Sentencia 2006-91377 de octubre 26 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 25000232700020069137701

Ref.: 16946

Consejero Ponente:

Dr. William Giraldo Giraldo

Actor: Panamerican Product & Software Ltda. C.I.

Impuesto renta

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Apelación sentencia

Fallo

Bogotá, D.C., veintiséis de octubre de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sección

La discusión que se plantea en el presente caso se centra en establecer si fue correcta la notificación de la liquidación oficial de aforo Nº 300642005000185, del 2 de septiembre de 2005, efectuada por la administración a la dirección carrera 14 Nº 85-43 oficina 301 de Bogotá.

Se advierte que la notificación es la forma de publicitar los actos de contenido particular y a través de ella, los administrados conocen las decisiones de la administración y pueden controvertirlas ejerciendo su derecho de defensa, si así lo estiman. Esta actuación constituye una condición para su eficacia, por lo que la indebida notificación no es causal de nulidad sino de inoponibilidad.

El estatuto tributario establece un régimen específico restrictivo para dar a conocer las decisiones oficiales, de tal forma que se admite la notificación personal o por correo (E.T., art. 565).

La notificación por correo se practica mediante el “envío de una copia del acto correspondiente a la dirección informada por el contribuyente”.

A su vez el artículo 563 del estatuto tributario dispone:

“ART. 563.—Dirección para notificaciones. La notificación de las actuaciones de la administración tributaria deberá efectuarse a la dirección informada por el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, en su última declaración de renta o de ingresos y patrimonio, según el caso, o mediante formato oficial de cambio de dirección; la antigua dirección continuará siendo válida durante los tres (3) meses siguientes, sin perjuicio de la validez de la nueva dirección informada.

Cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no hubiere informado una dirección a la administración de impuestos, la actuación administrativa correspondiente se podrá notificar a la que establezca la administración mediante verificación directa o mediante la utilización de guías telefónicas, directorios y en general de información oficial, comercial o bancaria” (destaca la Sala).

De acuerdo con la norma transcrita, la regla general es que los actos de la administración tributaria se notificar a la última dirección informada por el contribuyente, la cual corresponde a la indicada en su última declaración de renta o de ingresos y patrimonio, o en el formato oficial de cambio de dirección(1).

En el sub lite, se observa que la dirección registrada en el RUT (fl. 1, antecedentes); en el certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá (fl. 12, antecedentes); en las declaraciones de ventas presentadas el 26 de abril de 2002, el 8 de mayo de 2002, el 11 de julio de 2002, el 11 de septiembre de 2002, y el 8 de noviembre de 2002 (fls. 18, 20,22, 24 y 26, antecedentes); en la declaración de renta presentada el 1º de abril de 2002 (fl. 31, antecedentes); y en los extractos bancarios correspondientes al año 2002 de los bancos Santander y Bogotá (fls. 36 a 64, 68 a 81, antecedentes), es la carrera 14 Nº 85-73 oficina 301, dirección a la que fue enviada la liquidación oficial de aforo demandada.

Por lo que se entiende que la administración dando cumplimiento a lo previsto en la norma antes transcrita, notificó sus actos a la dirección correcta, es decir a la carrera 14 Nº 85-43 oficina 301 de la ciudad de Bogotá.

Ahora bien, la actora considera que la notificación debió ser efectuada a la dirección “Calle 9 Nº 9-36 de la ciudad de Cali”, que fue informada por el representante legal encargado, el señor Fred Kaim Torres; sin embargo se observa que en el oficio del 9 de marzo de 2005 (fl. 31) se indicó, entre otras cosas, que “La firma dejó de existir y personalmente me he trasladado a Cali a la calle 9ª Nº 9-36 tel: 5-141622”. Esta situación no permite concluir que se esté informando una dirección procesal, ni sustituye el trámite que legalmente existe para informar a la administración el cambio de dirección.

Es preciso señalar que el artículo 612 del estatuto tributario prevé que cuando hay cambio de dirección, se deberá informar de este hecho utilizando “los formatos especialmente diseñados para tal efecto por la Dirección General de Impuestos Nacionales” (hoy UAE DIAN) y a su turno el artículo 13 del Decreto Reglamentario 2788 de 2004, indica que la dirección que se debe registrar en el RUT para el caso de personas jurídicas, es el domicilio social principal según la última escritura vigente y/o documento registrado.

Como se advierte de los documentos que obran dentro del plenario, la sociedad actora no hizo el cambio de dirección conforme a la normatividad tributaria y, adicionalmente, de la lectura del certificado de existencia y representación de la Cámara de Comercio de Bogotá, aportado con la demanda, se encuentra que la sociedad no se halla disuelta, que su duración es hasta el 13 de marzo de 2011 y que su dirección comercial y para notificaciones judiciales es la carrera 14 Nº 85-73 oficina 301 en la ciudad de Bogotá.

Con lo anterior se recalca que la notificación efectuada por la DIAN cumplió los requisitos exigidos en la ley, y, adicionalmente, esta actuación cumplió la finalidad que tiene inmersa, que no es otra que darle publicidad a las actuaciones de la administración y garantizar el debido proceso, en la medida en que como quedó demostrado, la sociedad actora interpuso recurso de reconsideración el día 3 de octubre de 2005, dentro de los dos meses previstos en el artículo 720 del estatuto tributario.

En efecto, ha señalado la Corte Constitucional, en Sentencia C-640 de 2002 que la notificación es la diligencia mediante la cual se pone en conocimiento de los interesados el contenido de los actos que en las actuaciones administrativas se produzcan, su finalidad es garantizar los derechos de defensa y de contradicción como nociones integrantes del concepto de debido proceso a que se refiere el artículo 29 de la Constitución Política, es decir que con esta actuación, se permite que la persona a quien concierne el contenido de una determinación administrativa la conozca, y con base en ese conocimiento pueda utilizar los medios jurídicos a su alcance para la defensa de sus intereses.

Por lo expuesto, se confirmará la sentencia apelada, toda vez que la liquidación oficial de aforo fue notificada a la dirección que conforme a las normas del estatuto tributario correspondía y además porque se cumplió la finalidad de la notificación, que no es otra que darle publicidad a los actos y garantizar el debido proceso de los contribuyentes.

En mérito a lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia del 26 de septiembre de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección, por las razones aquí expuestas.

2. RECONÓCESE personería para actuar a la abogada María Helena Caviedes Camargo, como apoderada judicial de la entidad demandada en los términos del poder que le fue conferido y que obra a folio 143 del expediente.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y publíquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(1) El artículo 563 del estatuto tributario se entiende derogado tácitamente por el artículo 555-2 ibídem, en lo concerniente a la posibilidad de informar el cambio de dirección en la declaración de renta o ingresos y patrimonio, pues el RUT constituye el único mecanismo de identificación, ubicación y clasificación de los sujetos que deben cumplir obligaciones ante la DIAN.