Sentencia 2006-1112 de septiembre 3 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Proceso 2006-1112

Magistrado Ponente:

Dr. Mauricio Torres Cuervo

Demandante: Jorge Eduardo Granados Granados

Demandado: Héctor Miguel Parra López

Electoral - Apelación sentencia

Bogotá, D.C., tres de septiembre de dos mil siete.

EXTRACTOS: «Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 2 de marzo de 2007 proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes.

1.1. La demanda.

El señor Jorge Eduardo Granados Granados, mediante apoderado y en ejercicio de la acción pública de nulidad electoral, solicitó que se declare la nulidad del acto administrativo de 15 de junio de 2006 mediante el cual el consejo superior de la Universidad Francisco de Paula Santander —UFPS— eligió a Héctor Miguel Parra López como rector para el período 2006-2009.

Para sustentar la demanda afirmó que la UFPS es un ente autónomo universitario de conformidad con el artículo 69 de la Constitución y que en ejercicio de su autonomía convocó a los estamentos universitarios —docente, estudiantil y administrativo— para elegir al rector. Qué el literal j) del artículo 24 del estatuto general de la UFPS otorga al consejo superior universitario la competencia para elegir rector; que el inciso 5º del artículo 25 ibídem establece que para el efecto conformará un quórum decisorio de más de la mitad de los miembros con derecho a voto, y que el artículo 21 dispone que dichos miembros son los siguientes: 1) El gobernador del departamento o, en casos excepcionales, su delegado, 2) el representante del Presidente de la República, 3) el Ministro de Educación o su delegado, 4) el representante del sector académico; 4)(sic) un profesor de la universidad, de dedicación exclusiva o tiempo completo, o su suplente, 6) un estudiante regular de la universidad o su suplente, 7) un egresado graduado en la institución, 8) un representante del sector productivo y 9) un ex rector de la universidad designado por el mismo consejo. Y que en la sesión del 15 de junio de 2006 el consejo superior eligió al demandado como rector sin el quórum exigido y sin que este hubiera obtenido la mayoría absoluta de votos que eran 5.

Citó como norma violada el artículo 25 del Acuerdo 91 de 1º de diciembre de 1993, estatuto general de la UFPS, en cuanto establece que "constituye quórum decisorio más de la mitad de los miembros con derecho a voto que hayan acreditado ante el secretario del consejo superior su condición de tales" y manifestó que aunque aparentemente dicha norma se cumplió porque el demandado obtuvo 5 votos, 3 de los votantes no podían participar en la sesión y los 2 restantes no podían elegir.

Que están viciados los votos de: a) Argemiro Bayona, Secretario de Educación de Norte de Santander, porque actuó como delegado del gobernador del departamento y la facultad de presidir el consejo superior asignada a este por el literal a) del artículo 64 de la Ley 30 de 1992 es indelegable, y el artículo 21 del estatuto general de la UFPS solo permite dicha delegación en casos excepcionales entre los cuales no está comprendido la elección de rector; b) el egresado Julián Amaya, porque el representante de los egresados no asistió y según el literal i) del artículo 21 de los estatutos dicho representante no tiene suplente, y c) el estudiante Leonardo Durán Durán, porque no acreditó su calidad ante la secretaría general, requisito exigido por el parágrafo 4º del artículo 21 ibídem.

Por otra parte, afirmó que Germán Gallego, representante de los docentes, se declaró impedido y no participó en la elección; que el doctor Luis Eduardo Lobo Carvajalino, representante de los ex rectores, actuó como rector durante el proceso electoral y los rectores no tienen derecho a votar en las sesiones del consejo superior según el literal j) del artículo 21 del estatuto general; y que no asistieron a la sesión Juan Carlos Cubillos, representante de los egresados, Ciro Ramírez, representante del sector productivo, e Iván Clavijo Contreras, delegado del Presidente de la República.

Citó finalmente como fundamentos jurídicos de la demanda los artículos 2º, 4º, 6º, 29, 69, 83, 90, 92, 209 y 228 de la Constitución, 62 a 67 de la Ley 30 de 1992 y 19 a 25 del estatuto general de la UFPS sin señalar su contenido ni explicar el concepto de la violación, salvo lo relacionado con el inciso 5º del artículo 25 del estatuto general en cuanto establece que para elegir rector se requiere de un quórum decisorio de más de la mitad de los miembros con derecho a voto (fls. 4 a 16 del expediente). Presentó escrito de corrección y adición de la demanda (fls. 273 a 278) cuyo contenido no se resume porque el tribunal lo rechazó por extemporáneo.

(...).

2. Consideraciones.

Al cotejar los hechos, las normas violadas y el concepto de la violación expuestos en la demanda con los argumentos expuestos en el recurso en estudio, se advierte que el apelante se limitó a presentar en este solo cargos nuevos que no formuló en la demanda.

2.1. En efecto, en el libelo señaló de manera clara e inequívoca que el acto acusado violó el inciso 5º del artículo 25 del Acuerdo 91 de 1º de diciembre de 1993 del consejo superior de la UFPS, estatuto general de dicha institución, en cuanto reglamenta el quórum decisorio del consejo superior universitario en los siguientes términos:

"... Constituye quórum decisorio más de la mitad de los miembros con derecho a voto que hayan acreditado ante el secretario del consejo superior universitario su condición de tales...".

Al explicar el concepto de la violación afirmó que de los 9 miembros que de acuerdo con el artículo 21 ibídem hacen parte del consejo superior universitario solo asistieron 6 a la sesión en la que se eligió al demandado, pero 3 de ellos lo hicieron irregularmente y no tenían derecho a votar por las siguientes razones: el Secretario de Educación, que actuó como delegado del gobernador, porque la delegación que se le confirió no está autorizada en la ley; el suplente del representante de los egresados de la universidad y el suplente del representante de los estudiantes porque el estatuto general de la UFPS no establece la institución de las suplencias para los representantes de dichos estamentos. Finalmente, el representante de los profesores no votó porque se declaró impedido. De allí sostiene que no se integró el quórum en legal forma y el demandado no obtuvo el número de votos necesarios para ser elegido (fls. 3 a 16 del expediente).

Se advierte que el demandante acusó de ilegal el acto impugnado: a) porque no se constituyó el quórum decisorio en la sesión de elección del demandado y b) porque este no obtuvo el número de votos exigidos. Pero la norma que citó como violada solo regula el quórum decisorio y constituye el fundamento de la primera acusación; para sustentar la segunda acusación no invocó ninguna norma jurídica como violada.

2. 2. En la apelación el recurrente también afirma como cargo nuevo que el a quo incurrió en error porque desconoció que el acto acusado violó el parágrafo del artículo 25 del estatuto general de la UFPS (cuya copia auténtica obra a folios 56 a 80 del expediente), en concordancia con el literal c) del artículo 24 del reglamento interno del consejo superior universitario (cuya copia auténtica obra a folios 411 a 419). El texto de la primera de las normas mencionadas es el siguiente:

PAR.—El reglamento interno del consejo superior universitario determinará aquellas decisiones que requieran para su aprobación el voto favorable de más de la mitad de sus miembros con derecho a voto.

Pero se advierte que el parágrafo transcrito no fue citado en la demanda como norma violada y el demandante tampoco se refirió a él en el concepto de la violación.

Por otro lado, el artículo 24 del reglamento interno del consejo superior, Acuerdo 19 de 1º de marzo de 1994, establece:

" Para tomar decisiones en el consejo superior universitario se requerirá de al menos la mitad más uno de los votos de los miembros presentes en la sesión . Sin embargo, en las siguientes circunstancias se requerirá de un quórum especial de por lo menos las dos terceras partes de los miembros con derecho a voto.

(...).

c. Para el nombramiento o remoción del rector...” (negrillas y subrayas son de la Sala).

Se observa que la parte subrayada de la norma transcrita trata sobre el número de votos necesarios para tomar decisiones, asunto respecto del cual, se reitera, no se citó esta norma como violada en la demanda.

Luego, si las normas que el apelante considera violadas en el recurso de apelación no fueron señaladas como tales en la demanda y el concepto de la violación no se refirió a ellas, no hacen parte del marco de la litis y el tribunal no estaba obligado a pronunciarse sobre su violación; como tampoco lo está la Sala en la segunda instancia.

Los argumentos del recurrente constituyen un intento de formular por vía del recurso de apelación cargos de violación de normas jurídicas que no fueron materia de decisión en la primera instancia. Entonces, para garantizar los derechos al debido proceso y a la defensa del demandado, la Sala se abstendrá de estudiar dichos argumentos porque no habría lugar a declarar la nulidad de la elección por cargos frente a los cuales el demandante no pudo ejercer su derecho de defensa.

Finalmente, como el apelante no desvirtuó los fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia impugnada, la Sala la confirmará. No sobra anotar que aquel puso de presente en la apelación que incurrió en error al citar como violada en la demanda el inciso quinto del artículo 25 del estatuto general de la UFPS, norma jurídica que regula un quórum distinto del especial que correspondía a la elección de rector establecido en el artículo 24 del reglamento interno de la misma corporación, razón adicional para confirmar el fallo apelado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, oído el concepto de la Procuradora Séptima delegada ante el Consejo de Estado (E) y en acuerdo con ella, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. En firme esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

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