Sentencia 2007-00051 de septiembre 23 de 2010 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

Ref.: 11010325000200700051 00

Número interno: 1092-2007

Consejero Ponente:

Dr. Alfonso Vargas Rincón

Actor: Gonzalo Espinel Quintana

Autoridades Nacionales

Bogotá, D.C., veintitrés de septiembre de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Considera

El problema jurídico se contrae a establecer si el Acuerdo 1 de 2006, fue expedido sin competencia por parte del Consejo Superior para la Carrera Notarial.

Señala el actor que el Consejo Superior fue derogado por la ley y no existe en el ordenamiento vigente otra norma que le haya conferido nuevamente aquella competencia. Siendo así, la Corte Constitucional extralimitándose en el ejercicio de sus atribuciones restableció aquel órgano y le asignó funciones y competencias.

El texto de la norma acusada es el siguiente:

ACUERDO 1 DE 2006

Por el cual se convoca a concurso público y abierto para el nombramiento de los notarios en propiedad y el ingreso a la carrera notarial

El Consejo Superior,

en cumplimiento del artículo 131 de la Constitución Política, el Decreto 960 de 1970, la Ley 588 de 2000, el Decreto 3454 de 2006, la Sentencia C-421 de 2006 de la Corte Constitucional y en ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confiere el artículo 165 del Decreto 960 de 1970, y

CONSIDERANDO:

Que la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-421 de 2006 ordenó que el Consejo Superior a que se refiere el artículo 164 del Decreto-Ley 960 de 1970, proceda a la realización de los concursos abiertos para la provisión en propiedad por parte del gobierno del cargo de notario, en un término máximo de seis (6) meses contados a partir de la notificación de la presente sentencia, en cumplimiento del artículo 131 de la Constitución Política y de conformidad con lo dispuesto en los artículos pertinentes de la Ley 588 de 2000 y demás disposiciones legales concordantes y complementarias;

Que el artículo 165 del Decreto 960 de 1970 dispone que con suficiente anticipación el Consejo Superior fijará las bases de cada concurso, con señalamiento de sus finalidades, requisitos de admisión, calendario, lugares de inscripción y realización, factores que se tendrán en cuenta, manera de acreditarlos, y sistema de calificaciones, e indicará la divulgación que haya de darse a la convocatoria;

Que el artículo 82 del Decreto 2148 de 1983 dispone que la Superintendencia de Notariado y Registro proporcionará al Consejo Superior los servicios técnicos y administrativos que requiera para su eficaz funcionamiento;

Que el Gobierno Nacional, mediante Decreto 3454 de 2006, reglamentó la Ley 588 de 2000 y fijó el marco regulatorio para el ejercicio de las funciones del Consejo Superior;

Que la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-097 de 2001, consideró que el concurso para seleccionar a los notarios tiene como propósito y fin último escoger a las personas por sus méritos, capacidades, experiencia e idoneidad para prestar el servicio público notarial, rodeadas de probidad, rectitud, experiencia y conocimiento del oficio

ACUERDA:

ART. 1º—Convocatoria. Convóquese a concurso público y abierto para el nombramiento de los notarios en propiedad y el ingreso a la carrera notarial.

ART. 2º—Nombramiento. El nombramiento de los notarios en propiedad lo hará el Gobierno Nacional o departamental, según la categoría del círculo notarial a proveer, de la lista de elegibles que presente el Consejo Superior, como resultado del concurso público y abierto que se convoca mediante este acuerdo para proveer titulares en propiedad de los cargos de notarios que no se encuentren provistos mediante concurso público y abierto.

PAR.—La garantía de que trata el artículo 7º de la Ley 588 de 2000 se presentará por el notario que corresponda antes de la posesión y conforme a las características y procedimientos que el Consejo Superior fijará en acuerdo posterior.

(...).

ART. 3º—Entidades que intervienen en el concurso. En su calidad de organismo técnico y administrativo del concurso, la Superintendencia de Notariado y Registro, obrando como administradora del fondo o sistema especial de cuentas del notariado y en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1672 de 1997 y el artículo 81 del Decreto 1890 de 1999, suscribirá con las entidades públicas o privadas legalmente establecidas que determine el Consejo Superior los convenios necesarios para el diseño, aplicación y evaluación de los instrumentos de selección y la organización logística del concurso, desde la convocatoria hasta la entrega de la lista de elegibles.

PAR. PRIMERO.—Para la construcción del banco de preguntas se solicitará la colaboración de universidades legalmente establecidas en Colombia, de carácter público o privado. Cada una de las universidades seleccionadas diseñará, en los términos que se acuerden, un banco de preguntas clasificadas por grado de dificultad. En aras de garantizar la transparencia de la prueba de conocimientos, ninguna de estas instituciones podrá encargarse del proceso de aplicación y evaluación de los instrumentos de selección, ni de la organización logística del concurso.

PAR. SEGUNDO.—Ni el Consejo Superior ni la Superintendencia tendrán acceso a los bancos de preguntas que entreguen las entidades mencionadas en el parágrafo primero.

La validación de las preguntas se realizará según los parámetros que dicte el consejo, y estará a cargo de la universidad encargada de la aplicación y evaluación de los instrumentos de selección.

ART. 4º—Requisitos generales. Las personas que aspiren a participar en el concurso para el ingreso a la carrera notarial, deben reunir y acreditar, en la fecha de su inscripción, las siguientes condiciones generales:

1. Ser nacional colombiano.

2. Ser ciudadano en ejercicio.

3. Tener excelente reputación.

4. Ser mayor de treinta (30) años.

ART. 5º—Requisitos para aspirar a ser nombrado notario en círculos de primera categoría. Los ciudadanos interesados en postular su nombre para concursar por cargos de notario ubicados en círculos de primera categoría, deben acreditar, en la fecha de su inscripción, al menos uno (1) de los requisitos siguientes:

1. Ser abogado titulado y haber ejercido el cargo de notario o el de registrador de instrumentos públicos por un término no menor de cuatro años, o la judicatura o el profesorado universitario en derecho, siquiera por seis años, o la profesión por diez años a lo menos.

2. No siendo abogado, haber desempeñado con eficiencia el cargo de notario o el de registrador en un círculo de dicha categoría, por tiempo no menor de ocho años, o en uno de inferior categoría siquiera por doce años.

ART. 6º—Requisitos para aspirar a ser nombrado notario en círculos de segunda categoría. Los ciudadanos interesados en postular su nombre para concursar por cargos de notario ubicados en círculos de segunda categoría, deben acreditar en la fecha de su inscripción, al menos uno (1) de los requisitos siguientes:

1. Ser abogado titulado y haber sido notario durante dos años, o ejercido la judicatura, o el profesorado universitario en derecho, al menos por tres años, o la profesión con buen crédito por término no menor de cinco años, o haber tenido práctica notarial o registral por espacio de cuatro años.

2. No siendo abogado, haber ejercido el cargo en círculo de igual o superior categoría durante seis años, o en uno de inferior categoría por un término no menor de nueve años.

ART. 7º—Requisitos para aspirar a ser nombrado notario en círculos de tercera categoría. Los ciudadanos interesados en postular su nombre para concursar por cargos de notario ubicados en círculos de tercera categoría, deben acreditar en la fecha de su inscripción, al menos uno (1) de los requisitos siguientes:

1. Ser abogado titulado.

2. No siendo abogado, haber sido notario por tiempo no inferior a dos años, o haber completado la enseñanza secundaria o normalista y tenido práctica judicial, notarial o registral por espacio de tres años, o tener experiencia judicial, notarial o registral por término no menor de cinco años.

ART. 8º—Instrumentos de selección. De acuerdo con el artículo 4º de la Ley 588 de 2000, los criterios de selección para la provisión de los cargos objeto del presente concurso son, en su orden:

1. Análisis de méritos y antecedentes.

2. Prueba de conocimientos.

3. Entrevista.

Con la finalidad de garantizar que la lista de elegibles esté integrada por participantes que posean los méritos, capacidades, experiencia e idoneidad para asumir la prestación del servicio notarial en propiedad, los aspirantes aceptados a concurso serán sometidos al análisis de méritos y antecedentes y convocados a presentar la prueba de conocimientos.

A la luz del artículo 11 del Decreto 3454 de 2006, la lista de elegibles por cada círculo notarial estará conformada por quienes hayan obtenido más de setenta y cinco (75) puntos en el proceso.

ART. 9º—Inscripción. La inscripción se realizará por vía electrónica en el sitio web del concurso en los términos establecidos por el artículo 4º del Decreto 3454 de 2006. Al finalizar la inscripción el participante recibirá un certificado de inscripción donde estará incluido un número de identificación personal (NIP) que lo identificará durante todo el proceso. Al momento de acreditar los requisitos generales y específicos, el participante anexará copia de dicho certificado a los documentos que pretenda hacer valer.

En los lugares y por los medios que se determinen por el Consejo Superior, y que serán publicados en el sitio web del concurso, se recibirán los documentos que soportan la inscripción del aspirante.

ART. 10.—Acreditación del cumplimiento de requisitos generales. El aspirante acompañará a su solicitud de acreditación de requisitos los siguientes documentos:

1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía.

2. Fotocopia del certificado sobre antecedentes judiciales vigente expedido por el Departamento Administrativo de Seguridad, con indicación de su fecha de expedición y refrendación.

3. Certificado especial de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Procuraduría General de la Nación.

4. Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la República.

5. Certificado de inscripción al concurso.

6. Para quienes sean abogados, certificado de antecedentes disciplinarios como abogado, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.

No serán recibidas las solicitudes de acreditación que no incluyan alguno de los documentos mencionados, sin perjuicio de la posibilidad que conserva cada aspirante de presentar su solicitud completa dentro del plazo fijado por el Consejo Superior.

ART. 11.—Acreditación del cumplimiento de requisitos específicos. El aspirante, para acreditar el cumplimiento de los requisitos específicos, así como la experiencia, capacitación, estudios de postgrado, títulos y obras que se pretendan hacer valer, simultáneamente con la acreditación del cumplimiento de los requisitos generales, deberá presentar los siguientes documentos, que serán apreciados en forma concurrente:

1. Si se pretende acreditar la calidad de abogado, deberá acompañar copia de la tarjeta profesional, o del acta de grado, o del título expedido por una universidad legalmente reconocida por el Estado.

2. Para acreditar el tiempo de desempeño del cargo de notario a cualquier título y la categoría del círculo en la cual se ejerció la función notarial, se aportará la certificación que expida la Superintendencia de Notariado y Registro.

3. Para acreditar el tiempo de desempeño del cargo de registrador de instrumentos públicos y la categoría del círculo en la cual se ejerció la función registral, se aportará la certificación que expida la Superintendencia de Notariado y Registro.

4. Para acreditar el tiempo de desempeño del cargo de cónsul, es suficiente la certificación que en tal sentido expida el Ministerio de Relaciones Exteriores.

5. El tiempo de ejercicio de autoridad civil o política, dirección administrativa, función judicial y legislativa o cargos del nivel directivo, asesor o ejecutivo, se acreditará con el certificado expedido por la autoridad competente de la respectiva entidad.

6. El ejercicio de la profesión de abogado se acreditará con prueba sumaria del desempeño habitual de cualesquiera actividades jurídicas, tanto independientes como subordinadas, en cargo público o privado, desde la fecha del grado. Igualmente, la experiencia se contabilizará desde la fecha de grado, incluyendo la acreditada para el cumplimiento de los requisitos de la categoría notarial respectiva, de acuerdo a lo establecido en el Decreto-Ley 960 de 1970 y la Ley 588 de 2000.

7. La cátedra universitaria se acreditará con el certificado expedido por la institución de educación superior donde la ejerce o ejerció.

8. El desempeño de funciones notariales y registrales en cargos diferentes al de notario o registrador de instrumentos públicos se acreditará con el certificado expedido por la respectiva entidad pública o privada.

9. La finalización de la educación secundaria se acreditará con el título de bachiller, en los términos de la Ley 115 de 1994 y normas concordantes.

10. La finalización de la educación normalista se acreditará con el título de normalista expedido por una normal autorizada por el Ministerio de Educación, en los términos de la Ley 115 de 1994 y normas concordantes.

11. La publicación de obras en áreas del Derecho se acreditará con el certificado de registro de la obra expedido por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, o la certificación de la publicación expedida por la imprenta o editorial respectiva junto con un ejemplar del libro publicado.

12. Los estudios de postgrado, tal como los define el artículo 10 de la Ley 30 de 1992, se acreditarán con una copia del diploma y del acta de grado en tratándose de estudios adelantados en instituciones universitarias de educación superior domiciliadas en el país. En caso de que el título haya sido obtenido en el exterior, se deberá aportar copia del título y certificado de convalidación expedido por el Ministerio de Educación, o por la autoridad competente.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 166 del estatuto del notariado, no serán aceptados a concurso quienes no acrediten a tiempo los requisitos para su postulación.

ART. 12.—Análisis de méritos y antecedentes. El análisis de méritos y antecedentes consistirá en la valoración concurrente de los aspectos establecidos en el artículo 4º de la Ley 588 de 2000, siempre y cuando el aspirante cumpla con los requisitos generales y específicos para la categoría del círculo notarial respectiva. Este análisis otorga hasta cincuenta (50) puntos, discriminados de la siguiente forma:

A. Experiencia. Se otorgarán hasta treinta y cinco (35) puntos por la experiencia, así:

1. Cinco (5) puntos por cada año o fracción superior a seis meses de desempeño del cargo de notario en círculos de cualquier categoría.

2. Cinco (5) puntos por cada año o fracción superior a seis meses de desempeño del cargo de cónsul.

3. Dos (2) puntos por cada año o fracción superior a seis (6) meses en el ejercicio de autoridad civil o política.

4. Dos (2) puntos por cada año o fracción superior a seis (6) meses en el ejercicio de dirección administrativa, función judicial y legislativa.

5. Dos (2) puntos por cada año o fracción superior a seis (6) meses en el ejercicio de cargos del nivel directivo, asesor o ejecutivo en el sector público.

6. Un (1) punto por cada año o fracción superior a seis (6) meses de ejercicio de la profesión de abogado.

7. Un (1) punto por cada año del ejercicio de la cátedra universitaria.

8. Un (1) punto por cada año o fracción superior a seis (6) meses de ejercicio de funciones notariales o registrales.

B. Postgrado. La especialización o postgrado otorga diez (10) puntos por cada título que se acredite en la forma prevista en el Decreto 3454 de 2006 y el artículo 11 del presente acuerdo, sin que en ningún caso se asigne por este concepto un puntaje total superior a diez (10) puntos.

C. Obras jurídicas. Por la autoría o coautoría de una obra en el área de derecho, se otorgarán cinco (5) puntos, conforme al artículo 5º literal g) del Decreto 3454 de 2006.

La calificación a que se refiere este artículo será efectuada por el Consejo Superior a través de la entidad que se contrate.

ART. 13.—Publicación de la lista de admitidos al concurso y de los resultados del análisis de méritos y antecedentes. Dentro del plazo fijado en el cronograma que apruebe el Consejo Superior, se publicará la lista de aspirantes admitidos al concurso en un diario de circulación nacional. En el sitio web del concurso y en el correo electrónico de cada participante se indicarán, además, las razones para la inhabilitación, si fuere el caso. De la misma manera se darán a conocer las calificaciones obtenidas por cada uno de los aspirantes en el análisis de méritos y antecedentes.

Quienes no figuren en dicha lista se tendrán como rechazados y podrán interponer recurso de reposición, en los términos fijados por el Código Contencioso Administrativo, dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la lista. Dentro del mismo plazo los concursantes podrán interponer recurso de reposición contra la calificación asignada en el análisis de méritos y antecedentes. El Consejo Superior resolverá el recurso dentro de los veinte (20) días siguientes a su presentación.

No se podrá presentar documentación adicional a la entregada en los términos del artículo 11 del acuerdo para sustentar el recurso, caso en el cual se rechazará in limine.

ART. 14.—Convocatoria a presentar prueba de conocimientos. Dentro del plazo fijado por el cronograma que apruebe el Consejo Superior, se publicará en un diario de circulación nacional, en el sitio web del concurso y en diarios regionales, la lista de aspirantes convocados a presentar prueba de conocimientos, en las condiciones establecidas por el Decreto 3454 de 2006 y con la indicación de la fecha, hora y lugar de presentación de la prueba. Esta información también se enviará a cada aspirante a la dirección de correo electrónico que haya inscrito para las notificaciones del proceso.

ART. 15.—Prueba de conocimientos. La prueba de conocimientos se realizará por los medios que determine el Consejo Superior mediante acuerdo, con el objeto de evaluar el nivel académico del aspirante convocado a presentarla, en materias de derecho notarial y registral, y tendrá un valor de 40 puntos, de los 100 del concurso.

El contenido de la prueba de conocimientos y criterio jurídico variará de acuerdo con la categoría del círculo notarial para el que se concurse, y se conformará en los términos establecidos por el artículo 9º del Decreto 3454 de 2006. Incluirá preguntas sobre los temas que se enumeran a continuación.

I. De las escrituras públicas: cancelaciones, protocolizaciones, copias, copias que prestan mérito ejecutivo, certificados, notas de referencia, guarda, apertura y publicación del testamento cerrado, protocolos y libros que deben llevar los notarios, invalidez y subsanación de las escrituras públicas, correcciones, aclaraciones, reconstrucción de escrituras públicas.

II. Reconocimiento de documentos privados: autenticaciones, fe de vida, testimonios especiales, depósitos.

III. Organización del notariado y requisitos para ser notario: provisión y permanencia en el cargo, régimen de licencia, permisos y reemplazos, círculos notariales, régimen disciplinario de los notarios.

IV. Del estado civil de las personas: registro civil de nacimiento, matrimonios, defunciones, cambio de nombre, corrección de actas de registro civil.

V. Declaraciones con fines extraprocesales ante notario, donaciones ante notario, remates ante notario, matrimonio civil y divorcio ante notario.

VI. Afectación a vivienda familiar, constitución de patrimonio de familia, capitulaciones matrimoniales, constitución, disolución y liquidación de sociedades patrimoniales, uniones maritales de hecho.

VII. Conciliación ante notario, actas de conciliación, expedición de copias de actas de conciliación, obligaciones tributarias del notario, obligaciones respecto al lavado de activos.

VIII. Derecho comercial: constitución de sociedades, reforma, fusión, transformación, escisión, cambio de razón social, liquidación, fiducia, empresas unipersonales, leasing inmobiliario.

IX. Documentos sometidos a registro de instrumentos públicos: oportunidad y términos en que pueden y deben inscribirse los documentos en el registro de instrumentos públicos, vencimiento de los términos de ley para el registro, efectos legales del vencimiento de los términos de las escrituras que contienen gravámenes hipotecarios y solución jurídica a estos casos.

X. Conductas penales en que puede incurrir el notario en razón a su cargo:

1. Delitos contra la fe pública: falsedad en documento privado (art. 289), falsedad ideológica en documento público (art. 286), falsedad material en documento público (art. 287) uso de documento falso (art. 291), destrucción, supresión u ocultamiento de documento público (art. 292), destrucción, supresión y ocultamiento de documento privado.

2. Delitos contra la administración pública: peculado por apropiación (art. 397), peculado culposo (art. 400), omisión del agente retenedor o recaudador (art. 402), concusión (art. 403), abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto (art. 416), abuso de autoridad por omisión de denuncia (art. 417), revelación de secreto (art. 418), utilización de asuntos sometidos a secreto o reserva (art. 419), asesoramiento de otras actuaciones ilegales (art. 421) intervención en política (art. 422), favorecimiento (art. 446).

3. Delitos contra el patrimonio económico: estafa (art. 246), emisión y transferencia ilegal de cheques (art. 248) abuso de confianza (art. 249).

PAR.—Las preguntas serán diseñadas en forma proporcional a cada uno de los contenidos enunciados del I al X, en este mismo artículo, a fin de garantizar una adecuada distribución temática del cuestionario.

ART. 16.—Calificación de la prueba de conocimientos. La calificación a que se refiere este artículo será efectuada por el Consejo Superior o por la entidad que este contrate. La lista con las calificaciones obtenidas por cada uno de los aspirantes convocados a presentar la prueba, se publicará dentro del término máximo que fije el cronograma que establezca el Consejo Superior.

Los concursantes podrán interponer recurso de reposición contra la calificación asignada, en los términos fijados por el Código Contencioso Administrativo, dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la lista con las calificaciones. El Consejo Superior resolverá el recurso dentro de los veinte (20) días siguientes a su presentación.

ART. 17.—Convocatoria a presentar entrevista. Dentro de los plazos y fechas señaladas en el cronograma se procederá a la publicación de la lista de las calificaciones asignadas en la prueba de conocimientos, en un diario de circulación nacional, en el sitio web del concurso y en diarios regionales. En la misma publicación se incluirá la lista de aspirantes admitidos a presentar entrevista, en las condiciones establecidas por el Decreto 3454 de 2006 y el artículo 8º del presente acuerdo, con indicación de la fecha, hora y lugar de la entrevista. Esta información también se enviará a cada aspirante a la dirección de correo electrónico que haya inscrito para las notificaciones del proceso.

ART. 18.—Entrevista. La entrevista se realizará según lo previsto por la Ley 588 de 2000 y el artículo 10 del Decreto 3454 de 2006. Tres (3) días antes de la realización de cada entrevista, se darán a conocer los nombres de los jurados designados por el consejo. En forma obligatoria, se evaluará cada uno de los tres criterios establecidos por la Ley 588 de 2000: personalidad, vocación de servicio y profesionalismo, encaminados a garantizar la esencia de la función notarial. En ningún caso versará sobre temas de derecho.

La entrevista se podrá realizar a través de los medios tecnológicos que avale el consejo, y se realizará en la capital del departamento donde esté ubicado el círculo notarial en el cual aspira a ser nombrado el concursante.

La lista con las calificaciones obtenidas por cada uno de los aspirantes convocados a entrevista se publicará dentro del término máximo que fije el cronograma.

ART. 19.—Listas de elegibles. Para la conformación de las listas de elegibles se tendrá en cuenta lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley 588 de 2000, el artículo 92 del Decreto 2148 de 1983 y los artículos 11 y 12 del Decreto 3454 de 2006. La vigencia de las listas será de dos (2) años contados a partir de la fecha de su publicación, y se conformarán por círculo notarial con los nombres y documentos de identidad de quienes, en estricto orden descendente, hayan obtenido los mayores puntajes, teniendo en cuenta los mínimos fijados por la legislación vigente.

En cualquier etapa del concurso, si el Consejo Superior tuviere conocimiento a través de información seria, objetiva y confiable de la comisión de una conducta fraudulenta por parte de alguno de los concursantes que tenga relación con su participación en el concurso, previo requerimiento de la persona comprometida y una vez rendidas las explicaciones pertinentes, si estas no fueren satisfactorias, procederá a suspender su participación en dicho concurso, con independencia de las acciones legales y penales a que hubiere lugar.

De igual forma el Consejo Superior, de oficio o a petición de parte excluirá de la lista de elegibles al participante cuya inclusión haya obedecido a errores aritméticos en la sumatoria de los puntajes obtenidos en los instrumentos de selección. La lista también podrá ser modificada por el consejo, adicionando aspirantes o reubicándolos cuando compruebe que hubo error aritmético, caso en el cual reorganizará la lista asignando a los participantes el puesto que le corresponda.

Contra las decisiones del Consejo Superior relativas a la modificación de la lista de elegibles, o a la suspensión de participantes del concurso, procede el recurso de reposición en los términos del Código Contencioso Administrativo, el cual podrá interponer el participante dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la decisión. El Consejo Superior resolverá el recurso dentro de los veinte (20) días siguientes a su presentación.

ART. 20.—Información y divulgación. Los aspirantes y todos los ciudadanos interesados podrán obtener información sobre el proceso de convocatoria, como mínimo, en el sitio web de la convocatoria, la línea única gratuita que se habilite por la universidad encargada de la logística del proceso, y en el grupo de atención al ciudadano de la oficina asesora jurídica de la Superintendencia de Notariado y Registro, ubicado en el primer piso de la calle 26 número 13-49, interior 201.

ART. 21.—Cronograma. La aplicación de las distintas fases del concurso y su administración, se realizarán de acuerdo con el cronograma que el Consejo Superior aprobará para cada convocatoria, y que hace parte integral de la misma.

ART. 22.—Vigencia y derogatoria. Este acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación, y deroga cualquier disposición anterior que le sea contraria.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá D.C, el

Carlos Holguín Sardi,

Ministro del Interior y de Justicia,

Presidente del Consejo Superior

Yesid Ramírez Bastidas,

Presidente de la Corte Suprema

Ramiro Saavedra Becerra,

Presidente del Consejo de Estado

Edgardo Maya Villazón,

Procurador General de la Nación

Página 35 de 34, del acuerdo de convocatoria

Álvaro Rojas Charry,

Representante de los notarios en el Consejo Superior

Jaime de Jesús Rivera Duque,

Representante de los notarios en el Consejo Superior

Lida Salazar Moreno,

Superintendente de Notariado y Registro

Roberto Burgos Cantor,

Secretario Técnico del Consejo Superior

Para efecto de decidir se tiene lo siguiente:

El Consejo Superior

El Consejo Superior tiene origen en el Consejo Superior de Administración de Justicia establecido por el artículo 4º del Decreto 1698 de 1964, como órgano consultivo del gobierno. Posteriormente mediante Decreto 250 de 1970 se le atribuyó la función de administrar la carrera judicial.

El Decreto 960 de 1970 dispuso que la carrera notarial, así como los concursos, serían administrados por el Consejo Superior de Administración de Justicia. Desde entonces, le otorgó la función de administrar tanto la carrera judicial como la notarial.

Posteriormente la Constitución de 1991 dispuso que la administración de la carrera judicial quedaría a cargo del Consejo Superior de la Judicatura, sin embargo, no estableció un órgano distinto para la carrera notarial. En relación con este aspecto la Corte Constitucional en ejercicio del control de constitucionalidad consideró que el artículo 164 del Decreto 960 de 1970 conserva plena vigencia, es decir que el Consejo Superior de la Administración de Justicia es el órgano encargado de administrar la carrera notarial, así lo expuso en Sentencia SU-250 de 1998:

“(...).

Hechas las anteriores aclaraciones, surge la siguiente pregunta: ¿La Constitución de 1991 y las normas que la han desarrollado, derogaron o no, en forma expresa o tácita, el artículo 164 del Decreto 960 de 1970 que le señaló funciones al Consejo Superior de la Administración de Justicia, en lo referente a la carrera notarial y sus concursos?

La anterior disposición no ha sido derogada expresa ni tácitamente, porque la Constitución se limitó en el tema de los notarios a ordenar el nombramiento de los mismos en propiedad mediante concurso y no le atribuyó a ningún organismo constitucional la administración de la carrera notarial y de su concurso, y las normas que han desarrollado la Constitución no han modificado el mencionado artículo 164 del Decreto 960 de 1970.

En Sentencia C-741 de 1998 la Corte Constitucional declaró inexequible la expresión “de la Administración de Justicia”, contenida en la denominación “Consejo Superior de la Administración de Justicia”, de los artículos 141, 162, 164 y 165 del Decreto 960 de 1970. En esta oportunidad aquella corporación sostuvo:

30. Conforme a lo anterior, la Corte concluye que la norma acusada se encuentra vigente pues no fue expresamente derogada por la Constitución y no es materialmente incompatible con los mandatos superiores. Con todo, la Corte encuentra que las objeciones del demandante y del actor tienen en parte razón en dos puntos específicos. De un lado, la norma impugnada prevé que en este consejo encargado de realizar los concursos y administrar la carrera notarial tome asiento el presidente del tribunal disciplinario. Ahora bien, este tribunal conocía de las faltas disciplinarias de los magistrados del Consejo de Estado y de la Corte Suprema, dirimía conflictos entre la jurisdicción ordinaria y la administrativa, y fue creado por el artículo 73 del acto legislativo de 1968, el cual reformó el artículo 217 de la anterior Constitución. Por tal razón, se entiende que ese tribunal fue eliminado por la Carta de 1991, no sólo porque el artículo 380 superior derogó la Constitución anterior, con todas sus reformas, sino además porque esas funciones del antiguo tribunal disciplinario fueron asumidas por otras instituciones. Así las cosas, la expresión “y el tribunal disciplinario” se ve afectada por una inconstitucionalidad sobreviniente y será entonces retirada del ordenamiento en la parte resolutiva de esta sentencia. De otro lado, una vez entrada en vigor la Carta de 1991, la denominación legal de la entidad encargada de manejar los concursos notariales suscita algunos interrogantes constitucionales. En efecto, como ya se ha indicado, la norma acusada se refiere al “Consejo Superior de la Administración de Justicia”, con lo cual da a entender que esa institución no sólo maneja la carrera notarial sino que es también la entidad suprema encargada de la administración de la rama judicial. Esa denominación era en su momento equívoca, puesto que no parece la mejor técnica legislativa designar una entidad dos funciones y competencias distintas. Precisamente, como lo muestran los anteriores párrafos, la tesis sobre la derogación de la norma acusada reposa en la confusión que se deriva de ese error de técnica legislativa —es decir el de haberle asignado dos funciones independientes al mismo organismo—, por lo que se asumía que la función de administrar la carrera judicial era igual que administrar la carrera notarial, confusión que aclaró la nueva Carta al atribuirle al Consejo Superior de la Judicatura, la administración de la carrera judicial. En consecuencia, ese título se ve también afectado por una inconstitucionalidad sobreviniente, por cuanto la Carta atribuye claramente la administración de la rama judicial al Consejo Superior de la Judicatura (C.N., arts. 256 y 257), por lo cual no puede subsistir una denominación legal, que parece significar que también la entidad encargada de administrar la carrera notarial podría ejercer la administración de la rama judicial. Por tal razón, la Corte declarará la inexequibilidad de la expresión “de la administración de justicia”, contenida en la denominación “Consejo Superior de la Administración de Justicia”, en el entendido de que a partir de la presente sentencia, y mientras el legislador no regule la materia de manera distinta, la entidad encargada de administrar los concursos y la carrera notarial se denominará “Consejo Superior”. En ese mismo orden de ideas, siendo claro que esta institución ya no se puede confundir con ninguna otra, la Corte también retirará del ordenamiento la expresión “entonces” de ese mismo artículo, la cual pierde toda eficacia normativa. Finalmente, y por razones de unidad normativa, esta corporación también procederá a declarar la inexequibilidad de la expresión “de la administración de justicia”, contenida en la denominación “Consejo Superior de la Administración de Justicia”, cuando esta se encuentre en otros artículos del Decreto 960 de 1970.

Mediante el Decreto 110 de 1999 el Gobierno Nacional modificó la denominación de Consejo Superior a la de Consejo Superior de la Carrera Notarial, sin embargo la Corte Constitucional mediante Sentencia C-485 de 1999, declaró su inexequibilidad con fundamento en lo siguiente:

“...el Decreto 110 de 1999 es también inexequible, comoquiera que fue expedido en ejercicio de las facultades extraordinarias que esta Corte declaró inconstitucionales a partir del acto mismo de su concesión, precisamente por estimar que al haber sido otorgadas en forma viciada, nunca nacieron a la vida jurídica.

(...).

RESUELVE:

A partir de la fecha de su promulgación, DECLARAR INEXEQUIBLE el Decreto 110 del 13 de enero de 1999, que el Presidente de la República expidió en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas por el artículo 120 de la Ley 489 de 1998, declaradas inexequibles por la Sentencia C-702 del 20 de septiembre de 1999.

En ejercicio de la facultad reglamentaria el Gobierno Nacional expidió los decretos 1890 y 2383 de 1999, mediante los cuales creó el Consejo Superior de la Carrera Notarial y determinó su conformación. Estos decretos fueron declarados nulos por el Consejo de Estado mediante sentencias de 21 de julio y 29 de noviembre de 2001 (exps. 3164-99 y 803-00) con fundamento en el siguiente razonamiento:

3. La facultad para crear o modificar la estructura del Consejo Superior de la Carrera Notarial como órgano rector, es materia reservada al legislador pues conforme a la preceptiva de que trata el artículo 131 de la Constitución Política ‘Compete a la ley la reglamentación del servicio público que prestan los notarios y registradores, la definición del régimen laboral y lo relativo a los aportes como tributación especial de las notarías, con destino a la administración de justicia’.

Se concluye pues, que hasta este momento el artículo 164 del Decreto 960 de 1970 conservaba su vigencia, y el “Consejo Superior” era el organismo encargado de administrar lo relacionado con la carrera notarial.

Posteriormente la Ley 588 de 2000 derogó expresamente el artículo 164 del Decreto 960 de 1970. Dicha disposición fue estudiada por la Corte Constitucional y mediante Sentencia C-421 de 2006 declaró inexequible la expresión “164” allí contenida, y ordenó al Consejo Superior proceder a la realización de los concursos para la provisión en propiedad del cargo de notario en el término de 6 meses contados a partir de la notificación de dicha providencia, con fundamento en las siguientes consideraciones:

“Todo lo anterior lleva a concluir que la actuación del legislador de derogar el artículo 164 del Decreto-Ley 960 de 1970 significó el incumplimiento de una obligación impuesta por la Constitución en el artículo 131 superior; violación directa de dicho texto superior que genera a su vez el desconocimiento del derecho a acceder a la función notarial en condiciones de igualdad mediante el procedimiento señalado por el Constituyente (artículos 13, 29 y 40-7 de la Constitución).

Así las cosas, a juicio de esta corporación, la acusación formulada por el actor en torno de la vulneración del artículo 131 superior y consecuentemente de las demás normas por él invocadas, encuentra claro sustento.

(...).

Téngase en cuenta que después de quince años de proferida la Constitución y de ocho años de haberse declarado por la Corte la existencia de un estado de cosas inconstitucional en la Sentencia de Unificación SU-250 de 1998, el imperativo mandato superior señalado en el artículo 131 según el cual el nombramiento de los notarios en propiedad se hará mediante concurso continúa inaplicado a pesar de la expedición de la Ley 588 de 2000 que fija los criterios para la realización de los respectivos concursos.

Se está pues en este caso en presencia de una circunstancia excepcional que hace que la declaratoria de inexequibilidad de la expresión “164” contenida en el artículo 11 de la Ley 588 de 2000 en sí misma sea insuficiente para que la Corte cumpla su función de guardián de la Constitución en los términos del artículo 241 superior.

Ese carácter excepcional es el que impone en este caso fijar un plazo perentorio en armonía con la solicitud del señor Procurador General de la Nación para atender el imperativo mandato superior señalado en el artículo 131 de la Constitución y se proceda a la provisión en propiedad de los cargos de notario mediante concurso.

A ello cabe agregar que dado que la declaratoria de inexequibilidad de la expresión “164” del artículo 11 de la Ley 588 de 2000 implica, como ya se señaló, que recobra vigencia la disposición que establece el órgano competente según la ley para convocar y administrar los concursos y la carrera notarial —a saber el artículo 164 del Decreto-Ley 960 de 1970—, y que en consecuencia está claramente determinado en la ley el órgano competente, su integración y la forma de designación por la primera vez —por los demás miembros del consejo— de los representantes de los notarios que de él hacen parte, no hay razón alguna que impida proceder sin más dilaciones a la programación y realización de los concursos abiertos exigidos por el constituyente, y a la consecuente provisión en propiedad por parte del gobierno de los cargos de notario”.

De acuerdo con lo anterior, es claro que el artículo 164 del Decreto 960 de 1970, que dispuso que la administración de la carrera notarial así como los concursos están en cabeza del Consejo Superior así como la integración del mismo, conserva su vigencia. En esas condiciones, no asiste razón al demandante cuando afirma que la Corte Constitucional creó una entidad pública al “resucitar” el Consejo Superior, pues las decisiones de aquella corporación que cuestiona el actor, luego de hacer un estudio de la situación de la entidad en cuestión llegó a la conclusión de que la norma que le asignaba la función de administrar la carrera notarial y los concursos para acceder a la misma (D. 960/70, art. 164) conservaba su vigencia, en razón a que no había sido derogada expresa ni tácitamente.

Ahora bien, en relación con la competencia del Consejo Superior para convocar al concurso de méritos para el ingreso a la carrera notarial, es preciso señalar que teniendo en cuenta que a dicho organismo se le ha encargado la administración de la carrera notarial, función que implica establecer las pautas para el ingreso, permanencia, ascenso y retiro de los notarios, aspectos que comprenden lo relacionado con el concurso de méritos, no le asiste razón a la parte actora cuando afirma que aquél organismo carece de competencia para convocarlo.

En esas condiciones el cargo de falta de competencia formulado por la parte actora, no está llamado a prosperar, razón por la cual se negarán las pretensiones de la demanda.

En consecuencia, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Deniéganse las pretensiones de la demanda dentro del proceso promovido por Gonzalo Espinel Quintana.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y en firme esta providencia archívese el expediente.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».