrafo de su artículo 1º.

Luego la Carta Política de 1991, en los literales e) y f) del numeral 19 de su artículo 150, atribuyó al legislador competencia para dictar normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública, así como para regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales.

El Legislador ejerció esta atribución mediante la expedición de la Ley 4ª de 1992, en la que señaló al Gobierno Nacional, tal como lo indica el literal c) de su artículo 1º y su artículo 2º; los objetivos y criterios que debe observar para fijar el régimen salarial y prestacional, entre otros, de los empleados del Congreso Nacional.

Fue así como en ejercicio de dichas facultades, el Presidente de la República, expidió el Decreto 1359 de 1993(2), que estableció el régimen especial de pensiones, reajustes y sustituciones aplicable a quienes a partir de la vigencia de la Ley 4ª de 1992, tengan la calidad de senador o representante a la Cámara, tal como lo estipula su artículo 1º(3). En concordancia, su artículo 18(4) indicó, que esta reglamentación no afectará el régimen prestacional de los demás empleados al servicio del Congreso.

Ahora bien, con fundamento en el artículo 48 de la Carta Política, se expidió la Ley 100 de 1993(5), que en su artículo 273, en relación con el régimen aplicable a los servidores públicos, preceptuó que el Gobierno Nacional, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 36(6) y 11 de dicha ley, podía incorporar al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, respetando los derechos adquiridos a los servidores públicos, aún a los congresistas.

El Gobierno ejerció la facultad de incorporación otorgada, mediante el Decreto 691 de 1994(7), que en el literal b) de su artículo 1º en asocio con el artículo 2º, prescribió que a partir del 1º de abril de 1994, los servidores públicos del Congreso quedaban vinculados al nuevo Sistema General de Pensiones que fue previsto en la Ley 100 de 1993, sin perjuicio de lo dispuesto por el Decreto 1359 de 1993 y las normas que lo modifiquen y adicionen.

Y en su artículo 2º dispuso que dicho sistema para los servidores públicos del orden nacional incorporados en virtud de su artículo 1º comenzaba a regir a partir del 1º de abril de 1994.

Posteriormente, el Decreto 1293 de 1994(8), en concordancia con lo establecido por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 e invocando el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, fijó el régimen de transición de los congresistas, de los empleados del Congreso y del Fondo de Previsión Social del Congreso —Fonprecon—.

En su artículo 1º señaló, que el Sistema General de Pensiones contenido en la Ley 100 de 1993 se aplica a dichos servidores, con excepción de los cubiertos por este régimen de transición.

En su artículo 2º, dispuso que los senadores, los representantes, los empleados del Congreso de la República y los empleados de Fonprecon, tendrán derecho a los beneficios del régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, siempre que a 1º de abril de 1994, hayan reunido alguno de los siguientes requisitos: a) haber cumplido 40 o más años de edad si son hombres o 35 o más años de edad, si son mujeres o b) haber cotizado o prestado servicios durante 15 años o más.

Se resalta que el parágrafo del artículo 2º del Decreto 1293 de 1994, fue declarado nulo por el Consejo de Estado en sentencia de 27 de octubre de 2005, radicado: 5677-03, actor: Jorge Manuel Ortiz Guevara, consejera ponente Ana Margarita Olaya Forero.

El aludido decreto en el inciso 2º del artículo 3º en cuanto a los empleados del Congreso de la República y del Fondo de Previsión Social del Congreso, indica que cuando cumplan con alguno de los requisitos previstos en el artículo 2º para acceder al régimen de transición, tendrán derecho al reconocimiento de su pensión de jubilación al reunir los requisitos de edad, tiempo de servicios, número de semanas cotizadas y el monto de la pensión, establecidos en el artículo 20 del Acuerdo 26 de 1986 del Fondo de Previsión Social del Congreso, aprobado por el Decreto 2837 de 1986(9).

El Acuerdo 26 de 1986 en su artículo 20, dispone que los empleados del fondo y del Congreso que sirvan o hayan servido 20 años continuos o discontinuos en empleos oficiales y lleguen a la edad de 55 años, tienen derecho a que el fondo les pague una pensión vitalicia de jubilación equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio. Reiterando, lo prescrito por el artículo 1º de la Ley 33 de 1985.

Se resalta, que el artículo 23 de este acuerdo, en cuanto al cálculo para la liquidación pensional informa, que se deben tener en cuenta como factores salariales, siempre que el afiliado tenga derecho a ellos y “hayan servido de base para los aportes al fondo durante el último año de servicio”, los siguientes: asignación básica mensual o dietas, gastos de representación, prima técnica, dominicales y feriados, horas extras, prima semestral, prima de navidad, trabajo suplementario, prima de antigüedad, bonificaciones.

Análisis de la normativa pensional de los empleados del Congreso

Del estudio sistemático de las disposiciones reseñadas se infiere, que es el Decreto 1293 de 1994 el que de manera especial, fue expedido para regular la situación particularísima de los empleados del Congreso, en lo que concierne a su régimen de transición.

Pues bien, entendido el régimen de transición como aquel que busca proteger expectativas pensionales a futuro, pero que se enmarquen en el régimen pensional vigente al momento de expedición de la nueva ley(10); se tiene, que en el caso de los parlamentarios, tal como en varias oportunidades lo determinó la sección(11), la transición debe extender su cobertura a quien siendo congresista para el 1º de abril de 1994 —vigencia de la L. 100/93—, además, cumpla con la edad —40 años o más si es hombre, o 35 años o más si es mujer— o la cotización o el tiempo de servicios de 15 años o más.

Ahora, partiendo del hecho incontrovertible de que el Decreto Reglamentario 1293 de 1994 en su artículo 3º, reúne la regulación tanto del régimen de transición de los Parlamentarios —inciso primero—, como del régimen de transición de los empleados del Congreso —inciso segundo-; es entonces posible predicar, que a estos últimos, es decir, a los empleados del parlamento en régimen de transición, les son aplicables las interpretaciones normativas que se han elaborado en torno al régimen de transición de los legisladores.

Por manera que, para ser destinatario del régimen de transición de los empleados del Congreso, se requiere de una condición imprescindible, que no es otra que ejercer la labor al interior del parlamento, para la fecha de vigencia de la Ley 100 de 1994 aunada al cumplimiento de la edad o la cotización o el tiempo de servicios de que trata el Decreto 1293 de 1994 en su artículo 2º, circunstancia que no puede ser omitida, tal como se definió para el caso de los congresistas.

Y, que se debe recalcar, encuentra igualmente soporte en el Acuerdo 26 de 1986, concretamente en su artículo 23(12) —al que remite de modo expreso el prementado inciso 2º del artículo 3º del Decreto 1293 de 1994—, cuando dispone, que para la liquidación de la pensión jubilatoria se deben tener en cuenta los factores salariales que enlista “siempre que el afiliado tenga derecho a ellos y hayan servido de base para los aportes al fondo durante el último año de servicio”.

En otras palabras, se debe establecer si el empleado del Congreso, reúne los requisitos de ley necesarios para ser beneficiario del régimen de transición creado para ellos y esto se torna en absolutamente indispensable, porque el hecho de estimar que se es favorecido del régimen con ocasión de haber sido empleado del Parlamento, no implica que la pensión jubilatoria se deba reliquidar con sujeción al mismo.

El régimen de transición de los empleados del Congreso se constituye entonces, en la proyección del status jurídico favorable adquirido, por encontrarse en condición de actividad al interior del mismo, reflejada en sus aportes o cotizaciones ante el fondo, que permitan resguardar las expectativas conforme a la normativa que luego fue retirada del ordenamiento jurídico.

Pero que a su turno, no puede prolongarse en el tiempo, es decir, más allá de la vigencia del régimen general de transición, porque de ser así, sería tanto como pretender su aplicación en forma virtual, como una opción en el tiempo mucho después de la vigencia de la ley particular, situación que desnaturalizaría la figura de la transición y que de paso impediría que el régimen de transición ordinario cumpliera con su misión de unificar el sistema pensional dejando de lado los regímenes especiales de pensiones, entre ellos, el de los empleados del Congreso.

Aunado a lo anterior la Sala considera necesario precisar, que no puede perderse de vista, que desde la perspectiva constitucional, la garantía de los derechos adquiridos —que para el efecto de los requisitos prestacionales se equipara a la proyección en el tiempo de una situación jurídicamente protegida y que, a la luz de la doctrina sobre el tema expresada en nuestra jurisprudencia, integra el componente doctrinario que soporta la institución del régimen de transición—, proyecta en la resolución de los conflictos pensionales una serie de consecuencias objetivas.

En efecto, históricamente la constitucionalidad de las modificaciones prestacionales y aún salariales atribuidas a la competencia del legislador, ha estado condicionada a la definición previa de los regímenes de transición en la aplicación de cualquier nueva regulación, que de manera sustancial afecte las situaciones jurídicas preestablecidas o en proceso de consolidación(13).

Lo precedente significa, que el denominado régimen de transición es un sistema de distinción en el tratamiento de derechos consolidados o en proceso de estructuración jurídica, lo cual atrae como consecuencia, su carácter taxativo, que impide al intérprete en definición de litigios judiciales aplicar de manera llana el principio de favorabilidad, dado que ello implicaría la creación de una discriminación positiva no prevista por el legislador con grave detrimento al principio de equidad.

Por manera, que la extensión en forma indiscriminada de un régimen de transición a beneficiarios que ya han consolidado status jurídico, representa una instancia de violación de la ley por indebida aplicación de la misma, en razón a que sin que exista causa jurídica alguna, una situación gobernada y constituida a la luz del efecto cumplido, se reintegraría a una ley expedida posteriormente, para extraer de esta última unas consecuencias no previstas por el legislador, con lo que además de quebrantar el sistema jurídico correspondiente, se establece un sistema privilegiado, que en el caso específico de la seguridad social por razones pensionales, emerge totalmente extraño a lo previsto por el propio constituyente, para el caso de lo reglado en el artículo 48 de la Carta Política conforme a las modificaciones del Acto Legislativo 1 de 2005, que integró al mundo de la seguridad social en materia pensional, el principio de la sostenibilidad financiera del sistema, que se proyecta en que en la liquidación de las pensiones solo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado cotización.

En otros términos, el manejo no riguroso del régimen de transición a la luz de la Constitución vigente, además de la situación de discriminación positiva carente de causa, contribuye a desarticular principios constitucionales básicos para la sostenibilidad del sistema financiero de la seguridad social, lo cual a la postre degenera en la ocurrencia de beneficios pensionales de gracia, que a todas luces representan una carga injustificada para todos los ciudadanos que aportan al sistema.

Lo anterior, aunado a que en atención al principio de inescindibilidad, en estas materias que revisten especial trascendencia social, no son admisibles las interpretaciones aisladas y fragmentarias de la norma, tomando solo apartes de sus contenidos, para aplicarlas a ciertos presupuestos de hecho; pues, sin lugar a dudas, ello implica el quebrantamiento del orden normativo establecido, que debe ser analizado y aplicado en su conjunto, so pena de incurrir en el desconocimiento de su verdadero espíritu.

Con las anteriores precisiones en cuanto al régimen de transición de los empleados del Congreso, procede la Sala a definir la situación particular del demandante.

Caso concreto

Está demostrado en el expediente que el actor prestó sus servicios en la Cámara de Representantes en el cargo de asistente auxiliar y luego como mensajero auxiliar desde el 1º de octubre de 1969 hasta el 1º de febrero de 1972; en la Contraloría Departamental del Tolima en calidad de docente del 1º de febrero de 1967 al 18 de agosto de 1969; en Minercol desde el 16 de mayo de 1972 hasta el 17 de julio de 1973; en el Senado de la República el 12 de septiembre de 1973 en el cargo de UJIER, el 23 de septiembre de 1974 en el cargo de oficial mayor, el 11 de septiembre de 1978 en el cargo de asistente del presidente de la Comisión Primera, el 4 de octubre de 1979 en el cargo de asistente administrativo de la división financiera, el 20 de octubre de 1982 en el cargo de jefe de la sección de contabilidad, el 8 de octubre de 1986 en el cargo de asesor economista unidad de presupuesto de la dirección general de asesoría técnica hasta el 9 de octubre de 1990, cuando fue declarada su insubsistencia (fls. 38, 27, 26, 14 a 16, cdno. 2).

Nació el 28 de junio de 1944 (fl. 40, cdno. 2).

En virtud de la Resolución 1182 de 17 de octubre de 2001, el fondo le reconoció su pensión de jubilación en calidad de asesor economista unidad de presupuesto de la dirección general de asesoría técnica del Senado de la República, en cuantía de $ 2.167.496,40 efectiva a partir del 29 de junio de 1999; porque estimó, que el actor cumplía con “... los requisitos establecidos en el artículo 2º del Decreto 1293/94 para acceder al Régimen de Transición, toda vez que a 1º de abril de 1994 contaba con 50 años de edad nació el 28 de junio de 1944; tenía más de 15 años de servicio al estado; por lo tanto el régimen aplicable... es el consagrado en la Ley 33 de 1985 que consagra la pensión mensual vitalicia de jubilación cuyos requisitos para acceder son 55 años de edad; 20 años de servicio en entidades de derecho público, los cuales el peticionario cumple...”. Y, efectuó la liquidación con fundamento en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es decir, con base en el promedio de los salarios devengados en el tiempo que le hiciere falta para adquirir el derecho, contado desde el 1º de abril de 1994, vigencia de la Ley 100 de 1993 y el 28 de junio de 1999 cuando cumplió la edad; determinando que el tiempo faltante era de 5 años, 2 meses y 28 días (fls. 7 a 14, cdno. ppal.).

Y, por Resolución 1046 de 7 de julio de 2006, le negó la reliquidación de la pensión jubilatoria con base en el 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio; porque, como el reconocimiento tuvo lugar con base en lo establecido por la Ley 33 de 1995 —por ser beneficiario del régimen de transición—, la misma solo aplica en cuanto a la edad, tiempo y monto y, el resto de requisitos se rigen según lo dispuesto por el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 (fls. 2 a 6, cdno. ppal.).

De las anteriores probanzas la Sala infiere, que Fonprecon le reconoció la pensión de jubilación al demandante en aplicación del régimen de transición de los empleados del Congreso, de que trata el Decreto 1293 de 1994, porque prestó sus servicios al Estado por espacio de 21 años, 11 meses y 25 días y porque para el 1º de abril de 1994, fecha de vigencia de la Ley 100 de 1993, tenía 50 años de edad, habida cuenta que nació el 28 de junio de 1944.

Pues bien, no le asiste la razón al fondo al proceder a reconocer la pensión jubilatoria bajo el amparo de dicha normativa, porque el actor no cumple con los presupuestos de hecho requeridos para la aplicación del régimen de transición de los empleados del Congreso.

En efecto, tal como se infiere del análisis de los dispositivos que regulan la pensión de jubilación de los referidos empleados, aunque para el 1º de abril de 1994, fecha de vigencia de la Ley 100 de 1993, el demandante contaba con la edad de 40 años que exige dicha ley (no la de 50 como indica el acto acusado); lo cierto es, que en esa época no laboraba para el cuerpo legislativo, condición que como se analizó en apartado precedente, es indispensable para ser beneficiario de dicho régimen, pues está probado que dejó de trabajar en el parlamento desde el 9 de octubre de 1990, es decir, mucho tiempo antes de entrar en vigencia la aludida ley, y se debe recordar, tal como se estableció en párrafo antecedente, que el régimen de transición de los congresistas y de los empleados del parlamento, está encaminado a brindar protección a las expectativas de quienes se encontraban trabajando para el Congreso a la fecha de vigencia de la ley que regula el sistema general de pensiones de lo que da cuenta su cotización respectiva ante el fondo.

Lo anterior significa, que por esta razón y no por las que en su momento alegó el fondo, el actuante, es beneficiario del régimen de transición general, que no es otro, que el contenido en la Ley 33 de 1985 —vigente a partir de ene. 29/85—; por lo que con el tiempo de 20 años de servicios y 55 años de edad, adquirió el derecho al reconocimiento de su pensión jubilatoria, en el equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio, regla que encuentra su excepción, en aquellos empleados que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones, que tal como quedó visto, no es el caso.

Ello sin que sea posible, tal como lo ha determinado la jurisprudencia de la sección, escindir la normativa para, en lo que concierne a la base de liquidación pensional, aplicar la Ley 100 de 1993, que como se advirtió, no es viable que regule esta situación en particular.

Con lo expuesto encuentra la Sala que le asiste la razón al tribunal cuando declaró la nulidad parcial del acto de reconocimiento pensional y la nulidad integral del acto que negó la reliquidación, por lo que confirmará la decisión, pero por las razones expresadas en líneas anteriores.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído, la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 12 de marzo de 2009, estimatoria de las súplicas de la demanda instaurada por el señor Darío Durán Restrepo contra el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República —Fonprecon—.

Reconócese al abogado Freddy Rolando Pérez Huertas como apoderado del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República —Fonprecon—, en los términos y para los efectos del poder conferido.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Ley 33 de 29 de enero de 1985 “Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las cajas de previsión y con las prestaciones sociales para el sector público”.

(2) Decreto 1359 de 13 de julio de 1993 “Por el cual se establece un régimen especial de pensiones así como de reajustes y sustituciones de las mismas, aplicable a los senadores y representantes a la cámara”.

(3) Decreto 1359 de 1993. ART. 1º—“Ámbito de aplicación. El presente decreto establece integralmente y de manera especial, el régimen de pensiones, reajustes y sustituciones de las mismas, que en lo sucesivo se aplicará a quienes a partir de la vigencia de la Ley 4ª de 1992 tuvieren la calidad de senador o representante a la Cámara”.

(4) Decreto 1359 de 1993. ART. 18.—“La reglamentación contenida en ese decreto es de carácter especial para quienes tuvieren la calidad de senadores o representantes a la Cámara. En consecuencia no afectará el régimen prestacional de los demás empleados al servicio del Congreso de la República”.

(5) Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones”. Esta ley empezó a regir el 1º de abril de 1994.

(6) “ART. 36.—Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.// La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley.// El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos (el aparte destacado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-168 de 20 de abril de 1995). // Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento de entrar en vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, no será aplicable cuando estas personas voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho régimen. // Tampoco será aplicable para quienes habiendo escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad decidan cambiarse al de prima media con prestación definida.// Quienes a la fecha de vigencia de la presente ley hubiesen cumplido los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez conforme a normas favorables anteriores, aun cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento, tendrán derecho, en desarrollo de los derechos adquiridos, a que se les reconozca y liquide la pensión en las condiciones de favorabilidad vigentes al momento en que cumplieron tales requisitos.// PAR.—Para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez de que trata el inciso primero (1º) del presente artículo se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros Sociales, a las Cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos cualquiera sea el número de semanas cotizadas o tiempo de servicio”.

(7) Decreto 691 de 29 de marzo de 1994 “Por el cual se incorporan los servidores públicos al Sistema General de Pensiones y se dictan otras disposiciones”.

(8) Decreto 1293 de 24 de junio de 1994 “Por el cual se establece el régimen de transición de los senadores, representantes, empleados del Congreso de la República y del Fondo de Previsión Social del Congreso y se dictan normas sobre prestaciones sociales y económicas de tales servidores públicos”.

(9) Decreto 2837 de 10 de septiembre de 1986 “Por el cual se expide el reglamento general sobre las condiciones y términos necesarios para el reconocimiento y efectividad de las prestaciones económicas a cargo del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República”.

(10) La Corte Constitucional en Sentencia C-789 de 2002, consideró con relación al régimen de transición que: “La creación de un régimen de transición constituye entonces un mecanismo de protección para que los cambios producidos por un tránsito legislativo, no afecten desmesuradamente a quienes, si bien no han adquirido el derecho a la pensión, por no haber cumplido los requisitos para ello, tienen una expectativa legítima de adquirir ese derecho, por estar próximos a cumplir los requisitos para pensionarse, en el momento del tránsito legislativo”.

(11) Sentencia de 2 de abril de 2009, radicado 5678-03, actor: Jorge Manuel Ortiz Guevara, consejero ponente Gerardo Arenas Monsalve, que declaró la nulidad del parágrafo del artículo 11 y del inciso 1º del artículo 17 del Decreto 816 de 2002, este último artículo modificado por el artículo 1º del Decreto 1622 de 2002. En similar sentido sentencia de 7 de septiembre de 2006, radicado 9798-05, actor Paulina Consuelo Salgar de Montejo, C.P. Jaime Moreno García.

(12) Acuerdo 26 de 1986. ART. 23.—“Forma de cálculo. Para la liquidación de la pensión de jubilación se tendrán en cuenta los siguientes factores salariales, siempre que el afiliado tenga derecho a ellos y hayan servido de base para los aportes al fondo durante el último año de servicio: a) Asignación básica mensual o dietas, b) Gastos de representación, c) Prima técnica, d) Dominicales y feriados, e) Horas extras, f) Prima semestral, g) Prima de Navidad, h) Trabajo suplementario, i) Prima de antigüedad, j) Bonificaciones...”.

(13) Se debe recordar que la Ley 33 de 1985 en el parágrafo 2º de su artículo 1º determinó el régimen de transición en los siguientes términos: “Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente ley hayan cumplido 15 años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente ley. // Quienes con 20 años de labor continua o discontinua como empleados oficiales, actualmente se hallen retirados del servicio, tendrán derecho cuando cumplan 50 años de edad si son mujeres o 55 años si son varones, a una pensión de jubilación que se reconocerá y pagará de acuerdo con las disposiciones que regían al momento de su retiro”. Y, por su parte la Ley 100 de 1993 en su artículo 36 lo estableció así: “Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.// La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley (...)”.