Sentencia 2007-00030 de marzo 16 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente:

Rad. 76001-23-3-1000-2007-00030-01 (18173)

Dra. Martha Teresa Briceño De Valencia

Actor: Colombina S.A.

Demandado: UAE DIAN

Bogotá, D.C., dieciséis de marzo de dos mil once

EXTRACTOS: «V Consideraciones de la Sala

Debe la Sala decidir sobre la legalidad de las Resoluciones por las cuales la DIAN impuso a Colombina S.A. sanción por devolución improcedente del impuesto sobre la renta por el año gravable 1999.

En los términos del recurso de apelación instaurado por la demandada, se debe precisar si es procedente confirmar la sentencia de primera instancia, o dar curso positivo a los argumentos de la apelación y mantener la sanción por devolución y/o compensación improcedente.

Como se evidencia en los antecedentes del proceso, la actora, en la declaración de renta por el año 1999, determinó un saldo a favor de $ 2.821.229.000 que le fue compensado en su totalidad el 25 de julio de 2000. El 3 de junio de 2003 se profirió y notificó, la liquidación oficial que determinó por dicha anualidad un valor a pagar de $ 4.714.185.000, y, con base en esta liquidación, se sancionó por devolución y/o compensación improcedente mediante resolución del 25 de julio de 2005, notificada el 28 del mismo mes y año, en la cual se ordenó reintegrar la suma compensada, adicionada con los intereses que le correspondan incrementados en un 50%, como lo ordena el artículo 670 estatuto tributario(7).

Ahora, en cuanto al término para sancionar, el mismo artículo es preclusivo cuando establece que “esta sanción deberá imponerse dentro del término de dos años contados a partir de la fecha en que se notifique la liquidación oficial de revisión”.

Como se desprende de la misma normativa analizada y lo ha reiterado en diversas oportunidades la Sala(8), para la imposición de la sanción por devolución y/o compensación improcedente la ley contempla un procedimiento autónomo e independiente del que corresponde a la determinación del impuesto.

Teniendo en cuenta dicha premisa, es claro que, mientras el término con que cuenta la administración tributaria para expedir la liquidación oficial que modifica el gravamen declarado, puede ser suspendido, y en consecuencia prorrogado, por diversas circunstancias legales como la inspección tributaria, la notificación de emplazamiento para corregir etc. No sucede lo mismo con la imposición de la sanción por devolución o compensación improcedente, para la cual existe un término único e improrrogable de dos años contados a partir de la notificación de la liquidación oficial de revisión, contenido en el artículo 670 estatuto tributario. En este caso, como la liquidación de revisión fue notificada el 3 de junio de 2003, el término máximo para sancionar era el 3 de junio de 2005, luego, al notificar la Resolución Sanción el 28 de julio de 2005, había transcurrido un mes y veinticinco días posteriores a la fecha en que debió efectuarse dicha notificación.

Es innegable entonces, que la resolución sanción es extemporánea, y por ende, está incursa en la causal de nulidad establecida en el numeral 3º del artículo 730 estatuto tributario(9), tal como lo declaró el a quo.

La demandada al apelar, centra su argumento en el artículo 731 ibídem(10) que fija como término para alegar las nulidades, el de la interposición del recurso o la adición al mismo.

Ahora, la actora interpuso el recurso de reconsideración contra la resolución sanción el 21 de septiembre de 2005, dentro de la oportunidad legal, y si bien no solicitó la nulidad por haberse notificado fuera de término la sanción, insistió en la extemporaneidad de la liquidación oficial de revisión.

La Sala manifiesta su acuerdo con el argumento expuesto por el Ministerio Público respecto a que el cargo sobre la extemporaneidad de la resolución sanción no constituye un hecho nuevo, sino una argumentación jurídica diferente respecto de la violación de los principios constitucionales, circunstancia que fue alegada desde el inicio del proceso ya que la demandante tanto en vía gubernativa como en la jurisdiccional ha cuestionado la legalidad de la sanción discutida, y ante la jurisdicción solo esgrime un nuevo argumento de derecho, que no obstaculiza la aplicación de la normativa que corresponde, y que fue vulnerada en su oportunidad por la administración tributaria, lo que hace procedente que se confirme la sentencia apelada.

La decisión anterior exonera a la Sala de avocar el conocimiento de las restantes peticiones consignadas en la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia del 14 de septiembre de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que aceptó las pretensiones de la demanda instaurada por Colombina S.A. contra la Resolución Sanción por devolución y/o compensación improcedente correspondiente al impuesto sobre la renta y complementarios año gravable 1999, y la resolución que la confirmó al decidir el recurso de reconsideración.

RECONÓCESE personería para actuar a nombre de la DIAN al doctor Sebastián Pinilla Mogollón, en los términos del poder que obra en el expediente.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha».

(7) ART. 670.—Estatuto tributario. “Sanción por improcedencia de las devoluciones o compensaciones. Las devoluciones o compensaciones efectuadas de acuerdo con las declaraciones del impuesto sobre la renta y complementarios y sobre las ventas, presentadas por los contribuyentes o responsables, no constituyen un reconocimiento definitivo a su favor. Si la administración tributaria dentro del proceso de determinación, mediante liquidación oficial rechaza o modifica el saldo a favor objeto de devolución o compensación, deberán reintegrarse las sumas devueltas o compensadas en exceso, más los intereses moratorios que correspondan, aumentados estos últimos en un cincuenta por ciento (50%). Esta sanción deberá imponerse dentro del término de dos años contados a partir de la fecha en que se notifique la liquidación oficial de revisión. [...] Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se dará traslado del pliego de cargos por el término de un mes para responder”.

(8) Consejo de Estado, sentencias: 30 de abril y 8 de octubre de 2009, Exp. 16777 y 16608, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; 2 y 23 de abril de 2009, Exp. 16158 y 16205, C.P. Hugo F. Bastidas B; 12 de mayo de 2009 y 15 de abril de 2010, Exp. 17601 y 17158, C.P. William Giraldo G.

(9) ART. 730.—Estatuto tributario. “Causales de nulidad. Los actos de liquidación de impuestos y resolución de recursos proferidos por la administración tributaria, son nulos: 3. Cuando no se notifiquen dentro del término legal”.

(10) ART. 731.—Estatuto tributario. “Término para alegarlas. Dentro del término señalado para interponer el recurso, deberán alegarse las nulidades del acto impugnado, en el escrito de interposición del recurso o mediante adición del mismo”.