Sentencia 2007-00004 de marzo 11 de 2010 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 11001-32-27-000-2007-00004-00(16337)

Consejero Ponente:

Hugo Fernando Bastidas Barcena

Actor: Miguel Ángel Bustos Vásquez

Demandado: Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Bogotá, D.C., once de marzo de dos mil diez.

Fallo

La Sala decide la acción pública de nulidad instaurada por Miguel Ángel Bustos Vásquez contra los artículos 12, 13, 14, 15 y 16 del Decreto 4583 de 27 de diciembre de 2006 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

La Sala debe decidir sobre la legalidad de los artículos 12, 13, 14, 15 y 16 del Decreto 4583 del 27 de diciembre de 2006, expedido por el Gobierno Nacional - Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Concretamente, debe analizar si tales normas podían incluir la obligación de liquidar y pagar la sobretasa del impuesto de renta en los plazos y cuotas establecidos para presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2006, así mismo, para pagar el impuesto y el anticipo, no obstante, que el artículo 260-11 del estatuto tributario, que consagró la sobretasa, fue derogado por la Ley 1111 de 2006.

A juicio del actor, el Gobierno Nacional excedió la facultad reglamentaria y violó el principio de irretroactividad tributaria, porque exigió el pago de la sobretasa del impuesto de renta cuando ya había sido derogada. Consideró que los elementos de la sobretasa, mientras estuvo vigente, se consolidaban el 31 de diciembre de cada año. Como el artículo 260-11 del estatuto tributario fue derogado el 27 de diciembre de 2006, para el 31 de ese mes no existía la base para liquidar la sobretasa ni la tarifa; es decir, la sobretasa ya no existía.

Pues bien, el artículo 260-11 del estatuto tributario, modificado por el artículo 7º de la Ley 863 de 2003 disponía:

“Por los años gravables 2004, 2005, y 2006 créase una sobretasa a cargo de los contribuyentes obligados a declarar el impuesto sobre la renta y complementarios. Esta sobretasa será equivalente al diez por ciento (10%) del impuesto neto de renta determinado por cada año gravable.

La sobretasa aquí regulada se liquidará en la respectiva declaración de renta y complementarios y no será deducible ni descontable en la determinación del impuesto sobre la renta.

PAR.—La sobretasa que se crea en este artículo está sujeta para el ejercicio gravable 2004 a un anticipo del cincuenta por ciento (50%) del valor de la misma, calculado con base en el impuesto neto de renta del año gravable 2003, el cual deberá pagarse en los plazos que fije el reglamento”.

Esta sobretasa fue creada por el artículo 29 de la Ley 788 de 2002 a cargo de los contribuyentes obligados a declarar el impuesto sobre la renta. Sobre los elementos esenciales del tributo, la Sala, en sentencia de 26 de octubre de 2006, hizo las siguientes precisiones:

“[…] en ambas disposiciones, la que creó la sobretasa de renta (L. 788/2002, art. 29) y la que la modificó (L. 863/2003, art. 7º) se señalan como sujetos pasivos de la sobretasa a los contribuyentes obligados a declarar impuesto de renta; como base gravable el impuesto neto de renta determinado en el respectivo año gravable; la obligación de liquidarla en la respectiva declaración; así como la prohibición de llevarla como deducción o descuento tributario.

Conforme a lo anterior, se entiende que la disposición prevista en el artículo 7º de la Ley 863 de 29 de diciembre de 2003, está regulando un tributo, en el que la base es el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado”, pues es evidente que la sobretasa constituye un gravamen adicional al impuesto de renta y constituye junto con este un solo tributo, cuyo período anual está previsto en el artículo 1º del Decreto 187 de 1975 desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre del respectivo año gravable” (Exp. 15177. C.P. Dra. María Inés Ortiz Barbosa).

Se trata en consecuencia de un solo tributo junto con el impuesto de renta, que grava los hechos económicos ocurridos durante un período gravable que va del primero de enero al 31 de diciembre de cada año. Por ser un tributo de período, se sujeta a la previsión constitucional del artículo 338 que dispone que “las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo”.

Por ello, cuando el legislador creó la sobretasa del impuesto de renta mediante la Ley 788 de 2002, no afectó la vigencia fiscal de 2002, salvo por el anticipo que debía liquidarse en ese año gravable. Así lo precisó la Corte Constitucional en la Sentencia C-485 de 2003 en la que se hicieron las siguientes precisiones:

Este principio (se refiere al de la periodicidad tributaria del art. 338 superior), que rige para los tributos que se causan por períodos, significa que en estos casos las leyes tributarias únicamente surten efectos a partir del periodo fiscal siguiente al de su expedición. En el caso del impuesto de renta, el hecho gravado está constituido por la obtención de ingresos susceptibles de producir un incremento patrimonial durante un año calendario, período que coincide con la vigencia fiscal. En tal virtud, las leyes relativas a este gravamen no pueden surtir efectos sino a partir del año gravable siguiente a aquel en el cual fueron expedidas, so pena de desconocer el principio de periodicidad o anualidad tributaria a que se refiere el artículo 338 en comento.

Ahora bien, el artículo 29 de la Ley 788 de 2002 crea una sobretasa al impuesto de renta, que se impone a las personas obligadas a pagar tal tributo, sobretasa que para el año 2003 es del diez por ciento (10%) del impuesto neto de renta determinado por dicho año gravable y que a partir de 2004 equivale al cinco por ciento (5%) del impuesto neto de renta del respectivo período gravable. Por tratarse de una norma tributaria no puede aplicarse retroactivamente, es decir para regular los efectos de situaciones ocurridas con anterioridad a su entrada en vigencia acaecida el 27 de diciembre de 2002, ni tampoco puede aplicarse sino a partir de la vigencia fiscal de 2003, que es el período gravable para el impuesto de renta que comienza después de tal entrada en vigencia.

Sobre el anticipo de la sobretasa regulado en el parágrafo del artículo 29 de la Ley 788 de 2002, la Corte precisó que la obligación de pagarlo no era un desconocimiento del principio de irretroactividad tributaria, sino un abono al impuesto establecido con fundamento en el principio constitucional de eficiencia del sistema tributario.

Cuando la sobretasa del impuesto de renta fue modificada por la Ley 863 de 2003, el Consejo de Estado también consideró que, en aplicación del mandato del artículo 338 de la Constitución Política, independientemente de que la Ley 863 haya entrado en vigencia el 29 de diciembre de 2003, todas las disposiciones que afectaran alguno de los elementos que estructuran el tributo, entre ellas el artículo 7º que modificó la tarifa de la sobretasa de renta, solo podían aplicarse “a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley...” es decir a partir del año gravable 2004 (Sent., oct. 26/2006. Exp. 15177. C.P. Dra. María Inés Ortiz Barbosa).

Pues bien, igual consideración debe hacerse en relación con la derogatoria de un tributo de período como, en este caso, la sobretasa del impuesto de renta.

En efecto, el artículo 78 de la Ley 1111 de 2006 dispuso:

ART. 78.—Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga las normas que le sean contrarias, en especial las siguientes: […] el artículo 260-11 […] del estatuto tributario […].

Dentro del criterio expuesto y por cuanto la sobretasa es un tributo de período, si bien el artículo 78 de la Ley 1111 de 2006 empezó a regir el 27 de diciembre de 2006, no afectó la vigencia y aplicación del artículo 260-11 del estatuto tributario para el año gravable de 2006. Su aplicación tuvo lugar para el año gravable 2007 y posteriores.

Tampoco puede afirmarse que para el 31 de diciembre de 2006, fecha de consolidación de la base gravable del impuesto de renta, ya no existía la sobretasa. Como lo ha señalado la Sala, la base del impuesto de renta es el resultado de hechos económicos ocurridos durante el año calendario que va desde el primero de enero al 31 de diciembre y “no es posible la aplicación inmediata, ni la aplicación retroactiva de normas que afecten alguno de los elementos que estructuran impuesto de período, pues ello implicaría la vulneración de las normas constitucionales ya mencionadas(1), disposiciones que precisamente procuran que los hechos ya formalizados jurídicamente y los que se encuentran en curso al momento de expedición de una ley, no se vean afectados por los cambios, en aras de la seguridad jurídica y de que haya certeza de las regulaciones de la obligación tributaria, previamente a la causación del impuesto (Principio de legalidad). Para el caso de los tributos de período, las normas deben regir con anterioridad a su iniciación”(2).

En consecuencia, como la derogatoria de la sobretasa del impuesto de renta solo se aplica a partir del año gravable 2007 y siguientes, los actos demandados, en cuanto establecieron la obligación de liquidar y pagar, por el año gravable de 2006, la sobretasa del impuesto de renta en los plazos y cuotas establecidos para presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios por esa vigencia y para pagar el impuesto y el anticipo a los grandes contribuyentes, personas jurídicas y demás contribuyentes(3), entidades del sector cooperativo, personas naturales y sucesiones ilíquidas, personas naturales residentes en el exterior y las instituciones financieras que hubieren sido intervenidas de conformidad con el Decreto 2920 de 1982 o normas posteriores, se adecuaron al texto de las normas superiores (E.T., art. 260-11) que obligan a pagar la sobretasa a los contribuyentes obligados a declarar el impuesto de renta y complementarios.

Por lo anterior, los cargos de violación aducidos por el demandante no están configurados. Razón por la cual, la Sala negará las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las súplicas de la demanda.

RECONÓCESE al abogado Hermes Ariza Vargas como apoderado de la parte demandada.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».


 

(1) Consejo de Estado, Sentencia del 7 de diciembre de 2000, Expediente 10445, M.P. Daniel Manrique Guzmán, y del 26 de octubre de 2006, Expediente 15177, M.P. María Inés Ortiz Barbosa, entre otras.

(2) Sentencia del 4 de septiembre de 2008, Expediente 16069, M.P. Ligia López Díaz.

(3) Las sucursales de sociedades extranjeras, o las personas naturales no residentes en el país, que presten en forma regular el servicio de transporte aéreo, marítimo, terrestre o fluvial entre lugares colombianos y extranjeros.