Sentencia 2007-00032 de agosto 14 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2007-00032-01

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Acción: apelación de la sentencia de 12 de agosto de 2010 expedida por el Tribunal Administrativo de Quindío

Actor: Alberto Castiblanco Morales

Bogotá, D.C., catorce de agosto de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

V.1. Los actos acusados

Lo son las resoluciones 1033 del 24 de julio de 2006, “Por medio de la cual se determina que la expropiación de un inmueble afectado por el plan vial se hará por vía administrativa”, la Resolución 1309 del 9 de octubre de 2006, “Por medio de la cual declara la expropiación por vía administrativa de un inmueble ubicado en la carrera 11 Nº 13-42/46, calles 13 y 14 barrio Guayaquil de armenia Quindío”, y de la Resolución 1376 del 3 de noviembre de 2006, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición” que confirma en todas sus partes la Resolución 1309 de octubre 9 de 2006, quedando así agotada la vía gubernativa, con el correspondiente restablecimiento del derecho.

V.2. Competencia

De conformidad con lo establecido en el artículo 357 del Código Contencioso Administrativo, que regula la competencia del superior cuando decide el recurso de apelación, esta “se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”. En el presente caso, solo la actora apeló la sentencia de primera instancia, razón por la cual la Sala se limitará a estudiar los argumentos esbozados por la misma.

V.3. El caso concreto

Los problemas jurídicos a resolver según los argumentos planteados por el apelante son:

1. Se desconoció el principio de igualdad en la distribución de las cargas públicas, al no haber incluido dentro de la suma a reconocer al actor por la expropiación del predio de su propiedad, el daño emergente y el lucro cesante.

Sobre el particular la Corte Constitucional ha señalado:

3.3.1.3. La indemnización por expropiación puede ser reparatoria.

El artículo 58 de la Carta no dice que la indemnización debe ser plena. En cuanto al alcance de la indemnización en el caso de expropiación, esta Corte aclaró, en la misma Sentencia C-153 de 1994 citada, que comprende el daño emergente y el lucro cesante, pues puede cumplir, en principio, una función reparatoria. Dijo entonces la Corte:

La indemnización es pues una consecuencia de la facultad expropiatoria del Estado. Ella se explica por el deber de reparación que surge a raíz del ejercicio de dicha facultad: la producción de un daño generado por una actividad legítima de la acción administrativa.

La actividad es legítima porque la expropiación solo opera por motivos de utilidad pública o interés social definidos por el legislador, prevaleciendo así el interés general para cumplir los fines esenciales del Estado, de que trata el artículo 2º superior: promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.

Pero ese daño legítimo debe en principio ser indemnizado (...), porque la persona expropiada no tiene por qué soportar una carga específica que debe asumir toda la sociedad, en razón del principio de igualdad de todos ante las cargas públicas, cuyo fundamento es el derecho de igualdad establecido en el artículo 13 de la Carta. Esto explica entonces que el ordenamiento superior haya consagrado el derecho a la indemnización reparatoria en cabeza del afectado.

(...).

Por todo lo anterior, es evidente que la indemnización prevista por el artículo 58 de la Constitución ‘es reparatoria (...), ya que ella debe comprender el daño emergente y el lucro cesante que hayan sido causados al propietario cuyo bien ha sido expropiado’. Y en caso de que no haya forma de comprobar el lucro cesante, se puede indemnizar con base en el valor del bien y el interés causado entre la fecha de entrega del mismo y la entrega de la indemnización (resaltado fuera de texto).

(...).

En este sentido estima la Sala que en el presente caso la indemnización por la expropiación efectuada sobre el inmueble de propiedad del señor Alberto Castiblanco Morales tiene carácter reparatorio, y en este sentido comprende el daño emergente y el lucro cesante.

De otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 numeral 6º de la Ley 388 de 1997 y el artículo 24 del Decreto 1420 de 1998, el daño emergente comprende el valor del inmueble expropiado, así:

ART. 62.—Procedimiento para la expropiación. Se introducen las siguientes modificaciones al procedimiento para la expropiación previsto en la Ley 9ª de 1989 y en el Código de Procedimiento Civil:

(...).

6. La indemnización que decretare el juez comprenderá el daño emergente y el lucro cesante. El daño emergente incluirá el valor del inmueble expropiado, para el cual el juez tendrá en cuenta el avalúo comercial elaborado de conformidad con lo aquí previsto (se destaca).

El Decreto 1420 de 1998, dispone en el artículo 24:

ART. 24.—Para calcular el daño emergente en la determinación del valor del inmueble objeto de expropiación, según el numeral 6 del artículo 62 de la Ley 388 de 1997, se aplicarán los parámetros y criterios señalados en este decreto y en la resolución que se expida de conformidad con el artículo anterior.

El inmueble objeto de expropiación, fue avaluado comercialmente por peritos adscritos a la Lonja de Propiedad Raíz del Quindío en la suma de cuarenta y cuatro millones cuatrocientos noventa y nueve mil ochocientos pesos m/cte. ($ 44.499.800), valor que se reconoce al propietario a título de indemnización en el evento en que se ordene la expropiación.

Como este valor a pesar de ser objetado por la actora en sede administrativa fue ratificado por la autoridad competente y la prueba anticipada allegada a este proceso no culminó satisfactoriamente como lo advirtió la Sala no resulta idónea para controvertir el avalúo efectuado por la Lonja de Propiedad Raíz del Quindío.

En este sentido se pronunció esta sección(1) al precisar:

(...) la actora sostiene que el precio indemnizatorio que le reconocieron los actos acusados con base en el avalúo, no corresponde al verdadero valor comercial del inmueble que fuera de su propiedad. Al igual, controvierte el hecho de no reconocerle el daño emergente y el lucro cesante alegado en la demanda. En cuanto a la primera de dichas inconformidades, se tiene que se allegó, por parte del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Armenia, copia de las piezas que integraron el trámite de la inspección judicial con intervención de peritos que realizara el Juzgado Segundo Civil Municipal de Armenia a instancias de la parte actora para adjuntarla como prueba anticipada a este proceso sobre varios inmuebles, incluido el de la demandante. Empero, el dictamen pericial que allí se rindió fue objetado por error grave por la solicitante, cuyo trámite no culminó. En consecuencia, al no haber concluido el trámite de las objeciones que por error grave se propusieron por la parte actora al avalúo que se rindió en la referida prueba prejudicial y, por consiguiente, no encontrarse en firme dicho avalúo, este carece de todo valor probatorio, que impide en absoluto ser tenido en cuenta para cotejarlo y analizarlo frente al avalúo comercial del inmueble rendido por la Lonja de Propiedad Raíz del Quindío.

Así las cosas habiéndose establecido el valor del predio en la suma de cuarenta y cuatro millones cuatrocientos noventa y nueve mil ochocientos pesos m/cte. ($ 44.499.800), valor que se reconoce al propietario a título de indemnización en el evento en que se ordene la expropiación, el daño emergente se ha reconocido.

En cuanto hace al lucro cesante, la Corte Constitucional consideró que correspondía el interés causado entre la fecha de entrega del mismo y la entrega de la indemnización.

Se estableció en el proceso que mediante oficio DAJ-2192 de 27 de noviembre de 2006 se comunicó al actor que el original del título valor 0250104 del Banco Agrario por valor de $ 41.562.813 pesos a favor del señor Alberto Castiblanco Morales, propietario del predio expropiado, se encuentra en depósito y/o custodia en la Tesorería del municipio de Armenia a donde debe dirigirse para que se haga la entrega y lo haga efectivo (fl. 99, cdno. I). Igualmente se allegó la cuenta por pagar con las deducciones efectuadas y el comprobante de consignación. Igualmente el certificado expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Armenia en el cual se registra la titularidad del inmueble en cabeza del municipio de Armenia por expropiación administrativa.

Al no haberse acreditado los supuestos referidos en el proceso, aun cuando sí se acreditó la fecha en la cual se efectuó la consignación y se informó al titular que podía disponer de dicha suma, sin que se hubiese establecido el lapso entre la entrega del inmueble y el pago de la indemnización, pues a pesar de hacer el requerimiento no se obtuvo respuesta al mismo (fl. 171, cdno. de pruebas) razón por la cual no hay lugar a efectuar dicho reconocimiento.

2. La administración municipal no dio trámite a la objeción hecha al avalúo del inmueble por el actor en reiteradas oportunidades.

De conformidad con lo establecido en el proceso el avalúo comercial se realizó de conformidad con lo establecido en el artículo 2º del Decreto 1420 de 1998 y como resultado del mismo se registra en el numeral 8º la suma total de $ 44.499.800 pesos moneda legal, que incluye los conceptos de lote de terreno, construcción y terraza.

La Alcaldía de Armenia comunicó el avalúo al señor Alberto Castiblanco Morales mediante oficio DAJ 1076 de 29 de junio de 2006 (fl. 49, cdno. I), con el objeto de que dentro de los tres (3) días siguientes a su recibo se pronunciara por escrito “si acepta o no el avalúo y de aceptarlo autorizar el cruce de cuenta con los impuestos o presentar paz y salvo, para los trámites de escrituración y pago”.

Mediante escrito de fecha 4 de julio de 2006 (fl. 50, cdno. I), el señor Alberto Castiblanco Morales presentó sus consideraciones al avalúo, particularmente sus diferencias en relación con el área de terreno, las obras efectuadas en la terraza; número de alcobas en el primer piso, la edificación no se encuentra en regular estado, el avalúo es bajo para la ubicación del inmueble, razones por las cuales no comparte el avalúo presentado.

De dicha manifestación se corrió traslado a la Lonja de Propiedad Raíz la cual se pronunció y fue puesta en conocimiento del propietario del inmueble quien de no aceptarlo se continuaría con el trámite correspondiente.

La lonja ratificó el avalúo.

En estos términos el municipio de Armenia expidió la Resolución 1033 de 24 de julio de 2006, por medio de la cual el alcalde de Armenia determina que la expropiación del citado inmueble afectado por el plan vial se hará por vía administrativa.

La resolución fue expedida por el alcalde municipal en ejercicio de las facultades otorgadas por los artículos 58 y 315 de la Carta Política; los artículos 63, 64 y 65 de la Ley 388 de 1997, que modificó la Ley 9ª de 1989 y ,

Considerando:

a) Que mediante el Acuerdo 2 de 1999 expedido por el Concejo Municipal de Armenia Quindío, se determinó que la autoridad competente para declarar las condiciones de urgencia que autorizan la expropiación por vía administrativa es el alcalde.

b) Que el alcalde declaró que existen las condiciones de urgencia para proceder a la expropiación por vía administrativa del derecho de propiedad y demás derechos reales sobre terrenos e inmuebles afectados por los proyectos de la Avenida Ancízar López López II etapa, tramo carrera 11 entre calles 18 y 10, según Resolución 575 del veintitrés (23) de mayo de 2006.

c) Que el predio ubicado en la carrera 11 Nº 13-42/46, de acuerdo con la nomenclatura urbana de Armenia y según el título de adquisición, constante de un área superficiaria de aproximadamente 78.00 metros cuadrados, el cual se encuentra alinderado así: (...)

d) Que el inmueble determinado en el literal c) de esta resolución, en la parte afectada, fue avaluado comercialmente por peritos adscritos a la Lonja de Propiedad Raíz del Quindío en la suma de cuarenta y cuatro millones cuatrocientos noventa y nueve mil ochocientos pesos m/cte. ($ 44.499.800), valor que se reconoce al propietario a título de indemnización en el evento en que se ordene la expropiación.

e) Que el pago del precio indemnizatorio se hará de contado, en las condiciones señaladas por el municipio. Por lo anteriormente expuesto, el alcalde del municipio de Armenia,

Resuelve:

Artículo primero: determinase que la eventual expropiación total del inmueble descrito en el literal c) de esta resolución, de propiedad de Alberto Castiblanco Morales, se hará por vía administrativa. Artículo segundo: señalase como precio indemnizatorio, el fijado por los peritos adscritos a la Lonja de Propiedad Raíz del Quindío, esto es la suma de cuarenta y cuatro millones cuatrocientos noventa y nueve mil ochocientos pesos m/cte. ($ 44.499.800), la cual el municipio pagará de contado en las condiciones indicadas para el efecto.

Artículo tercero: téngase el presente acto como oferta de compra tendiente a obtener un acuerdo de enajenación voluntaria.

Artículo cuarto: transcurridos treinta (30) días hábiles contados a partir de la ejecutoria del presente acto sin que se haya producido un acuerdo formal para tal enajenación contenida en una promesa de compraventa, se procederá a disponer la expropiación total del inmueble.

Artículo quinto: de conformidad con el artículo 66 de la Ley 388 de 1997, el presente acto deberá inscribirse en la oficina de registro de instrumentos públicos.

Artículo sexto: la presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria. Notifíquese y cúmplase (original firmado).

Contra esta decisión el señor Alberto Castiblanco Morales interpuso recurso de reposición, petición que fue atendida por el alcalde municipal mediante oficio DAJ-1608, de 25 de agosto de 2006, en el sentido que el acto contenido en la Resolución 1033 de julio 24 de 2006, no es susceptible del recurso de reposición por cuanto se trata de una oferta con miras a obtener un acuerdo para lograr una enajenación voluntaria.

Mediante Resolución 1309 de 9 de octubre de 2006, el municipio de Armenia dispuso:

— Declarar la expropiación por vía administrativa del inmueble ubicado en la carrera 11 Nº 13-42/46 del barrio Guayaquil de Armenia Quindío;

— Pagar como precio indemnizatorio al señor Alberto Castiblanco Morales por el bien que se expropia, de acuerdo con el avalúo practicado por peritos adscritos a la Lonja de Propiedad Raíz del Quindío, la suma de cuarenta y cuatro millones cuatrocientos noventa y nueve mil ochocientos pesos m/cte. ($ 44.499.800), pagaderos de contado a través de la tesorería municipal, presentado el paz y salvo de predial y complementarios y de valorización y/o descontados de la suma a pagar por el municipio;

— Inscribir la resolución en la oficina de registro de instrumentos públicos de Armenia dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la decisión de acuerdo con lo previsto en el artículo 66 de la Ley 388 de 1997;

— Remitir copia del acto una vez en firme a la Dirección del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros, a la Dirección del Departamento Administrativo de Hacienda, a la Secretaría de Infraestructura y a la Tesorería para lo de su competencia y,

— Señalar que contra la resolución procede el recurso de reposición dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación personal.

El señor Alberto Castiblanco Morales interpuso el recurso de reposición contra la Resolución 1309 de 9 de octubre de 2006.

Mediante la Resolución 1376 de 3 de noviembre de 2006, el municipio de Armenia resolvió el recurso de reposición y en el acápite “Análisis del despacho” consideró en síntesis:

1. El propietario no será despojado abruptamente de su predio por la administración municipal, en el sentido que se han agotado todos los procedimientos y se ha respetado el debido proceso.

2. Aclara que de la objeción efectuada por el actor se corrió traslado a la Lonja de Propiedad Raíz del Quindío, el cual fue ratificado.

3. Se agotaron todas las etapas de oferta de compra, acorde con el procedimiento establecido en la ley.

4. No es cierto que el avalúo practicado por la lonja esté desprovisto de justificación objetiva y razonable. Las bases y valor fueron expuestos, discutidos y aprobados en el comité de avalúos 023 realizado el 31 de mayo de 2006, quienes son los más expertos avaluadores profesionales autorizados.

5. Respecto a la petición relativa a objetar nuevamente el avalúo practicado por la Lonja de Propiedad Raíz del Quindío, argumentos traídos por el recurrente de los literales a) al i), ya no hay oportunidad de objetarlo por cuanto en el oficio DAJ 1076 de 29 de junio de 2006 se le comunicó el avalúo realizado por la Lonja de Propiedad Raíz del Quindío oportunidad que tuvo para pronunciarse, como en efecto lo hizo mediante escrito de 4 de julio de 2006.

6. Respecto del área a afectarse es la secretaría de infraestructura la que lo determina a través de sus profesionales expertos.

7. El acto administrativo no desconoce los principios fundamentales de la expropiación, ni infringe norma alguna. Tampoco desconoce el debido proceso o el derecho de defensa del actor pues ha tenido la oportunidad de defender sus derechos y de pronunciarse.

8. Finalmente anota que no es cierto que se hayan realizado nuevos estudios técnicos por parte de la Lonja de Propiedad Raíz del Quindío y el precio indemnizatorio se trató con el interesado como consta en las comunicaciones sobre el avalúo y las objeciones presentadas por la parte interesada.

En estos términos decide confirmar en todas sus partes la Resolución 1309 de octubre 9 de 2006 que declaró la expropiación por vía administrativa del inmueble de propiedad del actor por encontrarse afectado totalmente por la obra proyectada y declaró agotada la vía gubernativa.

Dentro de este contexto la Sala estima que el argumento de impugnación no está llamado a prosperar por cuanto en la oportunidad establecida por el ordenamiento jurídico este fue objetado por el actor sin que sus argumentos fueran resueltos favorablemente. El hecho de que no se haya otorgado la razón al señor Castiblanco no quiere decir que no se hayan atendido sus objeciones. Al haberse realizado el avalúo por expertos peritos en la oportunidad correspondiente contrario a lo afirmado por el apelante sí hubo pronunciamiento sobre las observaciones hechas al mismo.

3. El método de comparación o de mercado utilizado desconoció los requisitos legales, en particular los previstos en la Ley 388 de 1997 y el Decreto 1420 de 1998 según los cuales cuando se emplee este método, la información obtenida deberá someterse a proceso estadístico como lo establece el IGAC, en Resolución 762 de 1998, artículo 9º, derogada por la Resolución 620 de 2008, artículo 9º.

Según los documentos obrantes en el proceso se tiene establecido que mediante oficio SIM 485 de 19 de abril de 2006 (fl. 36, cdno. I), la Secretaría de Infraestructura de Armenia (Quindío), informó al señor Alberto Castiblanco que el municipio construiría la Avenida de los Arrieros en doble calzada con separador central desde el parque de la Constitución hasta la Calle 10, vía aprobada en el Plan Vial como Avenida de Los Arrieros II etapa, continuación de la Avenida Ancízar López, razón por la cual le solicitan allegar copia de la escritura y de la carta catastral con el fin de estudiar la posible afectación del inmueble con el referido proyecto; en caso afirmativo, para complementar la información para iniciar los trámites de negociación con la lonja de propiedad raíz, la cual dará el valor de dicha afectación.

A folio 39 del mismo cuaderno se allegó el avalúo comercial de inmueble urbano AL-379-3006. Sobre el método de valoración se describe en el numeral 6º que el método empleado fue el de comparación o de mercado con predios semejantes, averiguando con vecinos y apoyados en la base de datos de la lonja y además, tuvieron en cuenta los siguientes criterios: la situación del mercado inmobiliario en dicha zona, aspectos constructivos y acabados, ubicación, forma, vías de acceso, topografía, dotación de servicios públicos etc.

Para la construcción señala el avalúo se utilizó el método de reposición, que consiste en avaluar sobre la base de calcular lo que costaría volver a hacer de nuevo y aplicar castigos por antigüedad, estado de conservación, vetustez y obsolescencia (física, tabla de Fitto y Corvini). Igualmente señala que se realizaron encuestas a avaluadores de la Lonja de Propiedad Raíz del Quindío, en el comité de avalúos 023, realizado el 31 de mayo de 2006.

Dentro de este contexto para la Sala es indudable que del contenido del avalúo se infiere que efectivamente se realizaron las encuestas que echa de menos la recurrente a avaluadores de la Lonja de Propiedad Raíz del Quindío, como en efecto debe constar en la respectiva acta del comité de avalúos realizada el 23 de mayo de 2006, documentos estos que si bien no se allegaron por la parte actora ni obran en los antecedentes administrativos que fueron remitidos por la alcaldía municipal de Armenia, como lo establece el artículo 9º de la mencionada Resolución 762 de 1998, no son en sí determinantes del avalúo, sino un apoyo a este proceso.

En lo que respecta al argumento de que dichas encuestas no se sometieron a un proceso estadístico, que establece el último inciso del citado artículo 9º de la Resolución 762 de 1998, la Sala llama la atención a la recurrente en el sentido de que dicho proceso no lo consagra la norma para las encuestas sino en el caso de que en aplicación del método de comparación o de mercado se pretendan utilizar ofertas o transacciones recientes, razones por las cuales tampoco está llamado a prosperar este motivo de impugnación.

4. El tribunal no valoró las declaraciones y las experticias de los avaluadores acorde con las características del predio.

Frente a este cargo la Sala advierte que el hecho de que en las declaraciones de los señores Aurelio Escobar Velásquez y Luz Nancy Peña Montoya hayan respondido de manera general y no en particular se hayan referido al caso en particular no significa que el avalúo practicado por la Lonja de Propiedad Raíz del Quindío no se ajuste a la normatividad que regula la materia puesto como bien lo precisó el tribunal de instancia el avalúo se realizó acorde con lo establecido en la Ley 388 de 1997 y su decreto reglamentario. Tampoco como lo señala el apelante se requería adoptar una metodología para valorar los daños y perjuicios por cuanto la indemnización como se señaló reviste carácter de reparación, que incluye como ya se dijo los conceptos de daño emergente y lucro cesante previamente definidos por el legislador para el efecto y sin que ello implique desconocer la obligación de indemnizar en forma plena y justa.

5. Los testimonios rendidos en el proceso por María Eugenia Acosta de Farfán y María Soledad Rodríguez Cardozo, prueban los perjuicios morales alegados, así como de la renta que recibía el demandante de uno de los pisos del inmueble expropiado.

Al respecto la Sala hace suyo el argumento de la Corte Constitucional traído en Sentencia C-1074 de 2002, en cuanto considera que en materia de expropiación no hay lugar a reconocer perjuicios morales.

Dijo la Corte en esa oportunidad:

(...) En tercer lugar, tradicionalmente la indemnización en caso de expropiación no ha comprendido el daño moral, como por ejemplo el que puede resultar del especial afecto que el propietario tuviera por el bien expropiado. Ello indica que en este caso la expropiación no tiene que ser integral. En cambio, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por daños antijurídicos, la indemnización sí comprende el daño moral.

De tal manera que el requisito constitucional de que la indemnización sea justa, lleva necesariamente a no exigir que siempre responda integralmente a los intereses del afectado. En ciertas ocasiones dicha indemnización puede cumplir una función meramente compensatoria, en otras, una función reparatoria que comprenda tanto el daño emergente como el lucro cesante, y ocasionalmente una función restitutiva, cuando ello sea necesario para garantizarle efectividad de derechos especialmente protegidos en la Carta (...).

Dentro de este contexto no procede hacer una valoración de las declaraciones que con miras a probar el daño moral se allegaron al proceso, ni tampoco si con ellas se encuentran probados los perjuicios morales pues en tratándose de expropiación administrativa en razón del interés general que prevalece sobre el interés particular, la indemnización solo tiene carácter reparatorio.

En conclusión los argumentos del apelante no están llamados a prosperar y en consecuencia, se dispondrá confirmar la sentencia recurrida por las razones expuestas en este proveído.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia proferida el 12 de agosto de 2010 por el Tribunal Administrativo del Quindío que declaró no probada la excepción propuesta y dispuso negar las súplicas de la demanda.

2. DEVUELVASE el expediente al tribunal de origen una vez en firme la decisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. María Elizabeth Garcia González, Bogotá, D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil trece (2013), radicación 63001-23-31-000-2007-00033-01002E