Sentencia 2007-0019 de octubre 18 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Radicado interno: 2007-0019

Número del proceso: 11001-03-28-000-2007-00019-00

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Torres Cuervo

Actor: Carlos Arturo Puerta Cárdenas

Demandado: José Isaac Moreno León

Electoral

Bogotá, D.C., dieciocho de octubre de dos mil siete.

EXTRACTOS: «Procede la Sala a decidir el proceso de la referencia, promovido mediante demanda dirigida contra el acto por el cual el consejo directivo de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas, decidió que el señor José Isaac Moreno León "continúe representando a las comunidades negras de Caldas" ante ese consejo directivo.

I. Antecedentes

1. La demanda.

A. Las pretensiones.

El señor Carlos Arturo Puerta Cárdenas, alegando su condición de secretario general de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas, en ejercicio de la acción pública de nulidad de carácter electoral y por intermedio de apoderada, presentó demanda para solicitar la nulidad parcial del Acta 08 de 2006 del consejo directivo de esa corporación, correspondiente a la sesión iniciada el 13 de diciembre de 2006 y culminada el 19 de diciembre siguiente, en cuanto a la elección del señor José Isaac Moreno León como representante de las comunidades negras ante ese consejo directivo.

Como consecuencia de la nulidad, solicita que "se ordene excluir en calidad de miembro del consejo directivo de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, al señor José Isaac Moreno León, por no reunir las calidades y requisitos legales para haber sido electo".

(...).

II. Consideraciones

Competencia

Según lo dispuesto en los artículos 128, numeral 3º, del Código Contencioso Administrativo —modificado por el 36 de la Ley 446 de 1998— y 13 del Acuerdo 58 del 15 de septiembre de 1999 —modificado por el 1º del Acuerdo 55 del 5 de agosto de 2003—, la Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer del proceso electoral de la referencia, por cuanto que el numeral 3º del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo, luego de la modificación que le introdujo el artículo 36 de la Ley 446 de 1998, señala que esta corporación conocerá privativamente y en única instancia de los procesos de nulidad de elecciones o nombramientos hechos por cualquier autoridad, funcionario, corporación o entidad descentralizada, del orden nacional.

En este caso, el señor Carlos Arturo Puerta Cárdenas (si bien dijo representar legalmente a la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas, no demostró esa representación, aunque sí la condición de secretario general de esa corporación) demanda la nulidad del acto por el cual el consejo directivo de esa corporación determinó que el señor José Isaac Moreno León “continúe representando a las comunidades negras de Caldas” ante ese órgano de dirección. Dicha decisión aparece contenida en el Acta 008 de 2006 de ese consejo directivo, correspondiente a la sesión que inició el 13 de diciembre de 2006 y culminó el 19 de diciembre siguiente.

Bajo el entendido de que se trata de un acto declaratorio de elección emitido por el consejo directivo de Corporcaldas, en cuanto en él se “consignó su decisión en torno a la elección del representante de las comunidades negras ante tal órgano de administración corporativo”, el demandante formula contra tal decisión un único cargo de nulidad, sustentado en la causal del numeral 5º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, que denominó “ausencia de requisitos para ser elegido representante de las comunidades negras ante el consejo directivo de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas”.

A juicio de la Sala el acto acusado es, en realidad, un acto contentivo de una designación y, por tanto, susceptible de ser enjuiciado por la vía de la acción de nulidad de carácter electoral, según se explica a continuación.

En el Acta 008 de 2006 del consejo directivo de Corpocaldas, correspondiente a la sesión que inició el 13 de diciembre de 2006 y culminó el 19 de diciembre siguiente, se consignaron tanto la decisión cuestionada como las razones de la misma, en los términos que a continuación destaca la Sala (fls. 72 y 73):

“Asistentes:

(...).

José Isaac Moreno León representante comunidades negras.

(...).

3. Informe elección representantes ante el consejo directivo.

El secretario general procedió a dar un informe de cada uno de los procesos de elección de los representantes al consejo directivo, habiendo quedado elegidas las siguientes personas:

(...).

De otra parte, el secretario general da a conocer lo sucedido con el proceso de elección del representante de las comunidades negras. Se efectuó una primera convocatoria, para la que se presentaron tres nombres, de los cuales ninguno cumplió con los requisitos del Decreto 1523 de 2003, motivo por el cual también hubo necesidad de efectuar una nueva convocatoria cuya elección debía ser el 17 de octubre de 2006. Los requisitos para ser elegido representante de las comunidades negras, están consagrados en el artículo 2º ibídem, el cual establece que los consejos comunitarios que aspiren a participar en la elección deben cumplir con: (...). En Caldas no existen consejos comunitarios pues ninguna comunidad negra posee territorios colectivos legalmente titulados, motivo por el cual no es posible efectuar una elección válida para las comunidades negras, hecho que fue puesto en consideración de quienes participaron del proceso efectuado el 17 de octubre, no obstante lo cual ellos decidieron efectuar una elección en la cual resultó ganador el señor Gustavo de la Cruz Mejía Acevedo; el secretario general manifiesta que no es posible jurídicamente validar dicha elección y que con base en lo establecido en las otras normas que regulan la elección de los representantes ante los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales y habida cuenta que la elección no se ha podido llevar a cabo por razones ajenas a la corporación, sugiere que siga representando a las comunidades negras ante el consejo directivo de Corpocaldas, el doctor José Isaac Moreno León, hasta que la justicia contencioso administrativa, decida lo pertinente.

El consejo directivo decide por unanimidad no avalar la elección efectuada el 17 de octubre de 2006, del señor Gustavo de la Cruz Mejía Acevedo y también por unanimidad decide que continúe representando a las comunidades negras de Caldas ante el consejo directivo de Corpocaldas, el doctor José Isaac Moreno León” (destaca la Sala).

Sea lo primero anotar que la decisión cuestionada, consistente en que el señor José Isaac Moreno León “continúe representando a las comunidades negras de Caldas ante el consejo directivo de Corpocaldas” no corresponde a la solución que transitoriamente prevé el artículo 5º del Decreto 1523 de 2003, según el cual, “Cuando a la elección no asistiere ningún representante legal de los concejos comunitarios o por cualquier causa imputable a los mismos, no se eligieren sus representantes, el director general de la corporación autónoma regional dejará constancia del hecho en un acta y realizará una nueva convocatoria pública dentro de los quince (15) días calendario siguientes, aplicando el procedimiento previsto en el presente decreto (...) En este último evento, deberá continuar asistiendo al consejo directivo el representante de los consejos comunitarios que se encuentre en ejercicio del cargo y hasta tanto se elija su reemplazo”.

En efecto, en el caso sub iudice la decisión cuestionada no se adoptó como respuesta a la comentada eventualidad ni con la transitoriedad que exige la norma, comoquiera que la vigencia en el tiempo de dicha decisión no se condicionó a la realización de la elección correspondiente.

Nótese que, si bien es cierto que, al decir del consejo directivo de Corpocaldas, la decisión cuestionada obedeció a que “la elección no se ha podido llevar a cabo por razones ajenas a la corporación”, tal manifestación no implicó la aceptación de la hipótesis fáctica a la cual es posible aplicar lo dispuesto en artículo 5º del Decreto 1523 de 2003, pues, de haber sido así, la continuidad en el ejercicio de la representación por parte de quien venía siendo el depositario de la misma habría quedado condicionada en el tiempo, dada la finalidad que justifica, en términos del citado artículo 5º, la medida transitoria allí regulada, que no es otra que la pronta realización de la elección correspondiente.

Así las cosas, la decisión acusada es resultado de un procedimiento administrativo cuya finalidad fue la de proveer la representación de las comunidades negras ante el consejo directivo de Corpocaldas; decisión que, en atención a las particularidades del caso, se tradujo en un verdadero acto de designación que puede describirse como el acto por el cual el consejo directivo de Corpocaldas designó al señor José Isaac Moreno León como representante de las comunidades negras ante ese consejo directivo, por término indefinido.

Luego, se trata de un acto de designación que, aunque resultado de un procedimiento sui generis, como lo califica el demandante, es susceptible de ser enjuiciado por la vía de la acción de nulidad de carácter electoral, con fundamento las causales de nulidad generales para toda clase de actos administrativos y las especialmente previstas para los que declaran una elección o hacen una designación.

Precisada la naturaleza del acto acusado, según su verdadero contenido y alcance, corresponde a la Sala ocuparse del estudio del cargo de nulidad propuesto.

A juicio del demandante, el acto acusado incurre en la causal de nulidad del numeral 5º del artículo 233 del Código Contencioso Administrativo, comoquiera que, según plantea, el designado representante de las comunidades negras ante el consejo directivo de Corpocaldas, señor José Isaac Moreno León, no reúne las calidades que el Decreto 1523 de 2003 exige para ostentar tal representación.

En ese sentido, explica que el demandado, aunque perteneciente a una organización de base, no es miembro de una comunidad negra en los términos de ese decreto, ni podría serlo, pues en el departamento de Caldas no existen consejos comunitarios de comunidades negras.

En esta forma, corresponde a la Sala analizar si, como lo plantea el demandante, el acto de elección acusado está viciado de nulidad por cuanto que el señor José Isaac Moreno León no acreditó las calidades exigidas por la ley para ser representante de las comunidades negras ante el consejo directivo de Corpocaldas, con lo cual se configuraría la causal de nulidad de que trata el artículo 223, numeral 5º, del Código Contencioso Administrativo, que prevé lo siguiente:

“ART. 223.—Causales de nulidad. Las actas de escrutinio de los jurados de votación y de toda corporación electoral son nulas en los siguientes casos:

(...).

5. Cuando se computen votos a favor de candidatos que no reúnen las calidades constitucionales o legales para ser electos”.

Sea lo primero, entonces, definir las calidades o requisitos que se exigen de quien pretenda la representación de las comunidades negras en el consejo directivo de una corporación autónoma regional. Lo anterior, a partir del recuento normativo que se hace a continuación.

Ley 99 de 1993:

El literal f) del artículo 26 de la Ley 99 de 1993, “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el sistema nacional ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”, previó que el consejo directivo de las corporaciones autónomas regionales estará conformado, entre otros, por “Un (1) representante de las comunidades indígenas o etnias tradicionalmente asentadas en el territorio de jurisdicción de la corporación, elegido por ellas mismas” y, al respecto, el parágrafo 2º de ese mismo artículo impuso que “En la conformación de los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales, se tendrán en cuenta las disposiciones de la Lev 70 de 1993”.

Ley 70 de 1993:

La Ley 70 de 1993, “Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política”, tuvo un doble propósito. Por una parte, “reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes”. Y, por otra, “establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana” (art. 1º, inc. 1º). En todo caso, extendió su aplicación a “las zonas baldías, rurales y ribereñas que han venido siendo ocupadas por comunidades negras que tengan prácticas tradicionales de producción en otras zonas del país y cumplan con los requisitos establecidos en esta ley” (art. 1º, inc. 2º).

Para mayor claridad en cuanto al objeto regulado, la propia ley definió lo que geográficamente debe entenderse por cuenca del Pacífico, ríos de la cuenca del Pacífico y zonas rurales ribereñas, lo mismo que el concepto de terreno baldío, comunidad negra, ocupación colectiva y prácticas tradicionales de producción. Así, por comunidad negra identificó "el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación compo-poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen de otros grupos étnicos" (art. 2º).

De otra parte, dispuso que “Para recibir en propiedad colectiva las tierras adjudicables, cada comunidad formará un consejo comunitario como forma de administración interna, cuyos requisitos determinará el reglamento que expida el Gobierno Nacional” (art. 5º).

Finalmente, se destaca que en el capítulo VI, titulado “Planeación y fomento del desarrollo económico y social”, ordenó que “Las corporaciones autónomas regionales que tengan jurisdicción sobre las áreas donde se adjudiquen las propiedades colectivas a las comunidades negras de que trata el artículo transitorio 55 de la Constitución, tendrán un (1) representante de esas comunidades en sus consejos directivos en los términos que defina el reglamento que expida el Gobierno Nacional” (art. 56).

Decreto 1523 de 2003:

El Decreto 1523 de 2003, “Por el cual se reglamenta el procedimiento de elección del representante y suplente de las comunidades negras ante los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales y se adoptan otras disposiciones”, en punto a las calidades que deben acreditar los aspirantes, señala lo siguiente:

“ART. 2º—Requisitos. Los consejos comunitarios que aspiren a participar en la elección del representante y suplente, ante el consejo directivo, allegarán a la corporación autónoma regional respectiva, con anterioridad mínima de quince (15) días a la fecha de la elección, los siguientes documentos:

a) Certificación expedida por el alcalde municipal correspondiente, en la que conste la ubicación del consejo comunitario, la inscripción de la junta y de su representante legal;

b) Certificación expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, lncoder, sobre la existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en trámite de adjudicación a las comunidades negras de la respectiva jurisdicción;

c) Allegar original o copia del documento en el cual conste la designación del miembro de la comunidad postulado como candidato”.

No hay duda, entonces, que para la elección del representante y suplente de las comunidades negras ante el consejo directivo de una corporación autónoma regional es necesario que los consejos comunitarios que aspiren a participar como postulantes en ese proceso de elección acrediten lo siguiente: i) la ubicación del consejo comunitario postulante y la inscripción de su junta y de su representante legal, mediante certificación expedida por el alcalde correspondiente; ii) la existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en trámite de adjudicación a las comunidades negras de la jurisdicción de la respectiva corporación autónoma regional, mediante certificación expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder; y iii) la designación del miembro de la comunidad postulado como candidato, mediante documento original de postulación o copia del mismo.

Tales exigencias se predican en forma exclusiva de los consejos comunitarios y no respecto de otras formas organizativas de las comunidades negras porque, por voluntad del legislador, la representación de las comunidades negras ante los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales se ejerce en nombre de las “etnias tradicionalmente asentadas en el territorio de jurisdicción de la corporación”, en los términos de la Ley 70 de 1993 (L. 99/93, art. 26). Y comoquiera que, según esta última ley, esa representación no opera en los consejos directivos de todas las corporaciones autónomas regionales, sino únicamente en aquellas con jurisdicción “sobre las áreas donde se adjudiquen las propiedades colectivas a las comunidades negras de que trata el artículo transitorio 55 de la Constitución” (L. 70/93, art. 56), no hay duda de que se trata de las corporaciones autónomas regionales con jurisdicción sobre las áreas ocupadas colectivamente por comunidades negras que, para efectos del reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva sobre ese terreno, necesariamente se encuentran organizadas bajo la figura del consejo comunitario (L. 70/93, art. 5º y D. 1745/95).

En otras palabras, si bien es cierto que el consejo comunitario es una figura organizativa que se exige de las comunidades negras “Para recibir en propiedad colectiva las tierras adjudicables” (L. 70/93, art. 5º), el hecho de que, por voluntad del legislador, la representación de las comunidades negras ante los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales solamente opere en “Las corporaciones autónomas regionales que tengan jurisdicción sobre las áreas donde se adjudiquen las propiedades colectivas a las comunidades negras de que trata el artículo transitorio 55 de la Constitución” (L. 70/93, art. 56), implica que esa representación solo puede tener lugar respecto de comunidades negras organizadas bajo la mencionada figura, en cuanto la misma resulta indispensable para el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva a la que aspiran o que ya ostentan.

Ahora bien, es cierto que el Decreto 2248 de 1995, “Por el cual se subroga el Decreto 1371 de 1994, se establecen los parámetros para el registro de organizaciones de base de las comunidades negras y se dictan otras disposiciones”, impone que “Para todos los efectos que se requiera la nominación, designación o elección de representantes de las comunidades negras, para acceder a espacios institucionales derivados de la Ley 70 de 1993, se deberá informar a los delegados de la comunidad negra ante la respectiva comisión consultiva en su espacio autónomo, nacional, regional, departamental o distrital para que proceda a la nominación, designación o elección la cual en todo caso deberá contar con el aval de por lo menos la mitad más uno de los representantes de las comunidades negras inscritos en la respectiva secretaría técnica” (art. 20). Tal norma se refiere a los delegados de las organizaciones de base (art. 9º), es decir, a los delegados de las “asociaciones integradas por personas de la comunidad negra, que actúan a nivel local, reivindicando y promoviendo los derechos territoriales, culturales, económicos, políticos, sociales, ambientales y la participación y toma de decisiones autónomas de este grupo étnico” (art. 21, ibíd). Las organizaciones de base son, por tanto, diferentes a los consejos comunitarios, definidos estos como personas jurídicas que ejercen “la máxima autoridad de administración interna dentro de las tierras de las comunidades negras, de acuerdo con los mandatos constitucionales y legales que lo rigen y los demás que le asigne el sistema de derecho propio de cada comunidad” (D. 1745/95, art. 3º).

Visto lo anterior es pertinente aclarar que el artículo 20 del Decreto 2248 de 1995 garantiza la participación de los delegados de las organizaciones de base “en la nominación, designación o elección de representantes de las comunidades negras, para acceder a espacios institucionales derivados de la Ley 70 de 1993”, pero esto deja de ser aplicable “en los casos que exista procedimiento especial”, según regla de excepción expresa contenida en el parágrafo de ese mismo artículo. Y sucede que esa excepción se presenta, precisamente, en la elección del representante y suplente de las comunidades negras ante los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales, pues se trata de una elección sometida al procedimiento especial reglamentado mediante el Decreto 1523 de 2003, de acuerdo con las directrices señaladas en los artículos 56 de la Ley 70 de 1993 y 26 de la Ley 99 de 1993, según se estableció en el recuento normativo expuesto.

La interpretación acogida y demostrada en esta providencia confirma el pronunciamiento de la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación al referirse a las organizaciones de comunidades negras con derecho a elegir representante de esas comunidades ante los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales. Se trata de la consulta 1288 del 10 de agosto de 2000, cuyos apartes pertinentes expresan:

“Dicho artículo 56 [de la Ley 70 de 1993] plantea dos supuestos: a) la representación será ante las corporaciones autónomas regionales que tengan jurisdicción sobre las áreas donde se adjudiquen las propiedades colectivas a las comunidades negras; b) el representante lo será de las comunidades negras de que trata el artículo transitorio 55 de la Constitución, esto es, de aquellas que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción. Este supuesto también es exigido por la Ley 99 al referirse a las comunidades tradicionalmente asentadas en el territorio.

El artículo 56 no condiciona la representación de esas comunidades negras en los consejos directivos de las corporaciones al hecho de que las mismas hubieren recibido efectivamente la adjudicación de la propiedad colectiva, sino a que dichas comunidades hayan venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas y según la ubicación de las áreas donde se adjudiquen las propiedades colectivas se establecerá ante cuál corporación autónoma regional corresponde la representación.

Por consiguiente, se pueden dar dos hipótesis: a) que la comunidad negra ya sea adjudicataria de la propiedad colectiva de la tierra que ocupaba; o b) que la comunidad negra aún no haya recibido la adjudicación de la propiedad colectiva, pero sí reúna los requisitos señalados en el artículo 56 para obtenerla. En los dos casos deben participar en la elección del representante en los términos que defina el reglamento que expida el Gobierno Nacional, como prevé el artículo 56 de la Ley 70.

Como el citado artículo transitorio 55 dispuso la expedición de una ley para reconocer y adjudicar a las comunidades negras la propiedad colectiva sobre las áreas que comprenden las tierras baldías de las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico, para el efecto se dictó la Ley 70, cuyo artículo 5º dispone: “Para recibir en propiedad colectiva las tierras adjudicables, cada comunidad formará un consejo comunitario como forma de administración interna, cuyos requisitos determinará el reglamento que expida el Gobierno Nacional”.

Por tanto, cada comunidad negra con una ocupación colectiva de tierras baldías en zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico y aquellas ubicadas en las áreas de que trata el inciso segundo del artículo 1º de la Ley 70 de 1993, puede constituirse en consejo comunitario y obtener el reconocimiento y adjudicación de la propiedad colectiva del área por ella ocupada y recibirla.

Conforme al artículo 3º del Decreto 1745 de 1995, que reglamentó la materia, el consejo comunitario, como persona jurídica, ejerce la máxima autoridad de administración interna dentro de las tierras de las comunidades negras.

(...).

Tanto el artículo 56 de la Ley 70, como el literal f) del artículo 26 de la Ley 99 de 1993, se refieren a un representante de las comunidades o etnias tradicionalmente asentadas no a un representante de los consejos comunitarios.

En resumen, la representación de las comunidades negras en los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales está atribuida por la ley a las comunidades tradicionalmente asentadas en tierras baldías en zonas rurales ribereñas localizadas en el territorio de jurisdicción de la respectiva corporación, sin distinguir entre aquellas a las cuales se les hubiere adjudicado propiedad colectiva sobre áreas demarcadas conforme a la Ley 70 de 1993 y las que no hubieren recibido esa adjudicación. Lo que sí prevé el artículo 56 de la Ley 70 es que las comunidades negras tendrán un representante “... en los términos que defina el reglamento que expida el Gobierno Nacional”.

Finalmente, las organizaciones de comunidades negras que no son sujeto de propiedad colectiva porque no están ubicadas en tierras susceptibles de adjudicación, así como las modalidades de organización urbana (las culturales o las de género), no son las titulares del derecho a participar en la elección de los representantes de las citadas comunidades en los consejos directivos de las corporaciones, establecido en las leyes 70 de 1993 y 99 de 1993, de conformidad con el artículo transitorio 55 de la Constitución. Esto no vulnera el derecho fundamental a la igualdad, porque este, según reiterada jurisprudencia constitucional, se predica entre iguales y no entre desiguales. Las comunidades negras de que trata el artículo transitorio 55 de la Constitución, y la Ley 70 de 1993, son aquellas que han venido ocupando tierras baldías en zonas rurales ribereñas demarcadas en la ley. Por consiguiente, las demás comunidades negras que no reúnan los mencionados requisitos son diferentes de aquellas” (destaca la Sala).

El anterior pronunciamiento fue acogido por la Sección Primera de esta corporación en sentencia del 19 de mayo de 2005, expediente 2003-00280-01, al resolver la demanda de nulidad interpuesta contra la Resolución 0128 de febrero de 2000 del Ministerio del Medio Ambiente, “Por medio de la cual se reglamenta el literal f) del artículo 26 de la Ley 99 de 1993 y se adoptan otras disposiciones”. En esa oportunidad, esa Sala consideró:

“De conformidad con lo anteriormente expuesto, se encuentra que el artículo 26 de la Ley 99 de 1993 que se reglamenta mediante el acto acusado, se refiere a “un representante de las comunidades indígenas o etnias tradicionalmente asentadas en el territorio de jurisdicción de la corporación...” (...) este artículo precisa que en la conformación de los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales en cuanto al representante de las comunidades negras, deben tenerse en cuenta las disposiciones de la Ley 70 de 1993, que, como ya se vio, desarrolla el artículo 55 transitorio de la Constitución Política.

Debe entenderse que el representante de las comunidades negras al que hace referencia el literal f) del artículo 26 de la Ley 99 de 1993, debe provenir de aquellos reconocidos en la Ley 70 de 1993.

En efecto, como se ha mostrado, tanto el artículo 55 transitorio de la Constitución Política como la Ley 70 de 1993 circunscriben el concepto de “comunidad negra” a los que allí se indican en forma precisa y dentro de los cuales debe elegirse el representante de las comunidades negras en los consejos directivos de las corporaciones autónomas.

Tal como lo indicó la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, las comunidades negras que pueden formar parte de los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales son aquellas a que hace referencia el artículo 55 transitorio de la Constitución y la Ley 70 de 1993.

(...).

De conformidad con lo expuesto, es pertinente denegar las pretensiones de la demanda ya que, de conformidad con el artículo 26 de la Ley 99 de 1993, debe estarse a los términos de la Ley 70 de 1993 y debe entenderse que cuando la Resolución 0128 de 2000 que se demanda, se refiere al representante de las comunidades negras, este se escogerá únicamente de entre aquellos que están dentro de los presupuestos consagrados en la Ley 70 de 1993”.

Definido lo anterior, es del caso verificar si, en el caso concreto, el designado representante de las comunidades negras ante el consejo directivo de Corpocaldas, señor José Isaac Moreno León, reúne las calidades o requisitos que el artículo 2º del Decreto 1523 de 2003 exige para ostentar tal representación.

En el expediente obran los siguientes documentos probatorios:

1. Oficio OGE 160 del 1º de agosto de 2006 dirigido por la oficina de grupos étnicos de la secretaría de integración y desarrollo social del departamento de Caldas al director general de Corpocaldas, en el que informa (fls. 15 y 16):

“La comunidad negra de Caldas, se encuentra legalmente organizada de acuerdo a la normatividad para la comunidad afrocolombiana, especialmente a la Ley 70 de 1993 y el Decreto 2248 de 1995, bajo la figura de organizaciones de base (D. 2248/95, art. 20 num. 1º).

La comunidad afrocolombiana de Caldas, desde el 29 de diciembre de 1999, elige comisión consultiva departamental, realizándose la última el 27 de diciembre de 2005 para el periodo 2006-2008, atendiendo los artículos 8º y 9º del Decreto 2248 de 1995.

La comunidad afrocolombiana de Caldas tiene representación legal, ante la consultiva de alto nivel, ante la comisión pedagógica nacional, ante el consejo departamental de planeación, ante el consejo directivo de Corpocaldas.

En Caldas no se han conformado consejos comunitarios, porque no existe territorio colectivo, existiendo las organizaciones de base legalmente constituidas de acuerdo a la Ley 70 de 1993 y el Decreto 2248 de 1995.

Respetado doctor, es importante tener en cuenta que las dos últimas convocatorias de Corpocaldas para elegir representante de la comunidad negra de Caldas ante el consejo directivo de tan importante corporación, se han realizado con los presidentes de organizaciones de base o bien pudiera ser con los consultivos departamentales legalmente elegidos, atendiendo los lineamientos de los artículos 20 y 21 del Decreto 2248 de 1995” (destaca la Sala).

2. Oficio del 12 de septiembre de 2006, suscrito por quienes se identificaron como presidente y secretaria de la Asociación de Afrocolombianos de Supía, mediante el cual presentaron “ante los delegados de las organizaciones negras del departamento de Caldas el nombre del doctor José Isaac Moreno León, identificado con la cédula de ciudadanía (...), para que sea elegido como nuestro representante ante Corpocaldas, en la asamblea que presidirá la corporación el día 17 de octubre del 2006” (fls. 49 y 54).

3. Oficio 8350 de fecha ilegible, dirigido por el coordinador regional del Incoder a la secretaría de integración y desarrollo social del departamento de Caldas, en el que informa que “hasta la fecha, el Incoder no tiene conocimiento de la existencia de consejos comunitarios en el departamento de Caldas” (destaca la Sala, fl. 51).

4. Certificación expedida el 21 de septiembre de 2006 por la oficina de grupos étnicos de la secretaría de integración y desarrollo social del departamento de Caldas, en la que hace constar que “en el municipio de Supía Caldas, existe la organización de base AfroSupía, de acuerdo a los lineamientos de la Ley 70 de 1993 y del Decreto 2248 de 1995, y al estudio investigativo “caracterización de la comunidad negra de Caldas”, radicado ante el Ministerio del Interior y de Justicia, Dirección Nacional de Etnias y en la Gobernación de Caldas - oficina de grupos étnicos” (fl. 53).

5. Documento titulado “Informe de revisión de documentos para la elección del miembro del consejo directivo por las comunidades negras”, de fecha 17 de octubre de 2006, en el que aparece que la organización de base Afro Supía omitió demostrar la ubicación del consejo comunitario y la inscripción de la junta y del representante legal de la misma, lo mismo que la existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en trámite de adjudicación (D. 1523/2003, art. 2º, lits. a y b). Como conclusión de ese informe, se consignó que “ninguno de los interesados cumplió con los requisitos establecidos en el Decreto 1523 de 2003” (fls. 59 y 60).

6. Acta de reunión del 17 de octubre de 2006, convocada por Corpocaldas para llevar a cabo la elección del representante y suplente de las comunidades negras, en la cual se hicieron presentes “los miembros de las comunidades negras de Caldas”. Consta allí la realización de la elección, obteniendo la mayor votación el señor Gustavo de la Cruz Mejía, candidato postulado por la Asociación Amigos del Llano y respaldado por las comunidades de Marmato (fls. 61 a 64).

7. Acta 008 de 2006 del consejo directivo de Corpocaldas, correspondiente a la sesión que inició el 13 de diciembre de 2006 y culminó el 19 de diciembre siguiente (fls. 72 y 73):

3. Informe elección representantes ante el consejo directivo.

(...) En Caldas no existen consejos comunitarios pues ninguna comunidad negra posee territorios colectivos legalmente titulados, motivo por el cual no es posible efectuar una elección válida para las comunidades negras, hecho que fue puesto en consideración de quienes participaron del proceso efectuado el 17 de octubre, no obstante lo cual ellos decidieron efectuar una elección en la cual resultó ganador el señor Gustavo de la Cruz Mejía Acevedo; el secretario general manifiesta que no es posible jurídicamente validar dicha elección y que con base en lo establecido en las otras normas que regulan la elección de los representantes ante los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales y habida cuenta que la elección no se ha podido llevar a cabo por razones ajenas a la corporación, sugiere que siga representando a las comunidades negras ante el consejo directivo de Corpocaldas, el doctor José Isaac Moreno León, hasta que la justicia contencioso administrativa, decida lo pertinente.

El consejo directivo decide por unanimidad no avalar la elección efectuada el 17 de octubre de 2006, del señor Gustavo de la Cruz Mejía Acevedo y también por unanimidad decide que continúe representando a las comunidades negras de Caldas ante el consejo directivo de Corpocaldas, el doctor José Isaac Moreno León”.

En ese orden de ideas se tiene que al momento de su designación como representante de las comunidades negras ante el consejo directivo de Corporcaldas, el señor José Isaac Moreno León no acreditó los requisitos exigidos por el artículo 2º del Decreto 1523 de 2003 para ejercer tal representación.

Ciertamente, como surge del documento de fecha 17 de octubre de 2006, titulado “Informe de revisión de documentos para la elección del miembro del consejo directivo por las comunidades negras”, se encuentra demostrado que la organización que postuló la candidatura de quien finalmente fue designado no demostró el cumplimiento de los requisitos de los literales a) y b) del artículo 2º del Decreto 1523 de 2003, esto es, la ubicación del consejo comunitario postulante, ni la inscripción de su junta y representante legal y, mucho menos, la existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en trámite de adjudicación a las comunidades negras de la jurisdicción de Corpocaldas.

Todo lo cual resultaba de imposible demostración si se tiene en cuenta que “En Caldas no se han conformado consejos comunitarios, porque no existe territorio colectivo” (ofi. OGE 160 de ago. 1/2006 de la oficina de grupos étnicos de la secretaría de integración y desarrollo social del departamento de Caldas, fls. 15 y 16), hecho que es aceptado por Corpocaldas en el texto del acta donde aparece consignada la decisión acusada.

En otras palabras, de acuerdo con las certificaciones de las autoridades competentes, en el área de jurisdicción de Corpocaldas no existen propiedades de carácter colectivo ni comunidades negras que aspiren a la titulación colectiva. Por tanto, no se dan los presupuestos de ley necesarios para concluir que en el consejo directivo de esa corporación autónoma deba designarse un representante de las comunidades negras.

De consiguiente, establecido que el designado no acreditó —ni podía hacerlo ante la inexistencia de los citados presupuestos—, los requisitos exigidos por el artículo 2º del Decreto 1523 de 2003 para ser representante de las comunidades negras ante el consejo directivo de Corpocaldas es del caso concluir, de acuerdo con la señora procuradora delegada, que el acto acusado incurrió en violación de esa disposición y, por tanto, en causal de nulidad prevista en el artículo 223, numeral 5º, del Código Contencioso Administrativo.

Finalmente, la señora procuradora delegada aduce que una razón adicional para concluir en la nulidad del acto cuestionado es la incompetencia del órgano emisor del mismo. Al respecto la Sala se abstiene de emitir pronunciamiento de mérito, por considerar que lo planteado excede el marco fáctico y jurídico del litigio que se resuelve; marco que fijó el demandante al momento de indicar los hechos y omisiones fundamento de la acción, lo mismo que las normas superiores infringidas y el concepto de su violación (CCA, art. 137, nums. 3º y 4º).

En esta forma, es del caso declarar la nulidad parcial del Acta 08 de 2006 del consejo directivo de Corpocaldas, correspondiente a la sesión iniciada el 13 de diciembre de 2006 y culminada el 19 de diciembre siguiente, en cuanto al acto de designación allí consignado, consistente en que el señor José Isaac Moreno León “continúe representando a las comunidades negras de Caldas” ante ese consejo directivo.

III. La decisión

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Declárase la nulidad parcial del Acta 08 de 2006 del consejo directivo de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas, correspondiente a la sesión iniciada el 13 de diciembre de 2006 y culminada el 19 de diciembre siguiente, en cuanto al acto de designación allí consignado, consistente en que el señor José Isaac Moreno León “continúe representando a las comunidades negras de Caldas” ante ese consejo directivo.

2. En firme esta sentencia y previas las comunicaciones del caso, archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

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