Sentencia 2007-00034/41022 de noviembre 3 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 13001-23-31-000-2007-00034-01 (41.022)

Consejero Ponente (E):

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Wilmer de la Peña Tapia y otros

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

Proceso: Acción de Reparación Directa

Asunto: Recurso de apelación

Bogotá D.C., tres noviembre dos mil dieciséis

Contenido: Descriptor: Se confirma la sentencia que accedió a las pretensiones de la demanda y se modifican los perjuicios Restrictor: Presupuestos de la responsabilidad del Estado - El derecho a la libertad individual - Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad, Unificación jurisprudencial sobre la indemnización del perjuicio moral en los casos de privación injusta de la libertad.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

1. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

Con relación a la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización” al erigirla como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación o interés.

De lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, se desprende que esta tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro.

En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.

El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable,” sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración”(19).

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.

Finalmente, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede ser concebida simplemente como una herramienta destinada a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo(20) que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

2. El derecho a la libertad individual.

Dentro del catálogo de derechos contenido en la Constitución Nacional, la garantía de la libertad ocupa un especial e importantísimo lugar, esto es, la posición de derecho fundamental cuya eficacia emerge como el hilo conductor de todo el ordenamiento democrático y vincula a todas las manifestaciones del poder público y, fundamentalmente, al juez de responsabilidad extracontractual del Estado a quien se le impone el velar por la reparación integral de los perjuicios.

Es por esto que la limitación o restricción al derecho de libertad lleva consigo la configuración de un daño antijurídico que, en principio, el ciudadano no está obligado a soportar, en tanto no haya una razón jurídica que imponga tal carga, como es la comisión de una conducta punible, caso en el cual el particular puede ser restringido o privado del ejercicio de la libertad.

3. Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad.

La responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad en su construcción normativa y jurisprudencial ha pasado por las siguientes etapas:

En la primera etapa se consideró que debía aplicarse la teoría subjetiva o restrictiva, según la cual, esa responsabilidad estaba condicionada a que la decisión judicial de privación de la libertad fuera abiertamente ilegal o arbitraria, es decir, que debía demostrarse el error judicial(21).

También se sostuvo que dicho error debía ser producto “de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso”(22).

Así las cosas, tal declaratoria de responsabilidad procedía porque la privación de la libertad fue ilegal porque la captura se produjo sin que la persona se encontrara en situación de flagrancia o porque se realizó sin orden judicial previa.

Dijo entonces el Consejo de Estado:

“Ella [la sindicada] fue retenida en el curso de la investigación relacionada con el aludido secuestro; y del hecho de que hubiera sido absuelta al final no puede inferirse que fue indebida su retención. La justificación de la medida aparece plausible y nada hace pensar que en ella mediarán circunstancias extralegales o deseos de simple venganza.

La investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra la persona sindicada, es una carga que todas las personas deben soportar por igual. Y la absolución final que puedan éstas obtener no prueba, per se, que hubo algo indebido en la retención. Este extremo, de tan delicado manejo, requería pruebas robustas y serias y no meras inferencias o conjeturas”(23).

En una segunda etapa, el Consejo de Estado consideró que la privación injusta de la libertad por “error judicial” comprendía casos diferentes a los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal,(24)-(25) eventos aquellos en los cuales la víctima debe demostrar lo injusto de su detención toda vez que en los del artículo 414 se presumen:

“En este orden de ideas, fuera de los casos señalados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, en los cuales la ley presume que se presenta la privación injusta de la libertad, cuando se pretenda obtener indemnización de perjuicios por esta causa, el demandante debe demostrar que la detención preventiva que se dispuso en su contra fue injusta; y, en tales eventos, habiéndose producido la detención preventiva por una providencia judicial, la fuente de la responsabilidad no será otra que el error jurisdiccional”(26)

En la tercera, que es la que prohíja la Sala actualmente, sostiene que se puede derivar la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad, cuando el proceso penal termina con sentencia absolutoria (o preclusión de la investigación), incluyendo el evento del in dubio pro reo, aunque para la privación se hayan cumplido todas las exigencias legales ya que se entiende que es desproporcionado, inequitativo y rompe con las cargas públicas soportables que una persona en el Estado Social de Derecho vea limitado su derecho a la libertad para luego resultar absuelto del cargo imputado.

Y es que en un Estado Social de Derecho la privación de la libertad sólo debería ser consecuencia de una sentencia condenatoria, con el fin de proteger el principio universal de la presunción de inocencia establecido en el artículo 29 de la Constitución.

En consecuencia, se reitera que una vez que el juez de lo contencioso administrativo encuentre probado que el derecho fundamental a la libertad de una persona ha sido vulnerado como consecuencia de una decisión judicial, lo que constituye un daño antijurídico a la luz del artículo 90 de la cdno.P, debe ordenar su reparación.

En síntesis, la privación injusta de la libertad no se limita a las hipótesis previstas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 y además no interesa que ella sea intramural, domiciliaria, o consista en restricciones para salir del país o para cambiar de domicilio.

Esta idea vertebral se encuentra expresada como postulado en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 al disponer que “[q]uien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios,” sin perder de vista que el artículo 70 de esa misma Ley prevé que “[e]l daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley.

En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado.”

4. Unificación jurisprudencial sobre la indemnización del perjuicio moral en los casos de privación injusta de la libertad.

En sentencia del 28 de agosto de 2014, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, la reparación del perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertad se determina en salarios mínimos mensuales vigentes, a partir de cinco niveles que se configuran teniendo en cuenta el parentesco o la cercanía afectiva existente entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados, y el término de duración de la privación de la libertad, así:

Para los niveles 1 y 2 se requiere la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros; para los niveles 3 y 4 es indispensable además la prueba de la relación afectiva; y para el nivel 5 sólo se exige la prueba de la relación afectiva.

5. Caso concreto.

Conforme a los lineamientos teóricos antes expuestos, la Sala procederá a determinar si en el caso de referencia, la Fiscalía General de la Nación es administrativa y patrimonialmente responsable de la privación de libertad a la que se vio sometido el señor como presunto autor de los delitos de hurto calificado agravado y porte ilegal de armas.

En primer lugar, para la Sala es claro que el señor Wilmer de la Peña Tapia fue efectivamente privado de la libertad el día 21 de octubre de 2004 tal y como consta en el informe No. 289 (diligencia de captura) suscrito por la jefe seccional de investigaciones del cdno.T.I, con el respectivo certificado de los derechos del capturado y el dictamen clínico de salud, radicados el mismo día (fls 20- 23 cdno.1)

La anterior actuación y aprehensión material del hoy demandante por parte del cdno.T.I. tuvo su génesis en la denuncia penal presentada el 15 de junio de 2004, por William Enrique Gómez Cortes, en contra del señor Wilmer de la Peña Tapia entre otros, por los delitos de hurto calificado agravado y lesiones personales (fls 18-19 cdno. 1) en donde manifiesta:

¨El domingo 13 de junio de 2004, aproximadamente a las 2:30 a.m. me encontraba en el barrio Simón Bolívar, llevando a su casa a una amiga de nombre Lilibet Mellizo, cuando regresaba a tomar un taxi fui abordado por tres sujetos quienes portaban un revolver y me apuntaron a la cara y sin mediar palabra alguna con el revolver procedieron a golpearme la nariz, al momento que voy cayendo al suelo uno de los sujetos me saca la cartera del bolsillo trasero de mi pantalón, el otro procede inmediatamente a quitarme los zapatos (…) luego huyeron por la cuadra de la cual salí y al yo seguirlos unas personas que se encontraban en una reunión en la esquina me detuvieron, me atendieron y me dijeron que entre las personas que me habían atracado estaba Wilmer de la Peña, Víctor y otros, conocidos en el sector porque son quienes tienen azotado el barrio atracando a la gente y fumando en el parque (…)¨.

En segundo lugar, la Sala constata que el día 21 de octubre de 2004, el señor Wilmer de la Peña Tapia rindió diligencia de indagatoria ante la Fiscalía Seccional cuarta (fls. 25-27 cdno.1), estableciendo que:

¨Preguntado: Diga el indagado si recuerda a donde se encontraba el día 13 de junio del presente año dentro de las horas comprendidas entre las 11:00 de la mañana y 7:00 de la noche Contesto: El sindicado mira el calendario y manifiesta: me encontraba en la playa, lo recuerdo porque, fue el día que dijeron que habían atracado un muchacho y me habían mentado a mí, me lo dijeron amigos del barrio, el que comento eso fue un tal ¨pepe¨, ese día me encontraba en la playa solo, a las 9:30 de la mañana me fui para Bocagrande y regrese a las cuatro de la tarde, de ahí cogí para mi cas ay no salí más. (…) Se le lee la denuncia impetrada por el señor William Gómez Cortes de fecha 15 de junio, que tiene que decir usted al respecto: Contesto: En realidad a esa hora, yo no estaba en la calle, la muchacha esa Lilibeth, que dice que me conoce y sabía que era yo, porque no fue a la casa enseguida, si me conocía, pasado los dos días, la muchacha Lilibeth y el otro sujeto llamado el ¨pepe¨, tenía entendido que Lilibeth era la novia de William Pérez, ella me lo dijo, me dijo que me cuidara, porque ella no sabía, lo que me podía pasar, yo le conteste que el que no la debe, no la teme, me dijo que donde me viera, me iba a manda la policía, el hermano e Lilibeth, me dijo que de suerte no me agarraron, porque me iba a llevar detenido con droga y hasta me iban a maltratar, William Gomez Cortez, iba por donde ellos, decía que me iba a matar, porque, el aseguraba que era yo, porque un amigo de él, apodado el ¨pepe¨ le entrego sus documentos (…)

Respecto a la anterior declaración, y a la denuncia anteriormente citada, el 25 de octubre de 2004, la Fiscalía Seccional Cuarta, profirió resolución imponiéndole al sindicado Wilmer de la Peña Tapia, medida de aseguramiento de detención preventiva (fls. 28-30 cdno.1) al considerar que:

¨(…) la denuncia es digna de todo crédito, teniendo en cuenta que, la víctima no conoce al procesado en este asunto anteriormente y no ve razón el despacho para que lo sindique de semejantes hechos, resultando carente de sentido que eleven sindicaciones de tal magnitud en contra de una persona a quien ni siquiera conocen y respecto del cual, lógicamente, no tienen ningún tipo de animadversión o interés en perjudicar, lo que permite conferirle el mérito probatorio que señala la ley. Desvirtuando de esta manera la versión del procesado la cual no se encuentra respaldada por ninguna prueba¨.

Posteriormente, el 24 de febrero de 2005, la Fiscalía Seccional Cuarta de Cartagena resolvió proferir Resolución de Acusación en contra de Wilmer de la Peña Tapia como presunto autor responsable del delito de hurto calificado agravado en concurso con porte ilegal de armas (fls. 54-57 cdno.1) manifestando que:

¨De acuerdo a las pruebas recopiladas hasta este momento se deduce que el sindicado Wilmer de la Peña Tapia, participó en el hurto que se le sindica debido a que existen varios indicios en su contra, que denotan su responsabilidad tales como el de haberle encontrado en su poder la billetera según la declaración de la señora Lilibeth Mellizo y el hecho de haber sido señalado por la víctima en este asunto señor William Gómez Cortes y su acompañante, como el autor del hurto, además el indicio de sus inculpaciones triviales contrarias a toda lógica humana, tales como la de negar los cargos que se les imputan y manifestar que un tal Pepe le comento sobre el atraco, persona esta que según versión de la testigo fue quien entregó la billetera¨.

En tercer lugar, se tiene que después de estar en firme la Resolución de Acusación proferida por la Fiscalía, el proceso fue remitido al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Cartagena, en donde se llevo a cabo audiencia pública y posteriormente se profirió la Resolución del 26 de octubre de 2005, de Cartagena, mediante la cual se resolvió (fls. 71-76 cdno.1):

¨Primero: ABSOLVER a Wilmer de la Peña Tapia (…) de los cargos formulados por la Fiscalía Seccional 4, como presunto autor del delito de Hurto Calificado Agravado y Porte Ilegal de Arma, mediante providencia de fecha 23 de febrero de 2005.

Segundo: ORDENAR la libertad del procesado, previo pago de una caución equivalente a dos (2) salarios mínimos (…)¨

Lo anterior en razón a que:

¨(…) correspondiendo al Estado como titular de la acción penal la carga de la prueba y no obstante que en ese aspecto se faculte la intervención de los sujetos procesales y cómo es posible que acontezca en aquellos asuntos en que, a pesar del inicial compromiso probatorio, se haya dictado una medida en contra del procesado, se espera que en proceso se llegue a la sentencia con los medios de convicción adecuados para dictar sentencia, pero si se estructura la duda ello debe beneficiar a favor del procesado.

Así las cosas, los argumentos de Instrucción las contradicciones entre los cargos y los descargos, como quiera que cumplirían se función antedicha, y el dicho del procesado, llevan al Despacho a proferir absolución en vista de la duda la cual impide vislumbrar una clara responsabilidad del procesado en los hechos materia de juzgamiento (…)¨.

Conforme a lo anterior, la Sala encuentra que la privación de la libertad padecida por Wilmer de la Peña Tapia devino en injusta, en la medida que se encuentra acreditado que el hoy actor fue absuelto de los delitos de hurto calificado agravado y porte ilegal de armas, por cuanto los medios probatorios que obraban en el plenario no otorgaban la suficiente certeza sobre su autoría o participación en los hechos narrados en la denuncia penal presentada por el señor William Gómez Cortez y en consecuencia de la comisión de dichas conductas punibles por parte del hoy demandante.

Por último, en cuanto al periodo durante el cual se extendió la privación de la libertad del demandante, la Sala resalta que de conformidad con el informe No 289 (Diligencia de captura) suscrito por la Jefe de Seccional de investigaciones del C.T.I del 21 de octubre de 2004 con el respectivo certificado de los derechos del capturado y la Resolución del 26 de octubre de 2005, proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Cartagena, mediante la cual resuelve absolver a Wilmer de la Peña Tapia de los cargos formulados y ordenar la libertad del procesado, pudo constatar que el demandante estuvo efectivamente privado de la libertad por el término de 370 días equivalente a 12.33 meses.

En consecuencia, la Sala procederá a confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto declaró la responsabilidad de la Nación - Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto el señor Wilmer de la Peña Tapia, por el término de 12.33 meses.

6. Liquidación de perjuicios.

6.1. Perjuicios morales.

Al respecto, el tribunal de primera instancia reconoció por este concepto a favor de los demandantes las siguientes sumas de dinero:

DemandanteCalidadSuma
Wilmer de la Peña TapiaVíctima directa50 SMLMV
Guillermo de la Peña TorresPadre20 SMLMV
Evelia Isabel Tapia de ArcoMadre20 SMLMV
Jhaselith de la Peña TapiaHermana10 SMLMV
Chair de la Peña TapiaHermana10 SMLMV

De conformidad con los lineamientos expuestos en el punto 4 de estas consideraciones, la Sala procede a analizar si hay lugar a modificar el quantum reconocido por el tribunal de primera instancia o si por el contrario, se debe confirmar lo decidido frente a los perjuicios morales reconocidos.

En este sentido, la Sala encuentra acreditado que Wilmer de la Peña Tapia comparece al proceso como víctima directa de la privación injusta de la libertad, asimismo, comparecen al proceso los señores Guillermo de la Peña Torres y Evelia Tapia de Arco en calidad de padres, Jhaselith de la Peña Tapia y Chair de la Peña Tapia, como hermanas de la víctima directa, acreditando su parentesco mediante los respectivos registros civiles de nacimiento(27).

Ahora bien, está demostrado que Wilmer de la Peña Tapia, estuvo privado injustamente de su libertad, por un término de 12.33 meses; asimismo, se observa que los demandantes se encuentran tanto en el primer como en el segundo nivel de cercanía afectiva reconocida por la tabla y al sexto rango indemnizatorio, esto es, el correspondiente al periodo de privación superior a 12 meses e inferior a 18 meses, cuya cuantificación se limita para el primer nivel en 90 SMLMV, y en el segundo nivel en 45 SMLMV.

En consecuencia, la Sala le reconocerá por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas de dinero:

DemandanteCalidadSuma
Wilmer de la Peña TapiaVíctima directa90 SMLMV
Guillermo de la Peña TorresPadre90 SMLMV
Evelia Isabel Tapia de ArcoMadre90 SMLMV
Jhaselith de la Peña TapiaHermana45 SMLMV
Chair de la Peña TapiaHermana45 SMLMV

6.2. Perjuicios materiales.

6.2.1. Perjuicios materiales a título de lucro cesante.

Con relación a los perjuicios materiales a título de lucro cesante, el A quo le otorgó al señor Wilmer de la Peña Tapia: ¨la suma que habría devengado durante el tiempo que permaneció privado de la libertad, es decir, 12 meses y 1 día, a razón de quince mil pesos diarios ($ 15.000), suma sobre la cual se deberá pagar un 25% adicional como valor de las prestaciones sociales que hubiera percibido, según las líneas jurisprudenciales vigentes¨.

No obstante, la Sala considera pertinente entra a revisar la anterior suma de dinero concedida al actor al tenor de lo dispuesto por la jurisprudencia de esta Corporación y lo demostrado en el plenario.

Frente a este ítem, es claro para la Sala, que obra en el plenario, declaración juramentada, rendida por el señor Wilfrido Díaz Gutiérrez ante el notario segundo de Cartagena, en la cual asegura ¨que como conductor del bus UAF 359 contraté como ayudante al señor Willian de La Peña Tapiaz (sic) identificado con la cédula de ciudadanía 73.008.193 de Cartagena desde el día 10 de enero del año 2004 hasta el día 25 de octubre del mismo año fecha en la cual fue detenido por la policía que yo le pagaba un diario de quince mil pesos más el desayuno y el almuerzo (…)¨(28).

No obstante, la Sala encuentra acreditada la configuración del perjuicio material en cabeza de Wilmer de la Peña Tapia, ya que está demostrado que éste obtenía sus ingresos como ayudante del señor Wilfrido Díaz Gutiérrez (conductor de bus), observa la Sala que no existe certeza sobre los días en los cuales laboraba semanalmente, ni la cuantía que recibía, al no existir recibos de pago o algún medio probatorio que lo acredite; en razón a lo cual debe acudir equitativamente al salario mínimo legal mensual vigente, establecido en la suma de $ 689.455, liquidados conforme a la fórmula acogida por la jurisprudencia, y teniendo en cuenta que el señor Wilmer de la Peña Tapia estuvo efectivamente privado de la libertad por un lapso de tiempo equivalente a 12.33 meses.

S = Ra (1 + i )n - 1

i

S = $ 689.455 (1+0.004867)12,33 – 1

0.004867

S = $ 8.739.338,33

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de lucro cesante a favor de Wilmer de la Peña Tapia, la suma de $ 8.739.338,33.

6.2.2. Perjuicios materiales a título de daño emergente.

Al respecto, el tribunal de primera instancia reconoció por este concepto a Wilmer de la Peña Tapia la suma de $ 800.000 en virtud de los honorarios cancelados a los profesionales de derecho que asumieron su defensa en el proceso penal. No obstante, la Sala procederá a revisar dicha condena teniendo en cuenta los medios probatorios que obran en el plenario.

En este sentido, la Sala encuentra que obra en el plenario, constancias de pago, recibidas tanto por el Doctor Miguel José Mancilla por un valor de $ 500.000, como por el doctor Rubén Galarza Din por un valor de $ 300.000, dichos valores por concepto de servicios profesionales prestados en el proceso penal adelantado contra Wilmer de la Peña Tapia(29); igualmente constata la Sala la participación de los profesionales referidos en el proceso penal adelantado conforme a la comparecencia de los mismos en las diferentes actuaciones penales, indagatoria(30), audiencia preparatoria(31) y audiencia pública(32) entre otras.

En este orden de ideas, y por cuanto lo considera una suma razonable y proporcional a la naturaleza del proceso y el tiempo de la representación, la Sala confirmara a título de daño emergente lo reconocido por el a quo, esto es, $ 800.000, valor que actualizará de acuerdo con la siguiente fórmula:

Ra = Rh x ipc final (septiembre de 2016)

Ipc inicial (febrero de 2011)

Ra = $ 800.000 x 132,78

106,83

Ra = $ 994.327,43

Conclusión de lo anterior, corresponde al señor Wilmer de la Peña Tapia, por concepto de daño emergente, la suma de $ 994.327,43.

En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre la de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

RESUELVE

MODIFICAR la sentencia proferida el 3 de febrero de 2011 por el Tribunal Administrativo de Bolívar y en su lugar se dispone:

1. DECLARAR responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación de los perjuicios sufridos por los demandantes como consecuencia de la privación injusta de la libertad a la que fue sometido Wilmer de la Peña Tapia.

2. CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar a título de perjuicios morales, a los demandantes las siguientes sumas de dinero:

DemandanteCalidadSuma
Wilmer de la Peña TapiaVíctima directa90 SMLMV
Guillermo de la Peña TorresPadre90 SMLMV
Evelia Isabel Tapia de ArcoMadre90 SMLMV
Jhaselith de la Peña TapiaHermana45 SMLMV
Chair de la Peña TapiaHermana45 SMLMV

3. CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar a favor de Wilmer de la Peña Tapia, a título de lucro cesante la suma de $ 8.739.338,33.

4. CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar a favor de Wilmer de la Peña Tapia, título de daño emergente la suma de $ 994.327,43.

5. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

6. Sin condena en costas.

7. DESE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

8. DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

Magistrado: Guillermo Sánchez Luque—Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

19 Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.

20 “En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en AFDUAM, 4, 2000, pág.174.

21 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 1 de octubre de 1992, expediente: 10923.

22 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 2 de mayo de 200, Expediente: 15989.

23 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 25 de julio de 1994, expediente: 8666.

24 Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querella de parte para el ejercicio de la acción penal, etc.

25 Decreto 2700 de 1991, artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios.
Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.

26 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 17 de noviembre de 1995, expediente: 10056.

27 Fls. 87-89 cdno.1

28 Fs. 91 cdno.1

29 Fls. 85-86 cdno.1

30 Fls. 25-83 cdno.1

31 Fls. 59-60 cdno.1

32 Fls. 61-70 cdno.1