Sentencia 2007-00034 de octubre 30 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente:

Jaime Enrique Rodríguez Navas

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política)

Bogotá, D.C., treinta (30) de octubre de dos mil diecisiete (2017)

Rad.: 66001-23-31-000-2007-00034-01 (43553)

Actor: G. C. B. y otros

Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación

Proceso: Acción de reparación directa

Asunto: Recurso de apelación

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES

Cumplidos con los trámites propios de esta instancia y sin que observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a pronunciarse sobre el asunto de la referencia para lo cual abordará los siguientes puntos: 1) competencia, 2) caducidad 3) legitimación en la causa; 4) acervo probatorio, 5) alcance de la apelación, 6) problema jurídico, 7) análisis de la Sala, 8) liquidación de perjuicios, 9) condena en costas.

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos por la Nación – Fiscalía General y por la parte demandante, de conformidad al artículo 73 de la Ley 270 de 1996 y al auto de 9 de septiembre de 2008, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado(28).

En efecto, la Ley Estatutaria de Administración de Justicia se ocupó de regular de manera expresa la competencia para conocer y decidir las acciones de reparación directa “derivadas del error jurisdiccional, de la privación injusta de la libertad y del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia”, y sostiene que “únicamente el Consejo de Estado y los tribunales administrativos” son competentes para ello, lo cual significa que el conocimiento de los citados procesos en primera instancia se radica en los tribunales administrativos y en segunda instancia en esta corporación, sin importar la cuantía del proceso.

2. Caducidad.

El término para formular pretensiones, en sede de reparación directa, de conformidad con el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo es de 2 años, que se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

En los eventos de privación injusta de la libertad, la Sección Tercera ha sostenido que el cómputo de la caducidad inicia a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia absolutoria, pues solo a partir de ese momento la víctima tiene conocimiento de la antijuridicidad del daño(29).

En el caso de referencia, se tiene que la demanda fue presentada el 13 de febrero de 2007 es decir en tiempo, toda vez que la sentencia que revocó la medida de aseguramiento impuesta a los hoy demandantes y resolvió precluir la investigación penal es del 28 de julio de 2005.

3. Legitimación en causa.

Se tiene que el registro civil de nacimiento constituye el documento idóneo para acreditar de manera idónea, eficaz y suficiente la relación de parentesco con los progenitores de una persona, comoquiera que la información consignada en dicho documento público ha sido previamente suministrada por las personas autorizadas y con el procedimiento establecido para tal efecto”(30); y es criterio reiterado y pacífico en esta corporación, que la acreditación del parentesco constituye una presunción para la configuración del daño moral en los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil.

Así las cosas, la Sala procederá a estudiar la legitimación en la causa de cada uno de los recurrentes en la presente demanda, para lo cual por practicidad se dividirán los demandantes en grupos familiares:

3.1. Primer grupo familiar.

El señor G. C. B. es la víctima directa de la privación de la libertad que dio origen a este proceso, y a su turno comparecen, W. A. C. T.(31), F. A. C. T.(32), M. E. C. T.(33), G. O. C. T.(34), J. J. C. T.(35), A. C. T.(36) y F. J. C. T.(37), en su calidad de hijos; E. A. C. B.(38), M. O. C. B.(39), M. O. C. B.(40), D. C. B.(41) y M. D. C. B.(42) en calidad de hermanos, vínculos estos que se encuentran demostrados con los correspondientes registros civiles de nacimiento.

3.2. Segundo grupo familiar.

El señor D. J. V. G. es la víctima directa de la privación de la libertad que dio origen a este proceso, y a su turno comparecen, S. R. G. G.(43), en su calidad de madre; F. C. V. G.(44) y D. E. V. G.(45) en calidad de hermanas, vínculos estos que se encuentran demostrados con los correspondientes registros civiles de nacimiento.

3.3. Tercer grupo familiar.

El señor E. T. C. es la víctima directa de la privación de la libertad que dio origen a este proceso, y a su turno comparecen al proceso, D. J. T. G.(46) en calidad de hija; M. A. C. M.(47) en su calidad de madre; A. T. C.(48), B.T. C.(49), M. T. C.(50), C. T. C.(51) y M. A. T. C.(52) en su calidad de hermanos, vínculos estos que se encuentran demostrados con los correspondientes registros civiles de nacimiento.

Además, encuentra probado la Sala que M. G. C. era la compañera permanente del señor E. T. C. y se le reconocía públicamente como tal. Así se expresó esta condición en la prueba testimonial:

“(...) PREGUNTADO: Al testigo se le informa sucintamente sobre los hechos que motivan su declaración y se pide que haga un relato breve pero preciso de los mismos. CONTESTÓ: Yo a E. lo distingo desde muy pequeñita, porque siempre hemos vivido en la misma vereda, lo mismo que a la mama doña A., sus hermano B., A., M., E., C., M. A., a N. que ya murió y el papá que también murió y a la mujer de E., M. G., y su niña D. Y. T. G. (...). PREGUNTADO: indique al despacho dónde residen las personas mencionadas por usted. CONTESTÓ: (...) E., M. y D. Y. viven en Anserma nuevo Valle. Esto lo sé porque yo los he ido a visitar a Anserma nuevo. PREGUNTADO: desde que fecha viven la mencionada familia en Anserma Nuevo Valle. CONTESTÓ: ellos viven desde que fueron desplazados de por acá, pero fecha exacta no le podría dar, eso hace por ahí unos doce o trece años (...).”(53) 

“(...) PREGUNTADO: Al testigo se le informa sucintamente sobre los hechos que motivan su declaración y se pide que haga un relato breve pero preciso de los mismos. CONTESTÓ: Yo conozco más o menos desde el año 1998 a E., soy compadre de él, la niña de él es mi ahijada D. j. (sic) se llama, nos conocimos porque la esposa mía es del Porvenir y ahí con la esposa de él nos hicimos amigos y ya hicimos amistad todos (...) PREGUNTADO: informe al despacho como está integrada la familia del señor T. C.: CONTESTÓ: Es él, la esposa y la niña D. J. (...)”.(54)

3.4. Cuarto grupo familiar.

El señor G. A. C. L. es la víctima directa de la privación de la libertad que dio origen a este proceso, y a su turno comparecen al proceso M. C. L. A.(55) y L. A. C. A.(56), en su calidad de padres; J. E. C. L.(57), B.Y. C. L.(58) y C. A. C. L.(59) en calidad de hermanos; E. J. C. L.(60) en su calidad de abuelo paterno, J. A. L. L.(61) y A. D. A. C.(62) en su calidad de abuelos maternos, vínculos estos que se encuentran demostrados con los correspondientes registros civiles de nacimiento.

3.5. Quinto grupo familiar.

El señor J. A. T. B. es la víctima directa de la privación de la libertad que dio origen a este proceso, y a su turno comparecen al proceso O. E. T. T.(63) y G. B.L.(64), en su calidad de padres; M. E. T. B.(65), O. J. T. B.(66), A. Z. T. B.(67) y C. Y. T. B.(68) en calidad de hermanas, vínculos estos que se encuentran demostrados con los correspondientes registros civiles de nacimiento.

3.6. Sexto grupo familiar.

El señor O. P. P. es la víctima directa de la privación de la libertad que dio origen a este proceso, y a su turno comparecen al proceso Y. M. P. R.(69), Y. V. P. R.(70), D. P. R.(71), K. Y. P. R.(72) y M. Y. P. R.(73) en calidad de hijos; A. D. P.(74), en su calidad de madre; L. P.(75), I. P.(76), L. E. P. P.(77) y M. C. P. P.(78) en su calidad de hermanas, vínculos estos que se encuentran demostrados con los correspondientes registros civiles de nacimiento.

Además, encuentra probado la Sala que A. F. R. T. era la compañera permanente del señor O. P. P. y se le reconocía públicamente como tal. Así se expresó esta condición en la prueba testimonial:

“(...) PREGUNTADO: Sabe usted como está conformada la familia del señor P. P. CONTESTÓ: (...) Obdulio vivía con la esposa y los hijos en una casita aparte”.(79) 

“(...) PREGUNTADO: Sabe usted como está conformada la familia del señor P. P. CONTESTÓ: (...) La señora que se llama A. F., Y. una hija, M., K. y Y. y el niño que se llama D., esas es la familia que él tiene (...)”.(80) 

“(...) PREGUNTADO: Manifieste por favor si usted conoce al señor O. P. CONTESTÓ: Si lo conozco hace mucho tiempo, unos diez años, pues prácticamente yo he vivido por donde él vive, toda la vida, hemos sido vecinos. PREGUNTADO: Sabe usted como está conformada la familia del señor P. P. CONTESTÓ: Con la esposa de el de nombre A. F. (sic) R. y los hijos M., Y., D., K. y M., (...) la esposa es ama de casa (...)”.(81)

3.7. Séptimo grupo familiar.

El señor E. G. B. es la víctima directa de la privación de la libertad que dio origen a este proceso, y a su turno comparecen al proceso P. A. G. H.(82), A. G. H.(83) y A. J. G. H.(84) en calidad de hijos; L. E. G.(85) y L. B.(86) en su calidad de padres; C. J. G. H.(87), M. A. G. H.(88), E. A. G. H.(89), R. A. G. H.(90) y W. G. B.(91) en su calidad de hermanos, vínculos estos que se encuentran demostrados con los correspondientes registros civiles de nacimiento.

Además, encuentra probado la Sala que G. C. H. S. era la compañera permanente del señor E. G. B. y se le reconocía públicamente como tal. Así se expresó esta condición en la prueba testimonial:

“(...) PREGUNTADO: Al testigo se le informa sucintamente sobre los hechos que motivan su declaración y se pide que haga un relato breve pero preciso de los mismos. CONTESTÓ: De toda la vida conozco a E. Hemos sido vecinos. (...) PREGUNTADO: Sabe usted como está conformada la familia del señor G. B.CONTESTÓ: (...) La esposa G., los hijos A., A. y A. (...)”.(92) 

“(...) PREGUNTADO: Al testigo se le informa sucintamente sobre los hechos que motivan su declaración y se pide que haga un relato breve pero preciso de los mismos. CONTESTÓ: Entre diez y once años hace que conozco a E. (...) PREGUNTADO: Sabe usted como está conformada la familia del señor G. B.CONTESTÓ: (...) La esposa que se llama G. Hernández, los tres hijos de él que se llaman A., P. A. y él tiene una hija aparte que se llama A., todos son menores de edad (...)”.(93) 

“(...) PREGUNTADO: Al testigo se le informa sucintamente sobre los hechos que motivan su declaración y se pide que haga un relato breve pero preciso de los mismos. CONTESTÓ: Hace veinte años conozco a E. nos levantamos juntos, vivimos en la misma vereda y estudiamos juntos en la misma escuela (...) convivía con G. C. H. en la vereda M., en una finca de propiedad de E., tiene tres hijos A., P. y A., menores de edad (...)”.(94) 

3.8. Octavo grupo familiar.

El señor J. I. C. M. es la víctima directa de la privación de la libertad que dio origen a este proceso, y a su turno comparecen al proceso A. E. C. S.(95) en su calidad de padre; D. J. C. M.(96), L. M. C. M.(97), M. C. M.(98), M. A. C. M.(99) y S. M. C. M.(100) en su calidad de hermanos, vínculos estos que se encuentran demostrados con los correspondientes registros civiles de nacimiento.

3.9. Noveno grupo familiar.

El señor F. L. A. es la víctima directa de la privación de la libertad que dio origen a este proceso, y a su turno comparecen L. M. C. L.(101) en su calidad de cónyuge; J. J. L. C.(102) y A. L. L. C.(103) en su calidad de hijos; J. A. L. L.(104) y A. D. A.(105), en su calidad de padres; Á. J. L. A.(106), M. C. L. A.(107), L. A. L. A.(108), R. E. L. A.(109), A. M. L. A.(110), D. A. L. A.(111), L. E. L. A.(112) y E. A. L. A.(113) en su calidad de hermanos vínculos estos que se encuentran demostrados con los correspondientes registros civiles de nacimiento y el de matrimonio.

3.10. Décimo grupo familiar.

El señor J. E. T. H. es la víctima directa de la privación de la libertad que dio origen a este proceso, y a su turno comparecen A. T. A.(114) e I. H.(115) en su calidad de padres; E. J. T. H.(116) y A. M. T. H.(117) en su calidad de hermanos vínculos estos que se encuentran demostrados con los correspondientes registros civiles de nacimiento.

3.11. Décimo primer grupo familiar.

La señora E. S. V. M. es la víctima directa de la privación de la libertad que dio origen a este proceso, y a su turno comparecen L. G. A. P.(118) en su calidad de cónyuge; R. A. V.(119) en su calidad de padre; S. M. V. M.(120), J. N. V. M.(121) y W. A. V. M.(122), en su calidad de hermanos, vínculos estos que se encuentran demostrados con los correspondientes registros civiles de nacimiento y el de matrimonio.

3.12. Décimo segundo grupo familiar.

El señor M. T. M. P. es la víctima directa de la privación de la libertad que dio origen a este proceso, y a su turno comparecen A. M. T.(123), G. A. M.(124), L. D. M. M.(125), O. M. M.(126), A. M. T.(127) y J. M. M.(128), en su calidad de hijos; F. A. M. P.(129), O. J. M. P.(130), U. A. M. P.(131), C. E. M. P.(132), G. M.(133) en su calidad de hermanos, vínculos estos que se encuentran demostrados con los correspondientes registros civiles de nacimiento y partidas de bautismo(134).

3.13. Décimo tercer grupo familiar.

El señor C. A. L. R. es la víctima directa de la privación de la libertad que dio origen a este proceso, y a su turno comparecen A. H. L.(135) y C. E. R.(136) en su calidad de padres; L. A. R.(137), J. A. L. R.(138), F. A. L. R.(139), G. L. R.(140), M. C. L. R.(141) y J. G. L. R.(142) en su calidad de hermanos, vínculos estos que se encuentran demostrados con los correspondientes registros civiles de nacimiento.

3.14. Décimo cuarto grupo familiar.

El señor D. J. V. T. es la víctima directa de la privación de la libertad que dio origen a este proceso, y a su turno comparecen J. S. V. C.(143) en su calidad de hijo; G. T. C.(144) en calidad de madre; E. V. T.(145), I. S. V. T.(146), V. H. V. T.(147), L. P. V. T.(148) y y.(sic) A. V. T.(149) en su calidad de hermanos, vínculos estos que se encuentran demostrados con los correspondientes registros civiles de nacimiento.

Además, encuentra probado la Sala que A. L. C. B. era la compañera permanente del señor D. J. V. T. y se le reconocía públicamente como tal. Así se expresó esta condición en la prueba testimonial:

“(...) PREGUNTADO: Al testigo se le informa sucintamente sobre los hechos que motivan su declaración y se pide que haga un relato breve pero preciso de los mismos. CONTESTÓ: Distingo a D. hace por ahí diez u once años que nos conocimos en una cancha de futbol, de ahí hicimos amistad (...) PREGUNTADO: Sabe usted como está conformada la familia del señor D. J. V. C. CONTESTÓ: Por la esposa de nombre A. L., el niño se llama J. ahora tiene como cuatro años de edad, cuando lo detuvieron la esposa estaba embarazada del niño (...)”.(150) 

“(...) PREGUNTADO: Al testigo se le informa sucintamente sobre los hechos que motivan su declaración y se pide que haga un relato breve pero preciso de los mismos. CONTESTÓ: Desde niño conozco a D. J. por la sencilla razón que nosotros antiguamente somos vecinos (...) PREGUNTADO: Sabe usted como está conformada la familia del señor D. J. V. C. CONTESTÓ: Está conformada por un hermano mayor de nombre V., hermanas M., J. y otra niña que llama p.(sic), la mamá de nombre G., la esposa de él, me falta otra hermana L. PREGUNTADO: informe al despacho con quién vivía el señor D. J. al momento de ser detenido. CONTESTÓ: Con la compañera, con la esposa, en ese momento me parece que estaba en embarazo (...)”.(151) 

3.15. Décimo quinto grupo familiar.

El señor E. A. H. P. es la víctima directa de la privación de la libertad que dio origen a este proceso, y a su turno comparecen D. J. H. T.(152) y L. M. P. C.(153) en su calidad de padres; J. C. H. P.(154) en su calidad de hermano, vínculos estos que se encuentran demostrados con los correspondientes registros civiles de nacimiento.

3.16. Décimo sexto grupo familiar.

El señor F. J. R. S. es la víctima directa de la privación de la libertad que dio origen a este proceso, y a su turno J. M. R. M.(155), M. Y. R. M.(156) en su calidad de hijos; R. A. S. B.(157), en su calidad de madre; J. V. R. S.(158), M. N. R. S.(159), O. A. R. S.(160), F. E. R. S.(161), M. C. R. S.(162) y M. C. R. S.(163) en su calidad de hermanos, vínculos estos que se encuentran demostrados con los correspondientes registros civiles de nacimiento.

Respecto de la señora V. V. O., la Sala no encuentra en las pruebas testimoniales aportadas(164) convicción alguna que deje entrever que dicha persona fuera la compañera permanente del señor F. J. R. S. para el momento de los hechos, toda vez que aunque en los testimonios se hace referencia a la esposa de la víctima, nunca sale a relucir su nombre. Por lo tanto la Sala en caso de reconocer indemnización por la privación del señor F. J. R. S., no tendrá como acreedora de dicho monto a la señora V. V. O. pues no se encuentra legitimada en la causa para reclamar.

3.17. Décimo séptimo grupo familiar.

El señor F. N. C. G. es la víctima directa de la privación de la libertad que dio origen a este proceso, y a su turno comparecen J. E. C. G.(165), Y. E. C. G.(166), L. G. C. G.(167), N. S. C. G.(168), L. C. C. G.(169) y B.L. C. G.(170) en su calidad de hermanos, vínculos estos que se encuentran demostrados con los correspondientes registros civiles de nacimiento.

3.18. Décimo octavo grupo familiar.

El señor H. F. B.S. es la víctima directa de la privación de la libertad que dio origen a este proceso, y a su turno comparecen A. J. B.L.(171) y C. L. S. J.(172) en su calidad de padres; F. A. B.S.(173) y G. N. B.S.(174) en su calidad de hermanos, vínculos estos que se encuentran demostrados con los correspondientes registros civiles de nacimiento.

3.19. Décimo noveno grupo familiar.

El señor H. F. S. S. es la víctima directa de la privación de la libertad que dio origen a este proceso, y a su turno comparecen S. A. S. A., en su calidad(175) de hijo; M. L. S.(176), M. M. S. S.(177) y C. L. S.(178) en su calidad de hermanas, vínculos estos que se encuentran demostrados con los correspondientes registros civiles de nacimiento.

3.20. Vigésimo grupo familiar.

El señor J. A. L. M. es la víctima directa de la privación de la libertad que dio origen a este proceso, y a su turno comparecen A. E. M. L.(179) en su calidad de madre; L. D. L. M.(180), M. A. L. M.(181), L. C. L. M.(182) y M. F. L. M.(183) en su calidad de hermanos, vínculos estos que se encuentran demostrados con los correspondientes registros civiles de nacimiento.

Además, encuentra probado la Sala que M. R. C. L. era la compañera permanente del señor J. A. L. M. y se le reconocía públicamente como tal. Así se expresó esta condición en la prueba testimonial:

“(...) PREGUNTADO: Al testigo se le informa sucintamente sobre los hechos que motivan su declaración y se pide que haga un relato breve pero preciso de los mismos. CONTESTÓ: Hace quince aproximadamente conozco a J. A., yo tenía un carro de servicio público y viajaba mucho con nosotros, también trabajó en la finca de nosotros durante nueve años (...) PREGUNTADO: con que personas vivía el señor J. A. antes de ser privado de la libertad CONTESTÓ: Vivía con M. R., la esposa, doña E. la mama de él, L. D. que es hermana y M. F. también hermana y m.(sic) A. que es hermana de él y vive en el barrio Gaitán de Quincha (...)”.(184) 

“(...) PREGUNTADO: con que personas vivía el señor J. A. antes de ser privado de la libertad CONTESTÓ: Vivía con la mama A. E., la esposa M. R., tres hermanas y un hermano (...)”.(185) 

“(...) PREGUNTADO: Al testigo se le informa sucintamente sobre los hechos que motivan su declaración y se pide que haga un relato breve pero preciso de los mismos. CONTESTÓ: Hace por ahí trece años que conozco a J. A., como nosotros tenemos finquita en el campo ha trabajado con nosotros (...) PREGUNTADO: con que personas vivía el señor J. A. antes de ser privado de la libertad CONTESTÓ: Vivía con la mama doña E., y otra muchacha F. L. la hermana y con la mujer doña R. (...)”.(186) 

3.21. Vigésimo primer grupo familiar.

El señor J. S. S. G. es la víctima directa de la privación de la libertad que dio origen a este proceso, y a su turno comparecen M. A. S. G.(187), E. S. G.(188), G. S. G.(189), M. E. G.(190), M. N. S. G.(191) y E. G.(192) en su calidad de hermanos, vínculos estos que se encuentran demostrados con los correspondientes registros civiles de nacimiento.

3.22. Vigésimo segundo grupo familiar.

El señor M. J. M. A. es la víctima directa de la privación de la libertad que dio origen a este proceso, y a su turno comparecen U. J. L. R.(193) en su calidad de cónyuge; S. E. M. L.(194), L. A. M. L.(195) y Y. E. M. L.(196), en calidad de hijos; N. J. M. A.(197), J. M. A.(198), J. M. A.(199), P. N. M. A.(200), W. J. M. Á.(201) y A. M. A.(202), en su calidad de hermanos, vínculos estos que se encuentran demostrados con los correspondientes registros civiles de nacimiento y de matrimonio.

3.23. Vigésimo tercer grupo familiar.

La señora O. B.M. es la víctima directa de la privación de la libertad que dio origen a este proceso, y a su turno comparecen E. T. B.B.(203), en calidad de hija; A. B.T.(204) y Y. M. S.(205), en su calidad de padres; F. J. B.M.(206) y C. A. B.M.(207), en calidad de hermanos vínculos estos que se encuentran demostrados con los correspondientes registros civiles de nacimiento.

Además, encuentra probado la Sala que E. J. B.V. era el compañero permanente de la señora O. B.M. y se le reconocía públicamente como tal. Así se expresó esta condición en la prueba testimonial:

“(...) PREGUNTADO: Al testigo se le informa sucintamente sobre los hechos que motivan su declaración y se pide que haga un relato breve pero preciso de los mismos. CONTESTÓ: Toda la vida he conocido a O. porque somos vecinos y la conozco hace muchos días, desde pequeñita. (...) PREGUNTADO: con que personas vivía la señora O. antes de ser privada de la libertad CONTESTÓ: Vivía con la familia. El papá que se llama A. B., Y. S. M. que es la mama, I. (sic) un hermano, C. un hermano, ella y el esposo que se llama E. B. y tenía una niñita por ahí que se llama E. T. (...)”.(208) 

“(...) PREGUNTADO: Al testigo se le informa sucintamente sobre los hechos que motivan su declaración y se pide que haga un relato breve pero preciso de los mismos. CONTESTÓ: Yo conozco a O. hace unos treinta años porque eso hace que yo vivo en la vereda San José y ahí e conocí con esta familia (...) PREGUNTADO: con que personas vivía la señora O. antes de ser privada de la libertad CONTESTÓ: Ella estaba con los papases (sic), los hermanos, la niñita y el esposo, todos viven en una misma casa. PREGUNTADO: Cómo está conformada la familia de la señora O. B.M. CONTESTÓ: Los papás se llaman A. B., Y. M., los hermanos F. (sic) y C. B., la niña E. T. y el esposo de nombre E. B.(...)”.(209) 

3.24. Vigésimo cuarto grupo familiar.

El señor W. A. L. L. es la víctima directa de la privación de la libertad que dio origen a este proceso, y a su turno comparecen M. Á. L. L.(210) y R. A. L. L.(211) en su calidad de padres; L. L. L. L.(212), D. C. L. L.(213) y D. L. L.(214), en calidad de hermanos; A. R. L. L.(215), en calidad de abuela, vínculos estos que se encuentran demostrados con los correspondientes registros civiles de nacimiento.

3.25. Vigésimo Quinto grupo familiar.

El señor A. T. es la víctima directa de la privación de la libertad que dio origen a este proceso, y a su turno comparecen B.C. M. T.(216) en su calidad de cónyuge; L. F. T. M.(217) y S. L. T. M.(218), en calidad de hijos; M. E. T. V.(219), en calidad de madre; R. D. L. T.(220), L. E. L. T.(221) y G. J. T.(222), en su calidad de hermanos, vínculos estos que se encuentran demostrados con los correspondientes registros civiles de nacimiento y de matrimonio.

3.26. Vigésimo sexto grupo familiar.

El señor Á. J. L. A. es la víctima directa de la privación de la libertad que dio origen a este proceso, y a su turno comparecen F. H.(223) en su calidad de cónyuge; M. L. L. H.(224), N. A. L. H.(225) y P. A. L. H.(226), en calidad de hijos; J. A. L. L.(227) y A. D. A. C.(228), en calidad de padres; F. L. A.(229), M. C. L. A.(230), L. A. L. A.(231), R. E. L. A.(232), A. M. L. A.(233), D. A. L. A.(234), L. E. L. A.(235) y E. L. A.(236), en su calidad de hermanos, vínculos estos que se encuentran demostrados con los correspondientes registros civiles de nacimiento y matrimonio.

3.27. Vigésimo séptimo grupo familiar.

El señor C. A. H. O. es la víctima directa de la privación de la libertad que dio origen a este proceso, y a su turno comparecen M. A. S. G.(237) en su calidad de cónyuge; L. C. H. S.(238), E. L. H. S.(239), J. F. H. S.(240), C. A. H. S.(241), C. M. H. S.(242), D. E. H. S.(243) y L. D. H. S.(244), en calidad de hijos; L. F. H. M.(245) y L. R. O. A.(246) en calidad de padres; J. A. H. O.(247), A. H. O.(248), M. C. H. O.(249), A. H. O.(250), A. H. O.(251), R. I. H. O.(252) y M. D. H. O.(253), en su calidad de hermanos, vínculos estos que se encuentran demostrados con los correspondientes registros civiles de nacimiento y matrimonio.

3.28. Vigésimo octavo grupo familiar.

El señor L. A. M. C. es la víctima directa de la privación de la libertad que dio origen a este proceso, y a su turno comparecen R. A. G. A.(254) en su calidad de compañera permanente; I. A. M. G.(255) y D. A. M. G.(256), en calidad de hijos; A. J. M. C.(257), J. E. M. C.(258), A. J. M. C.(259) y Á. J. M. C.(260), en su calidad de hermanos, vínculos estos que se encuentran demostrados con los correspondientes registros civiles de nacimiento, además de la declaración juramentada que acredita la calidad de compañera permanente.

3.29. Vigésimo noveno grupo familiar.

El señor N. J. M. A. es la víctima directa de la privación de la libertad que dio origen a este proceso, y a su turno comparecen O. M. A. I.(261), en su calidad de madre; J. M. A.(262), J. M. A.(263), P. N. M. A.(264), W. J. M. A.(265), M. M. A.(266) y A. M. A.(267), en su calidad de hermanos, vínculos estos que se encuentran demostrados con los correspondientes registros civiles de nacimiento.

4. Acervo probatorio.

Del material probatorio allegado al expediente, se destaca:

• Resolución del 30 de septiembre de 2003, por medio de la cual se le impuso medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación, al señor G. C. B., por los punibles de secuestro extorsivo y rebelión (fls. 69-94, cdno. ppal. 10)

• Resolución del 23 de octubre de 2003, por medio de la cual se les impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación a los señores D. J. V. G., E. T. C., G. A. C. L., O. P. P., J. I. C. M., F. L. A., J. E. T. H., D. J. V. T., E. A. H. P., F. J. R. S., F. N. C. G., H. F. B.S., H. F. S. S., J. S. S. G., M. J. M. A., O. B.M., W. A. L. L., por los punibles de terrorismo y rebelión (fls. 1 a 60 C. (1-8-2)).

• Resolución del 13 de noviembre de 2003, por medio de la cual se les impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación a los señores C. A. L. R., E. G. B., J. A. T. B. y J. A. L. M., como presuntos autores de los hechos punibles de terrorismo y rebelión (fls. 192-209, cdno. ppal. 15).

• Resolución del 6 de febrero de 2004, por medio de la cual se les impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación a los señores Á. J. L. A., C. A. H. O. y E. S. V. M., por los delitos de rebelión, concierto para delinquir y terrorismo (fls. 16-28, cdno. ppal. 27).

• Resolución del 25 de febrero de 2004, por medio de la cual se les impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación a los señores A. T., L. A. M. C. y N. J. M. A., a quienes se les sindicó como autores del hecho punible de rebelión (fls. 166-177, cdno. ppal. 28).

• Resolución del 15 de abril de 2004, por medio de la cual se les impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación al señor M. T. M. P., por el delito de rebelión (fls. 279-286, cdno. ppal. 31).

• Resolución del 12 de abril de 2004, mediante la cual la Fiscalía General de la Nación Unidad Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., resolvió los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones del 30 de septiembre de 2003, 23 de octubre de 2003, 13 de noviembre de 2003 entre otras y decidió confirmar la medida de aseguramiento interpuesta contra los hoy demandantes (fls. 14-198 C. (1-8-2).

• Providencia del 23 de julio de 2004, mediante la cual el Fiscal Delgado Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario calificó el mérito del sumario de algunos de los hoy demandantes y les profirió resolución de acusación (fls. 8-167, cdno. ppal. 36).

• Providencia del 27 de septiembre de 2004, mediante la cual el Fiscal Delgado Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario calificó el mérito del sumario de una parte de los hoy demandantes y les profirió resolución de acusación (fls. 1-48, cdno. ppal. 39).

• Providencia del 28 de julio de 2005, proferida por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por los apoderados judiciales de los actores contra las resoluciones del 23 de julio 2004, 27 de septiembre de 2004 y 5 de enero de 2005, en el sentido de: i) revocar las medidas de aseguramiento en contra de éstos; ii) decretar la preclusión de la investigación a su favor y iii) ordenar su libertad inmediata (fls. 1282 a 1420, cdno. 8).

• Diligencia de indagatoria rendida por H. F. B.S. el 29 de septiembre de 2003 (fls. 291-295, cdno. 8 ppal.).

• Diligencia de indagatoria rendida por D. J. V. T. el 29 de septiembre de 2003 (fls. 22-27, cdno. 9 ppal.).

• Diligencia de indagatoria rendida por G. C. B. el 29 de septiembre de 2003 (fls. 37-43, cdno. 9 ppal.).

• Diligencia de indagatoria rendida por J. S. S. G. el 29 de septiembre de 2003 (fls. 70-74, cdno. 9 ppal.).

• Diligencia de indagatoria rendida por M. J. M. Á. el 29 de septiembre de 2003 (fls. 112-118, cdno. 9 ppal.).

• Diligencia de indagatoria rendida por J. I. C. M. el 29 de septiembre de 2003 (fl. 131-133, cdno. 9 ppal.).

• Diligencia de indagatoria rendida por W. A. L. L. el 30 de septiembre de 2003 (fls. 134-136, cdno. 9 ppal.).

• Diligencia de indagatoria rendida por D. J. V. G. el 30 de septiembre de 2003 (fls. 145-147, cdno. 9 ppal.).

• Diligencia de indagatoria rendida por E. A. H. P. el 30 de septiembre de 2003 (fls. 150-151, cdno. 9 ppal.).

• Diligencia de indagatoria rendida por D. de O. B.M. el 30 de septiembre de 2003 (fls. 162-165, cdno. 9 ppal.).

• Diligencia de indagatoria rendida por F. N. C. G. el 30 de septiembre de 2003 (fls. 174-178, cdno. 9 ppal.).

• Diligencia de indagatoria rendida por F. L. A. el 30 de septiembre de 2003 (fls. 183-185, cdno. 9 ppal.).

• Diligencia de indagatoria rendida por J. E. T. H. el 30 de septiembre de 2003 (fls. 222-223, cdno. 9 ppal.).

• Diligencia de indagatoria rendida por H. F. S. S. el 30 de septiembre de 2003 (fls. 230-235, cdno. 9 ppal.).

• Diligencia de indagatoria rendida por E. T. C. el 30 de septiembre de 2003 (fls. 252-254, cdno. 9 ppal.).

• Diligencia de indagatoria rendida por F. J. R. S. el 30 de septiembre de 2003 (fls. 10-14, cdno. 10 ppal.).

• Diligencia de indagatoria rendida por O. P. P. el 30 de septiembre de 2003 (fls. 43-48, cdno. 10 ppal.).

• Diligencia de indagatoria rendida por G. A. C. L. el 2 de octubre de 2003 (fls. 279-283, cdno. 10 ppal.).

• Diligencia de indagatoria rendida por E. G. B. el 7 de noviembre de 2003 (fls. 95-101, cdno. 15 ppal.).

• Diligencia de indagatoria rendida por J. A. T. B. el 7 de noviembre de 2003 (fls. 102-107, cdno. 15 ppal.).

• Diligencia de indagatoria rendida por C. A. L. R. el 20 de octubre de 2003 (fls. 241-246, cdno. 15 ppal.).

• Diligencia de indagatoria rendida por J. A. L. M. el 20 de octubre de 2003 (fls. 248-254, cdno. 15 ppal.).

• Diligencia de indagatoria rendida por Á. J. L. A. el 20 de enero de 2004 (fls. 1-6, cdno. 25 ppal.).

• Diligencia de indagatoria rendida por C. A. H. O. el 22 de enero de 2004 (fls. 124-128, cdno. 25 ppal.).

• Diligencia de indagatoria rendida por E. S. V. M. el 3 de febrero de 2004 (fls. 191-197, cdno. 27 ppal.).

• Diligencia de indagatoria rendida por A. T. el 12 de febrero de 2004 (fls. 204-208, cdno. 27 ppal.).

• Diligencia de indagatoria rendida por L. A. M. C. el 18 de febrero de 2004 (fls. 14-18, cdno. 28 ppal.).

• Diligencia de indagatoria rendida por N. J. M. A. el 20 de febrero de 2004 (fls. 34-38, cdno. 28 ppal.).

• Diligencia de indagatoria rendida por M. T. M. P. el 1 de abril de 2004 (fls. 57-63, cdno. 28 ppal.).

• Testimonios rendidos el 4 de febrero de 2008 ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda por A. E. C. H. y E. J. C. A., solicitados por el grupo familiar Nº 5 (J. A. T. B.) (fls. 359-369, cdno. 4).

• Testimonios rendidos el 5 de febrero de 2008 ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda por O. J. T. y M. M. T., solicitados por el grupo familiar Nº 8 (J. I. C. M.) (fls. 370-380, cdno. 4).

• Testimonios rendidos el 5 de febrero de 2008 ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda por M. S. M. L. y L. J. M. L., solicitados por el grupo familiar Nº 9 (F. L. A.) (fls. 382-392, cdno. 5).

• Testimonios rendidos el 6 de febrero de 2008 ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda por L. M. L. y R. G. L., solicitados por el grupo familiar Nº 11 (E. S. V. M.) (fls. 393-401, cdno. 5).

• Testimonios rendidos los días el 6 de febrero y 7 de octubre de 2008 ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda por Y. M. B., L. M. B. y O. A. B.C. solicitados por el grupo familiar Nº 14 (D. J. V. T. ) (fls. 403-407, cdno. 5, 758-777, cdno. 6).

• Testimonios rendidos los días 6 de febrero y 30 de septiembre de 2008 ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda por C. M. H., O. S. V. y A. P. M. solicitados por el grupo familiar Nº 13 (C. A. L. R.) (fls. 408-411, cdno. 5, 738- 752, cdno. 6).

• Testimonios rendidos el 7 de febrero de 2008 ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda por M. E. C. y C. A. G. G., solicitados por el grupo familiar Nº 16 (F. J. R. S.) (fls. 412-421, cdno. 5).

• Testimonios rendidos los días 8 de febrero y 3 de diciembre de 2008 ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda por O. A. M., A. J. Z. O., G. J. G. Z. y Y. J. B.R. solicitados por el grupo familiar Nº 20 (J. A. L. M.); (fl. 422-425, cdno. 5, 881-901, cdno. 6).

• Oficio Nº 074 del 6 de febrero de 2008 suscrito por el jefe de Unidad Investigativa de Armados Ilegales SIJIN DERIS, dando respuesta al oficio Nº 2851 (fl. 427, cdno. 5) donde manifiesta:

“(...) Si bien en Quinchía actualmente no delinquen grupos subversivos, para el año 2003 esta localidad se había convertido en el principal centro de despliegue táctico y militar del Reducto insurgente O. W. C. O. del Ejército Popular de Liberación, EPL, debido a la topografía que ofrece esta localidad, sin embargo la causa principal de esta ubicación obedecía a que la mayoría de los cabecillas y militantes, eran oriundos de esta población”. 

• Testimonios rendidos el 11 de febrero de 2008 ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda por E. V. L., el 28 de noviembre de 2008 ante el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas por M. V. L., y el 3 de marzo de 2009 ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía por J. A. H. L. y A. A. G. H.; solicitados por el grupo familiar Nº 26 (Á. J. L. A. ); (fls. 428-431, cdno. 5, 910-918, cdno. 6, 1051-1065, cdno. 7).

• Testimonios rendidos el 11 de febrero de 2008 ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda por A. A. P. T., y el 12 de marzo de 2009 ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía por M. E. A. G. y N. J. R. T.; solicitado por el grupo familiar Nº 27 (C. A. H. O.) (fls. 432-434, cdno. 5, 1071-1086, cdno. 7).

• Oficio Nº 0666 del 4 de febrero de 2008 suscrito por Comandante Batallón de Artillería San Mateo (fl. 435, cdno. 5) de cuyo contenido se extracta:

“(...) que en el municipio de Quinchía Risaralda hasta el año 2006 operaba disidencia de la cuadrilla O. W. C. O. del EPL. 

Esta cuadrilla operó durante los años 2003, 2004, 2005 hasta el 22 de julio de 2006 donde debido a la presión de las tropas del Batallón San Mateo se desmoviliza en su totalidad (...)”.  

• Testimonios rendidos el 25 de febrero de 2008 ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda por D. M. V. B. y F. C. M. (periodistas que cubrieron las noticias relativas a la “Operación Libertad”) (fls. 441-450, cdno. 5).

• Testimonios rendidos el 25 de febrero de 2008 ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda por J. A. H. A. (defensor penal de G. C. B. entre otros”) (fls. 451-460, cdno. 5).

• Testimonios rendidos el 25 de febrero de 2008 ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda por C. A. R. R. (defensor penal de J. A. U. G.”) (fls. 461-468, cdno. 5).

• Informe CTI/ SAC Nº 047 del 8 de abril de 2008 en el que se manifiesta que desde el año 1989 delinquió la cuadrilla insurgente O. W. C. O. del EPL (fls. 471-475, cdno. 5).

• Testimonios rendidos los días 6 y 12 de mayo de 2008 ante el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía por R. E. A. C., J. P. R., B. E. T. C. y F. M. C., solicitados por el grupo familiar Nº 1 (G. C. B.) (fls. 492-526, cdno. 5).

• Testimonios rendidos el 4 de febrero de 2008 ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda por J. I. R. F., y el 27 de mayo de 2008 ante el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía por H. R. V. y M. M. A., solicitados por el grupo familiar Nº 2 (D. J. V. G.) (fls. 352-357, cdno. 4, 535-526, cdno. 5).

• Testimonios rendidos el 11 de agosto de 2008 ante el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía por R. A. A., F. J. C. C., G. C. T. V., solicitados por el grupo familiar Nº 6 (O. P. P.); (fls. 572-596, cdno. 5)

• Testimonios rendidos el 15 de septiembre de 2008 ante el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía por O. A. L., J. H. F. D. y S. J. G. S., solicitados por el grupo familiar Nº 7 (E. G. B.) (fls. 607-628, cdno. 5).

• Testimonios rendidos el 25 de agosto de 2008 ante el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía por E. J. L. G. y J. L. R. S., solicitados por el grupo familiar Nº 4 (G. A. C. L.) (fls. 639-649, cdno. 5).

• Testimonios rendidos los días 21 de julio y 11 de septiembre de 2008 ante el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía por A. M. M. B., A. M. C. C., E. J. C. G. T. y J. E. E. R., solicitados por el grupo familiar Nº 3 (E. T. C. ) (fls. 664-688, cdno. 5).

• Testimonios rendidos el 6 de octubre de 2008 y el 2 de julio de 2009 ante el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía por O. C. R., J. P. T. y J. I. R. H., solicitados por el grupo familiar Nº 10 (J. E. T. H.) (fls. 697-709, cdno. 6, 1171-1177, cdno. 7).

• Testimonios rendidos el 24 de septiembre de 2008 ante el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía por J. I. M. A., L. E. V. R., solicitados por el grupo familiar Nº 12 (M. T. M. P.) (fls. 715-732, cdno. 6).

• Testimonios rendidos el 21 de octubre de 2008 ante el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía por E. F. I. S., L. E. R. R. y K. L. Q., solicitados por el grupo familiar Nº 15 (E. A. H. P.) (fls. 781-803, cdno. 6).

• Testimonios rendidos el 6 de noviembre de 2008 ante el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía por R. J. V., B. M. V. y L. E. M., solicitados por el grupo familiar Nº 17 (F. N. C. G.); (fls. 811-828, cdno. 6).

• Testimonios rendidos el 20 de noviembre de 2008 ante el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía por R. E. A. P. y L. A. P. A., solicitados por el grupo familiar Nº 18 (H. F. B.S.) (fls. 835-852, cdno. 6).

• Testimonios rendidos el 26 de noviembre de 2008 ante el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía por A. O. I. y A. J. F. F., solicitados por el grupo familiar Nº 19 (H. F. S. S.) (fls. 859-873, cdno. 6).

• Testimonios rendidos el 18 de diciembre de 2008 ante el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía por A. J. C. M., S. J. C. G. y O. A. L., solicitados por el grupo familiar Nº 21 (J. S. S. G.) (fls. 928-944, cdno. 6).

• Testimonios rendidos el 14 de enero de 2009 ante el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía por J. A. T. y J. I. R. P., solicitados por el grupo familiar Nº 22 (M. J. M. A.) (fls. 951-966, cdno. 7).

• Testimonios rendidos el 29 de enero de 2009 ante el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía por A. J. C. M., S. J. C. G. y m.(sic) R. G. B., solicitados por el grupo familiar Nº 23 (O. B.M.) (fls. 974-994, cdno. 7).

• Testimonios rendidos el 5 de febrero de 2009 ante el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía por L. E. V. R. y L. R. R. Á., solicitados por el grupo familiar Nº 24 (W. A. L. L.) (fls. 997-1017, cdno. 7).

• Testimonios rendidos el 17 de febrero de 2009 ante el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía por R. G. C. y E. D. O., solicitados por el grupo familiar Nº 25 (A. T.) (fls. 1025-1043, cdno. 7).

• Testimonios rendidos el 13 de abril de 2009 ante el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía por M. C. G. T., J. A. T. C. y J. I. R. H., solicitados por el grupo familiar Nº 28 (L. A. M. C.) (fls. 1096-1114, cdno. 7).

• Testimonios rendidos el 2 de abril de 2009 ante el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía por H. V. G. y J. D. V. G., solicitados por el grupo familiar Nº 29 (N. J. M. A.); (fl. 1196-1217, cdno. 7).

5. Alcance de la apelación.

Como las dos partes interpusieron recurso de apelación, la Sala puede decidir el asunto sin limitación alguna, conforme al artículo 357 del Código de Procedimiento Civil.

Cabe advertir, que el demandante presentó en tiempo recurso de apelación adhesiva, al estimar que lo montos reconocidos por el tribunal de primera instancia deben ser revalorados.

Es procedente adherir a cualquier recurso de apelación presentado por las partes, bajo los siguientes presupuestos: i) que el apelante adhesivo no haya presentado apelación principal; ii) al ser accesorio corre con la suerte del principal; iii) debe ser interpuesto hasta antes del vencimiento del plazo para alegar de conclusión en segunda instancia, de conformidad con el artículo 353 del Código de Procedimiento Civil y se entiende interpuesto en lo que la sentencia apelada le fuere desfavorable.

En cuanto a este último aspecto la Sala ha hecho las siguientes precisiones:

“.... la norma dispone que la apelación adhesiva se entiende interpuesta “... en lo que la providencia apelada le fuere desfavorable...”. Este aspecto de la norma es más problemático de analizar, porque requiere una interpretación adecuada para que la figura adquiera sentido. 

Una primera interpretación podría sugerir que al apelante adhesivo se le estudia todo lo que le fuere desfavorable de la sentencia, siempre que quepa dentro del recurso de apelación principal, al cual ha adherido.  

Otra interpretación entendería que por el sólo hecho de apelar, en forma adhesiva, el recurrente tiene derecho a que el ad quem le estudie todos los aspectos de la sentencia que le sean desfavorables. Esta postura cita en su defensa que la norma dispone, clara y expresamente, que la parte adhiere (...) en lo que la providencia apelada le fuere desfavorable (....).  

Esta posición daría lugar a pensar que al apelante principal sólo se le pueden estudiar los puntos de su apelación, a pesar de ser la parte que cumplió con los términos para interponer el recurso; pero al apelante adhesivo, al que los dejó vencer, se le analizan todos los aspectos que le fueren desfavorables. En este orden, este recurso se comportaría como una consulta en su favor, beneficiando al incumplido. 

Este criterio ya la expresó la Sección Tercera, en la sentencia de octubre primero de 2008 —Exp. 17.070—, al señalar que: ‘La Sala, advirtiendo los problemas hermenéuticos y lógicos que ofrece el artículo 353 Código de Procedimiento Civil, y admitiendo que las dos posiciones planteadas tienen insuficiencias, aunque también arrojan análisis correctos en algunos aspectos, entiende que la apelación adhesiva comporta, para los efectos que en adelante se presenten sobre este tema, que el apelante adhesivo tiene derecho a que le estudien, sin limitaciones, la posición en que lo dejó la sentencia del a quo’. 

Este criterio se fundamenta en el propio artículo 353 Código de Procedimiento Civil, que dispone que el ad quem debe estudiar su situación ‘... en lo que la providencia apelada le fuere desfavorable...’, es decir, que en relación con el apelante principal no opera el principio de la no reformatio in pejus, quien podrá ver desmejorada su situación, por autorización expresa de esta norma, pues no otra interpretación cabe del aparte citado. 

No obstante, aclara la Sala, precisando el alcance de esta figura procesal, que el mismo tratamiento se le debe dar al apelante principal, es decir, que en relación con él también se estudiará la sentencia del a quo -por razones lógicas y de igualdad procesal- en todo lo que le fuere desfavorable. 

En otras palabras, los asuntos sometidos por éste al debate, dado que se abrirá el recurso de manera completa, en virtud de la apelación adhesiva, impone que frente a él —que fue la parte que apeló en tiempo— también se aplique la misma situación en que queda el apelante adhesivo, mal podría éste resultar mejor tratado, desde este punto de vista, que el apelante principal. 

En conclusión, la Sala estudiará el proceso sin limitación alguna, advirtiendo que no opera la figura de la no reformatio in pejus para las partes, con lo cual queda abierto el proceso, de manera plena, y por esta razón se estudiará la demanda y su contestación, como pasará a analizarse”.(268) 

De manera que la presentación del recurso de apelación adhesiva, por parte del demandante, impone resolver no solo el objeto de la apelación, sino también todo lo que sea desfavorable para ambas partes. No hay, pues, lugar a aplicar el principio de “no reformatio in peius”.

6. Problema jurídico.

Le corresponde a la Sala determinar si existió responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad a la que fueron sometidos algunos de los hoy demandantes, teniendo en cuenta que posteriormente mediante providencia del 28 de julio de 2005 la Fiscalía General de la Nación Unidad Delegada ante el Tribunal Superior decidió precluir la investigación penal y revocar las medidas de aseguramiento impuestas en razón al principio de in dubio pro reo.

7. Análisis de la Sala.

6.1.(sic) De conformidad con los elementos de prueba obrantes en el expediente, se encuentra probado el daño causado a los demandantes, es decir, está debidamente acreditado que los señores G. C. B., D. J. V. G., E. T. C., G. A. C. L., J. A. T. B., O. P. P., E. G. B., J. I. C. M., F. L. A., J. E. T. H., E. S. V. M., M. T. M. P., C. A. L. R., D. J. V. T., E. A. H. P., F. J. R. S., F. N. C. G., H. F. B.S., H. F. S. S., J. A. L. M., J. S. S. G., M. J. M. A., O. B.M., W. A. L. L., A. T., Á. J. L. A., C. A. H. O., L. A. M. C. y N. J. M. A., estuvieron vinculados a un proceso penal como presuntos responsables de los delitos de terrorismo y rebelión, con excepción del señor G. C. B. a quien se le adelantó la investigación por los punibles de secuestro extorsivo y rebelión, en el marco del cual se ordenó la captura de cada uno de ellos, y posteriormente su detención preventiva, medidas que se hicieron efectivas, por lo que ciertamente estuvieron privados de su libertad.

6.2. En cuanto al régimen de responsabilidad aplicable en estos casos, se debe precisar que el fundamento legal de la responsabilidad a cargo del Estado por daños causados con ocasión de la privación injusta de la libertad estaba constituido por el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, que disponía:

“Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiese sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”. 

En interpretación de dicho artículo, el criterio de esta corporación en relación con la responsabilidad que le asiste al Estado por los casos de injusta privación de la libertad, es el siguiente:

“En este orden de ideas, se señala que de manera unánime, la Sala ha adoptado el criterio conforme al cual quien hubiera sido sometido a medida de aseguramiento de detención preventiva, pero finalmente hubiera sido exonerado de responsabilidad mediante sentencia absolutoria definitiva o su equivalente(269), con fundamento en que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de hecho punible, tiene derecho a la indemnización de los perjuicios que dicha medida le hubiera causado, sin necesidad de acreditar que la misma fue ilegal, errada, o arbitraria, dado que en dicha norma el llegislador calificó a priori la detención preventiva como injusta. 

En otros términos, cuando en la decisión penal definitiva favorable al sindicado, el juez concluye que las pruebas que obran en el expediente le dan certeza de que el hecho no existió, o de que de haber existido, no era constitutivo de hecho punible, o de que el sindicado no fue el autor del mismo, la medida de aseguramiento de detención preventiva que en razón de ese proceso se le hubiera impuesto deviene injusta y por lo tanto, habrá lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que la misma le hubiera causado, tanto al sindicado, como a todas las demás personas que demuestren haber sido afectadas con ese hecho, sin que para llegar a esa conclusión, en los precisos términos del último aparte de la norma citada, se requiera realizar ninguna otra indagación sobre la legalidad de la medida de aseguramiento que le fue impuesta a aquél”(270).

El mismo criterio continúa aplicándose aun después de la derogatoria del Decreto 2700 de 1991, pero no como una aplicación ultractiva de este último, sino de los supuestos en él consagrados que, se entiende, derivan directamente del artículo 90 de la Constitución Política(271). Al respecto se ha dicho:

Es importante precisar que las hipótesis establecidas en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal de 1991 (D.L. 2700), al margen de la derogatoria de la disposición, han continuado rigiéndose por una perspectiva objetiva de responsabilidad. En consecuencia, el régimen aplicable para definir si la privación de la libertad fue injusta en estos tres supuestos es el objetivo, inclusive con posterioridad a la Ley 270 de 1996, en los términos precisados por la jurisprudencia de la corporación(272).  

En consecuencia, la Subsección no avala una aplicación ultractiva del citado precepto legal (art. 414) que se encuentra derogado, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo. No quiere ello significar, entonces, que se estén modificando los efectos en el tiempo de una norma que se encuentra claramente abrogada. Sin embargo, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, por ser una institución donde rige el principio iura novit curia, es posible que el juez adopte o acoja supuestos de responsabilidad objetiva o subjetiva, lo cual dependerá del fundamento en que se soporte la misma.  

Es decir, cuando se absuelve al procesado porque el hecho no existió, no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, el régimen de responsabilidad es el objetivo y, por consiguiente, no será determinante a la hora de establecer la responsabilidad de la entidad demandada si actuó o no de manera diligente o cuidadosa.  

Lo anterior, lejos de suponer una aplicación ultractiva del derogado artículo 414 del Decreto-Ley 2700 de 1991, implica el reconocimiento de que en esos supuestos resulta injustificado imponer al administrado la carga de acreditar que la administración pública incurrió en una falla del servicio. Por el contrario, la fuerza y contundencia de los motivos que generan la absolución en este tipo de circunstancias (el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o el hecho no constituía conducta punible), refuerza la idea de que bajo esas premisas impera un esquema objetivo de responsabilidad en el que la autoridad judicial que impuso la medida de aseguramiento no puede exonerarse del deber de reparar con la acreditación de que su comportamiento fue diligente o cuidadoso(273).

Ahora bien, en sentencia de unificación de jurisprudencia de 17 de octubre de 2013, el pleno de la Sección Tercera(274) concluyó que, aun en los casos en los que la decisión absolutoria se produce por cuenta de la aplicación del principio in dubio pro reo, el régimen de responsabilidad aplicable es de carácter objetivo, fundado en el daño especial, en tanto que:

“la injusticia de la privación de la libertad en éstos —como en otros— eventos no deriva de la antijuridicidad o de la ilicitud del proceder del aparato judicial o de sus funcionarios, sino de la consideración consistente en que la víctima no se encuentra en el deber jurídico de soportar los daños que le irroga una detención mientras se adelantan la investigación o el correspondiente juicio penal pero que a la postre culmina con la decisión absolutoria o pronunciamiento judicial equivalente que pone en evidencia que el mismo Estado que ordenó esa detención no pudo desvirtuar la presunción constitucional de inocencia que siempre cobija al afectado: antes, durante y después de los aludidos investigación o juicio de carácter penal”. 

De acuerdo con estos lineamientos, el caso bajo estudio implica una responsabilidad de carácter objetivo en la que no es necesario probar que la autoridad judicial incurrió en algún tipo de falla; al damnificado le basta con acreditar que contra él se impuso una medida privativa de su libertad en el trámite de un proceso judicial, que culminó con una decisión favorable a su inocencia y que le causó un daño con ocasión de la detención. Con esa demostración, surge a cargo del Estado la obligación de indemnizar los daños sufridos. Ello no obsta para que, en cumplimiento de la función admonitoria que debe cumplir la providencia contencioso-administrativa en función de la no repetición, se analice, y descarte o adopte, en cada caso y en atención a sus particularidades, la pertinencia de dar aplicación a un régimen de responsabilidad subjetiva basado en la falla del servicio.

6.3. Para resolver el caso concreto, la Sala tomara individualmente a cada uno de los afectados directos correspondientes a los grupos familiares antes relacionados, pues aunque la providencia que revocó las medidas de aseguramiento y dictó la preclusión de la investigación penal es la misma; las resoluciones que dictaron las medida de aseguramiento y las que profirieron resolución de acusación son diferentes. La detención de cada uno de los hoy demandantes como afectados directos, por parte de miembros de la Fiscalía General de la Nación, se hizo efectiva en momentos diferentes, así:

6.3.1. G. C. B.: la Sala encuentra acreditado que fue efectivamente privado de su libertad el 28 de septiembre de 2003 sindicado por los delitos de secuestro extorsivo y rebelión, una vez rendida la indagatoria, la Fiscalía Delegada Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario mediante providencia del 30 de septiembre de 2003 le impuso medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva; posteriormente en providencia del 23 de julio de 2004 el Fiscal Delgado Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario profirió resolución de acusación.

Finalmente, mediante providencia del 28 de julio de 2005, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca decidió revocar la medida de aseguramiento impuesta, decretar la preclusión de la investigación y ordenar su libertad inmediata al considerar que:

“En relación con este sindicado asegura E. R. desde el inicio de la imputación, que no conoce a C. B. pero que se sabe públicamente que es simpatizante del EPL, suministrándoles ropa, medicamentos o elementos de toda clase. No sabe cómo financió su campaña política, pero se reúne con ellos. Esta afirmación, que concuerda con la apertura de su declaración en donde manifiesta que con posterioridad a la emboscada se dedicó con su amigo C. a investigar, denota que su conocimiento es de oídas. De modo que, por sí solo, no tiene los alcances que la ley exige para fundamentar en él la resolución acusatoria. Ellos, sin olvidar que se trata del cuñado de E. G. E., quien involucró a C. B. entre los autores de su secuestro, hecho desvirtuado, lo que bien pudo influenciar el testimonio de E. R. contra el concejal. 

La sindicación por rebelión contra C. B. tampoco puede fundamentarse en el testimonio de R. J. C., porque su conocimiento de los hechos se denota vago v errático, al punto que menciona el secuestro de J. M. D. M. y menciona conversaciones entre G. T. y alias L. para ese propósito (...) 

En igual sentido, pero sin precisar la forma como obtuvieron el conocimiento, y tratándose de testigos de dudosa credibilidad, tal como quedó expuesto al tratar el asunto del secuestro de E. G. E., declaran D. J. M. A. y D. F. O. R. (...). 

También se cita como prueba de cargo el testimonio de E. C., quien clara y escuetamente manifiesta a folio 55 del ce 20, refiriéndose a G. T., G. C. B. y E. S.: “tengo conocimiento a través de los medios informativos que tenían vínculos con la guerrilla, razones por las que están privados de la libertad”... 

Así planteada la situación de G. C. B., se revocará la resolución acusatoria con que se le cobijó”. (...) 

El secuestro de E. G. E. (...) 

Se llega a dos conclusiones inevitables, primera: ningún miembro del grupo armado suministró a E. G. E. información acerca de la intervención de los sindicados en el secuestro, por lo tanto, esos nombres no los ocultó ni omitió deliberadamente a las autoridades: simplemente no los conoció durante su cautiverio. SEGUNDA: el conocimiento de esos nombres e identidades, lo atribuye el testigo a información suministrada por el fallecido A. V., siendo por lo tanto (de ser cierto), conocimiento de oídas, imposible de verificar. De donde se seguiría una tercera conclusión: el testimonio de E. G. E., aun habiendo tenido real ocurrencia la reunión de L., es insuficiente para acusar a los sindicados por su secuestro. 

Pero las circunstancias arriba anotadas, que demuestran la imprecisión en cuanto a la fecha de la citada reunión con A. V., y hasta con respecto a la fecha de fallecimiento de éste último, y las informaciones vertidas a la investigación preliminar Nº 49547 sobre la imposibilidad de identificar a los autores del secuestro, que motivaron la resolución inhibitoria, contra la cual no se interpuso por el interesado recurso alguno, ni se solicitó su revocatoria ante la aparición de prueba sobreviniente, configuran un mar de contradicciones insalvables que conduce a concluir que la tan mentada reunión nunca tuvo lugar. Entonces la sindicación de G. E., no es idónea para fundamentar la acusación por su secuestro, contra los acusados. 

Veamos si del examen de los demás testimonios citados en respaldo de la acusación, puede válidamente arribarse a conclusión diferente. 

La Fiscalía del conocimiento estructura la acusación contra los sindicados G. T. V., J. A. U. F., G. C. B. y A. J. O. O., por el secuestro de E. G. E., a partir de la credibilidad que le merecen las ya analizadas afirmaciones de este último y los testimonios de C. H. E. R., R. J. C. V., J. M. A. I., D. F. O. R. y D. J. M. A. En beneficio del total esclarecimiento de los hechos, debe dejarse precisado desde ahora que del análisis conjunto de la prueba testimonial, surge sin dificultad que quien sirvió de fuente al conocimiento de los testigos de cargo para la imputación de secuestro a los sindicados, fue precisamente E. G. E. (Subrayado propio).

Recapitulando, se ha descartado que la percepción de las identidades de los sindicados, como autores de su plagio, haya ocurrido durante la retención de G. E. Se ha concluido el improbable origen de la mención de esos nombres, en el dicho inverificable de la persona fallecida A. V.; quien, por lo demás, de haberlo suministrado, no informó a su interlocutor la fuente de su conocimiento, ni las circunstancias en que fue obtenido. 

Conforme a las exigencias del artículo 277 del Código de Procedimiento Penal se examinará enseguida el testimonio de C. H. E. Dada la relevancia que tiene en este asunto, se reseñarán inicialmente aspectos de la personalidad de este testigo. 

Dijo a la Fiscalía que residía en Quinchía desde 1996. No obstante, con las pruebas documentales obrantes a folios 86 a 94 del ce 6 se acredita que ello no es cierto. Dice que era comerciante en las veredas, actividad de la cual derivó su conocimiento de los hechos que narra. Pero tampoco, conforme a las declaraciones de los folios 105 a 108 ce 17, y el documento de folio 115 del mismo, tal afirmación merece credibilidad. Además, al folio 29 del cuaderno de copias Nº 38 aparece fotocopia del libro de presentaciones en el juzgado de Quinchía, donde se observa claramente que realizó su primera presentación allí el 12 de junio de 2001, con ocasión de la condena proferida por el delito de homicidio, proferida por el juzgado 28 Penal del Circuito de Medellín. Pero además, al preguntársele por el conocimiento que tenía de los hechos materia de investigación, contestó: “cuando nosotros nos dimos cuenta, por la misma gente, nosotros, o sea C. que es un amigo y yo, nos pusimos a investigar sobre esos hechos y empezamos a investigar y descubrimos que...”. De todo lo cual se concluye que su conocimiento es solo de oídas y que en realidad nada la consta por haberlo percibido de manera directa y personal, o al menos de fuente creíble susceptible de verificación. 

Es tan cierto que E. R. no fue testigo de los hechos investigados, y que su conocimiento deriva de la misma gente, que afirma que su descubrimiento posterior de que J. apodado “EL B.” estaba hablando horas antes de los hechos con el jefe del EPL que se llama L., lo obtuvo de A., que vive en Medellín, a quien no le sabe el apellido y de la que desconoce la dirección; y de P. Q., de quien no sabe si vive en Quinchía y no sabe más. (Dígase de una vez, que el señor P. Q. B., manifiesta ante notario público y bajo juramento, que no conoce al testigo en cuestión. Fl. 262 ce. 37). De modo que su conocimiento se deriva de rumores generales de la gente, y de la consulta a personas que no se saben dónde viven o viven en Medellín, pero sin dirección conocida, de las que ni siquiera sabe cómo se llaman. 

Cuando ocurrió el secuestro de su cuñado E. G. E., este testigo no vivía en Quinchía, como está ampliamente acreditado en la investigación. Por tanto, ningún conocimiento directo tiene de ese hecho. En cambio, ya se reseñó que E. G. E. le comentó su propia lucubración acerca del plagio y sus colaboradores, por lo que no se dificulta colegir que las manifestaciones que sobre este asunto vierte el expediente, no son más que las mismas que indicó su concuñado, sin que aporte ningún elemento de conocimiento independiente que pueda ser objeto de valoración. 

(...) 

En síntesis, a C. H. E. R. nada pudo constarle directamente en cuanto a las circunstancias y autores del secuestro del concuñado E. G. O., pues para la época de su ocurrencia estaba en Medellín, estando demostrado que sólo arribó a Quinchía a mediados del 2001. Lo relativo a la investigación sobre este hecho, no es otra cosa que lo que le contó su pariente, y lo percibido de oídas. Y los fenómenos que relató para dar mayor credibilidad a su relato no resultaron ciertos. 

Otro de los testigos que sirve de fundamento al cargo por el secuestro de E. G. E., es R. J. C. V. En relación con este hecho, hizo durante la investigación varias referencias, visibles a los folios 298, 299 y 304 del cuaderno de copias Nº 1; y 187 y 204 de copias Nº 28. Las que para mayor claridad transcribimos a continuación. 

Otro es un concejal G. C., él fue el que ayudó al alcalde actual a que secuestraran a J. M. me parece que es D. M., para que éste no ganara la alcaldía, ...en cuanto al secuestro del señor J. M., este alcalde actual habló personalmente con L., les pagó al EPL, una suma de dinero muy alta, varios millones para que los retuvieran, pero que no le fueran a hacer daño, sino que cuando pasaran las elecciones lo largaran, y efectivamente lo secuestraron y a los tres meses lo soltaron cuando ya salió electo este alcalde y se posesionó en el cargo... en cuanto a los secuestros recuerdo el de E. G. tal como lo dije anteriormente, fue ordenado por L. y por petición del alcalde actual de Quinchía.” (fls. 298, 299 y 304 ce 1). 

“PREGUNTADO: conoce usted al señor J. M. D. CONTESTO: sí. Lo conocía por intermedio de don A. B. S. Que él era muy amigo de este señor y él bajaba a veces a la casa de él y a veces en Quinchía. PREGUNTADO: Vio usted al señor J. M. D. CONTESTO: sí... es flaco, blanco,... la última vez que lo vi fue hace un año en Quinchía en una cafetería. PREGUNTADO: Diga al despacho si conoce usted a J. A. U. CONTESTO: No” (fl. 187 ce 28). 

PREGUNTADO: En qué se fundamenta usted para afirmar bajo la gravedad del juramento que el concejal G. C. fue el que ayudó al alcalde actual G. T. V. a que secuestraran al señor J. M...en qué se fundamenta usted para esa afirmación CONTESTO: Pues como ustedes tienen entendido él iba a ser lanzado a la alcaldía don J. M. y como era una persona correcta no se dejaba sobornar por nadie, entonces ahí fue donde lo secuestraron el señor G. T. con I. lo secuestraron. Yo me fundamento en que él mismo le comentó a la tía M., le comentó I., L. para mejor decir, yo estaba junto con la tía M. cuando L. le dijo, que este señor J. M. no era el ideal para mandarlo a la alcaldía, yo mismo le dije a don A. B. S. que sacara una carta para que se la mandara a L. por su liberación, yo se le entregué a un señor de estos de la EPL que estaban en la vereda de Villarrica y yo le dije que le entregara personalmente la carta a L...PREGUNTADO: Cómo sabe usted que T. V. pagó el secuestro del señor J. M. D. M. CONTESTO: Muy sencillo L. mismo nos dijo que este señor auto prestaba la plata y luego se la regresaran y así fue, no me entendió, ejemplo yo voy a ser a ser lanzado a la candidatura yo saco una plata de la misma alcaldía para dársela a equis persona cuando ya esa persona estaba secuestrada y que yo gano la alcaldía usted me la devuelve y así fue” (fl. 204 ce 28). 

No es mucho el comentario que merece la nula fidelidad de este testimonio con la realidad. Para él, que se aprecia precisamente de gozar de una amistad personal y confianza sin igual con el máximo comandante del grupo insurgente, relación a la cual atribuye su conocimiento de los hechos que narra, el comandante I. es el mismo L. Lamentablemente para su credibilidad, esta investigación estableció claramente que el aquí conocido como comandante I. falleció en forma violenta en enfrentamiento con las autodenominadas FARC el 14 de abril de 2001. Lo que no le impide a C. V. afirmar, el 25 de febrero de 2004, que “hace seis meses que no lo he vuelto a ver. 

Luego relata que G. T. y G. C., junto con I. o L., secuestraron al candidato a la alcaldía J. M. D. M. Persona esta que según las informaciones que obran al expediente falleció desde 1998 y nunca estuvo secuestrada. Lo que tampoco le impide al testigo haberlo visto un año antes de su declaración en una cafetería de Quinchía. Asegura que el candidato secuestrado fue liberado a los tres meses, luego de que su secuestrador G. T. se había posesionado como nuevo alcalde; desde luego, en contravía con lo demostrado, pues la verdad probada demuestra que el secuestro de G. E. duró 25 días y que su liberación se produjo antes de elecciones y, por lo tanto, mucho antes de la posesión de T. V. 

(...) 

“Francamente resulta inverosímil la imagen de un feroz comandante guerrillero llevando muestras de armas o uniformes a la “tía M.”, para informarla de qué determinada persona había colaborado con la organización al margen de la ley. Ni merece ningún crédito quien afirma, una vez, que desde sus abuelitos había vínculos con grupos armados ilegales, y otra vez, que en su familia nadie ha pertenecido a dichos organismos delincuenciales. Menos quien arguye distinguir auxiliadores y guerrilleros de la población civil, a partir del comportamiento público, pues los primeros de “la noche a la mañana ya no quieren hacer nada, bien vestidos, ya le alzan la voz a las personas y siempre andan con malicia”. O quien para explicar el fundamento de una de sus afirmaciones más graves, asegura de manera definitivamente confusa que es “muy sencillo L. mismo nos dijo que este señor autoprestaba la plata y luego se la regresaba y así fue, no me entendió, ejemplo voy a ser lanzado a la candidatura yo saco una plata de la misma alcaldía para dársela a equis persona cuando ya esa persona que está secuestrada y que yo gano la alcaldía usted me la devuelve y así fue” (fl. 204 ce. 28). Rarísima explicación en la que el candidato saca la plata de la alcaldía cuando no tiene acceso a recursos públicos, se la da a una persona que va a ser secuestrada, y cuando esa persona ya está secuestrada y el candidato que sacó la plata de la alcaldía, el otro se la devuelve. Propia, esa explicación, de que no sabe ni siquiera de qué estaba hablando. Y si esa misma persona afirma de los encartados que “son cómplices de otras cosas que desconozco” (fl. 298 ce 1), su credibilidad ante esta instancia es absolutamente nula. 

Por todo lo anterior, a esta altura para este despacho las declaraciones de E. G. E. C. H. E. R. v R. J. C. V. no merecen credibilidad necesaria para sobre ella sostener la acusación por el secuestro del primero, objeto de alzada. 

Examinemos ahora el testimonio de J. M. A. I. Para respaldar su credibilidad, la fiscalía del conocimiento descarta la posibilidad de una suplantación personal (fl. 152 ce 36), para lo cual se apoya en la conclusión a que en este sentido llegó la unidad de Policía Judicial, el informe 065 del 22 de abril de 2004 (fl. 108 ss. ce 32). 

Requisito esencial de la prueba testimonial, es la identidad del testigo. Así se desprende de una de las reglas a que debe sujetarse la recepción del testimonio, consagrada en el numeral 1º del artículo 276 del Código de Procedimiento Penal. En concordancia en su apreciación se deben tener en cuenta la personalidad del declarante, la forma como hubiere declarado, y las singularidades que pueden observarse en el testimonio, según el 277 ib. Y es, precisamente, la identidad de quien se presentó como J. M. A. I., lo que no aparece tan meridiano claro como lo estima la fiscalía instructora. 

Quien ha declarado en esta investigación usando la identidad de J. M. A. I., no es otro que su primo H. F. H. I. No se requiere ser un calificado fisonomista para concluir que las fotografías visibles a folios 118 del ce 32 y 13 del ce 38, corresponden a la misma persona, y que las sutiles diferencias que en esa comparación se aprecian, corresponden a las consecuencias naturales de la edad, a las huellas del paso del tiempo. 

La operación mental que hay que realizar para llegar a esta conclusión, no es tan compleja. J. M. A. I. nunca tramitó su cédula de ciudadanía. Fue aprehendido como indocumentado desde ese momento cambió su segundo apellido por el segundo de su señora madre y suministró el número de la cédula de ésta, que, como quedó plenamente establecido corresponde a un cupo numérico reservado al género femenino. Con fines que no son materia de este proceso, H. F. H. I. aprovechó esa situación y utilizando el registro civil de su primo, tramitó la cédula de ciudadanía que usa, la cual, por estas razones, tiene toda la apariencia de legalidad. 

La Unidad de Policía Judicial al realizar las diligencias plasmadas en el informe 065 del 22 de abril de 2004 comparó las huellas de quien se encuentra privado de la libertad v se presenta como A. G. Con las de quien se arroga la identidad de A. I. El resultado, lógicamente, tenía que ser el que se consigna en ese informe, pues es obvio que estas son dos personas distintas. Pero la comparación que debía hacerse v no se hizo, era la de la huella plasmada al folio 13 ce 38. De H. I. Con la de quien se presenta como A. I. De haberse realizado este cotejo, conforme a las demás pruebas reseñadas, seguramente el resultado hubiera sido que tales huellas corresponden a una misma persona, con lo que se demostraría técnicamente la suplantación. La fiscalía no realizó esta prueba. Pero de ahí no se sigue que no hay suplantación, porque a la conclusión contraria se llega sin dificultad con los demás medios de prueba legal y oportunamente aportados. 

Ahora bien. ¿Cómo atribuirle credibilidad a quien engaña tan burdamente a la administración de justicia, en un aspecto tan trascendental, como la verdadera identidad? Ello, desde luego, resulta imposible. El citado antecedente es suficiente para descartar su credibilidad. 

(...) 

Se examinará ahora el testimonio de D. F. O. R. El punto del secuestro de (sic) G. E., el testigo asegura bajo la gravedad del juramento que el lunes 25 de septiembre del año 2000 yo iba a viajar...estaba sentado en el suelo en un murito al pie de la puerta del restaurante conocido como la casona, ...eran aproximadamente las 5 y 30 de la tarde más o menos, y en el interior de ese restaurante, se encontraba allí la señora M. L. M. exalcaldesa de Quinchía, H. C., A. O., el actual alcalde de Quinchía, de nombre G. T., C. A. T. director de la UMATA. .y alcancé a escuchar que le dijo la señora M. L. M., le preguntaba a H. C. que ya estaba listo el negocio, que era para secuestrar al señor E. G., yo en ese momento escuché que hablaban sobre el secuestro de él, trataban era ese tema... 

Este episodio no parece haber tenido ocurrencia. En la investigación se acreditó de manera inobjetable que para el 25 de septiembre de 2000 a las 5 y 30 de la tarde, cuando O. R. afirma haber presenciado la reunión y oído los comentarios del restaurante LA CASONA, la alcaldesa M. L. M. MONROY se encontraba en Pereira; que ingresó a su lugar de residencia en esa ciudad, ...a las 12:30, vestida de color verde, lugar del que solo salió el día 26 siguiente a las 9:30 para dirigirse al centro de la ciudad. Y que sólo viajó a Quinchía el día 27 de septiembre en horas del mediodía. 

(...) 

Las anteriores son razones más que suficientes para afirmar que la famosa reunión conspirativa del restaurante la casona, tampoco existió. Como corolario, el testimonio de D. F. O. R. no se tendrá en cuenta como prueba de cargo contra los sindicados de que se ocupa esta decisión. 

(...) 

Ante ese panorama de incertidumbre, esta instancia considera de este testimonio que su credibilidad como prueba de cargo, no sirve de fundamento a determinación tan drástica como la acusación de secuestro que aquí se debate. 

Exige el artículo 397 del Código de Procedimiento Penal como requisito esencial de la resolución de acusación, que esté demostrada la ocurrencia del hecho y exista confesión, testimonio que ofrezca serios motivos de credibilidad, indicios graves, etc., o cualquier medio probatorio que señale la responsabilidad del sindicado. 

Arriba se afirmó que este estudio se limitaría a la prueba testimonial, lo que ahora se ratifica. No sólo porque los informes rendidos por los investigadores de Policía Judicial se limitan a hacer una versión más de las manifestaciones de los diversos testigos, sino precisamente porque una de las particularidades de la investigación es la dificultad para distinguir la causa de la consecuencia. A veces pareciera que el informe de investigación es la copia del testimonio, y a veces que éste es el producto de la entrevista previa entre el testigo y el investigador. Para verificar esta estrecha relación, basta examinarlas declaraciones del investigador A. C. J., rendida los días 26, 27 y 28 de enero de 2004, y visibles a los folios 269 y siguientes y 1 y siguientes de los cuadernos de copias números 26 y 27, respectivamente. 

Desde luego que esta circunstancia no es el del todo extraña, salvo por lo que denota lo limitado de la actuación investigativa. Pero es evidente que el trabajo de investigación adelantado por la policía judicial, estuvo restringido a consignar el fruto de las entrevistas y transcribir los testimonios, y no a realizar trabajo de campo que aportara elementos probatorios independientes, o al menos de verificación. 

De ahí que esta instancia se abstenga de citar como prueba en apoyo de su decisión, los numerosos informes de policía judicial, y considere que sólo es materia de examen de prueba testimonial. Con lo cual no se hace más que acoger el concepto del Ministerio Público plasmado con ocasión de su alegato de conclusiones visible a los folios 273 a 299 del ce 32, y reiterar el criterio ya plasmado por la segunda instancia, cuando correspondió a otro despacho la resolución de los recursos interpuestos contra la definición de la situación jurídica de varios procesados. 

En conclusión, esta instancia desestima los testimonios de E. G. E. C. H. E. R. R. J. C. V. J. M. A. I. D. F. O. R. D. J. M. A. Como testigos de cargo contra los aquí sindicados como autores del secuestro de que fue víctima el primero. Ello, con fundamento en el análisis individual que de los mismos aquí se plasma, que su observación en conjunto, v de las circunstancias de tiempo, modo v lugar va analizadas. (Subrayado propio) 

Por lo anterior, la acusación contra G. T. V., J. A. U. F., como determinadores del secuestro de que fue objeto E. G. E. será revocada. Efecto que se extenderá a los no recurrentes G. C. B. y A. J. O. O., por tratarse de situaciones inescindiblemente vinculadas al objeto impugnación. (...) 

6.3.2. D. J. V. G.: la Sala encuentra acreditado que fue efectivamente privado de su libertad el 28 de septiembre de 2003 sindicado por los delitos de terrorismo y rebelión, y que una vez rendida la indagatoria, la Fiscalía Delegada Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, mediante providencia del 23 de octubre de 2003, le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva. Encuentra igualmente probado que posteriormente, en providencia del 23 de julio de 2004, profirió resolución de acusación en contra suya.

Finalmente, mediante providencia del 28 de julio de 2005, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca decidió revocar la medida de aseguramiento impuesta, decretar la preclusión de la investigación y ordenar su libertad inmediata al considerar que:

“La acusación contra este sindicado está apoyada exclusivamente en la expresión de S. L. R. A. quien (fl. 182 ce 8) afirma que éste es el miliciano más pesado, que hace las diligencias para hacer masacres en las veredas, pero que no sabe qué masacres ha cometido. El informe de policía judicial 2197 que el a quo cita en su apoyo, no es otra cosa que la reproducción literal del testimonio. De modo que la acusación así fundamentada habrá de revocarse. Porque no es legal convocar a juicio a una persona con la simple información de que hace diligencias para hacer masacres, sin que se sepa en qué consisten esas diligencias, ni se tenga noticia de la ocurrencia de por lo menos una masacre, y sin que exista prueba que vincule a esa persona con la masacre debidamente probada. Menos cuando al observar la fotografía no. 5 del álbum oficial de este proceso, las hermanas A. L. y S. M. M. no reconocen en este sindicado a uno de los milicianos, colaboradores o auxiliadores del grupo alzado en armas”. 

6.3.3. E. T. C.: la Sala encuentra acreditado que fue efectivamente privado de su libertad el 28 de septiembre de 2003 sindicado por los delitos de terrorismo y rebelión, y que una vez rendida la indagatoria, la Fiscalía Delegada Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, mediante providencia del 23 de octubre de 2003, le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva; posteriormente en providencia del 23 de julio de 2004 profirió resolución de acusación en su contra.

Finalmente, mediante providencia del 28 de julio de 2005, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca decidió revocar la medida de aseguramiento impuesta, decretar la preclusión de la investigación y ordenar su libertad inmediata al considerar que:

“La acusación contra este sindicado, viene fundamentada inicialmente en el testimonio de U. H. G. B. En principio, las declaraciones de este testigo, de quien se afirma es un ex guerrillero que se acogió a los programas de gobierno que apuntan a lograr la desmovilización individual de los alzados en armas, razón por la cual la Fiscalía del conocimiento le atribuye plena credibilidad, merecería igual consideración de esta instancia y podría servir de fundamento a la decisión acusatoria. 

Pero ello no es posible ante la incertidumbre que genera la secuencia de las declaraciones rendidas por esta misma persona. Nótese que al folio 315 del ce 3, al finalizar su declaración inicial en la que ninguna mención hizo de T. C., el testigo manifiesta expresamente: “no tengo nada más para agregar a la presente diligencia”. De allí que ya produzca hesitación que veinte días después (27 de septiembre de 2003, 5:30 p.m.), comparezca y se le indague por “nuevos aportes” a la investigación, sin que tampoco mencione al sindicado. Diligencia que también se termina por no ser otro el motivo. Lo que no obsta para que enseguida aparezcan, en la misma fecha, a las 6:30, dos declaraciones adicionales del testigo, parcialmente de idéntico contenido, pero con la inexplicable particularidad, de que la segunda, termina con las expresiones referidas a S. y A., de los que afirma: “no sé en qué actividades más han participado”. Mientras la primera, hasta esa expresión idéntica, contiene un extenso relato adicional, que menciona a otras personas y actividades no interesados en la segunda. Esta situación es visible a folios 173, 173 y 181 del cuaderno de copias Nº 8. No se trata de una simple reproducción involuntaria de un mismo testimonio, sino de dos declaraciones simultáneas que contienen diferencias sustanciales entre sí. Lo cual atenta de manera directa contra la credibilidad de la prueba, imposibilita saber cuál de las declaraciones es la auténtica, genera dudas insuperables e impone que se descarte de plano la credibilidad en las afirmaciones que hace el testigo, contra este y todos los sindicado. 

Y como la sindicación que hace contra T. C. aparece precisamente en estas declaraciones, no se tomará en cuenta este testimonio como prueba de cargo contra aquel.

Examinemos entonces los testimonios de A. L. y S. M. M. R. Ninguna sindicación hizo la primera contra este procesado, durante su diligencia de indagatoria (fl. 256 a 264 ce 8). En su ampliación, durante el reconocimiento en fotografías, frente a la fotografía Nº 26 (y no la 11 como erradamente cita el a quo), asegura que E. T. suministra información, colabora con la señora que se llama M. T. y lleva por ahí tres años en la organización subversiva. 

Tampoco S. M. hizo mención alguna en su diligencia inicial de indagatoria a E. T. C. En su ampliación (fl. 217 ce 12), frente a la fotografía Nº 26 asegura que se trata de E. T., miliciano rural, cuida armas en caletas, presta la casa y la cocina para el uso de la guerrilla y lleva por ahí unos 5 años. 

En condiciones normales, la disparidad de afirmaciones de dos testigos sobre un determinado fenómeno, no puede ser visto como indicio de mentira, pues es sabido que un mismo hecho puede ser apreciado de diversas maneras, incluso tantas como sean las personas que lo aprecian. En el caso concreto, sin embargo, la comunidad de actividades y propósitos, la cercanía que une a los testigos, pues son hermanas que comparten el mismo techo, implica exigir cierta uniformidad y coherencia en las manifestaciones de lo que dicen haber percibido. Debe recordarse que las actividades de informantes que al a quo reconoce a las hermanas M. R., y que aquí se ha respaldado, según A. L., implican un estrecho trabajo de equipo, dirigido por su hermana, a quien aquella le entregaba la información obtenida. No se reclama exactitud de los testimonios. Pero las circunstancias imponen que por lo menos haya concordancia entre ellos. 

Qué es lo que no se observa en el presente caso. La información vertida por A. L. se limita a decir que es informante. No dice qué informa, ni a quién, cuántas veces lo vio suministrando información, lo que hace de la afirmación una imputación demasiado vaga y genérica. Ahora bien. El uso de la vivienda y la cocina por parte de los rebeldes, ha sido reconocido en este proceso como una imposición de aquéllos, incluso por personas directamente afectadas por el actuar de este grupo y por ex militares del mismo. La declaración de S. M. no tiene entonces por virtud de aclarar si esa probable colaboración de T. C. es voluntaria y con ánimo de pertenencia al grupo armado, o si se trata de aquel tipo de colaboración obligatoria que describen otros testigos y a la que se hace referencia en otros apartes de esta providencia. Sin la certeza sobre uno u otro tipo de comportamiento, aflora la duda sobre su naturaleza punible. Duda que entonces deberá resolverse a favor del sindicado, revocando la resolución impugnada”. 

6.3.4. G. A. C. L.: la Sala encuentra acreditado que fue efectivamente privado de su libertad el 28 de septiembre de 2003 sindicado por los delitos de terrorismo y rebelión, y que una vez rendida la indagatoria, la Fiscalía Delegada Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, mediante providencia del 23 de octubre de 2003, le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva; posteriormente en providencia del 23 de julio de 2004 profirió resolución de acusación.

Finalmente, mediante providencia del 28 de julio de 2005, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca decidió revocar la medida de aseguramiento impuesta, decretar la preclusión de la investigación y ordenar su libertad inmediata al considerar que:

“Para la fiscalía del conocimiento, R. J. C. V. es un testigo de las más altas condiciones de credibilidad. Respetando tal criterio, nos permitimos no compartirlo, pues el material probatorio arrimado demuestra que se trata de una personalidad mentirosa, característica que, por lo demás, él mismo reconoce expresamente (fls. 186, 187 ce. 28); que confunde a su supuesto íntimo amigo alias L. con alias I.; al referirse al secuestro de E. G. E. lo menciona varias veces como J. M. D. (fl. 298 ce. 1); ubica al testigo C. H. E. R. delinquiendo con alias I., siendo que aquél no fue vinculado a la investigación y fungió como unos de los principales testigos de cargo, y que no se había residenciado en Quinchía para la época en que alias I. estaba aún vivo y comandaba el grupo sedicioso (fl. 187 ce. 8); igualmente al indagársele por las actividades del doctor N. A. V. M., médico gerente del Hospital totalmente ajeno a esta investigación, lo ubica labrando la tierra y colaborándole al EPL (fl. 194 ib.); amén de las profundas contradicciones en que incurre cuando trata de explicar la forma como percibió los hechos materia de su declaración. Desde luego, estas y otras particularidades de sus declaraciones serán tenidas en cuenta al someterlas a valoración. 

Acusa a G. A. de reclutar gente para EL B. (fl. 178 CC. 8). En diligencia de reconocimiento en fila de personas agrega que un amigo suyo de quien se reserva el nombre le contó que el sindicado le había dicho que entrara al EPL, pero que no ingresó. Y que conoce a G. por andar mucho con el B., que es muy conocido en la vereda. El único dato concreto del reclutamiento es el de su amigo, quien le contó. Es información de oídas, que no pudo ser verificada, pues el testigo se negó a aportar el nombre de la persona a quien supuestamente se intentó reclutar. Por lo demás, si hubiera de creérsele, el sindicado apenas sí le dijo al anónimo amigo del testigo que entrara a la guerrilla, lo que no puede ser visto como una verdadera actividad de reclutamiento. Ahora, que el sindicado haya sido visto andando con alias el B. para ser tenido como fundamento de acusación, tendría que implicar siquiera algún indicio de que esas andanzas lo eran para la comisión de alguna actividad ilícita. No siendo así, ningún compromiso de responsabilidad puede derivarse contra G. A., con base en lo dicho por C. V. 

S. M. M. R. en su indagatoria no mencionó a G. A. C. como miliciano, militante o auxiliador de la guerrilla. Pero en diligencia de reconocimiento a través de fotografías (al contrario de su hermana A. L., quien no lo reconoció), al llegar a la fotografía 17 refirió que es un guerrillero que lleva un año en la guerrilla, en la comisión de ROBINSON, andaba uniformado con ellos, pero no sabe en qué actividades ha participado. 

Como se observa, uno de los testigos afirma que se dedica a reclutar personas para la guerrilla y anda mucho con alias EL B. No menciona que use uniformes de uso privativo de las fuerzas armadas. El otro, que lo ha visto uniformado en la comisión de alias R., y que ignora en qué actividades participa, sin mencionar las citadas de reclutamiento. La falta de coherencia v convergencia, v la debilidad de las sindicaciones en uno y otro caso, generan dudas que en este momento procesal no pueden ser superadas, y que deben ser resueltas a favor del procesado. Por ello habrá de revocarse la acusación que pesa contra el sindicado”. 

6.3.5. J. A. T. B.: la Sala encuentra acreditado que fue efectivamente privado de su libertad el 2 de noviembre de 2003 sindicado por los delitos de terrorismo y rebelión, y que una vez rendida la indagatoria, la Fiscalía Delegada Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario mediante providencia del 13 de noviembre de 2003 le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva; posteriormente en providencia del 23 de julio de 2004 profirió resolución de acusación.

Finalmente, mediante providencia del 28 de julio de 2005, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca decidió revocar la medida de aseguramiento impuesta, decretar la preclusión de la investigación y ordenar su libertad inmediata al considerar que:

“Fue acusado exclusivamente con base en la afirmación de R. J. C. V., quien afirma que entre este sindicado y J. L. se comparten las caletas y reparten lo que les pagan. Aparte de las advertencias que se han hecho sobre la credibilidad de este testigo, no se ahondó en la investigación acerca de si se trataba de caletas de armas, uniformes, secuestrados, abarrotes, o cualquiera de las especies que en esta investigación se han mencionado como objeto de custodia. Tampoco precisó el testigo el lugar de ubicación de esas caletas, ni las cantidades que les pagaban a J. T. y J. L. Y si a ello se le agrega la expresión del testigo acerca de que los sindicados “son cómplices de otras cosas que desconozco”, la imputación deviene francamente precaria. Situación ante la cual no hay solución jurídica distinta a revocarla resolución acusatoria a que cobija este sindicado (...)”. 

6.3.6. O. P. P.: la Sala encuentra acreditado que fue efectivamente privado de su libertad el 28 de septiembre de 2003 sindicado por los delitos de terrorismo y rebelión, y que una vez rendida la indagatoria, la Fiscalía Delegada Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario mediante providencia del 23 de octubre de 2003 le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva; posteriormente en providencia del 23 de julio de 2004 profirió resolución de acusación.

Finalmente, mediante providencia del 28 de julio de 2005, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca decidió revocar la medida de aseguramiento impuesta, decretar la preclusión de la investigación y ordenar su libertad inmediata al considerar que:

Se aduce como prueba contra este sindicado la declaración de U. H. G. B. Aunque la fiscalía del conocimiento cita en apoyo de su decisión el informe de policía judicial, folios 196 y 197 del cuaderno copias 4, que no corresponde a actividad alguna con respecto a este sindicado, encontrándose esta en realidad a folio 196 y 197 del ce. 8, esta instancia no tomará en cuenta esta pieza procesal, pues no es otra cosa que la reproducción literal de lo manifestado por el testigo arriba citado.

Ninguna mención hizo el testigo de O. P. en las declaraciones que obran al ce 3, ni en la visible a folios 161 a 164 del ce. 8. Aparece mencionado a folios 171 y 179 del cuaderno 8, en las dos declaraciones parcialmente idénticas pero contienen diferencias sustanciales entre sí, habiendo sido rendidas por el mismo testigo, ante el mismo funcionario y en las mismas fecha y hora, lo que anula su credibilidad, como se comentó al analizar la situación del sindicado E. T. C. Siendo la única prueba de cargo, las circunstancias anotadas imponen la revocatoria de la resolución acusatoria, sin más consideraciones”. 

6.3.7. E. G. B.: la Sala encuentra acreditado que fue efectivamente privado de su libertad el 2 de noviembre de 2003 sindicado por los delitos de terrorismo y rebelión, una vez rendida la indagatoria, la Fiscalía Delegada Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario mediante providencia del 13 de noviembre de 2003 le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva; posteriormente en providencia del 23 de julio de 2004 profirió resolución de acusación.

Finalmente, mediante providencia del 28 de julio de 2005, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca decidió revocar la medida de aseguramiento impuesta, decretar la preclusión de la investigación y ordenar su libertad inmediata al considerar que:

“N. A. R. G. (fl. 115 ce 1), asegura de E. G. B. que “anda de un lado para otro en una motocicleta grande, él es informante de la guerrilla, le dicen los movimiento de la gente, policía y soldados en Quinchía”. Posteriormente (fl. 325 ce 3), al sindicar a su padre E. G. como miembro de la subversión, asevera que, “los guerrilleros iban a la casa de él a dormir o a hacer de comer, les prestaba la casa y ellos llevaban todo”. Durante la diligencia de reconocimiento en fila de personas, (fl. 209 ce 11), hizo la siguiente afirmación: “sé que éste es colaborador es obligado, porque a los que he reconocido son obligados por la guerrilla: porque los guerrilleros llegan a las casas, no piden permiso, dentran ocupan las cocinas, lavaderos, baños, para ellos hacer sus cosas, como lavar o dormir, pero no piden el favor y ellos llegan armados...”. 

La anterior afirmación coincide con la de los exguerrilleros A. N. y B. L. (fl. 213 ce 5), quien afirma: “la organización insurgente en la actualidad no tiene sectores específicos de ubicación de campamentos, por cuanto su reducido número les facilita su presencia y permanencia en diferentes veredas del municipio de Quinchía... sectores de afectación principal y donde abusivamente utilizan las residencias para pernoctar y consumir alimentos muchas veces sin la aprobación de sus moradores”. A. L. A. (fl. 221 CC5): “Manifiesta el entrevistado que la mayoría de los campesinos les colaboran en forma de obligado y otros voluntariamente; no obstante existen algunas personas que son milicianos y tienen a sus hijos militando en el grupo, máxime que muchos de los integrantes del EPL son oriundos de esa región de Quinchía y otras localidades vecinas”. A. J. T. U., alias F.: “PREGUNTADO: De quién o quiénes recibe ayuda el grupo subversivo por usted integrado. CONTESTO: De Quinchía no sé, pero del campo todo el mundo, por temor, el miedo que infunden ellos y que obligan a los campesinos a colaborarles con alimento, prestándoles las casas para dormir v dando información sobre la llegada de la autoridad.”. P. P. S. G., alias L. (fl. 82 ce. 3): “PREGUNTADO: Relacione las personas que colaboran con esa organización con el transporte almacenamiento de armas, víveres, comunicaciones y material de intendencia. CONTESTO: nosotros utilizamos el transporte interveredal. Ellos tienen que cargar guerrilla porque les toca”. 

(...) 

Al contrastar la sindicación que hace la testigo, con las afirmaciones de quienes realmente conocieron por dentro la estructura del grupo alzado en armas, salta a la vista que las primeras están signadas por la vaguedad, mientras las segundas de manera concreta, hacen alusión al poder de intimidación v el grado de temor, mediante el cual ejerce el dominio de la zona aquella organización. De modo que sindicaciones tan gaseosas como que llevan razones y pertenecen a la guerrilla, sin consideración las circunstancias históricas en que tales fenómenos se desarrollan, no alcanzan a tener la entidad como para mantener la acusación, por lo que ésta habrá de revocarse. 

6.3.8. J. I. C. M.: la Sala encuentra acreditado que fue efectivamente privado de su libertad el 28 de septiembre de 2003 sindicado por los delitos de terrorismo y rebelión, y que una vez rendida la indagatoria, la Fiscalía Delegada Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario mediante providencia del 23 de octubre de 2003 le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva; posteriormente en providencia del 23 de julio de 2004 profirió resolución de acusación.

Finalmente, mediante providencia del 28 de julio de 2005, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca decidió revocar la medida de aseguramiento impuesta, decretar la preclusión de la investigación y ordenar su libertad inmediata al considerar que:

“En relación con J. I. C. se limita a afirmar que es guerrillero (fl. 6 ce 2). Posteriormente (fl. 86 ce 11), asegura que lo conoce hace unos 8 años porque eso hace que ella empezó a vivir por el sector donde ellos han vivido toda la vida, sin ser vecinos, pues el sindicado vive en la Vereda Versalles Alto y la testigo en San José, que está a unos 30 o 40 minutos a pie. La sindicación se concreta en que C. M., empezó a andar mucho con los hermanos y los hermanos han sido guerrilleros y él se fue involucrando y se metió a la guerrilla. 

Al contrastar la sindicación que hace la testigo, con las afirmaciones de quienes realmente conocieron por dentro la estructura del grupo alzado en armas, salta a la vista que las primeras están signadas por la vaguedad, mientras las segundas de manera concreta, hacen alusión al poder de intimidación v el grado de temor, mediante el cual ejerce el dominio de la zona aquella organización. De modo que sindicaciones tan gaseosas como que llevan razones y pertenecen a la guerrilla, sin consideración las circunstancias históricas en que tales fenómenos se desarrollan, no alcanzan a tener la entidad como para mantener la acusación, por lo que ésta habrá de revocarse” 

6.3.9. F. L. A.: la Sala encuentra acreditado que fue efectivamente privado de su libertad el 28 de septiembre de 2003 sindicado por los delitos de terrorismo y rebelión; una vez rendida la indagatoria, la Fiscalía Delegada Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario mediante providencia del 23 de octubre de 2003 le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva; posteriormente en providencia del 23 de julio de 2004 profirió resolución de acusación en su contra.

Finalmente, mediante providencia del 28 de julio de 2005, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca decidió revocar la medida de aseguramiento impuesta, decretar la preclusión de la investigación y ordenar su libertad inmediata al considerar que:

“Se fundamenta su acusación en las afirmaciones de R. J. C. V., quien afirma que el sindicado les da comida y remedio a los guerrilleros, y que cuando alias Y. resultó herida, pasó la convalecencia en la casa de aquél. 

Es sindicado además por N. T. V. (fl. 256 ce 2), quien ante la pregunta acerca de qué personas son colaboradoras del frente guerrillero, escasamente afirma: “F. L. que vive en la Vereda La Cumbre de Quinchía” limitándose a ello la imputación. Por E. A. G. G. (fls. 210 a 214 ce. 1), quien afirma que F. L. presta su casa para que coman y duerman los guerrilleros, y les brinda la información. La fotografía Nº 43 del álbum oficial, correspondiente a este sindicado, no fue reconocida como la de un miembro del grupo subversivo, por las hermanas M. R. 

Como puede verse nítidamente, las sindicaciones que vierten en su contra los testigos de cargo, no sólo son realmente precarias, sino que se enmarcan dentro de la generalidad sin llegar a concretar nada distinto al uso de la vivienda y el suministro de informaciones. No habiéndose establecido en la investigación si esos fenómenos ocurren porque voluntariamente L. A. ofrece tal colaboración, o si se trata de comportamiento asumido bajo la intimidación de las armas, lógico resulta que la acusación que pesa contra este sindicado se revoque”. 

6.3.10. J. E. T. H.: la Sala encuentra acreditado que fue efectivamente privado de su libertad el 28 de septiembre de 2003 sindicado por los delitos de terrorismo y rebelión; que una vez rendida la indagatoria, la Fiscalía Delegada Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario mediante providencia del 23 de octubre de 2003 le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva; posteriormente en providencia del 23 de julio de 2004 profirió resolución de acusación.

Finalmente, mediante providencia del 28 de julio de 2005, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca decidió revocar la medida de aseguramiento impuesta, decretar la preclusión de la investigación y ordenar su libertad inmediata al considerar que:

“En referencia a J. E. T. H., el testigo A. J. V. R. (fl. 60 ce. 1), afirma escuetamente que en Quinchía hay un primo del B., que lo apodan así también, es miliciano del EPL, vive en el pueblo pero no sabe en dónde, es ayudante de carros, ayuda en una empresa de jeeps carpati. Pero al finalizar su ampliación del 28 de agosto de 2003, al ser interrogado sobre la forma como obtuvo el conocimiento de los hechos narrados, afirmó: “sí me consta porque yo vivo por allá en esa región en la vereda de Villarrica y por los comentarios de la gente, es de público conocimiento”. Si lo que dice el testigo le consta por vivir en la vereda, lo que refiere de T. H. es producto del comentario de la gente, pues éste vive en el perímetro urbano. Este factor, y la simple afirmación de que el sindicado es miliciano, dista mucho de las exigencias para soportarla resolución acusatoria. 

Se cita también como testigo de cargo a R. J. C. V., quien se limita a decir (fl. 298 ce 1), que a J. T. le dicen el B., ayuda a reclutar y a pasar armas, pero no sabe qué tipo de armas y es miliciano. Por supuesto que si C. V. fuera testigo presencial de las actividades de T. H., entonces podría suministrar el tipo de armas y las veces que traficó con ellas siquiera de manera aproximada. Mencionaría al menos una persona que hubiera sido reclutada por este sindicado. Nada de lo que dice este testigo de manera genérica y vaga fue verificado. Por tanto, tampoco es apto para ser considerado testimonio que ofrece serios motivos de credibilidad que permita fundamentar en él la acusación. (...)  

A J. T. como el B. del pueblo, dice haberlo visto hablando con J. y también con los soldados víctimas de un hostigamiento. De ser cierta la afirmación, sin saberse el contenido de cada una de las conversaciones, pueda la duda si se trataba o no de actividades sediciosas. Y en cuanto al testigo C. A. P. T. quien simplemente manifiesta que alias EL B. es auxiliador del grupo rebelde, imputación en extremo vaga y genérica, mal puede dársele credibilidad alguna, luego de haber confesado residir desde hace más de nueve años fuera de Quinchía. Y haberse retractado de su declaración. En estas condiciones, no puede afirmarse que están acreditadas la ocurrencia del hecho y la responsabilidad del sindicado, lo que impone le revocatoria de la acusación. (...). 

6.3.11. E. S. V. M.: la Sala encuentra acreditado que fue efectivamente privado de su libertad el 2 de febrero 2004 sindicado por los delitos de terrorismo, rebelión y concierto para delinquir, y que una vez rendida la indagatoria, la Fiscalía Delegada Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario mediante providencia del 6 de febrero de 2004 le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva; posteriormente en providencia del 27 de septiembre de 2004 profirió resolución de acusación.

Finalmente, mediante providencia del 28 de julio de 2005, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca decidió revocar la medida de aseguramiento impuesta, decretar la preclusión de la investigación y ordenar su libertad inmediata al considerar que:

Aparece mencionada por R. J. C. V. en un listado de supuestos miembros del cuerpo armado al margen de la ley (fl. 297 ce 1). Al final de este listado, asegura que los mencionados son combatientes, guerrilleros netos. Por su parte A. J. V. R., al hablar de J. N. V. dice que éste tiene dos hermanas subversivas. No sólo por la precaria credibilidad que nos merece C. V., sino por la debilidad de las afirmaciones de los dos testigos, que no tiene ningún respaldo ni se refieren a ningún hecho concreto, se considera insuficiente la prueba como para fundar en ella acusación. Además, V. R. describió a E. V. M. como una persona de por ahí unos 30 años de edad, gordita, bajita, de 1.54 metro más o menos, piel morena, cabello crespo negro y largo. La diferencia en la estatura con respecto a la descripción hecha por la Fiscalía en la diligencia de indagatoria (fl. 64 ce 26), es de 7 centímetros que en esta materia resulta bastante evidente. Y en esta pieza procesal se describe a una mujer de tez trigueña y no morena como la describe el testigo. Llenándose así de dudas la claridad de este testimonio. 

Esta sindicada, que dijo en su injurada dedicarse al servicio doméstico, v mencionó nombres v direcciones de sus empleadores, sin que tal afirmación hubiera sido objeto de verificación durante la investigación, mal podría sufrir las consecuencias de la inactividad instructora, ante sindicaciones tan vagas v genéricas. La acusación con que fue cobijada, se revocará. 

6.3.12. M. T. M. P.: la Sala encuentra acreditado que fue efectivamente privado de su libertad el 30 de marzo de 2004 sindicado por el delito de rebelión, y que una vez rendida la indagatoria, la Fiscalía Delegada Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario mediante providencia del 15 de abril de 2004 le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva; posteriormente en providencia del 27 de septiembre de 2004 profirió resolución de acusación.

Finalmente, mediante providencia del 28 de julio de 2005, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca decidió revocar la medida de aseguramiento impuesta, decretar la preclusión de la investigación y ordenar su libertad inmediata al considerar que:

“La acusación contra este sindicado se fundamenta exclusivamente en el testimonio del antes comentado G. J. C. V. La sindicación se limita a decir que M. T. M. P. y A. C. son informantes, permanecen en las veredas y dan información. Pero es una expresión que, a más de vaga y genérica, está presidida de la advertencia va comentada de cuanto el testigo sabe, proviene de la misma gente que cuenta eso. De ahí que tampoco revista este testimonio la seriedad que la ley exige para el proferimiento de resolución acusatoria, la que entonces se revocará”. 

6.3.13. C. A. L. R.: la Sala encuentra acreditado que fue efectivamente privado de su libertad 26 de octubre de 2003 sindicado por los delitos de terrorismo y rebelión, que una vez rendida la indagatoria, la Fiscalía Delegada Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario mediante providencia del 13 de noviembre de 2003 le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva; y que posteriormente, en providencia del 23 de julio de 2004, profirió resolución de acusación.

Finalmente, mediante providencia del 28 de julio de 2005, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca decidió revocar la medida de aseguramiento impuesta, decretar la preclusión de la investigación y ordenar su libertad inmediata al considerar que:

“Es mencionado por R. J. C. V. al folio 297 del ce. 1, en un listado que hace el testigo de personas que según él son combatientes, guerrilleros netos que se están moviendo en la zona. No indica concretamente ninguna actividad ilícita que haya realizado el sindicado. En cuanto a la verificación realizada por la unidad de policía judicial (fl. 172 ce 4), se limita a transcribir la versión del testigo, aunque menciona información de alias EL R., sobre la muerte de un suboficial del Ejército en que este sindicado participó, la cual no fue objeto de investigación ni verificación alguna. Al punto que esa simple mención de C. V. no resulta suficiente para mantener la acusación con que se cobijó a este sindicado”. (...) 

6.3.14. D. J. V. T.: la Sala encuentra acreditado que fue efectivamente privado de su libertad el 28 de septiembre de 2003 sindicado por los delitos de terrorismo y rebelión; una vez rendida la indagatoria, la Fiscalía Delegada Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario mediante providencia del 23 de octubre de 2003 le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva; y que, posteriormente, en providencia del 23 de julio de 2004 profirió resolución de acusación.

Finalmente, mediante providencia del 28 de julio de 2005, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca decidió revocar la medida de aseguramiento impuesta, decretar la preclusión de la investigación y ordenar su libertad inmediata al considerar que:

“Se le acusa con fundamento en el testimonió le U. E. G. B. (fl. 306 CC 3), quien dice que le dicen T. y es miliciano; D. sale por días uniformado, pero no se queda con la guerrilla; y guarda armas en la casa; que su hermana M. es la mujer de L., y que tiene otra hermana que se llama A. de la que no volvió a saber nada. Genera dudas la gran diferencia que se presenta entre la descripción física suministrada por el testigo y la plasmada por la fiscalía en la diligencia de indagatoria. El testigo dice que la estatura es de 1.68 a 1.70 metros. La descripción oficial es de 1.62, es decir, una diferencia como mínimo de 6 centímetros. Aquel dice que es una persona de piel morena, cuando en realidad es trigueña. 

De otro lado, siendo que se le sindica de almacenar armamento en su residencia y usar uniformes de uso privativo de las fuerzas armadas, nada de interés encontró para la investigación durante la diligencia de allanamiento en ese lugar (fls. 154 a 157 ce anexo 2). La sindicación entonces deviene en vaga, genérica v sin respaldo probatorio alguno. Mientras que el informe de policía judicial se limitó a repetir la afirmación de que es miliciano v establecer el presunto parentesco del sindicado con A. Sin lograr individualizar e identificar a la mencionada como M. La información recaudada no tiene la fuerza probatoria que se requiere para dar por cumplidos los requisitos sustanciales de la resolución acusatoria. Por ello se revocará”. 

6.3.15. E. A. H. P.: la Sala encuentra acreditado que fue efectivamente privado de su libertad el 28 de septiembre de 2003 sindicado por los delitos de terrorismo y rebelión; una vez rendida la indagatoria, la Fiscalía Delegada Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario mediante providencia del 23 de octubre de 2003 le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva; y, que posteriormente, en providencia del 23 de julio de 2004, profirió resolución de acusación.

Finalmente, mediante providencia del 28 de julio de 2005, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca decidió revocar la medida de aseguramiento impuesta, decretar la preclusión de la investigación y ordenar su libertad inmediata al considerar que:

“Ningún conocimiento creíble puede tener de este sindicado el testigo H. J. H. A., pues de otra manera no hubiera desdoblado la persona de E. A. H. en dos diferentes (E. H., fl. 186 ce 8; y A. H., fl. 187 ibíd.), narrando de ambos actividades distintas. Y en diligencia de reconocimiento en fila de personas, ante el sindicado, ya le adjudica una actividad distinta, custodiar caletas de camuflados recibidos en bolsas negras de manos de los comandantes guerrilleros. Curiosa esta última, porque la experiencia indica que son los milicianos quienes tienen la misión de transportar los camuflados hasta los campamentos guerrilleros y no al contrario, y porque una vez este material en poder del grupo armado, no se ve la necesidad de que los “encaleten” y los custodien. En la práctica, este declarante atestigua contra tres personas distintas que en realidad son la misma, lo que atenta seriamente contra la credibilidad. 

Las hermanas A. L. y S. M. M. R., al serles exhibida la fotografía no. 6, correspondiente a este sindicado, no lo reconocieron como uno de los milicianos, auxiliares o colaboradores del grupo armado al margen de la ley. 

De otro lado, está el testimonio de S. L. R., quien asegura inicialmente (fl. 182 ce 8) que H. P. ya se dedicaba a extorsionar, colaborar en secuestros y dar información, pero sin señalar en qué secuestros y extorsiones intervino; posteriormente (fl. 181 ce. 11), dijo que era miliciano y llevaba razones, lo cual le consta por haber sido guerrillera. De esta testigo ya se dijo en esta providencia varias veces, que en su declaración inicial manifestó haber conocido cuanto sabía por relato que le hizo O. B. (SIC), miliciano que no fue individualizado, ni identificado, ni vinculado a la investigación. De donde se infiere que la información posteriormente vertida al plenario es conocimiento de oídas, que no fue verificado, y por lo tanto no es idóneo para fundamentarla resolución acusatoria que, portante, se revocará”. 

6.3.16. F. J. R. S.: la Sala encuentra acreditado que fue efectivamente privado de su libertad el 28 de septiembre de 2003 sindicado por los delitos de terrorismo y rebelión; que una vez rendida la indagatoria, la Fiscalía Delegada Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario mediante providencia del 23 de octubre de 2003 le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva; y que posteriormente, en providencia del 23 de julio de 2004 profirió resolución de acusación.

Finalmente, mediante providencia del 28 de julio de 2005, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca decidió revocar la medida de aseguramiento impuesta, decretar la preclusión de la investigación y ordenar su libertad inmediata al considerar que:

De este sindicado se asegura por parte de C. H. E. R. que es un montallantas que colabora con la información acerca de quién es secuestrable y a quién se puede extorsionar. Les avisa sobre los movimientos de la autoridad. Indagado en diligencia de reconocimiento en fila de personas acerca de la razón de ser de su conocimiento, afirma que fue el mismo sindicado quien le contó que arreglaba las llantas de los carros o las motos a los muchachos, que es como se le dice a la guerrilla en la zona. No sabemos si la expresión “muchachos” que menciona el testigo como pronunciada por el sindicado, tuviera para éste el mismo significado, es decir la guerrilla. En todo caso, la supuesta fuente de la sindicación es el mismo F. J. R. S., quien no respaldó haber dicho tal cosa, en el sentido que fuera. Por lo demás, no queda claro en esa investigación cuáles son los carros o las motos de la guerrilla, pues lo que los testimonios serios y creíbles dicen que es que los insurgentes utilizan por la fuerza y abusivamente los medios de transporte público. Siendo así imposible asegurar que el sindicado voluntariamente presta servicios de montallantas a los vehículos de la guerrilla. Y en cuanto a la información que se dice suministra, más complejo es el asunto, pues no se concreta qué personas han sido secuestradas o extorsionadas con base en dicha colaboración, ni por qué medio se le avisa a la guerrilla los movimientos de la fuerza pública.

R. J. C. V. dice que F. R. tiene un montallantas y colabora guardándoles armamento. Pero ningún elemento de esa naturaleza le fue encontrado durante allanamiento; y las hermanas M. R. no lo señalaron en diligencia de reconocimiento a través de fotografías, cuando se le exhibió la Nº 52 que le corresponde, como uno de los milicianos, auxiliadores o colaboradores de la guerrilla. Así las cosas, no encuentra esta instancia que contra F. J. R. S. se encuentren reunidos los requisitos sustanciales que la ley procesal exige para la resolución acusatoria. En consecuencia, habrá de revocarse”. 

6.3.17. F. N. C. G.: la Sala encuentra acreditado que fue efectivamente privado de su libertad el 28 de septiembre de 2003 sindicado por los delitos de terrorismo y rebelión; que una vez rendida la indagatoria, la Fiscalía Delegada Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario mediante providencia del 23 de octubre de 2003 le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva; y que posteriormente, en providencia del 23 de julio de 2004, profirió resolución de acusación.

Finalmente, mediante providencia del 28 de julio de 2005, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca decidió revocar la medida de aseguramiento impuesta, decretar la preclusión de la investigación y ordenar su libertad inmediata al considerar que:

“Se cita como testimonio de cargo el de H. J. H. A., quien ninguna mención hizo del sindicado en su primera declaración (fls. 316 al 324 ce. 3). Indagado sobre “nuevos aportes” que tuviera para hacer a la investigación (fl. 186 ce 8), dijo que N. C. es un chofer de un carro que va de Quinchía a las veredas, le lleva información de lo que pasa en el pueblo, en el ejército y en la policía, lleva mercados, y se comunica con ellos mediante celular del que no sabe el número. En su diligencia de indagatoria, el Sindicado reconoce que al vehículo interveredal que conducía en condición de asalariado, muchas veces ascendían personas uniformadas y otras personas de civil, sin tener conocimiento de qué clase de personas se trataba. Por su parte, las hermanas A. L. y S. M. M. R., no lo reconocieron como militante, auxiliador o miliciano, cuando les fue expuesta la fotografía Nº 32 del álbum del proceso. Y de otro lado, existe declaración de un ex guerrillero que se encuentra descontando pena por el delito de rebelión, quien fue enfático en afirmar que los vehículos de transporte interveredal son utilizados a la fuerza por los miembros del grupo armado. De este modo, la sindicación de este testigo no arroja el alto grado de probabilidad necesario como para determinar que en realidad F. N. C. G. está vinculado de manera voluntaria y libre con actividades subversivas. En virtud de la duda que el material probatorio arroja, se revocará la resolución acusatoria”. 

6.3.18. H. F. B.: la Sala encuentra acreditado que fue efectivamente privado de su libertad el 28 de septiembre de 2003 sindicado por los delitos de terrorismo y rebelión; que una vez rendida la indagatoria, la Fiscalía Delegada Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario mediante providencia del 23 de octubre de 2003 le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva; y que posteriormente, en providencia del 23 de julio de 2004 profirió resolución de acusación.

Finalmente, mediante providencia del 28 de julio de 2005, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca decidió revocar la medida de aseguramiento impuesta, decretar la preclusión de la investigación y ordenar su libertad inmediata al considerar que:

“Afirma C. H. E. R. que este sindicado, a quien calcula edad de 30 años (en realidad tiene 22), conduce una moto de color rojo, no sabe las placas, es mensajero del EPL, les lleva tarjetas para celulares, medicamentos, y los carga en su moto. Ya se ha dicho, con fundamento en las propias manifestaciones del testigo, que la información es producto de sus averiguaciones posteriores a la emboscada del 2 de mayo, y provienen del conocimiento general que tiene la comunidad, es decir, del rumor. Quizás por eso al ampliar su testimonio en diligencia de reconocimiento en fila de personas, al ser indagado concretamente acerca de por qué razón conoce al sindicado, contestó que es porque lo ve en Quinchía por las calles, esporádicamente, la gente la cuenta, mantiene para arriba y para abajo y anda mucho en una moto roja. No son estas afirmaciones que tengan la contundencia y consistencia, la precisión sobre actividades delictivas que sirva a la determinación tan drástica como la acusación. 

También se ha consignado las razones para descartar como testimonio de cargo las declaraciones de C. A. P. T. Las cuales son válidas también con respecto a este sindicado. En cuanto a G. J. C. V. (fls. 155 a 158 ce. 1; 156 del ce. 8; 92 a 95 ce 32; 70 y 71 ce. 37), revisadas la totalidad de las fases de su testimonio, no se encuentra por parte alguna mención de H. F. B. 

A. L. y S. M. M. R. dicen al observar la fotografía Nº 4, que es un miliciano que colabora llevando información, mercados y tarjetas de celulares. No obstante, R. J. C. V., quien labora al servicio doméstico de la familia de don A. o A. B., hogar donde reside el sindicado, quien es hijo de este último, por lo que el conocimiento del testigo es directo y personal, dijo al folio 199 del ce. 28, que H. F. B. S. era una persona muy trabajadora, a la que nunca le vio ningún manejo extraño, era un ejemplo en la vereda. Llegando a afirmar que cuando se enteró de que lo tenían implicado con el EPL, habló con el teniente P. para que lo soltaran, pues lo que decían de él no era cierto, pero no logró este propósito porque otras personas lo habían sindicado. Entonces la sindicación de por sí débil, se ve seriamente contrarrestada por este testigo que conoce al sindicado por haber convivido con él, generando dudas que a esta altura resultan insuperables y deben resolverse a favor de B. S., revocando la acusación con que fue cobijado”. (...) 

6.3.19. H. F. S. S.: la Sala encuentra acreditado que fue efectivamente privado de su libertad el 28 de septiembre de 2003 sindicado por los delitos de terrorismo y rebelión; que una vez rendida la indagatoria, la Fiscalía Delegada Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario mediante providencia del 23 de octubre de 2003 le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva; y que posteriormente, en providencia del 23 de julio de 2004 profirió resolución de acusación.

Finalmente, mediante providencia del 28 de julio de 2005, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca decidió revocar la medida de aseguramiento impuesta, decretar la preclusión de la investigación y ordenar su libertad inmediata al considerar que:

“Idéntica situación se presenta con respecto a H. F. S. S. En escuetas once líneas del aparte final del folio 211 del ce 8, los investigadores de la policía judicial, aseguran haber logrado la plena individualización e identificación de quien en el primer informe (fls. 199 y 200 ce 4), había sido denominado alias H. R. Lo inaceptable de tal aseveración es que no se informa cómo lograron obtener esa identificación. Sin que para ello sea suficiente la expresión “se adelantaron labores investigativas”, pues ella no arroja siquiera probabilidad de acierto. Es oportuno aclarar aquí que sí se ha citado en los dos último casos el informe de policía judicial, ello no representa un cambio de postura frente a dicha pieza procesal, conforme a la crítica formulada página atrás. No, se cita simplemente en virtud de que el funcionario instructor menciona actividades de policía judicial que permitieron individualizar e identificar a personas que inicialmente habían sido mencionadas con otros nombres. Lo que, a juzgar por lo acabado de reseñar, ninguna confianza genera como aporte al esclarecimiento de la verdad de que se ha ocupado este proceso. 

Volviendo al tema relacionado con H. F. S. S., encontramos que se apoya la fiscalía instructora en el testimonio de G. J. C. V., que según su testimonio del folio 233 del ce. 1. En esta providencia ya se hizo la observación de que este testigo no nos merece credibilidad, por cuanto en declaración anterior a la citada por la fiscalía del conocimiento en su apoyo, ya había manifestado no tener conocimiento de auxiliadores ni de milicianos de la guerrilla, lo que resulta suficiente para descartarse veracidad. Se destaca además, que este testigo hace mención de H. R., sin que haya evidencia de que se refiere a S. S. Y que, como si lo anterior fuera poco, aunque la descripción física que hace presenta los rasgos generales de la población de la reglón, la diferencia de estatura con respecto a la descripción hecha por la fiscalía es de 4 centímetros, aparte de que la persona descrita por el testigo no se deja el bigote, a diferencia de la descrita por la fiscalía. No es pues, este testimonio, digno de la credibilidad que se requiere para fundamentar la resolución acusatoria. 

En cuanto a lo dicho por A. J. V. R., se opone a su credibilidad el hecho ya reseñado de que en su primera declaración no mencionó a H. F. S. S. ni a H. R. como colaborador, auxiliador o miliciano del EPL. En la segunda, aunque se refiere a H. R., no aporta ningún elemento que permita concluir que éste es el mismo H. F. S. S. También ocurre este fenómeno con respecto al testigo R. J. C., pues en la declaración citada por el funcionario del conocimiento, menciona a H. R., sin que de ahí se pueda deducir, sin explicar cómo, se trata de este sindicado. La conclusión obligatoria es que la acusación proferida en esas condiciones, debe ser revocada”. (...) 

6.3.20. J. A. L. M.: la Sala encuentra acreditado que fue efectivamente privado de su libertad el 26 de octubre de 2003 sindicado por los delitos de terrorismo y rebelión; que una vez rendida la indagatoria, la Fiscalía Delegada Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario mediante providencia del 13 de noviembre de 2003 le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva; y que posteriormente, en providencia del 23 de julio de 2004 profirió resolución de acusación.

Finalmente, mediante providencia del 28 de julio de 2005, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca decidió revocar la medida de aseguramiento impuesta, decretar la preclusión de la investigación y ordenar su libertad inmediata al considerar que:

Se cuenta en su contra exclusivamente con la afirmación de U. H. G. B., quien lo sindica de ser miliciano, transportar armamento en las veredas, trabajar y recolectar información en compañía de un señor R. que maneja un jeep azul. El sindicado dice en su indagatoria haberse dedicado toda la vida a actividades del campo. No se estableció que ayudara al propietario de un vehículo, ni este fue individualizado, identificado ni vinculado a la investigación. Tampoco que el sindicado hubiera sido conductor de vehículos. La sindicación no se encuentra respaldada en ningún elemento probatorio, ni en ninguna labor de verificación, por lo que resulta precario como para fundamentar en ella la resolución acusatoria, que, por tanto, se revocará”. (...). 

6.3.21. J. S. S. G.: la Sala encuentra acreditado que fue efectivamente privado de su libertad el 28 de septiembre de 2003 sindicado por los delitos de terrorismo y rebelión, una vez rendida la indagatoria, la Fiscalía Delegada Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario mediante providencia del 23 de octubre de 2003 le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva; posteriormente en providencia del 23 de julio de 2004 profirió resolución de acusación.

Finalmente, mediante providencia del 28 de julio de 2005, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca decidió revocar la medida de aseguramiento impuesta, decretar la preclusión de la investigación y ordenar su libertad inmediata al considerar que:

“Dice la testigo N. A. R. G. (fl. 115 ce 1), que J. S. S. G. es “un viejito...quien es uno que está ciego, y le presta la casa para acampar y antes de la emboscada, los guerrilleros llegaban a la casa del ciego; él sabe mucho de la guerrilla”. Y al folio 5 del ce 2 agrega que les lleva mensajes, les lleva y les trae razones. De verdad que en una investigación donde se ha mostrado el poder de intimidación del grupo armado sobre la población civil, donde esta misma testigo afirmó que las personas de la región colaboran de manera obligada, tales imputaciones ya resultan livianas frente a alguien que se encuentra en la plenitud de goce de sus capacidades físicas. Mucho más en una persona con la limitación que éste padece, lo cual, de suyo, lo ubica en situación de indefensión. Difícilmente puede aceptarse que esta persona presta servicios voluntarios a la insurgencia. 

Mucho menos puede aceptarse la versión de S. M. M. R. en el sentido de que precisamente el rol de un invidente sea el de guardarle a la guerrilla gruesas sumas de dinero. Más aún cuando su hermana A. L. afirma que nunca lo ha visto con ellos, los guerrilleros, y no sabe si les colabora. Son estas razones más que suficientes para revocar la acusación contra J. S. S. G.”. (...) 

6.3.22. M. J. M. Á.: la Sala encuentra acreditado que fue efectivamente privado de su libertad el 28 de septiembre de 2003 sindicado por los delitos de terrorismo y rebelión; que una vez rendida la indagatoria, la Fiscalía Delegada Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario mediante providencia del 23 de octubre de 2003 le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva; y que posteriormente, en providencia del 23 de julio de 2004 profirió resolución de acusación.

Finalmente, mediante providencia del 28 de julio de 2005, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca decidió revocar la medida de aseguramiento impuesta, decretar la preclusión de la investigación y ordenar su libertad inmediata al considerar que:

“En cuanto a M. J. M. A., se tiene en primer lugar la sindicación que le hace A. L. MORALES en reconocimiento a través de fotografías, diciendo que es un miliciano que transporta a los guerrilleros de un lugar a otro y lleva información. Afirmación que se ve disminuida en su credibilidad, cuando su hermana S. M., en diligencia de idéntica naturaleza, afirma no saber nada de este sindicado. 

En virtud de su retractación, no se tomará en cuenta el testimonio de C. A. P. T., pues dijo que en realidad nada le constaba en cuanto a los vínculos de las personas que habían señalado como auxiliadores de la guerrilla. Tampoco se le atribuye la credibilidad necesaria para sostener la acusación al testimonio de E. R., quien sólo arribó a Quinchía a mediados del 2001, lo que no le impide afirmar que M. fue fundador del EPL. Y cuya sindicación de transportar guerrilleros en vehículos de transporte interveredal, ha sido ya objeto de análisis en esta decisión, sin que haya una razón que imponga en este caso un cambio de criterio. 

En cuanto a la imputación que le hace E. A. G. G., en declaración visible a folio 215 del ce 1, afirmando: “y alias T., que es un viejo, de contextura gruesa, cara redonda, cabello liso de color negro, piel blanca, los dos señores tienen vehículos y se dice que están amenazados por las autodefensas de la región, ellos les colaboran a los del EPL en el transporte que los guerrilleros necesitan”, se dirá que aparte de que la descripción física en los aspectos comunes no coincide por la detallada por la fiscalía, también se reduce al uso del vehículo por parte de los guerrilleros del frente sedicioso. Lo que también ocurre con la afirmación de quien suplantó a J. M. A. I. De ahí que estas afirmaciones, analizadas en conjunto con el resto de la prueba y bajo las reglas de la sana crítica, resultan insuficientes para sostener la acusación del ciudadano en mención, por lo que ésta se revocará”. (...). 

6.3.23. O. B. M.: la Sala encuentra acreditado que fue efectivamente privado de su libertad el 28 de septiembre de 2003 sindicado por los delitos de terrorismo y rebelión, una vez rendida la indagatoria, la Fiscalía Delegada Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario mediante providencia del 23 de octubre de 2003 le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva; posteriormente en providencia del 23 de julio de 2004 profirió resolución de acusación.

Finalmente, mediante providencia del 28 de julio de 2005, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca decidió revocar la medida de aseguramiento impuesta, decretar la preclusión de la investigación y ordenar su libertad inmediata al considerar que:

“Es sindicada de suministrar información por A. L. M. R., quien afirma que tiene además un hijo en la guerrilla. Pero su hermana S. M., compañera y directora de sus actividades como informante, no la distingue. Lo que pone en tela de juicio la primera aserción. 

También pesa contra la sindicada O. B. M. la sindicación que le hace N. A. R. G., (fl. 115 ce 1), según la cual “hay una muchacha que se llama O. B. M. que es la que le informa cuando la policía o el ejército está por el pueblo, ella anda con un teléfono celular...vive con el papá en una casa más arriba de la escuela,... el papá se llama A. B., es un señor buena gente”. Curiosamente al ampliar su declaración (fl. 6 ce 2), expresa que “le colaboró mucho a la guerrilla, hacían fiestas con ellos en su casa...”, curioso porque si O. vive con el papá que es un señor buena gente, pero en su casa se hacían con la guerrilla, entonces la información se torna contradictoria. Lógicamente, de ser cierta la información, también sería sindicado por la testigo el padre de O., pues sería sin duda partícipe de esas fiestas con el grupo guerrillero. En todo caso, en este como en otros casos aquí comentados, pesa sobre la acusación la falta de certeza acerca del grado voluntad en que se presenta la presunta colaboración, lo que torna en precaria la imputación formulada por el testigo. Ante lo cual, lo procedente es declarar que tal mención no tiene la entidad suficiente para ser tenida como testimonio que ofrezca serios motivos de credibilidad, por lo que aquella decisión habrá de revocarse”. (...) 

6.3.24. W. A. L. L.: la Sala encuentra acreditado que fue efectivamente privado de su libertad el 28 de septiembre de 2003 sindicado por los delitos de terrorismo y rebelión, una vez rendida la indagatoria, la Fiscalía Delegada Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario mediante providencia del 23 de octubre de 2003 le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva; posteriormente en providencia del 23 de julio de 2004 profirió resolución de acusación.

Finalmente, mediante providencia del 28 de julio de 2005, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca decidió revocar la medida de aseguramiento impuesta, decretar la preclusión de la investigación y ordenar su libertad inmediata al considerar que:

“Dado que la sindicación que le hace U. H. G. B. tuvo lugar durante la declaración simultánea que esta instancia, por las dudas que genera no toma en cuenta, pesan contra este sindicado los reconocimientos a través de fotografías realizados por las hermanas M. R., informantes del ejército. A. L. afirma que es raso, lleva un año y pertenece a las filas. S. M., que lo ha visto uniformado, portando armas, solamente lo ha visto como guerrillero, y lleva por ahí dos años en el grupo. En realidad no hay información concreta sobre actividades ilícitas realizadas por este sindicado. Se trata además de manifestaciones vertidas a partir del reconocimiento en fotografías, durante el cual las testigos no identifican por su nombre al sindicado, no han suministrado previamente sus rasgos físicos, ni lo mencionaron como miliciano en su declaración de indagatoria inicial. En estas condiciones, surge la duda acerca del verdadero grado de conocimiento que las informantes tienen sobre la pertenencia del sindicado al grupo armado. Duda que no permite predicar un alto grado de probabilidad de responsabilidad, ante la cual la acusación debe revocarse”. (...). 

6.3.25. A. T.: la Sala encuentra acreditado que fue efectivamente privado de su libertad el 9 de febrero de 2004 sindicado por los delitos de rebelión, una vez rendida la indagatoria, la Fiscalía Delegada Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario mediante providencia del 25 de febrero de 2004 le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva; posteriormente en providencia del 27 de septiembre de 2004 profirió resolución de acusación.

Finalmente, mediante providencia del 28 de julio de 2005, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca decidió revocar la medida de aseguramiento impuesta, decretar la preclusión de la investigación y ordenar su libertad inmediata al considerar que:

“El señalamiento que le hace R. J. C. V. se limita a afirmar (fl. 299 ce 1) que este sindicado financia a la organización y se entrevista con L. Por su parte E. R. (fl. 260 ib.) dice que éste transporta guerrilleros, víveres y lleva razones en una carpeta verde, lo describe como una persona de 40 a 45 años, de piel blanca, delgado, los cuales contrastan con las plasmadas en la diligencia de indagatoria, pues es una persona de 37 años, trigueña, de contextura normal. Se advierte que el sindicado hace énfasis en que puede haber un error en el proceso de identificación e individualización, informando que existe una persona cuyo nombre es A. J. T. M., que no corresponde a su identidad, su cédula es el número XXX expedida en Villarrica (Tolima), muy diferente a la consignada al folio 287 del cuaderno de informe de policía judicial, XXX de Guática, lo que hace pensar que en realidad se trata de una persona diferente a la señalada como miembro del grupo ilegal alzado en armas. 

Reconoce haberse encontrado con L. en las veredas, pero niega cualquier vínculo con el grupo insurgente. Las actividades señaladas por los testigos son similares a aquellas que se han comentado en extenso; lo que junto a las diferencias que se presentan entre la identidad establecida en las diligencias de captura e indagatoria, con respecto al informe de policía judicial, en sentir de esta instancia genera dudas a esta altura insuperables, que impiden mantener la acusación”. 

6.3.26. Á. J. L. A.: la Sala encuentra acreditado que fue efectivamente privado de su libertad el 18 de enero 2004 sindicado por los delitos de rebelión, concierto para delinquir y terrorismo, una vez rendida la indagatoria, la Fiscalía Delegada Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario mediante providencia del 6 de febrero de 2004 le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva; posteriormente en providencia del 27 de septiembre de 2004 profirió resolución de acusación.

Finalmente, mediante providencia del 28 de julio de 2005, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca decidió revocar la medida de aseguramiento impuesta, decretar la preclusión de la investigación y ordenar su libertad inmediata al considerar que:

“Según R. J. C., este sindicado se dedicaba a labrarla tierra pero colabora con comida y otras cosas como lavar la ropa y guardar armamento. De este y J. T. dice que son cómplices de otras cosas que desconozco. El sindicado reconoce haberse encontrado con personas armadas y uniformadas, e incluso ha suministrado agua a quienes se acercan a su vivienda, advirtiendo que tal comportamiento obedece a la amenaza de las armas. Ya había dicho otra testigo de cargo que la guerrilla usa las viviendas, las cocina mediante la intimidación, lo cual coincide no sólo con la versión del sindicado, sino con el dicho de los guerrilleros, cuyas manifestaciones fueron trasladadas a esta Investigación. No habiendo manera de establecer si la colaboración que dice el testigo y reconoce parcialmente el sindicado, es voluntaria o bajo el poder de la intimidación del grupo armado, se presenta duda que se resolverá a favor del sindicado, revocando la acusación que pesa en su contra”. (...) 

6.3.27. C. A. H. O.: la Sala encuentra acreditado que fue efectivamente privado de su libertad el 20 de enero 2004 sindicado por los delitos de rebelión, una vez rendida la indagatoria, la Fiscalía Delegada Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario mediante providencia del 6 de febrero de 2004 le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva; posteriormente en providencia del 27 de septiembre de 2004 profirió resolución de acusación.

Finalmente, mediante providencia del 28 de julio de 2005, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca decidió revocar la medida de aseguramiento impuesta, decretar la preclusión de la investigación y ordenar su libertad inmediata al considerar que:

“La acusación que pesa contra este sindicado proviene de E. R., quien enfatiza que se trata del padre de alias LA V., muerto durante un operativo en que liberaron un secuestrado. Dice que H. ayudaba a la guerrilla cuidando al mismo secuestrado llevando mercados al lugar donde se encontraban. Tratándose de un sobreviviente de secuestro, es una lástima que no haya suministrado el testigo el nombre de esa víctima del plagio, porque así seguramente se hubiera podido establecer la participación de H. O. en esos hechos delictivos. Pero el testigo no aportó más datos, ni suministró el lugar donde mantuvieron en cautiverio al secuestrado, al punto que lo único que se estableció con criterio de verdad en la investigación fue el parentesco entre este sindicado y su hijo, sin que ello sea suficiente para dar por satisfechos los requisitos de la resolución acusatoria que entonces tendrá que revocarse”. (...). 

6.3.28. L. A. M.: la Sala encuentra acreditado que fue efectivamente privado de su libertad el 15 de febrero de 2004 sindicado por el delito de rebelión, una vez rendida la indagatoria, la Fiscalía Delegada Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario mediante providencia del 25 de febrero de 2004 le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva; posteriormente en providencia del 27 de septiembre de 2004 profirió resolución de acusación.

Finalmente, mediante providencia del 28 de julio de 2005, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca decidió revocar la medida de aseguramiento impuesta, decretar la preclusión de la investigación y ordenar su libertad inmediata al considerar que:

“A L. A. M. C. se le sindica con apoyo en el testimonio de G. J. C. V., (fl. 157 ce 1) de darle alojamiento a miembros del grupo insurgente, aunque tal versión es ratificada en la diligencia de ampliación, lo cierto es que tampoco aquí queda claro si tal colaboración es voluntaria, o si, como lo sostienen varios testigos e incluso excombatientes condenados que se encuentran descontando pena, se trata de una colaboración forzada. Dadas las dudas que a esta instancia se han suscitado las afirmaciones de este testigo, pues uno de los que en la línea general de comportamiento aquí establecido, primero afirmó no saber nada de colaboradores, auxiliadores o milicianos, y luego resultó mencionando gran cantidad de ellos, se considera que tampoco esta afirmación tiene la entidad suficiente para sostener la acusación de que trata esta providencia”. (...). 

6.3.29. N. J. M. A.: la Sala encuentra acreditado que fue efectivamente privado de su libertad el 18 de febrero de 2004 sindicado por el delito de rebelión, una vez rendida la indagatoria, la Fiscalía Delegada Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario mediante providencia del 25 de febrero de 2004 le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva; posteriormente en providencia del 27 de septiembre de 2004 profirió resolución de acusación.

Finalmente, mediante providencia del 28 de julio de 2005, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca decidió revocar la medida de aseguramiento impuesta, decretar la preclusión de la investigación y ordenar su libertad inmediata; cabe aclarar que en la parte considerativa de la providencia en mención no se hizo mención alguna respecto de este demandante, más si en su parte resolutiva.

6.4. A partir de las anteriores probanzas, la Sala encuentra que la privación de la libertad padecida por los miembros principales de los grupos familiares demandantes estuvo soportada en pruebas que no fueron analizadas con rigor para verificar su coherencia interna, tanto como su coherencia externa, deficiencia esta que fue develada sin ambages por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca en las providencias en las que decidió absolverlos de toda responsabilidad como posibles autores de delitos de terrorismo, rebelión y secuestro extorsivo, en razón a la falta de certeza probatoria presente a lo largo de la investigación adelantada, así como a las inconsistencias obrantes en las pruebas practicadas.

Salta a la vista cómo, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca, en forma reiterativa pero detallada, puso en evidencia, en unos casos, la ligereza con que procedieron algunos de los testigos al momento de hacer los señalamientos contra los aquí demandantes, cuando no la vaguedad de sus atestaciones; en otros, la falta de credibilidad que por causa de incoherencia o de los veleidosos vaivenes en sus versiones arrojaban testimonios centrales para la actuación penal, como lo fueron los de R. J. C. y U. H. G. B.; en otros, las varias versiones rendidas por testigos “de oídas” que no podían o no querían dar razón de la fuente de su conocimiento vertido en el expediente; y de todas maneras, la existencia en el pueblo de Quinchía, de un medio intimidante en el que la colaboración con la insurgencia podía todo menos presumirse voluntaria.

Si alguna constante se puede percibir en las declaraciones que militaron en el proceso penal y en relación con la cotidianidad del Municipio de Quinchía por el tiempo en que ocurrieron los hechos, es precisamente un alto grado de orfandad de Estado, en especial en las áreas rurales, parajes en donde el accionar de la fuerza insurreccional y los rumores que se propagaban sigilosamente, sustituían a las fuerzas del orden y a las unidades de investigación criminal del Estado, respectivamente.

En tales circunstancias, la irrupción de la Fiscalía no podía adelantarse sobre las premisas de dar crédito, sin filtro previo, a rumores vertidos en informes policiales de manera ligera, y de erigir en indicios contra la población, las manifestaciones de convivencia cotidiana y sin alternativa, de la ciudadanía con los insurrectos.

Los señalamientos basados en rumores o en fuentes anónimas, las manifestaciones aparentes de colaboración para con el accionar cotidiano en esas áreas, de la subversión, y aún las versiones testimoniales dispares y contradictorias podían y debían oficiar como soportes para el inicio de la actividad investigativa de la Fiscalía, pero en modo alguno podían edificarse sobre ellas las masivas decisiones de privación de la libertad que se dieron, y menos aún, perpetuarse tan frágil basamento para fundar resoluciones de acusación.

Como lo señaló la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca, con tal proceder, la Fiscalía pasó por alto los requisitos exigidos por el artículo 356 del entonces vigente Código de Procedimiento Penal, Ley 600 de 2000, según el cual, solamente se impondría medida de aseguramiento en la modalidad de detención preventiva cuando aparecieran por lo menos dos indicios graves de responsabilidad, con base en las pruebas legalmente producidas dentro del proceso.

Reitera la Sala que en el trasfondo del proceso penal se percibe que para el momento de los hechos en Quinchía existía colaboración de ciudadanos con grupos insurgentes, empero, no podía la Fiscalía General de la Nación utilizar dicha circunstancia como indicio grave de responsabilidad, puesto que era su obligación legal ejercer de manera eficiente y adecuada una investigación que permitiera establecer si en verdad los sindicados participaban en las actividades delictivas desplegadas por dicho grupo, y sobre todo, si esa colaboración, en caso de existir, se prestaba en forma voluntaria o forzada, como lo manifestaron las hermanas Sandra y Ana Lucía Morales.

Así, para esta Sala es claro que el actuar de la Fiscalía General de la Nación, al librar medida de aseguramiento y posteriormente decretar resolución de acusación contra los miembros principales de los grupos familiares aquí demandantes, obró con negligencia y desproporción inadmisibles cuando de tomar medidas de afectación de la libertad física de las personas se trata. Hubo una relación inversa de proporcionalidad entre el número de personas capturadas y detenidas en una población tan pequeña, y la intensidad de la actividad de investigación que adelantó la Fiscalía para dar sustento a las decisiones privativas de la libertad. El resultado, a su vez, se pone en evidencia con el número de capturados que hubo de ser dejado en libertad por insuficiencia de pruebas.

En consecuencia, al encontrarse acreditada la causación del daño antijurídico y la imputación de este daño a la Nación – Fiscalía General de la Nación, es indudable que hay lugar a declarar su responsabilidad patrimonial y extracontractual, razón por la cual procederá la Sala a pronunciarse en relación con el reconocimiento y liquidación de los perjuicios derivados de dicho daño en relación con cada uno de los actores.

8. Liquidación de perjuicios.

8.1. Perjuicios morales.

En relación con la cuantificación del perjuicio, para garantizar el derecho de igualdad entre quienes acuden a la jurisdicción de lo contencioso administrativo con pretensiones similares, mediante sentencia de 28 de agosto de 2014, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado estableció algunos criterios que deben ser tenidos en cuenta por el juzgador al momento de decidir el monto a indemnizar en razón de los perjuicios morales causados con ocasión de la privación injusta de la libertad, sin perjuicio de que puedan ser modificados cuando las circunstancias particulares del caso así lo exijan. Se dijo:

“Ahora bien, en los casos de privación injusta de la libertad se reiteran los criterios contenidos en la sentencia de 28 de agosto de 2013, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativa —Rad. 25.022— y se complementan los términos de acuerdo con la evolución jurisprudencial de la Sección Tercera en los términos del cuadro que se incorpora a continuación: 

S2007-00034 FIG 1
 

Así pues, la Sala unifica su jurisprudencia en el sentido de establecer los parámetros para cuantificar la indemnización por perjuicios morales derivados de la privación injusta de la libertad de un ciudadano, teniendo en cuenta para el efecto el período de privación de tal Derecho Fundamental y el nivel de afectación, esto es de cercanía afectiva entre la víctima directa del daño y aquellos que acuden a la Justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas, según el gráfico antes descrito(275).  

Advierte la Sala que tanto el apoderado de la parte demandada, en el escrito contentivo del recurso de apelación como la parte actora en el libelo de apelación adhesiva se opusieron a las sumas de dinero reconocidas por el a quo.

En consecuencia, de conformidad con lo señalado por las partes y en atención a los lineamientos teóricos antes expuestos, la Sala procederá a analizar si hay lugar a modificar el quantum reconocido por el tribunal de primera instancia o si por el contrario, se debe confirmar lo decidido frente a los perjuicios morales reconocidos, para lo cual se hará referencia a cada uno de los grupos familiares, así:

8.1.1. Primer grupo familiar: Al respecto, el tribunal de primera instancia reconoció por este concepto las siguientes sumas de dinero:

Nombre demandantePerjuicios morales
G. C. B.Setenta (70) salarios mínimos mensuales legales vigentes
W. A. C. T.Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes
F. A. C. T.Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes
M. E. C. T.Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes
G. O. C. T.Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes
J. J. C. T.Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes
A. C. T.Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes
F. J. C. T.Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes
E. A. C. B.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
O. C. B.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
O. C. B.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
D. C. B.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
M. D. C. B.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes

En este sentido, la Sala encuentra acreditado que G. C. B.comparece al proceso como víctima directa de la privación injusta de la libertad; W. A. C. T., F. A. C. T., M. E. C. T., G. O. C. T., J. J. C. T., A. C. T. y F. J. C. T., en su calidad de hijos; E. A. C. B., M. O. C. B., M. O. C. B., D. C. B. y M. D. C. B. en calidad de hermanos. Vínculos estos que se encuentran acreditados con los correspondientes registros civiles.

Ahora bien, está demostrado que G. C. B. estuvo privado injustamente de su libertad por un lapso de tiempo equivalente a 22 meses.

Por lo tanto, se observa que los demandantes se encuentran tanto en el primer y segundo nivel de cercanía afectiva reconocida por la tabla y en el séptimo rango indemnizatorio, esto es, el correspondiente al periodo que comprende la privación de la libertad superior a dieciocho (18) meses, cuya cuantificación se limita para el primer grado 100 smlmv, y para el segundo grado 50 smlmv.

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas:

El equivalente a CIEN (100) smlmv para G. C. B., W. A. C. T., F. A. C. T., M. E. C. T., G. O. C. T., J. J. C. T., A. C. T. y F. J. C. T.; y CINCUENTA (50) smlmv para E. A. C. B., M. O. C. B., M. O. C. B., D. C. B. y M. D. C. B.

8.1.2. Segundo grupo familiar: Al respecto, el tribunal de primera instancia reconoció por este concepto las siguientes sumas de dinero:

Nombre demandantePerjuicios morales
D. J. V. G.Setenta (70) salarios mínimos mensuales legales vigentes
S. R. G. G.Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes
F. C. V. T.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
D. E. V. G.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes

En este sentido, la Sala encuentra acreditado que D. J. V. G. comparece al proceso como víctima directa de la privación injusta de la libertad; S. R. G. G., en su calidad de madre; F. C. V. G. y D. E. V. G. en calidad de hermanas. Vínculos estos que se encuentran demostrados con los correspondientes registros civiles.

Ahora bien, está demostrado que D. J. V. G. estuvo privado injustamente de su libertad por un lapso de tiempo equivalente a 22 meses.

Por lo tanto, se observa que los demandantes se encuentran tanto en el primer y segundo nivel de cercanía afectiva reconocida por la tabla y en el séptimo rango indemnizatorio, esto es, el correspondiente al periodo que comprende la privación de la libertad superior a dieciocho (18) meses, cuya cuantificación se limita para el primer grado 100 smlmv, y para el segundo grado 50 smlmv.

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas:

El equivalente a CIEN (100) smlmv para D. J. V. G. y S. R. G. G.; y CINCUENTA (50) smlmv para F. C. V. G. y D. E. V. G.

8.1.3. Tercer grupo familiar: Al respecto, el tribunal de primera instancia reconoció por este concepto las siguientes sumas de dinero:

Nombre demandantePerjuicios morales
E. T. C.Setenta (70) salarios mínimos mensuales legales vigentes
M. G. C.Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes
D. J. T. G.Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes
M. A. C. M.Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes
A. T. C.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
B. T. C.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
M. T. C.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
C. T. C.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
M. A. T. C.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes

En este sentido, la Sala encuentra acreditado que E. T. C. comparece al proceso como víctima directa de la privación injusta de la libertad; M. G. C., en su calidad de compañera permanente; D. J. T. G. en calidad de hija; M. A. C. M. en su calidad de madre; A. T. C., B.T. C., M. T. C., C. T. C. y M. A. T. C. en su calidad de hermanos. Vínculos estos que se encuentran demostrados con los correspondientes registros civiles, además de la prueba testimonial transcrita en el acápite de legitimación en la causa que acredita la calidad de compañera permanente.

Ahora bien, está demostrado que E. T. C. estuvo privado injustamente de su libertad por un lapso de tiempo equivalente a 22 meses.

Por lo tanto, se observa que los demandantes se encuentran tanto en el primer y segundo nivel de cercanía afectiva reconocida por la tabla y en el séptimo rango indemnizatorio, esto es, el correspondiente al periodo que comprende la privación de la libertad superior a dieciocho (18) meses, cuya cuantificación se limita para el primer grado 100 smlmv, y para el segundo grado 50 smlmv.

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas:

El equivalente CIEN (100) smlmv para E. T. C., M. G. C., D. J. T. G., M. A. C. M.; CINCUENTA (50) smlmv para A. T. C., B.T. C. M. T. C., C. T. C. y M. A. T. C.

8.1.4. Cuarto grupo familiar: Al respecto, el tribunal de primera instancia reconoció por este concepto las siguientes sumas de dinero:

Nombre demandantePerjuicios morales
G. A. C. L.Setenta (70) salarios mínimos mensuales legales vigentes
M. C. L. A.Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes
L. A. L. A.Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes
J. E. C. L.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
B. Y. C. L.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
C. A. C. L.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
E. J. C. L.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
J. A. C. L.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
A. D. A. C.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes

En este sentido, la Sala encuentra acreditado que G. A. C. L. comparece al proceso como víctima directa de la privación injusta de la libertad; M. C. L. A. y L. A. L. A., en su calidad de padres; J. E. C. L., B.Y. C. L. y C. A. C. L. en calidad de hermanos; E. J. C. L. en su calidad de abuelo paterno; J. A. C. L. y A. D. A. C. en su calidad de abuelos maternos. Vínculos estos que se encuentran demostrados con los correspondientes registros civiles, además de la prueba testimonial transcrita en el acápite de legitimación en la causa que acredita la calidad de compañera permanente. Vínculos estos que se encuentran demostrados con los correspondientes registros civiles.

Ahora bien, está demostrado que G. A. C. L. estuvo privado injustamente de su libertad por un lapso de tiempo equivalente a 22 meses.

Por lo tanto, se observa que los demandantes se encuentran tanto en el primer y segundo nivel de cercanía afectiva reconocida por la tabla y en el séptimo rango indemnizatorio, esto es, el correspondiente al periodo que comprende la privación de la libertad superior a dieciocho (18) meses, cuya cuantificación se limita para el primer grado 100 smlmv, y para el segundo grado 50 smlmv.

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas:

El equivalente a CIEN (100) smlmv para G. A. C. L., M. C. L. A. y L. A. L. A.; CINCUENTA (50) smlmv para J. E. C. L., B.Y. C. L., C. A. C. L., E. J. C. L., J. A. C. L. y A. D. A. C.

8.1.5. Quinto grupo familiar: Al respecto, el tribunal de primera instancia reconoció por este concepto las siguientes sumas de dinero:

Nombre demandantePerjuicios morales
J. A. T. B.Setenta (70) salarios mínimos mensuales legales vigentes
O. E. T. T.Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes
G. B. L.Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes
M. E. T. B.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
O. J. T. B.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
A. Z. T. B.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
C. Y. T. B.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes

En este sentido, la Sala encuentra acreditado que J. A. T. B.comparece al proceso como víctima directa de la privación injusta de la libertad; O. E. T. T. y G. B.L., en su calidad de padres; M. E. T. B., O. J. T. B., A. Z. T. B. y C. Y. T. B. en calidad de hermanos. Vínculos estos que se encuentran demostrados con los correspondientes registros civiles.

Ahora bien, está demostrado que J. A. T. B. estuvo privado injustamente de su libertad por un lapso de tiempo equivalente a 1 año, 8 meses y 26 días, es decir 20,86 meses.

Por lo tanto, se observa que los demandantes se encuentran tanto en el primer y segundo nivel de cercanía afectiva reconocida por la tabla y en el séptimo rango indemnizatorio, esto es, el correspondiente al periodo que comprende la privación de la libertad superior a dieciocho (18) meses, cuya cuantificación se limita para el primer grado 100 smlmv, y para el segundo grado 50 smlmv.

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas:

El equivalente a CIEN (100) smlmv para J. A. T. B., O. E. T. T. y G. B.L.; y CINCUENTA (50) smlmv para M. E. T. B., O. J. T. B., A. Z. T. B. y C. Y. T. B.

8.1.6. Sexto grupo familiar: Al respecto, el tribunal de primera instancia reconoció por este concepto las siguientes sumas de dinero:

Nombre demandantePerjuicios morales
O. P. P.Setenta (70) salarios mínimos mensuales legales vigentes
A. F. R. T.Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes
Y. M. Y P. R.Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes
Y. V. P. R.Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes
D. P. R.Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes
K. Y. P. R.Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes
M. Y. P. R.Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes
A. D. P.Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes
L. P. P.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
I. P. P.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
L. E. P. P.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
M. C. P. P.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes

En este sentido, la Sala encuentra acreditado que O. P. P. comparece al proceso como víctima directa de la privación injusta de la libertad; A. F. R. T., en su calidad de compañera permanente; Y. M. P. R., Y. V. P. R., D. P. R., K. Y. P. R. y M. Y. P. R. en calidad de hijos; A. D. P., en su calidad de madre; L. P. P., I. P., L. E. P. P. y M. C. P. P. en su calidad de hermanas. Vínculos estos que se encuentran demostrados con los correspondientes registros civiles, además de la prueba testimonial transcrita en el acápite de legitimación en la causa que acredita la calidad de compañera permanente.

Ahora bien, está demostrado que O. P. P. estuvo privado injustamente de su libertad por un lapso de tiempo equivalente a 22 meses.

Por lo tanto, se observa que los demandantes se encuentran tanto en el primer y segundo nivel de cercanía afectiva reconocida por la tabla y en el séptimo rango indemnizatorio, esto es, el correspondiente al periodo que comprende la privación de la libertad superior a dieciocho (18) meses, cuya cuantificación se limita para el primer grado 100 smlmv, y para el segundo grado 50 smlmv.

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas:

El equivalente a 100 smlmv para O. P. P., A. F. R. T., Y. M. P. R., Y. V. P. R., D. P. R., K. Y. P. R., M. Y. P. R., A. D. P.; y CINCUENTA (50) smlmv para L. P. Pescador, I. P., L. E. P. P. y M. C. P. P.

8.1.7. Séptimo grupo familiar: Al respecto, el tribunal de primera instancia reconoció por este concepto las siguientes sumas de dinero:

Nombre demandantePerjuicios morales
E. G. B.Setenta (70) salarios mínimos mensuales legales vigentes
G. C. H. S.Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes
P. A. G. H.Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes
A. G. H.Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes
A. J. G. H.Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes
L. E. G.Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes
L. o L. B. G.Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes
M. A. G. H.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
E. A. G. H.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
R. A. G. H.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
C. J. G. H.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
W. G. B.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes

En este sentido, la Sala encuentra acreditado que E. G. B.comparece al proceso como víctima directa de la privación injusta de la libertad; G. C. H. S., en su calidad de compañera permanente; P. A. G. H., A. G. H. y A. J. G. H. en calidad de hijos; L. E. G. y L. B. en su calidad de padres; C. J. G. H., M. A. G. H., E. A. G. H. y R. A. G. H. y W. G. B. en su calidad de hermanos. Vínculos estos que se encuentran demostrados con los correspondientes registros civiles, además de la prueba testimonial transcrita en el acápite de legitimación en la causa que acredita la calidad de compañera permanente.

Ahora bien, está demostrado que E. G. B. estuvo privado injustamente de su libertad por un lapso de tiempo equivalente a 1 año, 8 meses y 26 días, es decir 20,86 meses.

Por lo tanto, se observa que los demandantes se encuentran tanto en el primer y segundo nivel de cercanía afectiva reconocida por la tabla y en el séptimo rango indemnizatorio, esto es, el correspondiente al periodo que comprende la privación de la libertad superior a dieciocho (18) meses, cuya cuantificación se limita para el primer grado 100 smlmv, y para el segundo grado 50 smlmv.

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas:

El equivalente a CIEN (100) smlmv para E. G. B., G. C. H. S., P. A. G. H., A. G. H., A. J. G. H., L. E. G. y L. B.; y CINCUENTA (50) smlmv para C. J. G. H., M. A. G. H., E. A. G. H. y R. A. G. H. y W. G. B.

7.1.8.(sic) Octavo grupo familiar: Al respecto, el tribunal de primera instancia reconoció por este concepto las siguientes sumas de dinero:

Nombre demandantePerjuicios morales
J. I. C. M.Setenta (70) salarios mínimos mensuales legales vigentes
A. E. C. S.Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes
D. J. C. M.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
L. M. C. M.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
M. C. M.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
M. A. C. M.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
S. M. C. M.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes

En este sentido, la Sala encuentra acreditado que J. I. C. M. comparece al proceso como víctima directa de la privación injusta de la libertad; A. E. C. S. en su calidad de padre; D. J. C. M., L. M. C. M., M. C. M., M. A. C. M. y S. M. C. M. en su calidad de hermanos. Vínculos estos que se encuentran demostrados con los correspondientes registros civiles.

Ahora bien, está demostrado que J. I. C. M. estuvo privado injustamente de su libertad por un lapso de tiempo equivalente 22 meses.

Por lo tanto, se observa que los demandantes se encuentran tanto en el primer y segundo nivel de cercanía afectiva reconocida por la tabla y en el séptimo rango indemnizatorio, esto es, el correspondiente al periodo que comprende la privación de la libertad superior a dieciocho (18) meses, cuya cuantificación se limita para el primer grado 100 smlmv, y para el segundo grado 50 smlmv.

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas:

El equivalente a CIEN (100) smlmv para J. I. C. M. y A. E. C. S.; y CINCUENTA (50) smlmv para D. J. C. M., L. M. C. M., M. C. M., M. A. C. M. y S. M. C. M.

7.1.9. Noveno grupo familiar: Al respecto, el tribunal de primera instancia reconoció por este concepto las siguientes sumas de dinero:

Nombre demandantePerjuicios morales
F. L. A.Setenta (70) salarios mínimos mensuales legales vigentes
L. M. C.Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes
J. J. L. C.Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes
A. L. L. C.Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes
J. A. L. L.Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes
A. D. A. L.Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes
Á. J. L. A.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
M. C. L. A.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
L. A. L. A.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
R. E. L. A.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
A. M. L. A.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
D. A. L. A.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
L. E. L. A.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
E. A. L. A.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes

En este sentido, la Sala encuentra acreditado que F. L. A. comparece al proceso como víctima directa de la privación injusta de la libertad; L. M. C. L. en su calidad de cónyuge; J. J. L. C. y A. L. L. C. en su calidad de hijos; J. A. L. L. y A. D. A., en su calidad de padres; Á. J. L. A., M. C. L. A., L. A. L. A., R. E. L. A., A. M. L. A., D. A. L. A., L. E. L. A. y E. A. L. A. en su calidad de hermanos. Vínculos estos que se encuentran demostrados con los correspondientes registros civiles.

Ahora bien, está demostrado que F. L. A. estuvo privado injustamente de su libertad por un lapso de tiempo equivalente 22 meses.

Por lo tanto, se observa que los demandantes se encuentran tanto en el primer y segundo nivel de cercanía afectiva reconocida por la tabla y en el séptimo rango indemnizatorio, esto es, el correspondiente al periodo que comprende la privación de la libertad superior a dieciocho (18) meses, cuya cuantificación se limita para el primer grado 100 smlmv, y para el segundo grado 50 smlmv.

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas:

El equivalente a CIEN (100) smlmv para F. L. A., L. M. C. L., J. J. L. C., A. L. L. C., J. A. L. L. y A. D. A. de Ladino; CINCUENTA (50) smlmv para Á. J. L. A., M. C. L. A., L. A. L. A., R. E. L. A., A. M. L. A., D. A. L. A., L. E. L. A. y E. A. L. A.

7.1.10. Décimo grupo familiar: Al respecto, el tribunal de primera instancia reconoció por este concepto las siguientes sumas de dinero:

Nombre demandantePerjuicios morales
J. E. T. H.Setenta (70) salarios mínimos mensuales legales vigentes
A. T. A.Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes
I. H. T.Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes
E. J. T. H.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
A. M. T. H.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes

En este sentido, la Sala encuentra acreditado que J. E. T. H. comparece al proceso como víctima directa de la privación injusta de la libertad; A. T. A. Y I. H. en su calidad de padres; E. J. T. H. y A. M. T. H. en su calidad de hermanos. Vínculos estos que se encuentran demostrados con los correspondientes registros civiles.

Ahora bien, está demostrado que J. E. T. H. estuvo privado injustamente de su libertad por un lapso de tiempo equivalente 22 meses.

Por lo tanto, se observa que los demandantes se encuentran tanto en el primer y segundo nivel de cercanía afectiva reconocida por la tabla y en el séptimo rango indemnizatorio, esto es, el correspondiente al periodo que comprende la privación de la libertad superior a dieciocho (18) meses, cuya cuantificación se limita para el primer grado 100 smlmv, y para el segundo grado 50 smlmv.

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas:

El equivalente a CIEN (100) smlmv para J. E. T. H., A. T. A. Y I. H.; y CINCUENTA (50) smlmv para E. J. T. H. y A. M. T. H.

7.1.11. Décimo primer grupo familiar: Al respecto, el tribunal de primera instancia reconoció por este concepto las siguientes sumas de dinero:

Nombre demandantePerjuicios morales
E. S. V. M.Sesenta (60) salarios mínimos mensuales legales vigentes
L. G. A. P.Cuarenta y cinco (45) salarios mínimos mensuales legales vigentes
R. A. V.Cuarenta y cinco (45) salarios mínimos mensuales legales vigentes
S. M. V. M.Veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes
J. N. V. M.Veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes
W. A. V. M.Veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes

En este sentido, la Sala encuentra acreditado que E. S. V. M. comparece al proceso como víctima directa de la privación injusta de la libertad; L. G. A. P. en su calidad de cónyuge; R. A. V. en su calidad de padre; S. M. V. M., J. N. V. M. y W. A. V. M., en su calidad de hermanos. Vínculos estos que se encuentran demostrados con los correspondientes registros civiles.

Ahora bien, está demostrado que E. S. V. M. estuvo privada injustamente de su libertad por un lapso de tiempo equivalente a 1 año, 5 meses y 26 días equivalente a 17,86 meses.

Por lo tanto, se observa que los demandantes se encuentran tanto en el primer y segundo nivel de cercanía afectiva reconocida por la tabla y en el sexto rango indemnizatorio, esto es, el correspondiente al periodo que comprende la privación de la libertad superior a doce (12) meses e inferior a dieciocho (18) meses, cuya cuantificación se limita para el primer grado 90 smlmv, y para el segundo grado 45 smlmv.

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas:

El equivalente a NOVENTA (90) smlmv para E. S. V. M., L. G. A. P. y R. A. V.; y CUARENTA Y CINCO (45) smlmv para S. M. V. M., J. N. V. M. y W. A. V. M.

7.1.12. Décimo segundo grupo familiar: Al respecto, el tribunal de primera instancia reconoció por este concepto las siguientes sumas de dinero:

Nombre demandantePerjuicios morales
M. T. M. P.Sesenta (60) salarios mínimos mensuales legales vigentes
A. M. T.Cuarenta y cinco (45) salarios mínimos mensuales legales vigentes
G. A. M.Cuarenta y cinco (45) salarios mínimos mensuales legales vigentes
L. D. M. M.Cuarenta y cinco (45) salarios mínimos mensuales legales vigentes
O. M. M.Cuarenta y cinco (45) salarios mínimos mensuales legales vigentes
A. M. T.Cuarenta y cinco (45) salarios mínimos mensuales legales vigentes
J. M. M.Cuarenta y cinco (45) salarios mínimos mensuales legales vigentes
F. A. M. P.Veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes
O. J. M. P.Veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes
U. A. M. P.Veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes
C. E. M. P.Veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes
G. M. T.Veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes

En este sentido, la Sala encuentra acreditado que M. T. M. P. comparece al proceso como víctima directa de la privación injusta de la libertad; A. M. T., G. A. M., L. D. M. M., O. M. M., A. M. T. y J. M. M., en su calidad de hijos; F. A. M. P., O. J. M., U. A. M. P., C. E. M. P. y G. M. en su calidad de hermanos. Vínculos estos que se encuentran demostrados con los correspondientes registros civiles y partidas de bautismo.

Ahora bien, está demostrado que M. T. M. P. estuvo privado injustamente de su libertad por un lapso de tiempo equivalente a 1 año, 3 meses y 25 días equivalente a 15,83 meses.

Por lo tanto, se observa que los demandantes se encuentran tanto en el primer y segundo nivel de cercanía afectiva reconocida por la tabla y en el sexto rango indemnizatorio, esto es, el correspondiente al periodo que comprende la privación de la libertad superior a doce (12) meses e inferior a dieciocho (18) meses, cuya cuantificación se limita para el primer grado 90 smlmv, y para el segundo grado 45 smlmv.

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas:

El equivalente a NOVENTA (90) smlmv para M. T. M. P., A. M. T., G. A. M., L. D. M. M., O. M. M., A. M. T. y J. M. M.; CUARENTA Y CINCO (45) smlmv para F. A. M. P., O. J. M. P., U. A. M. P., C. E. M. P., G. M.

7.1.13. Décimo Tercer grupo familiar: Al respecto, el tribunal de primera instancia reconoció por este concepto las siguientes sumas de dinero:

Nombre demandantePerjuicios morales
C. A. L. R.Setenta (70) salarios mínimos mensuales legales vigentes
A. H. L.Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes
C. E. R. J.Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes
L. A. L. R.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
J. A. L. R.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
F. A. L. R.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
G. L. R.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
M. C. L. R.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
J. G. L. R.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes

En este sentido, la Sala encuentra acreditado que C. A. L. R. comparece al proceso como víctima directa de la privación injusta de la libertad; A. H. L. y C. E. R. en su calidad de padres; L. A. R., J. A. L. R., F. A. L. R., G. L. R., M. C. L. R. y J. G. L. R. en su calidad de hermanos. Vínculos estos que se encuentran demostrados con los correspondientes registros civiles.

Ahora bien, está demostrado que C. A. L. estuvo privado injustamente de su libertad por un lapso de tiempo equivalente a 1 año, 9 meses y 2 días, es decir 21,06 meses.

Por lo tanto, se observa que los demandantes se encuentran tanto en el primer y segundo nivel de cercanía afectiva reconocida por la tabla y en el séptimo rango indemnizatorio, esto es, el correspondiente al periodo que comprende la privación de la libertad superior a dieciocho (18) meses, cuya cuantificación se limita para el primer grado 100 smlmv, y para el segundo grado 50 smlmv.

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas:

El equivalente a CIEN (100) smlmv para C. A. L. R., A. H. L. y C. E. R.; y CINCUENTA (50) smlmv para L. A. R., J. A. L. R., F. A. L. R., G. L. R., M. C. L. R. y J. G. L. R.

7.1.14. Décimo Cuarto grupo familiar: Al respecto, el tribunal de primera instancia reconoció por este concepto las siguientes sumas de dinero:

Nombre demandantePerjuicios morales
D. J. V. T.Setenta (70) salarios mínimos mensuales legales vigentes
A. L. C. B.Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes
J. S. V. C.Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes
G. J. T.Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes
E. V. T.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
I. S. V. T.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
V. H. V. T.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
L. P. V. T.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
J. A. V. T.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes

En este sentido, la Sala encuentra acreditado que D. J. V. T. comparece al proceso como víctima directa de la privación injusta de la libertad; A. L. C. B., en su calidad de compañera permanente; J. S. V. C. en su calidad de hijo; G. T. C. en calidad de madre; E. V. T., I. S. V. T., V. H. V. T., L. P. V. T. y Y. A. V. T. en su calidad de hermanos. Vínculos estos que se encuentran demostrados con los correspondientes registros civiles, además de la prueba testimonial transcrita en el acápite de legitimación en la causa que acredita la calidad de compañera permanente.

Ahora bien, está demostrado que D. J. V. T. estuvo privado injustamente de su libertad por un lapso de tiempo equivalente a 22 meses.

Por lo tanto, se observa que los demandantes se encuentran tanto en el primer y segundo nivel de cercanía afectiva reconocida por la tabla y en el séptimo rango indemnizatorio, esto es, el correspondiente al periodo que comprende la privación de la libertad superior a dieciocho (18) meses, cuya cuantificación se limita para el primer grado 100 smlmv, y para el segundo grado 50 smlmv.

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas:

El equivalente a CIEN (100) smlmv para D. J. V. T., A. L. C. B., J. S. V. C. y G. T. C.; y CINCUENTA (50) smlmv para E. V. T., I. S. V. T., V. H. V. T., L. P. V. T. y y. A. V. T.

7.1.15. Décimo Quinto grupo familiar: Al respecto, el tribunal de primera instancia reconoció por este concepto las siguientes sumas de dinero:

Nombre demandantePerjuicios morales
E. A. H. P.Setenta (70) salarios mínimos mensuales legales vigentes
D. J. H. T.Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes
L. M. P. L.Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes
J. C. H. P.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes

En este sentido, la Sala encuentra acreditado que E. A. H. P. comparece al proceso como víctima directa de la privación injusta de la libertad; D. J. H. T. y L. M. P. C. en su calidad de padres; J. C. H. P. en su calidad de hermano. Vínculos estos que se encuentran demostrados con los correspondientes registros civiles.

Ahora bien, está demostrado que E. A. H. P. estuvo privado injustamente de su libertad por un lapso de tiempo equivalente a 22 meses.

Por lo tanto, se observa que los demandantes se encuentran tanto en el primer y segundo nivel de cercanía afectiva reconocida por la tabla y en el séptimo rango indemnizatorio, esto es, el correspondiente al periodo que comprende la privación de la libertad superior a dieciocho (18) meses, cuya cuantificación se limita para el primer grado 100 smlmv, y para el segundo grado 50 smlmv.

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas:

El equivalente a CIEN (100) smlmv para E. A. H. P., D. J. H. T. y L. M. P. C.; y CINCUENTA (50) smlmv para J. C. H. P.

7.1.16. Décimo sexto grupo familiar: Al respecto, el tribunal de primera instancia reconoció por este concepto las siguientes sumas de dinero:

Nombre demandantePerjuicios morales
F. J. R. S.Setenta (70) salarios mínimos mensuales legales vigentes
J. M. R. M.Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes
V. V. O.Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes
M. Y. R. M.Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes
R. A. S.Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes
J. V. R. S.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
M. N. R. S.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
O. A. R. S.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
F. E. R. S.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
M. C. R. S.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
M. C. R. S.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes

En este sentido, la Sala encuentra acreditado que F. J. R. S. comparece al proceso como víctima directa de la privación injusta de la libertad; J. M. R. M., M. Y. M. en su calidad de hijos; R. A. S., en su calidad de madre; J. V. R. S., M. N. R. S., O. A. R. S., F. R. S., M. C. R. S. y M. C. R. S. en su calidad de hermanos. Vínculos estos que se encuentran demostrados con los correspondientes registros civiles. Por su parte, reitera la Sala que por los motivos expuestos en el acápite de legitimación en la causa, no se encuentra acreditada la calidad compañera permanente de la señora V. V. O.

Ahora bien, está demostrado que F. J. R. S. estuvo privado injustamente de su libertad por un lapso de tiempo equivalente a 22 meses.

Por lo tanto, se observa que los demandantes se encuentran tanto en el primer y segundo nivel de cercanía afectiva reconocida por la tabla y en el séptimo rango indemnizatorio, esto es, el correspondiente al periodo que comprende la privación de la libertad superior a dieciocho (18) meses, cuya cuantificación se limita para el primer grado 100 smlmv, y para el segundo grado 50 smlmv.

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas:

El equivalente a CIEN (100) smlmv para F. J. R. S., J. M. R. M., M. Y. M., R. A. S.; y CINCUENTA (50) smlmv para J. V. R. S., M. N. R. S., O. A. R. S., F. R. S., M. C. R. S. y M. C. R. S..

7.1.17. Décimo Séptimo grupo familiar: Al respecto, el tribunal de primera instancia reconoció por este concepto las siguientes sumas de dinero:

Nombre demandantePerjuicios morales
F. N. C. G.Setenta (70) salarios mínimos mensuales legales vigentes
B. L. C. G.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
J. E. C. G.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
J. E. C. G.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
L. G. C. G.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
N. S. C. G.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
L. C. C. G.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes

En este sentido, la Sala encuentra acreditado que F. N. C. G. comparece al proceso como víctima directa de la privación injusta de la libertad; J. E. C. G., Y. E. C. G., L. G. C. G., N. S. C. G., L. C. C. G. y B.L. C. G. en su calidad de hermanos. Vínculos estos que se encuentran demostrados con los correspondientes registros civiles.

Ahora bien, está demostrado que F. N. C. G. estuvo privado injustamente de su libertad por un lapso de tiempo equivalente a 22 meses.

Por lo tanto, se observa que los demandantes se encuentran tanto en el primer y segundo nivel de cercanía afectiva reconocida por la tabla y en el séptimo rango indemnizatorio, esto es, el correspondiente al periodo que comprende la privación de la libertad superior a dieciocho (18) meses, cuya cuantificación se limita para el primer grado 100 smlmv, y para el segundo grado 50 smlmv.

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas:

El equivalente a CIEN (100) smlmv para F. N. C. G.; y CINCUENTA (50) smlmv para J. E. C. G., Y. E. C. G., L. G. C. G., N. S. C. G., L. C. C. G. y B.L. C. G.

7.1.18. Décimo octavo grupo familiar: Al respecto, el tribunal de primera instancia reconoció por este concepto las siguientes sumas de dinero:

Nombre demandantePerjuicios morales
H. F. B. S.Setenta (70) salarios mínimos mensuales legales vigentes
A. J. B. L.Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes
C. L. S. J.Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes
F. A. B. S.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
G. N. B. S.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes

En este sentido, la Sala encuentra acreditado que H. F. B.S. comparece al proceso como víctima directa de la privación injusta de la libertad; A. J. B.L. y C. L. S. J. en su calidad de padres; F. A. B.S. y G. N. B.S. en su calidad de hermanos. Vínculos estos que se encuentran demostrados con los correspondientes registros civiles.

Ahora bien, está demostrado que F. J. R. S. estuvo privado injustamente de su libertad por un lapso de tiempo equivalente a 22 meses.

Por lo tanto, se observa que los demandantes se encuentran tanto en el primer y segundo nivel de cercanía afectiva reconocida por la tabla y en el séptimo rango indemnizatorio, esto es, el correspondiente al periodo que comprende la privación de la libertad superior a dieciocho (18) meses, cuya cuantificación se limita para el primer grado 100 smlmv, y para el segundo grado 50 smlmv.

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas:

El equivalente a CIEN (100) smlmv para H. F. B.S., A. J. B.L. y C. L. S. J.; y CINCUENTA (50) smlmv para F. A. B.S. y G. N. B.S.

7.1.19. Décimo noveno grupo familiar: Al respecto, el tribunal de primera instancia reconoció por este concepto las siguientes sumas de dinero:

Nombre demandantePerjuicios morales
H. F. S. S.Setenta (70) salarios mínimos mensuales legales vigentes
S. A. S. A.Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes
M. L. M. S. S.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
M. S. S.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
C. L. S.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes

En este sentido, la Sala encuentra acreditado que H. F. S. S. comparece al proceso como víctima directa de la privación injusta de la libertad; S. A. S. A., en su calidad de hijo; M. L. S., M. M. S. S. y C. L. S. en su calidad de hermanas. Vínculos estos que se encuentran demostrados con los correspondientes registros civiles.

Ahora bien, está demostrado que H. F. S. S. estuvo privado injustamente de su libertad por un lapso de tiempo equivalente a 22 meses.

Por lo tanto, se observa que los demandantes se encuentran tanto en el primer y segundo nivel de cercanía afectiva reconocida por la tabla y en el séptimo rango indemnizatorio, esto es, el correspondiente al periodo que comprende la privación de la libertad superior a dieciocho (18) meses, cuya cuantificación se limita para el primer grado 100 smlmv, y para el segundo grado 50 smlmv.

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas:

El equivalente a CIEN (100) smlmv para H. F. S. S. y S. A. S. A.; y CINCUENTA (50) smlmv para M. L. S., M. M. S. S. y C. L. S.

7.1.20. Vigésimo grupo familiar: Al respecto, el tribunal de primera instancia reconoció por este concepto las siguientes sumas de dinero:

Nombre demandantePerjuicios morales
J. A. L. M.Setenta (70) salarios mínimos mensuales legales vigentes
M. R. C. T.Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes
A. E. M. L.Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes
L. D. L. M.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
M. A. L. M.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
L. C. L. M.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
M. F. L. M.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes

En este sentido, la Sala encuentra acreditado que J. A. L. M. comparece al proceso como víctima directa de la privación injusta de la libertad; M. R. C. L., en su calidad de compañera permanente; A. E. M. L. en su calidad de madre; L. D. L. M., M. A. L. M., L. C. L. M. y M. F. L. M. en su calidad de hermanos. Vínculos estos que se encuentran demostrados con los correspondientes registros civiles, además de la prueba testimonial transcrita en el acápite de legitimación en la causa que acredita la calidad de compañera permanente.

Ahora bien, está demostrado que Fabio de J. A. L. M. estuvo privado injustamente de su libertad por un lapso de tiempo equivalente a 1 año, 9 meses y 2 días, es decir 21,06 meses.

Por lo tanto, se observa que los demandantes se encuentran tanto en el primer y segundo nivel de cercanía afectiva reconocida por la tabla y en el séptimo rango indemnizatorio, esto es, el correspondiente al periodo que comprende la privación de la libertad superior a dieciocho (18) meses, cuya cuantificación se limita para el primer grado 100 smlmv, y para el segundo grado 50 smlmv.

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas:

El equivalente a CIEN (100) smlmv para J. A. L. M., M. R. C. L., A. E. M. L.; y CINCUENTA (50) smlmv para L. D. L. M., M. A. L. M., L. C. L. M. y M. F. L. M.

7.1.21. Vigésimo Primer grupo familiar: Al respecto, el tribunal de primera instancia reconoció por este concepto las siguientes sumas de dinero:

Nombre demandantePerjuicios morales
J. S. S. G.Setenta (70) salarios mínimos mensuales legales vigentes
M. A. S. G.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
E. S. G.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
G. S. G.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
E. S. G.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
M. N. S. G.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
E. G.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes

En este sentido, la Sala encuentra acreditado que J. S. S. G. comparece al proceso como víctima directa de la privación injusta de la libertad; M. A. S. G., E. S. G., G. S. G., E. S. G., M. N. S. G. y E. G. en su calidad de hermanos. Vínculos estos que se encuentran demostrados con los correspondientes registros civiles.

Ahora bien, está demostrado que J. S. S. G. estuvo privado injustamente de su libertad por un lapso de tiempo equivalente a 22 meses.

Por lo tanto, se observa que los demandantes se encuentran tanto en el primer y segundo nivel de cercanía afectiva reconocida por la tabla y en el séptimo rango indemnizatorio, esto es, el correspondiente al periodo que comprende la privación de la libertad superior a dieciocho (18) meses, cuya cuantificación se limita para el primer grado 100 smlmv, y para el segundo grado 50 smlmv.

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas:

El equivalente a CIEN (100) smlmv para J. S. S. G.; y CINCUENTA (50) smlmv para M. A. S. G., E. S. G., G. S. G., E. S. G., M. N. S. G. y E. G.

7.1.22. Vigésimo segundo grupo familiar: Al respecto, el tribunal de primera instancia reconoció por este concepto las siguientes sumas de dinero:

Nombre demandantePerjuicios morales
M. J. M. Á.Setenta (70) salarios mínimos mensuales legales vigentes
U. J. L. R.Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes
S. E. M. L.Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes
L. A. M. L.Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes
Y. E. M. L.Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes
N. J. M. A.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
J. M. A.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
J. M. A.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
P. N. M. A.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
A. M. A.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
W. J. M. A.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes

En este sentido, la Sala encuentra acreditado que M. J. M. Á. comparece al proceso como víctima directa de la privación injusta de la libertad; U. J. L. R. en su calidad de cónyuge; S. E. M. L., L. A. M. L. y Y. E. M. L., en calidad de hijos; N. J. M. A., J. M. A., J. M. A., P. N. M. A., W. J. M. Á. y A. M. A., en su calidad de hermanos. Vínculos estos que se encuentran demostrados con los correspondientes registros civiles.

Ahora bien, está demostrado que M. J. M. Á. estuvo privado injustamente de su libertad por un lapso de tiempo equivalente a 22 meses.

Por lo tanto, se observa que los demandantes se encuentran tanto en el primer y segundo nivel de cercanía afectiva reconocida por la tabla y en el séptimo rango indemnizatorio, esto es, el correspondiente al periodo que comprende la privación de la libertad superior a dieciocho (18) meses, cuya cuantificación se limita para el primer grado 100 smlmv, y para el segundo grado 50 smlmv.

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas:

El equivalente a CIEN (100) smlmv para M. J. M. Á., U. J. L. R., S. E. M. L., L. A. M. L. y Y. E. M. L.; y CINCUENTA (50) smlmv para N. J. M. A., J. M. A., J. M. A., P. N. M. A., W. J. M. Á. y A. M. A.

7.1.23. Vigésimo tercer grupo familiar: Al respecto, el tribunal de primera instancia reconoció por este concepto las siguientes sumas de dinero:

Nombre demandantePerjuicios morales
O. B. M.Setenta (70) salarios mínimos mensuales legales vigentes
E. J. B. V.Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes
E. T. B. B.Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes
A. B. T.Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes
Y. M. S.Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes
F. J. B. M.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
C. A. B. M.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes

En este sentido, la Sala encuentra acreditado que O. B.M. comparece al proceso como víctima directa de la privación injusta de la libertad; E. J. B.V. en su calidad de compañero permanente; E. T. B.B., en calidad de hija; A. B.T. y Y. M. S., en su calidad de padres; F. J. B.M. y C. A. B.M., en calidad de hermanos. Vínculos estos que se encuentran demostrados con los correspondientes registros civiles, además de la prueba testimonial transcrita en el acápite de legitimación en la causa que acredita la calidad de compañero permanente.

Ahora bien, está demostrado que O. B.M. estuvo privada injustamente de su libertad por un lapso de tiempo equivalente a 22 meses.

Por lo tanto, se observa que los demandantes se encuentran tanto en el primer y segundo nivel de cercanía afectiva reconocida por la tabla y en el séptimo rango indemnizatorio, esto es, el correspondiente al periodo que comprende la privación de la libertad superior a dieciocho (18) meses, cuya cuantificación se limita para el primer grado 100 smlmv, y para el segundo grado 50 smlmv.

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas:

El equivalente a CIEN (100) smlmv para O. B.M., E. J. B.V., E. T. B.B., A. B.T. y Y. M. S.; y CINCUENTA (50) smlmv para F. J. B.M. y C. A. B.M.

7.1.24. Vigésimo cuarto grupo familiar: Al respecto, el tribunal de primera instancia reconoció por este concepto las siguientes sumas de dinero:

Nombre demandantePerjuicios morales
W. A. L. L.Setenta (70) salarios mínimos mensuales legales vigentes
M. Á. L. L.Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes
R. A. L. L.Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes
L. L. L. L.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
D. C. L. L.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
D. L. L.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes
A. R. L. L.Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes

En este sentido, la Sala encuentra acreditado que W. A. L. L. comparece al proceso como víctima directa de la privación injusta de la libertad; M. Á. L. L. y R. A. L. L. en su calidad de padres; L. L. L. L., D. C. L. L. y D. L. L., en calidad de hermanos; A. R. L. L., en calidad de abuela. Vínculos estos que se encuentran demostrados con los correspondientes registros civiles.

Ahora bien, está demostrado que W. A. L. L. estuvo privado injustamente de su libertad por un lapso de tiempo equivalente a 22 meses.

Por lo tanto, se observa que los demandantes se encuentran tanto en el primer y segundo nivel de cercanía afectiva reconocida por la tabla y en el séptimo rango indemnizatorio, esto es, el correspondiente al periodo que comprende la privación de la libertad superior a dieciocho (18) meses, cuya cuantificación se limita para el primer grado 100 smlmv, y para el segundo grado 50 smlmv.

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas:

El equivalente a CIEN (100) smlmv para W. A. L. L., M. Á. L. L. y R. A. L. L.; y CINCUENTA (50) smlmv para L. L. L. L., D. C. L. L. y D. L. L., y A. R. L. L.

7.1.25. Vigésimo quinto grupo familiar: Al respecto, el tribunal de primera instancia reconoció por este concepto las siguientes sumas de dinero:

Nombre demandantePerjuicios morales
A. T.Sesenta (60) salarios mínimos mensuales legales vigentes
B. C. M. T.Cuarenta y cinco (45) salarios mínimos mensuales legales vigentes
L. F. T. M.Cuarenta y cinco (45) salarios mínimos mensuales legales vigentes
S. L. T. M.Cuarenta y cinco (45) salarios mínimos mensuales legales vigentes
M. E. T. V.Cuarenta y cinco (45) salarios mínimos mensuales legales vigentes
R. D. L. T.Veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes
L. E. L. T.Veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes
G. J. T.Veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes

En este sentido, la Sala encuentra acreditado que A. T. comparece al proceso como víctima directa de la privación injusta de la libertad; B.C. M. T. en su calidad de cónyuge; L. F. T. M. y S. L. T. M., en calidad de hijos; E. T. V., en calidad de madre; R. D. L. T., L. E. L. T. y G. J. T., en su calidad de hermanos. Vínculos estos que se encuentran demostrados con los correspondientes registros civiles.

Ahora bien, está demostrado que A. T. estuvo privado injustamente de su libertad por un lapso de tiempo equivalente a 1 año, 5 meses y 19 días, es decir 17,63 meses.

Por lo tanto, se observa que los demandantes se encuentran tanto en el primer y segundo nivel de cercanía afectiva reconocida por la tabla y en el sexto rango indemnizatorio, esto es, el correspondiente al periodo que comprende la privación de la libertad superior a doce (12) meses e inferior a dieciocho (18) meses, cuya cuantificación se limita para el primer grado 90 smlmv, y para el segundo grado 45 smlmv.

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas:

El equivalente a NOVENTA (90) smlmv para A. T., B.C. M. T., L. F. T. M., S. L. T. M. y M. E. T. V.; y CUARENTA Y CINCO (45) smlmv para; R. D. L. T., L. E. L. T. y G. J. T.

7.1.26. Vigésimo sexto grupo familiar: Al respecto, el tribunal de primera instancia reconoció por este concepto las siguientes sumas de dinero:

Nombre demandantePerjuicios morales
Á. J. L. A.Sesenta (60) salarios mínimos mensuales legales vigentes
F. H.Cuarenta y cinco (45) salarios mínimos mensuales legales vigentes
M. L. L. H.Cuarenta y cinco (45) salarios mínimos mensuales legales vigentes
N. A. L. H.Cuarenta y cinco (45) salarios mínimos mensuales legales vigentes
P. A. L. H.Cuarenta y cinco (45) salarios mínimos mensuales legales vigentes
J. A. L. L.Cuarenta y cinco (45) salarios mínimos mensuales legales vigentes
A. D. A. L.Cuarenta y cinco (45) salarios mínimos mensuales legales vigentes
F. L. A.Veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes
M. C. L. A.Veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes
L. A. L. A.Veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes
R. E. L. A.Veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes
A. M. L. A.Veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes
D. A. L. A.Veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes
L. E. L. A.Veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes
E. L. A.Veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes

En este sentido, la Sala encuentra acreditado que Á. J. L. A. comparece al proceso como víctima directa de la privación injusta de la libertad; F. H. en su calidad de cónyuge; M. L. L. H., N. A. L. H. y P. A. L. H., en calidad de hijos; J. A. L. L. y A. D. A. C., en calidad de padres; F. L. A., M. C. L. A., L. A. L. A., R. E. L. A., A. M. L. A., D. A. L. A., L. E. L. A. y E. L. A., en su calidad de hermanos. Vínculos estos que se encuentran demostrados con los correspondientes registros civiles.

Ahora bien, está demostrado que Á. J. L. A. estuvo privado injustamente de su libertad por un lapso de tiempo equivalente a 1 año, 6 meses y 10 días, es decir 18,33 meses.

Por lo tanto, se observa que los demandantes se encuentran tanto en el primer y segundo nivel de cercanía afectiva reconocida por la tabla y en el séptimo rango indemnizatorio, esto es, el correspondiente al periodo que comprende la privación de la libertad superior a dieciocho (18) meses, cuya cuantificación se limita para el primer grado 100 smlmv, y para el segundo grado 50 smlmv.

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas:

El equivalente a CIEN (100) smlmv para Á. J. L. A., F. H., M. L. L. H., N. A. L. H., P. A. L. H., J. A. L. L. y A. D. A. C.; y CINCUENTA (50) smlmv para F. L. A., M. C. L. A., L. A. L. A., R. E. L. A., A. M. L. A., D. A. L. A., L. E. L. A. y E. L. A.

7.1.27. Vigésimo séptimo grupo familiar: Al respecto, el tribunal de primera instancia reconoció por este concepto las siguientes sumas de dinero:

Nombre demandantePerjuicios morales
C. A. H. O.Sesenta (60) salarios mínimos mensuales legales vigentes
M. A. S. G.Cuarenta y cinco (45) salarios mínimos mensuales legales vigentes
L. C. H. S.Cuarenta y cinco (45) salarios mínimos mensuales legales vigentes
E. L. H. S.Cuarenta y cinco (45) salarios mínimos mensuales legales vigentes
J. F. H. S.Cuarenta y cinco (45) salarios mínimos mensuales legales vigentes
C. A. H. S.Cuarenta y cinco (45) salarios mínimos mensuales legales vigentes
C. M. H. S.Cuarenta y cinco (45) salarios mínimos mensuales legales vigentes
D. E. H. S.Cuarenta y cinco (45) salarios mínimos mensuales legales vigentes
L. D. H. S.Cuarenta y cinco (45) salarios mínimos mensuales legales vigentes
L. F. H. M.Cuarenta y cinco (45) salarios mínimos mensuales legales vigentes
L. R. O. A.Cuarenta y cinco (45) salarios mínimos mensuales legales vigentes
J. A. H. O.Veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes
A. H. O.Veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes
A. H. O.Veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes
A. H. O.Veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes
M. C. H. O.Veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes
R. I. H. O.Veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes
M. D. H. O.Veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes

En este sentido, la Sala encuentra acreditado que C. A. H. O. comparece al proceso como víctima directa de la privación injusta de la libertad; M. A. S. G. en su calidad de cónyuge; L. C. H. S., E. L. H. S., J. F. H. S., C. A. H. S., C. M. H. S., D. E. H. S. y L. D. H. S., en calidad de hijos; L. F. H. M. y L. R. O. A., en calidad de padres; J. A. H. O., A. H. O., M. C. H. O., A. H. O., A. H. O., R. I. H. O. y M. D. H. O., en su calidad de hermanos, vínculos estos que se encuentran demostrados con los correspondientes registros civiles.

Ahora bien, está demostrado que C. A. H. O. estuvo privado injustamente de su libertad por un lapso de tiempo equivalente a 1 año, 6 meses y 10 días, es decir 18,26 meses.

Por lo tanto, se observa que los demandantes se encuentran tanto en el primer y segundo nivel de cercanía afectiva reconocida por la tabla y en el séptimo rango indemnizatorio, esto es, el correspondiente al periodo que comprende la privación de la libertad superior a dieciocho (18) meses, cuya cuantificación se limita para el primer grado 100 smlmv, y para el segundo grado 50 smlmv.

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas:

El equivalente a CIEN (100) smlmv para C. A. H. O., M. A. S. G., L. C. H. S., E. L. H. S., J. F. H. S., C. A. H. S., C. M. H. S., D. E. H. S. y L. D. H. S., L. F. H. M. y L. R. O. A.; Y CINCUENTA (50) smlmv para J. A. H. O., A. H. O., M. C. H. O., A. H. O., A. H. O., R. I. H. O. y M. D. H. O.

7.1.28. Vigésimo octavo grupo familiar: Al respecto, el tribunal de primera instancia reconoció por este concepto las siguientes sumas de dinero:

Nombre demandantePerjuicios morales
L. A. M.C.Sesenta (60) salarios mínimos mensuales legales vigentes
R. A. G. A.Cuarenta y cinco (45) salarios mínimos mensuales legales vigentes
I. A. M. G.Cuarenta y cinco (45) salarios mínimos mensuales legales vigentes
D. A. M. G.Cuarenta y cinco (45) salarios mínimos mensuales legales vigentes
A. o A. J. M.Veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes
J. E. M. C.Veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes
A. J. M.Veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes
A. J. M. C.Veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes

En este sentido, la Sala encuentra acreditado que L. A. M. C. comparece al proceso como víctima directa de la privación injusta de la libertad; R. A. G. A. en su calidad de compañera permanente; I. A. M. G. y D. A. M. G., en calidad de hijos; A. J. M. C., J. E. M. C., A. J. M. C. y Á. J. M. C., en su calidad de hermanos. Vínculos estos que se encuentran demostrados con los correspondientes registros civiles, además de las declaraciones juramentadas y la prueba testimonial que acredita la calidad de compañera permanente.

Ahora bien, está demostrado que L. A. M. C. estuvo privado injustamente de su libertad por un lapso de tiempo equivalente a 1 año, 5 meses y 13 días, es decir 17,43 meses.

Por lo tanto, se observa que los demandantes se encuentran tanto en el primer y segundo nivel de cercanía afectiva reconocida por la tabla y en el sexto rango indemnizatorio, esto es, el correspondiente al periodo que comprende la privación de la libertad superior a doce (12) meses e inferior a dieciocho (18) meses, cuya cuantificación se limita para el primer grado 90 smlmv, y para el segundo grado 45 smlmv.

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas:

El equivalente a NOVENTA (90) smlmv para L. A. M. C., R. A. G. A., I. A. M. G. y D. A. M. G.; y CUARENTA Y CINCO (45) smlmv para A. J. M. C., J. E. M. C., A. J. M. C. y Á. J. M. C.

7.1.29. Vigésimo noveno grupo familiar: Al respecto, el tribunal de primera instancia reconoció por este concepto las siguientes sumas de dinero:

Nombre demandantePerjuicios morales
N. J. M. A.Sesenta (60) salarios mínimos mensuales legales vigentes
O. M. A. M.Cuarenta y cinco (45) salarios mínimos mensuales legales vigentes
J. M. A.Veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes
M. M. A.Veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes
J. M. A.Veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes
P. N. M. A.Veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes
A. M. A.Veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes
W. J. M. A.Veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes

En este sentido, la Sala encuentra acreditado que N. J. M. A. comparece al proceso como víctima directa de la privación injusta de la libertad; O. M. A. I., en su calidad de madre; J. M. A., J. M. A., P. N. M. A., W. J. M. A., M. M. A. y A. M. A., en su calidad de hermanos. Vínculos estos que se encuentran demostrados con los correspondientes registros civiles.

Ahora bien, está demostrado que N. J. M. A. estuvo privado injustamente de su libertad por un lapso de tiempo equivalente a 1 año, 5 meses y 10 días, es decir 17,33 meses.

Por lo tanto, se observa que los demandantes se encuentran tanto en el primer y segundo nivel de cercanía afectiva reconocida por la tabla y en el sexto rango indemnizatorio, esto es, el correspondiente al periodo que comprende la privación de la libertad superior a doce (12) meses e inferior a dieciocho (18) meses, cuya cuantificación se limita para el primer grado 90 smlmv, y para el segundo grado 45 smlmv.

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas:

El equivalente a NOVENTA (90) smlmv para N. J. M. A. y O. M. A. I.; y CUARENTA Y CINCO (45) smlmv para J. M. A., J. M. A., P. N. M. A., W. J. M. A., M. M. A. y A. M. A.

7.2. Daño a la vida de relación.

El denominado daño a la vida de relación(276)-conocido también como perjuicio fisiológico o alteración grave a las condiciones de existencia- es una categoría de daño inmaterial que fue sustituido por la Jurisprudencia contenciosa y en la actualidad lo pertinente es hablar de daño inmaterial por afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, conforme a lo expuesto en la sentencia de unificación de sala plena de la sección tercera del 14 de septiembre de 2011(277), donde se regularon las distintas categorías de daños inmateriales en i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico), cuando se deriva de una lesión corporal y iii) daños a bienes constitucionales.

Por consiguiente, y si bien en la demanda se solicitó el reconocimiento del perjuicio de daño a la vida en relación y alteración en las condiciones de existencia, y el a quo en sentencia de primera instancia reconoció por este concepto el pago de 30 smlmv a favor de cada una de las víctimas directas, la Sala abordará el análisis de la pretensión en el sentido de verificar si en el presente caso procede el reconocimiento del denominado perjuicio por afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados.

En cuanto a este tipo de daño, la jurisprudencia unificada de esta corporación, ya reseñada, lo ha entendido como “ cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de “daño corporal o afectación a la integridad psicofísica” y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su momento esta corporación(278).

De acuerdo con la decisión del 28 de agosto de 2014, la Sección Tercera unificó(279)la jurisprudencia en materia de perjuicios inmateriales, expuso que:

Se reconocerá de oficio o solicitud de parte, la afectación o vulneración relevante de bienes o derechos convencionales y constitucionalmente amparados, la cual procederá siempre y cuando, se encuentre acreditada dentro del proceso su concreción y se precise su reparación integral. Se privilegia la compensación a través de medidas de reparación no pecuniarias a favor de la víctima directa y a su núcleo familiar más cercano, esto es, cónyuge o compañero(a) permanente y los parientes hasta el 1º de consanguinidad, en atención a las relaciones de solidaridad y afecto que se presumen entre ellos. Debe entenderse comprendida la relación familiar biológica, la civil derivada de la adopción y aquellas denominadas “de crianza”.

En casos excepcionales, cuando las medidas de satisfacción no sean suficientes o posibles para consolidar la reparación integral podrá otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa, mediante el establecimiento de una medida pecuniaria de hasta 100 smlmv, si fuere el caso, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido reconocido con fundamento en el daño a la salud. Este quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño.”

Por lo anteriormente expuesto y en consideración al desarrollo jurisprudencial, en el presente caso, no habrá lugar al reconocimiento del perjuicio denominado como daño inmaterial por afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, porque dentro del material probatorio allegado al proceso, no se encontraron elementos de juicio que lleven a la Sala a considerar que se presentó dicha afectación y que pueda subsumirse en tal concepto, derivados de la privación injusta de la libertad sufrida por los hoy demandantes, pues los testimonios que obran en el proceso(280) únicamente dan cuenta del sufrimiento que les produjo la detención, el cual configura el perjuicio moral, y las pérdidas económicas sufridas por ellos.

7.3. Perjuicios materiales a título de lucro cesante.

Procede la Sala a revisar los montos reconocidos en primera instancia, al tenor de lo dispuesto por la jurisprudencia de esta corporación y lo demostrado en el plenario; para esto se tomara uno por uno los afectados directos de la detención injusta de la libertad:

7.3.1. G. C. B.

Con relación a los perjuicios materiales a título de lucro cesante, el a quo le otorgó a dicho actor, la suma de $ 12.500.523.

Frente a este ítem, es claro para la Sala, que obra en el plenario prueba testimonial rendida por R. E. A. C., J. P. R., B. E. T. C. y F. M. C., manifestando que el señor G. C. B. al momento de ser detenido se desempeñaba como concejal del municipio de Quinchía, además de ser propietario de un café llamado “Café Luna”; sin embargo, advierte la Sala que no se arrimó al presente proceso prueba idónea que permitiere demostrar los ingresos mensuales devengados por el actor, o que efectivamente ejerciera el cargo de concejal.

No obstante, la Sala encuentra acreditada la configuración del perjuicio material en cabeza del hoy demandante, ya que está demostrado que ejercía una actividad económica como fuente de sus ingresos; en razón a lo cual debe acudir equitativamente al salario mínimo legal mensual vigente, establecido en la suma de $ 737.717, liquidados conforme a la fórmula acogida por la jurisprudencia, y teniendo en cuenta que el señor G. C. B. estuvo efectivamente privado de la libertad por un lapso de tiempo equivalente a 22 meses.

S = Ra (1 + i )n - 1

i

S = $ 737.717 (1+0.004867)22 – 1

0.004867

S = $ 17.086.716,65

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de lucro cesante a favor de G. C. B. la suma de DIECISIETE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 17.086.716,65).

7.3.2. D. J. V. G.

Con relación a los perjuicios materiales a título de lucro cesante, el a quo le otorgó a dicho actor, la suma de $ 12.500.523.

Frente a este ítem, es claro para la Sala, que obra en el plenario prueba testimonial rendida por J. I. R. F., H. R. V. y M. M. A., manifestando que el señor D. J. V. G. al momento de ser detenido se desempeñaba como tesorero en la junta de acción comunal de la vereda “Matecaña”, además de dedicarse a las labores del campo en la finca de su propiedad, de cuya labor obtenía ingresos para su propio sustento y el de su familia; sin embargo, advierte la Sala que no se arrimó al presente proceso prueba idónea que permitiere demostrar los ingresos mensuales devengados por el actor.

No obstante, la Sala encuentra acreditada la configuración del perjuicio material en cabeza del hoy demandante, ya que está demostrado que ejercía una actividad económica como fuente de sus ingresos; en razón a lo cual debe acudir equitativamente al salario mínimo legal mensual vigente, establecido en la suma de $ 737.717, liquidados conforme a la fórmula acogida por la jurisprudencia, y teniendo en cuenta que el señor D. J. V. G. estuvo efectivamente privado de la libertad por un lapso de tiempo equivalente a 22 meses.

S = Ra (1 + i )n - 1

i

S = $ 737.717 (1+0.004867)22 – 1

0.004867

S = $ 17.086.716,65

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de lucro cesante a favor de D. J. V. G., la suma de DIECISIETE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 17.086.716,65).

7.3.3. E. T. C.

Con relación a los perjuicios materiales a título de lucro cesante, el a quo le otorgó a dicho actor, la suma de $ 2.676.923.

Frente a este ítem, es claro para la Sala, que obra en el plenario prueba testimonial rendida por A. M. M. B., A. M. C. C., E. J. C. G. T. y J. E. E. R., manifestando que el señor E. T. C. al momento de ser detenido ejercía actividad agrícola y minera en la vereda “J. T.” para el sustento propio y familiar; advierte la Sala que en la diligencia de indagatoria rendida por el encartado, este señalo que devengaba un promedio de $ 80.000 mensuales.

Por lo expuesto, la Sala encuentra acreditada la configuración del perjuicio material en cabeza del hoy demandante, ya que está demostrado que ejercía una actividad económica como fuente de sus ingresos, y que la asignación mensual era de $ 80.000, valor que no se tendrá en cuenta pues es inferior al salario mínimo legal.

En consideración a lo anterior, la Sala debe acudir equitativamente al salario mínimo legal mensual vigente, establecido en la suma de $ 737.717, liquidados conforme a la fórmula acogida por la jurisprudencia, y teniendo en cuenta que el señor E. T. C. estuvo efectivamente privado de la libertad por un lapso de tiempo equivalente a 22 meses.

S = Ra (1 + i )n - 1

i

S = $ 737.717 (1+0.004867)22 – 1

0.004867

S = $ 17.086.716,65

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de lucro cesante a favor de E. T. C., la suma de DIECISIETE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 17.086.716,65).

7.3.4. G. A. C. L.

Con relación a los perjuicios materiales a título de lucro cesante, el A quo le otorgó a dicho actor, la suma de $ 5.855.757.

Frente a este ítem, es claro para la Sala, que obra en el plenario prueba testimonial rendida por E. J. L. G. y J. L. R. S., manifestando que el señor G. A. C. L. al momento de ser detenido ejercía actividad agrícola para el sustento económico propio y familiar; advierte la Sala que en la diligencia de indagatoria rendida por el encartado, este señalo que devengaba un promedio de $ 35.000 mensuales, es decir $ 175.000 mensuales.

Por lo expuesto, la Sala encuentra acreditada la configuración del perjuicio material en cabeza del hoy demandante, ya que está demostrado que ejercía una actividad económica como fuente de sus ingresos, y que la asignación mensual era de $ 175.000, valor que no se tendrá en cuenta pues es inferior al salario mínimo legal.

En consideración a lo anterior, la Sala debe acudir equitativamente al salario mínimo legal mensual vigente, establecido en la suma de $ 737.717, liquidados conforme a la fórmula acogida por la jurisprudencia, y teniendo en cuenta que el señor G. A. C. L. estuvo efectivamente privado de la libertad por un lapso de tiempo equivalente a 22 meses.

S = Ra (1 + i )n - 1

i

S = $ 737.717 (1+0.004867)22 – 1

0.004867

S = $ 17.086.716,65

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de lucro cesante a favor de G. A. C. L., la suma de DIECISIETE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 17.086.716,65).

7.3.5. J. A. T. B.

Con relación a los perjuicios materiales a título de lucro cesante, el a quo le otorgó a dicho actor, la suma de $ 4.739.972.

Frente a este ítem, es claro para la Sala, que obra en el plenario prueba testimonial rendida por A. E. C. H. y E. J. C. A., manifestando que el señor J. A. T. B. al momento de ser detenido ejercía actividad agrícola para el sustento económico propio y familiar; advierte la Sala que en la diligencia de indagatoria rendida por el encartado, este señalo que devengaba un promedio de $ 30.000 semanales, es decir $ 150.000 mensuales.

Por lo expuesto, la Sala encuentra acreditada la configuración del perjuicio material en cabeza del hoy demandante, ya que está demostrado que ejercía una actividad económica como fuente de sus ingresos, y que la asignación mensual era de $ 150.000, valor que no se tendrá en cuenta pues es inferior al salario mínimo legal.

En consideración a lo anterior la Sala debe acudir equitativamente al salario mínimo legal mensual vigente, establecido en la suma de $ 737.717, liquidados conforme a la fórmula acogida por la jurisprudencia, y teniendo en cuenta que el señor J. A. T. B. estuvo efectivamente privado de la libertad por un lapso de tiempo equivalente a 20,86 meses.

S = Ra (1 + i )n - 1

i

S = $ 737.717 (1+0.004867)20,86 – 1

0.004867

S = $ 16.155.764,34

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de lucro cesante a favor de J. A. T. B., la suma de DIECISÉIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 16.155.764,34).

7.3.6. O. P. P.

Con relación a los perjuicios materiales a título de lucro cesante, el a quo le otorgó a dicho actor, la suma de $ 8.356.361.

Frente a este ítem, es claro para la Sala, que obra en el plenario prueba testimonial rendida por R. A. A., F. J. C. C., G. C. T. V., manifestando que el señor O. P. P. al momento de ser detenido ejercía actividad minera y agrícola para el sustento económico propio y familiar; advierte la Sala que en la diligencia de indagatoria rendida por el encartado, este señalo que devengaba un promedio de $ 50.000 semanales, es decir $ 250.000 mensuales.

Por lo expuesto, la Sala encuentra acreditada la configuración del perjuicio material en cabeza del hoy demandante, ya que está demostrado que ejercía una actividad económica como fuente de sus ingresos, y que la asignación mensual era de $ 250.000, valor que no se tendrá en cuenta pues es inferior al salario mínimo legal.

En consideración a lo anterior la Sala debe acudir equitativamente al salario mínimo legal mensual vigente, establecido en la suma de $ 737.717, liquidados conforme a la fórmula acogida por la jurisprudencia, y teniendo en cuenta que el señor O. P. P. estuvo efectivamente privado de la libertad por un lapso de tiempo equivalente a 22 meses.

S = Ra (1 + i )n - 1

i

S = $ 737.717 (1+0.004867)22 – 1

0.004867

S = $ 17.086.716,65

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de lucro cesante a favor de O. P. P., la suma de DIECISIETE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 17.086.716,65).

7.3.7. E. G. B.

Con relación a los perjuicios materiales a título de lucro cesante, el a quo le otorgó a dicho actor, la suma de $ 14.373.851.

Frente a este ítem, es claro para la Sala, que obra en el plenario certificación suscrita el 3 de septiembre de 2003 por la Secretaria de recepción y contratación de la Central Hidroeléctrica de Caldas - CHEC(281), donde acredita que el señor E. G. B. para la época de los hechos laboraba para dicha empresa como lector, devengando un salario mensual de $ 429.565.

Por lo expuesto, la Sala encuentra acreditada la configuración del perjuicio material en cabeza del hoy demandante, de manera que queda plenamente probado que para el momento de los hechos la víctima era una persona laboralmente activa; además está plenamente acreditado que los ingresos mensuales devengados ascienden a un valor de $ 429.565, al cual se le adicionará un 25% por concepto de prestaciones sociales, lo que arroja un suma de dinero equivalente a $ 536.956,25, valor que deberá ser actualizado de acuerdo con la siguiente fórmula:

Ra = Rh * IPC final (abril de 2017)

IPC inicial (septiembre de 2003)

Ra = 536.956,25 * 137,40

75,26

Ra = $ 980.305,45

El Salario base de liquidación será de $ 980.305,45, valor sobre el cual se liquidará el lucro cesante correspondiente, asimismo, se tendrá en cuenta como periodo indemnizable 20,86 meses, correspondiente al tiempo que estuvo el demandante efectivamente privado de la libertad.

Así las cosas, la Sala procede a reconocer el lucro cesante de conformidad con la siguiente formula:

S= Ra (1 + i)n-1

i

S= $ $ 980.305,45 (1 + 0.004867)20,86-1

0.004867

S = $ 21.468.373,14

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de lucro cesante a favor de E. G. B., la suma de VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CATORCE CENTAVOS ($ 21.468.373,14).

7.3.8. J. I. C. M.

Con relación a los perjuicios materiales a título de lucro cesante, el a quo le otorgó a dicho actor, la suma de $ 10.038.438.

Frente a este ítem, es claro para la Sala, que obra en el plenario prueba testimonial rendida por O. J. T. y M. M. T., manifestando que el señor J. I. C. M. al momento de ser detenido ejercía actividad agrícola para el sustento económico propio y familiar; advierte la Sala que en la diligencia de indagatoria rendida por el encartado, este señaló que devengaba un promedio de $ 60.000 semanales, es decir $ 300.000 mensuales.

Por lo expuesto, la Sala encuentra acreditada la configuración del perjuicio material en cabeza del hoy demandante, ya que está demostrado que ejercía una actividad económica como fuente de sus ingresos, y que la asignación mensual era de $ 300.000, valor que no se tendrá en cuenta pues es inferior al salario mínimo legal.

En consideración a lo anterior la Sala debe acudir equitativamente al salario mínimo legal mensual vigente, establecido en la suma de $ 737.717, liquidados conforme a la fórmula acogida por la jurisprudencia, y teniendo en cuenta que el señor J. I. C. M. estuvo efectivamente privado de la libertad por un lapso de tiempo equivalente a 22 meses.

S = Ra (1 + i )n - 1

i

S = $ 737.717 (1+0.004867)22 – 1

0.004867

S = $ 17.086.716,65

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de lucro cesante a favor de J. I. C. M., la suma de DIECISIETE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 17.086.716,65).

7.3.9. F. L. A.

Con relación a los perjuicios materiales a título de lucro cesante, el a quo le otorgó a dicho actor, la suma de $ 8.030.746.

Frente a este ítem, es claro para la Sala, que obra en el plenario prueba testimonial rendida por M. S. M. L. y L. J. M. L., manifestando que el señor F. L. A. al momento de ser detenido ejercía actividad agrícola y minera para el sustento económico propio y familiar; advierte la Sala que en la diligencia de indagatoria rendida por el encartado, este señaló que devengaba un salario promedio de $ 240.000 mensuales.

Por lo expuesto, la Sala encuentra acreditada la configuración del perjuicio material en cabeza del hoy demandante, ya que está demostrado que ejercía una actividad económica como fuente de sus ingresos, y que la asignación mensual era de $ 240.000, valor que no se tendrá en cuenta pues es inferior al salario mínimo legal.

En consideración a lo anterior la Sala debe acudir equitativamente al salario mínimo legal mensual vigente, establecido en la suma de $ 737.717, liquidados conforme a la fórmula acogida por la jurisprudencia, y teniendo en cuenta que el señor F. L. A. estuvo efectivamente privado de la libertad por un lapso de tiempo equivalente a 22 meses.

S = Ra (1 + i )n - 1

i

S = $ 737.717 (1+0.004867)22 – 1

0.004867

S = $ 17.086.716,65

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de lucro cesante a favor de F. L. A., la suma de DIECISIETE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 17.086.716,65).

7.3.10. J. E. T. H.

Con relación a los perjuicios materiales a título de lucro cesante, el a quo no le otorgó a dicho actor suma alguna, al considerar que del análisis del material probatorio obrante en el plenario, más específicamente en el acta de diligencia de indagatoria el hoy actor manifestó no tener trabajo como consecuencia de una incapacidad por la columna, por lo que no generaba ingreso alguno.

Dichos argumentos no son de recibo para esta Sala, pues aunque en diligencia de indagatoria el encartado haya sostenido que para el momento de los hechos éste no se encontraba laborando por una incapacidad en su columna, mal haría esta Sala en negarle los perjuicios solicitados, toda vez que J. E. T. H. tenía toda la capacidad laboral tal y como lo confirman los testimonios rendidos por O. C. R., J. P. T. y J. I. R. H. quienes manifestaron que el hoy demandante desempeñaba labores propias del campo para el sustento económico propio y familiar.

En consecuencia, la Sala encuentra acreditada la configuración del perjuicio material en cabeza del hoy demandante; en razón a lo cual debe acudir equitativamente al salario mínimo legal mensual vigente, establecido en la suma de $ 737.717, liquidados conforme a la fórmula acogida por la jurisprudencia, y teniendo en cuenta que el señor J. E. T. H. estuvo efectivamente privado de la libertad por un lapso de tiempo equivalente a 22 meses.

S = Ra (1 + i )n - 1

i

S = $ 737.717 (1+0.004867)22 – 1

0.004867

S = $ 17.086.716,65

Así las cosas, la Sala reconocerá por concepto de lucro cesante a favor de Efraín Trejos Higuita, la suma de DIECISIETE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 17.086.716,65).

7.3.11. E S V.

Con relación a los perjuicios materiales a título de lucro cesante, el a quo le otorgó a dicho actor, la suma de $ 4.035.346.

Frente a este ítem, es claro para la Sala, que obra en el plenario prueba testimonial rendida por L. M. L. y R. G. L., manifestando que la señora Estrella del Socorro Villada al momento de ser detenida se desempeñaba como empleada doméstica para el sustento económico propio y familiar; advierte la Sala que en la diligencia de indagatoria rendida por la encartada, esta señaló que devengaba un promedio de $ 150.000 mensuales.

Por lo expuesto, la Sala encuentra acreditada la configuración del perjuicio material en cabeza del hoy demandante, ya que está demostrado que ejercía una actividad económica como fuente de sus ingresos, y que la asignación mensual era de $ 150.000, valor que no se tendrá en cuenta pues es inferior al salario mínimo legal.

En consideración a lo anterior la Sala debe acudir equitativamente al salario mínimo legal mensual vigente, establecido en la suma de $ 737.717, liquidados conforme a la fórmula acogida por la jurisprudencia, y teniendo en cuenta que la señora Estrella del Socorro Villada estuvo efectivamente privada de la libertad por un lapso de tiempo equivalente a 17,86 meses.

S = Ra (1 + i )n - 1

i

S = $ 737.717 (1+0.004867)17,86 – 1

0.004867

S = $ 13.730.370,02

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de lucro cesante a favor de Estrella del Socorro Villada, la suma de TRECE MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL TRECIENTOS SETENTA PESOS CON DOS CENTAVOS ($ 13.730.370,02).

7.3.12. M. T. M. P.

Con relación a los perjuicios materiales a título de lucro cesante, el a quo le otorgó a dicho actor, la suma de $ 10.342.082.

Frente a este ítem, es claro para la Sala, que obra en el plenario prueba testimonial rendida J. I. M. A., L. E. V. R., manifestando que el señor M. T. M. P. al momento de ser detenido desempeñaba actividad agrícola para el sustento económico propio y familiar; sin embargo, advierte la Sala que no se arrimó al presente proceso prueba idónea que permitiere demostrar los ingresos mensuales devengados por el actor.

No obstante, la Sala encuentra acreditada la configuración del perjuicio material en cabeza del hoy demandante, ya que está demostrado que ejercía una actividad económica como fuente de sus ingresos; en razón a lo cual debe acudir equitativamente al salario mínimo legal mensual vigente, establecido en la suma de $ 737.717, liquidados conforme a la fórmula acogida por la jurisprudencia, y teniendo en cuenta que el señor M. T. M. P. estuvo efectivamente privado de la libertad por un lapso de tiempo equivalente a 15,83 meses.

S = Ra (1 + i )n - 1

i

S = $ 737.717 (1+0.004867)15,83 – 1

0.004867

S = $ 12.109.112,63

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de lucro cesante a favor de M. T. M. P., la suma de DOCE MILLONES CIENTO NUEVE MIL CIENTO DOCE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 12.109.112,63).

7.3.13. C. A. L. R.

Con relación a los perjuicios materiales a título de lucro cesante, el a quo le otorgó a dicho actor, la suma de $ 7.109.593.

Frente a este ítem, es claro para la Sala, que obra en el plenario prueba testimonial rendida C. M. H., O. S. V. y A. P. M., manifestando que el señor C. A. L. R. al momento de ser detenido desempeñaba labores agrícolas para el sustento económico propio y familiar; advierte la Sala que en la diligencia de indagatoria rendida por el encartado, este señaló que devengaba un promedio de $ 45.000 semanales, es decir $ 225.00 mensuales.

Por lo expuesto, la Sala encuentra acreditada la configuración del perjuicio material en cabeza del hoy demandante, ya que está demostrado que ejercía una actividad económica como fuente de sus ingresos, y que la asignación mensual era de $ 225.000, valor que no se tendrá en cuenta pues es inferior al salario mínimo legal.

En consideración a lo anterior la Sala debe acudir equitativamente al salario mínimo legal mensual vigente, establecido en la suma de $ 737.717, liquidados conforme a la fórmula acogida por la jurisprudencia, y teniendo en cuenta que el señor C. A. L. R. estuvo efectivamente privado de la libertad por un lapso de tiempo equivalente a 21,06 meses.

S = Ra (1 + i )n - 1

i

S = $ 737.717 (1+0.004867)21.06 – 1

0.004867

S = $ 16.318.716,83

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de lucro cesante a favor de C. A. L. R., la suma de DIECISÉIS MILLONES TRECIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($ 16.318.716,83).

7.3.14. D. J. V. T.

Con relación a los perjuicios materiales a título de lucro cesante, el a quo le otorgó a dicho actor, la suma de $ 12.500.523.

Frente a este ítem, es claro para la Sala, que obra en el plenario prueba testimonial rendida por Y. M. B., L. M. B. y O. A. B.C., manifestando que el señor D. J. V. T. al momento de ser detenido desempeñaba labores agrícolas para el sustento económico propio y familiar; advierte la Sala que en la diligencia de indagatoria rendida por el encartado, este señaló que devengaba un promedio de $ 70.000 semanales, es decir $ 280.00 mensuales.

Por lo expuesto, la Sala encuentra acreditada la configuración del perjuicio material en cabeza del hoy demandante, ya que está demostrado que ejercía una actividad económica como fuente de sus ingresos, y que la asignación mensual era de $ 280.000, valor que no se tendrá en cuenta pues es inferior al salario mínimo legal.

En consideración a lo anterior la Sala debe acudir equitativamente al salario mínimo legal mensual vigente, establecido en la suma de $ 737.717, liquidados conforme a la fórmula acogida por la jurisprudencia, y teniendo en cuenta que el señor D. J. V. T. estuvo efectivamente privado de la libertad por un lapso de tiempo equivalente a 22 meses.

S = Ra (1 + i )n - 1

i

S = $ 737.717 (1+0.004867)22 – 1

0.004867

S = $ 17.086.716,65

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de lucro cesante a favor de D. J. V. T., la suma de DIECISIETE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 17.086.716,65).

7.3.15. E. A. H. P.

Con relación a los perjuicios materiales a título de lucro cesante, el a quo le otorgó a dicho actor, la suma de $ 12.500.523.

Frente a este ítem, es claro para la Sala, que obra en el plenario prueba testimonial rendida por E. F. I. S., L. E. R. R. y K. L. Q., manifestando que el señor E. A. H. P. al momento de ser detenido desempeñaba actividades mineras y agrícolas de cuya labor obtenía ingresos para su propio sustento y el de su familia; sin embargo, advierte la Sala que no se arrimó al presente proceso prueba idónea que permitiere demostrar los ingresos mensuales devengados por el actor.

No obstante, la Sala encuentra acreditada la configuración del perjuicio material en cabeza del hoy demandante, ya que está demostrado que ejercía una actividad económica como fuente de sus ingresos; en razón a lo cual debe acudir equitativamente al salario mínimo legal mensual vigente, establecido en la suma de $ 737.717, liquidados conforme a la fórmula acogida por la jurisprudencia, y teniendo en cuenta que el señor E. A. H. P. estuvo efectivamente privado de la libertad por un lapso de tiempo equivalente a 22 meses.

S = Ra (1 + i )n - 1

i

S = $ 737.717 (1+0.004867)22 – 1

0.004867

S = $ 17.086.716,65

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de lucro cesante a favor de E. A. H. P., la suma de DIECISIETE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 17.086.716,65).

7.3.16. F. J. R. S.

Con relación a los perjuicios materiales a título de lucro cesante, el a quo le otorgó a dicho actor, la suma de $ 7.528.834.

Frente a este ítem, es claro para la Sala, que obra en el plenario prueba testimonial rendida por M. E. C. y C. A. G. G., manifestando que el señor F. J. R. S. al momento de ser detenido desempeñaba labores en un montallantas para el sustento económico propio y familiar; advierte la Sala que en la diligencia de indagatoria rendida por el encartado, este señaló que devengaba un promedio de $ 45.000 semanales, es decir $ 225.00 mensuales.

Por lo expuesto, la Sala encuentra acreditada la configuración del perjuicio material en cabeza del hoy demandante, ya que está demostrado que ejercía una actividad económica como fuente de sus ingresos, y que la asignación mensual era de $ 225.000, valor que no se tendrá en cuenta pues es inferior al salario mínimo legal.

En consideración a lo anterior la Sala debe acudir equitativamente al salario mínimo legal mensual vigente, establecido en la suma de $ 737.717, liquidados conforme a la fórmula acogida por la jurisprudencia, y teniendo en cuenta que el señor F. J. R. S. estuvo efectivamente privado de la libertad por un lapso de tiempo equivalente a 22 meses.

S = Ra (1 + i )n - 1

i

S = $ 737.717 (1+0.004867)22 – 1

0.004867

S = $ 17.086.716,65

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de lucro cesante a favor de F. J. R. S., la suma de DIECISIETE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 17.086.716,65).

7.3.17. F. N. C. G.

Con relación a los perjuicios materiales a título de lucro cesante, el a quo le otorgó a dicho actor, la suma de $ 10.038.438.

Frente a este ítem, es claro para la Sala, que obra en el plenario prueba testimonial rendida por R. J. V., B. M. V. y L. E. M., manifestando que el señor F. N. C. G. al momento de ser detenido desempeñaba labores “de ayudante para carros” y en una carnicería, para el sustento económico propio y familiar; advierte la Sala que en la diligencia de indagatoria rendida por el encartado éste señaló que devengaba un promedio de $ 300.000 mensuales.

Por lo expuesto, la Sala encuentra acreditada la configuración del perjuicio material en cabeza del hoy demandante, ya que está demostrado que ejercía una actividad económica como fuente de sus ingresos, y que la asignación mensual era de $ 300.000, valor que no se tendrá en cuenta pues es inferior al salario mínimo legal.

En consideración a lo anterior la Sala debe acudir equitativamente al salario mínimo legal mensual vigente, establecido en la suma de $ 737.717, liquidados conforme a la fórmula acogida por la jurisprudencia, y teniendo en cuenta que el señor F. N. C. G. estuvo efectivamente privado de la libertad por un lapso de tiempo equivalente a 22 meses.

S = Ra (1 + i )n - 1

i

S = $ 737.717 (1+0.004867)22 – 1

0.004867

S = $ 17.086.716,65

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de lucro cesante a favor F. N. C. G., la suma de DIECISIETE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 17.086.716,65).

7.3.18. H. F. B.S.

Con relación a los perjuicios materiales a título de lucro cesante, el a quo no le otorgó a dicho actor suma alguna, al considerar que del análisis del material probatorio obrante en el plenario, más específicamente en el acta de diligencia de indagatoria el hoy actor manifestó no tener trabajo ni obligaciones para el momento de los hechos.

Dichos argumentos no son de recibo para esta Sala, pues aunque en diligencia de indagatoria el encartado haya sostenido que para el momento de los hechos éste no se encontraba laborando, mal haría esta Sala en negarle los perjuicios solicitados, toda vez que H. F. B.S. tenía toda la capacidad laboral tal y como lo confirman los testimonios rendidos por R. E. A. P. y L. A. P. A. quienes manifestaron que el hoy demandante desempeñaba labores varias como agricultura u obras civiles para el sustento económico propio y familiar.

En consecuencia, la Sala encuentra acreditada la configuración del perjuicio material en cabeza del hoy demandante; en razón a lo cual debe acudir equitativamente al salario mínimo legal mensual vigente, establecido en la suma de $ 737.717, liquidados conforme a la fórmula acogida por la jurisprudencia, y teniendo en cuenta que el señor H. F. B.S. estuvo efectivamente privado de la libertad por un lapso de tiempo equivalente a 22 meses.

S = Ra (1 + i )n - 1

i

S = $ 737.717 (1+0.004867)22 – 1

0.004867

S = $ 17.086.716,65

Así las cosas, la Sala reconocerá por concepto de lucro cesante a favor de H. F. B.S., la suma de DIECISIETE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 17.086.716,65).

7.3.19. H. F. S. S.

Con relación a los perjuicios materiales a título de lucro cesante, el a quo le otorgó a dicho actor, la suma de $ 10.038.438.

Frente a este ítem, es claro para la Sala, que obra en el plenario prueba testimonial rendida por A. O. I. y A. J. F. F., manifestando que el señor H. F. S. S. al momento de ser detenido desempeñaba actividades agrícolas, para el sustento económico propio y familiar; advierte la Sala que en la diligencia de indagatoria rendida por el encartado, éste señaló que devengaba un promedio de $ 300.000 mensuales.

Por lo expuesto, la Sala encuentra acreditada la configuración del perjuicio material en cabeza del hoy demandante, ya que está demostrado que ejercía una actividad económica como fuente de sus ingresos, y que la asignación mensual era de $ 300.000, valor que no se tendrá en cuenta pues es inferior al salario mínimo legal.

En consideración a lo anterior la Sala debe acudir equitativamente al salario mínimo legal mensual vigente, establecido en la suma de $ 737.717, liquidados conforme a la fórmula acogida por la jurisprudencia, y teniendo en cuenta que el señor H. F. S. S. estuvo efectivamente privado de la libertad por un lapso de tiempo equivalente a 22 meses.

S = Ra (1 + i )n - 1

i

S = $ 737.717 (1+0.004867)22 – 1

0.004867

S = $ 17.086.716,65

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de lucro cesante a favor H. F. S. S., la suma de DIECISIETE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 17.086.716,65).

7.3.20. J. A. L. M.

Con relación a los perjuicios materiales a título de lucro cesante, el a quo le otorgó a dicho actor, la suma de $ 6.341.792.

Frente a este ítem, es claro para la Sala, que obra en el plenario prueba testimonial rendida por O. A. M., A. J. Z. O., G. J. G. Z. y Y. J. B.R., manifestando que el señor J. A. L. M. al momento de ser detenido desempeñaba actividades agrícolas, para el sustento económico propio y familiar; advierte la Sala que en la diligencia de indagatoria rendida por el encartado, éste señaló que devengaba un promedio de $ 200.000 mensuales.

Por lo expuesto, la Sala encuentra acreditada la configuración del perjuicio material en cabeza del hoy demandante, ya que está demostrado que ejercía una actividad económica como fuente de sus ingresos, y que la asignación mensual era de $ 200.000, valor que no se tendrá en cuenta pues es inferior al salario mínimo legal.

En consideración a lo anterior la Sala debe acudir equitativamente al salario mínimo legal mensual vigente, establecido en la suma de $ 737.717, liquidados conforme a la fórmula acogida por la jurisprudencia, y teniendo en cuenta que el señor J. A. L. M. estuvo efectivamente privado de la libertad por un lapso de tiempo equivalente a 21.06 meses.

S = Ra (1 + i )n - 1

i

S = $ 737.717 (1+0.004867)21.06 – 1

0.004867

S = $ 16.318.716,83

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de lucro cesante a favor J. A. L. M., la suma de DIECISÉIS MILLONES TRECIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($ 16.318.716,83).

7.3.21. J. S. S. G.

Con relación a los perjuicios materiales a título de lucro cesante, el a quo le otorgó a dicho actor, la suma de $ 12.500.523.

Frente a este ítem, es claro para la Sala, que obra en el plenario prueba testimonial rendida por A. J. C. M., S. J. C. G. y O. A. L., manifestando que el señor J. S. S. G. al momento de ser detenido desempeñaba actividades agrícolas de cuya labor obtenía ingresos para su propio sustento y el de su familia; sin embargo, advierte la Sala que no se arrimó al presente proceso prueba idónea que permitiere demostrar los ingresos mensuales devengados por el actor.

No obstante, la Sala encuentra acreditada la configuración del perjuicio material en cabeza del hoy demandante, ya que está demostrado que ejercía una actividad económica como fuente de sus ingresos; en razón a lo cual debe acudir equitativamente al salario mínimo legal mensual vigente, establecido en la suma de $ 737.717, liquidados conforme a la fórmula acogida por la jurisprudencia, y teniendo en cuenta que el señor J. S. S. G. estuvo efectivamente privado de la libertad por un lapso de tiempo equivalente a 22 meses.

S = Ra (1 + i )n - 1

i

S = $ 737.717 (1+0.004867)22 – 1

0.004867

S = $ 17.086.716,65

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de lucro cesante a favor de J. S. S. G., la suma de DIECISIETE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 17.086.716,65).

7.3.22. M. J. M. Á.

Con relación a los perjuicios materiales a título de lucro cesante, el a quo no le otorgó a dicho actor suma alguna, al considerar que “si bien los declarantes y el propio señor M. Á., coinciden tanto en la actividad (conductor en la empresa de transportes “B.”) como en el monto promedio de los ingresos mensuales, lo cierto es que no fue arrimado al plenario prueba alguna que demostrara que dicho vehículo (de su propiedad) permaneciera inmóvil y sin generar algún tipo de ingreso mientras éste estuvo detenido, pues la lógica indica que si el vehículo le generaba ingresos al demandante, bien pudo este continuar haciéndolo durante el tiempo que estuvo privado de la libertad, ya que dicha circunstancia no impedía la movilización del vehículo”.

La sala considera que el tribunal tiene parcialmente razón, en cuanto asumió que la fuente de ingreso residía en el vehículo. En ese sentido, no existe prueba que permita conceder condena por lucro cesante. Sin embargo, la realidad que aflora de las pruebas es que el señor M. Á. se desempeñaba como conductor y derivaba de allí una remuneración que no pudo conservar por causa de la privación injusta de la libertad, tal y como lo confirman los testimonios rendidos por J. A. T. y J. I. R. P.

En consecuencia, la Sala encuentra acreditada la configuración del perjuicio material en cabeza del hoy demandante; en razón a lo cual debe acudir equitativamente al salario mínimo legal mensual vigente, establecido en la suma de $ 737.717, liquidados conforme a la fórmula acogida por la jurisprudencia, y teniendo en cuenta que el señor M. J. M. Á. estuvo efectivamente privado de la libertad por un lapso de tiempo equivalente a 22 meses.

S = Ra (1 + i )n - 1

i

S = $ 737.717 (1+0.004867)22 – 1

0.004867

S = $ 17.086.716,65

Así las cosas, la Sala reconocerá por concepto de lucro cesante a favor de M. J. M. Á., la suma de DIECISIETE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 17.086.716,65).

7.3.23. O. B.M.

Con relación a los perjuicios materiales a título de lucro cesante, el a quo no le otorgó a dicho actor suma alguna, al considerar que del análisis del material probatorio obrante en el plenario, más específicamente en el acta de diligencia de indagatoria el hoy actor manifestó no encontrarse laborando, ni obtener ingreso alguno.

Dichos argumentos no son de recibo para esta Sala, pues aunque en diligencia de indagatoria el encartado haya sostenido que para el momento de los hechos éste no se encontraba laborando, mal haría esta Sala en negarle los perjuicios solicitados, toda vez que O. B.M. tenía toda la capacidad laboral tal y como lo confirman los testimonios rendidos por A. J. C. M., S. J. C. G. y m.(sic) R. G. B. quienes manifestaron que la demandante desempeñaba se desempeñaba como ama de casa además de explotar un pequeño fundo cultivando café y caña, para el sustento económico propio y familiar.

En consecuencia, la Sala encuentra acreditada la configuración del perjuicio material en cabeza del hoy demandante; en razón a lo cual debe acudir equitativamente al salario mínimo legal mensual vigente, establecido en la suma de $ 737.717, liquidados conforme a la fórmula acogida por la jurisprudencia, y teniendo en cuenta que el señor O. B.M. estuvo efectivamente privado de la libertad por un lapso de tiempo equivalente a 22 meses.

S = Ra (1 + i )n - 1

i

S = $ 737.717 (1+0.004867)22 – 1

0.004867

S = $ 17.086.716,65

Así las cosas, la Sala reconocerá por concepto de lucro cesante a favor de O. B.M., la suma de DIECISIETE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 17.086.716,65).

7.3.24. W. A. L. L.

Con relación a los perjuicios materiales a título de lucro cesante, el a quo le otorgó a dicho actor, la suma de $ 8.365.361.

Frente a este ítem, es claro para la Sala, que obra en el plenario prueba testimonial rendida por L. E. V. R. y L. R. R. Á., manifestando que el señor W. A. L. L. al momento de ser detenido desempeñaba actividades mineras, para el sustento económico propio y familiar; advierte la Sala que en la diligencia de indagatoria rendida por el encartado, éste señaló que devengaba un promedio de $ 50.000 semanales, es decir $ 250.000 mensuales.

Por lo expuesto, la Sala encuentra acreditada la configuración del perjuicio material en cabeza del hoy demandante, ya que está demostrado que ejercía una actividad económica como fuente de sus ingresos, y que la asignación mensual era de $ 250.000, valor que no se tendrá en cuenta pues es inferior al salario mínimo legal.

En consideración a lo anterior la Sala debe acudir equitativamente al salario mínimo legal mensual vigente, establecido en la suma de $ 737.717, liquidados conforme a la fórmula acogida por la jurisprudencia, y teniendo en cuenta que el señor W. A. L. L. estuvo efectivamente privado de la libertad por un lapso de tiempo equivalente a 22 meses.

S = Ra (1 + i )n - 1

i

S = $ 737.717 (1+0.004867)22 – 1

0.004867

S = $ 17.086.716,65

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de lucro cesante a favor W. A. L. L., la suma de DIECISIETE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 17.086.716,65).

7.3.25. A. T.

Con relación a los perjuicios materiales a título de lucro cesante, el a quo le otorgó a dicho actor, la suma de $ 9.793.891.

Frente a este ítem, es claro para la Sala, que obra en el plenario prueba testimonial rendida por R. G. C. y E. D. O., manifestando que el señor A. T. al momento de ser detenido desempeñaba actividades comerciales, para el sustento económico propio y familiar; sin embargo, advierte la Sala que no se arrimó al presente proceso prueba idónea que permitiere demostrar los ingresos mensuales devengados por el actor.

No obstante, la Sala encuentra acreditada la configuración del perjuicio material en cabeza del hoy demandante, ya que está demostrado que ejercía una actividad económica como fuente de sus ingresos; en razón a lo cual debe acudir equitativamente al salario mínimo legal mensual vigente, establecido en la suma de $ 737.717, liquidados conforme a la fórmula acogida por la jurisprudencia, y teniendo en cuenta que el señor A. T. estuvo efectivamente privado de la libertad por un lapso de tiempo equivalente a 17.63 meses.

S = Ra (1 + i )n - 1

i

S = $ 737.717 (1+0.004867)17.63 – 1

0.004867

S = $ 13.545.877,07

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de lucro cesante a favor de A. T., la suma de TRECE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON SIETE CENTAVOS ($ 13.545.877,07)

7.3.26. Á. J. L. A.

Con relación a los perjuicios materiales a título de lucro cesante, el a quo le otorgó a dicho actor, la suma de $ 10.301.173.

Frente a este ítem, es claro para la Sala, que obra en el plenario prueba testimonial rendida por E. V. L., M. V. L., J. A. H. L. y A. A. G. H., manifestando que el señor Á. J. L. A. al momento de ser detenido desempeñaba a la actividad del campo, además tenía un puesto de frutas en la galería, lo que generaba el sustento económico propio y familiar; sin embargo, advierte la Sala que no se arrimó al presente proceso prueba idónea que permitiere demostrar los ingresos mensuales devengados por el actor.

No obstante, la Sala encuentra acreditada la configuración del perjuicio material en cabeza del hoy demandante, ya que está demostrado que ejercía una actividad económica como fuente de sus ingresos; en razón a lo cual debe acudir equitativamente al salario mínimo legal mensual vigente, establecido en la suma de $ 737.717, liquidados conforme a la fórmula acogida por la jurisprudencia, y teniendo en cuenta que el señor Á. J. L. A. estuvo efectivamente privado de la libertad por un lapso de tiempo equivalente a 18.33 meses.

S = Ra (1 + i )n - 1

i

S = $ 737.717 (1+0.004867)18.33 – 1

0.004867

S = $ 14.108.018,60

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de lucro cesante a favor de Á. J. L. A., la suma de CATORCE MILLONES CIENTO OHO MIL DIECIOCHO PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 14.108.018,60).

7.3.27. C. A. H. O.

Con relación a los perjuicios materiales a título de lucro cesante, el a quo le otorgó a dicho actor, la suma de $ 10.085.170.

Frente a este ítem, es claro para la Sala, que obra en el plenario prueba testimonial rendida por A. A. P. T., M. E. A. G. y N. J. R. T. manifestando que el señor C. A. H. O. al momento de ser detenido se desempeñaba como vendedor de verduras y electricista, lo que generaba el sustento económico propio y familiar; sin embargo, advierte la Sala que no se arrimó al presente proceso prueba idónea que permitiere demostrar los ingresos mensuales devengados por el actor.

No obstante, la Sala encuentra acreditada la configuración del perjuicio material en cabeza del hoy demandante, ya que está demostrado que ejercía una actividad económica como fuente de sus ingresos; en razón a lo cual debe acudir equitativamente al salario mínimo legal mensual vigente, establecido en la suma de $ 737.717, liquidados conforme a la fórmula acogida por la jurisprudencia, y teniendo en cuenta que el señor C. A. H. O. estuvo efectivamente privado de la libertad por un lapso de tiempo equivalente a 18.26 meses.

S = Ra (1 + i )n - 1

i

S = $ 737.717 (1+0.004867)18.26 – 1

0.004867

S = $ 14.051.718,43

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de lucro cesante a favor de C. A. H. O., la suma de CATORCE MILLONES CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($ 14.051.718,43).

7.3.28. L. A. M. C.

Con relación a los perjuicios materiales a título de lucro cesante, el a quo le otorgó a dicho actor, la suma de $ 6.378.776.

Frente a este ítem, es claro para la Sala, que obra en el plenario prueba testimonial rendida por R. G. C. y E. D. O., M. C. G. T., J. A. T. C. y J. I. R. H. manifestando que el señor L. A. M. C. al momento de ser detenido desempeñaba como conductor de un vehículo de transporte público, para el sustento económico propio y familiar; advierte la Sala que en la diligencia de indagatoria rendida por el encartado, éste señaló que devengaba un promedio de $ 50.000 semanales, es decir $ 250.000 mensuales.

Por lo expuesto, la Sala encuentra acreditada la configuración del perjuicio material en cabeza del hoy demandante, ya que está demostrado que ejercía una actividad económica como fuente de sus ingresos, y que la asignación mensual era de $ 250.000, valor que no se tendrá en cuenta pues es inferior al salario mínimo legal.

En consideración a lo anterior la Sala debe acudir equitativamente al salario mínimo legal mensual vigente, establecido en la suma de $ 737.717, liquidados conforme a la fórmula acogida por la jurisprudencia, y teniendo en cuenta que el señor L. A. M. C. estuvo efectivamente privado de la libertad por un lapso de tiempo equivalente a 17.43 meses.

S = Ra (1 + i )n - 1

i

S = $ 737.717 (1+0.004867)17.43 – 1

0.004867

S = $ 13.385.615,81

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de lucro cesante a favor L. A. M. C., la suma de TRECE MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($ 13.385.615,81).

7.3.29. N. J. M. A.

Con relación a los perjuicios materiales a título de lucro cesante, el a quo le otorgó a dicho actor, la suma de $ 10.283.645.

Frente a este ítem, es claro para la Sala, que obra en el plenario prueba testimonial rendida por H. V. G. y J. D. V. G. manifestando que el señor N. J. M. A. al momento de ser detenido se desempeñaba como comerciante independiente, lo que generaba el sustento económico propio y familiar; sin embargo, advierte la Sala que no se arrimó al presente proceso prueba idónea que permitiere demostrar los ingresos mensuales devengados por el actor.

No obstante, la Sala encuentra acreditada la configuración del perjuicio material en cabeza del hoy demandante, ya que está demostrado que ejercía una actividad económica como fuente de sus ingresos; en razón a lo cual debe acudir equitativamente al salario mínimo legal mensual vigente, establecido en la suma de $ 737.717, liquidados conforme a la fórmula acogida por la jurisprudencia, y teniendo en cuenta que el señor N. J. M. A. estuvo efectivamente privado de la libertad por un lapso de tiempo equivalente a 17.33 meses.

S = Ra (1 + i )n - 1

i

S = $ 737.717 (1+0.004867)17.33 – 1

0.004867

S = $ 13.305.543,52

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de lucro cesante a favor de N. J. M. A., la suma de TRECE MILLONES TRECEINTOS CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($ 13.305.543,52).

9.(sic) Condena en costas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se impondrán.

En mérito de lo expuesto, El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUE LV E

MODIFICAR la sentencia proferida el 30 de agosto de 2011 por el Tribunal Contencioso Administrativo del Risaralda, la cual quedara así:

1. DECLARAR responsable a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN de los perjuicios sufridos por los demandantes como consecuencia de la privación injusta de la libertad a la que fueron sometidos los señores G. C. B., D. J. V. G., E. T. C., G. A. C. L., J. A. T. B., O. P. P., E. G. B., J. I. C. M., F. L. A., J. E. T. H., E. S. V. M., M. T. M. P., C. A. L. R., D. J. V. T., E. A. H. P., F. J. R. S., F. N. C. G., H. F. B.S., H. F. S. S., J. A. L. M., J. S. S. G., M. J. M. A., O. B.M., W. A. L. L., A. T., Á. J. L. A., C. A. H. O., L. A. M. C. y N. J. M. A.

2. CONDENAR a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar a título de perjuicios morales, a cada uno de los demandantes las siguientes sumas:

DemandanteIndemnización
G. C. B.100 smlmv
W. A. C. T.100 smlmv
F. A. C. T.100 smlmv
M. E. C. T.100 smlmv
G. O. C. T.100 smlmv
J. J. C. T.100 smlmv
A. C. T.100 smlmv
F. J. C. T.100 smlmv
E. A. C. B.50 smlmv
M. O. C. B.50 smlmv
M. O. C. B.50 smlmv
D. C. B.50 smlmv
M. D. C. B.50 smlmv
D. J. V. G.100 smlmv
S. R. G. G.100 smlmv
F. C. V. G.50 smlmv
D. E. V. G.50 smlmv
E. T. C.100 smlmv
M. G. C.100 smlmv
D. J. T. G.100 smlmv
M. A. C. M.100 smlmv
A. T. C.50 smlmv
B. T. C.50 smlmv
M. T. C.50 smlmv
C. T. C.50 smlmv
M. A. T. C.50 smlmv
G. A. C. L.100 smlmv
M. C. L. A.100 smlmv
L. A. C. A.100 smlmv
J. E. C. L.50 smlmv
B. Y. C. L.50 smlmv
C. A. C. L.50 smlmv
E. J. C. L.50 smlmv
J. A. L. L.50 smlmv
A. D. A. C.50 smlmv
J. A. T. B.100 smlmv
O. E. T. T.100 smlmv
G. B. L.100 smlmv
M. E. T. B.50 smlmv
O. J. T. B.50 smlmv
A. Z. T. B.50 smlmv
C. Y. T. B.50 smlmv
O. P. P.100 smlmv
A. F. R. T.100 smlmv
Y. MA. LY P. R.100 smlmv
Y. V. P. R.100 smlmv
D. P. R.100 smlmv
K. Y. P. R.100 smlmv
M. Y. P. R.100 smlmv
A. D. P.100 smlmv
L. P.50 smlmv
I. P.50 smlmv
L. E. P. P.50 smlmv
M. C. P. P.50 smlmv
E. G. B.100 smlmv
G. C. H. S.100 smlmv
P. A. G. H.100 smlmv
A. G. H.100 smlmv
A. J. G. H.100 smlmv
L. E. G.100 smlmv
L. B.100 smlmv
M. A. G. H.50 smlmv
E. A. G. H.50 smlmv
R. A. G. H.50 smlmv
C. J. G. H.50 smlmv
W. G. B.50 smlmv
J. I. C. M.100 smlmv
A. E. C. S.100 smlmv
D. J. C. M.50 smlmv
L. M. C. M.50 smlmv
M. C. M.50 smlmv
M. A. C. M.50 smlmv
S. M. C. M.50 smlmv
F. L. A.100 smlmv
L. M. C. L.100 smlmv
J. J. L. C.100 smlmv
A. L. L. C.100 smlmv
J. A. L. L.100 smlmv
A. D. A.100 smlmv
Á. J. L. A.50 smlmv
M. C. L. A.50 smlmv
L. A. L. A.50 smlmv
R. E. L. A.50 smlmv
A. M. L. A.50 smlmv
D. A. L. A.50 smlmv
L. E. L. A.50 smlmv
E. A. L. A.50 smlmv
J. E. T. H.100 smlmv
A. T. A.100 smlmv
I. H.100 smlmv
E. J. T. H.50 smlmv
A. M. T. H.50 smlmv
E. S. V. M.90 smlmv
L. G. A. P.90 smlmv
R. A. V.90 smlmv
S. M. V. M.45 smlmv
J. N. V. M.45 smlmv
W. A. V. M.45 smlmv
M. T. M. P.90 smlmv
A. M. T.90 smlmv
G. A. M.90 smlmv
L. D. M. M.90 smlmv
O. M. M.90 smlmv
A. M. T.90 smlmv
J. M. M.90 smlmv
F. A. M. P.45 smlmv
O. J. M. P.45 smlmv
U. A. M. P.45 smlmv
C. E. M. P.45 smlmv
G. M. T.45 smlmv
C. A. L. R.100 smlmv
A. H. L.100 smlmv
C. E. R.100 smlmv
L. A. R.50 smlmv
J. A. L. R.50 smlmv
F. A. L. R.50 smlmv
G. L. R.50 smlmv
M. C. L. R.50 smlmv
J. G. L. R.50 smlmv
D. J. V. T.100 smlmv
A. L. C. B.100 smlmv
J. S. V. C.100 smlmv
G. T. C.100 smlmv
E. V. T.50 smlmv
I. S. V. T.50 smlmv
V. H. V. T.50 smlmv
L. P. V. T.50 smlmv
Y. A. V. T.50 smlmv
E. A. H. P.100 smlmv
D. J. H. T.100 smlmv
L. M. P. C.100 smlmv
J. C. H. P.50 smlmv
F. J. R. S.100 smlmv
J. M. R. M.100 smlmv
M. Y. R. M.100 smlmv
R. A. S. B.100 smlmv
J. V. R. S.50 smlmv
M. N. R. S.50 smlmv
O. A. R. S.50 smlmv
F. E. R. S.50 smlmv
M. C. R. S.50 smlmv
M. C. R. S.50 smlmv
F. N. C. G.100 smlmv
B. L. C. G.50 smlmv
J. E. C. G.50 smlmv
Y. E. C. G.50 smlmv
L. G. C. G.50 smlmv
N. S. C. G.50 smlmv
L. C. C. G.50 smlmv
H. F. B. S.100 smlmv
A. J. B. L.100 smlmv
C. L. S. J.100 smlmv
F. A. B. S.50 smlmv
G. N. B. S.50 smlmv
H. F. S. S.100 smlmv
S. A. S. A.100 smlmv
M. L. S. S.50 smlmv
MARÍA M. S. S.50 smlmv
C. L. S.50 smlmv
J. A. L. M.100 smlmv
M. R. C. L.100 smlmv
A. E. M. L.100 smlmv
L. D. L. M.50 smlmv
M. A. L. M.50 smlmv
L. C. L. M.50 smlmv
M. F. L. M.50 smlmv
J. S. S. G.100 smlmv
M. A. S. G.50 smlmv
E. S. G.50 smlmv
G. S. G.50 smlmv
M. E. S. G.50 smlmv
M. N. S. G.50 smlmv
E. G.50 smlmv
M. J. M. A.100 smlmv
U. J. L. R.100 smlmv
S. E. M. L.100 smlmv
L. A. M. L.100 smlmv
Y. E. M. L.100 smlmv
N. J. M. A.50 smlmv
J. M. A.50 smlmv
J. M. A.50 smlmv
P. N. M. A.50 smlmv
A. M. A.50 smlmv
W. J. M. A.50 smlmv
O. B. M.100 smlmv
E. J. B. V.100 smlmv
E. T. B. B.100 smlmv
A. B. T.100 smlmv
Y. M. S.100 smlmv
F. J. B. M.50 smlmv
C. A. B. M.50 smlmv
W. A. L. L.100 smlmv
M. Á. L. L.100 smlmv
R. A. L. L.100 smlmv
L. L. L. L.50 smlmv
D. C. L. L.50 smlmv
D. L. L.50 smlmv
A. R. L. L.50 smlmv
A. T.90 smlmv
B. C. M. T.90 smlmv
L. F. T. M.90 smlmv
S. L. T. M.90 smlmv
M. E. T. V.90 smlmv
R. D. L. T.45 smlmv
L. E. L. T.45 smlmv
G. J. T.45 smlmv
Á. J. L. A.100 smlmv
F. H.100 smlmv
M. L. L. H.100 smlmv
N. A. L. H.100 smlmv
P. A. L. H.100 smlmv
J. A. L. L.100 smlmv
A. D. A. L.100 smlmv
F. L. A.50 smlmv
M. C. L. A.50 smlmv
L. A. L. A.50 smlmv
R. E. L. A.50 smlmv
A. M. L. A.50 smlmv
D. A. L. A.50 smlmv
L. E. L. A.50 smlmv
E. L. A.50 smlmv
C. A. H. O.100 smlmv
M. A. S. G.100 smlmv
L. C. H. S.100 smlmv
E. L. H. S.100 smlmv
J. F. H. S.100 smlmv
C. A. H. S.100 smlmv
C. M. H. S.100 smlmv
D. E. H. S.100 smlmv
L. D. H. S.100 smlmv
L. F. H. M.100 smlmv
L. R. O. A.100 smlmv
J. A. H. O.50 smlmv
A. H. O.50 smlmv
A. H. O.50 smlmv
A. H. O.50 smlmv
M. C. H. O.50 smlmv
R. I. H. O.50 smlmv
M. D. H. O.50 smlmv
L. A. M. C.90 smlmv
R. A. G. A.90 smlmv
I. A. M. G.90 smlmv
D. A. M. G.90 smlmv
A. J. M.45 smlmv
J. E. M. C.45 smlmv
A. J. M.45 smlmv
A. J. M. C.45 smlmv
N. J. M. A.90 smlmv
O. M. A. I.90 smlmv
J. M. A.45 smlmv
M. M. A.45 smlmv
J. M. A.45 smlmv
P. N. M. A.45 smlmv
A. M. A.45 smlmv
W. J. M. A.45 smlmv

3. CONDENAR a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar a título de lucro cesante las siguientes sumas de dinero:

DemandanteIndemnización
G. C. B.$ 17.086.716,65
D. J. V. G.$ 17.086.716,65
E. T. C.$ 17.086.716,65
G. A. C. L.$ 17.086.716,65
J. A. T. B.$ 16.155.764,34
O. P. P.$ 17.086.716,65
E. G. B.$ 21.468.373,14
J. I. C. M.$ 17.086.716,65
F. L. A.$ 17.086.716,65
J. E. T. H.$ 17.086.716,65
E. S. V. M.$ 13.730.370,02
M. T. M. P.$ 12.109.112,63
C. A. L. R.$ 16.318.716,83
D. J. V. T.$ 17.086.716,65
E. A. H. P.$ 17.086.716,65
F. J. R. S.$ 17.086.716,65
F. N. C. G.$ 17.086.716,65
H. F. B. S.$ 17.086.716,65
H. F. S. S.$ 17.086.716,65
J. A. L. M.$ 16.318.716,83
J. S. S. G.$ 17.086.716,65
M. J. M. Á.$ 17.086.716,65
O. B. M.$ 17.086.716,65
W. A. L. L.$ 17.086.716,65
A. T.$ 13.545.877,07
Á. J. L. A.$ 14.108.018,60
C. A. H. O.$ 14.051.718,43
L. A. M. C.$ 13.385.615,81
N. J. M. A.$ 13.305.543,52

4. TÉNGASE a los señores B. H. A., N. M. M. Y O. H. A., acreedores del 40% de las indemnizaciones reconocidas en este proveído en cabeza de los señores E. S. V. M., L. G. A. P., R. A. V., S. M. V. M., J. N. V. M. Y W. A. V. M., como consecuencia de la cesión de derechos litigiosos reconocida por esta corporación mediante auto del 17 de septiembre de 2014.

5. TÉNGASE al señor F. J. V. V. acreedor del 60% de las indemnizaciones reconocidas en este proveído en cabeza de E. S. V. M., como consecuencia de la cesión de derechos litigioso reconocida por esta corporación mediante auto del 02 de mayo de 2016.

6. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

7. Sin condena en costas.

8. DESE cumplimiento a lo dispuesto en los artículo 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

9. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

Magistrados: Jaime Enrique Rodríguez Navas—Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Presidente de la Sala, aclaración de voto—Guillermo Sánchez Luque».

28 2008-0009(IJ), M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

29 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 2 de febrero de 1996, Rad. 11.425. Criterio reiterado en sentencias del 13 de septiembre de 2001, Rad. 13.392. y del 14 de febrero de 2002, Rad. 13.622.

30 Consejo de Estado, sentencia de 7 de abril de 2011, Exp. 20.750

31 Certificación expedida por la Notaria Única del Círculo de Quinchía, donde se constata la información contenida en el registro civil de nacimiento que se encuentra a folio XXX del tomo 1º. Fl. 2, cdno. 2.

32 Certificación expedida por la Notaria Única del Círculo de Quinchía, donde se constata la información contenida en el registro civil de nacimiento que se encuentra a folio XXX del tomo 1º. Fl. 3, cdno. 2.

33 Copia autentica del registro civil de nacimiento Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 5, cdno. 2.

34 Certificación expedida por la Notaria Única del Círculo de Quinchía, donde se constata la información contenida en el registro civil de nacimiento que se encuentra a folio XXX del tomo 3º. Fl. 6, cdno. 2.

35 Certificación expedida por la Notaria Única del Círculo de Quinchía, donde se constata la información contenida en el registro civil de nacimiento que se encuentra a folio XXX del tomo 3º. Fl. 7, cdno. 2.

36 Certificación expedida por la Notaria Única del Círculo de Quinchía, donde se constata la información contenida en el registro civil de nacimiento que se encuentra a folio XXX del tomo 2º. Fl. 8, cdno. 2.

37 Certificación expedida por la Notaria Única del Círculo de Quinchía, donde se constata la información contenida en el registro civil de nacimiento que se encuentra a folio XXX del tomo 3º. Fl. 9, cdno. 2.

38 Copia autentica del Registro civil de nacimiento Nº XXX. Fl. 12, cdno. 2.

39 Copia autentica del registro civil de nacimiento que reposa a folio 32 del libro de nacimientos de 1944 en la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 13, cdno. 2.

40 Copia autentica del registro civil de nacimiento que reposa a folio 192 del libro de nacimientos de 1941 en la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 14, cdno. 2.

41 Copia autentica del Registro civil de nacimiento Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 15, cdno. 2.

42 Copia autentica del registro civil de nacimiento que reposa a folios XXX del libro de nacimientos de 1937 en la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 16, cdno. 2.

43 Certificación del registro civil de nacimiento de D. J. V. G. donde se constata que Sara Rosa Gómez es su madre. Fl. 19, cdno. 2.

44 Certificación expedida por la Notaria Única del Círculo de Quinchía, donde se constata la información contenida en el registro civil de nacimiento que se encuentra a folio XXX del tomo 2º. Fl. 20, cdno. 2.

45 Copia autentica del registro civil de nacimiento Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 22, cdno. 2.

46 Copia autentica del registro civil de nacimiento Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 23, cdno. 2.

47 Copia autentica del registro civil de nacimiento de E. T. C. donde se constata que M. A. C. M. es su madre. Fl. 25, cdno. 2.

48 Copia autentica del registro civil de nacimiento Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 26, cdno. 2.

49 Copia autentica del registro civil de nacimiento que reposa a folio 26 del libro de nacimientos de 1971 en la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 27, cdno. 2.

50 Copia autentica del registro civil de nacimiento Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 28, cdno. 2.

51 Copia autentica del registro civil de nacimiento Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 29, cdno. 2.

52 Certificación expedida por la Notaria Única del Círculo de Quinchía, donde se constata la información contenida en el registro civil de nacimiento que se encuentra a folio 458 del tomo 2º. Fl. 30, cdno. 2.

53 Declaración rendida por A. M. M. B. Fls. 670-675, cdno. 2.-2

54 Declaración rendida por E. J. C. G. T. Fls. 681-685, cdno. 2.-2

55 Copia autentica del registro civil de nacimiento de G. A. C. L. Nº XXX donde se constata que M. C. L. A. es su madre. Fl. 32, cdno. 2.

56 Copia autentica del Registro civil de nacimiento de G. A. C. L. Nº XXX donde se constata que L. A. C. A. es su padre. Fl. 32, cdno. 2.

57 Copia autentica del registro civil de nacimiento Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 34, cdno. 2.

58 Copia autentica del registro civil de nacimiento Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 35, cdno. 2.

59 Copia autentica del registro civil de nacimiento Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 33, cdno. 2.

60 Copia autentica del registro civil de nacimiento de L. A. C. A., Padre de G. A. C. L. donde se constata que es padre del mismo y por consiguiente abuelo de la víctima Fl. 37, cdno. 2.

61 Copia autentica del registro civil de nacimiento de M. C. L. A., madre de G. A. C. L. donde se constata que es padre de la misma y por consiguiente abuelo de la víctima Fl. 39, cdno. 2.

62 Copia autentica del registro civil de nacimiento de M. C. L. A., padre de G. A. C. L. donde se constata que es madre de la misma y por consiguiente abuela de la víctima Fl. 39, cdno. 2.

63 Copia autentica del registro civil de nacimiento de J. A. T. B. Nº XXX donde se constata que O. E. T. T. es su padre. Fl. 41, cdno. 2.

64 Copia autentica del registro civil de nacimiento de J. A. T. B. Nº XXX donde se constata que G. B.L. es su madre. Fl. 41, cdno. 2.

65 Copia autentica del registro civil de nacimiento que reposa a folio 67 del libro de nacimientos de 1966 en la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 42, cdno. 2.

66 Copia autentica del registro civil de nacimiento que reposa a folio XXX del libro de nacimientos de 1968 en la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 43, cdno. 2.

67 Copia autentica del registro civil de nacimiento Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 44, cdno. 2.

68 Copia autentica del registro civil de nacimiento Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 45, cdno. 2.

69 Copia autentica del registro civil de nacimiento Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 46, cdno. 2.

70 Copia autentica del registro civil de nacimiento Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 47, cdno. 2.

71 Copia autentica del registro civil de nacimiento Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 48, cdno. 2.

72 Copia autentica del registro civil de nacimiento Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 49, cdno. 2.

73 Copia autentica del registro civil de nacimiento Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 50, cdno. 2.

74 Copia autentica del registro civil de nacimiento de O. P. P. Nº XXX donde se constata que A. D. P. es su madre. Fl. 51, cdno. 2.

75 Copia autentica del registro civil de nacimiento Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 52, cdno. 2.

76 Copia autentica del registro civil de nacimiento Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 53, cdno. 2.

77 Copia autentica del registro civil de nacimiento Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 54, cdno. 2.

78 Copia autentica del registro civil de nacimiento que reposa a folio XXX del libro de nacimientos de 1973 en la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 55, cdno. 2.

79 Declaración rendida por R. A. A. B. Fls. 572-579, cdno. 2.-2

80 Declaración rendida por F. J. C. C. Fls. 579-585, cdno. 2.-2

81 Declaración rendida por G. C. T. V. Fls. 590-596, cdno. 2.-2

82 Certificación expedida por la Notaria Única del Círculo de Quinchía, donde se constata la información contenida en el registro civil de nacimiento que se encuentra a folio XXX del tomo 3º. Fl. 56, cdno. 2.

83 Certificación expedida por la Notaria Única del Círculo de Quinchía, donde se constata la información contenida en el registro civil de nacimiento que se encuentra a folio XXX del tomo 3º. Fl. 57, cdno. 2.

84 Copia autentica del registro civil de nacimiento Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 58, cdno. 2.

85 Copia autentica del registro civil de nacimiento de E. G. B. donde se constata que L. E. G. es su padre. Fl. 60, cdno. 2.

86 Copia autentica del registro civil de nacimiento de E. G. B. donde se constata que L. B. es su madre. Fl. 60, cdno. 2.

87 Copia autentica del registro civil de nacimiento Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 61, cdno. 2.

88 Copia autentica del registro civil de nacimiento Nº 18819827 expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 62, cdno. 2.

89 Copia autentica del registro civil de nacimiento Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 63, cdno. 2.

90 Copia autentica del registro civil de nacimiento Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 64, cdno. 2.

91 Copia autentica del registro civil de nacimiento Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 65, cdno. 2.

92 Declaración rendida por O. A. L. Fls. 607-613, cdno. 2-2.

93 Declaración rendida por J. H. F. D. Fls. 613-623, cdno. 2-2.

94 Declaración rendida por S. J. G. S. Fls. 614-628, cdno. 2-2.

95 Copia autentica del registro civil de nacimiento de J. I. C. M. donde se constata que A. E. C. S. es su padre. Fl. 68, cdno. 2.

96 Copia autentica del registro civil de nacimiento que reposa a folio XXX del libro de nacimientos de 1963 en la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 69, cdno. 2.

97 Copia autentica del registro civil de nacimiento que reposa a folio 595 del libro de nacimientos de 1965 en la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 70, cdno. 2.

98 Copia autentica del registro civil de nacimiento que reposa a folio XXX del libro de nacimientos de 1964 en la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 71, cdno. 2.

99 Copia autentica del registro civil de nacimiento que reposa a folio XXX del libro de nacimientos de 1969 en la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 73, cdno. 2.

100 Copia autentica del registro civil de nacimiento que reposa a folio XXX del libro de nacimientos de 1973 en la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 72, cdno. 2.

101 Copia autentica del Registro civil de matrimonio Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 74, cdno. 2.

102 Certificación expedida por la Notaria Única del Círculo de Quinchía, donde se constata la información contenida en el registro civil de nacimiento que se encuentra a folio XXX del tomo 2º. Fl. 75, cdno. 2.

103 Certificación expedida por la Notaria Única del Círculo de Quinchía, donde se constata la información contenida en el registro civil de nacimiento que se encuentra a folio XXX del tomo 3º. Fl. 76, cdno. 2.

104 Copia autentica del registro civil de nacimiento de F. L. A. donde se constata que J. A. L. L. es su padre. Fl. 78, cdno. 2.

105 Copia autentica del registro civil de nacimiento de F. L. A. donde se constata que A. D. A. es su madre. Fl. 79, cdno. 2.

106 Copia autentica del registro civil de nacimiento que reposa a folio 108 del libro de nacimientos de 1964 en la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 79, cdno. 2.

107 Copia autentica del registro civil de nacimiento que reposa a folio 534 del libro de nacimientos de 1967 en la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 80, cdno. 2.

108 Copia autentica del registro civil de nacimiento que reposa a folio 229 del libro de nacimientos de 1969 en la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 81, cdno. 2.

109 Copia autentica del registro civil de nacimiento que reposa a folio 45 del libro de nacimientos de 1973 en la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 82, cdno. 2.

110 Copia autentica del registro civil de nacimiento que reposa a folio 1495582 del libro de nacimientos de 1976 en la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 83, cdno. 2.

111 Copia autentica del registro civil de nacimiento Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 84, cdno. 2.

112 Copia autentica del registro civil de nacimiento Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 85, cdno. 2.

113 Copia autentica del registro civil de nacimiento Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 86, cdno. 2.

114 Copia autentica del registro civil de nacimiento de J. E. T. H. donde se constata que A. T. A. es su padre. Fl. 88, cdno. 2.

115 Copia autentica del registro civil de nacimiento de J. E. T. H. donde se constata que I. H. es su madre. Fl. 88, cdno. 2.

116 Copia autentica del registro civil de nacimiento que reposa a folio XXX del libro de nacimientos de 1964 en la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 89, cdno. 2.

117 Copia autentica del registro civil de nacimiento que reposa a folio XXX del libro de nacimientos de 1970 en la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 90, cdno. 2.

118 Copia autentica del registro civil de matrimonio Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. FL 91, cdno. 2.

119 Copia autentica del Registro civil de nacimiento de E. S. V. M. donde se constata que R. A. V. es su padre. Fl. 93, cdno. 2.

120 Certificación expedida por la Notaria Única del Círculo de Quinchía, donde se constata la información contenida en el registro civil de nacimiento que se encuentra a folio XXX del tomo 2º. Fl. 94, cdno. 2.

121 Copia autentica del registro civil de nacimiento Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 95, cdno. 2.

122 Copia autentica del registro civil de nacimiento que reposa a folio XXX del libro de nacimientos de 1963 en la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 96, cdno. 2.

123 Copia autentica del registro civil de nacimiento que reposa a folio XXX del libro de nacimientos de 1974 en la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 97, cdno. 2.

124 Copia autentica del registro civil de nacimiento que reposa a folio XXX del libro de nacimientos de 1959 en la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 98, cdno. 2.

125 Copia autentica del registro civil de nacimiento Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 99, cdno. 2.

126 Copia autentica del registro civil de nacimiento que reposa a folio XXX del libro de nacimientos de 1967 en la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 100, cdno. 2.

127 Copia autentica del registro civil de nacimiento que reposa a folio XXX del libro de nacimientos de 1972 en la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 101, cdno. 2.

128 Copia autentica del registro civil de nacimiento que reposa a folio XXX del libro de nacimientos de 1968 en la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 102, cdno. 2.

129 Copia autentica del registro civil de nacimiento que reposa a folio XXX del libro de nacimientos de 1948 en la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 105, cdno. 2.

130 Copia autentica de la Partida de bautismo. Donde certifica además del parentesco que nació el 20 de diciembre de 1930. Fl. 107, cdno. 2.

131 Copia autentica de la Partida de bautismo. Donde certifica además del parentesco que nació el 20 de enero de 1933. Fl. 107, cdno. 2.

132 Copia autentica de la Partida de bautismo Nº XXX. Donde certifica además del parentesco que nació el 3 de mayo de 1938. Fl. 106, cdno. 2.

133 104 Copia autentica del registro civil de nacimiento que reposa a folio XXX del libro de nacimientos de 1940 en la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 109, cdno. 2.

134 La partida de bautismo tiene valor probatorio para demostrar el estado civil de las personas nacidas antes de 1938, porque antes de la expedición de la Ley 92 del mismo año no era obligatorio el registro de dicho documento. Decreto 1260 de 1970, Sentencia 13001233100020000033202 (39307).

135 Copia autentica del registro civil de nacimiento de C. A. L. R. donde se constata que A. H. L. es su padre. Fl. 111, cdno. 2.

136 Copia autentica del registro civil de nacimiento de C. A. L. R. donde se constata que C. E. R. es su madre. Fl. 111, cdno. 2.

137 Copia autentica del registro civil de nacimiento que reposa a folio XXX del libro de nacimientos de 1965 en la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 116, cdno. 2.

138 Certificación expedida por la Notaria Única del Círculo de Quinchía, donde se constata la información contenida en el registro civil de nacimiento que se encuentra a folio XXX del tomo 3º. Fl. 112, cdno. 2.

139 Certificación expedida por la Notaria Única del Círculo de Quinchía, donde se constata la información contenida en el registro civil de nacimiento que se encuentra a folio XXX del tomo 1º. Fl. 113, cdno. 2.

140 Copia autentica del registro civil de nacimiento que reposa a folio 74 del libro de nacimientos de 1971 en la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 118, cdno. 2.

141 Certificación expedida por la Notaria Única del Círculo de Quinchía, donde se constata la información contenida en el registro civil de nacimiento que se encuentra a folio XXX del tomo 1º. Fl. 114, cdno. 2.

142 Certificación expedida por la Notaria Única del Círculo de Quinchía, donde se constata la información contenida en el registro civil de nacimiento que se encuentra a folio XXX del tomo 1º.Fl. 115, cdno. 2.

143 Copia autentica del registro civil de nacimiento Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 120, cdno. 2.

144 Copia autentica del registro civil de nacimiento de D. J. V. T. Nº XXX donde se constata que G. T. C. es su madre. Fl. 123, cdno. 2.

145 Copia autentica del registro civil de nacimiento. Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 124, cdno. 2.

146 Copia autentica del registro civil de nacimiento que reposa a folio XXX del libro de nacimientos de 1970 en la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 125, cdno. 2.

147 Copia autentica del registro civil de nacimiento que reposa a folio XXX del libro de nacimientos de 1951 en la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 126, cdno. 2.

148 Copia autentica del registro civil de nacimiento. Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 127, cdno. 2.

149 Copia autentica del registro civil de nacimiento. Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 128, cdno. 2.

150 Declaración rendida por L. M. B. Fls. 758-766, cdno. 2.-3

151 Declaración rendida por L. M. B. Fls. 758-766, cdno. 2.-3

152 Copia autentica del registro civil de nacimiento de E. A. H. P. Nº XXX donde se constata que D. J. H. T. es su padre. Fl. 129, cdno. 2.

153 Copia autentica del registro civil de nacimiento de E. A. H. P. Nº XXX donde se constata que L. M. P. C. es su madre. Fl. 129, cdno. 2.

154 Copia autentica del registro civil de nacimiento. Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 131, cdno. 2.

155 Copia autentica del registro civil de nacimiento. Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 133, cdno. 2.

156 Copia autentica del registro civil de nacimiento. Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 134, cdno. 2.

157 Copia autentica del registro civil de nacimiento de F. J. R. S. Nº XXX donde se constata que R. A. S. B. es su madre. Fl. 135, cdno. 2.

158 Copia autentica del registro civil de nacimiento. Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 137, cdno. 2.

159 Certificación expedida por la Notaria Única del Círculo de Quinchía, donde se constata la información contenida en el registro civil de nacimiento que se encuentra a folio XXX del tomo 1º. Fl. 138, cdno. 2.

160 Copia autentica del registro civil de nacimiento. Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 136, cdno. 2.

161 Copia autentica del registro civil de nacimiento que reposa a folio XXX del libro de nacimientos de 1967 en la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 139, cdno. 2.

162 Certificación expedida por la Notaria Única del Círculo de Quinchía, donde se constata la información contenida en el registro civil de nacimiento que se encuentra a folio XXX del tomo 2º. Fl. 140, cdno. 2.

163 Certificación expedida por la Notaria Única del Círculo de Quinchía, donde se constata la información contenida en el registro civil de nacimiento que se encuentra a folio XXX del tomo 2º. Fl. 141, cdno. 2.

164 Declaraciones rendidas por M. E. C. y C. A. G. G. Fls. 412-421, cdno. 2.-2

165 Copia autentica del registro civil de nacimiento XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía Fl. 145, cdno. 2.

166 Copia autentica del registro civil de nacimiento Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía Fl. 146, cdno. 2.

167 Copia autentica del registro civil de nacimiento que reposa a folio XXX del libro de nacimientos de 1968 en la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 147, cdno. 2.

168 Copia autentica del registro civil de nacimiento que reposa a folio XXX del libro de nacimientos de 1978 en la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 148, cdno. 2.

169 Copia autentica del registro civil de nacimiento. Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía Fl. 149, cdno. 2.

170 Copia autentica del registro civil de nacimiento que reposa a folio XXX del libro de nacimientos de 1972 en la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 144, cdno. 2.

171 Copia autentica del registro civil de nacimiento de H. F. B.S. Nº XXX donde se constata que A. J. B.L. es su padre. Fl. 151, cdno. 2.

172 Copia autentica del registro civil de nacimiento de H. F. B.S. Nº XXX donde se constata que C. L. S. J. es su madre. Fl. 151, cdno. 2.

173 Copia autentica del registro civil de nacimiento. Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía Fl. 152, cdno. 2.

174 Copia autentica del registro civil de nacimiento. Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía Fl. 153, cdno. 2.

175 Copia autentica del registro civil de nacimiento. Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía Fl. 154, cdno. 2.

176 Copia autentica del registro civil de nacimiento que reposa a folio XXX del libro de nacimientos de 1965 en la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 157, cdno. 2.

177 Copia autentica del registro civil de nacimiento. Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía Fl. 159, cdno. 2.

178 Copia autentica del registro civil de nacimiento Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía Fl. 161, cdno. 2.

179 Copia autentica del registro civil de nacimiento de J. A. L. M. donde se constata que A. E. M. L. es su madre. Fl. 164, cdno. 2.

180 Copia autentica del registro civil de nacimiento que reposa a folio XXX del libro de nacimientos de 1963 en la Notaria Primera del Círculo de Pereira. Fl. 165, cdno. 2.

181 Certificación expedida por la Notaria Única del Círculo de Quinchía, donde se constata la información contenida en el registro civil de nacimiento que se encuentra a folio XXX del tomo 2º. Fl. 166, cdno. 2.

182 Certificación expedida por la Notaria Única del Círculo de Quinchía, donde se constata la información contenida en el registro civil de nacimiento que se encuentra a folio XXX del tomo 1º. Fl. 167, cdno. 2.

183 Certificación expedida por la Notaria Única del Círculo de Quinchía, donde se constata la información contenida en el registro civil de nacimiento que se encuentra a folio XXX del tomo 1º. Fl. 168, cdno. 2.

184 Declaración rendida por A. J. Z. O. Fls. 881-888, cdno. 2.-3

185 Declaración rendida por G. J. G. Z. Fls. 889-895, cdno. 2.-3

186 Declaración rendida por Y. J. B. R. Fls. 895-901, cdno. 2.-3

187 Copia autentica del registro civil de nacimiento que reposa a folio XXX del libro de nacimientos de 1958 en la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 172, cdno. 2.

188 Copia autentica del registro civil de nacimiento que reposa a folio XXX del libro de nacimientos de 1951 en la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 173, cdno. 2.

189 Copia autentica del registro civil de nacimiento Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 174, cdno. 2.

190 Copia autentica del registro civil de nacimiento que reposa a folios XXX del libro de nacimientos de 1936 en la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 175, cdno. 2.

191 Copia autentica del registro civil de nacimiento que reposa a folio XXX del libro de nacimientos de 1955 en la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 177, cdno. 2.

192 Copia autentica del registro civil de nacimiento que reposa a folio XXX del libro de nacimientos de 1939 en la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 176, cdno. 2.

193 Copia autentica del registro civil de matrimonio Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 178, cdno. 2.

194 Certificación expedida por la Notaria Única del Círculo de Quinchía, donde se constata la información contenida en el registro civil de nacimiento que se encuentra a folio XXX del tomo 3º. Fl. 179, cdno. 2.

195 Certificación expedida por la Notaria Única del Círculo de Quinchía, donde se constata la información contenida en el registro civil de nacimiento que se encuentra a folio XXX del tomo 2º. Fl. 180, cdno. 2-1.

196 Certificación expedida por la Notaria Única del Círculo de Quinchía, donde se constata la información contenida en el registro civil de nacimiento que se encuentra a folio XXX del tomo 1º. Fl. 181, cdno. 2-1.

197 Copia autentica del registro civil de nacimiento que reposa a folio XXX del libro de nacimientos de 1967 en la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 185, cdno. 2-1.

198 Certificación expedida por la Notaria Única del Círculo de Quinchía, donde se constata la información contenida en el registro civil de nacimiento que se encuentra a folio XXX del tomo 1º. Fl. 186, cdno. 2-1.

199 Certificación expedida por la Notaria Única del Círculo de Quinchía, donde se constata la información contenida en el registro civil de nacimiento que se encuentra a folio XXX del tomo 2º. Fl. 187, cdno. 2-1.

200 Copia autentica del registro civil de nacimiento Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 188, cdno. 2-1.

201 Copia autentica del registro civil de nacimiento Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 183, cdno. 2-1.

202 Copia autentica del registro civil de nacimiento que reposa a folio XXX del libro de nacimientos de 1970 en la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 189, cdno. 2-1

203 Copia autentica del registro civil de nacimiento Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 190, cdno. 2-1.

204 Copia autentica del registro civil de nacimiento de O. B.M. donde se constata que A. B. M. es su padre. Fl. 192, cdno. 2.

205 Copia autentica del registro civil de nacimiento de O. B.M. donde se constata que Y. M. S. es su madre. Fl. 192, cdno. 2.

206 Copia autentica del registro civil de nacimiento que reposa a folio XX del libro de nacimientos de 1973 en la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 193, cdno. 2-1

207 Copia autentica del registro civil de nacimiento Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 194, cdno. 2-1.

208 Declaración rendida por A. J. C. Fls. 974-982, cdno. 2-4

209 Declaración rendida por A. J. C. Fls. 983-988, cdno. 2-4

210 Copia autentica del registro civil de nacimiento de W. A. L. L. donde se constata que M. A. L. L. es su padre. Fl. 197, cdno. 2-1

211 Copia autentica del registro civil de nacimiento de W. A. L. L. donde se constata que A. L. L. es su madre. Fl. 197, cdno. 2-1

212 Copia autentica del registro civil de nacimiento Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 199, cdno. 2-1.

213 Copia autentica del registro civil de nacimiento Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 198, cdno. 2-1.

214 Copia autentica del registro civil de nacimiento Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 200, cdno. 2-1.

215 Copia autentica del registro civil de nacimiento que reposa a folio XXX del libro de nacimientos de 1956 en la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 201, cdno. 2-1.

216 Copia autentica del registro civil de matrimonio Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 203, cdno. 2-1.

217 Copia autentica del registro civil de nacimiento Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 204, cdno. 2-1.

218 Copia autentica del registro civil de nacimiento Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 205, cdno. 2-1.

219 Copia autentica del registro civil de nacimiento de A. T. donde se constata que M. E. T. V. es su madre. Fl. 206, cdno. 2-1.

220 Copia autentica del registro civil de nacimiento que reposa a folio XXX del libro de nacimientos de 1970 en la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 207, cdno. 2-1.

221 Copia autentica del registro civil de nacimiento que reposa a folio XXX del libro de nacimientos de 1972 en la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 208, cdno. 2-1.

222 Copia autentica del registro civil de nacimiento Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 209, cdno. 2-1.

223 Copia autentica del registro civil de matrimonio Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 212, cdno. 2-1.

224 Copia autentica del registro civil de nacimiento Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 213, cdno. 2-1.

225 Copia autentica del registro civil de nacimiento Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 214, cdno. 2-1.

226 Copia autentica del registro civil de nacimiento Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 215, cdno. 2-1.

227 Copia autentica del registro civil de nacimiento de Á. J. L. A. donde se constata que J. A. L. L. es su padre. Fl. 217, cdno. 2-1.

228 Copia autentica del registro civil de nacimiento de Á. J. L. A. donde se constata que A. D. A. C. es su madre. Fl. 217, cdno. 2-1.

229 Copia autentica del registro civil de nacimiento que reposa a folio XXX del libro de nacimientos de 1965 en la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 218, cdno. 2-1.

230 Copia autentica del registro civil de nacimiento que reposa a folio XXX del libro de nacimientos de 1967 en la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 219, cdno. 2-1.

231 Copia autentica del registro civil de nacimiento que reposa a folio XXX del libro de nacimientos de 1969 en la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 220, cdno. 2-1.

232 Copia autentica del registro civil de nacimiento que reposa a folio XXX del libro de nacimientos de 1973 en la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 221, cdno. 2-1.

233 Copia autentica del registro civil de nacimiento Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 222, cdno. 2-1.

234 Copia autentica del registro civil de nacimiento Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 223, cdno. 2-1.

235 Copia autentica del registro civil de nacimiento Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 224, cdno. 2-1.

236 Copia autentica del registro civil de nacimiento Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 225, cdno. 2-1.

237 Copia autentica del registro civil de matrimonio obrante a folio XXX expedida por la Notaria 2ª del Círculo de Pereira. Fl. 226, cdno. 2-1.

238 Copia autentica del registro civil de nacimiento Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 227, cdno. 2-1.

239 Copia autentica del registro civil de nacimiento Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 228, cdno. 2-1.

240 Copia autentica del registro civil de nacimiento Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 229, cdno. 2-1.

241 Copia autentica del registro civil de nacimiento Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 230, cdno. 2-1.

242 Copia autentica del registro civil de nacimiento Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 231, cdno. 2-1.

243 Copia autentica del registro civil de nacimiento Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 232, cdno. 2-1.

244 Copia autentica del registro civil de nacimiento Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 233, cdno. 2-1.

245 Copia autentica del registro civil de nacimiento C. A. H. O. Nº XXX donde se constata que L. F. H. M. es su padre. Fl. 235, cdno. 2-1.

246 Copia autentica del registro civil de nacimiento C. A. H. O. Nº XXX donde se constata que L. R. O. A. es su madre. Fl. 235, cdno. 2-1.

247 Copia autentica del registro civil de nacimiento que reposa a folio XXX del libro de nacimientos de 1946 en la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 236, cdno. 2-1.

248 Copia autentica del registro civil de nacimiento que reposa a folio XXX del libro de nacimientos de 1948 en la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 237, cdno. 2-1.

249 Certificación expedida por la Notaria Única del Círculo de Quinchía, donde se constata la información contenida en el registro civil de nacimiento que se encuentra a folio XXX del tomo 1º. Fl. 240, cdno. 2-1.

250 Certificación expedida por la Notaria Única del Círculo de Quinchía, donde se constata la información contenida en el registro civil de nacimiento que se encuentra a folio XXX del tomo 2º. Fl. 239, cdno. 2-1.

251 Copia autentica del registro civil de nacimiento Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 238, cdno. 2-1.

252 Certificación expedida por la Notaria Única del Círculo de Quinchía, donde se constata la información contenida en el registro civil de nacimiento que se encuentra a folio XXX del tomo 1º. Fl. 241, cdno. 2-1.

253 Certificación expedida por la Notaria Única del Círculo de Quinchía, donde se constata la información contenida en el registro civil de nacimiento que se encuentra a folio XXX del tomo 2º. Fl. 242, cdno. 2-1.

254 Declaración juramentada rendida por los señores M. J. M. C. y O. L. D. C. ante la Notaría Única del Círculo de Quincha donde constatan que los señores L. A. M. C. y R. A. G. A. tiene una unión marital de hecho hace más de 27 años. Declaraciones rendidas por M. C. G. T., J. A. T. C. y J. I. R. H. que constatan dicha información. Fls. 1096-114, cdno. 2-4.

255 Certificación expedida por la Notaria Única del Círculo de Quinchía, donde se constata la información contenida en el registro civil de nacimiento que se encuentra a folio XXX del tomo 1º. Fl. 244, cdno. 2-1.

256 Certificación expedida por la Notaria Única del Círculo de Quinchía, donde se constata la información contenida en el registro civil de nacimiento que se encuentra a folio XXX del tomo 2º. Fl. 245, cdno. 2-1.

257 Copia autentica del registro civil de nacimiento Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 248, cdno. 2-1.

258 Certificación expedida por la Notaria Única del Círculo de Quinchía, donde se constata la información contenida en el registro civil de nacimiento que se encuentra a folio XXX del tomo 2º. Fl. 249, cdno. 2-1.

259 Copia autentica del registro civil de nacimiento Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 250, cdno. 2-1.

260 Certificación expedida por la Notaria Única del Círculo de Quinchía, donde se constata la información contenida en el registro civil de nacimiento que se encuentra a folio XXX del tomo 2º. Fl. 257, cdno. 2-1.

261 Copia autentica del registro civil de nacimiento N. J. M. A. donde se constata que O. M. A. I. es su madre. Fl. 254, cdno. 2-1.

262 Copia autentica del registro civil de nacimiento que reposa a folio XXX del libro de nacimientos de 1965 en la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 255, cdno. 2-1.

263 Copia autentica del registro civil de nacimiento que reposa a folio XXX del libro de nacimientos de 1966 en la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 256, cdno. 2-1.

264 Copia autentica del registro civil de nacimiento que reposa a folio XXX del libro de nacimientos de 1974 en la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 257, cdno. 2-1.

265 Copia autentica del registro civil de nacimiento Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 260, cdno. 2-1.

266 Copia autentica del registro civil de nacimiento Nº XXX expedido por la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 259, cdno. 2-1.

267 Copia autentica del registro civil de nacimiento que reposa a folio XXX del libro de nacimientos de 1970 en la Notaria Única del Círculo de Quinchía. Fl. 258, cdno. 2-1.

268 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 7 de noviembre de 2012, Rad. 21611.

269 [18] “A juicio de la Sala, el derecho a la indemnización por detención preventiva debe ser el mismo cuando el proceso termine no sólo por sentencia absolutoria, sino anticipadamente por preclusión de la investigación (art. 443) o auto de cesación de procedimiento (art. 36), por cuanto éstas son decisiones equivalentes a aquélla para estos efectos. Ver, por ejemplo, sentencia de 14 de marzo y 4 de mayo de 2002, Exp. 12.076 y 13.038, respectivamente, y de 2 de mayo de 2002, Exp. 13.449”.

270 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de abril de 2011, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

271 En sentencia de 9 de junio de 2010, Exp. 19.312, se dijo: “...la Sala no avala una aplicación ultractiva del citado precepto legal (art. 414) que se encuentra derogado, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo. Es decir, cuando se absuelve al sindicado o al procesado porque el hecho no existió, el investigado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible el régimen de responsabilidad es el objetivo y, por consiguiente, no será determinante a la hora de establecer la responsabilidad de la entidad demandada si actuó o no de manera diligente o cuidadosa”.

272 [3] “Sobre el particular, consultar la sentencia del 4 de diciembre de 2006, Exp. 13.168, M.P. Mauricio Fajardo Gómez”.

273 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia del 19 de octubre 2011, Exp. 1994-02193 (19151), C.P. Enrique Gil Botero.

274 Exp. 23354, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

275 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, Exp. 2002-02548 (36149), C.P. (E) Hernán Andrade Rincón.

276 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación de Sala Plena de la Sección Tercera del 14 de septiembre de 2011, C.P. Dr. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero, se dijo sobre el daño a la vida de relación y su evolución hasta llegar a la denominación de daño inmaterial por afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados: “(...) la sentencia de julio 3 de 1992, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, concedió por primera vez en la Jurisdicción Contencioso administrativa un perjuicio inmaterial, distinto del moral, identificado con el nombre de daño fisiológico, con el que se hace referencia a la pérdida de la posibilidad de realizar actividades vitales que, aunque no producen rendimiento patrimonial, hacen agradable la existencia. El Consejo de Estado —Sección Tercera— en sentencia del 1º de julio de 1993 —rad. 7772, M.P. Daniel Suárez Hernández—, respaldó la anterior tesis, la cual fue reiterada en el fallo del 6 de mayo de 1993 —rad. 7428, M.P. Julio C. Uribe— Acosta, en la que se precisó que esta categoría es una especie de resurrección del hombre “abatido por los males del cuerpo, y también por los daños que atacan el espíritu, [se] orienta [a] la indemnización del daño fisiológico o la vida de relación”. En sentencia del 25 de septiembre de 1997 —rad. 10421, M.P. Ricardo Hoyos Duque—, la Sección Tercera cambió la expresión “perjuicio fisiológico” por el concepto de “perjuicio de placer”, asimilándolo al de “daño a la vida de relación”. Más tarde, en sentencia del 19 de julio de 2000 —rad. 11842, M.P. Alier Hernández Enríquez—, precisó que este de daño de orden inmaterial debía denominarse “daño a la vida de relación”, por cuanto se trata de un concepto más adecuado que el “perjuicio fisiológico”: “el perjuicio aludido no consiste en la lesión en sí misma, sino en las consecuencias que, en razón de ella, se producen en la vida de relación de quien la sufre”, afectación inmaterial que puede tener origen en una lesión física o corporal, como también, por ejemplo, en una acusación calumniosa o injuriosa, en la discusión del derecho al uso del propio nombre o la utilización de este por otra persona, en un sufrimiento muy intenso o, incluso, en un menoscabo al patrimonio o una pérdida económica.(...) Posteriormente, en decisiones de 15 de agosto y 18 de octubre de 2007 —rad. 2002-00004-01(AG) y 2001-00029-01(AG)— la Sección Tercera cambió su denominación y lo denominó “alteración grave a las condiciones de existencia”, la cual se acredita respecto de las condiciones de existencia previas, con las características de ser graves, drásticas y extraordinarias: “[E]n esta oportunidad la Sala aprovecha para, en aras de precisión y rigor en la nomenclatura, dejar de lado el nomen que hasta ahora se ha venido utilizando —en ocasiones de manera inadecuada o excesiva— para acudir al concepto de daño por alteración grave de las condiciones de existencia, el cual ofrece mayor amplitud que el anterior y abarca no sólo la relación de la víctima con el mundo exterior, sino, de manera más general, esos cambios bruscos y relevantes a las condiciones de una persona en cuanto tal y como expresión de la libertad y el albedrío atributos esenciales a la dignidad humana principio fundante del Estado Social de Derecho colombiano y de su ordenamiento jurídico, según consagra el artículo 1º de la Constitución Política (...) El reconocimiento de indemnización por concepto del daño por alteración grave de las condiciones de existencia es un rubro del daño inmaterial -que resulta ser plenamente compatible con el reconocimiento del daño moral-, que, desde luego, debe acreditarse en el curso del proceso por quien lo alega y que no se produce por cualquier variación menor, natural o normal de las condiciones de existencia, sino que, por el contrario, solamente se verifica cuando se presenta una alteración anormal y, por supuesto, negativa de tales condiciones”.

277 Rad. 19.031 y 38.222

278 Consejo de Estado, sentencia de Sala Plena del 14 de septiembre de 2011, Rad. 19031 y 38222, M.P. Enrique Gil Botero.

279 sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 26.251, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

280 Fls. 124-134, cdno. 2.

281 Fl. 66, cdno. 2.