Sentencia 2007-00046 de diciembre 11 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 52001-3103-001-2007-00046-01

Magistrado Ponente

Dr. Jesús Vall De Rutén Ruiz

Discutida y aprobada en Sala de trece (13) de agosto de dos mil doce (2012).

Bogotá, D.C., once de diciembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. En materia de nulidades procesales, la jurisprudencia de esta corporación ha venido perfilando, de cara a encomiables principios de tutela del derecho de defensa y del debido proceso, a más del “derecho a probar”, según luego se explicará, claros lineamientos encaminados a superar los efectos de la deslealtad, la incuria o la desidia de las partes o el juez, en procura de la búsqueda de la verdad necesaria para proferir una sentencia justa y legal.

En sentencia de 18 de marzo de 1976, la Sala de Casación Civil había señalado, acorde con la doctrina y jurisprudencia imperantes en ese momento, y que se memora para resaltar un aspecto a que luego se aludirá, que “si las partes no sólo han gozado de la facultad que tienen de pedir pruebas, sino que han hecho uso de esa potestad y, además, dentro del término concedido para tal efecto, se ha realizado la práctica de las pedidas, aunque no completamente, no puede ser causa de nulidad el hecho de que uno de los medios de convicción, cuya práctica aplazó el juez, no se haya practicado. No es la nulidad el remedio legal idóneo para corregir tal situación; la parte interesada debió haber reclamado, en su oportunidad, para que el juez decidiera”.

Tal postura encontraba apoyo en el principio de eventualidad o preclusión, desarrollo del cual es el principio de la convalidación o saneamiento, que gobierna, junto a otros —recíprocamente complementarios— el instituto de la nulidad procesal, principios aún hoy previstos en el estatuto procesal civil, como el de especificidad o taxatividad de las causales que las generan; aquellos de los cuales se desprenden la legitimación o interés para proponerlas y la oportunidad para hacerlo; el de trascendencia; el de protección; y el ya mencionado de la convalidación o saneamiento, que apunta a que el motivo de nulidad se entiende que desaparece por la conducta pasiva de la parte afectada, porque, en efecto, “se puede sentar como regla general la de que está legitimado para alegar una nulidad procesal quien a causa del vicio haya sufrido lesión o menoscabo de sus derechos. Con todo carecen de legitimación: ‘a) Quienes hayan dado lugar al hecho que la origina; b) Quienes tuvieron oportunidad de proponerla como excepción previa; c) la nulidad por indebida representación o emplazamiento en forma legal, solo puede alegarla la persona afectada; d) las nulidades a que se refieren los numerales 5º, 6º, 7º, 8º y 9º del artículo del artículo 152 del Código de Procedimiento Civil —actualmente artículo 140 ibídem—, no pueden invocarlas quienes hayan actuado en el proceso sin alegarlas...’” (G. J. CLXXX, pág. 193).

2. El derecho fundamental al debido proceso, que consagra el artículo 29 de la Constitución Política, incluye entre sus elementos integrantes el derecho de las partes e intervinientes a pedir pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra, denominado en la doctrina jurídica “derecho a probar”, el cual constituye una expresión prominente del derecho de defensa y guarda estrecha relación con el derecho también fundamental de acceso a la administración de justicia (art. 229 ibíd.).

De otro lado, la ley procesal civil impone a las partes del proceso la carga, esto es, un deber de conducta cuyo incumplimiento acarrea efectos jurídicos adversos a su destinatario, de “probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen” (CPC, art. 177) y, a quien manifieste interés en invocarlas, la de acreditar la existencia de las obligaciones o su extinción. (C.C., art. 1757).

Como garantía del ejercicio del mencionado derecho y, al mismo tiempo, como instrumento de favorecimiento de la observancia del mencionado deber, el artículo 140 de la citada regulación procesal estatuye que el proceso es nulo en todo o en parte “cuando se omiten los términos u oportunidades para pedir o practicar pruebas”.

La Sala ha señalado que esta causal de nulidad se configura, entre otros eventos, cuando el juzgador no decreta o no practica los medios de convicción que en forma específica ordena la ley, como ocurre, por ejemplo, con la prueba con marcadores genéticos de ADN en los procesos para establecer paternidad o maternidad (L. 721/2001, art. 1º), con las pruebas necesarias para la condena en concreto respecto de frutos, intereses, mejoras, perjuicios u otra cosa semejante (CPC, art. 307) y con la inspección judicial en los procesos de declaración de pertenencia (art. 407, num. 10, ibíd.), o cuando no los decreta o los practica de oficio en ejercicio de la potestad y el deber consagrados en los artículos 37, numeral 4º, 179 y 180 ibídem en caso de que, sin suplir la carga probatoria de las partes, ello sea indispensable para establecer la verdad material o real y adoptar una decisión justa, así como también para evitar nulidades y providencias inhibitorias, de modo que dicha irregularidad puede ser invocada en casación con fundamento en el numeral 5º del artículo 368 de la misma codificación, siempre que no se hubiere saneado conforme a la preceptiva legal correspondiente.

En ese sentido, recientemente sostuvo esta corporación que “el legislador establece a las partes e intervinientes procesales precisas oportunidades para solicitar pruebas, y en ciertos eventos asigna al juzgador el deber de decretarlas, cuando ‘la utilidad y necesidad de la prueba, surgiera de la misma ley, por esta exigirla imperativamente, o de las circunstancias propias del proceso respectivo, como cuando indubitablemente conduce al hallazgo de la verdad real y a determinar la decisión final’ (Sent. de casación de mayo 5/2000, Exp. 5165), concretamente, en los casos ‘en que es obligatorio ordenarlas y practicarlas, como por ejemplo la genética en los procesos de filiación o impugnación; la inspección judicial en los de declaración de pertenencia; el dictamen pericial en los divisorios; las indispensables para condenar en concreto por frutos, intereses, mejoras o perjuicios, etc. De análogo modo para impedir el proferimiento de fallos inhibitorios y para evitar nulidades’, eventos, en los cuales, ‘es ineludible el ‘decreto de pruebas de oficio’, so pena de que una omisión de tal envergadura afecte la sentencia’ (Cas. Civ. sents. de 15 de jul. de 2008, [SC-069-2008], Exp. 1100131030422003-00689-01; 28 de mayo de 2009, Exp. 05001-3103-014-2001-00177-01; 21 de oct. de 2010, Exp. 5000631030012003-00527-01).

“Fuera de las excepcionales causas en las cuales la ley dispone el deber de decretar pruebas, el juzgador podrá hacerlo oficiosamente (CPC, arts. 37, num. 4º, 179 y 180), sin suplir la carga probatoria de las partes, conforme a su razonable juicio sobre su pertinencia, necesidad y coherencia (Cas. Civ. sent. de dic.12/94, Exp. 4293).

“Decretadas las pruebas, ya a petición de parte, ora ex oficio, deben practicarse en oportunidad y término procesal. Las partes tienen el deber de cooperar armónicamente con absoluta lealtad, transparencia, dinamismo y eficiencia en su práctica” (Sent. de oct. 20/2011, Exp. 13001-3103-007-2003-00220-01).

En suma, la nulidad consagrada en la causal sexta del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, por omitirse los términos u oportunidades para pedir o decretar pruebas —norma protectora del debido proceso, del cumplimiento de la carga probatoria, a la par que del derecho de defensa y contradicción—, es hoy asimismo procedente cuando se omiten aquellas que el legislador ha previsto como necesarias y en consecuencia le ha asignado al juzgador el deber de decretarlas, así como cuando se omite su decreto y práctica en aquellos casos en que, sin cubrir la desidia de la parte, y atendidas las circunstancias propias del proceso respectivo, luzcan de modo evidente y en forma antelada como indispensables para el hallazgo de la verdad real o para evitar una sentencia inhibitoria o una nulidad, de tal manera que el hecho recaudado y objeto de prueba trascienda a la decisión, como en los eventos en que, v. gr., el medio figura en el expediente, es determinante para la decisión, pero no puede ser estimado por el juzgador por faltar algún requisito necesario para considerarlo regularmente allegado a la causa, o como cuando del material probatorio recaudado puede deducirse sin asomo de duda que una prueba faltante arrojaría la luz requerida para proferir un fallo justo y legal.

3. En el caso que ocupa la atención de la Sala, se destaca que en su demanda (fl. 10, cdno. ppal.), la actora solicitó un dictamen pericial con el fin de que el perito “avalúe económicamente los bienes inmuebles al momento de realizar las escrituras”, el juzgado a quo lo decretó designando al perito Jesús Antonio Lasso Mejía a fin de que “avalúe económicamente los bienes inmuebles comprometidos en el presente proceso en la forma pedida en el acápite de pruebas” (fl. 137, cdno. ppal.), el perito realizó su labor (fls. 149 a 168, ib.), el juzgado dio traslado del dictamen por tres días (fl. 171, cdno. 1), que utilizaron los demandados Franco Alberto Aguirre y Alicia del Rosario López formulando algunas solicitudes de aclaración y objeciones (fls. 172-173, cdno. 1), que el perito contestó (fls. 175 a 181, cdno. 1) sin que entretanto la parte actora hubiese señalado, carga que le correspondía, la falencia del dictamen en cuanto a que el perito no aludió al valor comercial de los inmuebles al momento de la celebración de las diferentes ventas impugnadas. Solo vino a poner de presente la omisión, tiempo después de vencido el término de traslado, por lo cual el juzgado de conocimiento rechazó su solicitud (fls. 182 a 186, cdno. 1).

Llegado el asunto al conocimiento del tribunal, la actora insistió en su petición acerca de que el perito conceptuara sobre el valor de los bienes inmuebles en la época anotada, petición que, de cara a lo previsto en el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, fue rechazada por el ad quem, al señalar que “demostrado está que la recurrente no objetó, ni pidió aclaración, ni complementación del dictamen pericial en la oportunidad prevista en el artículo 238 ibídem, guardando el más elocuente y significativo silencio, aceptando su contenido con su actitud silente” (fl. 12, cdno. 5).

Posteriormente la Sala, aprestándose a fallar, resolvió “cancelar el proyecto” presentado por el magistrado ponente quien posteriormente, en auto del 18 de noviembre 2009, expresó que “a fin de verificar los hechos relacionados con las alegaciones de las partes y encontrar la verdad verdadera de los hechos que se discuten en el proceso, debía hacerse acopio de las facultades contenidas en los artículos 37-4, 179 y 180 del Código de Procedimiento Civil y abrir oficiosamente a pruebas por el término de diez (10) días, dentro de los cuales se decretará la práctica de las que se indicarán en la parte resolutiva de este proveído” y ordenó, junto con otro medio de convicción, un dictamen pericial para que se determinara “cuál era el avalúo comercial de los bienes inmuebles objeto de esta litis al tiempo de los contratos de compraventa que registran las escrituras públicas” y nombró al experto avaluador para ese efecto (fls. 60-63, cdno. 5).

En la diligencia de posesión del auxiliar de la justicia, éste solicitó el suministro de la suma de $ 600.000 para viáticos y gastos de la práctica de la prueba, por lo cual el magistrado sustanciador ordenó a la parte demandada su pago, exonerando del mismo a la parte demandante por ser beneficiaria del amparo de pobreza (fls. 69-70, cdno. 5).

Los demandados se negaron a efectuar el pago ordenado, aduciendo falta de fundamento legal, por haber sido, a su juicio, solicitada la probanza por la accionante y por carecer ellos de recursos económicos para hacerlo, agregando que el amparo de pobreza concedido a aquélla carece de sustento (fls. 77, 78, 79-80, cdno. 5).

Mediante auto pronunciado el 11 de diciembre de 2009, el magistrado sustanciador amplió el término probatorio y reiteró la referida orden al extremo pasivo (fls. 85-86, cdno. 5), la cual no fue cumplida por este, según constancia secretarial de 22 de enero de 2010 (fl. 89, cdno. 5).

El 2 de febrero de 2010 el magistrado ponente registró el proyecto, y el fallo fue proferido el 16 de febrero siguiente.

4. De la actuación procesal referida y de acuerdo con las indicaciones precedentes, debe señalarse que si bien es cierto que, de conformidad con la actual jurisprudencia de esta Sala, hay lugar a decretar la nulidad procesal prevista en el numeral 6º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil cuando no se practica la prueba decretada de oficio indispensable para establecer la verdad material o real y adoptar una decisión justa, también lo es que dicha hermenéutica no puede tener el alcance de derogar principios que gobiernan el instituto de las nulidades procesales, y aún del proceso mismo, como los mencionados al comienzo del despacho de este cargo, en particular los principios de legitimación y saneamiento, positivamente consagrados en los artículos 143 y 144 del Código de Procedimiento Civil, el primero de los cuales en su inciso inicial señala que “[n]o podrá alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origina”, principio íntimamente entroncado con aquel otro denominado de preclusión, definido en la doctrina como “la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal”(1) (Couture) y que caracteriza al proceso civil en cuanto que el mismo se desarrolla en diversas y sucesivas etapas, superadas las cuales, se impide su regreso, y cuya consagración se encuentra en el artículo 118 del Código de Procedimiento Civil(2).

Ahora bien, diríase que en este caso, la invocada nulidad de que se trata no tuvo origen en la omisión de la actora de solicitar en tiempo adición al dictamen, sino que esta se fragua y consolida en la sentencia de segunda instancia, como quiera que la prueba decretada de oficio por el juez de segunda instancia, misma pedida por la actora, se produjo justo antes del fallo; pero no hay que dejar de lado que tal proceder en realidad estaba supliendo la carga probatoria de la demandante, la que, como se anticipó, había dejado precluir el término para solicitar aclaración o complementación del dictamen pericial. En otras palabras, no por el hecho de haberse decretado una prueba de oficio que no se practica se está en presencia de un proceso nulo. Aún gravita en el litigante el principio consagrado en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, y en consecuencia soporta el deber procesal de demostrar los supuestos de hecho que invoca para la aplicación de las normas cuyo efecto persigue.

Con todo, ese argumento, a la luz de la búsqueda oficiosa de la verdad que puede hoy predicarse de la labor del juez, no puede, insularmente considerado, erigirse en fundamento que enerve una declaración de nulidad como la que en este cargo se pide.

En efecto, si se tiene presente que la nulidad procesal a que se alude exige que, según las circunstancias del proceso, la prueba omitida sea de aquellas que en forma antelada, emerja de modo ostensible como indispensable para el hallazgo de la verdad real que el fallo debe reflejar, en el cargo que se le plantee a la Corte, en sede de casación, tal carácter debe ponerse de presente, debido a que de oficio no puede la Sala auscultar ese designio, por razón del principio dispositivo que gobierna al instituto de la casación.

Porque no hay que olvidar que este proceso versa sobre la simulación de actos jurídicos, fenómeno que doctrina y jurisprudencia al unísono han caracterizado como problemático desde el punto de vista probatorio, por la dificultad que ostenta la acreditación de dicho fenómeno, no solo por hallarse constituido por hechos esencialmente ocultos, las más de las veces ilícitos o fraudulentos, sino porque se trata de una ocultación premeditada, a resultas de lo cual, el afloramiento de la real voluntad consensuada de las partes suele sustentarse en indicios de diversa índole, que —siendo contingentes y numerosos— deberán ostentar las características de precisión, gravedad y concordancia entre ellos, de suerte que produzcan la convicción de la simulación incoada.

Se alude a lo anterior, porque el cargo que se despacha, en últimas, se edifica sobre la base de la dificultad, por renuencia de los demandados —pero también por desidia de la demandante—, de acreditar el valor comercial de los bienes vendidos a la fecha de los contratos. Sin embargo, sobre la importancia radical que esta prueba pudiera tener para las resultas del juicio no se dijo nada en el cargo, ante lo cual bien pudiera obtenerse de ella, en últimas, la demostración de otro indicio contingente, mas no la prueba de un hecho indicativo necesario para llegar al fondo del querer consensuado de las partes en los contratos tildados de simulados.

Es de destacar que la trascendencia de la prueba que se echa de menos, señalada por el tribunal en auto de noviembre 18 de 2009, fue luego infirmada por el propio ad quem, cuando decidió fallar sin insistir en la práctica de la misma.

En conclusión, el cargo no prospera.

Segundo cargo

En este cargo se acusa a la sentencia del tribunal por la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, por “aplicación indebida del artículo 1766 del Código Civil, como consecuencia de los errores de hecho cometidos en la apreciación probatoria, por indebida aplicación de los artículos 177, 187, 248, 249, 250 del Código de Procedimiento Civil, artículo 1757 del Código Civil y falta de aplicación de los artículos 22 y 23 del Código Sustantivo del Trabajo”.

En procura de demostrarlo, señala la recurrente que en relación con el demandado Franco Alberto Aguirre Realpe el juzgador de segunda instancia no le otorgó ningún valor probatorio a la Resolución 0256 del 22 de junio de 1995. Recalca que esta prueba fue solicitada por la parte demandante, decretada en primera instancia pero no recaudada, solicitada luego en la segunda instancia y denegada para luego ser decretada de oficio, siendo allegada al proceso días antes de ser proferido el fallo, pero que no fue tenida en cuenta al momento de emitirlo, e “inclusive es adosada al expediente después de la sentencia”. Sobre esta señala que de su simple lectura se puede destacar que la cesantía no la solicitó el demandado para la compra de un inmueble, como se adujo, sino para reparaciones locativas y no por $ 6.000.000, pues a dicha suma se le descontó un 20% a favor de su hijo Alexis Fernando Aguirre, por lo cual únicamente recibió la suma de $ 4.800.000. A lo anterior se agrega que la escritura pública impugnada en simulación se corrió 14 días antes de la expedición de la mentada resolución. Concluye entonces que si la Sala de decisión no hubiera omitido el análisis de esta prueba hubiera concluido que el señor Franco Alberto Aguirre no había usado esos dineros para cancelar la compraventa de los inmuebles “y esto aunado a los demás indicios que se encuentran probados en el proceso, como el parentesco, la gran afinidad y cariño que le tenía su tío, la situación de enfermedad terminal del vendedor, el momento de la negociación, el valor ínfimo colocado en la escritura de venta, la no necesidad del vendedor de deshacerse de todos y cada uno de sus bienes, su prudencia económica, el hecho de tomar posesión de los bienes sólo a partir de la muerte del presunto vendedor” (fl. 51, cdno. 1).

Seguidamente se refiere a los argumentos del tribunal en relación con la demandada Alicia del Rosario López, para endilgarle a aquél una “falta de apreciación de las pruebas” al dar por demostrada la existencia de una relación laboral y que en compensación a la misma se le regalara a esta la casa habitación. Se queja de que el tribunal no le dio validez al certificado de nacimiento de la señora María del Rosario López del cual se colige que para la fecha de la escritura 4531 del 7 de septiembre de 1995 contaba sólo con 21 años de edad, de lo cual se puede deducir que no fue la empleada doméstica del causante, por más de 20 años como lo relata el testigo Milton Álvaro Verdugo. Adicionalmente señala que es falsa la afirmación del sentenciador según la cual la testigo Gloria Isabel Orbes sostuvo que el causante tenía la intención de compensar los servicios que le había prestado Alicia del Rosario López, por cuanto el juzgador supone la existencia de esta afirmación que no está en parte alguna del testimonio. Agrega que la declaración de la señora Gloria Alicia Tobar no puede tenerse en cuenta por ser de oídas. Concluye que no está demostrada a cabalidad la prestación del servicio laboral de la demandada, Alicia del Rosario López, para con el señor Vicente Javier Realpe. Y remata: “téngase en cuenta, tal como lo expresan las declaraciones que todas indican que Alicia del Rosario López fue un miembro más de la casa, de donde se deduce que pudo haber prestado la colaboración y apoyo que cualquier persona presta a algún miembro de su familia, pero que la ley tiene establecido que esa circunstancia no da derecho a remuneración” (fl. 53, cdno. Corte), como lo aseveran los testigos que fue así, por lo cual, al no existir remuneración falta uno de los requisitos del contrato de trabajo, con lo que violó el tribunal los artículos 22 y 23 del Código Sustantivo del Trabajo, pues dio por establecido un contrato de trabajo por el cual se debía compensar a la señora Alicia del Rosario López.

En cuanto a la demandada Marta Adriana Realpe, luego de recordar la recurrente que el tribunal afirmó que la venta que le hiciera Vicente Javier Realpe es real, y no una donación, porque el testigo Osvaldo Alirio Palacios afirmó que ella tenía capacidad económica y estuvo presente en el momento en que se efectuó dicha negociación, le achaca al ad quem no haber valorado varias pruebas, entre ellas el interrogatorio a esta demandada, quien sostiene haber pagado el precio con recursos que obtuvo de la venta de leche y el comercio de ganado, al paso que en la contestación hecha por conducto de apoderado había señalado que los recursos provenían de su padre, a más de que en parte alguna del testimonio de Osvaldo Alirio Palacios se dice que él hubiera estado presente, sino que tuvo conocimiento de la compraventa.

En lo concerniente a la venta que esta demandada, Martha Adriana Realpe, le hizo a Franco Alberto Aguirre, y que el tribunal descarta que haya sido una donación pues el supuesto donante (Javier Vicente Realpe) ya había fallecido para la fecha del contrato, sostiene la impugnante que el tribunal no advirtió el indicio consistente en el traspaso del bien a tan solo un año de muerto el señor Javier Vicente Realpe.

En cuanto al inmueble adquirido por Alba Lucía Erazo Ramírez y de cuya negociación el tribunal encuentra que se efectuó como parte del pago de deudas del causante al socio de este y esposo de la demandada, la recurrente arguye que tal conclusión es falsa, y ello por cuanto en la contestación de la demanda, Alba Lucía Erazo señaló que las propiedades fueron recibidas como parte del pago de la sociedad que el causante tenía con su esposo Carlos Aguirre, atinente a un camión de placas VS-4854, pero, de acuerdo con el libelo genitor, en realidad se trata de otro vehículo, de placas WZ-3664. Agrega que este aserto consta además, en el documento aportado por la demandada Martha Adriana Realpe, en donde aparece que a favor de Lucía Erazo se cancelaron $ 2.000.000, por lo que si se pagó allí en efectivo, “no se entiende también que se haya cancelado transfiriéndole un lote” (fl. 58, cdno. Corte). Y, agrega la censura, no tuvo en cuenta el fallador el registro de defunción de Carlos Aguirre en el que consta que murió en 1990, cinco años antes del fallecimiento de Javier Vicente, “fecha en la cual sin ninguna duda se rompió la sociedad sobre el vehículo VS-4854” (fl. 59, cdno. Corte).

En relación con la demandada Cruz Amparo Vallejo de Ortiz, le achaca al tribunal error de hecho por no interpretar la demanda, al no estimar que en vez de nulidad, en ella se plantea una inoponibilidad a favor de la demandante.

Seguidamente pasa la recurrente a relacionar pasajes de los testimonios de Carlina Rosa Paredes y Efraín Morillo, de los que dice que “parece que adrede no fueron apreciados”.

Pasa a referirse al recibo firmado en diciembre de 1995 por la demandante y su señora madre Virginia Rosas, mencionado por el tribunal, y del cual señala que esta corporación no le da el verdadero valor probatorio que tiene pues lo considera pago del derecho hereditario cuando de su texto se desprende que los dineros allí referidos se le entregaron a estas señoras por concepto diferente (seguro de vida).

Extracta el testimonio de María del Carmen Reina Terán, Carmen Virginia Rosas, Manolita del Carmen Oliva, Gloria Isabel Orbes Alvarado para seguidamente afirmar que del análisis de las pruebas de este proceso se puede afirmar que deben prosperar las pretensiones de la demanda en contra de cada de uno de los demandados “pues para todos ellos se dan los indicios con los cuales se concluye, que los títulos escriturarios se realizaron a favor de familiares muy cercanos ya sea vía consanguínea o de afinidad, se realizaron en un momento propicio a los pocos días de fallecer Vicente Javier Realpe Enríquez, ya que su muerte era inminente, que no recibió pago del precio de dichas ventas, que continue (sic) con la posesión de sus bienes hasta su muerte, que los gastos de enfermedad fueron cubiertos con la venta del vehículo Brigadier de placas WZ 3664, el mismo que se había vendido en $ 75.000.000, que los familiares del señor Realpe Enríquez tenían enemistad con la madre de mi poderdante (…) que de la actitud de los demandados que demostraron dentro del proceso, todas sus argucias defensivas han caído una a una” (fls. 64 y 65, cdno. Corte).

Consideraciones

1. Como distintas falencias de orden técnico se evidencian en el cargo acabado de resumir, es preciso que la Corte recuerde, a nivel general y aplicable a las anomalías que se irán advirtiendo, algunos aspectos referidos a la causal de violación de normas sustanciales por error de hecho manifiesto y trascendente.

Es connatural al oficio de los juzgadores de instancia gozar de una discreta autonomía en la apreciación de las pruebas, de suerte que los errores probatorios de hecho que se les endilguen a su sentencia y para los fines propios del recurso de casación, deben ser ostensibles, protuberantes o que salten a la vista, lo que significa que la conclusión que en el campo de las pruebas proponga el recurrente debe ser la única posible frente a la realidad procesal que los autos ofrecen, por lo cual, si la decisión del fallador no se aparta de las alternativas que razonablemente puedan desprenderse de la prueba producida, el fallo debe mantenerse. De allí que no cualquier ensayo crítico sobre el ámbito probatorio puede desquiciar un fallo en casación, ni aún aquél que sea fruto de una dialéctica quizás más concienzuda que la del tribunal, pues, se repite, la evidencia incontrastable de la equivocación en que incurrió el sentenciador es la regla. “[s]i el yerro no es de esta naturaleza, prima facie, si para advertirlo se requiere de previos y más o menos esforzados razonamientos, o si se manifiesta apenas como una posibilidad y no como una certeza, entonces, aunque se demuestre el yerro, ese suceder no tendría incidencia en el recurso extraordinario” (G.J. T. CXII, 242, reiterada en Casación Civil de 8 de noviembre de 1993).

En sentencia del 15 de marzo de 1995, señaló esta Sala que “el error de hecho en el ámbito de la prueba, para los propósitos del recurso de casación en los términos previstos por los artículos 368 y 374 del Código de Procedimiento Civil, en último análisis consiste en la radical oposición, por eso mismo abierta e irreconciliable, entre las afirmaciones de prueba realizadas en la sentencia de instancia objeto de impugnación y la verdad indiscutible que muestran los autos, o bien en la omisión por dicha providencia de datos o circunstancias, igualmente comprobables a simple vista en el expediente, que resulten trascendentales para la decisión”.

De suerte que esa “antítesis de mayúscula envergadura” no puede suplirse por un contraste de criterios como el que libremente y en procura de persuadir, es de usanza en los alegatos de instancia, en vista de que “... es frustráneo todo empeño que, saliéndose de los estrictos cauces imperados por la técnica del recurso, tienda a ensayar un examen global de la cuestión litigiosa, diferente del realizado por el sentenciador. Todo esto porque factor de primer orden en su poder decisorio es el de la discreta autonomía que por ley le compete para la apreciación de las cuestiones de hecho que las pruebas encarnan; porque el recurso de casación no es una instancia más del juicio y porque el fallo recurrido sube a la Corte amparado por la presunción de acierto...” (G.J. Tomo CXXXII, pág. 214).

Por lo demás, ha insistido la Corte en que si el fallo de instancia llega a la casación precedido por una presunción de acierto y legalidad, corre el recurrente con la carga de desquiciar las bases que le sirven de sustento; pero “[n]o solo es deber del recurrente demostrar la necesidad jurídica de remover en su integridad los pilares en que se fundamenta la sentencia, sino que frente a cada uno de ellos, debe así mismo combatir la totalidad de las pruebas con las que el ad quem dio por acreditados los hechos relevantes, pues si alguna de ellas no es atacada y por sí misma presta base sólida a la resolución, esta quedará en pie y el fallo no puede infirmarse en sede de casación...” (sent. 22 de octubre de 1993, aún sin publicar).

En reciente fallo de esta Sala (sent. de cas. Civil del 9 de marzo de 2012, Exp. 11001-3103-010-2006-00308-01) se reprodujo este criterio pacífico y uniforme de la Corte en torno al error de hecho: “[a]cerca del ‘error de hecho’, ha precisado reiteradamente la Corte, que ‘(…)’ atañe a la prueba como elemento material del proceso, por creer el sentenciador que existe cuando falta, o que falta cuando existe, y debido a ella da por probado o no probado el hecho’ (LXXVIII, pág. 313), es decir, acontece ‘a) cuando se da por existente en el proceso una prueba que en él no existe realmente; b) cuando se omite analizar o apreciar la que en verdad sí existe en los autos; y, c) cuando se valora la prueba que sí existe, pero se altera sin embargo su contenido atribuyéndole una inteligencia contraria por entero a la real, bien sea por adición o por cercenamiento’ (Cas. Civ. sent. 034 de 10 de agosto de 1999, Exp. 4979); siendo tal su notoriedad y gravedad, ‘cuando su sólo planteamiento haga brotar que el criterio del sentenciador fue totalmente desenfocado, que está por completo divorciado de la más elemental sindéresis; si se quiere, que repugna al buen juicio’, lo cual ocurre en aquellos casos en que ‘el fallador está convicto de contraevidencia’ (Cas. Civ. sents. de jul. 11/90 y de ene. 24/92), ‘cuando el sentenciador se estrelló violentamente contra la lógica o el buen sentido común, evento en el cual no es nada razonable ni conveniente persistir tozudamente en el mantenimiento de la decisión so pretexto de aquella autonomía’ (CCXXXI, pág. 644), o en otros términos, ‘que a simple vista se imponga a la mente, sin mayor esfuerzo ni raciocinio, o en otros términos, de tal magnitud, que resulte contrario a la evidencia del proceso (…)’ (G.J. tomo LXXVII, pág. 972)’ (Cas. Civ. sents. 006 de feb. 12/98, Exp. 4730; 080 de sep. 18/98, Exp. 5058) (…)” (sent. de dic. 16/2011 Exp. 2000-00018-01)”.

Finalmente, debe además reiterarse que el juzgador de instancia, “‘goza de autonomía para evaluar y ponderar los diversos medios de prueba que integran el acopio demostrativo del expediente. Sucede, entonces, que por regla general las conclusiones razonables a que arribe en el punto quedan a salvo de reproche, y se mostrarán así impermeables al ataque en casación (sent. de jul. 11/90 y de ene. 24/92)’ (cas. de oct. 24/2006, Exp. 00058-01), pues, ‘(…) en la prueba por indicios se trata fundamentalmente de que el juzgador, por el hecho conocido, pase a descubrir el hecho que se controvierte, ‘(...) no existe duda alguna acerca de que por regla general el debate sobre su mérito queda cerrado definitivamente en las instancias, y que la crítica en casación se reduce a determinar si por error evidente de hecho o de derecho estuvieron admitidos como probados o como no probados los hechos indicativos; si todas las conjeturas dependen exclusivamente de un indicio no necesario; y si la prueba por indicios es o no de recibo en el asunto debatido. Pero en lo que atañe a la gravedad, precisión, concordancia y nexo de los indicios con el hecho que se averigua, el sentenciador está llamado por la ley a formar su íntima convicción, que prevalece mientras no se demuestre en el recurso que contraría los dictados del sentido común o desconoce el cumplimiento de elementales leyes de la naturaleza’. (LXXXVIII, 176; CXLIII, 72); y ‘(...) aún en el evento de que surgieran dudas a través del nuevo examen de los indicios, es bien claro que el recurso extraordinario no podría fundarse en base tan deleznable como el estado dubitativo para decretar el quiebre de la sentencia objeto de acusación’ (LXXXVIII, 176 y 177)” (cas. de feb. 16/96, CCXL, pág. 194, reiterada en sent. S-029 de mar. 15/2000, Exp. 5400, cas. de jul. 16/2001, Exp. 6362, cas. de oct. 24/2006, Exp. 00058-01).

2. Así, en cuanto a la venta de los inmuebles mencionados en la Escritura Pública Nº 106 del 6 de junio de 1995 otorgada en la Notaría Pública de Cumbal, y en la que figura como comprador el demandado Franco Alberto Aguirre Realpe, señala la recurrente que el juzgador de segunda instancia no le otorgó ningún valor probatorio a la Resolución 0256 del 22 de junio de 1995, y ciertamente existe la duda acerca de si dicho documento fue tenido en cuenta a la hora de fallar, por cuanto se aprecia que el proyecto de sentencia fue registrado el 2 de febrero de 2010 (fl. 90, cdno. tribunal) al paso que el oficio remisorio del documento en mención ingresó al tribunal el 9 de febrero de 2010 (fl. 125, ib.); sin embargo, justamente de la simple lectura del fallo aflora que lo que tuvo en cuenta el tribunal (fl. 110, ib.) fueron las constancias expedidas por la secretaría de educación municipal de Pasto mediante las cuales se acreditó que Franco Alberto Aguirre estuvo vinculado como docente en la planta global del municipio de Pasto desde 1979 y que mediante la resolución aludida se le reconoció el pago de una cesantía parcial por valor de $ 6.000.000 (fls. 59 y 60 cdno. 1), medios probatorios que fueron los apreciados por el tribunal y en relación con los cuales guardó silencio la recurrente.

A partir de dichas pruebas dedujo el tribunal que el demandando ostentaba capacidad económica suficiente para comprar el inmueble, deducción que, por lo demás, apoyó con el testimonio de Ana Flor Guzmán y con el hecho de que el demandado “entró en posesión de los mismos [inmuebles] en el momento mismo en que se efectuó la venta, lo que de suyo descarta la estructuración de los indicios alegados” (fl. 119, cdno. 5). Y, al igual que el anterior sustento, ninguna de estas dos últimas bases fueron objeto de embate alguno en el cargo, quedando por tanto incólumes y tornando la acusación incompleta.

Pero, además, esa conclusión del ad quem no se la puede calificar de contraevidente, por el hecho de que la liquidación y pago de las cesantías de que trata esa resolución se haya verificado días después de la fecha de la negociación, o porque en aquélla se haya indicado que el monto del retiro parcial de la cesantía estaría destinado a reparación de vivienda y no a compra, o porque no fueran $ 6 millones sino $ 4.8 millones los recibidos. De estos asertos, que son los que pone de presente la recurrente y afloran de la prueba echada de menos, en realidad no se desprende que el señor Franco Alberto Aguirre no hubiera utilizado esos recursos para pagar el precio de la compraventa pretensamente simulada. Se trata solamente de una de varias posibilidades, todas razonables, que vuelven la acusación inane.

En adición a lo anterior, y cual alegato de instancia, se limita la recurrente a señalar que hay otros indicios que se encuentran probados “como el parentesco, la gran afinidad y cariño que le tenía su tío, la situación de enfermedad terminal del vendedor, el momento de la negociación, el valor ínfimo colocado en la escritura de venta, la no necesidad del vendedor de deshacerse de todos y cada uno de sus bienes, su prudencia económica, el hecho de tomar posesión de los bienes solo a partir de la muerte del presunto vendedor” (fl. 52, cdno. Corte) sin ejercer labor alguna distinta a mencionarlos, cuando en el recurso de casación, de raigambre dispositiva, la Corte no puede suplir la deficiencia del censor, que es el llamado a determinar (último inc. del art. 374 del CPC) las pruebas que acreditan los hechos de donde se desprendan las inferencias o esos indicios, apenas enlistados en este cargo, y también explicitar cómo estos tienen esas connotaciones de convergencia, gravedad, pluralidad y concordancia, de suerte que tal demostración haga brotar la contraevidencia de la conclusión a la que arribó el juzgador por razón de la omisión probatoria evidenciada.

3. En lo tocante a la venta que el causante Vicente Javier Realpe le hiciese a la demandada Alicia del Rosario López (Escritura Pública Nº 4537 de 7 de sep. de 1995 otorgada en la Notaría Segunda del Círculo de Pasto), el tribunal constató que, en efecto, la demandada admitió no haber pagado dinero alguno por la compra, e igualmente comprobó que dicha afirmación fue ratificada por los demandados en sus interrogatorios de parte y por testigos quienes expresaron que la señora Alicia del Rosario López se hizo cargo de la atención y el cuidado de Vicente Javier en los últimos días de su existencia y enfatizan que el mentado causante nunca le pagó ninguna suma por su trabajo. De allí que el tribunal concluyese, sin que dicha deducción luzca absurda o contraevidente, que la transferencia del bien inmueble la hizo el vendedor como pago de lo adeudado laboralmente por sus servicios.

A lo anterior el recurrente reclama que no estando acreditada la prestación del servicio laboral y teniendo en cuenta que las declaraciones indican que la demandada Alicia del Rosario López fue un miembro familiar más de la casa y como esa circunstancia implica apoyo a tareas del hogar que no dan derecho a remuneración, dicha enajenación fue simulada y escondió una donación.

Comoquiera que el tribunal alude a las declaraciones de parte y testimoniales, constata la Corte que, en efecto, de dichos medios se desprende la afirmación sentada por el ad quem. Así, Milton Álvaro Verdugo Risueño (fl. 11, cdno. 3) explica que el causante le comentó que “Alicia del Rosario había trabajdo (sic) mucho tiempo con él y que quería compensarle todos sus años de trabajo con una casa de su propiedad ya que ya había sido pues la ama de llaves y le sirvió toda la vida hasta el lecho de muerte”. Y cuando se le preguntó si el traspaso de esa casa a la demandada Alicia del Rosario había sido para defraudar los intereses de su hija Yovana, manifestó que “para mí no sería una simulación, sino sería más bien como un (sic) compensación por los servicios prestados por Alicia durante tantos años de trabajo hasta la fecha en que él falleció”.

Por su parte, Gloria Alicia Tovar de Montenegro (fl. 70, cdno. 3), al ser indagada sobre si le constaba que Alicia del Rosario había prestado sus servicios y acompañado a la madre de Vicente Javier Realpe, durante cuánto tiempo y si conocía que Vicente Javier estaba en mora de reconocer los servicios prestados por Alicia contestó: “si me consta que presto (sic) sus servicios, como esta niña la conocí de un añito entonces desde ese tiempo… sí, ella siguió con ellos, hasta la muerte del señor Vicente, ella era la encargada de estar en el hospital y sigue atendiendo a la misma familia es decir al sobrino que quedó… [e]lla en realidad no recibía sueldo ni nada, pero como con mi esposo siempre era amigo de él, él me comentó que la quería dejar asegurando por el servicio que había estado prestando… era una manera de agradecerle sus servicios”.

Del mismo tenor es la declaración que rindió la señora Gloria Amparo López Urrea (fl. 72, cdno. 3) quien señaló, refiriéndose a Alicia del Rosario López, que “cuando yo la conocí estaba estudiando y vivía donde ellos, cuando vivía doña Delfina mamá de don Vicente si me consta que ella le prestaba los servicios, les hacia los mandados y así empezó a trabajar y cuando doña Delfina se murió Rosario se retiró del colegio, porque como no tenía quién lo sirva a don Javier tenía que retirarse y desde allí estuvo pendiente de don Javier cuando llegaba de sus viajes y lo atendía y servía como ama de llaves… lo siguió atendiendo, ella estuvo pendiente de él hasta la muerte desde que se enfermó hasta que se murió… cuando se enfermó lo fui a visitar a la clínica Fátima como yo soy de Pasto, entonces me dijo que él no sabía cómo reconocerle a la muchacha, porque plata no tenía y los servicios que nos ha prestado tanto a mi mamá, como a mí y a toda mi familia lo único que tengo es esta casa esto le voy a dejar de recompensa o de pago por todos los servicios que prestó me dijo a mí”.

En consecuencia, aparte de que la conclusión del tribunal encuentra apoyo razonable en las declaraciones anteriores, debe señalarse que no por el hecho de haber dejado de cancelar el causante a la demandada Alicia del Rosario López las sumas de dinero como retribución a las labores domésticas que ella desempeñaba y a que se refieren los testigos, puede concluirse que no existiese una relación laboral y que, como lo asevera la recurrente, dicha relación fuese más bien familiar y por ello sin derecho a retribución. Lo planteado por la censura se trata, en últimas, de una conclusión que se la quiere contraponer con la adoptada por el tribunal, que se fundamenta en los testimonios a que alude el recurrente en esta acusación, para resaltar que la demandada, por esas labores no recibía nada, hecho que puede significar, precisamente, que el causante se haya sustraído en vida al cumplimiento de la obligación de retribuir el trabajo y haya optado por pagar tardíamente con la entrega del inmueble.

4. En cuanto a la venta de Javier Vicente Realpe a la demandada Martha Adriana Realpe, documentada en la Escritura Pública Nº 4660 del 13 de septiembre de 1995 otorgada en la Notaría 2ª de Pasto, la Corte constata que en efecto, tal como lo afirma el recurrente, el tribunal se equivocó cuando afirmó que el testigo Oswaldo Alirio Palacios (fl. 104, cdno. 3), había sostenido que estuvo presente cuando se hizo la negociación, pues tal afirmación no figura en su testimonio, en el que sí se lee que afirma que Martha tenía capacidad económica pues provenía de una familia pudiente, además de otros tópicos: “sí tuve conocimiento de la compraventa, el finado Javier le vendió ese lote por motivo de enfermedad, se lo vendió a Alfredo y a Martha en $ 2.000.000, esa plata no sé si la cogió un hermano Bolívar Realpe porque con él hicieron el negocio” (fl. 104, cdno. 3).

Además, la recurrente le achaca al ad quem no haber valorado varias pruebas, entre ellas el interrogatorio a esta demandada, quien sostiene haber pagado el precio con recursos que obtuvo de la venta de leche y el comercio de ganado, al paso que en la contestación hecha por conducto de apoderado había señalado que los recursos provenían de su padre.

Y en efecto, en la contestación de la demanda (fl. 70, cdno. 1), la demandada Martha Adriana Realpe adujo que el precio del lote lo había pagado su señor padre, y al punto anexó fotocopia del documento (fl. 73, cdno. 1), relacionado por el tribunal (fl. 110, cdno. 5), en cuyo acápite de “entradas” figura el concepto “venta potrero Alfredo Realpe”.

Pero en el interrogatorio (fl. 3, cdno. 4) afirmó otra cosa: “PREGUNTO: ¿Manifieste como es cierto que usted no entregó ningún dinero por la compra que figura en la escritura que figura con el número 4.660 del 13 de septiembre de 1995? CONTESTÓ: Sí se entregó dinero, sí yo entregué el dinero. … PREGUNTADA: Dígale al despacho ¿qué actividad económica realizaba en el año 1995? CONTESTÓ: Como soy ganadera me dedicaba a vender leche y cabezas de ganado” PREGUNTADA: Informe usted ¿qué edad tenía para dicha época? CONTESTÓ: 23 años”.

Por supuesto que estas disparidades siembran dudas acerca de lo acaecido, y así, dentro de las posibilidades verosímiles o razonables que caben, está la que plantea la recurrente, esto es, la de que no hubo pago alguno. Pero de esas afirmaciones igualmente puede concluirse que pago sí existió sin que sea claro quién lo hizo, si el padre o la hija; o ambos. Pues no hay que perder de vista que el testigo Oswaldo Alirio Palacios relata que el inmueble “se lo vendió a Alfredo y a Martha”, que esta señala dubitativamente que el dinero sí se entregó para seguidamente decir que ella lo entregó, y en fin, que en el documento a que alude la demandada en la contestación (en cuyo encabezado se lee: “pagos hechos por el señor Luis Bolívar Realpe de cuentas deudas y demás compromisos adquiridos por el señor Vicente Javier Realpe”) figura, como ya se indicó, “venta potrero Alfredo”, elementos todos que conjuntados pueden dar lugar a la conclusión que prohijó el tribunal y que, por tanto no se muestra como carente de sentido.

Es que en estos “márgenes de duda” (CLXXXVIII, 56) en donde con certeza no brota la evidencia del error, la Corte no puede sustituir el criterio del tribunal y acoger el del recurrente, sin trocar la casación en instancia.

4. Sobre la Escritura Pública 326 del 31 de octubre de 1996, otorgada en la Notaría Única de Cumbal, mediante la cual Martha Adriana Realpe Bravo vendió a Franco Alberto Aguirre Realpe el inmueble rural denominado Yerbabuena, el colegiado señala que como a la fecha de la negociación el anterior propietario y causante, Vicente Javier Realpe, había fallecido un año antes, no podía inferirse que se trataba de una donación que él hubiese hecho pues no participó en el contrato. Por esa vía, descarta que la vendedora Martha Adriana hubiera servido de intermediaria entre el de cujus y su sobrino Aguirre Realpe para transferirle a este el inmueble.

Por su parte, el recurrente plantea una conclusión distinta, a partir de los mismos hechos demostrados, esto es, las fechas de fallecimiento de Vicente Javier y la de la negociación pretensamente simulada, consistente en que la venta se había llevado a cabo a tan solo un año de haber fallecido Vicente Javier Realpe, “por cuanto de lo contrario y de haberse realizado en forma directa el señor Franco Alberto Aguirre hubiese quedado con la mayoría de los bienes, indicio más que ostensible para la prosperidad de la simulación”.

Caben aquí plenamente los raciocinios transcritos en las consideraciones iniciales relativas a este cargo, atinentes a las inferencias que puede colegir el tribunal de instancia a partir del hecho indicador, en relación con el cual la Corte no está facultada para examinar libremente cuál de las deducciones luce más atinada o razonable, porque, como se ha dicho por esta Sala en forma uniforme y seguida, en materia de indicios, “no existe duda alguna acerca de que por regla general el debate sobre su mérito queda cerrado definitivamente en la instancia, y que la crítica en casación se reduce a determinar si por error evidente de hecho o por error de derecho estuvieron admitidos como probados o como no probados los hechos indicativos; si todas las conjeturas dependen exclusivamente de un indicio no necesario; y si la prueba por indicios es o no de recibo en el asunto debatido”(LXXXVIII, 176; CXLIII, 72).

5. En cuanto al inmueble adquirido por Alba Lucía Erazo Ramírez (escritura 4538 del 7 de septiembre de 1995 de la Notaría 2ª de Pasto), y de cuya negociación el tribunal encuentra que se efectuó como parte del pago de deudas del causante al socio de este y esposo de la demandada, la recurrente arguye que tal conclusión es falsa, para lo cual ensaya un elaborado análisis en el que pone de presente la existencia de dos vehículos distintos. Sin embargo resulta claro que el tribunal advierte que existen discrepancias en las declaraciones de María del Carmen Reina, Segundo Horacio Ortiz, Pastora Angélica López, Guillermo Alfredo Realpe sobre las cuales señala que la transferencia del bien inmueble que el causante hizo en favor de Alba Lucía Erazo obedeció al pago de una deuda que el extinto Realpe Aguirre tenía en relación con la compra de un carro tanque, aun cuando advierte que Segundo Horacio Ortiz afirmó que no era por la venta del vehículo sino por una deuda de tipo laboral. Sin embargo, el tribunal señala que todos estos testigos coinciden en sostener que a raíz de la enfermedad que contrajo Vicente Javier Realpe no pudo pagar la obligación a su cargo y por eso entregó a la citada demandada el lote de terreno, habida cuenta de que era la esposa de Luis Carlos Realpe.

En la declaración de María del Carmen Reina Terán (fl. 79, cdno. 3) se aprecia que preguntada sobre si le constaba la existencia de una sociedad entre Vicente Javier Realpe y Luis Carlos Aguirre relacionada con un vehículo termotanque de placas VS4854, contestó que “a mí me consta que don Javier Realpe tenía un camión y don Javier me vendió la mitad, pero él comentaba que él tenía una parte, y otra parte la tenía Carlos mas no sé cuánto era la parte, no figuraba en los papeles, el camión tenía un tanque el cual lo alquilábamos”.

En la declaración de Segundo Horacio Ortiz, (fl. 83, cdno. 3), se lee que “(…) Carlos Aguirre tenía la tercera parte de este vehículo por trabajo que Javier le pagó por que él había trabajado mucho tiempo, lo liquidó y le dio una tercera parte”. Preguntado por el valor de la cuota parte de la propiedad que le correspondiese a Luis Carlos Aguirre señaló que era “(…) por ahí unos $ 18.000.000. “Preguntado por el motivo por el cual se realizó la escritura pública en la que figura el señor Vicente Javier Realpe como vendedor y Alba Lucía Eraso como compradora señaló: “[e]lla recibió un lote de terreno interno como una parte de pago de la deuda, o sea que era el 10% de la deuda el 90% le quedaba debiendo, eso me contó Vicente Javier Realpe, por que (sic) los dos éramos amigos, él iba a vender el tanque azul para pagar la deuda de Carlos Aguirre pero como le prestaron a él para hacerse curar dicen que no les alcanzó la plata”. Preguntado por si sabía el motivo de esa escritura, respondió: “[s]í eso es de lo que estoy hablando ese es el lote que se le dio a la señora Alba Lucía Erazo en parte de pago de la deuda que es el 10%”. Y preguntado por quién es el propietario y poseedor del inmueble de que trata la escritura, respondió el testigo que “[e]l lote era de la señora Alba Lucía Erazo que recibió por parte de pago a Vicente Javier y la actual dueña desde hace 12 años es la señora Amparo Vallejo Muñoz”. Y finalmente preguntado sobre si le han pagado a la señora Alba Lucía Eraso la deuda pendiente de la sociedad señaló que “[c]omo le digo hasta ahorita le deben el 90 por ciento de la deuda y no hay quien pague, lo que dejó Javier alcanzó sólo para pagar lo de la curación de la enfermedad”.

Pastora Angélica López también se refiere a la sociedad de Vicente Javier con Luis Carlos Aguirre Realpe. Se expresa así: “si me consta, tenía la mitad que le vendió Javier a Carlos”. “Sólo sé que era el 50 por ciento, mas no el valor”. Preguntada sobre si conocía de la venta a la señora Alba Lucía Erazo como parte del pago del derecho que tenía el señor Luis Carlos Aguirre, respondió: “la casa no, esa no tenía nada que ver, lo que le dio don Javier es un lote en parte de pago por la parte del carro, que era del señor Luis Carlos Aguirre, porque Javier me dijo que él le iba a dar ese pedazo de lote en parte de pago, porque el carro lo vendieron y no le han dado más hasta la fecha”. Preguntada acerca de si sabía el motivo por el cual se había otorgado dicha escritura, respondió: “[d]e ese lote es que estoy hablando, la causa de la escritura es como parte de pago de la sociedad que tenían por el vehículo” (fl. 85, cdno, 3).

Estas declaraciones, cuyo examen pasó por alto el cargo, denotan que la conclusión del tribunal sobre el pago de una deuda que el causante tenía con Luis Carlos Aguirre Realpe, no es descabellada o absurda y por ende, no es constitutiva de error de hecho que haga desquiciar el fallo.

6. En relación con la escritura 103 del 12 de agosto de 1996 otorgada en la Notaría de Cumbal, por la cual adquirió la demandada Cruz Amparo de Ortiz a título de venta que le hiciera Alba Lucía Erazo, la recurrente, contra lo que dice su demanda, ahora en el recurso de casación troca su petitum, enderezado a que se declare la simulación y subsecuente nulidad, por una inoponibilidad que le achaca al juzgador de segunda instancia no haber visto, y que en realidad no fue pedida.

Para descartar esta acusación baste señalar que la interpretación de la demanda con miras a escudriñar la intención del demandante la podrá adelantar el juez si el libelo se lo permite y exige, pero “sin desfigurar la realidad que por sí sola allí se patentice, esto es, en aquellas hipótesis en que al hacerlo no modifique la esencia de lo pedido” (sent. Cas. Civ. de sep. 6/2010 Exp. 41001310300120040008501).

Por último, las referencias y extractos de pruebas a que alude la recurrente al final del cargo y para los cuales propone efectos y explicita opiniones, pero sobre los que no señala a qué aspectos de la sentencia combate, quedan en el aire y la Corte no los examinará, en vista de que carecen de la precisión requerida al no dirigirse a combatir un punto concreto del fallo, a más de no contar con la claridad que asimismo se exige, de modo que le dé a entender a la corporación qué finalidad persigue la recurrente con su inclusión.

En consecuencia, el cargo no prospera.

Comoquiera que la recurrente goza del beneficio del amparo de pobreza, no hay lugar a condena en costas (CPC, art. 163).

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 16 de febrero de 2010 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto en el proceso ordinario promovido por Edith Yovana Realpe Rosas contra Franco Alberto Aguirre Realpe, Alicia del Rosario López, Alba Lucía Erazo Ramírez, Martha Adriana Realpe Bravo y Cruz Amparo Vallejo de Ortiz.

SIN COSTAS en el recurso de casación.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese».

(1) Fundamentos del derecho procesal civil, Ed. B. de F., 4ª Ed. Montevideo -Buenos Aires, pág. 160.

(2) En el mismo sentido, sentencia de Casación Civil del 15 de diciembre de 2005, Expediente C-2575431030021999-00095-01.