Sentencia 2007-00056 de agosto 5 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “B”

Expediente: 11001032500020070005600

Nº Interno: 1140-2007

Consejero Ponente:

Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila

Autoridades nacionales

Actor: Joaquín Felipe Negrette Sepúlveda

Bogotá, D.C., cinco de agosto de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones

El problema jurídico del que enseguida se ocupa el Consejo de Estado, concierne en establecer si el consejo superior de la Universidad de Córdoba en uso de la autonomía universitaria que le confieren la Constitución y la ley, tenía la competencia para modificar el estatuto de sus servidores y convertir en empleados públicos a quienes eran trabajadores oficiales.

1. Los actos cuya nulidad se solicita son del siguiente tenor:

Acuerdo 095

(Diciembre 14 de 2005)

“Por el cual se suprime el parágrafo del artículo 19 del Acuerdo 0021 de 1994, (estatuto general)”.

El consejo superior de la Universidad de Córdoba, en uso de sus facultades legales y estatutarias y,

CONSIDERANDO

Que el artículo 65 de la Ley 30 de 1992, establece como funciones del consejo superior: definir la organización académica, administrativa y financiera de la institución, y expedir a modificar los estatutos y reglamentos de la institución.

Que el artículo 35 del estatuto general, literal d) establece entre las funciones del consejo superior expedir y modificar los estatutos, y reglamentos de la institución;

Que en el artículo 23 del Acuerdo 009 de 11 de abril de 2000, se establece el procedimiento de trámite de proyecto de acuerdos y se expresa que se requieren dos debates para reforma de estatutos, los cuales se realizaron en sesiones del 25 de noviembre de 2005 y 14 de diciembre de 2005;

Que en mérito de lo expuesto,

ACUERDA:

ART. 1º—Suprímase el parágrafo del artículo 19 del Acuerdo 0021 de 1994.

(...).

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Montería a los catorce (14) días del mes de diciembre de 2005.

(...).

Por su parte el segundo de los actos demandados expresa:

ACUERDO 096

(Diciembre 14 de 2005)

“Por el cual se modifica la planta de empleados administrativos de la Universidad de Córdoba.

El consejo superior de la Universidad de Córdoba, en uso de sus facultades legales y estatutarias y,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 65 de la Ley 30 de 1992, establece como funciones del consejo superior definir la organización académica, administrativa y financiera de la institución, y expedir a modificar los estatutos y reglamentos de la institución.

Que el literal h, artículo 35 del estatuto general de la Universidad de Córdoba, consagra como facultad del consejo superior ‘establecer y modificar la estructura orgánica y la planta de personal de la universidad’;

Que se hace necesario ajustar la planta de personal administrativo para adecuarla al cabal cumplimiento de los fines misionales de la Universidad de Córdoba, según los resultados del estudio técnico;

Que en consecuencia, es procedente suprimir los cargos de trabajadores oficiales de la planta de personal de la Universidad de Córdoba, y adoptar una planta para satisfacer las necesidades del servicio;

Que en mérito de lo expuesto,

ACUERDA:

ART. 1º—Suprímanse los cargos de trabajadores oficiales de la planta de personal de la Universidad de Córdoba.

(...).

ART. 2º—Adóptese la siguiente planta de personal de empleados públicos administrativos de la Universidad de Córdoba: [...].

ART. 3º—Incorpórese en la planta de personal administrativo, en forma automática a quienes venían desempeñándose como trabajadores oficiales en la Universidad de Córdoba, como empleados públicos en provisionalidad, sin solución de continuidad.

ART. 4º—Los servidores de la Universidad de Córdoba, incorporados como empleados públicos mediante el presente acuerdo, tendrán derecho de acceder a la carrera administrativa a través de proceso de selección que mediante concurso se adelante para proveer los cargos.

ART. 5º—El rector de la Universidad de Córdoba, mediante resolución distribuirá los cargos de la planta global y ubicará al personal teniendo en cuenta la estructura, el estudio técnico, los planes, los programas, las necesidades del servicio y lo establecido en el artículo tercero del presente acuerdo.

(...).

Comuníquese y cúmplase.

2. La posibilidad de existencia de entes autónomos está prevista constitucionalmente. Así, dentro de la estructura del Estado, conforme al artículo 113 de la Constitución Política, existen entes “autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado”, dentro de los que se cuentan las universidades del Estado (C.P., art. 69), entidades que exigen un marco normativo constitutivo por tanto de un “régimen especial” que exprese la necesidad de preservar dicha autonomía, sin que por ello, se puedan constituir las universidades en ínsulas ajenas a todo control, pues su necesaria libertad de acción, no las exonera de todo control, ni las excluye de las necesarias responsabilidades.

De conformidad con el artículo 69 de la Constitución Política, las universidades gozan de un importante grado de autonomía, por tanto, son órganos independientes que cumplen algunas funciones del Estado, entre ellas auspiciar el derecho fundamental a la educación, en la que están comprometidos el futuro, el progreso y la libertad, y garantizar que este quede a salvo de las injerencias del poder, de los gobiernos de turno y de los vaivenes de la política; pues la libertad de investigación, de pensamiento y de cátedra, así como la creación y difusión del conocimiento son valores prioritarios para la democracia y el progreso de una sociedad.

La autonomía universitaria busca crear un entorno para la creación, difusión y democratización del conocimiento, necesario para el desarrollo técnico e intelectual de la sociedad, pues mover las fronteras del saber se relaciona positivamente con el bienestar y el progreso; en esa dirección, la autonomía universitaria es “una garantía institucional con la cual se busca legitimar la capacidad de autorregulación y autogestión, tanto en el campo educativo como administrativo, de las instituciones tanto oficiales como privadas, encargadas del servicio público de educación superior”, para que la reproducción del saber y el acceso de los ciudadanos al conocimiento esté libre de interferencias que puedan menguar su fines y objetivos.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado sobre este principio que:

“... La Constitución, de manera inequívoca, consagró el principio de la autonomía universitaria, en el artículo 69, así: “Se garantiza la autonomía universitaria”. Y no se quedó solo en dicho enunciado, sino que la misma disposición señaló que tendría un régimen especial: “Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado”.

(...).

En varias sentencias se ha ocupado esta corporación de la autonomía universitaria que garantiza la Constitución. Así, la Corte, en la Sentencia T-492 de 1992, señaló que la autonomía universitaria implica que la formación académica tenga lugar “dentro de un clima libre de interferencias del poder público tanto en el campo netamente académico como en la orientación ideológica, o en el manejo administrativo o financiero del ente educativo”. Es decir, el concepto de autonomía implica la consagración de “la libertad de acción de los centros educativos superiores”. Dice esta sentencia, en lo pertinente:

(...).

“Son de competencia del legislador las funciones de establecer las condiciones necesarias para la creación y gestión de las universidades (C.N., art. 68) y de dictar las disposiciones generales con arreglo a las cuales los centros universitarios puedan darse sus directivas y regirse por sus estatutos (C.N., art. 69)” (Sentencia T-492 de 1992, M.P., Dr. José Gregorio Hernández Galindo) (se subraya) (sic). En la Sentencia T-02 de 1994, la Corte reiteró estos conceptos.

Posteriormente, la corporación, en la Sentencia C-547 de 1994, examinó la constitucionalidad del inciso tercero del artículo 57 de la Ley 30 de 1992, que se transcribió atrás. En lo pertinente, la Corte se refirió a los límites de la autonomía universitaria, el papel del Estado para regular y ejercer la vigilancia sobre la educación, y lo que significa que el constituyente autorizara a la ley, para crear un régimen especial, para las universidades del Estado” (Sentencia C-547 de 1994, M.P., Dr. Carlos Gaviria Díaz).

Del mismo modo, en la Sentencia C-368 de 1999, la Corte Constitucional expresó:

“EI caso de la autonomía universitaria es diferente. La autonomía universitaria tiene por fin garantizar la libertad de cátedra y de investigación, y para ello es necesario que sean los mismos centros de educación superior los que decidan sobre lo relacionado con su personal, con el fin de evitar injerencias externas que podrían hacer mella en la libertad académica que debe prevalecer en las universidades. Este objetivo es valorado muy especialmente por la Constitución, la cual señala de manera precisa, en su artículo 69 que “[I]as universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos”, norma que ha sido interpretada por esta corporación en el sentido de afirmar que los centros universitarios “pueden determinar cuáles [de sus cargos] son de libre nombramiento y remoción” (Sentencia C-368 de 1999, M.P., Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).

(...).

En síntesis, la jurisprudencia de la Corte ha estado encaminada a proteger los principios consagrados en la Constitución respecto de que sean las propias autoridades universitarias, de acuerdo con el régimen especial, de origen constitucional, las que decidan sobre los asuntos que se relacionan con tales entidades.

Así lo había ya señalado esta corporación en la Sentencia C-746 de 1999. Allí se dijo, expresamente, que dado el origen y el carácter especial del régimen de las universidades oficiales, la administración y vigilancia de las carreras de los servidores de tales entes, se sustrae del conocimiento de la Comisión Nacional del Servicio Civil, según dispone el artículo 130 de la Constitución. Dijo, en lo pertinente, la sentencia:

Ellas se ejercerán de acuerdo con la ley que para tal efecto se debe expedir” (Sentencia C-746 de 1999, M.P., Dr. Alfredo Beltrán Sierra).

Y respecto de las universidades públicas el principio de la autonomía universitaria se conserva, pues ellas, aunque reciban auxilio del presupuesto público, son entes que no hacen parte de la rama ejecutiva. Por ello en la Sentencia C-220 de 1997 expresó:

“b. Las universidades públicas en tanto órganos autónomos del Estado no hacen parte de la rama ejecutiva.

Ese tipo de autonomía, entendida como capacidad de autodeterminación ajena a la injerencia del poder ejecutivo, se hace viable en la estructura del Estado en los términos del artículo 113 de la Constitución Política, el cual establece, que además de los órganos que integran las ramas del poder público, existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado, entre ellos el Banco de la República (C.P., art. 371); la denominada Comisión Nacional de Televisión (C.P., art. 77), y las universidades del Estado (C.P., art. 69), organismos todos a los que el constituyente dotó de autonomía, no obstante su carácter de organismos de derecho público, sujetos a un régimen legal propio, lo que quiere decir que exigen por parte del legislador un tratamiento especial, que les permita efectivamente ejercer esa prerrogativa, sin que ello implique “... exonerarlas de todo punto de contacto con el Estado”, o no admitir el control fiscal que sobre ellas debe ejercer la Contraloría General de la República, en cuanto se nutren de recursos públicos...

En cuanto a la universidades, el artículo 69 de la Constitución Política en su primer inciso les garantiza a todas, públicas y privadas, autonomía, esto es capacidad para darse sus propias directivas y regirse por sus propios estatutos; en el inciso segundo prevé que las universidades públicas, en cuanto órganos autónomos que no hacen parte de ninguna de las ramas del poder público, requieren de un régimen especial que les permita cumplir sus objetivos y misión sin interferencias del poder político, por lo que le ordena al legislador establecer para ellas dicho régimen especial”.

No obstante, en un sistema democrático no es deseable que haya instituciones que tengan autonomía absoluta pues el ejercicio de todo poder, facultad o función debe estar regulado mediante la asignación de responsabilidades. Como un poder sin límites puede degenerar en excesos, corresponde al legislador trazar algunas de las restricciones excepcionalmente necesarias para evitar todo desbordamiento.

En suma, la autonomía de las universidades estatales, no es incompatible, por ejemplo, con que el legislador pueda introducir restricciones, así como también autoriza que el ejecutivo tenga asiento, por medio de delegados personales del Presidente de la República, en los consejos superiores de las universidades, esquema que se reproduce en las universidades a nivel territorial.

En desarrollo de esa necesidad de autonomía, consagrado constitucionalmente, el Congreso de la República expidió la Ley 30 de 1992, que traza el rumbo y define las instituciones de educación superior, las instituciones técnicas profesionales y las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas. Las universidades pueden ser públicas o estatales, netamente privadas o de economía solidaria; con sujeción al artículo 28 de la Ley 30 de 1992, aquellas son parte del Estado y pueden designar sus autoridades académicas, y administrativas, crear y desarrollar sus programas académicos, organizar sus labores, otorgar títulos de idoneidad, seleccionar profesores, gobernar su alumnado y manejar sus recursos. De conformidad con el artículo 58 de la misma ley, las universidades estatales pueden ser creadas por el Congreso de la República, las asambleas departamentales, los concejos municipales y distritales y las entidades territoriales que lleguen a conformarse, como sería el caso de las regiones especiales que se organicen como unidades territoriales. De conformidad con el principio de autonomía universitaria, las universidades pueden darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos en todo caso de acuerdo con la ley(1).

El principio de autonomía universitaria impone que las restricciones, aunque son posibles, deben ser puramente excepcionales y estar previstas en la ley(2). No obstante, esa autonomía universitaria no es total, pues el legislador conserva la tutela para trazar los límites de la señalada autonomía, a efectos de que las universidades no se constituyan en espacios sin escrutinio dentro del sistema jurídico(3).

Dispone la Ley 30 de 1992, en su artículo 57, que:

“Las universidades estatales u oficiales deben organizarse como entes universitarios autónomos, con régimen especial y vinculados al Ministerio de Educación Nacional en lo que se refiere a las políticas y la planeación del sector educativo...”.

Como se recuerda, el problema central que plantea la presente controversia, atañe en determinar si el consejo superior de una universidad pública, en uso de la autonomía universitaria que le conceden la Constitución y la ley, puede convertir los trabajadores oficiales en empleados públicos, pues tal es el contenido material de los actos aquí demandados.

A juicio del Consejo de Estado, el principio de autonomía universitaria consagrado en la Constitución y la ley, permite a los órganos de dirección de las universidades, la variación del estatus jurídico de sus servidores. A esa conclusión se llega porque a pesar de que ese cambio de trabajadores oficiales a empleados públicos tiene, entre otros efectos, algún influjo sobre el derecho de asociación, no merma dicho derecho y resulta adecuado como herramienta para asegurar la autonomía universitaria.

La jurisprudencia ha admitido que no existe un derecho adquirido a negociación colectiva, sino que es posible por razones de conveniencia pública alterar la condición de los servidores públicos. En la Sentencia C-314 de 2004, la Corte Constitucional razonó que:

“adicional a los argumentos expuestos, esta Corte estima que el cambio de régimen laboral de trabajadores oficiales a empleados públicos no implica la pérdida total de los derechos laborales de los trabajadores afectados, pues la imposibilidad de celebrar convenciones colectivas de trabajo en el caso de los empleados públicos no constituye una disminución de su derecho de asociación. En este sentido, el cambio de régimen no ofende las disposiciones internacionales que propugnan la defensa de los derechos laborales de los empleados del Estado, específicamente las contenidas en los convenios 87 y 98 de la OIT, recogidos por las leyes 26 y 27 de 1976. Ello, porque los instrumentos internacionales en cita comprometen a los Estados parte en la promoción y estímulo del derecho de sindicación y negociación colectiva de los trabajadores, derechos que, como ha quedado expuesto, reciben una protección suficiente, aunque de atenuada intensidad, por parte de la legislación actual. En efecto, por disposición expresa del artículo 6º de la Convención 98 de la OIT, que regula la “aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva” a que hace referencia el Convenio 87 de la misma organización, “el presente convenio no trata de la situación de los funcionarios públicos en la administración del Estado y no deberá interpretarse, en modo alguno, en menoscabo de sus derechos o de su estatuto”, lo cual significa que no todos los compromisos adquiridos como consecuencia de la suscripción del acuerdo aplican con el mismo rigor para los servidores públicos. De hecho, es la Convención 151 “sobre la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública” de la OIT, la que de manera específica debe aplicarse en el caso concreto. Por último, para sustentar de manera definitiva esta posición, cabría recordar que no es la primera vez que la Corte se enfrenta al problema de determinar si la transformación del régimen laboral de los servidores públicos constituye o no una violación del derecho de asociación y negociación colectiva. Existe un antecedente jurisprudencial directo y fundamentalmente similar al que hoy es objeto de examen. En la Sentencia C-262 de 1995 la Corte enfrentó el estudio de una norma de iguales características al artículo 16 del Decreto 1750 de 2003, ahora demandado, que señalaba la modificación del régimen laboral de los trabajadores oficiales de la Corporación Autónoma Regional del Cauca, ordenando su transformación en empleados públicos. La norma entonces acusada, que tiene una redacción equivalente a la que es objeto de esta demanda, es el artículo 11 del Decreto 1275 de 1994. [...] los argumentos de la sentencia, aunados a los que en esta oportunidad se consignan, permiten concluir que el cambio de régimen jurídico de los trabajadores oficiales que pasan a ser empleados públicos no vulnera el derecho a la negociación colectiva porque ni el mismo es un derecho adquirido, en tanto depende de la naturaleza de la vinculación jurídica del servidor con el Estado, ni es un derecho absoluto que no pueda ser objeto de restricciones justificadas por parte del legislador”.

Se puede concluir de lo trascrito, que es posible el cambio de estatus de los trabajadores oficiales, lo cual genera efectos sobre el derecho de asociación y negociación colectiva, los que pueden ser de alguna manera restringidos, pues reconoció la Corte Constitucional(4) que:

dentro del proceso legal de reestructuración de las entidades administrativas del orden nacional adelantada con fundamento en el mencionado numeral 7º del artículo 150 de la Carta, se incluya la definición del régimen laboral de los empleados y trabajadores de la entidad a reestructurar, siempre que se respeten sus derechos adquiridos tal y como lo ordenan, de modo genérico, el artículo 58 constitucional y, de modo específico para las materias laborales, el artículo 53 de la misma Carta, que es la base del ordenamiento jurídico parcial y especialmente previsto desde la Constitución, para regular las relaciones y los vínculos laborales en el régimen jurídico colombiano. (...)”.

En la Sentencia C-299 de 30 de junio de 1994 la Corte Constitucional conoció de una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 23 del Decreto-Ley 1210 de 1993 que decía “... el personal administrativo vinculado a la Universidad Nacional será: de libre nombramiento y remoción, de carrera administrativa o trabajadores oficiales. Son empleados de libre nombramiento y remoción quienes desempeñan cargos de dirección, confianza, supervisión y manejo. Son trabajadores oficiales quienes desempeñan labores de construcción de obras y jardinería”. En dicho fallo se declaró inexequible la parte resaltada de la norma bajo el argumento de que:

“El marco legal al cual debe someterse la universidad tiene unos límites precisos y limitados; por lo tanto, la ley no puede extender sus regulaciones a materias relativas a la organización académica o administrativa, como sería por ejemplo, en los aspectos relacionados con el manejo docente, (selección y clasificación de sus profesores), admisión del personal discente, programas de enseñanza, labores formativas y científicas, designación de sus autoridades administrativas, manejo de sus recursos, etc. Si el legislador se insmicuyera (sic) en los aspectos referidos o en otros de igual significación, estaríamos en presencia de una intervención indebida en la vida de la universidad y se incurriría en una violación de su autonomía.

(...).

Precisa la Corte, que la inspección y vigilancia del Estado sobre la universidad colombiana y particularmente sobre la universidad oficial, supone un control limitado que se traduce en una labor de supervisión sobre la calidad de la instrucción, el manejo ordenado de la actividad institucional y la observancia de las grandes directrices de la política educativa reconocida y consignada en la ley. Esa injerencia no puede suponer el control de los nombramientos del personal, definición de calidades y clasificación del personal docente o administrativo, y mucho menos, con el examen o control de las tendencias filosóficas o culturales que animan las actividades educativas o de investigación, porque “la comunidad científica que conforma el estamento universitario, es autónoma en la dirección de sus destinos”, como lo ha señalado la Corte en reciente oportunidad.

(...).

De bulto se descubre la extralimitación del legislador extraordinario, porque asume definiciones que son extrañas a su competencia, dado que están deferidas a la propia universidad dentro del radio propio de su autonomía a través de regulaciones que forman parte del cuerpo de sus —estatutos— (negrilla fuera del texto).

No sobra añadir que es abundante la jurisprudencia sobre la autonomía universitaria. En la Sentencia C-475 de julio 7 de 1999, con ponencia de la honorable magistrada Martha Sáchica, se trató el tema de los cargos de libre nombramiento y remoción a la luz de la autonomía universitaria que consagra el artículo 69 de la Carta, la corporación señaló:

“(...).

De conformidad con ese mandato constitucional y según la interpretación que del mismo se ha hecho por la jurisprudencia ya sentada por esta corporación, se tiene que la inclusión de los empleos de rector, vicerrector y decano de los institutos de educación superior constituidos como establecimientos públicos, dentro de la categoría de cargos de libre nombramiento y remoción, riñe con el principio constitucional que consagra para ellos una autonomía administrativa que implica la facultad de “darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley”.

“La esencia misma de la universidad exige pues que se le reconozca el derecho a su autonomía; pero lo anterior no equivale a desconocer la presencia necesaria del Estado, que debe garantizar la calidad de los estudios e investigaciones, así como las labores de extensión, que se imparten en las diversas entidades universitarias.

“Igualmente, nada obsta para que, en virtud de la misma autonomía universitaria, se establezca que los cargos directivos puedan ser de libre nombramiento y remoción, siempre y cuando —se repite— dicha determinación emane de la comunidad universitaria. Esa es la razón por la cual el inciso primero del artículo 69 superior expresa: “podrán darse sus directivas”, como una facultad, no como una imposición constitucional. Además, en desarrollo de la misma autonomía universitaria se pueden determinar cuáles cargos son de libre nombramiento y remoción” (subraya la Sala) (sic).

“Estos mismos argumentos son aplicables al caso sub examine, de suerte que la clasificación como del nivel directivo de los empleos de decano de escuela tecnológica, decano de institución universitaria, decano de universidad, director de escuela, o de instituto, o de centro de universidad, rector de institución universitaria o escuela tecnológica, rector de universidad, vicerrector de institución universitaria y vicerrector de universidad, que el legislador extraordinario efectuó en la norma demandada, ignora la prerrogativa especial de estas entidades para definir, a través de las directivas de estos institutos de educación superior, sobre la categorización de los empleos de sus respectivas funciones.

“De este modo, el principio constitucional que aboga por la autonomía universitaria, actúa como límite en la actuación de los poderes públicos, a fin de evitar cualquier forma de injerencia indebida en la libertad de acción y autodeterminación de estos institutos de educación superior en la consecución de sus fines, la cual debe de todas formas darse dentro de los parámetros constitucionalmente establecidos.

“Cabe reiterar la importancia de la vigencia y respeto a esa autonomía universitaria en el desarrollo de la cultura de las sociedades actuales(5) y por los fines que a continuación se destacan:

“... el artículo 69 de la Constitución garantiza la autonomía universitaria, la cual encuentra fundamento en la necesidad de que el acceso a la formación académica de las personas tenga lugar dentro de un clima libre de interferencias del poder público tanto en el campo netamente académico como en la orientación ideológica, o en el manejo administrativo o financiero del ente educativo.

“En ejercicio de su autonomía las universidades gozan de libertad para determinar cuáles habrán de ser sus estatutos; definir su régimen interno; estatuir los mecanismos referentes a la elección, designación y periodos de sus directivos y administradores; señalar las reglas sobre selección y nominación de profesores; establecer los programas de su propio desarrollo; aprobar y manejar su presupuesto; fijar sobre la base de las exigencias mínimas previstas en la ley, los planes de estudio que regirán su actividad académica, pudiendo incluir asignaturas básicas y materias afines con cada plan para que las mismas sean elegidas por el alumno, a efectos de moldear el perfil pretendido por cada institución universitaria para sus egresados.

“En síntesis, el concepto de autonomía universitaria implica la consagración de una regla general que consiste en la libertad de acción de los centros educativos superiores, de tal modo que las restricciones son excepcionales y deben estar previstas en la ley, según lo establece con claridad el artículo citado.

“El papel del legislador en la materia es bien importante, ya que es en las normas legales en donde se encuentran los límites de la señalada autonomía, a efectos de que las universidades no se constituyan en islas dentro del sistema jurídico y, por el contrario, cumplan la función social que corresponde a la educación (C.N., art. 67) y a la tarea común de promover el desarrollo armónico de la persona...” (Sentencia T-492 de 1992, M.P., Dr. José Gregorio Hernández Galindo).

Es evidente entonces que la conversión de los trabajadores oficiales en empleados públicos es asunto que no choca con la Constitución, y es tarea que pueden abordar los órganos de dirección de las universidades públicas en ejercicio de la autonomía universitaria(6).

Puestas en esta dimensión las cosas, el consejo superior de la Universidad de Córdoba sí tenía la competencia para expedir los actos acusados y por esa razón deberán ser negadas las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

NIÉGANSE las pretensiones de la demanda de simple nulidad intentada por Joaquín Felipe Negrette Sepúlveda contra la Universidad de Córdoba.

Cópiese, notifíquese y, archívense las presentes actuaciones. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión».

(1) Consejo de Estado, en la sentencia de 28 de octubre de 1999, C.P. Carlos Arturo Orjuela Góngora, radicado 0060 (695-99), por la cual se decidió la acción de simple nulidad de la Procuraduría General de la Nación.

(2) Sobre este aspecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-220 de abril 29 de 1997, Magistrado Ponente, Dr. Fabio Morón Díaz.

(3) Corte Constitucional, Sentencia T-492 de 1992, M.P., Dr. José Gregorio Hernández Galindo.

(4) En la Sentencia C-262 de 1995.

(5) Ver la Sentencia C-220 de 1997, M.P., Dr. Fabio Morón Díaz.

(6) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. M.P., Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila, sentencia de 10 de septiembre de 2009, radicado 15001233100020020024201 (2494-2007).