Sentencia 2006-08478 de junio 23 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Número interno: 2174-2010

Ref.: Exp. 250002325000200608478 03

Consejero ponente:

Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila.

Actor: Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Bogotá, D.C., veintitrés de junio de dos mil once.

Autoridades distritales

Bogotá, D.C., veintitrés de junio de dos mil once.

EXTRACTOS:«Consideraciones

El problema jurídico del cual se ocupará la Sala, consiste en determinar si el reconocimiento de la pensión de jubilación del señor Alberto Murillo Hurtado se encuentra ajustado a derecho, con fundamento en lo establecido por el Acuerdo 024 de 1989 de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Para tal efecto debe analizarse la legalidad de las resoluciones 534 de 24 de noviembre de 1999 y 594 del 26 de los mismos mes y año, proferidas respectivamente por el rector y el director de gestión y recursos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, actos administrativos mediante los cuales esa institución educativa le reconoció y ordenó el pago de la pensión de jubilación al demandado.

Con dicho objeto, la Sala precisa los siguientes aspectos de orden fáctico y jurídico:

De la vinculación del accionado:

El señor Alberto Murillo Hurtado, nació el 16 de octubre de 1946(6) y laboró al servicio de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas durante el periodo comprendido entre el 20 de septiembre de 1983 y el 18 de octubre de 1999(7).

Del reconocimiento pensional

Mediante Resolución 534 del 24 de noviembre de 1999(8), el rector de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, le reconoció al demandando una pensión mensual de jubilación, a partir del 18 de octubre de 1999. Al efecto, consideró:

“Que por Resolución 1009 del 31 de agosto de 1983, se nombró al señor Alberto Murillo Hurtado, identificado con cédula de ciudadanía 17.172.709 de Bogotá, tomando posesión el 20 de septiembre de 1983, en el cargo de profesor de tiempo completo.

Que mediante Resolución de Rectoría 501 del 26 de octubre de 1999, le fue aceptada la renuncia al cargo que venía desempeñando (...) a partir del 18 de octubre de 1999.

De acuerdo con el ordinal C del parágrafo 1º del artículo 6º del Acuerdo 024 de 1989, el señor Alberto Murillo Hurtado, tiene derecho a pensionarse, por haber cumplido más de 15 años de servicio en la universidad.

Que mediante estudio de la división de recursos humanos, con oficio del 27 de septiembre de 1999, se le otorgó el estatus pensional del ochenta y cinco (85%) del salario promedio devengado durante los últimos 12 meses” (negrillas de la Sala).

A través de la Resolución 594 del 26 de noviembre de 1999(9), el director de gestión y recursos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ordenó el pago de la pensión de jubilación reconocida al señor Murillo Hurtado, en cuantía de $ 4.250.213 a partir del 18 de octubre de 1999. Al efecto, consideró:

“Que el señor Alberto Murillo Hurtado (...) estuvo vinculado a esta institución desde el 20 de septiembre de 1983 y hasta el 18 de octubre de 1999, fecha en la que se acepta su renuncia como profesor de tiempo completo, adscrito a la facultad de ingeniería.

(...).

Que mediante resolución de rectoría de 24 de noviembre de 1999, se le reconoció la pensión al señor Alberto Murillo Hurtado.

Que mediante estudio de la división de recursos humanos, con oficio del 27 de septiembre de 1999, se le otorgó el estatus pensional del ochenta y cinco (85%) del salario promedio devengado durante los últimos 12 meses.

Que la división de recursos humanos liquidó la mesada pensional, de conformidad con las normas y acuerdos vigentes, quedando un valor de cuatro millones quinientos veinte mil doscientos trece pesos ($ 4.520.213)”.

De la naturaleza del ente accionante

El Acuerdo 10 de 5 de febrero de 1948, proferido por el Concejo de Bogotá, creó la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, como una institución estatal u oficial de educación superior, con carácter universitario de orden distrital.

Del régimen prestacional creado por la universidad

El Acuerdo 24 de 1989(10), suscrito por el consejo superior de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en uso de sus atribuciones legales y en especial la prevista en el estatuto general de la entidad y en el artículo 51 del Acuerdo 003 de 1973; estableció normas para el procedimiento de liquidación de prestaciones sociales para los empleados públicos docentes y fijó otros derechos salariales. De dicho acuerdo, se destaca la siguiente disposición:

“ART. 6º—La Universidad Distrital “Francisco José de Caldas” reconocerá y pagará a los docentes que hayan cumplido cincuenta (50) años o más de edad y vente (20) años de servicios continuos o discontinuos la pensión de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio devengado durante los últimos doce meses (12).

PAR. 1º—(...) C.A partir del 1º de enero de 1994 la Universidad Distrital “Francisco José de Caldas” pagará como pensión de jubilación el ochenta y cinco por ciento (85%) para quienes tengan quince (15) años o más de servicio continuos o discontinuos a la universidad y el cien por ciento (100%) a los que tengan veinte (20) o más de servicio continuos o discontinuos a la Universidad Distrital”.

Establecido lo anterior, la Sala procede a resolver este asunto, en el siguiente orden: (i) competencia para la fijación del régimen pensional; (ii) situaciones consolidadas conforme al artículo 146 de la Ley 100 de 1993; y (iii) el caso concreto.

(I) Competencia para la fijación del régimen pensional.

El artículo 69 de la Constitución Política garantiza la autonomía universitaria que se traduce en comportamientos administrativos de gestión tales como darse sus propios reglamentos, estatutos y directivas. Dicha disposición prevé:

“Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. El Estado facilitara mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior”.

En virtud de esa autonomía, la institución educativa puede organizarse internamente dentro de los parámetros que el Estado le permite al reconocerle la calidad de universidad, y esa facultad debe entenderse como la capacidad de disponer conforme a la misma Constitución y a la ley, de un margen de manejo y organización que le permita al ente universitario dirigir sus destinos con arreglo a sus propios objetivos, pero siempre bajo la dirección del Estado.

Por mandato expreso del artículo 62 de la Constitución de 1886, con sus reformas, en especial la de 1957, la ley debía determinar las condiciones de jubilación y, en general, todos los funcionarios con la facultad de libre nombramiento y remoción, no podían determinar condiciones laborales distintas a las previstas en las normas expedidas por el Congreso para regular el acceso al servicio público y las condiciones de jubilación, retiro o despido.

Por su parte, el artículo 150, numeral 19, literal e), de la Constitución Política de 1991, dispone:

“Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

...19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno para los siguientes efectos:

(...).

e). Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la fuerza pública...”.

En este orden de ideas, de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política de 1991, no se ha otorgado a otras autoridades la facultad de expedir disposiciones sobre prestaciones sociales, ya que le corresponde al Congreso fijar las normas generales a las que se debe sujetar el Gobierno Nacional para establecer los requisitos y condiciones para el reconocimiento de la pensión de jubilación a los empleados públicos(11). Así las cosas, resultan ilegales las disposiciones de carácter local como las contenidas en ordenanzas, acuerdos municipales, resoluciones o acuerdos de establecimientos públicos, nacionales o departamentales; que regulen la materia, como ocurrió con los acuerdos proferidos por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

En conclusión, a pesar del carácter de ente universitario autónomo del cual goza la universidad accionante, no le es dable fijar las condiciones para el reconocimiento de la pensión de jubilación de los empelados que laboran en ella, pues la autonomía universitaria, garantizada por el artículo 69 de la Constitución Política, se traduce en comportamientos administrativos de gestión, tales como darse sus propios reglamentos, estatutos y directivas; lo que quiere decir que la institución puede organizarse internamente dentro de los parámetros previamente establecidos.

En estas condiciones, el ente universitario puede dirigir sus destinos con arreglo a sus propios objetivos, pero siempre bajo la dirección del Estado. Sobre el particular la Corte Constitucional en Sentencia C-053 de 4 de marzo de 1998(12), consideró:

“(...).

Las universidades públicas, como se ha dicho, son órganos autónomos del Estado, que por su naturaleza y funciones gozan de esa condición y están sujetas a un régimen legal especial que en la actualidad está consagrado en la Ley 30 de 1992; dada esa caracterización sus servidores son servidores públicos, que se dividen entre docentes empleados públicos, empleados administrativos y trabajadores oficiales, cuyos salarios y prestaciones sociales cubre el Estado a través del presupuesto nacional, específicamente de asignaciones para gastos de funcionamiento.

El legislador impuso, en el régimen especial que expidió para las universidades públicas, sin distinción alguna, un límite a su libertad de acción, a su autonomía, en materia salarial y prestacional, que hace que el régimen de sus docentes en esas materias le corresponda fijarlo al gobierno nacional, previas las asignaciones que en el rubro de gastos de funcionamiento para el efecto haga el legislador a través de la ley anual de presupuesto, y que por lo tanto a ellas les sea aplicable la restricción impuesta en la norma impugnada, la cual, además de no impedir ni obstruir el ejercicio de la autonomía de dichas instituciones, que pueden cumplir sus funciones y actividades sin que el mandato en cuestión las interfiera, contribuye a un manejo racional, armónico y equilibrado de dichos recursos por parte del Estado, y a la consolidación de una política macroeconómica que contribuya a un manejo racional y al saneamiento y optimización en el manejo de las finanzas públicas”.

Por su parte, el artículo 77 de la Ley 30 de 1992 “por la cual se organiza el servicio público de la educación superior”, prescribió:

“ART. 77.—El régimen salarial y prestacional de los profesores de las universidades estatales u oficiales se regirá por la Ley 4ª de 1992, los decretos reglamentarios y las demás normas que la adicionan y complementan”.

Si bien en la disposición transcrita no se incluyó al cuerpo administrativo de las universidades estatales, la jurisprudencia de esta corporación ha sido muy clara en afirmar que si los profesores están sometidos a las previsiones de la Ley 4ª de 1992, con mayor razón los administrativos, pues en los primeros con mayor fuerza se refleja la autonomía universitaria. Al respecto sostuvo la Sección Segunda, Subsección A, en sentencia de 19 de abril de 2007(13).

“Cuando la norma de rango legal (L. 30/92, art. 77) mencionó solamente a los empleados docentes, lo hizo precisamente para zanjar cualquier duda que se pudiera suscitar sobre la competencia del Gobierno Nacional para fijar el salario de los profesores universitarios —que cumplen una función eminentemente académica—, frente a la autonomía universitaria.

En este orden de ideas y acudiendo al criterio lógico sistemático de interpretación judicial que busca encontrar las relaciones que existen entre el ordenamiento constitucional y las normas legales, encuentra la Sala un argumento a fortiori de aplicación incuestionable: si el legislador entendió que la autonomía universitaria no se extiende a la facultad de regulación propia y autónoma del régimen salarial de los docentes, con mayor razón debe entenderse dicha limitación a la autonomía universitaria respecto de los funcionarios administrativos de las universidades, para quienes concurren razones menos claras y imperiosas que soportarían el argumento contrario”.

Por su parte, la Ley 4ª de 1992, dispuso en su artículo 12:

“El régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la presente ley”.

Y, en el artículo 10 determinó:

Todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las disposiciones contenidas en la presente ley o en los decretos que dicte el Gobierno Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos”.

Así, para efecto del reconocimiento y pago de las pensiones de jubilación, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas estaba y está en la obligación de sujetarse a las leyes que regulan el régimen pensional de los empleados del Estado, bajo las disposiciones contenidas en la Constitución Política de 1991, y no acudir a normas expedidas por esa misma entidad para reconocer pensiones que desbordan los límites legales.

Idéntica situación se predica a la luz de la Constitución Política de 1886, bajo cuyo imperio, por mandato expreso de su artículo 62, con sus reformas (en especial la de 1957); la ley debía determinar las condiciones de jubilación y la clase de servicios civiles o militares que dan derecho a la pensión del tesoro público. Por su parte, el Presidente de la República, los gobernadores, los alcaldes y, en general, todos los funcionarios que tuvieran facultad de nombrar y remover empleados administrativos, no podían ejercerla sino dentro de los parámetros establecido en las disposiciones que al efecto expidiera el Congreso para regular las condiciones de acceso al servicio público y de jubilación, retiro o despido.

(II) Situaciones consolidadas conforme al artículo 146 de la Ley 100 de 1993.

Las situaciones pensionales individuales, definidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 con fundamento en normas territoriales en virtud de lo establecido en el artículo 146 ibidem, deben dejarse a salvo. Al respecto, dispone la norma en cita:

“ART. 146.—Situaciones jurídicas individuales definidas por disposiciones municipales o departamentales. Las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a la presente ley, con base en disposiciones municipales o departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales en favor de empleados o servidores públicos o personas vinculadas laboralmente a las entidades territoriales o a sus organismos descentralizados, continuarán vigentes.

También tendrán derecho a pensionarse con arreglo a tales disposiciones, quienes con anterioridad a la vigencia de este artículo, hayan cumplido (o cumplan dentro de los dos años siguientes)(14) los requisitos exigidos en dichas normas.

Lo dispuesto en la presente ley no afecta ni modifica la situación de las personas a que se refiere este artículo.

Las disposiciones de este artículo regirán desde la fecha de la sanción de la presente ley”.

Por su parte, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-410 de 1997(15), declaró la exequibilidad de este artículo y, respecto de las disposiciones Municipales y Departamentales relativas a las pensiones, consideró:

“... El inciso primero del artículo 146 de la Ley 100 de 1993,’por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones’, prescribe que las situaciones individuales definidas con anterioridad a la ley, con base en las disposiciones municipales o departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales, en favor de empleados o servidores públicos o personas vinculadas laboralmente a las entidades territoriales o a sus organismos descentralizados, continuarán vigentes.

Estima la Corte que como se ha ordenado en anteriores circunstancias, es preciso, en aplicación del principio de unidad normativa examinar la constitucionalidad del artículo mencionado en su integridad ya que este guarda una relación inescindible con los apartes demandados.

El inciso primero de la norma en referencia se encuentra ajustado a los preceptos constitucionales y en especial a lo previsto en el artículo 58 de la Constitución Política, según el cual ‘se garantizan los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores’.

En efecto, ha expresado la jurisprudencia de la corporación, que los derechos adquiridos comprenden aquellas situaciones individuales y subjetivas que se han consolidado y definido bajo la vigencia de la ley, y por ende ellos se encuentran garantizados, de tal forma que no pueden ser menoscabados por disposiciones futuras, basado en la seguridad jurídica que caracteriza dichas situaciones.

Desde luego que lo que es materia la protección constitucional se extiende a las situaciones jurídicas definidas, y no a las que solo configuran meras expectativas.

‘Nuestro estatuto superior protege expresamente, en el artículo 58, los derechos adquiridos y prohíbe al legislador expedir leyes que los vulneren o desconozcan, dejando por fuera de esa cobertura a las llamadas expectativas, cuya regulación compete al legislador, conforme a los parámetros de equidad y justicia que le ha trazado el propio constituyente para el cumplimiento de su función’ (C. Cons, Sent. C-168/95, M.P. Carlos Gaviria Díaz).

De esta manera, teniendo en cuenta la intangibilidad de los derechos adquiridos de los pensionados por jubilación del orden territorial antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, las situaciones jurídicas individuales definidas con anterioridad, por disposiciones municipales y departamentales, deben continuar vigentes.

Por lo tanto, se declarará la exequibilidad del inciso primero del artículo acusado, así como del inciso segundo, en la parte que reconoce el derecho a pensionarse con arreglo a las disposiciones municipales o departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales, para quienes con anterioridad a la vigencia de este artículo hayan cumplido los requisitos exigidos en dichas normas. Ello con fundamento en la garantía de los derechos adquiridos, reconocida por el artículo 58 superior, por tratarse de situaciones adquiridas bajo la vigencia de una ley anterior al nuevo régimen de seguridad social (L. 100 /93)...”.

(III) Del caso concreto.

Establecido el anterior marco normativo y jurisprudencial, la Sala define la situación concreta del señor Alberto Murillo Hurtado así:

Mediante los actos administrativos que aquí se cuestionan, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, reconoció y ordenó el pago de la pensión de jubilación al demandado, tomando en cuenta los más de 50 años de edad; y los 16 años de servicios prestados a la universidad; en un monto del 85% de lo devengado, teniendo en cuenta lo previsto en el literal c) del parágrafo 1º del artículo 6º del Acuerdo 024 de 1989, proferido por el consejo superior de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En tal sentido, mediante Resolución 534 del 24 de noviembre de 1999, el rector de la universidad demandante señaló:

De acuerdo con el ordinal C del parágrafo 1º del artículo 6º del Acuerdo 024 de 1989, el señor Alberto Murillo Hurtado, tiene derecho a pensionarse, por haber cumplido más de (15) años de servicio en la universidad” (las negrillas son de la Sala).

Los requisitos establecidos por el mencionado acuerdo, no son otros que acreditar 15 años de servicio a la universidad y haber cumplido 50 años de edad.

Sin embargo y teniendo en cuenta la anterior consideración, se observa que el señor Murillo Hurtado adquirió su estatus pensional el 20 de septiembre de 1998 (cuando completó los 15 años de servicios a la universidad, pues ya había cumplido la edad); lo que quiere decir que al 30 de junio de 1995, fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 en el sector territorial, el señor Alberto Murillo Hurtado aún no tenía una situación definida, ni su derecho pensional se había consolidado; razón por la cual resulta inaplicable lo establecido en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993.

Ahora bien. Tal y como lo consideró el a quo, al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 (jun. 30/95(16)), el accionado cumplía las condiciones para ser beneficiario del régimen de transición previsto por el artículo 36 ibidem, que le permitía pensionarse con los requisitos establecidos en las disposiciones anteriores. Por consiguiente, el marco jurídico para el reconocimiento pensional del señor Murillo Hurtado, es la Ley 33 de 1985(17); lo que quiere decir que para acceder a la pensión(18) él debía cumplir 55 años de edad y 20 de servicios. La Sala advierte que a la fecha el demandado reúne tales requisitos, pues el 16 de octubre de 2001 cumplió 55 años(19) y, a esa fecha había acumulado más de 20 años de servicios, así(20):

Entidad empeladotaFecha de ingresoFecha de corteTiempo de servicios
SENA Regional Bogotá, ISS.09 de diciembre de 1974.20 de septiembre de 1983.8 años, 9 meses, 11 días.
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.20 de septiembre de 1983.27 de septiembre de 1999.16 años y 7 días.
Licencias y/o comisiones000

Total tiempo de servicios: 24 años, 9 meses, 18 días.

Lo anterior indica que el demandado adquirió su estatus pensional el mismo día en que cumplió la edad exigida por la ley.

En ese orden de ideas, a juicio de esta Subsección no le asiste la razón al demandado, quien en el recurso de apelación adujo que mediante la sentencia de primera instancia el a quo le desconoció el derecho al debido proceso y vulneró los principios de buena fe, seguridad jurídica, equidad y confianza legítima; en la medida en que de los documentos que integran el plenario se desprende con facilidad que al señor Murillo Hurtado le fueron respetadas sus garantías procesales, que el fallador de instancia resolvió con sujeción a las disposiciones que regulan la materia, cuya aplicación es la que precisamente materializa los principios de seguridad jurídica, equidad, buena fe y confianza legítima.

No puede ser otra la conclusión si se tiene en cuenta i) que la Constitución prevé que el legislador, y no otra autoridad, tiene la competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, ii) que de acuerdo con el artículo 4º superior, las disposiciones contenidas en la Carta Política prevalecen sobre las demás, iii) que la pensión fue reconocida por la universidad al accionado con fundamento en el Acuerdo 024 de 1989 expedido por esa institución educativa, la cual carecía de competencia para determinar los requisitos para acceder a la pensión, iv) que de conformidad con lo previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el régimen que le es aplicable al demandado, es el contenido en la Ley 33 de 1985 y, v) que los decretos que aduce el accionado (Nº 1444 de 1992 y 55 de 1994), no pueden aplicarse con preferencia a las disposiciones de rango constitucional y legal que regulan la materia, de conformidad con las cuales el derecho pensional lo adquiere al cumplir 55 años de edad y 20 de servicios.

En consecuencia, el reconocimiento de la pensión efectuado en este caso particular, debe sujetarse en su totalidad a lo establecido por la Ley 33 de 1985, y las normas que la modificaron o adicionaron, en lo referente a la edad, tiempo y monto.

Respecto de la petición de la universidad consistente en el reintegro de los valores pagados en exceso por el reconocimiento pensional, la Sala comparte lo que sobre el particular consideró el tribunal de Instancia, por cuanto, según el artículo 136 (num. 2º) del Código Contencioso Administrativo, no hay lugar a recuperar prestaciones pagadas a particulares de buena fe, como el demandado, pues no se observa dentro del plenario acto doloso que haga incurrir a la administración en error.

Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, mediante la cual el a quo declaró la nulidad parcial de los actos demandados y ordenó reliquidar la pensión del señor Alberto Murillo Hurtado de conformidad con lo dispuesto en las leyes 33 y 62 de 1985.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia de 1º de julio de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda incoada por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas contra el señor Alberto Murillo Hurtado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

(6) Cédula de ciudadanía, visible a folio 14 del expediente.

(7) Información extraída de la Resolución 0125 de 25 de febrero de 1999, visible a folios 58 y 59 del cuaderno principal.

(8) Folios 12 y 13 del cuaderno principal del expediente.

(9) Folios 54 y 55 del cuaderno principal del expediente.

(10) Visible a folios 16 a 19 del cuaderno principal del expediente.

(11) Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-510 de 14 de julio de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, sostuvo: “El Constituyente de 1991, entonces, conservó el concepto que venía desde la reforma constitucional de 1968, en relación con la necesidad de la existencia de una competencia compartida entre el legislador y el ejecutivo en la regulación de determinadas materias, una de ellas la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, entre otros servidores del Estado, en donde la función del primero se debe limitar a establecer unos marcos generales, unos lineamientos que le circunscriban al segundo la forma como este ha de desarrollar su actividad reguladora para los asuntos específicamente señalados por la propia Constitución”.

(12) con ponencia del doctor Fabio Morón Díaz.

(13) Consejero ponente Alberto Arango Mantilla, Radicado 444-2005.

(14) Expresión entre paréntesis declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-410 de 1997.

(15) Con ponencia del magistrado Hernando Herrera Vergara.

(16) Para los empleados del orden departamental, municipal y distrital.

(17) “ART. 1º—El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva caja de previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio”.

(18) Equivalente al 75% de lo devengado en el último año de servicios.

(19) Según consta en la copia de la cédula de ciudadanía visible a folio 7 del cuaderno principal.

(20) La efecto, ver oficio de 27 de septiembre de 1999 que obra a folios 58 y 59 del expediente. En ese documento están discriminados los tiempos se servicios del demandante en el sector oficial.