Sentencia 2007-00032/33998 de agosto 3 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Rad. 11001-03-26-000-2007-00032-00 (33.998)

Proceso: repetición

Actor: Nación-rama judicial

Demandado: Susana Nelly Acosta Prada y otros

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz Del Castillo

Bogotá D.C., tres de agosto de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

Para la fecha de presentación de la demanda, 20 de abril de 2007, se encontraba vigente la Ley 678 de 2001 —publicada el 4 de agosto de 2001— que reguló lo concerniente a la distribución del factor competencia en las acciones de repetición, acogiendo el criterio de conexidad. Disposición contraria a las reglas generales sobre competencia funcional en razón de la cuantía, establecidas en la Ley 446 de 1998 y, aunque la normatividad en la materia no contiene una derogatoria expresa de esta última, deberá privilegiarse aquella, tanto por ser posterior, como en razón de la especialidad.

El parágrafo 1 del artículo 7º de la Ley 678 señala que “[c]uando la acción de repetición se ejerza contra…[los] magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Superior de la Judicatura, de los tribunales superiores del distrito judicial, de los tribunales administrativos y del tribunal penal militar, conocerá privativamente y en única instancia la Sala de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado.

La Sala plena de esta corporación analizó el tema de la competencia para conocer de las acciones de repetición y concluyó que el criterio de conexidad y el factor subjetivo desplazaron la determinación de la competencia en razón de la cuantía. Precisó la corporación(3):

“Visto el anterior panorama, hay lugar a concluir, reafirmando el criterio de interpretación adoptado por la Sala plena de esta corporación en el auto antes citado en esta providencia, que el legislador, en relación con la asignación de competencias para las acciones de repetición excluyó las normas generales que en materia de competencia en razón de la cuantía se encuentran señaladas en el Código Contencioso Administrativo, artículos 132 y 134B, razón por la cual, para determinar cuál es el juez llamado a conocer de las acciones de repetición cuando tengan su origen en un proceso judicial que hubiere cursado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y en virtud del cual hubiere resultado comprometida la responsabilidad patrimonial del Estado, deberá acudirse, única y exclusivamente, al artículo 7º de la Ley 678 de 2001, cuyo contenido consagra el criterio de conexidad, ello sin perjuicio del criterio subjetivo de atribución de competencias establecido de manera especial para los dignatarios con fuero legal (par., art. 7º, L. 678/2001).

En estas circunstancias, debe concluirse la competencia de esta Sala para pronunciarse sobre las pretensiones formuladas por la Nación-rama judicial contra los señores Susana Nelly Acosta Prada, Jorge A. Gutierrez Muñoz y Carlos Arturo Mendieta Rodríguez magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima, para el momento de ocurrencia de los hechos.

2. Problema jurídico y esquema de resolución.

Corresponde a la Sala resolver sí los funcionarios Susana Nelly Acosta Prada, Jorge A. Gutierrez Muñoz y Carlos Arturo Mendieta Rodríguez, en el marco del presente proceso, formulado como acción de repetición, deben ser obligados a reintegrar los dineros que debió pagar la Nación-rama judicial por una condena por ellos mismos impuesta, en sentencia el 16 de marzo de 2004, en su condición de magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima, es decir por un daño que presuntamente causaron en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.

Para la solución del anterior interrogante, la Sala inicialmente abordará el marco jurídico que regula la responsabilidad personal del juez a la luz del principio de autonomía judicial, y luego se detendrá en el alcance de las pretensiones para resolver el caso concreto.

3. La responsabilidad personal del juez.

3.1. La administración de justicia, como todos los actos humanos, es una actividad falible, de donde sus usuarios, las partes y los intervinientes pueden resultar afectados en sus derechos e intereses. Verbigracia un usuario del servicio de justicia puede perder injustamente su libertad, su patrimonio o cualquier bien inmaterial como la honra o el buen nombre; como consecuencia de una decisión judicial o una actuación procesal cualquiera, que se realice por el juez.

3.2. Presentadas así las cosas, parecería que los anteriores son eventos comunes de responsabilidad patrimonial, frente a los habría que establecer el daño y la imputación o el daño o la culpa para proceder a establecer las consecuentes responsabilidades estatales o personales. Sin embargo, ello no es así, pues se ha considerado que inmersos en el servicio de justicia se encuentran garantías sustanciales, como la cosa juzgada y la autonomía judicial que, de pasarse por alto, sin más, afectarían su debida marcha.

3.3. En efecto, en lo que se refiere a la responsabilidad del Estado-juez conviene recordar, solo con fines ilustrativos, que la jurisprudencia de la sección, con anterioridad a la Carta Política de 1991, únicamente, avalaba su procedencia para los eventos en que los daños eran causados por actuaciones administrativas defectuosas, excluyendo así la denominada responsabilidad por error judicial, en cuando se consideró que su aceptación implicaba un desconocimiento del principio de cosa juzgada(4). De este modo, se concluyó que los daños causados como consecuencia de la actividad judicial, únicamente, generaban responsabilidad personal del agente judicial, en los términos del artículo 40 del Código de Procedimiento Civil(5).

3.4. Por su parte, en lo que tiene que ver con la responsabilidad personal de jueces y magistrados debe anotarse que si bien, desde un principio, se han considerado sujetos a la regla general acorde con la cual todo el que causa un daño debe indemnizar, está en virtud del principio de autonomía se ha limitado cuando la causa del daño son sus decisiones, estas solo sujetas al imperio de la ley, como pasa a explicarse:

3.4.1. Al respecto, cabe recordar que el artículo 40 del Decreto 1400 de 1970 establecía una acción de responsabilidad personal contra jueces y magistrados en los siguientes términos:

Además de las sanciones penales y disciplinarias que establece la ley, los magistrados y jueces responderán por los perjuicios que causen a las partes, en los siguientes casos: 1. Cuando procedan con dolo, fraude o abuso de autoridad. 2. Cuando omitan o retarden injustificadamente una providencia o el correspondiente proyecto. 3. Cuando obren con error inexcusable, salvo que hubiere podido evitarse el perjuicio con el empleo del recurso que la parte dejó de interponer”.

La responsabilidad que este artículo impone se hará efectiva por el trámite del proceso ordinario. La demanda deberá presentarse a más tardar dentro del año siguiente a la terminación del proceso respectivo. La sentencia condenatoria en los casos de los numerales 1 y 3 no alterará los efectos de las providencias que la determinaron…”. (se resalta).

En ese entonces, se podía observar junto con la penal y disciplinaria, la responsabilidad civil de los magistrados y jueces respecto de los perjuicios generados a las partes, responsabilidad que debía definirse por el juez civil en el marco del proceso ordinario, se trataba, eso sí, de una responsabilidad restringida a los eventos de ignorancia inexcusable, limite este entendido en función de su autonomía.

La Sala civil de la Corte Suprema de Justicia, al respecto, dejó sentado que la pretendida responsabilidad no podía entenderse en el sentido de soslayar la función judicial. En palabras de la Corte:

Muy sabia resulta la disposición al exigir que el error sea de abolengo de los inexcusables, pues siendo propio de la naturaleza humana el errar, la ocurrencia de simples equivocaciones al administrar justicia no puede descartarse, si la comisión de yerros, sin calificativo alguno, pudiera servir de estribo a procesos de responsabilidad contra los jueces; tales contiendas judiciales proliferarían de una manera inusitada; podría menguarse ostensiblemente la independencia y libertad que tiene para interpretar la ley, y se abriría ancha brecha para que todo litigante inconforme con una decisión procediera a tomar represalias contra sus falladores, alegando simples desatinos en faena tan difícil como lo es la de administrar justicia…”

El error a que se refiere el numeral 3 del artículo 40 del Código de Procedimiento Civil ha de entenderse como equivocación o desacierto que puede dimanar de un falso concepto sobre lo que una cosa es realmente o de ignorancia de la misma. De modo, pues, que la responsabilidad civil de los jueces y magistrados puede originarse en una equivocación, sea que está haya tenido como causa un conocimiento falso del hecho o de las normas legales o un completo desconocimiento de los mismos…”(6)

En oportunidad posterior, esa misma corporación aplicó igual criterio. Sostuvo:

“...No se encuentra el error inexcusable, pues es claro que no toda especie de equivocación da lugar a responsabilidad patrimonial, como que, de un lado, siendo así que la administración de justicia es dispensada por personas, éstas, por su misma naturaleza, pueden incurrir en error y de otra parte, en razón de que las normas jurídicas regulan hipótesis o situaciones abstractas, en la aplicación concreta de las mismas pueden surgir criterios distintos de interpretación a cargo del sentenciador máxime si se tiene en cuenta la función dinámica del derecho.

“De ahí que bajo las anteriores consideraciones se haya dicho que sólo la torpeza absoluta del funcionario, o aquellos desaciertos que no pueden excusarse, es decir los que no tengan razón válida alguna que puedan exonerarlo o disculparlo, comprometen al juez o magistrado”(7).

3.4.2. Ahora bien, pese a que en el plano interno se avalaba, con restricciones la responsabilidad personal de los agentes judiciales, en el plano internacional, para la misma época, se expedían normas que velaban por su inmunidad en pro de garantizar la independencia de los administradores de justicia como autocomponedores de los conflictos entre particulares y entre estos y el Estado. Así, en el Séptimo congreso de las naciones unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, celebrado en Milán entre el 26 de agosto y el 6 de septiembre de 1985, se adoptaron los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura; confirmados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en sus resoluciones 40/32 de 29 de noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de diciembre de 1985. Principios que en la actualidad constituyen punto de referencia del nivel de independencia de un Estado miembro(8).

Así, en orden a resguardar la independencia de los jueces, se dispuso:

“…1. La independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del país. Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura.

2. Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo.

3. La judicatura será competente en todas las cuestiones de índole judicial y tendrá autoridad exclusiva para decidir si una cuestión que le haya sido sometida está dentro de la competencia que le haya atribuido la ley.

4. No se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso judicial, ni se someterán a revisión las decisiones judiciales de los tribunales. Este principio se aplicará sin menoscabo de la vía de revisión judicial ni de la mitigación o conmutación de las penas impuestas por la judicatura efectuada por las autoridades administrativas de conformidad con lo dispuesto en la ley.

5. Toda persona tendrá derecho a ser juzgada por los tribunales de justicia ordinarios con arreglo a procedimientos legalmente establecidos. No se crearán tribunales que no apliquen normas procesales debidamente establecidas para sustituir la jurisdicción que corresponda normalmente a los tribunales ordinarios. 6. El principio de la independencia de la judicatura autoriza y obliga a la judicatura a garantizar que el procedimiento judicial se desarrolle conforme a derecho, así como el respeto de los derechos de las partes.

7. Cada Estado miembro proporcionará recursos adecuados para que la judicatura pueda desempeñar debidamente sus funciones.

(…)

16. Sin perjuicio de cualquier procedimiento disciplinario o derecho de apelación, ni del derecho a recibir indemnización del Estado de acuerdo con la legislación nacional, los jueces gozarán de inmunidad personal con respecto a las acciones civiles por daños y perjuicios derivados de acciones u omisiones indebidas cometidas en el ejercicio de sus funciones judiciales (negrillas adicionales).

En adición a esta normativa que propugna por una clase de responsabilidad estatal sin menoscabo de la autonomía judicial, la Convención Americana de Derechos Humanos en los artículos 8(9) y 25(10) prevé garantías para que las personas afectadas en sus derechos humanos puedan hacerlos efectivos ante los estrados judiciales, entre las cuales se encuentra: la existencia de tribunales integrados por operadores judiciales competentes, independientes e imparciales.

En el documento Garantías para la Independencia de los y las operadoras Judiciales se pone en evidencia como la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(11), con fundamento en los anteriores instrumentos internacionales, en sus informes y jurisprudencia, ha resaltado la importancia de contar con operadores de justicia independientes para resolver sobre los casos en que se violan los derechos humanos. En el documento se lee sobre casos que involucran violación a los derechos humanos (se transcribe in extenso por su importancia):

“…La independencia de las y los operadores de justicia

24. En el ámbito del sistema interamericano el derecho de acceso a la justicia deriva de los artículos 8º y 25 de la Convención Americana de los cuales se desprenden una serie de obligaciones estatales que se deben garantizar a las personas afectadas en sus derechos para la búsqueda de justicia en sus respectivos casos. Adicionalmente, de dichas obligaciones estatales se desprenden determinadas garantías que los Estados deben brindar a las y los operadores de justicia a efecto de garantizar su ejercicio independiente y posibilitar así que el Estado cumpla con su obligación de brindar acceso a la justicia a las personas36. A ese respecto, en el caso Reverón Trujillo la Corte precisó que los jueces, a diferencia de los demás funcionarios públicos, cuentan con determinadas garantías debido a la independencia necesaria del poder judicial para los justiciables, lo cual la Corte ha entendido como “esencial para el ejercicio de la función judicial”37. Dichas garantías son un corolario del derecho de acceso a la justicia que asiste a todas las personas y se traducen por ejemplo, en el caso de las juezas y jueces, en “garantías reforzadas” de estabilidad a fin de garantizar la independencia necesaria del poder judicial38.

25. En su informe de seguimiento- acceso a la justicia e inclusión social: el camino hacia el fortalecimiento en Bolivia, la Comisión Interamericana ya se ha referido a la importancia que tiene la “garantía de independencia” de la administración de justicia como presupuesto del cumplimiento de las normas del debido proceso según las normas del derecho internacional39. Diversos organismos y entidades internacionales se han referido a la importancia que reviste para el acceso a la justicia la independencia de jueces, juezas, fiscales, defensoras y defensores públicos40. Específicamente respecto del análisis de las garantías que los Estados deben ofrecer para garantizar una actuación independiente de las y los operadores de justicia, a la luz del derecho internacional, la independencia se refleja en dos dimensiones, la primera, institucional o de sistema y, la segunda, funcional o del ejercicio individual de las y los operadores de justicia41.

26. En el ámbito de la dimensión institucional, la Comisión ha entendido que corresponde analizar el grado de independencia que debe guardar la institución respecto de otros poderes públicos como sistema, de tal manera que existan garantías suficientes que permitan que la institución o entidad de justicia no sea sometida a abusos o restricciones indebidas por parte de otros poderes o instituciones del Estado. Respecto de esta faceta de la independencia el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha subrayado, por ejemplo, que toda situación en que las funciones y competencias del poder judicial y del poder ejecutivo no fueran claramente distinguibles o en la que este último pudiera controlar o dirigir al primero resulta incompatible con el concepto de un tribunal independiente42.

27. Por otro lado, dentro del ámbito de la dimensión funcional o del ejercicio individual corresponde analizar si las y los operadores cuentan con garantías de independencia para ejercer de manera libre sus labores dentro de las entidades de justicia en el conocimiento de los casos que, atendiendo a su rol específico, les corresponde decidir, patrocinar o defender. Esta dimensión se refiere, además de a los procedimientos y las cualificaciones para el nombramiento de los jueces, a las garantías en relación con su seguridad en el cargo hasta la edad de jubilación obligatoria o la expiración de su mandato, así como en las condiciones que rigen los ascensos, los traslados, la suspensión y la cesación en sus funciones y la independencia efectiva del poder judicial respecto de la injerencia política por los poderes ejecutivo y legislativo43…”.

3.4.3 Retornado al plano interno, pero con la lógica de las normas internacionales precedentes y la tendencia de los ordenamientos constitucionales contemporáneos de hacer efectiva la responsabilidad del Estado por error judicial(12), se advierte que el constituyente de 1991, además, de establecer en el artículo 90 una cláusula general de responsabilidad estatal en la que quedó incluida la responsabilidad por error judicial(13), constitucionalizó la acción de regreso para los servidores públicos, sin excluir a los agentes judiciales, para los casos en que su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado lugar a una condena en contra del Estado(14).

El artículo en comento dispone:

El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.

En consonancia con este mandato constitucional(15), la Ley 270 de 1996 en los artículos 65 a 74 reguló lo concerniente a la responsabilidad estatal por error judicial, privación injusta de la libertad y defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Igualmente, lo relativo a la responsabilidad de empleados y funcionarios judiciales. Con esto no solo se despejó cualquier duda en orden a la posibilidad de condenar al Estado por el daño causado por la acción u omisión de los agentes judiciales, sino que se reguló de manera integral lo relativo a su responsabilidad personal.

Eso sí, la mencionada normativa dejó en claro que los funcionarios o empleados judiciales pueden incurrir en responsabilidad civil la que se hace efectiva por la vía de la repetición, incluso en el marco de causas criminales y naturalmente con la posibilidad vincularlos por la vía del llamamiento en garantía.

3.4.4. En este punto, debe señalarse que la Corte Constitucional, para la época de entrada en rigor de la Ley 270 de 1996, resolvió una demanda de constitucionalidad que se presentó contra el artículo 40 del Código de Procedimiento Civil, en la que dejo en claro que dicha norma había sido sustituida por las disposiciones estatutarias en comento(16). En la Sentencia C-244A de 1996(17), la Corte señaló:

“…Como puede observarse, la normatividad estatutaria recoge todas las disposiciones anteriores referentes a la responsabilidad patrimonial de los jueces, en cuanto plasma de manera integral la pertinente regulación del tema, con unas determinadas causales y bajo ciertos criterios, que no en todos los aspectos coinciden con las normas precedentes, pues el estatuto en nada depende de las disposiciones que venían rigiendo, a la vez que concentra en el Consejo de Estado y en los tribunales administrativos la competencia para definir lo relativo a tal responsabilidad, reiterando la procedencia de la acción civil de repetición de la que es titular el Estado cuando se le hubiere condenado, sin perjuicio de las sanciones que se deriven de aquellas conductas que puedan configurar hechos punibles.

Ello significa que los particulares afectados por perjuicios que hayan tenido origen en el dolo o en la culpa grave de quienes administran justicia deben actuar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo por el mecanismo de la reparación directa, con base en cualquiera de las causales señaladas en el nuevo ordenamiento. Tan sólo después, como consecuencia del fallo adverso, el sistema que el legislador estatutario consagró hace posible la acción de repetición a favor del Estado, salvo el caso del llamamiento en garantía.

En efecto, la norma del artículo 72 de la Ley 270 de 1996 estatuye que dicha acción deberá ejercitarse por el representante legal de la entidad estatal condenada a partir de la fecha en que ella haya efectuado el pago de la obligación indemnizatoria a su cargo, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Ministerio Público. La disposición agrega que lo dicho no obsta para que, en el proceso de responsabilidad contra el ente público, el funcionario o empleado judicial cuya conducta ha ocasionado la demanda pueda ser llamado en garantía.

Basta una lectura del artículo 40 del Código de Procedimiento Civil, aquí impugnado, para verificar que, si bien tiene el mismo objeto de las disposiciones estatutarias transcritas —la consagración de una acción en cabeza de los particulares y de un procedimiento apto para deducir las responsabilidades del juez por los perjuicios que les causen en ejercicio de su función—, establece causales que son subsumidas en aquellas y consagra reglas divergentes de las ahora estipuladas y la competencia directa del juez civil, todo lo cual ha sufrido mutación, en cuanto obedece actualmente a un conjunto normativo unificado por la ley estatutaria.

Todo lo anterior permite concluir que la norma objeto de proceso no puede subsistir junto con la regulación plasmada en la ley estatutaria, ya que las reglas procesales a las que daba lugar han sido sustituidas...”.

Como se puede notar, para la Corte Constitucional la nueva normativa, sustituyó el sistema directo de responsabilidades establecido en el Estatuto Procesal Civil, de donde a partir de la promulgación de la ley estatutaria, no les es posible a las partes o intervinientes del proceso demandar directamente a jueces y magistrados en orden a obtener de ellos la reparación de los perjuicios, mismos cuya reparación, exclusivamente, pueden procurar por la vía de la responsabilidad institucional.

3.4.5. Como corolario de lo expuesto puede concluirse la responsabilidad del Estado por el daño antijurídico causado por acción u omisión de los agentes judiciales y el deber de estos de responder por la condena siempre que la misma hubiese sido generada por acciones u omisiones dolosas o gravemente culposas, empero, de lo anterior no se sigue un reproche directo por las decisiones judiciales de parte del Estado o de los particulares. Lo último en aras de preservar la independencia, en cuanto manifestación de la autonomía judicial que comporta la sujeción de las decisiones judiciales al imperio de la ley.

3.5. Precisado lo anterior, la Sala pasa a analizar el alcance de las pretensiones y a resolver el caso concreto.

4. El alcance de las pretensiones y el caso concreto.

4.1. La Nación-rama judicial solicita que se condene a los magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima Susana Nelly Acosta Prada, Jorge A. Gutiérrez Muñoz y Carlos Arturo Mendieta Rodríguez a la devolución de la suma de $ 47.261.920, dinero que tuvo que pagar por cuenta de la condena que le fue impuesta por los antes nombrados el 3 de diciembre de 2003, en el proceso promovido por el señor Henry Corredor Izquierdo, entre otras personas, por privación injusta de la libertad.

Como sustento de sus pedimentos, la entidad aduce que los funcionarios actuaron con culpa grave, ya que emitieron una condena en contra de la Nación-rama judicial y Fiscalía General por privación injusta de la libertad, al margen de que en la etapa de juicio el juez quinto penal del circuito de Ibagué dictó sentencia absolutoria en favor del señor Corredor Izquierdo, lo que dejaba sin fundamento la solidaridad.

Con el fin de demostrar los anteriores supuestos, la entidad actora allegó i) copia de la Sentencia de 3 de diciembre de 2004 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima; ii) copia de la Resolución 138 del 29 de marzo de 2005 por medio de la cual se da cumplimiento a la sentencia y iii) copia de la orden de pago y sus anexos. Igualmente, solicitó se oficie al Tribunal Administrativo del Tolima para que se alleguen las copias del proceso en el que se profirió la condena, las que fueron incorporadas en la etapa de pruebas.

4.2. A su turno, los funcionarios demandados manifiestan que i) la Nación-rama judicial carece de título para llamarlos en repetición al reintegro de los dineros pagados con motivo de la sentencia, ya que pretermitió el inicio de la acción de reparación por error judicial, eso sí caducada para la época de interposición de la repetición; ii) la demanda riñe con la autonomía judicial, pues sugiere que cada vez que se profiere una sentencia adversa a los intereses estatales se debe demandar a los funcionarios judiciales involucrados, sin agotar, previamente, la reparación directa y iii) su actuación no fue constitutiva de dolo o culpa grave.

4.3. En el presente caso, la Sala debe señalar que las pretensiones formuladas por la Nación-rama judicial no tiene vocación de prosperidad, en tanto no se ajustan a ninguno de los presupuestos legales que tornan viable y abren paso al reintegro.

4.3.1. Inicialmente, se debe tener presente que la condena con solidaridad impuesta por los funcionarios demandados fue proferida en el proceso iniciado por el señor Henry Corredor Izquierdo y otras personas más, contra la Nación-rama judicial y la Fiscalía General, como consecuencia de la medida de aseguramiento que dictó en su contra la Fiscalía (detención preventiva) dentro de una investigación que adelantó por el delito de homicidio. Restricción a la libertad que se prolongó hasta el fallo absolutorio emitido por el juzgado quinto penal del circuito de Ibagué.

Pretensiones que fueron acogidas por el Tribunal Administrativo del Tolima, dado que:

“…[L]a absolución del actor se debió a la no certeza de la no comisión del hecho punible, por lo que se dan los supuestos que configuran la privación injusta de la libertad, así en principio la medida de aseguramiento proferida en su contra, estuviera asistida de legalidad, debiendo condenarse a la Nación-rama judicial por la responsabilidad administrativa que se le imputa, en los términos de los artículos 90 de la Constitución Política y 65 de la Ley 270 de 1996…”. (fls. 17 a 29, c.1).

Entonces, es indiscutible que el pago de $ 47.361.920 (fls. 45 a 43, c.1 - resolución de cumplimiento de sentencia, orden de pago y comprobante de egreso) cuyo reintegro se solicita en esta instancia, se deriva de la ejecución de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, con motivo de la privación injusta de la libertad del señor Corredor Izquierdo, es decir de una providencia si bien, dictada por los funcionarios aquí demandados en ejercicio de sus competencias y autonomía, no con motivo de una condena impuesta por su presunta conducta dolosa o gravemente culposa. Lo que de entrada hace improcedente la prosperidad de las pretensiones por la vía de la repetición.

4.3.2. Cierto es que, en la demanda que motiva el presente proceso expresamente se advierte sobre una posible condena solidaria sin fundamento, lo que sugiere un error por parte de los funcionarios demandados, sin embargo ello nada tiene que ver con el daño antijurídico que la rama judicial debió reparar, sino con la decisión misma. Y, en esas circunstancias, dado que las controversias que los jueces resuelven no pueden volverse en su contra en forma de represalia es clara la falta de legitimación de la rama judicial, lo que impone la negativa de las pretensiones.

4.4. Finalmente, debe señalarse que la rama judicial está en la obligación de cumplir la condena sin dilaciones ni represalias. Sin perjuicio de la acción de repetición en contra del causante del daño si la conducta dolosa o gravemente culposa, así lo llegase a determinar.

5. Costas.

Sin condena en costas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. NEGAR las pretensiones de la demanda.

2. SIN COSTAS.

Ejecutoriada la presente providencia archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

3 Consejo de Estado, Sala plena de lo contencioso administrativo, Auto del 21 de abril de 2009, Rad. 25000-23-26-000-2001-02061-01(IJ), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

4 Ver Sentencia del 10 de noviembre de 1967, Exp. 868, C.P. Gabriel Rojas Arbeláez y sentencia del 31 de julio de 1976, Exp. 1808. C.P. Alfonso Castilla Saiz.

5 Eso sí, con la expedición de la Constitución de 1991 esta tesis se flexibilizó hasta superarse definitivamente con motivo de la expedición de la ley estatutaria de la administración de justicia que expresamente avaló la posibilidad de que el Estado responda patrimonialmente por error judicial. En el año 1992 y 1993 se expidieron las primeras sentencias en las que la sección de manera excepcional y dada la gravedad de los casos y de los yerros en que se había incurrido considero posible flexibilizar la jurisprudencia para dar paso a la responsabilidad por error judicial. Ver sentencias 1º de octubre de 1992, Exp. 7058, C.P. Daniel Suárez Hernández, de 3 de junio de 1993, Exp. 7736, C.P. Daniel Suárez Hernández y del 30 de agosto de 1993, Exp. 8210, C.P. Juan de Dios Montes Hernández.

6 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 26 de octubre de 1972, M.P. Germán Giraldo Zuluaga.

7 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, Sentencia del 23 de febrero de 1988, M.P. Eduardo García Sarmiento.

8 En el documento Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia la Comisión Interamericana de Derecho Humanos señaló: “…21. En el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la Asamblea General estableció en el año de 1985 los Principios básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura, los cuales especifican las garantías mínimas a observarse para asegurar la independencia en la función jurisdiccional y han sido aceptados como un instrumento útil para medir la independencia del poder judicial en un Estado miembro…”.

9 El enunciado normativo en cita señala: “…1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.// 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: //a. derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; b. comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; c. concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; d. derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; e. derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; f. derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; g. derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y h. derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. //3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.// 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.// 5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia (negrillas adicionales).

10 La disposición en comento señala: “1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.// 2. Los Estados partes se comprometen: a. a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b. a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c. a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso…”.

11 En: https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/operadores-de-justicia-2013.pdf. Consultado el 24 de julio de 2017 a las 11:19 a.m.

12 El profesor Francisco Oliva Vlazquez ha afirmado que “los ordenamientos constitucionales contemporáneos han mutado la faz de la responsabilidad patrimonial judicial, al transformarse en la obligación objetiva del Estado para resarcir a los gobernados los daños y perjuicios que sufran debido a una defectuosa prestación del servicio público jurisdiccional y que forma parte de la institución genérica de la responsabilidad patrimonial del Estado por la deficiencia o errores en la prestación de los servicios públicos.// “Debemos tener en cuenta que esta situación en un principio no resultaría ni siquiera extraña para la legislación española, ya que la Ley 30/1992 de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, especialmente a partir de la reforma operada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, ha acabado por eliminar de nuestro sistema jurídico la responsabilidad directa del funcionario público o titular del órgano responsable por los daños causados (art. 145. 1), constriñendo al ciudadano perjudicado a interponer la acción resarcitoria contra la Administración Pública17, sin perjuicio de la acción de regreso que compete a ésta en caso de dolo, culpa o negligencia grave del funcionario implicado (art. 145. 2)18. Recuérdese que el derogado artículo 43 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado permitía la acción directa de los particulares contra los funcionarios o autoridades que hubiesen irrogado un daño interviniendo culpa grave o dolo”. En: Responsabilidad civil de los jueces y magistrados por ignorancia inexcusable”, Indret, p. 7 Igualmente, el tratadista Mauro Capeletti pone de presente esta tendencia en los siguiente términos: “…El trámite que deseo ilustrar está consagrado tanto en la Constitución de Bonn —art. 34— y la ley de junio de 26 de 1981de la República Federal Alemana, como la ley francesa de julio 5 de 1972; en ambos casos, estas disposiciones han establecido un sistema de obligación exclusiva del juez, vis a vis, la víctima de la inequidad de un juez, en el ejercicio de su función pública. Esta función del Estado es exclusiva, en el sentido de que la víctima —una parte del litigio o una tercera persona— no tiene acción contra el juez, pero sí puede demandar al Estado por daños. Esta solución intenta claramente servir de “escudo” a la independencia judicial, se quiere proteger de litigios fatigantes insatisfechos, pero que al mismo tiempo dan a las víctimas de la inequidad judicial la mayor seguridad de reparación por los daños causados (que como vimos incluye los daños morales).//Mientras nos referimos a los informes respectivos, para la información posterior debo añadir que en ambos países el Estado ha dejado para sí una action récursoire o rucckgriff, que es el derecho a demandar al juez culpable para recobrar los daños pagados a la víctima…” Quién vigila a los vigilantes. Estudio comparativo sobre la responsabilidad judicial. Ponencia sobre responsabilidad judicial para el XI congreso internacional de derecho comparado. Universidad Externado de Colombia. Citado en: La Responsabilidad del Estado por las Actuaciones Judiciales. Universidad del Rosario. 2008, p. 19.

13 En las actas de la Asamblea Nacional Constituyente, al respecto se lee: “Tal como se ha redactado el artículo, cabe perfectamente la posibilidad, hacía la cual claramente se está inclinando el derecho moderno, de extender el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado a aquellas que se derivan de los yerros de la administración de justicia y eventualmente en un futuro, también la que pueda derivarse de la función legislativa. La instauración concreta de una y otra, quedaría en manos de la ley y la jurisprudencia…”. En: Asamblea Nacional Constituyente, Gaceta Constitucional, número 56 del 23 de abril de 1991, p. 14.

14 Con anterioridad a la expedición de la Constitución Política el Decreto 01 de 1984 en el artículo 77 reguló el deber de los servidores públicos de reparar los daños que ocasionaran con sus actuaciones dolosas o gravemente culposas en ejercicio de sus funciones. Entre tanto en el artículo 78, introdujo la posibilidad de demandar ante la jurisdicción contenciosa a la entidad y al funcionario causante del perjuicio, con la precisión de que, en los eventos en los cuales resultare condenada la entidad, podría repetir lo pagado contra este.

15 Con posterioridad a la expedición de la Constitución Política de 1991, el legislador desarrolló la acción de regreso en diferentes escenarios, así, por ejemplo, en la Ley 80 de 1993 reguló lo atinente a la responsabilidad de los servidores públicos, contratistas, consultores, interventores y asesores con ocasión de la actividad contractual del Estado; en la Ley 136 de 1994 incluyó la repetición dentro de los principios rectores de la administración municipal y en la Ley 446 de 1998 hizo lo propio de cara al deber constitucional de acudir en repetición, siempre que las entidades públicas resultaren condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa, originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor.

16 Algunos autores como Jairo López Morales consideraron en su momento que el artículo 40 del Código de Procedimiento Civil se mantenía vigente pese a la promulgación de la Ley 270 de 1996. En palabras del autor: “…El artículo 40 en mención no es incompatible con las normas contenidas en los artículos 65 a 74 de la ley 270 de 1996; no las contraría, razón por la cual pueden aplicarse en forma independiente, en los precisos casos que explicamos en esta obra. Es decir, que si la víctima opta por demandar al juez o magistrado personalmente, tendrá que tramitar el proceso ante la justicia ordinaria, con aplicación del artículo 40…”. Responsabilidad del Estado por error judicial, Doctrina y Ley, 2 ed. 2007, p. 804. Este autor da cuenta que el tratadista Hernán Fabio López Blanco en la nota de presentación de la edición 1997 de su obra Instituciones de derecho procesal civil, parte general, tomo I, tiene su misma postura. Sin embargo, debe señalarse que en la edición 2005 de la misma obra con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia parece aceptar la sustitución del artículo 40 del Código de Procedimiento Civil y la vigencia única del régimen establecido en la ley estatutaria de la administración de justicia. En: López Blanco Hernán Fabio, Procedimiento Civil Parte General, Ed. Dupre. 2005, p. 184.

17 Corte Constitucional, Sentencia C-244 A de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.