Sentencia 2007-00007 de octubre 23 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 11001032700020070000700

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Autoridades nacionales

Actor: Banco Davivienda S.A.

Bogotá, D.C., veintitrés de octubre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

5.1. El acto administrativo demandado:

“Cajanal S.A. EPS en Liquidación

RESOLUCIÓN 623

(9 de octubre de 2006)

El liquidador de Cajanal S.A. EPS, en Liquidación

En ejercicio de sus facultades legales, especialmente las que le confiere el Decreto 4409 de 2004, el Decreto-Ley 254 de 2000, el Decreto-Ley 663 de 1993; el Decreto 2211 de 2004; el artículo 68 de la Ley 715 de 2001; el Decreto 1015 de 2002; el Decreto 1922 de 1994 y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante el Decreto 4409 del 30 de diciembre de 2004, el Gobierno Nacional ordenó la disolución y liquidación de la sociedad Cajanal S.A. EPS, y en consecuencia, a partir de la vigencia del citado decreto, la sociedad entró en proceso de disolución y liquidación, el cual debe concluir a más tardar en un plazo de dos (2) años, es decir el próximo 30 de diciembre de 2006.

SEGUNDO: Que de acuerdo al artículo 2º del Decreto 4409 del 30 de diciembre de 2004, la liquidación de la sociedad Cajanal S.A. EPS se someterá a las disposiciones del Decreto-Ley 254 de 2000 y a las disposiciones especiales del Decreto 4409 del 30 de diciembre de 2004.

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 2º del Decreto-Ley 254 de 2000, a partir de la expedición del acto de liquidación, los embargos decretados con anterioridad a la vigencia del decreto que ordena la disolución y liquidación de la entidad y que afecten bienes de la misma se cancelan. Por tanto, el levantamiento de las medidas cautelares que pesaban sobre bienes muebles e inmuebles de propiedad de Cajanal S.A. EPS, quedaron levantadas por mandato legal, con el fin de que una vez saneados entren a la masa de la liquidación, como prenda general de los acreedores.

CUARTO: Que los artículos 23 del Decreto-Ley 254 de 2000 y 1º del Decreto 2211 de 2004, previenen a todo acreedor, y en general a cualquier persona que tenga en su poder activos de propiedad de la entidad en liquidación, para que procedan de manera inmediata a entregar dichos activos al agente liquidador.

QUINTO: Que Cajanal S.A. EPS en Liquidación mediante aviso fijado en lugar público de la sede principal de la sociedad, ubicada en la Transversal 45 Nº 41-83 en la ciudad de Bogotá, publicados en los diarios El Tiempo, La República, Vanguardia Liberal, El Colombiano, El País y El Heraldo entre los días 11 de enero y 15 de febrero del 2005, emplazó a quienes tengan en su poder a cualquier título activos de la intervenida, para los fines de su devolución inmediata.

SEXTO: Que Cajanal es titular de las cuentas de ahorro 0016-0002674-2 y 0016-700394-7 del Banco Davivienda.

SÉPTIMO: Que mediante comunicación suscrita por la Doctora Andrea León Ostos, abogada de la sucursal Bogotá, en agosto 17 de 2005, informó que sobre las cuentas descritas, recaen embargos provenientes del Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cartagena y del Tribunal Administrativo de Valledupar (sic).

OCTAVO: Que desde el 31 de octubre de 2005, se presentó derecho de petición dirigido a la directora de la sucursal CAN, señora Eliana Patricia Robayo Rubio, solicitándole el desembargo de las referidas cuentas.

NOVENO: Que no obstante, que conforme al artículo 2º del Decreto-Ley 254 de 2000, las medidas cautelares que recaían sobre las cuentas de ahorros 0016-0002674-2 y 0016-7003994-7 del Banco Davivienda, se encuentran canceladas, el Banco Davivienda, no ha procedido aun a ordenar su desembargo, y por lo tanto no se han podido retirar los dineros que en la actualidad se encuentran depositados en las referidas cuentas, circunstancia que está afectando en forma negativa los pagos que debe efectuar Cajanal S.A. EPS en Liquidación, los cuales debe realizarlos antes del 30 de diciembre del 2006.

DECIMO PRIMERO (sic): Que dentro de los deberes del liquidador, se debe propender en la recuperación de los activos de la entidad, así como la guarda y administración de los bienes y haberes que no se encuentren en cabeza de la entidad en liquidación, adoptando las medidas necesarias para mantener los activos en adecuadas condiciones de seguridad jurídica y ejerciendo las acciones judiciales y administrativas requeridas para el efecto.

En mérito de lo expuesto, el liquidador de Cajanal S.A. EPS en Liquidación.

RESUELVE:

ART. 1º—Ordenar al banco Davivienda sucursal CAN el desembargo de la cuenta de ahorros 0016-0002674-2 y 0016-7003994-7 cuyo titular es Cajanal S.A. EPS hoy en liquidación.

ART. 2º—Notificar personalmente de esta resolución a Banco Davivienda sucursal CAN, conforme lo establece el artículo 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo.

ART. 3º—Contra esta decisión procede el recurso de reposición.

Notifíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá a los nueve (9) días del mes de octubre de dos mil seis (2006).

Maria Fanny Santamaría Tavera

Liquidador”.

5.2. Cuestión procesal previa.

Considera la Sala oportuno referirse al planteamiento expuesto por la apoderada judicial del Ministerio de Salud y Protección Social de la época, en el escrito contentivo de alegados de conclusión en el que manifestó que la entidad que representa, carecía de legitimación en la causa por pasiva, por lo que solicitaba la exoneración de cualquier responsabilidad que se le pudiera imputar con ocasión del presente proceso de nulidad.

En el decir de la apoderada del ministerio, esta entidad no tuvo ninguna injerencia en la expedición de la Resolución 623 de octubre 9 de 2006, al haber sido expedida por la liquidadora de Cajanal S.A. EPS en ejercicio de las funciones consagradas en el Decreto 4409 de 2004, por lo que no quedaba desvirtuada su presunción de legalidad.

La Sala no comparte la anterior afirmación, por cuanto desconoció el contenido del parágrafo 2º del artículo 18 del Decreto 4409 de diciembre 30 de 2009 “Por el cual se dispone la disolución y liquidación de la sociedad Cajanal S.A., EPS” que establece lo siguiente:

“ART. 18.—Procesos judiciales. El liquidador deberá continuar atendiendo dentro del proceso de liquidación los procesos judiciales y demás reclamaciones en curso y los que llegaren a iniciarse dentro del término de la liquidación, hasta tanto se efectúe la entrega de los mismos. Asimismo, deberá presentar al Ministerio del Interior y de Justicia, Dirección de Defensa Judicial de la Nación y al Ministerio de la Protección Social, tres (3) meses después de su posesión, un inventario de todos los procesos judiciales y demás reclamaciones en las cuales sea parte la entidad, así como también, cuando ello sea procedente, deberá archivar los procesos y reclamaciones con sus respectivos soportes y en los términos señalados en las disposiciones vigentes.

PAR. 1º—El liquidador deberá entregar al Ministerio del Interior y de Justicia y al Ministerio de la Protección Social un informe mensual sobre el estado de los procesos y reclamaciones, de acuerdo a lo previsto en el artículo 26 del Decreto-Ley 254 de 2000.

PAR. 2º—El Ministerio de la Protección Social asumirá, una vez culminada la liquidación, los procesos judiciales y reclamaciones en que fuere parte Cajanal S.A., EPS, al igual que las obligaciones derivadas de estos” (subrayas fuera de texto).

De acuerdo con los apartes resaltados del artículo transcrito, pierde solidez el argumento de que el ministerio está excluido de cualquier responsabilidad debido a que no participó en la expedición del acto administrativo demandado al haber sido proferido por la liquidadora de Cajanal S.A. EPS, por cuanto no se puede desconocer que existe disposición normativa expresa en el Decreto 4409 de 2004 según la cual, los procesos judiciales en que hiciera parte Cajanal S.A. EPS y luego de culminada su liquidación, serían asumidos por el Ministerio de la Protección Social, en virtud de que la extinta EPS era una sociedad por acciones del orden nacional vinculada a este ministerio y que estaba sometida al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado, según el artículo 1º ídem.

Precisamente esta es la situación que se presenta en la demanda en estudio, comoquiera que el acto que motiva la presente acción de nulidad y restablecimiento del derecho, fue interpuesta contra la Resolución 623 de octubre de 9 de 2006, luego de que fuera ordenada la disolución y liquidación de Cajanal S.A. EPS mediante el Decreto 4409 de 2004.

En segundo término, sostuvo la apoderada del ministerio que no se puede predicar la condición de sucesor procesal que se le pretende endilgar a la entidad, por cuanto el régimen liquidatorio aplicable a la extinta Cajanal S.A. EPS, establece que para las contingencias presentadas, una vez terminada la liquidación se constituiría un patrimonio autónomo que cumpliría tal función, el cual sí fue constituido en el presente caso.

Respecto de este argumento, la Sala se abstendrá de efectuar pronunciamiento alguno por cuanto no se explicó ni desarrolló en qué consistía dicha afirmación al tiempo que no tiene ninguna relevancia ni relación con el tema analizado.

Dejando en claro lo anterior, se entrará a resolver el fondo del planteamiento jurídico objeto de análisis.

5.3. Planteamiento del debate jurídico.

La Sala se pronunciará en única instancia, acerca de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por la entidad bancaria demandante, contra la Resolución 623 del 9 de octubre de 2006, en el sentido de determinar si tenía o por el contrario carecía de competencia la liquidadora de Cajanal S.A. EPS en Liquidación, para ordenarle al Banco Davivienda sucursal CAN, el desembargo de las cuentas de ahorro 0016-0002674-2 y 0016-7003094-7 de las cuales era titular la extinta EPS.

En este sentido, lo primero que debe tenerse en cuenta es que en el auto que admitió de la demanda(4), esta Sala decretó la suspensión provisional de los efectos de la Resolución 623 de octubre 9 de 2006, al considerar lo siguiente:

“Confrontadas las normas transcritas con el acto acusado se observa a primera vista la violación flagrante de las normas superiores, pues dentro de las facultades del liquidador de Cajanal S.A. EPS no está la de disponer directamente el levantamiento de los embargos que pesan sobre los bienes y cuentas bancarias de la entidad en liquidación, sino el deber de comunicar a los jueces que adelantan los procesos ejecutivos contra la entidad la iniciación del proceso liquidatorio para que procedan a la cancelación de las medidas cautelares y a la terminación de estos procesos, advirtiéndoles que éstos deben acumularse al proceso de liquidación”.

Siguiendo la misma línea, el tema que procede verificar es el de las funciones del liquidador de Cajanal, las cuales se encuentran enlistadas en el Decreto 4409 de diciembre 30 de 2004 “Por el cual se dispone la disolución y liquidación de la sociedad Cajanal S.A., EPS”, que en el artículo 5º establece lo siguiente:

“ART. 5º—Funciones del liquidador. El liquidador adelantará bajo su inmediata dirección y responsabilidad el proceso de liquidación de la sociedad Cajanal S.A., EPS en Liquidación, para lo cual ejercerá las siguientes funciones:

1. Actuar como representante legal de la entidad en liquidación.

2. Realizar el inventario físico detallado de los activos y pasivos de la entidad, y realizar su avalúo de conformidad con las normas legales aplicables.

3. Responder por la guarda y administración de los bienes y haberes que se encuentren en cabeza de la entidad en liquidación, adoptando las medidas necesarias para mantener los activos en adecuadas condiciones de seguridad física y ejerciendo las acciones judiciales y administrativas requeridas para el efecto.

4. Adoptar las medidas necesarias para asegurar la conservación y fidelidad de todos los archivos de la entidad y, en particular de aquellos que puedan influir en la determinación de obligaciones a cargo de la misma.

5. Informar a los organismos de veeduría y control del inicio del proceso de liquidación.

6. Dar aviso a los jueces de la República del inicio del proceso de liquidación, con el fin de que terminen los procesos ejecutivos en curso contra la entidad, advirtiendo que deben acumularse al proceso de liquidación y que no se podrá continuar ninguna otra clase de proceso contra la entidad sin que se notifique personalmente al liquidador.

7. Dar aviso a los registradores de instrumentos públicos para que den cumplimiento a lo dispuesto en el numeral anterior del presente decreto, y para que dentro de los treinta (30) días siguientes a que se inicie la liquidación informen al liquidador sobre la existencia de folios en los que la institución en liquidación figure como titular de bienes o de cualquier clase de derechos.

8. Ejecutar los actos que tiendan a facilitar la preparación y realización de una liquidación rápida y efectiva, para lo cual se dará aplicación a las normas vigentes sobre la materia que faciliten esta labor.

9. Elaborar el presupuesto de la entidad.

10. Adelantar las gestiones necesarias para el cobro de los créditos a favor de la entidad.

11. Dar cierre a la contabilidad de la entidad cuya liquidación se ordena, e iniciar la contabilidad de la liquidación.

12. Celebrar los actos y contratos requeridos para el debido desarrollo de la liquidación y representar a la entidad en las sociedades, asociaciones y entidades en que sea socia o accionista.

13. Transigir, conciliar, comprometer, compensar o desistir, judicial o extrajudicialmente, en los procesos y reclamaciones que se presenten dentro de la liquidación, atendiendo las reglas sobre prelación de créditos establecidas en las normas que regulan la materia.

14. Promover y adelantar las acciones disciplinarias, contenciosas, civiles o penales necesarias contra los servidores públicos, personas o instituciones que actúen o hayan actuado dolosa o culposamente en el ejercicio de funciones o en el manejo de los bienes y haberes de la entidad en liquidación.

15. Rendir informe mensual de su gestión y los demás que se le soliciten.

16. Presentar el informe final general de las actividades realizadas en el ejercicio de su encargo.

17. Velar porque se dé cumplimiento al principio de publicidad dentro del proceso de liquidación.

18. Las demás que conforme al Código de Comercio y normas concordantes le correspondan, las que le sean asignadas y las propias de su encargo”.

Por su parte, el epígrafe del Decreto 4409 de 2004 “Por el cual se dispone la disolución y liquidación de la sociedad Cajanal S.A., EPS”, establece: “El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las previstas en el numeral 15 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 52 de la Ley 489 de 1998 y, de conformidad con lo previsto en el Decreto-Ley 254 de 2000”, y considerando...”.

Según lo anteriormente expuesto, la Sala observa que el Decreto 4409 de 2004 es un decreto ordinario al haber sido expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 189 numeral 15 de la Constitución Política, mientras que el Decreto 254 de 2000 sí tiene fuerza de ley, al haber sido también expedido por el Presidente de la República, pero en virtud de una ley de facultades extraordinarias por lo que su naturaleza es la de un decreto extraordinario. Reafirma lo anterior, el hecho de que el encabezado del Decreto 4409 de 2004 hubiera expresamente señalado que el Presidente de la República al expedirlo, estaba supeditado a las previsiones del Decreto-Ley 254 de 2000.

De tal suerte que las funciones del liquidador de Cajanal S.A. EPS, no pueden mirarse de manera aislada según el artículo 5º del Decreto 4409, sino que están supeditadas a lo que sobre el particular estableciera el artículo 2º del Decreto-Ley 254 de 2000 que, en cuanto a la iniciación del proceso de liquidación y lo que conlleva la expedición del acto como tal de liquidación, determina lo siguiente:

“DECRETO 254 DE 2000

(Febrero 21)

Por el cual se expide el régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional.

El Presidente de la República de Colombia,

en uso de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 1º, numeral 7º de la Ley 573 del 2000,

(...).

“ART. 2º—Iniciación del proceso de liquidación. El proceso de liquidación se inicia una vez ordenada la supresión o disolución de una de las entidades a las cuales se refiere el artículo 1º del presente decreto. El acto que ordene la supresión o liquidación dispondrá lo relacionado con las situaciones a que se refiere el parágrafo primero del artículo 52 de la Ley 489 de 1998. Así mismo, en dicho acto o posteriormente, podrá disponerse que la liquidación sea realizada por otra entidad estatal que tenga dicho objeto. Igualmente podrá establecerse que la liquidación se realice por una entidad fiduciaria contratada para tal fin o contratarse con una de dichas entidades la administración y enajenación de los activos. La expedición del acto de liquidación conlleva:

a) La designación del liquidador por parte del Presidente de la República;

b) La designación del revisor fiscal en el proceso de liquidación, si es del caso;

c) La prohibición de vincular nuevos servidores públicos a la planta de personal;

d) La cancelación de los embargos decretados con anterioridad a la vigencia del decreto que ordena la disolución y liquidación de la entidad y que afecten bienes de la misma, con la finalidad de integrar la masa de la liquidación;

e) La realización de un inventario y avalúo de los activos y pasivos de la entidad;

f) La prohibición expresa al representante legal de la entidad de realizar cualquier tipo de actividades que impliquen la celebración de pactos o convenciones colectivas o cualquier otro acto que no esté dirigido a la liquidación de la entidad. Esta prohibición opera a partir de la expedición del decreto que ordena la disolución y liquidación de la entidad, y

g) La adopción inmediata de las medidas necesarias para asegurar la conservación y fidelidad de todos los archivos de la entidad y, en particular, de aquellos que puedan influir en la determinación de obligaciones a cargo de la misma.

PAR. 1º—Modificado por el artículo 2º, Ley 1105 de 2006. En el acto que ordena la supresión o disolución se señalará el plazo de liquidación, el cual será fijado teniendo en cuenta las características de la entidad y no podrá exceder de dos años, prorrogables por el gobierno por acto debidamente motivado hasta por un plazo igual.

PAR. 2º—Modificado por el artículo 2º, Ley 1105 de 2006. Los jueces que conozcan de los procesos en los cuales se hayan practicado las medidas a que se refiere el literal d) del presente artículo, a solicitud del liquidador oficiarán a los registradores de instrumentos públicos para que estos procedan a cancelar los correspondientes registros” (subrayas fuera de texto).

De acuerdo con los apartes subrayados del artículo 2º del Decreto 254 de 2000, la Sala observa que la expedición del acto de liquidación conlleva, según el literal d), la cancelación de los embargos decretados con anterioridad a la vigencia del decreto que ordenó la disolución y liquidación de la entidad y que afecten bienes de la misma; pero en todo caso lo importante y que se debe destacar, es que dicha cancelación no la hace directamente el liquidador, sino que él la debe solicitar a los jueces que conozcan de los procesos en los cuales se hayan practicado medidas cautelares, tal y como lo prevé el parágrafo 2º ídem.

Fue por esta razón que con gran acierto y en acatamiento de lo dispuesto en el parágrafo 2º, del artículo 2º del Decreto Ley 254 de 2000, el numeral 6º, del artículo 5º del Decreto 4409 de 2004 estableció, como una de las funciones del liquidador de Cajanal S.A. EPS, la de: “Dar aviso a los jueces de la República del inicio del proceso de liquidación, con el fin de que terminen los procesos ejecutivos en curso contra la entidad, advirtiendo que deben acumularse al proceso de liquidación y que no se podrá continuar ninguna otra clase de proceso contra la entidad sin que se notifique personalmente al liquidador” (subrayas del despacho).

De todo lo expuesto en precedencia se tiene claro, que los jueces de la República son los funcionarios competentes para terminar los procesos ejecutivos, siendo una de sus consecuencias el levantamiento o la cancelación de los embargos sobre las cuentas bancarias de la entidad que se hubieran decretado, previa petición del liquidador de Cajanal S.A. EPS a los respectivos operadores judiciales.

Por contera resulta evidente, que la expedición de la Resolución 623 de 2006, es producto de la extralimitación de las funciones legales que le correspondía desempeñar a la gerente liquidadora de la extinta EPS, al haber invadido la competencia propia de los jueces de la República ordenando directamente el desembargo de las cuentas de ahorro del Banco Davivienda sucursal CAN 0016-0002674-2 y 0016-70030947-7 cuya titular era Cajanal.

De allí que resultaron violentados los artículos 4º, 29 y 228 de la Constitución Política, tal y como acertadamente lo esgrimió el apoderado del banco demandante, ya que el acto acusado desconoció la supremacía del texto superior, el debido proceso y la independencia de la Rama Judicial, pues una autoridad administrativa como lo era la liquidadora de Cajanal invadió una de las funciones privativas de los jueces.

Del mismo modo se puede afirmar, que la resolución enjuiciada desconoció uno de los principios universales del derecho según el cual, así como se realizan los actos jurídicos de la misma manera se deshacen, que en el caso particular de los embargos decretados por los jueces, tienen que cumplir el procedimiento fijado en el artículo 681 CPC que dispone lo siguiente:

“ART. 681.—Embargos. Para efectuar los embargos se procederá así:

(...).

11. El de sumas de dinero depositadas en establecimientos bancarios y similares, se comunicará a la correspondiente entidad como lo dispone el inciso primero del numeral 4º, debiéndose señalar la cuantía máxima de la medida, que no podrá exceder del valor del crédito y las costas, más un cincuenta por ciento. Aquellos deberán consignar las sumas retenidas en la cuenta de depósitos judiciales, dentro de los tres días siguientes al recibo de la comunicación; con la recepción del oficio queda consumado el embargo”.

De acuerdo con la certificación expedida por Davivienda de fecha 17 de agosto de 2005(5), la cuenta de ahorros 0016-0002674-2 fue embargada mediante oficio 725 del 15 de marzo de 2000 por cuenta del Tribunal Administrativo del Cesar dentro del proceso ejecutivo de la Clínica de Valledupar contra Cajanal en cuantía de $ 762.136.050,oo.

Por su parte, en la misma certificación se indica que la cuenta de ahorros 0016-70030947-7 fue embargada mediante oficio 2007 del 8 de noviembre de 2000, por cuenta del Juzgado 8 Civil del Circuito de Cartagena dentro del proceso ejecutivo que en contra de Cajanal instauró la señora Sixta Tulia Torres Ochoa por cuantía de $ 179.000.000,oo.

Por tanto, correspondía a la liquidadora de Cajanal S.A. EPS en Liquidación, oficiar a los despachos judiciales relacionados con anterioridad, a fin de que ordenaran el levantamiento de las cuentas de ahorros que Cajanal S.A. EPS. tenía en Davivienda sucursal CAN, pero no ordenarlo directamente como lo hizo en el acto acusado.

De otra parte y como si no resultaran suficientes las anteriores razones para declarar la nulidad del acto acusado, también observa la Sala que el marco normativo tenido en cuenta por la liquidadora al expedir el acto cuestionado, se encuentra en las facultades legales que supuestamente le confirió el Decreto 4409 de 2004, Decreto-Ley 254 de 2000, Decreto-Ley 663 de 1993, Decreto 2211 de 2004, el artículo 68 de la Ley 715 de 2001, el Decreto 1015 de 2002 y el Decreto 1922 de 1994.

Revisado el contenido del artículo 2º del Decreto 4409 del 30 de diciembre de 2004 “Por el cual se dispone la disolución y liquidación de la sociedad Cajanal S.A., EPS.”, establece lo siguiente:

“ART. 2º—Régimen de liquidación. Por tratarse de una sociedad pública por acciones, del orden nacional, sometida al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado, vinculada al Ministerio de la Protección Social, la liquidación de la sociedad Cajanal S.A., EPS, se someterá a las disposiciones del Decreto-Ley 254 de 2000 y a las especiales del presente acto, de conformidad con lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 52 de la Ley 489 de 1998. En lo no previsto en dichas disposiciones se aplicarán, en lo pertinente, los preceptos del Código de Comercio sobre liquidación, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de la entidad” (subrayas fuera de texto).

De acuerdo con el aparte subrayado de la disposición legal transcrita, queda claro que la liquidación de la EPS Cajanal estaría sometida a la legislación contenida en el Decreto-Ley 254 de 2000, en las especiales disposiciones que señalara el propio Decreto 4409 de 2004 y en lo no previsto en estas legislaciones, se aplicarían las normas del Código de Comercio.

Por tanto, lo que llama la atención de la Sala es que no obstante lo anterior, la Resolución 623 de 2006 objeto de censura, haya invocado como fundamento legal para la decisión de ordenarle a Davivienda el desembargo de las cuentas de ahorro de Cajanal S.A. EPS, legislación que no guarda relación alguna con el tema central de determinar si la liquidadora de Cajanal tenía o carecía de competencia para adoptar esta determinación.

La Sala considera que el acto acusado se fundamenta equivocadamente en las siguientes disposiciones que no son pertinentes: el Decreto-Ley 663 de abril 2 de 1993 “Por medio del cual se actualiza el estatuto orgánico del sistema financiero y se modifica su titulación y numeración”, el Decreto 2211 de julio 8 de 2004 “Por medio del cual se determina el procedimiento aplicable a las entidades financieras sujetas a toma de posesión y liquidación forzosa administrativa”; la Ley 715 de diciembre 21 de 2001 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (A.L. 01/2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”, que en su artículo 68 establece la función de inspección y vigilancia por parte de la Superintendencia Nacional de Salud; el Decreto 1015 de mayo 24 de 2002 “Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 68 de la Ley 715 de 2001” y el Decreto 1922 de agosto 5 de 1994 “Por el cual se reglamente la intervención del Ministerio de Salud en el sistema de seguridad social en salud, conforme a lo dispuesto en el Decreto-Ley 56 de 1975, la Ley 60 de 1993 y el Decreto 1298 de 1994”. Se insiste, la anterior legislación invocada no guarda relación alguna con la decisión adoptada en la resolución demandada.

Al quedar desvirtuada la presunción de legalidad de la Resolución 623 de octubre 9 de 2006, la Sala declarará su ilegalidad tal y como lo dispondrá en la parte resolutiva del presente fallo.

A título de restablecimiento del derecho del Banco Davivienda sucursal CAN en Bogotá, se revocará la orden de desembargo de las cuentas de ahorro 0016-0002674-2 y 0016-70030947-7, para lo cual el Ministerio de la Protección Social deberá oficiar directamente a los despachos judiciales que las impusieron —Tribunal Administrativo del Cesar y Juzgado 8 Civil del Circuito de Cartagena respectivamente—, para que sean ellos quienes ordenen directamente su cancelación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE LA NULIDAD de la Resolución 623 del 9 de octubre de 2006, expedida por la liquidadora de Cajanal S.A. EPS. en Liquidación.

2. Como consecuencia de la anterior decisión, a título de restablecimiento del derecho del Banco Davivienda sucursal CAN en Bogotá, se revocará la orden de desembargo de las cuentas de ahorro 0016-0002674-2 y 0016-70030947-7.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

4 Visible a folios 98 al 103 del cuaderno principal.

5 Visible a folio 8 del anexo 1.