Sentencia 2007-00017 de julio 4 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Rad.: 11001-03-25-000-2007-00017-00 (0222-07)

Consejera Ponente:

Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez

Actor: Gloria Amparo Pérez Sampedro

Demandado: Consejo Superior de la Carrera Notarial

Autoridades nacionales

Bogotá, D.C., julio cuatro de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Cumplidos como se encuentran los presupuestos procesales, conforme a lo establecido por los artículos 84, 128, 136 numeral 1º y 137 del Código Contencioso Administrativo y en cuanto no se observa ninguna causal de nulidad que invalide lo actuado, se procede a dictar sentencia de mérito en el siguiente orden:

El problema jurídico

Consiste en determinar si el Consejo Superior de la Carrera Notarial al expedir el Acuerdo 1 de 2006, vulneró los artículos 13, 40 numeral 7º, 41, 125 y 131 de la Constitución; artículo 4º literal a) de la Ley 588 de 2000; artículos 84 y 152 del Código Contencioso Administrativo, artículos 164 y 165 del Decreto-Ley 960 de 1970, enunciadas por el demandante.

Análisis de la Sala

De la carrera notarial

1. Conforme a lo dispuesto por el artículo 131 de la Constitución Política, el nombramiento de los notarios en propiedad habrá de hacerse mediante concurso, norma esta que guarda estrecha relación con los artículos 13 y 40-7 de la Carta Política en cuanto la función desempeñada por los Notarios de las distintas categorías constituye un servicio público cuya reglamentación compete a la ley.

2. Preocupación constante del legislador desde el año de 1970 fue que quienes ejercen la función notarial accedan a la misma mediante concurso y, en efecto así se dispuso por el Decreto-Ley 250 de ese año, que para esa finalidad guardó la debida correspondencia y armonía con el Decreto 960 de la misma anualidad en cuyo artículo 164 se estableció que el Consejo Superior de la administración de justicia tendría como función tanto la administración de la carrera judicial como de la carrera notarial.

3. No obstante la claridad de la disposición constitucional y la existencia del Consejo Superior aludido, por algunos se sostuvo que la existencia misma de ese Consejo Superior habría desaparecido del panorama jurídico como consecuencia de la expedición de la Constitución de 1991. Sin embargo, la Corte Constitucional en Sentencia C-741 de 1998, declaró inexequible la expresión “de la administración de justicia” a la cual aludían los artículos 141, 162, 164 y 165 del Decreto 960 de 1970, pero al propio tiempo, mantuvo vigente la existencia del antiguo Consejo Superior para la administración entonces únicamente de la carrera notarial, pues la de la carrera judicial corresponde al Consejo Superior de la Judicatura.

Posteriormente, y mediante la Ley 588 de 2000 se reguló lo atinente a la carrera notarial, sin que se le diera cumplimiento a la convocatoria y realización de los concursos respectivos, razón por la cual la Corte Constitucional mediante Sentencia C-421 de 2006 concedió un plazo perentorio de 6 meses al referido Consejo Superior para convocar un concurso con el exclusivo objeto de proveer en propiedad, y sometidos a la carrera notarial, conforme a lo dispuesto por el artículo 131 de la Carta Política.

4. La convocatoria al concurso público y abierto para el nombramiento de notarios en propiedad y el ingreso a la carrera notarial, implica de suyo la determinación de las reglas conforme a las cuales deberá cumplirse ese concurso. Ello explica entonces que el citado Consejo Superior, procediera a dictar el Acuerdo 1 de 2006 con la finalidad anotada y que, entre tales reglas se incluyera la prueba de conocimientos con la determinación de las materias que serían objeto de la misma, las cuales fueron especificadas en el artículo 15 de ese acto administrativo.

El caso concreto

1. En la demanda que dio origen a este proceso se recuerda que la Ley 588 de 2000 que regula el ejercicio de la actividad notarial le asignó a la prueba de conocimientos en el concurso público y abierto para proveer los cargos de notario e ingresar a la carrera notarial un puntaje de 40 puntos de los 100 que en total tendría el concurso y señaló además que tales exámenes versarían sobre derecho notarial y registral.

2. La actora expresa que los 10 temas indicados en el artículo 15 del Acuerdo 1 del 2006 expedido por el Consejo Superior para la realización del concurso aludido deben ser tenidos en cuenta en la prueba de conocimientos, pero que se encuentra ausente lo relativo al conocimiento del derecho constitucional y la Carta Política, omisión en la que funda la pretensión de nulidad de la norma demandada.

3. Analizado el contenido del artículo 15 del Acuerdo 1º de 2006 expedido por el Consejo Superior para la realización del concurso para la provisión de los cargos en propiedad de los notarios de las distintas categorías, así como la demanda con la cual se impetra su declaración de nulidad, se observa que esta no puede prosperar por cuanto el conjunto de materias que fueron incluidas como temas a examinar en la prueba de conocimientos que todos los aspirantes deberían presentar en desarrollo del concurso respectivo, son apenas el mínimo exigible a quienes aspiren al desempeño de las funciones notariales, materias que si bien son de orden legal necesariamente tienen como fundamento la Constitución Política, por lo que si no se incluyó como asunto específico el derecho constitucional, ello de por sí, no acarrea la nulidad de la norma acusada. Como tampoco hace suponer que de esa manera se exonera a los aspirantes del conocimiento que todos los ciudadanos han de tener así sea de manera no especializada sobre los derechos fundamentales y la organización del Estado.

4. En criterio de la Sala no son de recibo los argumentos expuestos por la actora para lograr la declaratoria de nulidad del Acuerdo 1 de 2006, por cuanto si bien es cierto que las normas constitucionales son el fundamento académico, jurídico, laboral y profesional del ejercicio de la función pública y esencialmente de las que tienen relación directa con la fe pública de las actuaciones tanto de los servidores públicos como la de los particulares, lo es también que este tipo de conocimientos deben además, hacer parte del inventario intelectual no solo adquirido en la escuela del derecho sino por la sola razón de pertenecer al conglomerado social.

Conforme a lo dicho no se encuentra demostrada la violación de ninguna de las normas que se denunciaron como infringidas, razón por la cual la pretensión de nulidad de la norma acusada no puede prosperar.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Deniégase la nulidad del artículo 15 del Acuerdo 1 de 2006 “Por el cual se convoca a concurso público y abierto para el nombramiento de los notarios en propiedad y el ingreso a la carrera notarial”, expedido por el Consejo Superior de la Carrera Notarial.

Cópiese, notifíquese y publíquese en los anales del Consejo de Estado, archívense las presentes actuaciones. Cúmplase».