SENTENCIA 2007-00039/41358 DE SEPTIEMBRE 14 DE 2016

 

Sentencia 2007-00039 de septiembre 14 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Radicación: 19001-23-31-000-2007-00039-01(41358)

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Actor: Héctor Daniel Bolaños Mosquera y otros

Demandado: Nación - Rama judicial - Fiscalía General de la Nación

Referencia: Acción de reparación directa

Temas: Privación injusta de la libertad - no demostró el carácter de injusto de la medida / Carga de la prueba - artículo 177 del Código de Procedimiento Civil - le corresponde a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellos persiguen / Copias simples - valoración probatoria / Recortes de prensa - valoración probatoria / Pruebas allegadas en segunda instancia - no cumplen con los requisitos del artículo 214 del Código Contencioso Administrativo.

Bogotá, D.C., catorce de septiembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Para resolver la segunda instancia de la presente litis, la Sala abordará los siguientes temas: 1. prelación de fallo en casos de privación injusta de la libertad; 2. competencia de la Sala; 3. ejercicio oportuno de la acción; 4. análisis probatorio; 5. caso concreto y 6. procedencia o no de la condena en costas.

1. Prelación de fallo.

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al despacho de la magistrada conductora del presente proceso.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe solo la reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso se encuentra que el objeto del debate tiene relación con la privación injusta de la libertad del señor Héctor Daniel Bolaños Mosquera, tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, asunto en el que se ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, la subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada(16).

2. Competencia.

La Sala es competente para conocer de este proceso en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 26 de abril de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad o por defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, se encuentra radicada en los tribunales administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia sin consideración a la cuantía del proceso(17).

3. Ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

En tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad(18).

En el presente caso, la demanda se originó en los perjuicios que habrían sufrido los demandantes con ocasión de la supuesta restricción de la libertad padecida por el señor Héctor Daniel Bolaños Mosquera, dentro de una investigación penal adelantada en su contra.

Una vez revisado el expediente, advierte la Sala que la boleta de libertad por medio de la cual el señor Héctor Daniel Bolaños Mosquera recuperó su libertad está fechada el 22 de febrero de 2005(19).

En ese sentido, como la demanda se interpuso el 11 de febrero de 2007(20), se impone concluir que la acción de reparación directa se ejerció dentro de la oportunidad legal prevista para ello.

4. Análisis probatorio. Cuestión previa: valoración de las copias simples, de los recortes de prensa y de la extemporaneidad de las pruebas allegadas en segunda instancia.

La Sala considera necesario señalar que a partir de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013(21), a los documentos aportados en copia simple por una de las partes se les ha concedido valor probatorio, cuando aquellas dentro del curso del proceso han tenido la oportunidad de discutir su contenido, de conformidad con los principios de contradicción y de defensa.

En ese sentido, a las pruebas que en copia simple fueron oportunamente aportadas por la parte demandante, la Sala les otorgará el valor probatorio correspondiente.

Adicional a lo anterior, la Sala advierte que la parte demandante allegó recortes de la sección de redacción judicial del Periódico El Liberal del 15 de febrero de 2005(22), en el cual se publicó la noticia de la detención del señor Héctor Daniel Bolaños Mosquera. En relación con la eficacia probatoria de los recortes de prensa o de periódicos, la Sala Plena de esta Corporación, por medio de providencia fechada el 29 de mayo de 2012, precisó:

“Conforme el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil y a lo que ha sostenido la doctrina procesal, la publicación periodística que realice cualquiera de los medios de comunicación puede ser considerada prueba documental(23). Sin embargo, en principio solo representa valor secundario de acreditación del hecho en tanto por sí sola, únicamente demuestra el registro mediático de los hechos. Carece de la entidad suficiente para probar en sí misma la existencia y veracidad de la situación que narra y/o describe. Su eficacia como plena prueba depende de su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente. Por tanto, individual e independientemente considerada no puede constituir el único sustento de la decisión del juez(24).

En la jurisprudencia de esta corporación existen precedentes que concuerdan con esta posición. Se ha estimado que las publicaciones periodísticas ‘(…) son indicadores solo de la percepción del hecho por parte de la persona que escribió la noticia’, y que si bien ‘(…) son susceptibles de ser apreciadas como medio probatorio, en cuanto a la existencia de la noticia y de su inserción en medio representativo (periódico, televisión, Internet, etc.) no dan fe de la veracidad y certidumbre de la información que contienen’(25)(26).

De conformidad con expuesto en precedencia, la Sala tendrá en cuenta los recortes de prensa aportados con la demanda, en la medida en que sirven para probar la publicación de la noticia acerca de la detención del señor Héctor Daniel Bolaños Mosquera, es decir, como prueba de la existencia misma de la reseña periodística.

Asimismo, huelga señalar que la parte demandante con su recurso de apelación realizó unas solicitudes probatorias y allegó unas piezas documentales.

Respecto de las primeras, esta corporación, por medio de providencia del 20 de enero de 2012(27), decretó que se oficiara al Juzgado Penal del Circuito Penal de Zipaquirá para que remitiera con destino a este proceso copia de la investigación penal que se adelantó contra el señor Héctor Daniel Bolaños Mosquera.

Realizados los oficios correspondientes y luego de haber sido reiterados por parte de la Secretaría de esta Sección(28), a través de auto calendado el 11 de mayo de 2012(29), se clausuró la etapa probatoria de segunda instancia, sin que se observara algún motivo de inconformidad por la parte demandante.

Por otro lado, en relación con la solicitud de remisión de la providencia del 25 de febrero de 2005, por medio de la cual el aquí demandante recuperó su libertad, vale la pena aclarar que, contrario a lo expuesto por la parte actora, de conformidad con la solicitud de adición de la demanda(30), la providencia que se pidió con destino al proceso fue la contentiva del habeas corpus proferida por el Juzgado Penal de Ubaté (C/marca), el cual reposa a folios 41 y 45 del cuaderno principal, y no la mentada providencia, la cual, dicho sea de paso, fue anexada en copia simple con el recurso de apelación.

Documentación respecto de la cual es necesario precisar que no será tenida en cuenta dentro del presente proceso, por cuanto, además de no ajustarse a uno solo de los supuestos del artículo 214 del Código Contencioso Administrativo, encontrándose en poder de la parte demandante no fue aportada por esta antes de clausurar el período probatorio de primera instancia y tampoco solicitada en su demanda o en su adición.

Así las cosas, dentro de la respectiva etapa procesal se tiene que, únicamente, se recaudaron, en debida forma, los siguientes medios de convicción:

4.1. Documentales.

4.1.1. En relación con la legitimación de los demandantes.

— Partidas de nacimiento de los señores Silvio León Bolaños Vargas(31) y Héctor Daniel Bolaños Mosquera(32).

— Registro civil de nacimiento del señor Eduardo Silvio Mosquera Bolaños(33).

4.1.2. En relación con la privación de la libertad del señor Héctor Daniel Bolaños Mosquera.

— Sección de redacción judicial del periódico El Liberal del 15 de febrero de 2005, en el cual se indicó que el señor Héctor Daniel Bolaños Mosquera fue retenido por órdenes del Juzgado Penal del Circuito de Zipaquirá.

— Escrito de habeas corpus del 17 de febrero de 2005, dirigido a los Juzgados Penales del Circuito de Popayán, con el cual se solicitó la libertad del señor Héctor Daniel Bolaños Mosquera(34).

— Oficios 3250(35) y 3248(36) del 20 de septiembre de 2004, dirigidos a la Sijin y al DAS, respectivamente, por medio de los cuales, de manera idéntica, el Juzgado Penal del Circuito de Zipaquirá solicitó la captura del aquí demandante:

“Cordialmente me permito solicitarle captura y poner a disposición de este Despacho en sitio de reclusión al señor Héctor Daniel Bolaños Mosquera, identificado con C.C. 76.320.209 de Popayán, nacido el 28 de agosto de 1976 en Popayán, hijo de Blanca Mosquera y Carlos Bolaños, en unión libre con Aracelli Olave, estatura 1.70 mts, tez trigueña, contextura mediana, cabello castaño semi ondulado, ojos iris color café, como señales particulares presenta tatuaje mano derecha en la base del dedo índice representa un dragón, en la mano izquierda en la base del dedo índice inscripciones al parecer en letra japonés, presenta dos cicatrices en antebrazo izquierdo y una cicatriz en la rodilla izquierda, dentadura superior incompleta; residente en el interior 12 Barrio Los Alcázares, apartamento 412 de la ciudad de Cali.

Lo anterior obedece a que mediante auto de fecha dieciséis (16) de septiembre de dos mil cuatro (2004), este Despacho ordenó librar captura en su contra, toda vez que se fugó de la cárcel de la localidad al encontrarse detenido por cuenta de las diligencias de la referencia las que se adelantan en su contra por el delito de hurto calificado y agravado en concurso con porte ilegal de armas de fuego.

El proceso se encuentra en etapa de juzgamiento y se trata del mismo radicado en la Fiscalía Seccional de esta localidad bajo el número 15844-5” (se resalta).

— Providencia del 18 de febrero de 2005, proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Ubaté, por medio de la cual se resolvió el habeas corpus en contra del hoy demandante:

“(…) en consecuencia, tenemos que la persona vinculada a este proceso dijo identificarse con el nombre de Héctor Daniel Bolaños Mosquera, y con cédula de ciudadanía 76’320.209 de Popayán, a quien se le practicó reseña decadactilar y se envió y solicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil la respectiva confrontación para determinar la verdadera identificación del citado, sin que se haya pronunciado al respecto, a dicha persona se le impuso detención preventiva la que venía cumpliendo y al fugarse se libró orden de captura en su contra.

La persona capturada fue identificada como Héctor Daniel Bolaños Mosquera y con cédula de ciudadanía 76.320.209 de Popayán, es decir estos datos coinciden plenamente, aunque respecto a otros datos como fecha y lugar de nacimiento no coinciden con los suministrados por quien rindió indagatoria, sin embargo ello no es suficiente para determinar que se trate de una persona distinta, ni corresponde hacerlo al juez de habeas corpus, sino al juez de conocimiento, quien al respecto adoptó correctamente las medidas del caso, especialmente para poder cotejar las huellas decadactilares, luego de lo cual se pronunciara al respecto; tampoco pueden tenerse como válidas para demostrar que la persona capturada es una distinta a quien se vinculó a este proceso, las constancias sobre trabajo o estudio que allegó la Defensora, pues, por vía de ejemplo, si al Director de la cárcel de Zipaquirá se le pidiera constancia, él certificaría que Héctor Daniel Bolaños Mosquera, identificado con cédula de ciudadanía ya referida estuvo detenido en ese establecimiento carcelario, hasta el momento de su fuga.

Es claro entonces que existiendo medida de aseguramiento en contra de Héctor Daniel Bolaños Mosquera identificado con cédula de ciudadanía número 76’320.209 de Popayán, y que este se fugara del establecimiento carcelario de donde se encontraba retenido, era viable ordenar su captura y se tiene que la persona capturada responde a los nombres y apellidos citados y se identifica con dicha cédula de ciudadanía, luego en tales condiciones no está demostrado que se trate de una persona diferente a la que legalmente vinculada al proceso, y como tal no puede determinarse que la captura haya sido ilegal, o que en el momento actual se esté prolongando ilícitamente su libertad, y si por algún evento pudiera presentarse un error al respecto, esto solo le corresponde resolver al juez que conoce del proceso, quien ya dispuso lo necesario, luego de lo cual adoptará la determinación que considere del caso, pero dicha media no es viable a través de la acción de habeas corpus (…).

Resuelve:

Primero: Denegar la acción de habeas corpus interpuesta por la defensora del señor Héctor Daniel Bolaños Mosquera, conforme a lo expuesto en la parte motiva”(37) (subrayas y resaltado fuera del texto).

— Boleta de libertad del 22 de febrero de 2005, emitida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Popayán, con la cual se ordenó poner en libertad al señor Héctor Daniel Bolaños Mosquera y de la que se desprende lo siguiente:

“Ciudad: Popayán

Fecha: 22 febrero 2005

Señor director cárcel de: San Isidro de Popayán.

Sírvase poner en libertad A: Héctor Daniel Bolaños Mosquera.

(…).

Quien se encuentra recluido en ese establecimiento por cuenta de este despacho por los delitos de: _____ Nota: Se desconocen los demás datos por cuanto su libertad es originada por despacho comisorio 0046 Cauca C04-0147 del Juzgado Penal del Circuito de Zipaquirá (Cund.) (…)”(38).

— Oficio 2.752 del 9 de junio de 2010, emitido por parte del Punto de Registro SIAN Popayán, en el que se indicó que los resultados de la búsqueda solicitada arrojó lo siguiente:

“El señor Héctor Daniel Bolaños Mosquera.

Identificado con CC 73320209 de Popayán.

Figura en la base de datos de la Fiscalía General de la Nación, que incluye datos a partir del año.

Hechos: 2004/oct/2012 Proceso: 25961-02.

Estado actual: vigente.

Autoridad: Unidad Seccional de Fiscalía Nº 2.

Seccional: Seccional Cundinamarca.

Decisión: 2004/nov/16. Registro: 2005/MAY/20.

Delito: Fuga de presos Artículo 448. C.P.

Motivo captura: Para rendir indagatoria”(39).

4.2. Testimoniales.

— Declaración de la señora Luz Marina Morales Gálvez, de la que se extrae lo siguiente:

“(…) Preguntado: Sírvase manifestar si sabe por cuánto tiempo estuvo privado de la libertad el señor Héctor Daniel Bolaños Mosquera. Contestó: Estuvo privado quince días”(40).

— Declaración de la señora Orfa Papamija, de la que se extrae lo siguiente:

“(…) Preguntado: Sírvase manifestar si sabe por cuánto tiempo estuvo privado de la libertad el señor Héctor Daniel Bolaños Mosquera. Contestó: Estuvo diez días”(41).

— Declaración del señor Gregorio García Ledezma, de la que se extrae lo siguiente:

“(…) Preguntado: Sírvase manifestar si sabe por cuánto tiempo estuvo privado de la libertad el señor Héctor Daniel Bolaños Mosquera. Contestó: Sí, él estuvo privado en el mes de febrero de 2005, durante 25 o 30 días”(42).

5. Caso concreto.

De conformidad con lo anterior, advierte la Sala que, así como lo concluyó el Tribunal a quo, lo único que se encuentra acreditado dentro del expediente es que, para el 18 de febrero de 2005, el señor Héctor Daniel Bolaños Mosquera estuvo recluido en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario San Isidro de Popayán, puesto que en contra suya existía medida de aseguramiento de detención preventiva por parte del Juzgado Penal del Circuito de Zipaquirá, autoridad judicial que lo requería porque, al parecer, se había fugado del lugar donde se encontraba recluido, mientras se adelantaba la correspondiente investigación por los delitos de hurto agravado y calificado en concurso con porte ilegal de armas.

Asimismo, que el 22 de febrero del mismo año, pero no por el fallo de habeas corpus alegado en la demanda, sino por órdenes del mismo juzgado recuperó su libertad.

Bajo ese entendido, concluye la Sala que si bien de los medios de convicción allegados al expediente se puede inferir que el señor Héctor Daniel Bolaños Mosquera fue privado de su libertad, lo cierto es que con los mismos no es dable arribar a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que esta se llevó a cabo y, mucho menos, si se trató o no de una medida injusta.

Así pues, contrario a lo expuesto por la parte actora en su recurso de apelación, en el cual se manifestó acerca de la existencia de una “presunción” de responsabilidad en cabeza del Estado, tal y como de manera reiterada y sostenida ha sido expuesto por la jurisprudencia de esta Sección, le correspondía a los demandantes acreditar los conocidos elementos que configuran la responsabilidad, es decir el daño antijurídico, la actuación del Estado y su imputación, primer elemento que, con base en los elementos probatorios arrimados al proceso, no se encuentra presente.

Bajo ese entendido es que esta corporación ha señalado que en tratándose del daño ocasionado por la privación injusta de la libertad de una persona, el fundamento de su antijuridicidad radica en el hecho de que la víctima no se encontraba en el deber jurídico de soportar la restricción de la libertad de la que fue objeto.

En ese sentido, y sin perjuicio de que dentro del proceso se encuentre acreditada una falla del servicio, cuando la decisión penal definitiva del sindicado concluyó en una decisión favorable a su inocencia, ya sea porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de hecho punible, la medida de detención preventiva consistente en medida de aseguramiento deviene en injusta y se abre paso a declarar la responsabilidad del Estado por los daños que hubiere causado, sin necesidad de acreditar que la misma haya sido ilegal o arbitraria.

Por consiguiente, como en el presente caso no obra medio probatorio alguno que permita establecer si efectivamente el demandante, tal y como se relató en la demanda, estuvo vinculado a un proceso penal por los delitos de concierto para delinquir, hurto agravado y calificado, porte ilegal de armas, extorsión y fuga de presos; y cuáles fueron los motivos que tuvo el Juzgado Penal del Circuito de Zipaquirá para ordenar la libertad del señor Héctor Daniel Bolaños Mosquera, es decir, conocer si fue absuelto o no y por qué causa o si, por el contrario, su libertad obedeció al cumplimiento de alguna condena legalmente impuesta, la Sala no puede dejar pasar por alto tal circunstancia y, en esa medida, considera que las pruebas resultan insuficientes para acreditar la existencia del daño alegado por el demandante.

En ese orden de ideas, el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil establece que las partes tienen la obligación —y la necesidad— de la carga de la prueba; postura frente a la cual esta Subsección ha sido enfática respecto de los efectos que su inobservancia acarrea:

“La noción de carga ha sido definida como ´una especie menor del deber consistente en la necesidad de observar una cierta diligencia para la satisfacción de un interés individual escogido dentro de los varios que excitaban al sujeto`. La carga, entonces, a diferencia de la obligación, no impone al deudor la necesidad de cumplir —incluso pudiendo ser compelido a ello coercitivamente— con la prestación respecto de la cual se ha comprometido con el acreedor, sino que simplemente faculta —la aludida carga—, a aquél en quien recae, para realizar una conducta como consecuencia de cuyo despliegue puede obtener una ventaja o un resultado favorable, mientras que si no la lleva a cabo, asume la responsabilidad de aceptar las consecuencias desventajosas, desfavorables o nocivas que tal omisión le acarree.

“En ese orden de ideas, el concepto de carga de la prueba se convierte en (i) una regla de conducta para el juez, en virtud de la cual se encontrará en condiciones de proferir fallo de fondo incluso cuando falte en el encuadernamiento la prueba del hecho que sirve de presupuesto a la norma jurídica que debe aplicar y, al mismo tiempo, (ii) en un principio de autorresponsabilidad para las partes, derivado de la actividad probatoria que desplieguen en el proceso, pues si bien disponen de libertad para aportar, o no, la prueba de los hechos que las benefician y/o la contraprueba de aquellos que, habiendo siendo acreditados por el adversario en la litis, pueden perjudicarlas, las consecuencias desfavorables derivadas de su eventual inactividad probatoria corren por su cuenta y riesgo(43).

En esa misma línea, en un caso similar al que ahora se analiza, esta Subsección sostuvo(44):

“No puede olvidarse que la carga de la prueba es una regla de nuestro derecho probatorio consagrada en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo con el cual ‘Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen (…)’; dicho en otras palabras: para lograr que el juez dirima una controversia de manera favorable a las pretensiones, le corresponde al demandante demostrar en forma plena y completa los actos o hechos jurídicos de donde procede el derecho o nace la obligación, máxime si ninguna de las partes goza en el proceso colombiano de un privilegio especial que permita tener por ciertos los hechos simplemente enunciados en su escrito, sino que cada una de ellas deberá acreditar sus propias aseveraciones.

“No ofrece discusión alguna que la persona interesada en reclamar del Estado la reparación de los daños antijurídicos cuya causación imputa a la acción o a la omisión de una autoridad pública y que, con tal propósito, ejerce la acción de reparación directa, tiene la carga de acreditar en el proceso la concurrencia de los elementos inherentes al régimen de responsabilidad en el cual ampara sus pretensiones, esto es, si se trata de un régimen objetivo de responsabilidad, deberá demostrar, además del daño, el hecho dañoso de que se trate, así como el nexo de causalidad entre aquél y éste; por su parte, si es de un régimen de falla del servicio, además de los pre mencionados elementos, tiene el actor, en principio, la carga de demostrar que el servicio o la función a la cual se refiere, no funcionó, funcionó mal o lo hizo tardíamente(45).

Así pues, el primer elemento que se debe observar en el análisis de la responsabilidad es la existencia del daño, el cual, además debe ser antijurídico, comoquiera que éste constituye un elemento necesario de la responsabilidad, de allí la máxima ‘sin daño no hay responsabilidad’ y sólo ante su acreditación hay lugar a explorar la posibilidad de imputación del mismo al Estado.

“En consecuencia, como no se acreditó la ocurrencia del daño invocado en la causa petendi de la demanda, consistente en la privación injusta de la libertad a la que se dijo fue sometido el señor Carlos Hernán Sánchez Cuta, es claro que la ausencia de este primer elemento de la responsabilidad hace innecesario profundizar en el estudio de la imputación, por lo que el argumento planteado en el recurso de apelación no está llamado a prosperar”. 

Bajo dicho contexto, considera la Sala que ante la ausencia de pruebas acerca de la existencia del daño(46), primer elemento del estudio de la responsabilidad del Estado, jurídicamente resulta improcedente proseguir con el análisis de la imputación para determinar si, en el caso particular, se presentó una privación injusta de la libertad que genere el deber jurídico de resarcir los perjuicios que de ella se hubieren derivado.

Lo anterior, máxime se tiene en cuenta, como de manera precedente se advirtió, que, en materia probatoria, la parte actora observó una conducta pasiva, toda vez que desde la primera instancia no refutó y no insistió en que efectivamente al proceso se arrimara el expediente de la investigación que se adelantó en contra de Héctor Daniel Bolaños Mosquera, documentación que, dicho sea de paso, ni siquiera fue solicitada por esta, sino por la parte demandada en su contestación.

Asimismo, en lo que respecta a la segunda instancia, pues, a pesar de que esta corporación requirió e insistió en el oficio para que se remitiera copia del referido expediente, cumplido el período probatorio y decretado su cierre, la parte actora tampoco controvirtió esa decisión ni desplegó actuación alguna tendiente a incorporar las pruebas decretadas en esta instancia.

Así las cosas, como la parte actora no aportó dentro de la oportunidad legal prevista ni desplegó alguna actividad tendiente a que se allegaran los medios de convicción necesarios para determinar la existencia del daño antijurídico o, en otras palabras, al no asumir la carga probatoria que le correspondía, del material probatorio obrante en el expediente no es dable concluir que el señor Héctor Daniel Bolaños Mosquera estuvo privado injustamente de su libertad.

Por tanto, dadas las circunstancias fácticas descritas, como la parte actora no cumplió con los deberes que ineludiblemente el ordenamiento jurídico —CPC, art. 177(47)— previó para lograr la declaratoria de responsabilidad de las entidades públicas demandadas, y toda vez que, bajo los términos del artículo 90 de la Constitución Política, no se acreditaron los elementos necesarios para alzar una declaratoria de responsabilidad en contra del Estado, la Sala confirmará la sentencia apelada, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

6. Condena en costas.

En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia del 26 de abril de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. Sin condena en costas

3. Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

16 De acuerdo con lo decidido en la sesión del 25 de abril de 2013, acta 9, por parte de la Sala Plena de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Auto de Sala Plena del 9 de septiembre de 2008, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 14 de febrero de 2002, expediente 13.622, M.P. María Elena Giraldo Gómez, reiterada en sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado de 11 de agosto de 2011, expediente 21.801, M.P. Hernán Andrade Rincón; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección A, Auto de 19 de julio de 2010, expediente 37410, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

19 Toda vez que dentro del expediente no reposa la providencia que dejó en libertad al aquí demandante, de conformidad con lo anteriormente expuesto, para el cómputo de la caducidad, la Sala toma la referida boleta de libertad. Folio 18, cuaderno principal.

20 Folio, cuaderno principal.

21 Expediente 25.002 proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, M.P. Enrique Gil Botero.

22 Folio 20, cuaderno principal.

23 Original de la cita: “Esta corporación ha reiterado que los artículos publicados en la prensa escrita pueden apreciarse por el juez como prueba documental solo para tener ‘(…) certeza sobre la existencia de la información, pero no de la veracidad de su contenido’. Sobre el mérito probatorio de las publicaciones de prensa como prueba en los procesos se encuentran también las siguientes providencias: sentencia de 27 de junio de 1996, radicación 9255, C.P. Carlos A. Orjuela G.; sentencia de 15 de junio de 2000, expediente 13.338, C.P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de 10 de noviembre de 2000, radicación 18298, actor: Renata María Guadalupe Lozano, C.P. Ricardo Hoyos Duque, y sentencia del 16 de enero de 2001, aad. ACU-1753, C.P. Reinaldo Chavarro; sentencia de 25 de enero de 2001, radicado 3122, C.P. Alberto Arango Mantilla; sentencia de 6 de junio de 2002, radicado 739-01, C.P. Alberto Arango Mantilla”.

24 Original de la cita: “En sentencias de 15 de junio de 2000 y de 25 de enero de 2001, al igual que en auto de noviembre diez de 2000, según radicaciones 13338, 11413 y 8298, respectivamente, el Consejo de Estado, Sección Tercera, expuso una tesis según la cual una versión periodística aportada al proceso solo prueba que la noticia apareció publicada en el respectivo medio de comunicación”.

25 Original de la cita: Sentencia de 6 de junio de 2007, expediente AP-00029, M.P. María Elena Giraldo Gómez. Sección Tercera.

26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia del 29 de mayo de 2012, expediente 11001031500020110-1378-00, M.P. Susana Buitrago Valencia.

27 Se dijo en la referida providencia: “(…) el despacho encuentra que durante el trámite de primera instancia no se practicó en debida forma la prueba documental consistente en oficiar nuevamente al Juzgado Penal del Circuito de Zipaquirá, con el fin de que remita el proceso con radicado 15844-5 adelantado contra el señor Héctor Daniel Bolaños Mosquera. Por consiguiente, el Despacho accederá a la petición formulada por la parte actora, comoquiera que cumple con los presupuestos contenidos en el numeral 1º del artículo 214 del Código Contencioso Administrativo”.

28 Folios 223 y 224, cuaderno principal.

29 Folios 228 y 229, cuaderno principal.

30 “En lo relacionado con el fallo de habeas corpus que el despacho solicita aportar como prueba a la demanda, a pesar de que este documento no es de los contemplados en el artículo 85, numeral 2º del Código de Procedimiento Civil, me permito adicionar la demanda en el acápite de las pruebas para solicitar se oficie al Juzgado Penal del Circuito de Ubaté Cundinamarca, para que con destino a este proceso remita copia autenticada e íntegra de la providencia que falló la acción de habeas corpus a favor del señor Héctor Daniel Bolaños Mosquera y que ordenó su libertad inmediata, providencia de febrero del año 2005”. Folios 34 y 35, cuaderno principal.

31 Folio 5, cuaderno principal.

32 Folio 6, cuaderno principal.

33 Folio 7, cuaderno principal.

34 Folios 8-11, cuaderno principal.

35 Folio 16, cuaderno principal.

36 Folio 17, cuaderno principal.

37 Folio 41-45, cuaderno principal.

38 Folio 18, cuaderno principal.

39 Folios 14 y 15, cuaderno de pruebas.

40 Folios 10 y 11, cuaderno de pruebas.

41 Folios 12 y 13, cuaderno de pruebas.

42 Folios 7 y 8, cuaderno de pruebas.

43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 27 de marzo de 2014, expediente 29732, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 26 de mayo de 2016, expediente 38044, M.P. Hernán Andrade Rincón.

45 Original en cita: En este sentido puede consultarse lo expuesto por esta Subsección en la sentencia de 8 de febrero de 2012, expediente 21.803.

46 “El artículo 90 de la Constitución Política consagra una cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado, que abarca tanto la responsabilidad de naturaleza contractual como la extracontractual; de su inciso primero, se deduce que son dos los elementos indispensables para la declaración de la responsabilidad patrimonial del Estado y demás personas jurídicas de derecho público, a saber: el daño antijurídico y la imputabilidad del mismo al Estado.

“Según se ha visto, condición necesaria para que desencadene la reparación es que el daño sea antijurídico, calificación que se obtiene de constatar que el ordenamiento jurídico no le ha impuesto a la víctima el deber de soportarlo, es decir, que el daño carece de 'causales de justificación'. Adviértase como (sic), entendido así el daño antijurídico frente al cual el estatuto superior impone la obligación reparatoria a cargo del Estado, si bien puede revestir modalidades diversas (material, moral, fisiológico, etc.), constituye una constante, razón por la cual, al tiempo que constituye un elemento indispensable para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, se sitúa en la base misma de la institución jurídica proveyéndola de fundamento” (C.E., Secc. Tercera, sents. nov. 11/99 <exp. 11499> y dic. 5/2005 <exp. 12158>), citada en la sentencia del 26 de mayo de 2016, expediente 39148, M.P. Hernán Andrade Rincón, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.

47 “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.