Sentencia 2007-00053 de noviembre 10 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Radicación: 73001-23-31-000-2007-00053-01(35267)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Edelmira Ruiz de Montoya y otros

Demandado: Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional

Referencia: Acción de reparación directa (apelación sentencia)

Temario: Apelación de la parte demandante en cuanto a la condena de perjuicios morales y materiales. Se modifica el fallo de instancia y se accede a la tasación del perjuicio moral acorde al criterio unificado y se realiza acrecimiento del lucro cesante. Objeto de la apelación. Reconocimiento y tasación de perjuicios morales. Perjuicio material en la modalidad de lucro cesante.

Bogotá, D.C., diez de noviembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

Esta corporación es funcionalmente competente para conocer del recurso de apelación formulado contra el fallo de 25 de febrero de 2008 proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima en razón al factor cuantía, por cuanto el conocimiento de este asunto se encuentra radicado, en primera instancia, en el respectivo Tribunal Administrativo y en segunda instancia al Consejo de Estado.

2. Objeto del recurso de apelación.

2.1. De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil(2), aplicable en sede contencioso administrativo según se dispone en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, el recurso de apelación se entiende interpuesto en lo que es desfavorable al apelante y por esta razón el ad quem no puede hacer más gravosa su situación si fue el único que se alzó contra la decisión(3).

2.2. El principio de la non reformartio in pejus es un desarrollo de lo establecido en el artículo 31 constitucional que ordena que “el superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”.

2.3. En atención a la posición actual de la Sección Tercera de esta corporación(4), mediante el recurso de apelación, se ejerce el derecho de impugnación contra la decisión judicial y el juez de segunda instancia no puede empeorar, agravar o desmejorar la situación que en relación con el litigio le hubiere sido definida al apelante único mediante la sentencia de primera instancia.

2.4. Así mismo, se ha establecido que el marco fundamental de competencia para el juez de segunda instancia “lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia(5) de la sentencia como el principio dispositivo(6), razón por la cual la jurisprudencia nacional ha sostenido que “las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: ‘tantum devolutum quantum appellatum(7) (8) (resaltado por la Sala).

2.5. Dicho lo anterior, el actor centra su disenso en que el a quo no hizo una correcta tasación de los perjuicios inmateriales, en rubro de daño moral en lo referente a la compañera permanente, a los hijos y a los hermanos, ya que utilizaron como referencia la sentencia del 6 de septiembre de 2001 expedientes 13232 y 15646 de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que fue aplicado por el Tribunal Administrativo del Tolima en un sentido diferente al del fallo; por lo que solicita la reliquidación de los perjuicios morales y que se revoque lo fijado por el a quo. Por otro lado, también existe un error en la cuantificación de los perjuicios materiales, dado que al hacer los cálculos resulta una suma mayor al actualizarla, ya que se debe tener en cuenta que el capital se acrecienta para la compañera permanente cuando los hijos cumplan la edad de 25 años. Asimismo no es aceptable que se fije el monto de perjuicios materiales para los hijos sólo hasta los 18 años de edad, ya que la jurisprudencia permite que se extienda hasta los 25 años. Por consiguiente solicita reliquidar los perjuicios materiales y expone los parámetros a seguir(9).

3. La procedencia del grado jurisdiccional de consulta.

3.1. En su intervención en el curso de la segunda instancia de este juicio contencioso el agente del Ministerio Público emitió concepto dirigido a solicitar el trámite del grado jurisdiccional de consulta en razón a que la condena de primera instancia excede el monto de trescientos (300) SMMLV.

3.2. No obstante ello la Sala no acogerá la solicitud formulada por la vista fiscal había consideración que la procedencia de dicho trámite, en la redacción que le dio la Ley 446 de 1998 al artículo 184 del Código Contencioso Administrativo, cuenta como presupuesto la ausencia de impugnaciones al fallo de instancia, de ahí que si alguno de los sujetos procesal formuló recurso de apelación el mismo se torna improcedente. Dicho con otras palabras, apelación y consulta devienen en instrumentos procesales incompatibles y excluyentes. Así lo ha entendido la jurisprudencia unificada del pleno de esta Sección(10). Como en el sub judice la parte demandante opugnó la sentencia de primera instancia, se sigue la improcedencia del grado jurisdiccional de consulta.

4. Problema jurídico.

4.1. De lo anterior se puede plantear como problemas jurídicos: (i) si es procedente hacer la reliquidación de los perjuicios morales para la compañera permanente, hijos menores de edad y hermanos del occiso Juan Diego Montoya Ruiz; y (ii) si es procedente la reliquidación de los perjuicios materiales del monto fijado para la compañera permanente y los hijos menores de edad en cuanto hace a) a la edad hasta la que se presume el periodo de liquidación respecto de los hijos menores de edad y b) si acrece en favor de la compañera permanente la indemnización por lucro cesante por el hecho de la mayoría de edad de los hijos menores.

4.2. En consecuencia, habiéndose limitado el objeto de la apelación a las objeciones en punto a la reparación de los perjuicios decretados por el tribunal la Sala abordará tales cuestiones como sigue.

5. Los perjuicios solicitados en la demanda y los reconocidos por el tribunal.

En el escrito de demanda la parte demandante solicitó, en cuanto hace a los perjuicios morales, el reconocimiento y pago de estos en monto de setecientos (700) SMMLV a favor de Edelmira Ruiz de Montoya [madre del occiso], Sandra Milena Buitrago Herrera [compañera del occiso]; Leandro y Valentina Montoya Buitrago [hijos del occiso] y para Evelio, Jhon Fernando, Miryam, Darío y Olga Milena Montoya Ruiz [hermanos del fallecido].

Respecto de los perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, éstos fueron solicitados en beneficio de la compañera permanente y los dos hijos menores del causante, en las modalidades consolidado y futuro.

En el fallo de 25 de febrero de 2008 el Tribunal Administrativo del Tolima, se reconoció perjuicios morales en monto de cien (100) SMMLV para la madre, setenta (70) SMMLV para los dos hijos, cincuenta (50) SMMLV para la compañera y treinta (30) SMMLV para los hermanos, respectivamente. Igualmente liquidó el perjuicio material por lucro cesante en los siguientes términos: a favor de Sandra Milena Buitrago Herrera la suma de ochenta y tres millones setecientos dos mil novecientos dos pesos ($ 83.702.932), para Leandro Montoya Giraldo quince millones setenta y tres mil ochocientos setenta y siete pesos ($ 15.073.877) y en favor de Valentina Montoya Buitrago veintiún millones noventa y un mil setecientos sesenta y cuatro pesos ($ 21.091.764). Revisará la Sala el reconocimiento y tasación de estos perjuicios por ser ello el objeto de la apelación promovida.

Por otro tanto, el agente del Ministerio Público solicitó se redujeran los perjuicios de acuerdo a lo percibido por los familiares del occiso en atención a un seguro de vida “en aplicación del principio del aforfait (sic)”. No obstante ello, la Sala no accederá a ese pedimento habida consideración del criterio según el cual uno y otro reconocimiento patrimonial abrevan de fuentes diferentes. Unos son los beneficios económicos que deriva el miembro de la fuerza pública o sus familiares en atención a la vinculación laboral y el régimen de seguridad social que legalmente se ha instituido y otro el que surge de la estructuración de los elementos de la responsabilidad del Estado, como sucede en el sub judice, donde la indemnización a percibir se comprende como reparación de un daño antijurídico imputable al Estado y no como un beneficio patrimonial propio de la seguridad social del policial o militar afectado(11).

5.1. Reconocimiento y tasación de perjuicios morales.

5.1.1. A efectos de considerar el reconocimiento y tasación de los perjuicios morales en caso de muerte, se hace preciso traer a colación los criterios jurisprudenciales fijados de manera unificada por el pleno de la Sala de Sección Tercera, en la sentencia de 28 de agosto de 2014, expediente 26251, en los siguientes términos:

“[P]ara la reparación del perjuicio moral en caso de muerte se han diseñado cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia calidad de perjudicados o víctimas indirectas, los cuales se distribuyen así:

Nivel 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno-filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). A este nivel corresponde el tope indemnizatorio de 100 SMLMV.

Nivel 2. Donde se ubica la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 50% del tope indemnizatorio.

Nivel 3. Está comprendido por la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 35% del tope indemnizatorio.

Nivel 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 25% del tope indemnizatorio.

Nivel 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 15% del tope indemnizatorio.

La siguiente tabla recoge lo expuesto:

Gráfico Nº 1
Reparación del daño moral en caso de muerte
      
 Nivel 1Nivel 2Nivel 3Nivel 4Nivel 5
Regla general en el caso de muerteRelaciones afectivas conyugales y paterno-filialesRelación afectiva del 2º de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos)Relación afectiva del 3º de consanguinidad o civilRelación afectiva del 4º de consanguinidad o civilRelaciones afectivas no familiares-terceros damnificados
Porcentaje100%50%35%25%15%
Equivalencia en salarios mínimos10050352515

Así las cosas, para los niveles 1 y 2 se requerirá la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros. Para los niveles 3 y 4, además, se requerirá la prueba de la relación afectiva, y finalmente, para el nivel 5 deberá ser probada la relación afectiva”.

5.1.2. Dicho lo anterior, se encuentra acreditada en debida forma la inferencia lógica de aflicción, guiada de las máximas de la experiencia, al estar probadas las relaciones que frente a la víctima fatal, Juan Diego Montoya Ruiz, acreditaron Edelmira Ruiz de Montoya [madre(12)], Sandra Milena Buitrago Herrera [compañera(13)], Leandro y Valentina Montoya Buitrago [hijos(14)], Evelio, Jhon Fernando, Miryam, Darío y Olga Milena Montoya Ruiz [hermanos(15)].

5.1.3. Siendo así cuanto precede, la Sala encuentra sustento para reconocer perjuicios morales a favor de todos los demandantes modificará el monto reconocido por el a-quo toda vez que la tasación por él efectuada no se ajusta a los parámetros jurisprudenciales unificados del pleno de la Sección Tercera de esta corporación. Por consiguiente, la Sala este punto quedará en los siguientes términos:

NombreCalidadMonto reconocido
Edelmira Ruiz de MontoyaMadre100 SMMLV
Sandra Milena Buitrago HerreraCompañera100 SMMLV
Leandro Montoya BuitragoHijo100 SMMLV
Valentina Montoya BuitragoHija100 SMMLV
Evelio Montoya RuizHermano50 SMMLV
Jhon Fernando Montoya RuizHermano50 SMMLV
Miryam Montoya RuizHermana50 SMMLV
Darío Montoya RuizHermano50 SMMLV
Olga Milena Montoya RuizHermana50 SMMLV

5.2. Perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

5.2.1. Es el artículo 1614 del Código Civil el que establece la disposición normativa respecto de la indemnización de perjuicios materiales a título de lucro cesante, ubicado dentro del libro IV del código relativo a las obligaciones y los contratos. En dicho artículo el código define el lucro cesante como “la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumpliéndola imperfectamente, o retardado su cumplimiento”. A partir de allí, queda claro que la indemnización de perjuicios abarca el aumento patrimonial que fundadamente podía esperar una persona de no ser por haber tenido lugar, en el caso de la responsabilidad extracontractual, el hecho dañoso, por lo tanto este perjuicio se corresponde con la idea de ganancia frustrada(16). Al respecto esta corporación ha sostenido:

“En cuanto al lucro cesante esta corporación ha sostenido reiteradamente, que se trata de la ganancia frustrada o el provecho económico que deja de reportarse y que, de no producirse el daño, habría ingresado ya o en el futuro al patrimonio de la víctima. Pero que como todo perjuicio, para que proceda su indemnización, debe ser cierto, como quiera que el perjuicio eventual no otorga derecho a reparación alguna(17).

Así las cosas, este perjuicio, como cualquier otro, si se prueba, debe indemnizarse en lo causado”(18).

5.2.2. En cualquier caso, la indemnización por concepto de lucro cesante no constituye sanción alguna, ya que su vocación es el restablecimiento del equilibrio económico derivado del daño antijurídico producido e imputado al responsable, cuya causación se cuantifica desde la fecha de los hechos(19).

5.2.3. Dicho lo anterior y abordando el primero de los puntos objetados por la parte demandante, esto es, el reconocimiento del lucro cesante en favor de los hijos menores Leandro y Valentina Montoya Buitrago hasta la edad de veinticinco (25) años, la jurisprudencia de esta corporación tiene averiguado, vía presunción, que a partir de este momento el hijo hace vida independiente respecto de su núcleo familiar, subsistiendo hasta ese momento el deber alimentario que tiene los padres respecto de los hijos(20). Por consiguiente, prospera en este punto el alegato de los actores.

5.2.4. Ahora bien, el segundo punto planteado por los censores del fallo de instancia dice relación con el acrecimiento del monto de perjuicios materiales en beneficio de la compañera permanente (Sandra Milena Buitrago Herrera) al momento en que cada uno de los hijos menores cumpla la edad de veinticinco (25) años y, consecuentemente, termine su derecho a obtener lucro cesante.

5.2.5. Sobre el particular esta judicatura toma nota del precedente del pleno de Sección Tercera donde se ha reconocido como criterio jurisprudencial unificado la procedencia, en punto de liquidación del lucro cesante, del derecho de acrecimiento, esto es, el incremento de la porción o monto de quienes dejan de percibir la indemnización en favor de aquel o aquellos que, en línea temporal, seguirán beneficiándose de este perjuicio material apelando al derecho fundamental a mantener la unidad, los vínculos de solidaridad familiar y el deber ser al que se debe el buen padre de familia. Sobre el particular el fallo de 22 de abril de 2015 de la Sala Plena de la Sección Tercera consideró, en uno de sus apartes conclusivos, lo siguiente:

“Siendo así, la Sala no encuentra razón para negarle a los demandantes su derecho al acrecimiento del lucro cesante, cuando en la línea temporal para unos se vaya extinguiendo el derecho a la porción, pues, de no haber ocurrido la muerte de los padres y cónyuges de los actores, lo que habría ocurrido al tenor del derecho fundamental a mantener la unidad, los vínculos de solidaridad familiar y del deber ser al que se debe el buen padre de familia, es que, cuando, por el transcurso del tiempo, en la economía de las familias estables se liberan obligaciones frente a uno de sus integrantes, ello permite el incremento normal que demanda la atención de los restantes, cuyas necesidades, para entonces, son más exigentes en términos de costos.

En suma, el tridente de los principios de justicia, equidad y reparación integral resulta de la mayor importancia, en cuanto fundamentan jurídica y axiológicamente el lucro cesante con acrecimiento, toda vez que se trata de la indemnización que realiza el deber ser que habrá de acompañar la distribución del patrimonio del buen padre de familia.

Así, a los integrantes del grupo familiar que dejaron de percibir la ayuda económica del fallecido se les liquidará el lucro cesante con el acrecimiento al que tienen derecho, por el hecho de extinguirse la concurrencia de cada uno de los demás miembros que limitaba la participación en los recursos destinados a la satisfacción de las necesidades del núcleo familiar”(21).

5.2.6. En este orden de ideas, también advierte la Sala la prosperidad del otro de los argumentos de la alzada de los demandantes. Por consiguiente, procederá, conforme a las anteriores pautas, a liquidar el lucro cesante reconocido a favor de Sandra Milena Buitrago Herrera, Leandro y Valentina Montoya Buitrago en los siguientes términos.

5.2.7. Dicho lo anterior, se procederá a efectuar la liquidación del lucro cesante a favor de los demandantes señalados, para lo cual, a efectos de fijar la renta que servirá de base del cálculo liquidatorio, se agregará al salario devengado ($ 855.621, fl. 41, cdno. 2) un 25% correspondiente a las prestaciones sociales a las que tenía derecho recibir el fallecido, suma a la que se le descontará un 25% que ha sido entendido por la jurisprudencia de esta Corporación como la parte o monto que el fallecido hubiere destinado para sí, de tal manera que para el presente caso el valor de la renta es de: $ 802.144,69, que una vez actualizado arroja el siguiente valor:

Renta actualizada (Ra): Rh ($ 802.144,69) * 132,78 (Índice final - sep./2016)

87,34 (Índice inicial - ago./2006)

Ra: $ 1.219.473

5.2.8. Ahora bien, comoquiera que los beneficiarios de este rubro indemnizatorio son la compañera y los dos (2) hijos menores del fallecido Juan Diego Montoya Ruiz la Sala advierte que la distribución del monto será de la siguiente manera: 50% de la renta a favor de la esposa y 25% en partes iguales para sus hijos.

5.2.9. Así mismo, la tasación del perjuicio para los hijos tendrá lugar hasta el momento en que alcancen la edad de veinticinco (25) años(22), por ser esta la edad hasta la cual se ha reconocido el derecho que tiene los hijos de recibir alimentos y subsistencia de parte de sus padres; advirtiendo que no se encuentra prueba alguna que permita inferir en el sub judice que exista una circunstancia especial o diferenciada que imponga la extensión de este deber hasta una fecha ulterior. Respecto de la esposa, el periodo indemnizatorio transcurrirá hasta la vida probable restante del fallecido Montoya Ruiz, acreciéndole en su favor la liquidación del perjuicio después de que sus hijos hayan cumplido la edad de veinticinco (25) años, como se expuso precedentemente.

5.2.10. Liquidación por concepto de lucro cesante consolidado.

Indemnización que corre entre la fecha en que sucedió el hecho dañoso (ago. 5/2006) hasta el día en que se profiere esta sentencia (oct. 31/2016), conforme a la siguiente fórmula:

S = Ra (1+i)n-1

i

Donde,

S: es la indemnización a obtener.

Ra: renta actualizada que para la señora Sandra Milena Buitrago Herrera es de $ 609.736,5 y para cada uno de los dos (2) hijos de $ 304.868,25

n: número de meses que comprende el período indemnizable (desde la fecha de los hechos, ago. 5/2006, y hasta la fecha de la presente sentencia oct. 31/2016, esto es, 124,66 meses).

i: interés puro o técnico que corresponde a 0,0004867

Liquidación lucro cesante consolidado
En favor de la esposa Sandra Milena Buitrago Herrera
S: Ra ($ 609.736,5) (1+0.004867)124,66 - 1
0.004867
S: $ 104.196.088

En favor de los hijos de Juan Diego Montoya Ruiz

Leandro Montoya Buitrago
S: Ra ($ 304.868,25) (1+0.004867)124,66 - 1
0.004867
S:$ 52.098.043,8
Valentina Montoya Buitrago
S: Ra ($ 304.868,25) (1+0.004867)124,66 - 1
0.004867
S: $ 52.098.043,8

5.2.11. Liquidación por concepto de lucro cesante futuro.

Indemnización que corre desde el día siguiente a la fecha en que se profiere esta sentencia hasta el momento en que los dos (2) hijos obtengan la edad de veinticinco (25) años y, en el caso de la esposa Sandra Milena Buitrago, hasta la edad de vida probable de Juan Diego Montoya Ruiz, cuyo promedio de vida probable es inferior al de ella, conforme a la siguiente fórmula:

S = Ra (1+i)n -1

i(1+i)n

Así las cosas, la Sala considera que la liquidación de este perjuicio futuro debe hacerse en tres periodos diferenciados conforme a los siguientes parámetros: i) periodo I con un tiempo n de 39,9 meses que equivale al faltante para que Leandro Montoya Buitrago cumpla la edad de veinticinco (25) años, donde la renta actualizada (Ra) será del $ 609.736,5 para Sandra Milena Buitrago Herrera mientras que para cada uno de los hijos menores lo será de $ 304.868,25, ii) un periodo II con un tiempo n de 41,71 meses que corresponde al que va desde el momento en que Leandro Montoya cumple 25 años y el que falta para que Valentina Montoya Buitrago alcance esa misma edad; en este periodo son beneficiaras de liquidación la menor Valentina Montoya y la compañera Sandra Milena Buitrago y su renta actualizada (Ra) acrece en partes iguales respecto de la cuota o porción que deja de percibir el menor Leandro Montoya Buitrago, de manera que para la compañera este rubro será de $ 762.170,62 y para la hija de $ 457.302,37 y, finalmente, viene iii) un periodo III con un tiempo n de 291,37 meses(23), lapso que va entre el momento en que la menor Valentina Montoya obtiene la edad de 25 años y la fecha de vida probable del causante Juan Diego Montoya Ruiz, donde la única beneficiaria de la liquidación lo es la compañera Sandra Milena Buitrago Herrera cuya Renta actualizada (Ra) se beneficia del acrecimiento por la cuota o porción que deja de percibir la menor Valentina Montoya, obteniéndose un monto de $ 1.219.473. Las anteriores reflexiones y las pertinentes liquidaciones se exponen en la siguiente tabla:

Periodo I
39,9 meses
Periodo II
41,71 meses
Periodo III
291,37 meses
Total individual
Ingreso global por periodo$ 22.421.245,8$ 23.438.350$ 163.731.288$ 209.590.883,8
Sandra Milena Buitrago Herrera$ 11.210.622,9$ 14.648.968,8$ 163.731.288$ 189.590.879,7
Valentina Montoya Buitrago$ 5.605.311,45$ 8.789.381,25$ 0$ 14.394.692,7
Leandro Montoya Buitrago$ 5.605.311,45$ 0$ 0$ 5.605.311,45

5.2.12. En consecuencia, se reconocerá por perjuicios materiales por concepto de lucro cesante la suma de cincuenta y siete millones setecientos tres mil trescientos cincuenta y cinco pesos con veinticinco centavos ($ 57.703.355,25) a favor de Leandro Montoya Buitrago; sesenta y seis millones cuatrocientos noventa y dos mil setecientos treinta y seis pesos con cinco centavos ($ 66.492.736,5) a favor de Valentina Montoya Buitrago y doscientos noventa y tres millones setecientos ochenta y seis mil novecientos sesenta y siete pesos con siete centavos ($ 293.786.967,7).

6. Costas. Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna procedió de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre la de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 25 de febrero de 2008 dictada por el Tribunal Administrativo del Tolima, que quedarán así:

“PRIMERO: DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional por la muerte del señor Sargento Segundo Juan Diego Montoya Ruiz, orgánico de la Brigada Móvil Nº 14 del batallón de contraguerrilla Nº 93, en hechos ocurridos el día 5 de agosto de 2006 en el sector rural del Municipio de Herveo.

SEGUNDO: CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional al pago de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante en las siguientes cuantías: la suma de cincuenta y siete millones setecientos tres mil trescientos cincuenta y cinco pesos con veinticinco centavos ($ 57.703.355,25) a favor de Leandro Montoya Buitrago; sesenta y seis millones cuatrocientos noventa y dos mil setecientos treinta y seis pesos con cinco centavos ($ 66.492.736,5) a favor de Valentina Montoya Buitrago y doscientos noventa y tres millones setecientos ochenta y seis mil novecientos sesenta y siete pesos con siete centavos ($ 293.786.967,7).

TERCERO: CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional al pago de perjuicios inmateriales en la modalidad de perjuicios morales en los siguientes términos:

NombreCalidadMonto reconocido
Edelmira Ruiz de MontoyaMadre100 SMMLV
Sandra Milena Buitrago HerreraCompañera100 SMMLV
Leandro Montoya BuitragoHijo100 SMMLV
Valentina Montoya BuitragoHija100 SMMLV
Evelio Montoya RuizHermano50 SMMLV
Jhon Fernando Montoya RuizHermano50 SMMLV
Miryam Montoya RuizHermana50 SMMLV
Darío Montoya RuizHermano50 SMMLV
Olga Milena Montoya RuizHermana50 SMMLV

CUARTO: A esta sentencia se le dará cumplimiento por parte de la entidad demandada, de conformidad con lo establecido en los artículos 176 inciso final del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.

QUINTO: Para el cumplimiento de esta sentencia, una vez en firme, expídanse copias con destino a las partes con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, y con la observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 2359 del 22 de febrero de 1995. Efectuado lo anterior, archívese el expediente”.

SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas.

TERCERO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen, una vez en firme esta providencia.

Cópiese, notifíquese, cúmplase.»

2 La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla (…)”.

3 Sentencia de 31 de enero de 2011, expediente 15800.

4 Sentencia de Sala Plena de la Sección Tercera de 9 de febrero de 2012, expediente 21060.

5 En relación con la aplicabilidad del principio de congruencia en lo que corresponde a la resolución del recurso de apelación puede consultarse el pronunciamiento efectuado recientemente por la Sala, mediante providencia fechada en abril 1º de 2009, dentro del expediente 32.800, con ponencia de la señora magistrado Ruth Stella Correa Palacio, en la cual se puntualizó: “De conformidad con el principio de congruencia, al superior, cuando resuelve el recurso de apelación, sólo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la potestad del juez en este caso se encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo recurso y en el evento en que exceda las facultades que posee en virtud del mismo, se configurará la causal de nulidad prevista en el numeral 2º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la falta de competencia funcional”.

6 Dicho principio ha sido definido por la doctrina como: “La facultad exclusiva del individuo de reclamar la tutela jurídica del Estado para su derecho, y en la facultad concurrente del individuo con el órgano jurisdiccional, de aportar elementos formativos del proceso y determinarlo a darle fin”. O como dice COUTURE, es el principio procesal que asigna a las partes y no a los órganos de la jurisdicción la iniciativa, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso”.
“Son características de esta regla las siguientes: “(…). El campo de decisión del juez queda determinado especial y esencialmente por las pretensiones del demandante debido a que el juez no puede decidir sobre objeto diverso a lo en ellas contemplado” (negrillas adicionales). López Blanco, Hernán Fabio, Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Parte General, Tomo I, Dupré Editores, Bogotá, 2005, pág. 106.

7 Al respecto, ver por ejemplo, sentencia de la Corte Constitucional C-583 de 1997.

8 Puede verse sentencia de 9 de junio de 2010, expediente 17605 y 9 de febrero de 2012, expediente 21060.

9 Estipula los siguientes parámetros para la reliquidación de los perjuicios materiales:

“1) La liquidación para la compañera permanente se hará por el término de vida probable, atendiendo a la mayor edad entre ella y la víctima.

2) La liquidación para cada uno de los hijos se hará hasta los 25 años, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia.

3) Cumplida la edad, por cada uno de los hijos, la cuota de la compañera permanente deberá acrecentarse.

4) La renta deberá ser actualizada con la fórmula que de ordinario se utiliza para estos efectos” (fl. 210, cdno. ppal.)

10 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de Sección Tercera. Sentencia de 9 de febrero de 2012, expediente 21060. Allí se sostuvo, inter alia, lo que sigue: “la Sala reitera la postura que en ocasión anterior ha sostenido —y alrededor de la cual ahora unifica su jurisprudencia— en el sentido de que cuando la sentencia de primera instancia por la cual se impone una condena superior a 300 SMLMV a cargo de una entidad pública ha sido apelada por alguna de las partes, no procede tramitar el grado jurisdiccional de consulta, después de la entrada en vigor de la modificación introducida al artículo 184 del Código Contencioso Administrativo por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998”.

11 “72. En este sentido el forfait de pensión o la indemnización a forfait se entiende como aquella prestación social especial, de carácter laboral, que se aplica en favor de los miembros de la fuerza pública cuando les sobrevienen graves lesiones o muerte con ocasión del cumplimiento de los actos de servicio, en otras palabras, cuando el acto lesivo ha tenido lugar en razón a los riesgos ordinarios que la función implica. Por tal razón, dicha figura jurídica no es asimilable con la indemnización de perjuicios que se decreta en sede judicial, pues mientras la primera opera por virtud de la ley y en razón a la existencia de una vinculación laboral especial, la segunda, esto es, la indemnización de perjuicios, tiene su aplicación en los casos en que se precise que el siniestro ha tenido lugar ora por una falla del servicio o bien por haber existido una conducta de la administración que generó una situación de riesgo excepcional para la víctima; por tal razón dichas figuras no son excluyentes ni tampoco la una afecta el reconocimiento y pago de la otra”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 11 de julio de 2013, expediente 31785.

12 Folio 5, cuaderno 1.

13 Cfr. Acta de declaración juramentada rendida por Juan Diego Montoya y Sandra Milena Buitrago Herrera el 3 de junio de 2004 donde bajo la gravedad de juramento declararon ante la Notaría Tercera de Palmira que desde hace diez (10) años convivían en unión marital de hecho como compañeros permanentes (fl 84, cdno pbas. demandante). Igualmente véase las declaraciones testimoniales de Bernarda Lucy Tapasco Valencia, Richard Wilson Bonilla González, Humberto Vélez Cardona y Zulma del Carmen López Salazar (fls. 134-158, cdno. pbas. demandante).

14 Folios 13-14, cuaderno 1.

15 Folios 6-12, cuaderno 1.

16 Esta corporación ha sostenido esta idea de lucro cesante. Puede verse, por ejemplo, la sentencia de 6 de febrero de 1986, C.P. Julio Cesar Uribe Acosta, radicación 3575, en donde se dijo: “El lucro cesante, [es] entendido como la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia del hecho ilícito”.

17 Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 21 de mayo de 2007, expediente 15989, C.P. Mauricio Fajardo y de 1º de marzo de 2006, expediente 17256, M.P. María Elena Gómez Giraldo.

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 7 de julio de 2011, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, expediente 18008.

19 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de 14 de noviembre de 1967, expediente 718.

20 Cfr., entre otras, Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 12 de junio de 2014, expediente 29501. En ese fallo se sostuvo, sobre este punto, lo siguiente:

“En cuanto al lucro cesante en cabeza de los menores de edad, de la existencia de la obligación alimentaria se infiere el perjuicio material en la modalidad de lucro cesante. En efecto, los artículos 411 y 422 del Código Civil establecen que se deben alimentos, entre otros, a los hijos hasta el día anterior al cumplimiento de la mayoría de edad. En consecuencia, si bien el derecho a la reparación de los perjuicios morales y materiales que se cause a una persona por la muerte de otra no se deriva de su condición de heredero sino de damnificado, cuando existe la obligación alimentaria se infiere que la existencia del perjuicio material, dará derecho al titular del mismo a la indemnización de tal perjuicio por el término de la obligación176. Con este criterio la corporación, inicialmente, fijó el lucro cesante futuro para los hijos menores de edad, en casos como el que aquí se estudia, hasta la edad de 18 años.

No obstante, el criterio actual de la Sala, considera que la liquidación del lucro cesante debe realizarse hasta que los hijos cumplan 25 años de edad, como quiera que frente a estos las reglas de la experiencia hacen presumir su manutención hasta dicha edad, aspecto éste que llevó a la modificación del criterio jurisprudencial inicial.

De igual forma, se modificó el criterio jurisprudencial que se tenía en relación con la presunción de manutención de los hijos hasta la mayoría de edad si no se acreditaba la escolaridad, desechando esta distinción, y dando por presumido que la condición de dependencia económica de aquellos respecto de los padres se mantiene hasta la edad de 25 años, con fundamento en los artículos 13 y 45 de la Constitución Política y en consideración además, a las reglas de la experiencia, siempre y cuando se acredite tal dependencia por cualquier medio probatorio.
Así, también, es claro que, conforme a las reglas establecidas por la jurisprudencia de esta corporación y las reglas de la experiencia, únicamente, en relación con los hijos menores al momento del fallecimiento de la víctima, se presume su manutención hasta la edad de los 25 años, porque, en tratándose de hijos mayores pero con dependencia económica, la Sala ha venido exigiendo plena prueba de tal dependencia” [Notas al pie suprimidas].

21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Pleno de Sección Tercera. Sentencia de 22 de abril de 2015, expediente 19146. CE-SUJ-3-001- de 2015.

22 Conforme a los registros civiles de nacimiento que obran en el expediente Leandro Montoya Buitrago nació el 11 de febrero de 1995 y Valentina Montoya Buitrago el 17 de julio de 1998.

23 En atención a que las tablas de mortalidad aprobadas mediante Resolución 497 de 1997 de la Superintendencia Bancaria establecen que para un hombre de 35 años (edad del señor Juan Diego Montoya Ruiz al momento de su fallecimiento en ago. 2006) el tiempo de vida probable es de 41,47 años que en meses equivale a 497,64 meses. A esta cifra debe descontarse el tiempo de indemnización reconocido dentro del lucro cesante consolidado (124,66 meses) arrojando un resultado de 372,98 meses. A este último periodo debe deducirse 39,9 meses y 41,71 meses correspondientes a los periodos I y II de liquidación de lucro cesante futuro arriba descritos.