Sentencia 2007-00038 de julio 22 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente:

Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta

Rad.: 25000-23-27-000-2007-00038-01

Actor: Salud Colmena Medicina Prepagada S.A.

Demandado: Secretario general de la Superintendencia Nacional de Salud.

Ref.: Apelación sentencia

Bogotá, D.C., veintidós de julio de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. El acto administrativo acusado

Está conformado por la liquidación tasa vigencia 2006 número L-0059, en la cual se determina que el valor de la liquidación definitiva vigencia 2006 es de $ 150.062.301, cuya fecha límite de pago era el 31 de septiembre de ese mismo año.

Para el efecto se dice que “De conformidad con el artículo 98 de la Ley 488 de 1998, todas las entidades del sector salud deben pagar una tasa de vigilancia con destino a la Superintendencia Nacional de Salud, el aporte del sector Empresas de Medicina Prepagada y Servicios de Ambulancia Prepagada al cual pertenece es de $ 1.924.230.373 para el año 2006 de conformidad con el Decreto 1873 de 2006”.

Igualmente, que “La liquidación definitiva, de acuerdo con la aplicación de la fórmula del Decreto 1405 de 1999 y las condiciones establecidas en el Decreto 1580 de 2002 y la Resolución 334 de febrero 21 de 2002 es por” el valor atrás anotado.

La operación matemática de esa liquidación, en la que se aplica la fórmula mencionada, aparece detallada en un cuadro que hace parte del acto administrativo en cuestión.

Igualmente, por la Resolución 1829 de 2006, en la que se decide el recurso de reposición que la actora interpuso contra esa liquidación, en el sentido de confirmarla.

2. Fijación de la cuestión litigiosa en la instancia.

De bulto se observa que la demanda se centra en cuestionamientos del valor liquidado en virtud de los fundamentos normativos de la Liquidación, según lo advierte la entidad demandada y el a quo, sin que en el concepto de violación de las normas invocadas como violadas se precise una razón atribuible directa y específicamente a aquella liquidación, y menos que se encuadre en algunas de las causales de nulidad señaladas en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo.

En efecto, el concepto de violación radica en censurar la legalidad del Decreto 1873 de 2006, que según la anterior reseña sirve de fundamento a la liquidación, en cuanto al reglamentar la Ley 488 de 1998 estableció ingresos por concepto de la tasa de vigilancia en $ 22.321.573.575, mientras que la Ley 998 de 2005, mediante la cual se aprobó el presupuesto de rentas y gastos de la Nación para la vigencia de 2006, había previsto como gastos corrientes de la Superintendencia un monto de $18.994.095.000.oo, por lo cual considera la actora que dicho decreto excedió lo fijado en la Ley 998 de 2005, al tiempo que violó el principio de Homeostasis presupuestal, consagrado en el artículo 21 del Decreto 111 de 1996 al haber incrementado en más del 26% ese rubro presupuestal entre el año 2005 y el 2006, superior al índice de crecimiento del económica.

De modo que la impugnación de la liquidación pasa por la impugnación de la legalidad del monto fijado en el referido Decreto 1873 por concepto de la tasa de vigilancia para 2006.

3. Las insuficiencias de los cargos.

Esa censura resulta entendible en la medida en que según la norma que la creó, el artículo 98 de la Ley 488 de 1998, la finalidad de la tasa en cuestión es “garantizar el cumplimiento o desarrollo de las funciones propias de la superintendencia respecto de tales entidades” (de derecho público o privadas y las entidades sin ánimo de lucro, con excepción de las beneficencias y loterías, cuya inspección y vigilancia corresponda a la Superintendencia Nacional de Salud).

De allí que en principio sea lógico el argumento de la actora en el sentido de que la tarifa de la tasa se fija de acuerdo a los costos de supervisión en que incurre la Superintendencia Nacional de Salud.

Pero además de que con ese argumento ella misma deja sin piso su invocación de los ingresos corrientes como límite para la fijación del monto a recibir por la tasa (puesto que se está antes dos conceptos fiscales diferentes) deja de lado el punto específico del monto que le fue liquidado a ella por la tasa para la vigencia del 2006, tanto que no establece relación alguna entre dicho monto y los que menciona en sus alegatos, para lo cual debió haber atendido obviamente el método y el sistema para la liquidación individual de la misma, que justamente están señalados en el artículo 98 de la Ley 488 de 1998, atrás citado, y que a la letra dice:

ART. 98.—Tasa a favor de la Superintendencia Nacional de Salud. Las entidades de derecho público o privadas y las entidades sin ánimo de lucro, con excepción de las beneficencias y loterías, cuya inspección y vigilancia corresponda a la Superintendencia Nacional de Salud, cancelarán una tasa anual destinada a garantizar el cumplimiento o desarrollo de las funciones propias de la Superintendencia respecto de tales entidades.

De acuerdo con el inciso segundo del artículo 338251 de la Constitución Política el Gobierno Nacional fijará la tarifa de la tasa de acuerdo con los siguientes sistemas y métodos:

a) La tasa incluirá el valor por el servicio prestado. El Gobierno Nacional, teniendo en cuenta los costos de supervisión y control, definirá anualmente las bases sobre las cuales se hará el cálculo de dicha tasa;

b) El cálculo de la tasa incluirá la evaluación de factores sociales, económicos y geográficos que incidan en las entidades sujetas al control de la Superintendencia de Salud.

Con fundamento en las anteriores reglas, el Gobierno Nacional aplicará el siguiente método en la definición de costos, sobre cuya base se fijará el monto tarifario de la tasa que se crea por la presente norma:

a) A cada uno de los factores que incidan en la determinación de la tasa se le asignará un coeficiente que permita medir el costo beneficio;

b) Los coeficientes se determinarán teniendo en cuenta la ubicación geográfica y las condiciones socio-económicas de la población;

c) Los factores variables y coeficientes serán sintetizados en una fórmula matemática que permita el cálculo y determinación de la tasa que corresponda, por parte del Gobierno Nacional.

La tasa a que se refiere el presente artículo se aplicará a partir del primero de enero de 1999”.

Lo anterior fue precisado justamente mediante reglamentación gubernamental, de la cual hacen parte los decretos 1405 de 28 de julio de 1999, “por medio del cual se reglamenta el sistema y el método para la fijación de la tasa anual que cancelarán las entidades cuya inspección, vigilancia y control corresponda a la Superintendencia Nacional de Salud, y se dictan otras disposiciones”, y el aquí cuestionado 1873 de 2006, que tiene el mismo objeto del anterior.

De suerte que por un lado, la actora no precisa y menos demuestra la relación que tendría la liquidación cuestionada, en lo concerniente a sus fundamentos y cuantía, con el tema de los ingresos corrientes presupuestados para la vigencia 2006 de la Superintendencia de Salud, menos cuando en la estructuración de la tasa y de su método no aparecen como variable para el cálculo; de allí que aun considerando el cuestionamiento del Decreto 1873 de 2006 bajo la figura de la excepción de legalidad frente a la Ley 998 de 2005 por aquello del exceso de dichos ingresos corrientes, cualquier conclusión sería irrelevante, toda vez que no se puntualiza la incidencia de esa circunstancia en la liquidación enjuiciada, entendida como correlación sistémica de variables y de métodos, en la que en palabras de la Resolución 1892 de 2006, “impera una relación de interdependencia entre los elementos que participan en ella, de manera tal, que la afectación sobre uno cualquiera de estos, repercute en los demás” (fl. 45).

Tanto es así que aunque la actora cuestiona la magnitud de la liquidación y no la tasa en sí misma, ni siquiera sugiere algún monto distinto que hubiere resultado de su propia operación matemática de liquidación de la tasa para el aludido periodo fiscal, y que en virtud de sus razones fuere inferior al establecido en el acto administrativo enjuiciado.

Téngase en cuenta que es carga de las partes demostrar o probar el supuesto de hecho de las normas que consagren el efecto jurídico que ellas persiguen, según el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, y en este caso la actora tenía la carga de probar los supuestos normativos, esto es, las circunstancias fácticas que determinen un monto distinto del que le fue liquidado.

Por otro lado, no se evidencian las condiciones que dan lugar a la excepción de ilegalidad que invoca respecto del Decreto 1873 de 2006, puesto que el exceso que le endilga respecto de la Ley 998 de 2005 es producto de su apreciación personal y no de la confrontación de ambos actos en lo que se refiere al punto de los ingresos corrientes de la Superintendencia Nacional, como quiera que el Decreto trata de un tema distinto como es el de la estimación en su artículo 1º, de los “Costos de supervisión y control de la Superintendencia Nacional de Salud” para efectos de lo previsto en el inciso 1º, artículo 2º, del Decreto 1405 de 1999, que según aquel artículo “se han determinado teniendo en cuenta los factores que signifiquen actividades directas e indirectas de la Superintendencia Nacional de Salud.

De suerte que al no tener relación directa por la no identidad de materia, de suyo no hay posibilidad de que el Decreto sea manifiestamente opuesto o contrario a dicha ley en lo que en ésta concierne a los ingresos corrientes de la superintendencia.

Por lo demás, la excepción de inconstitucionalidad planteada en los alegatos de conclusión por parte de la apelante, además de ser extemporánea por ser formulados después de concluida la primera instancia, no guardan relación con la cuestión atrás precisada, de modo que carecen ostensiblemente de pertinencia con el fondo del sub lite.

4. Conclusión.

Así las cosas, el recurso no tiene vocación de prosperar, de allí que se deba confirmar la sentencia apelada, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta providencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada, proferida el 27 de febrero de 2008 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual niega las pretensiones de la demanda en el proceso de la referencia.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 22 de julio de 2010».