Sentencia 2007-00026/19911 de diciembre 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero ponente:

Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Rad. 05001-23-31-000-2007-00026-01 (19911)

Demandante: Builes Gómez y Cía S. en C.

Demandado: Municipio De Medellín

Tema: Liquidación del impuesto predial.

Bogotá D.C., doce de diciembre de dos mil catorce.

«EXTRACTOS: consideraciones

1. Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación, le corresponde a la Sección determinar si la Resolución 04788 del 17 de abril de 2006 y la Resolución SH 18-670 del 6 de septiembre de 2006, por las que se liquidó el impuesto predial, los intereses moratorios y la sobretasa ambiental causados en las vigencias comprendidas entre el tercer trimestre del año 2000 y el segundo trimestre del año 2006, a cargo de la sociedad Builes Gómez y Cía S. en C., se encuentran ajustados a derecho y a las situaciones particulares de los bienes de propiedad de la demandante.

Para el efecto, se analizarán las pruebas aportadas al proceso.

2. Lo probado en el proceso

En términos generales, la inconformidad de la sociedad recurrente versa sobre la liquidación del impuesto predial respecto de los bienes identificados con matrículas inmobiliarias 001-735132, 001-297609, 001-775677 y 001-707527, toda vez que, en su sentir, los actos demandados no tuvieron en cuenta las situaciones particulares y concretas de cada inmueble y las decisiones que había adoptado la Administración con anterioridad, que gozan de presunción de legalidad y son de obligatorio cumplimiento.

Igualmente, controvierte la prescripción de la acción de cobro que le inició el Municipio de Medellín con fundamento en los actos demandados, y la liquidación de los intereses al momento de acogerse al beneficio consagrado en la Ley 1066 de 2006.

Dada la particularidad de cada cargo, se procederá a analizar lo probado en el proceso respecto de cada inmueble, con el fin de analizar si le asiste razón a la sociedad demandante.

2.1. Sobre el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 001-735132

Síntesis de la inconformidad de la sociedad demandante: Los actos administrativos demandados son nulos porque el Municipio de Medellín, al liquidar el impuesto predial adeudado por la sociedad, no tuvo en cuenta que el porcentaje de copropiedad que tenía la sociedad sobre el bien inmueble de matrícula inmobiliaria 001-735132 era de 13.898% y, a partir del año 2005, del 33.333%, sino que le liquidó el impuesto sobre el 100% del valor del bien.

2.1.1. Por medio de los actos administrativos demandados, el Municipio de Medellín le está cobrando a la sociedad demandante el impuesto predial causado por el bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 735132 en las vigencias del tercer trimestre del año 2000 al segundo trimestre del año 2006.

2.1.2. Del análisis del acto demandado —Resolución 04788 de 2006—, se observa que el municipio liquidó el impuesto predial por esos años respecto al bien en mención en un porcentaje del 13.898%, pues esa era la participación de la sociedad en proindiviso.

A dicha conclusión se llega mediante la aplicación de una regla de tres: Si el 100% del inmueble se encontraba avaluado en la suma de $14.917.824.000 y a la sociedad demandante le calcularon el impuesto predial a su cargo sobre la base del avalúo del derecho, esto es la suma de $2.073.279.180, el valor cobrado corresponde, precisamente, al 13.898% de la totalidad del avalúo del bien (fl. 5).

2.1.3. En el año 2005, se reloteó el bien y, como consecuencia, se efectuó su división material. Por eso, se segregó la comunidad y se despojó del predio de mayor extensión, uno que quedó de propiedad de la sociedad demandante en un 100% —el predio de mayor extensión se partió físicamente el en tres(1)—, tal como dan cuenta las resoluciones 0016 del 6 de enero de 2006 y AC-1227 del 6 de marzo del mismo año (fl. 146 a 152).

En vista de la segregación, a la sociedad Builes Gómez se le cargó el inmueble identificado con la matrícula 884696, cuyo avalúo catastral se estableció para el año 2005 en la suma de $3.983.798.000 y para el año 2006 en la suma de $4.163.069.000.

2.1.4. En ese orden de ideas, no puede decirse que el municipio esté cobrando el impuesto sobre el 100%. Desde el 2000 hasta el 2006 lo liquidó en un porcentaje de 13.898% y, a partir del 2005, dada la partición material y la terminación de la comunidad, generó que el impuesto se causara sobre el lote de propiedad exclusiva de la sociedad —matrícula inmobiliaria 884696—, en un 100%.

2.1.5. Analizados los actos administrativos demandados se observa que el Municipio de Medellín no liquidó impuesto alguno a cargo de la sociedad demandante sobre el bien inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria. 884696, lo que debía hacerse para los años 2005 y 2006, sino que, contrario a lo ordenado en las resoluciones 0016 del 6 de enero de 2006 y AC-1227 del 6 de marzo del mismo año, liquidó por todo el período adeudado —desde el tercer trimestre de 2000 hasta el segundo trimestre de 2006— el impuesto predial, intereses y sobretasas sobre la matrícula 735132, lo que daría lugar a una nulidad parcial.

Sin embargo, la Sección, en virtud del principio de no reformatio in pejus, se abstendrá de declarar dicha nulidad por cuanto se le desmejoraría la situación a la sociedad recurrente, en tanto la base para la liquidación de los impuestos, sobretasas e intereses aumentaría con relación a la que le fue liquidada en los actos demandados.

Obsérvese que el Municipio, en los actos demandados, liquidó lo adeudado por la sociedad demandante sobre la base gravable de $2.073.279.180, correspondiente al 13.898% avalúo catastral del bien, mientras que si se hiciera atendiendo lo dispuesto en las resoluciones 0016 del 6 de enero de 2006 y AC-1227 del 6 de marzo del mismo año, se tendría que tomar como base gravable para el año 2005 la suma de $3.983.798.000 y, para el año 2006, la suma de $4.163.069.000, correspondiente al 100% del derecho de propiedad sobre el bien de matrícula No. 884696.

En ese orden de ideas, el cargo no está llamado a prosperar.

2.2. Sobre el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 001-297609

Síntesis de la inconformidad de la sociedad demandante: Los actos administrativos demandados son nulos porque el Municipio de Medellín, al liquidar el impuesto predial adeudado por la sociedad, arrastró los saldos adeudados desde el año 1998 —que ya eran objeto de cobro—.

Además son nulos porque no se tuvo en cuenta que mediante la Resolución AC-481 de 1999 se ordenó, desde el primer trimestre de 1994, descargarle a la sociedad la matrícula ficticia 960094796, fecha en la que se comenzó a facturar el predio con la matrícula 297609. En ese sentido, el ente territorial debió devolver la suma pagada doblemente o, en su defecto, descontarla en los actos demandados.

2.2.1. Está probado que el lote denominado “Paraje Picacho” estuvo identificado con dos matrículas inmobiliarias —la 297609 y la 960094796—, desde el primer trimestre del año 1994 hasta el segundo trimestre de 1999, tal como se reconoció y se ordenó corregir en las resoluciones AC-0481 del 18 de junio de 1999 (fl. 100-101) y 9019 del 4 de octubre del mismo año (fl. 97-99).

Sobre esas dos matrículas el municipio liquidó el impuesto predial, generando, en efecto, un doble pago, porque se trataba de un solo predio. Luego, sí había una matrícula ficticia.

Pero, lo cierto es que ese doble pago que se liquidó y cobró, corresponde al período comprendido entre el primer trimestre del año 1994 hasta el segundo trimestre de 1999, que fue determinado en la Resolución M-00022 del 14 de junio de 2000 (fl. 1 y ss del cuaderno anexo).

2.2.2. En el presente proceso se discute el cobro realizado por concepto del impuesto predial causado en las vigencias del tercer trimestre del año 2000 al segundo trimestre del año 2006.

2.2.3. Como puede verse, se trata de dos procedimientos administrativos diferentes, con actos administrativos de liquidación y cobro distintos e independientes.

Luego, lo que la sociedad alega, que es verdad, lo debió plantear en el procedimiento 1 (Resolución M-00022 del 14 de junio de 2000 y su respectivo cobro coactivo)(2) y no en el procedimiento 2 (Resolución 04788 del 17 de abril de 2006 y Resolución SH 18-670 del 6 de septiembre de 2006).

No puede pretender la sociedad demandante que con el presente proceso se reviva un asunto que debió ser objeto de controversia en las vías gubernativa(3) y judicial contra la Resolución M-00022 del 14 de junio de 2000, pues, se insiste, era en aquella oportunidad en la que se debía haber solicitado la devolución o compensación de lo pagado en exceso, en tanto fue en dicha época en que se generó el doble pago.

2.2.4. El hecho de que en la Resolución SH 18-670 de 2006 se explicara la situación acontecida en las resoluciones AC-0481 del 18 de junio de 1999 y 9019 del 4 de octubre del mismo año, cómo se dio cumplimiento a las mismas y cómo se actualizó el avalúo catastral y, por ende, el monto a cobrar desde el año 1998, no implica, como lo quiere hacer ver la apoderada de la demandante, que se “arrastraran” los saldos, intereses y sanciones anteriores al 14 de junio de 2000.

Dichas explicaciones fueron suministradas, únicamente, con el fin de despachar el recurso interpuesto por la sociedad, haciéndole ver que lo que solicitaba no era procedente.

Por las razones expuestas, el presente cargo tampoco está llamado a prosperar.

2.3. Respecto al inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 001-775677 (vía pública)

Síntesis de la inconformidad de la sociedad demandante: Los actos administrativos demandados son nulos porque el Municipio de Medellín, al liquidar el impuesto predial adeudado por la sociedad, incluyó el bien identificado con matrícula inmobiliaria 7758677, correspondiente a una vía pública.

2.3.1. Está probado que mediante la Resolución SH 18-882 del 17 de mayo de 2001, se ordenó descargarle a la sociedad demandante el bien identificado con matrícula 775677, destinado a vía pública (fl. 102-111).

Sin embargo, también se encuentra probado que en la Resolución 4788 de 2006, demandada, no aparecen relacionadas las matrículas 775677 y 960041141, con las que se identificó la faja de terreno destinada a la vía pública, por lo que no se entienden incluidas en la liquidación y cobro realizados por el ente territorial en los actos demandados.

2.3.2. Si bien es cierto, como lo afirma la apoderada de la demandante en el recurso de apelación, que en la historia de la facturación que obra en los folios 262 a 332 del expediente aparece relacionada la matrícula 775677(4), correspondiente a la vía pública, no es menos cierto que ni los valores ni las matrículas detalladas en la historia de facturación, corresponden a lo efectivamente cobrado en los actos demandados.

2.3.3. En ese sentido, no le asiste razón a la recurrente al afirmar que el Municipio de Medellín le cobró el impuesto predial y las sobretasas metropolitana y ambiental por esa faja de terreno, pues en los actos demandados no aparece relacionada liquidación alguna que corresponda a dicho bien.

En consecuencia, el cargo tampoco está llamado a prosperar.

2.4. Frente al inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 001-707527

Síntesis de la inconformidad de la sociedad demandante: Los actos administrativos demandados son nulos porque el Municipio de Medellín, al liquidar el impuesto predial adeudado por el bien identificado con matrícula 001-707527, no le dio cumplimiento a la Resolución 555 de 2001 que modificó el avalúo del bien desde el cuarto trimestre del año 2001.

2.4.1. Está probado que mediante la Resolución 0555 del 8 de marzo de 2001 (fl. 79-82 del cuaderno anexo), el Municipio de Medellín modificó el avalúo catastral del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 707527, que se encontraba en la suma de $5.464.046.000, y, en consecuencia, fijó para el cuarto trimestre del año 2000 un avalúo especial de $4.236.393.000 y, para la vigencia fiscal del año 2001, un avalúo de $4.405.849.000.

2.4.2. A la Resolución 555 de 2001, el Municipio le dio cumplimiento los días 22 y 23 de marzo de 2001, tal como se afirma en el acto demandado y en el Oficio SRH-2513 del 18 de agosto de 2006 (fl. 259).

Sin embargo, no puede deducirse, como lo hace la apoderada de la sociedad actora, que la fecha de cumplimiento de la decisión que, por obvias razones, debe ser posterior a la ejecutoria del acto, implique el incumplimiento de la orden impartida, pues, como se deduce de los actos demandados, en la liquidación efectuada por el Municipio se tuvo en cuenta el nuevo avalúo fijado por la Resolución 0555 del 8 de marzo de 2001 y sus posteriores actualizaciones(5), lo que se traduce en la aplicación retroactiva de la decisión, como efectivamente fue ordenado por la entidad territorial.

En ese orden de ideas, como el cargo formulado por la recurrente no tiene sustento, se despachará desfavorablemente.

2.5. Sobre la falsa motivación alegada

Por las razones antes expuestas, no encuentra la Sala que el Municipio de Medellín, al expedir los actos demandados, haya incurrido en falsa motivación pues no desconoce los efectos de los actos que se encuentran en firmes y que decidieron sobre las situaciones particulares de los bienes de propiedad de la sociedad demandante.

Por lo mismo, tampoco se encuentra probada la alegada desigualdad ante las cargas públicas, ni la violación al principio de confianza legítima.

2.6. Sobre los intereses

Para la sociedad demandante, los intereses liquidados por el Municipio de Medellín violan lo dispuesto en la Ley 1066 de 2006 y en el Decreto 4090 de ese mismo año.

No obstante, dicha inconformidad, más que atacar la legalidad de las resoluciones demandadas, está encaminada a desvirtuar la legalidad de la liquidación efectuada por el Municipio de Medellín el 23 de diciembre de 2006 —fecha posterior a la expedición de los actos demandados—; liquidación que fue solicitada por la sociedad para efectos de acogerse al beneficio consagrado en la Ley 1066 de 2006.

Obsérvese que en la petición presentada por la apoderada de la sociedad ante el ente territorial el 15 de enero de 2007, que fue aportada con la adición de la demanda (fl. 153-154), se solicita la revisión de dicha liquidación, a fin de que sean calculados los intereses conforme con lo dispuesto por la Superintendencia Financiera en la Resolución 008 de 2007 y, por ende, le sea recibido el pago realizado el 12 de enero de 2007.

Se dijo en dicha petición:

“… dado que en virtud a la PETICIÓN de la referencia [se hace alusión al derecho de petición presentado el 20 de noviembre de 2006, identificado con radicado 2722], se solicitó la liquidación del crédito que figura en sus registros a cargo de dicha sociedad por concepto de Impuesto Predial Unificado y sus intereses, con el objeto de obtener el beneficio concedido por la Ley 1066 de 2006 y que se recibió dicha liquidación en Diciembre 23 de 2006, se procedió a efectuar el pago conforme con el penúltimo inciso del Art. 7º de la Ley, el pasado Enero 12 de 2007, dado que conforme con dicha norma procede el pago hasta el próximo de los corrientes con tal fin; no obstante, contrariando lo dispuesto en la misma Ley en el artículo 12, que modificó el 635 del Estatuto Tributario y las Instructivas de la DIAN Nos. 069 de Agosto 11 de 2006 y la 009 de Septiembre 29 de la misma anualidad, se ha negado el recibo de los cheques para tal efecto, aduciendo que debo cubrir un interés de usura calculado en forma diferente (32.09%) sobre el fijado por el Gobierno mediante la Resolución 008 de la Superintendencia Financiera de Enero 4 de 2007 entre el 5 de Enero y 31 de Marzo de 2007 en un 20.75%, con fundamento en lo dispuesto en el Decreto 018 del 4 de los corrientes expedido por el Ministerio de Hacienda, razón por la cual, la Dra. Patricia Cadavid Fonnegra, Líder de la Unidad de Cobro Persuasivo de la SUBSECRETARÍA DE RENTAS de la Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, ha recibido en depósito los cheques de gerencia por valor de $3.195.687.264 girados con destino a dicho pago y que conforme con la CERTIFICACIÓN expedida por ella al respecto, se encuentran bajo su recaudo.

En virtud de lo anterior, coadyuvado por el Representante Legal de mi mandante, renuevo a Usted la solicitud de liquidación del crédito en la fecha, teniendo en cuenta el capital inicial de lo tenido en cuenta como adeudado, los saldos de intereses causados en cada liquidación de corte efectuada y con pago de los intereses a la cuarta (1/4) parte de la tasa legal de usura señalada para el mes de Enero en curso, sin perjuicio de cualquier devolución por lo pagado en exceso o su posterior reclamación por error en la liquidación de lo supuestamente adeudado por esta sociedad y teniendo en cuenta que se debe imputar el pago al 12 de Enero de 2007, fecha en la cual se encuentran depositados para tal fin ante el Municipio” (Resaltos fuera de texto).

Como puede verse, los cargos presentados por la sociedad Builes Gómez en la demanda, atinentes al cálculo de los intereses moratorios, que fueron reiterados en el recurso de apelación, no se relacionan con el contenido de los actos demandados, aunque en ellos también se liquidan intereses, sino con la liquidación de los intereses realizada por el ente territorial el 23 de diciembre de 2006 a fin de que la sociedad se acogiera al beneficio consagrado en la Ley 1066 de 2006.

Por tal razón, como ni la liquidación efectuada el 23 de diciembre de 2006 por el Municipio de Medellín, ni la respuesta a la petición del 15 de enero de 2007, antes transcrita, fueron demandadas en el presente proceso, la Sección no puede entrar a estudiar el presente cargo.

2.7. De la prescripción de la acción de cobro

Para la sociedad demandante, los actos administrativos demandados son nulos porque desconocen el fenómeno de prescripción de la acción de cobro, ya que dicho término no comienza a correr desde que la Administración liquida el impuesto, sino desde el vencimiento del plazo para pagar la respectiva factura.

La Sala no se detendrá a estudiar de fondo dicho cargo, en vista de que la sociedad se acogió al beneficio consagrado en la Ley 1066 de 2006 y pagó, sin ninguna salvedad hecha respecto al fenómeno de la prescripción, la suma de $3.271.320.000, por concepto de impuesto predial y complementarios (fl. 217 a 221)(6).

Recuérdese que en virtud de lo dispuesto en el artículo 819 del Estatuto Tributario, “el pago de la obligación prescrita, no se puede compensar, ni devolver. Lo pagado para satisfacer una obligación prescrita no puede ser materia de repetición, aunque el pago se hubiere efectuado sin conocimiento de la prescripción” (Negrillas propias).

Por tal razón, el cargo no está llamado a prosperar, ya que, por expresa disposición de la ley, en materia tributaria no es dable ordenar la devolución de las sumas pagadas en virtud del cumplimiento de una obligación prescrita —obligación natural—.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia, se CONFIRMA, la sentencia del 28 de junio de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, —Sala de Descongestión, Subsección de asuntos contractuales, tributarios y aduaneros—, por la que se negaron las pretensiones de la demanda.

2. DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha»

1. Correspondiente a las matrículas 884696, 884697 y 884698.

2. Fl. 1 y ss del cuaderno anexo.

3. La sociedad no interpuso los recursos de ley.

4. Dicha matrícula está relacionada en la historia de facturación correspondiente al tercer trimestre del año 2000 hasta el cuarto trimestre de 2004, tal como consta en los folios 270, 273, 276, 279, 282, 285, 288, 291, 294, 297, 300, 303, 306, 308, 310, 312, 314 y 316 del expediente.

5. La Resolución 04788 de 2006 toma como referente el avalúo catastral del inmueble correspondiente al año 2006 (fl. 5 y 238).

6. Al respecto, debe tenerse en cuenta que lo adeudado por la sociedad demandante, según la liquidación hecha en los actos demandados era $3.808.936.931, pero, al acogerse al beneficio de la Ley 1066 de 2006, sólo canceló la suma de $3.271.320.000.