Sentencia 2006 de febrero 7 de 1991 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PLENA

CONTRATO DE LICENCIA DE MARCA

REGULACIÓN POR EL DERECHO INTERNO

EXTRACTOS: «Se transcribe en seguida el texto de las disposiciones acusadas en el presente negocio:

“LEY 81 DE 1988

(Diciembre 23)

Por la cual se reestructura el Ministerio de Desarrollo Económico, se determinan las funciones de sus dependencias, se deroga el Decreto Legislativo 0177 del 1º de febrero de 1956, se dictan normas relativas a los contratos de fabricación y ensamble de vehículos automotores y a la política de precios y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

Artículo 45. —De las funciones del Comité de Regalías. El Comité de Regalías tendrá las funciones de aprobar o negar los contratos relacionados con:

1. Importación de tecnología, patentes y marcas;

2. Administración de propiedad intelectual o de derechos de autor y similares;

3. Explotación de programas de computador o soporte lógico (software).

Parágrafo 1º —Los contratos de uso de marcas que no impliquen pagos de ninguna especie no requerirán de la autorización del Comité de Regalías, pero se registrarán ante la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. En tales contratos se tendrá en cuenta únicamente que no contengan cláusulas restrictivas y su registro se hará de manera inmediata, en la forma que señal; la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Parágrafo 2º —Para aprobar o negar los contratos a que se refiere el presente artículo, el Comité de Regalías tendrá en cuenta los siguientes criterios:

a) Utilidad del contrato para el desarrollo económico y social del país y su relación con los desembolsos en moneda extranjera a que dé lugar;

b) Posibilidad de elaborar el producto en condiciones similares, sin gravarlo con regalías, mediante uso de procedimientos ordinarios susceptibles de aplicación para tal fin, conforme a los avances de la tecnología moderna y al desarrollo de la industria nacional;

c) Efectos del contrato sobre la balanza de pagos;

d) Mercados a que pueden destinarse los productos fabricados bajo el contrato;

e) Efectos sobre el empleo;

f) Efectos sobre el medio ambiente;

g) Grado de transferencia y asirnilación de la tecnología objeto de contratación;

h) Convenios internacionales suscritos por el país;

i) Vigencia de patentes y marcas;

j) Los que señale el Consejo Nacional de Política Económica y Social —Conpes—.

Parágrafo 3º —El incumplimiento de los términos contractuales y de los compromisos y condiciones señalados en la aprobación respectiva, será causal para revocar la autorización y será comunicado por el Comité de Regalías a las entidades competentes para que, si es el caso, impongan las sanciones correspondientes; así mismo, será tenido en consideración para el estudio de prórrogas o de futuras solicitudes.

Parágrafo 4º —Las solicitudes de aprobación de los contratos a que hace referencia este artículo, así como las de prórrogas y modificaciones deberán ser resueltas dentro de los 45 días hábiles siguientes a su presentación al Comité, siempre que no se haya pedido información cornplementaria dentro de los 15 días hábiles siguientes a su presentación. Una vez la documentación solicitada se encuentre en poder del Comité empezará a contarse el plazo de decisión aquí previsto. Las solicitudes que no fueren resueltas dentro del plazo establecido en el presente artículo, se considerarán aprobadas. Cuando el Comité de Regalías deba solicitar conceptos sobre un contrato a otra entidad oficial o privada, comunicará tal circunstancia al interesado. Los términos de decisión se suspenderán en este caso, hasta tanto la entidad consultada rinda el concepto respectivo”. (Se subraya únicamente lo acusado).

No cabe duda que, en relación con este proceso, es preciso aclarar el sentido de la aplicación de las normas de derecho interno en frente de las del derecho comunitario. A este respecto es muy importante la interpretación prejudicial autorizada por el artículo XXVIII del Acuerdo de Cartagena que asigna al Tribunal Andino de Justicia la competencia para “interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros”.

Ahora bien, las restantes disposiciones de la Sección Tercera del Capítulo Tercero del Acuerdo de Cartagena determinan la oportunidad y el sentido de la consulta prejudicial y su alcance jurídico. Según el artículo 29, los jueces nacionales que deban resolver procesos en que deben aplicarse disposiciones del derecho comunitario, podrán solicitar o no del Tribunal la interpretación de aquellas, en caso de que contra la sentencia quepa algún recurso en el derecho interno. Agrega la disposición que “si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que se hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso”.

Sin embargo, añade la norma que si la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará la interpretación del Tribunal de oficio, en todo caso, o a petición de parte si lo considera procedente. Lo cual quiere decir que en este último caso la solicitud de la interpretación no es facultativa sino obligatoria. Pero además, para que la actuación del Tribunal no implique invasión en la órbita de competencia de los derechos nacionales, el artículo 30 es muy claro y afirmativo al definir que “en su interpretación, el tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena” y expresamente, en una prohibición que no deja lugar a duda alguna, establece que “no podrá interpretar el contenido y alcances del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso“.

En relación con la interpretación del Tribunal, el artículo 31 le señala su fuerza obligatoria al establecer que “el juez que conozca el proceso deberá adoptar la interpretación del Tribunal”. Esto le da su categoría a la interpretación que indudablemente es un instrumento precioso para la puesta en marcha de los conceptos de integración política, económica y social que están en el fondo mismo del llamado derecho comunitario.

Ahora bien, como se advirtió, la Corte debe decidir en esta oportunidad si la expresión acusada viola o no lo dispuesto por la Constitución Nacional en sus artículos 76-18, inciso segundo y 120-20, por ser contraria a los artículos 7º de la Decisión 84, y 18 y 24 de la Decisión 220, ambos emanados de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, como lo señalan los actores.

El correcto entendimiento de las normas subregionales citadas, según la autorizada interpretación del Honorable Tribunal consultado y que acoge la Corte(1), es la de que las materias que aquellas regulan, son en todo momento enunciativas, de cubrimiento parcial y de alcance básicamente indicativo. En consecuencia, los organismos legislativos nacionales conservan su competencia para legislar, en materia de criterios para la aprobación o rechazo de los contratos de licencia de marca, con pago de regalías, en cuanto a los aspectos no regulados de modo exhaustivo por las normas subregionales.

Pero además, se encuentra que dichos criterios siguen en todo caso las pautas impartidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en cuanto a la importación de tecnología en general y a los contratos de licencia de marcas en particular.

Bajo dicho entendimiento, el legislador no desconoció los artículos 76-18 inciso segundo ni el 120-20 de la Carta, pues no invadió las áreas de competencia legislativa de los organismos subregionales del Acuerdo de Cartagena, quedando a salvo la normatividad de integración expedida en su desarrollo. Además, se encuentra que lo acusado no viola ninguna otra norma de la Carta.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio de su Sala Constitucional y oído el concepto fiscal,

RESUELVE:

Es EXEQUIBLE la expresión “y marcas” del numeral 1º del artículo 45 de la Ley 81 de 1988 y son igualmente EXEQUIBLES los literales b) f) y g) del parágrafo segundo en relación con los contratos de importación de marcas de que trata el precitado numeral.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente».

(Sentencia Nº 11, febrero 7 de 1991. Expediente 2006. Magistrado Ponente: Dr. Fabio Morón Díaz).

(1) Véase la interpretación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en este mismo tomo de Jurisprudencia y Doctrina, página 89. (N del D.).

ACLARACIÓN DE VOTO

Aun cuando el suscrito Magistrado comparte la decisión de declarar exequibles la expresión “y marcas” del numeral 1º del art. 45 de la Ley 81 de 1988 y los literales b), fl y g), del parágrafo 2º de dicha norma legal, estima pertinente aclarar su voto favorable, por las razones que se expresan a continuación:

1. Las normas acusadas deben ser analizadas, exclusivamente frente a la Constitución Nacional, a fin de decidir por la Corte si se ajustan o no a nuestro Estatuto Superior, sin que sea necesario acudir a las normas del derecho comunitario, contenidas en el Acuerdo de Cartagena, ya que, la Decisión 85 del mismo, no deroga la competencia que para legislar le otorga al Congreso Colombiano nuestra Carta Política, sino que tan sólo otorga prevalencia sobre las normas nacionales a las que integran el derecho comunitario.

2. Pero aún en el caso de que se considerase necesario acudir al derecho comunitario, la Corte Suprema DE JUSTICIa no tiene necesidad, a mi juicio de acudir a la interpretación prejudicial de Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena para ejercer sus funciones de control constitucional en casos como éste, por cuanto mientras al referido tribunal se le atribuye la función de “interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros”, resulta evidente que en el caso sometido a la decisión de la Sala Plena de la Corte no se persigue la aplicación de normas de derecho comunitario, sino que se trata de un proceso constitucional, cuyo único objeto es el de juzgar la conformidad o disconformidad de las normas acusadas, con la Constitución Nacional, función ésta que atribuye a la Corte el art. 214 de la C. N., sin que se haga referencia alguna a organismos internacionales ni a normas supranacionales, porque se repite, tales normas resultan ajenas al juicio de exequibilidad que debe pronunciar la Corte, cuya función ha de ejercerse teniendo como elementos jurídicos para el efecto las normas acusadas y la Constitución de la República.

3. De otra parte, el legislador colombiano, pese a las decisiones comunitarias del Acuerdo de Cartagena, conserva íntegra su atribución legislativa, como lo reconoce el propio Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, organismo éste que, en la interpretación prejudicial que le fue solicitada a propósito del juzgamiento constitucional del artículo 454 de la Ley 9a de 1979 (Sent. Nº 93, 1988, Exp. 1772), expresó “no se trata propiamente de que la norma comunitaria posterior derogue a la norma nacional preexistente, al igual que ocurre en el plano del derecho interno, puesto que son dos ordenamientos jurídicos distintos, autónomos y separados, que adoptan dentro de sus propias competencias formas peculiares de crear y extinguir el derecho, que por supuesto no son intercambiables. Se trata, más propiamente, del efecto directo del principio de aplicación inmediata y de la primacía que en todo caso ha de concederse a las normas comunitarias sobre las internas ... la norma interna, sin embargo, podría continuar vigente aunque resulte inaplicable, y permanecer en estado de latencia hasta que el derecho comunitario que las desplazó se modifique eventualmente y le deje libre el terreno, si es que la norma nacional llega a resultar incompatible con él”, lo que sencillamente significa que siempre que se presente un conflicto entre el derecho interno o nacional y el derecho comunitario, se dará aplicación preferente al último, sin que ello signifique la inconstitucionalidad de las normas nacionales, puesto que la prevalencia legislativa no es un asunto de constitucionalidad sino de aplicación inmediata de una norma legal frente a un caso concreto, lo que, es por completo diferente.

Fecha ut supra.

Pedro Lafont Pianetta. 

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