Sentencia 2007-00060 de noviembre 29 de 2012

 

Sentencia 2007-00060 de noviembre 29 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 850012331000-2007-00060 01 [17062]

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Actor: Mauricio Alfredo Plazas Vega

Demandado: Municipio de Aguazul, Casanare

Acción de Nulidad

Fallo

Bogotá, D.C., veintinueve de noviembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En el caso, se controvierte si son nulos los apartes resaltados y subrayados de los artículos 44, 46, 308, 367 y 520 del Acuerdo 46 de 2000; 45, 331, 358 y 367 del Decreto 53 de 2003; noveno, once y dieciocho del Acuerdo 12 de 2005 y 88, 466, 488 y 497 del Acuerdo 41 de 2005, transcritos en las páginas 4 a 9 de esta providencia.

El municipio demandado apeló la decisión en la oportunidad legal y el demandante adhirió al recurso, por lo que conforme al artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a este asunto por mandato del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, la Sala resolverá sin limitaciones.

En primer lugar, se advierte que el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante sentencia del 21 de septiembre de 2006(4), declaró nulas, entre otras expresiones las siguientes: “siendo bimestral” del artículo 44 y “a cada bimestre” del artículo 46, ambos, del Acuerdo 46 de 2000 y el aparte “siendo bimestral para el régimen común y anual para el régimen simplificado” del artículo 45 del Decreto 53 de 2003(5).

A su vez, por sentencia del 15 de febrero de 2007(6), esa misma corporación anuló la expresión “y se entenderá surtida en la fecha de introducción al correo” del artículo 308 del Acuerdo 46 de 2000(7).

Teniendo en cuenta que frente al texto vigente del artículo 44 del Acuerdo 46 de 2000(8), esto es “Por periodo gravable se entiende el tiempo dentro del cual se causa la obligación tributaria del Impuesto de Industria y Comercio” no fue planteado cargo alguno en el recurso de apelación, se ordenará estarse a lo resuelto en la sentencia del Tribunal Administrativo del Casanare del 21 de septiembre de 2006, como lo dispuso ese tribunal en la sentencia impugnada.

Respecto de los apartes demandados “correspondientes a cada bimestre” del artículo 46 del Acuerdo 46 de 2000(9) y “siendo bimestral para el régimen común” del artículo 45 del Decreto 53 de 2003(10), la Sala también se estará a lo resuelto en la sentencia del a quo del 21 de septiembre de 2006. Y, en relación con el aparte “y se entenderá surtida en la fecha de introducción al correo” del artículo 308 del Acuerdo 46 de 2000(11) se estará a lo resuelto en la sentencia del 15 de febrero de 2007. Todo lo anterior, teniendo en cuenta que los apartes cuya nulidad se solicitó ya fueron anulados en las citadas providencias y esa nulidad tiene fuerza de cosa juzgada erga omnes (CCA, art. 175).

Por lo expuesto, se confirmará el numeral 3º de la parte resolutiva de la sentencia apelada.

Debe la Sala resolver sobre si son nulos los restantes apartes acusados, relacionados con la sanción por no declarar retención en la fuente, la sanción por no enviar información, los agentes de retención del impuesto de industria y comercio y la reserva de la declaración.

En materia impositiva, la normativa constitucional(12) reconoce a las entidades territoriales autonomía tributaria, en virtud de la cual pueden definir directamente los elementos esenciales del gravamen autorizado por el legislador, atendiendo los parámetros fijados por éste(13).

Tratándose de sanciones, la ley debe consagrar la sanción aplicable por la vulneración o incumplimiento de obligaciones tributarias, sean de carácter sustancial o formal, impuestas a los asociados. La consagración general del principio de legalidad de las sanciones y las penas se halla en el artículo 29 de la Constitución Política, de acuerdo con el cual “Nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa”.

Sobre el principio de legalidad en materia sancionatoria tributaria, la Sala ha precisado que “ la consagración normativa previa de conductas sancionables en materia tributaria, recibe idéntico tratamiento jurídico al impositivo, y debe hacerse mediante ley, por ser la materia sustancial tributaria de reserva del legislador, por mandato expreso de la Constitución, y porque la sanción es la respuesta jurídica al incumplimiento de la obligación tributaria o infracción a la ley donde ésta se describe”(14) (resalta la Sala).

En consecuencia, la consagración positiva del régimen sancionatorio vinculado a los tributos, es de origen legal y compete a la ley la definición de las conductas sancionables, las bases de su imposición, las tarifas pertinentes, las cuantías de las sanciones y la autoridad competente para su aplicación(15).

De otra parte, el artículo 66 de la Ley 383 de 1997, dispuso:

“ART. 66.—Administración y control. Los municipios y distritos, para efectos de las declaraciones tributarias y los procesos de fiscalización, liquidación oficial, imposición de sanciones, discusión y cobro relacionados con los impuestos administrados por ellos, aplicarán los procedimientos establecidos en el estatuto tributario para los impuestos del orden nacional”(16). (Resalta la Sala)

Al decidir la exequibilidad de este artículo, la Corte Constitucional precisó que “la aplicación de las normas procedimentales establecidas en el estatuto tributario para los impuestos del orden nacional a las entidades territoriales, tiene como finalidad la unificación a nivel nacional del régimen procedimental, lo cual no excluye las reglamentaciones expedidas por las asambleas departamentales y por los concejos distritales y municipales en relación con los tributos y contribuciones que ellos administran, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 300 y 313 de la Carta” (subraya la Sala).

De acuerdo con esta norma, los municipios y distritos deben aplicar los procedimientos del estatuto tributario, entre otros aspectos, para la imposición de sanciones, pero no están obligados a adoptar en su jurisdicción las sanciones del estatuto tributario, que es un aspecto sustancial.

Por lo tanto, en vigencia del artículo 66 de la Ley 383 de 1997 debe entenderse que la adopción en los municipios de las sanciones del estatuto tributario es facultativa y para ello deben tener en cuenta las particularidades de cada tributo.

Posteriormente, la Ley 788 de 2002, en el artículo 59, modificó el artículo 66 de la Ley 383 de 1997 y preceptuó:

“Procedimiento tributario territorial. Los departamentos y municipios aplicarán los procedimientos establecidos en el estatuto tributario nacional, para la administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones, régimen sancionatorio incluida su imposición, a los impuestos por ellos administrados. Así mismo aplicarán el procedimiento administrativo de cobro a las multas, derechos y demás recursos territoriales. El monto de las sanciones y el término de la aplicación de los procedimientos anteriores, podrán disminuirse y simplificarse acorde con la naturaleza de sustributos, y teniendo en cuenta la proporcionalidad de estas respecto del monto de los impuestos”(17).

Al resolver sobre la exequibilidad de este artículo, la Corte Constitucional precisó que al “consagrar que el procedimiento tributario nacional se aplique también como procedimiento tributario territorial, es una decisión legítima en cuanto no limita injustificadamente la autonomía de las entidades territoriales”(18).

Y agregó:

— “Esto es así porque, por una parte, la misma Carta ha establecido que las competencias que en materia tributaria se reconocen a tales entidades, se ejercen de acuerdo con la Constitución y la ley. De este modo, nada se opone a que el Congreso determine el procedimiento tributario a aplicar en tales entidades. Mucho más si con esa decisión se promueven mecanismos adecuados de recaudo y se facilitan condiciones equitativas para los administrados, circunstancias estas que optimizan el principio de eficiencia del tributo y que potencian la realización de uno de los derechos contenidos en el principio de autonomía de las entidades territoriales, cual es el de participar en las rentas nacionales” (resalta la Sala)

Destacó que “la norma demandada deja a salvo la facultad de las entidades territoriales de disminuir el monto de las sanciones y simplificar los procedimientos, dependiendo de la naturaleza de los tributos y la proporcionalidad de las sanciones respecto del monto de los impuestos”, por lo que indicó que, la interferencia del legislador no es ilimitada sino “razonable, orientada a la promoción de procedimientos tributarios equitativos para los administrados y eficaces para la administración y susceptible de adecuarse a las connotaciones propias de la materia tributaria a cargo de esas entidades”.

Con base en esta disposición, los municipios y departamentos deben aplicar tanto el régimen sancionatorio (aspecto sustancial) como el procedimiento para la imposición de las sanciones previstos en el estatuto tributario. No obstante, estas entidades territoriales están facultadas para disminuir el monto de las sanciones, que es un aspecto sustancial, y, en general, para simplificar procedimientos, incluido el sancionatorio (que es un aspecto procedimental).

Lo anterior significa que en vigencia de la Ley 788 de 2002 los municipios y departamentos no pueden fijar en su jurisdicción sanciones mayores a las previstas en el estatuto tributario. En este aspecto sustancial solo están facultados para disminuir el monto de las sanciones y si no ejercen dicha atribución, deben imponer las sanciones determinadas en el citado estatuto, para lo cual deben tener en consideración las particularidades de cada tributo.

Precisado lo anterior, entra la Sala a analizar si son nulos los fragmentos demandados de los artículos 367 y 520 del Acuerdo 46 de 2000; 331, 358 y 367 del Decreto 53 de 2003; 9º, 11 y 18 del Acuerdo 12 de 2005 y 88, 466, 488 y 497 del Acuerdo 41 de 2005.

Es preciso señalar que mediante el Acuerdo 46 de 2000, el Concejo de Aguazul reformó el estatuto de rentas de ese municipio. Con la modificación pretendió actualizar la normativa local, en particular, establecer e implementar el sistema de retenciones en el impuesto de industria y comercio(19).

Posteriormente, por medio del Decreto 53 de 2003, el Alcalde compiló y codificó las disposiciones contenidas en los acuerdos 46 de 2000, 38 de 2001, 47 de 2001, 50 de 2001, 4 de 2002, 9 de 2002, 2 de 2003 y 9 de 2003; además, actualizó y reformó los aspectos procedimentales y sancionatorios del estatuto de rentas, en uso de las facultades conferidas en los acuerdos 9 y 19 de 2003 y “de conformidad con las disposiciones contenidas en el estatuto tributario nacional”(20).

Luego, mediante el Acuerdo 12 de 2005, el Concejo Municipal modificó y adicionó el Decreto 53 de 2003 y los acuerdos 9 de 2003, 46 de 2000 y 38 de 2001(21).

Finalmente, el Concejo de Aguazul expidió el Acuerdo 41 de 2005, mediante el cual adoptó el estatuto municipal de rentas acorde con la normativa vigente(22) y derogó expresamente, entre otras normas, los acuerdos 46 de 2000 y 12 de 2005 y el Decreto 53 de 2003 [art. 700].

El citado acuerdo fue expedido en ejercicio de las facultades consagradas en los artículos 313 y 338 de la Constitución Política y de las previstas en “la Ley 14 de 1983, Decreto 3070 de 1983, Decreto 1333 de 1986, Ley 44 de 1990, Ley 99 de 1993, Ley 136 de 1994, Ley 142 de 1994, Ley 383 de 1997, Ley 633 de 2000, Ley 716 de 2001, Ley 788 de 2002, Ley 863 de 2003 y legislación complementaria”.

De este recuento se establece que de los actos demandados, el acuerdo vigente es el 41 de 2005. Los actos restantes son normas derogadas, cuya legalidad se examinará por los efectos jurídicos que pudieron surtirse durante su vigencia, en actuaciones que no estén consolidadas(23).

Se abordará el análisis por temas, de la siguiente manera:

1. Sanción por no declarar retención en la fuente.

El actor demandó la nulidad de los apartes que a continuación se transcriben, en los cuales se fija el monto de la sanción por no declarar retenciones a título del impuesto de industria y comercio:

A.046/00
Art. 367, num. 2º
D.053/03
Art. 358, num. 3º
A.012/05
Art. 9º, num. 2º
A.041/05
Art. 488, num. 8º

“(…) al diez por ciento de los cheques girados o costos y gastos (…)”

“(…) al diez por ciento (10%) de los cheques girados o costos y gastos (…) al diez por ciento (10%) del promedio mensual de costos y gastos que figuren en su última declaración de renta y complementarios (…)”

“(…) al diez por ciento (10%) de los cheques girados o costos y gastos de quien persiste en su incumplimiento (…) al diez por ciento (10%) del promedio mensual de costos y gastos que figuren en su última declaración de renta y complementarios, en cuanto a los ingresos percibidos en el municipio, el que fuere superior”

“(…) al diez por ciento (10%) de los cheques girados o costos y gastos (…) al diez por ciento (10%) del promedio mensual de costos y gastos que figuren en su última declaración de renta y complementarios, en cuanto a los ingresos percibidos en el municipio (…)”.

Por su parte, el artículo 643 numeral 3º del estatuto tributario consagra la sanción por no declarar retenciones en la fuente en los siguientes términos:

“ART. 643.—Sanción por no declarar. La sanción por no declarar será equivalente:

(…).

3. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración de retenciones, al diez por ciento (10%) de los cheques girados o costos y gastos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la administración por el período al cual corresponda la declaración no presentada(24), o al ciento por ciento (100%) de las retenciones que figuren en la última declaración de retenciones presentada, el que fuere superior”.

El demandante sostiene que los apartes acusados vulneran los principios de territorialidad, tipicidad y proporcionalidad de las sanciones tributarias.

El demandado, por su parte, afirma que los preceptos demandados se ajustan al estatuto tributario y que la sanción por no declarar retenciones es independiente del tributo de que se trate.

Pues bien, todas las normas demandadas fijaron como monto de la sanción por no declarar retenciones en la fuente “el diez por ciento (10%) de los cheques girados o costos y gastos”de quien no cumple el deber de declarar las retenciones practicadas.

Cabe recordar que el sistema de retención en la fuente para el impuesto de industria y comercio se estableció e implementó en el Acuerdo 46 de 2000; que este acto fue compilado en el Decreto 53/03, luego reformado por el Acuerdo 12/05, cuyo texto fue reproducido en el Acuerdo 41 de 2005.

Así, desde cuando se estableció en el municipio de Aguazul el sistema de retención en el impuesto de industria y comercio, la norma local dispuso que las retenciones se aplican siempre y cuando la operación económica cause el impuesto en el Municipio (Ac. 46/2000, art. 521) y que los agentes retenedores están obligados a declarar y pagar la retención de ICA (art. 525 ibídem)(25).

Ya el Acuerdo 41 de 2005, en el capítulo correspondiente al impuesto de industria y comercio (arts. 57 a 93), previó que la retención debe practicarse al momento de facturar o efectuar el pago o abono en cuenta, lo que ocurra primero, siempre y cuando la operación económica cause el impuesto (art. 85).

El citado Acuerdo señala que la tarifa de retención será la correspondiente a la respectiva actividad industrial, comercial o de servicios fijada en el municipio (art. 86) y se aplicará sobre el 100% del valor de la respectiva transacción (art. 87), con las excepciones legales.

A su vez, el valor de la retención se descuenta de los pagos o abonos en cuenta realizados por el agente de retención, los cuales constituyen ingreso para los beneficiarios, quienes tienen la calidad de retenidos.

Teniendo en cuenta la indiscutible relación que existe entre el impuesto de industria y comercio y la retención a título de dicho impuesto, es dable concluir que la sanción para el agente retenedor por no declarar retenciones debe guardar coherencia también con el tributo que se le obliga a retener.

En ese orden de ideas, la sanción para el agente retenedor por no declarar en el municipio de Aguazul las retenciones que practica a título de ICA, consistente en el 10% de los cheques girados o costos y gastos debe entenderse que corresponde al período objeto de la declaración que se omite presentar.

Se advierte que si bien la sanción prevista en las normas locales es igual a la consagrada en el artículo 643 del estatuto tributario, debe adecuarse al impuesto que se recauda. Ello, porque el agente retenedor a que se refiere el citado estatuto recauda impuestos del orden nacional por pagos o abonos en cuenta a nivel nacional, en tanto que el agente retenedor de ICA recauda solo el impuesto de industria y comercio, que es un impuesto municipal, por los pagos o abonos en cuenta que realice a los retenidos en el municipio de Aguazul.

En consecuencia, la base de cuantificación de la sanción por no declarar retenciones, no puede ser otra que los pagos o abonos en cuenta realizados por el agente retenedor en el municipio de Aguazul, pues, se insiste, se trata de la retención del impuesto de industria y comercio en el periodo que el agente retenedor omitió declarar, monto que la administración municipal puede determinar a partir de los “cheques girados” o de los “costos y gastos” que haya efectuado, se repite, en esa jurisdicción y período.

Así las cosas, para garantizar la territorialidad de la sanción y la gradualidad de la misma, la Sala mantendrá la legalidad de los apartes acusados, en el entendido que el monto de la sanción consistente en “los cheques girados o costos o gastos” incluido en los artículos 367 del Acuerdo 46/00, 358 del Decreto 53/03, noveno del Acuerdo 12/05 y 488 del Acuerdo 41/05, son únicamente los relacionados con los pagos o abonos en cuenta realizados por el agente retenedor a quienes realicen actividades gravadas con el impuesto de industria y comercio en el municipio de Aguazul y durante el período que éste omitió declarar.

Por lo demás, los cheques girados o costos y gastos a nivel nacional como criterio de cuantificación de una sanción a nivel local, amplía la base a todos los pagos que el agente retenedor efectúe a nivel nacional. Además, se insiste, los factores de la sanción de que da cuenta el artículo 643 del estatuto tributario se hallan relacionados con la omisión de la retención de impuestos de carácter nacional, los cuales tienen naturaleza y estructura diferente a la de los administrados por los entes territoriales.

En relación con la sanción por no declarar retenciones a título de ICA consistente en “diez por ciento (10%) del promedio mensual de costos y gastos que figuren en su última declaración de renta y complementarios”, prevista en el artículo 358 numeral 3º del Decreto 53 de 2003, complementada en el artículo 9º numeral 2º del Acuerdo 12/05, al incluir el aparte “en cuanto a los ingresos percibidos en el municipio”. y cuyo complemento fue reiterado en el artículo 488 numeral 8º del Acuerdo 41 de 2005, la Sala precisa lo siguiente:

La expresión al diez por ciento (10%) del promedio mensual de costos y gastos que figuren en su última declaración de renta y complementarios, prevista en el artículo 358 numeral 3º del Decreto 53 de 2003, se adecúa al impuesto de industria y comercio respecto del cual se practica la retención en la fuente siempre y cuando se entienda que tales costos y gastos se relacionen solamente con los ingresos obtenidos en el municipio de Aguazul. En ese sentido, debe mantenerse la legalidad de la sanción con el condicionamiento que se deja precisado.

En el mismo orden de ideas, y respecto de la sanción del “diez por ciento (10%) del promedio mensual de costos y gastos que figuren en su última declaración de renta y complementarios en cuanto a los ingresos percibidos en el municipio”, de que tratan los artículos 9º numeral 2º del Acuerdo 12/05 y 488 numeral 8º del Acuerdo 41 de 2005, se negarán las pretensiones de la demanda, pues, precisamente, la expresión “en cuanto a los ingresos percibidos en el municipio”, lo que hizo fue adecuar la sanción por no declarar retenciones al impuesto de industria y comercio.

Por lo anterior, la Sala modificará el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia apelada. En su lugar, negará la nulidad de la expresión “al diez por ciento (10%) de los cheques girados o costos y gastos” del artículo 367 Nº 2 del Acuerdo 46 de 2000; de la expresión “al diez por ciento (10%) de los cheques girados o costos y gastos” del artículo 358 Nº 3 del Decreto 53 de 2003; de la expresión “al diez (10%) de los cheques girados o costos y gastos de quien persiste en su incumplimiento” del 9 numeral 2º del Acuerdo 12 de 2005 y de la expresión “al diez por ciento (10%) de los cheques girados o costos y gastos” del artículo 488 numeral 8º del Acuerdo 41 de 2005, en el entendido que los cheques girados o costos y gastos son únicamente los relacionados con los pagos o abonos en cuenta efectuados por el agente retenedor a quienes realicen actividades gravadas con el impuesto de industria y comercio en el municipio de Aguazul y durante el período que éste omitió declarar.

En el mismo numeral, y por las razones ya precisadas, mantendrá la legalidad de la expresión “al diez por ciento (10%) del promedio mensual de costos y gastos que figure en su última declaración de renta y complementarios” del artículo 358 numeral 3º del Decreto 53 de 2003, en el entendido que los costos y gastos de la declaración se relacionen con los ingresos percibidos por el agente retenedor en el municipio de Aguazul. Y, negará la nulidad de las expresiones “al diez por ciento (10%) del promedio mensual de costos y gastos que figure en su última declaración de renta y complementarios en cuanto a los ingresos percibidos en el municipio, el que fuere superior” del artículo 9º numeral 2º del Acuerdo 12 de 2005 y “al diez por ciento (10%) del promedio mensual de costos y gastos que figure en su última declaración de renta y complementarios en cuanto a los ingresos percibidos en el municipio” del artículo 488 numeral 8º del Acuerdo 41 de 2005.

2. Agentes de retención del impuesto de industria y comercio.

El demandante pidió la nulidad de las siguientes expresiones, en las que se fijan los agentes retenedores de ICA en Aguazul:

A. 046/00
art. 520
A. 012/05
art. 18
A. 041/05
art. 88

“(…) “Los sujetos obligados a retener el Impuesto de Industria y Comercio son aquellos que cumplen los requisitos y topes consagrados para ser retenedores del IVA”.

“(…) que se encuentren catalogados como grandes contribuyentes por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN (…)”.

“(…) que se encuentren catalogados como grandes contribuyentes por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN (…)”.

El artículo 520 del Acuerdo 46 de 2000 prevé que son agentes de retención de ICA en Aguazul quienes cumplan los requisitos y topes para ser retenedores de IVA. Por su parte, los artículos 18 del Acuerdo 12 y 88 del Acuerdo 41, ambos de 2005, señalan que son agentes de retención de ICA en el mismo municipio quienes se encuentren catalogados por la DIAN como grandes contribuyentes.

El demandante sostiene que dichas normas vulneran los principios de territorialidad y predeterminación, porque otorgan la calidad de agentes de retención a las personas en mención sin señalar criterio o factor que permita establecer el vínculo que debe existir entre el agente de retención y el municipio.

Por su parte, el demandado afirma que tal relación no es necesaria; que limitar la calidad de agente retenedor solo a los sujetos pasivos del ICA, además de ser un absurdo dejaría sin fuerza el mecanismo de recaudo y que las reglas de la retención suponen el respeto a la estructura del tributo.

Sea lo primero expresar que el agente retenedor es la persona que efectúa el pago o abono en cuenta y a quien la ley expresamente le ha otorgado tal calidad. Así, no puede confundirse la calidad de agente de retención con el de contribuyente del impuesto correspondiente.

También es importante advertir que la fijación de agentes de retención de impuestos locales no es un aspecto sustancial del tributo, pues, la retención en la fuente es una herramienta de procedimiento que “se acompasa con la facultad de administración y recaudo de los tributos según el artículo 287[3] ídem(26), que implica, entre otros, su incorporación al presupuesto municipal de la correspondiente renta, la reglamentación del procedimiento de recaudo, fiscalización, control y ejecución coactiva del impuesto, así como de todos aquellos aspectos relativos a la determinación individual del tributo”(27).

Lo anterior está en “consonancia con el principio de eficiencia de los tributos del artículo 363 constitucional(28), cuyo desarrollo legal está en los artículos 62 de la Ley 55 de 1985(29) incorporado en el artículo 203 del Decreto-Ley 1333 de 1986(30), que faculta a los concejos municipales para expedir los acuerdos que garanticen el efectivo control y recaudo del mencionado impuesto (de industria y comercio), de manera que, “por regla general, los mecanismos de cobro anticipado de los tributos, tales como las retenciones en la fuente o los anticipos, son instrumentos de captación eficiente de recursos, tendientes a obtener abonos a buena cuenta de la obligación tributaria, que facilitan el ingreso permanente de fondos a las arcas públicas, y constituyen además medio de control a la evasión. Dichas herramientas de aceleración de la captación de los tributos unilateralmente impuestos por el Estado, son instrumentos esenciales de los que dependen la capacidad de gestión y ejecución y forman parte de las diferentes medidas que pueden dictar los concejos municipales para “reglamentar su recaudo”(31).

Así, dentro de la reglamentación del procedimiento de recaudo a través del mecanismo de retención en la fuente, se halla la fijación de los sujetos obligados a practicar retenciones en la fuente y a declararlas y pagarlas a la administración tributaria.

En el caso en estudio, la fijación como agentes retenedores de ICA de las personas que cumplan los requisitos y topes para ser agentes de retención de IVA(32) o los catalogados por la DIAN como grandes contribuyentes no implica la determinación de un aspecto sustancial del tributo sino el ejercicio de la facultad legal de los municipios de reglamentar el efectivo recaudo del impuesto de industria y comercio(33).

No obstante, el efectivo recaudo a través del mecanismo de retención en la fuente solo se garantiza si el agente retenedor de ICA tiene algún vínculo con el municipio, pues, las normas del estatuto tributario están concebidas para garantizar el recaudo de tributos de alcance nacional, no local. Además, no es cierto que las reglas de la retención supongan el respeto a la estructura del tributo, pues, tal armonía debe ser explícita.

Por lo anterior, la Sala mantendrá la legalidad de las normas demandadas en el entendido que tanto quienes cumplan los requisitos y topes para ser agentes retenedores de IVA como quienes hayan sido catalogados por la DIAN como grandes contribuyentes serán agentes de retención en Aguazul siempre y cuando efectúen pagos o abonos en cuenta por actividades sujetas al tributo en el citado municipio.

Por lo demás, la ausencia del vínculo del agente retenedor de ICA con el Municipio, traería como consecuencia que todo aquel que la DIAN clasifique como gran contribuyente o que cumpla los requisitos para ser agente retenedor de IVA deba, por ese solo hecho, declarar retenciones en el municipio de Aguazul, así sea en ceros, aunque en el periodo no haya tenido actividad económica alguna en ese territorio, lo que denota que la determinación de los agentes de retención en los términos previstos en las normas demandadas no garantizan el efectivo recaudo del ICA a través del mecanismo de retención en la fuente.

En consecuencia, la Sala revocará el numeral primero de la sentencia apelada. En su lugar, negará la nulidad de la expresión ”Los sujetos obligados a retener el impuesto de industria y comercio son aquellos que cumplen los requisitos y topes para ser retenedores del IVA” del artículo 520 del Acuerdo 46 de 2000; de la expresión “que se encuentren catalogadas como grandes contribuyentes por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN” del artículo 18 numeral 2º del Acuerdo 12 de 2005 y de la expresión “que se encuentren catalogadas como grandes contribuyentes por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN” del artículo 88 numeral 2º del Acuerdo 41 de 2005, en el entendido que los citados sujetos serán agentes de retención en Aguazul siempre y cuando efectúen pagos o abonos en cuenta por actividades sujetas al tributo en el municipio.

3. Sanción por no enviar información.

El actor demandó la nulidad de los apartes que a continuación se transcriben, relacionados con la multa aplicable por no enviar información:

D.053/03
art. 367
A. 012/05
art. 11
A. 041/05
art. 497

“(…) a) Una multa hasta de setecientos cincuenta (750) salarios mínimos mensuales legales vigentes, la cual será fijada teniendo en cuenta los siguientes criterios:
(…) o de los ingresos brutos contenidos en la última declaración del impuesto a la renta y complementarios, o de los ingresos que determine la administración municipal por medios idóneos legalmente vigentes.”






“(…) los ingresos que determine la administración municipal por medios idóneos legalmente vigentes.”

“(…) a) Una multa hasta de setecientos cincuenta (750) salarios mínimos mensuales legales vigentes (…),

“(…) o de los ingresos brutos contenidos en la última declaración del impuesto a la renta y complementarios, o de los ingresos que determine la administración municipal por medios idóneos legalmente vigentes.”

Tanto el artículo 367 literal a) del Decreto 53 de 2003 como el artículo 497 literal a) del Acuerdo 41/05 prevén como sanción por no enviar información una multa de hasta 750 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que fue demandada en esta oportunidad.

Según los citados artículos, cuando no existe base para tasar la sanción o la información carece de cuantía, la multa se calcula con base en los ingresos brutos de la última declaración de renta o los ingresos que determine la Administración municipal por medios idóneos legalmente vigentes. El último criterio en mención fue previsto también en el artículo 11 del Acuerdo 12 de 2005 y los dos criterios expuestos fueron demandados por el actor.

Es de anotar que de acuerdo con las normas acusadas, la sanción por no informar se configura cuando los obligados a suministrar información tributaria del orden municipal o a quienes se les haya pedido informaciones y pruebas, no la suministren dentro de los plazos previstos, la entreguen con errores o no corresponda a lo solicitado.

Las normas se refieren a toda información de carácter tributario del orden municipal, es decir, toda aquella relacionada con los tributos administrados por la entidad territorial. No es cierto, entonces, como lo afirma el demandante, que la sanción solo procede respecto de información relacionada con el impuesto de industria y comercio.

Ahora bien, el actor sostiene que el tope máximo de la sanción y los criterios para su determinación en caso de que la información no tenga cuantía o no sea posible establecerla, desconocen los principios de territorialidad, tipicidad y proporcionalidad de las sanciones tributarias.

El demandado, por su parte, afirma que no se vulneran las disposiciones superiores, porque los actos demandados solo adoptaron al ordenamiento local, la norma correspondiente del estatuto tributario.

En lo que interesa a este asunto, la sanción por no enviar información se halla prevista en el artículo 651 del estatuto tributario, en los términos que siguen:

ART. 651.—Sanción por no enviar información. Las personas y entidades obligadas a suministrar información tributaria así como aquellas a quienes se les haya solicitado informaciones o pruebas, que no la suministren dentro del plazo establecido para ello o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado(34), incurrirán en la siguiente sanción:

a) Una multa hasta de cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000) (valor año base 1992)(35), la cual será fijada teniendo en cuenta los siguientes criterios:

“(...).

Cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la información no tuviere cuantía, hasta del 0.5% de los ingresos netos. Si no existieren ingresos, hasta del 0.5% del patrimonio bruto del contribuyente o declarante, correspondiente al año inmediatamente anterior o última declaración del impuesto sobre la renta o de ingresos y patrimonio.

(…)”.

Al revisar el artículo 651 del estatuto tributario se advierte la similitud existente entre éste y las normas demandadas en cuanto a los hechos que configuran la infracción, toda vez que según el precepto legal, la sanción procede cuando las personas obligadas a suministrar información tributaria y a quienes se les haya solicitado informaciones o pruebas: i) no la suministren dentro del plazo establecido para ello; ii) la suministren con errores y iii) no informen lo solicitado. Las normas locales introducen la expresión “del orden municipal” con lo cual se adecúa la infracción a las competencias territoriales.

En cuanto hace a la multa del literal a) del artículo 651 del estatuto tributario y de los artículos 367 [lit a)] del Decreto 53 de 2003 y 497 [lit a)] del Acuerdo 41 de 2005, se observa que mientras la norma legal fijó el límite máximo de la sanción por no informar en valores absolutos que se actualizaban mediante decreto del Gobierno Nacional, las normas acusadas establecieron la multa en función de los salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Cabe señalar que la Ley 1111 de 2006, artículo 51, adicionó el artículo 868-1 del estatuto tributario, según el cual los valores absolutos contenidos, entre otros, en el artículo 651 del estatuto tributario fueron convertidos a unidades de valor tributario UVT, por lo que a partir del 2007 la sanción por no informar es “Una multa hasta de 15.000 UVT”.

Para determinar si el tope fijado por el ente territorial quebranta la norma superior, se expresará éste en valores absolutos.

Para el 2005, el salario mínimo era de $381.500, según el Decreto 4360 de 2004, por tal razón el límite máximo de la sanción, según la norma municipal, era de $286.125.000, valor correspondiente a los 750 SMMLV. Para ese mismo año, el tope máximo de la sanción prevista en el artículo 651 del estatuto tributario ascendía a $282.326.000, según el Decreto 4344 de 2004.

Nótese que el extremo superior señalado en la disposición territorial supera el consagrado en el artículo 651 del estatuto tributario para los impuestos nacionales, por lo cual se desconoce el principio de legalidad de la sanción. Además, desde la entrada en vigencia de la Ley 788 de 2002, el municipio solo podía disminuir la sanción, no aumentarla.

No obstante, en aras de garantizar que la norma produzca efectos, la Sala negará la nulidad de los artículos 367 [lit a)] del Decreto 53 de 2003 y 497 [lit a)] del Acuerdo 41 de 2005, en el entendido que el tope máximo de la sanción por no enviar información es el previsto en el artículo 651 [lit a)] del estatuto tributario, respecto de los distintos períodos sancionables.

Cabe advertir que cualquiera que sea el parámetro que utilice el ente territorial para fijar el límite máximo de esta sanción, no puede superar el valor equivalente al fijado en el estatuto tributario, antes en valores absolutos, actualizados mediante decreto del Gobierno Nacional, y ahora en UVT.

Por lo anterior, la Sala encuentra ajustados a derecho los fragmentos acusados del literal a) de los artículos 367 del Decreto 53/03 y 497 del Acuerdo 41/05, condicionados a que, en todo caso, el tope máximo de la multa sea el señalado en el literal a) del artículo 651 del estatuto tributario.

En cuanto a los criterios fijados en el inciso tercero del literal a) del artículo 367 del Decreto 53 de 2003, inciso 3º literal a) del artículo 497 del Acuerdo 41/05 y el artículo 11 del Acuerdo 12 de 2005, cuando la información exigida no tiene cuantía o no sea posible establecerla, esto es, el monto de los ingresos brutos contenidos en la última declaración de renta y complementarios o de los ingresos que determine la administración municipal por medios idóneos legalmente vigentes, se advierte que dichos preceptos locales establecen criterios válidos para fijar la sanción por no informar siempre y cuando los ingresos brutos o los que determine la administración sean solo los obtenidos en el municipio de Aguazul, pues, esa es la información relevante para el municipio y, por lo mismo, la que es determinante para fijar la sanción por no informar en dicho lugar.

En ese orden de ideas, la Sala negará la nulidad de los apartes demandados del inciso tercero del literal a) de los artículos 367 del Decreto 53/03 y 497 del Acuerdo 41/05 y la parte final del artículo once del Acuerdo 12/05 transcritos al inicio de este numeral, en el entendido que de los ingresos brutos contenidos en la última declaración del impuesto a la renta y complementarios, o los ingresos que determine la administración municipal por medios idóneos legalmente vigentes son solo los obtenidos en el municipio de Aguazul.

En suma, previa revocatoria del numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia impugnada, negará la nulidad de los artículos 367 [lit a)] del Decreto 53 de 2003 y 497 [lit a)] del Acuerdo 41 de 2005, en el entendido que el tope máximo de la sanción por no enviar información es el previsto en el artículo 651 [lit a)] del estatuto tributario, respecto de los distintos períodos sancionables. Y, también negará la nulidad de los apartes demandados del inciso tercero del literal a) de los artículos 367 del Decreto 53/03 y 497 del Acuerdo 41/05 y la parte final del artículo once del Acuerdo 12/05 transcritos al inicio de este numeral, en el entendido que los ingresos brutos contenidos en la última declaración de renta o los ingresos que determine la Administración municipal por los medios idóneos legalmente vigentes son solamente los obtenidos en el municipio de Aguazul.

4. Reserva de la declaración tributaria.

El actor solicita la nulidad de las siguientes disposiciones, en la parte resaltada:

D.053/03
art. 331
A. 041/05
art. 466

“Art. 331.—Reserva de la declaración. La información tributaria respecto de las bases gravables y la determinación privada de los impuestos que figuren en las declaraciones tributarias, tendrá el carácter de información reservada; por consiguiente, los funcionarios de la administración municipal, junto con los asesores tributarios que sean contratados por la alcaldía, sólo podrán utilizarla para el control, recaudo, determinación, discusión y administración de los impuestos y para efectos de informaciones impersonales de estadística.”.

Art. 466.—Reserva de la declaración. La información tributaria respecto de las bases gravables y la determinación privada de los impuestos que figuren en las declaraciones tributarias, tendrá el carácter de información reservada; por consiguiente, los funcionarios de la administración municipal, junto con los asesores tributarios que sean contratados por la alcaldía, sólo podrán utilizarla para el control, recaudo, determinación, discusión y administración de los impuestos y para efectos de informaciones impersonales de estadística.”.

Sostiene que la expresión cuestionada vulnera el carácter reservado de la información tributaria, porque redujo la garantía del derecho fundamental a la intimidad al delegar la función pública de administrar, controlar y recaudar los tributos del orden municipal en particulares.

El demandado argumenta que las normas locales no infringen la reserva tributaria, pues no delegan funciones. Solo establecen que en los casos en que la administración territorial requiera apoyo en su labor y acuda a particulares, se debe garantizar igualmente ese derecho.

Pues bien, el estatuto tributario establece la reserva de la información contenida en las declaraciones tributarias en los siguientes términos:

“ART. 583.—Reserva de la declaración. La información tributaria respecto de las bases gravables y la determinación privada de los impuestos que figuren en las declaraciones tributarias, tendrá el carácter de información reservada; por consiguiente, los funcionarios de la Dirección General de Impuestos Nacionale0s sólo podrán utilizarla para el control, recaudo, determinación, discusión y administración de los impuestos y para efectos de informaciones impersonales de estadística.

En los procesos penales(36), podrá suministrarse copia de las declaraciones, cuando la correspondiente autoridad lo decrete como prueba en la providencia respectiva.

Conforme con la disposición transcrita, la información suministrada por los contribuyentes, relacionada con las bases gravables y la determinación privada de los impuestos tiene carácter reservado. Por tal razón, los funcionarios de la administración de impuestos sólo están autorizados para emplearla para el control, recaudo, determinación, discusión y administración de los tributos y para datos estadísticos y únicamente por orden judicial podrá suministrar copia del respectivo denuncio tributario.

El derecho a la intimidad goza de protección constitucional, la Corte Constitucional en la Sentencia C-489/95 sostuvo:

El artículo 15 de la Constitución consagra, entre otros, el derecho a la intimidad personal y familiar, y establece una serie de garantías para su protección: (i) el deber del Estado y de los particulares de respetarlo; (ii) la inviolabilidad de la correspondencia y demás formas de comunicación privada, salvo el registro o la interceptación por orden judicial, en los casos y con las formalidades de ley; (iii) la reserva de libros de contabilidad y demás documentos privados, salvo su exigibilidad para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado, “en los términos que señale la ley”.

Destacó que este derecho incluye en su núcleo esencial la esfera económica; y que la intimidad económica “en principio, sólo interesa al individuo, el cual impide a los particulares acceder a la información económica de otro particular. No obstante, dado el deber ciudadano de contribuir al financiamiento de los gastos del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad (C.P., art. 95-9), se justifica el conocimiento de los datos económicos del individuo por parte del Estado, siempre y cuando la injerencia sea proporcionada, esto es, se realice con medios necesarios, adecuados y que produzcan la menor lesión del derecho fundamental”.

En el desarrollo de la función asignada a las autoridades tributarias se debe garantizar la reserva de la información suministrada por los declarantes, pues, hace parte del derecho a la intimidad económica de carácter constitucional fundamental que el Estado debe garantizar.

Revisado el texto completo de las normas locales acusadas, se advierte que la autoridad local no delegó ninguna función en los asesores tributarios. La disposición acusada se limita a reconocer el carácter reservado de la información tributaria en los términos de la norma superior, pues, prevé que los datos declarados solo pueden ser utilizados para el control, recaudo, determinación, discusión y administración de los impuestos y para asuntos estadísticos, restricción que afecta tanto a los funcionarios municipales como a los asesores contratados por la administración local para los asuntos tributarios.

En consecuencia, la Sala no encuentra que las normas demandadas desconozcan el artículo 538 del estatuto tributario, motivo por el cual confirmará el numeral cuarto de la parte resolutiva de la providencia apelada, que había negado las pretensiones de la demanda respecto de esta norma.

En síntesis, se modificará la parte resolutiva de la sentencia apelada, en los siguientes términos:

(i) Se revoca el numeral primero y, en su lugar, se dispone:

—Negar la nulidad de la expresión ”Los sujetos obligados a retener el impuesto de industria y comercio son aquellos que cumplen los requisitos y topes para ser retenedores del IVA” del artículo 520 del Acuerdo 46 de 2000; de la expresión “que se encuentren catalogadas como grandes contribuyentes por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN” del artículo 18 numeral 2º del Acuerdo 12 de 2005 y de la expresión “que se encuentren catalogadas como grandes contribuyentes por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN” del artículo 88 numeral 2º del Acuerdo 41 de 2005, en el entendido que los citados sujetos serán agentes de retención en Aguazul siempre y cuando efectúen pagos o abonos en cuenta por actividades sujetas al tributo en el municipio.

— Negar la nulidad de los artículos 367 [lit a)] del Decreto 53 de 2003 y 497 [lit a)] del Acuerdo 41 de 2005, en el entendido que el tope máximo de la sanción por no enviar información es el previsto en el artículo 651 [lit a)] del estatuto tributario, respecto de los distintos períodos sancionables.

— Negar la nulidad de los apartes demandados del inciso tercero del literal a) de los artículos 367 del Decreto 53/03 y 497 del Acuerdo 41/05 y del artículo once del Acuerdo 12/05, en el entendido que los ingresos brutos contenidos en la última declaración de renta y complementarios y los ingresos que determine la administración municipal por medios idóneos legalmente vigentes, son solo los obtenidos en el municipio de Aguazul.

(ii) Se modifica el numeral segundo de la parte resolutiva de la providencia apelada. En su lugar, dispone:

— Negar la nulidad de la expresión “al diez por ciento (10%) de los cheques girados o costos y gastos” del artículo 367 Nº 2 del Acuerdo 46 de 2000; de la expresión “al diez por ciento (10%) de los cheques girados o costos y gastos” del artículo 358 Nº 3 del Decreto 53 de 2003; de la expresión “al diez (10%) de los cheques girados o costos y gastos de quien persiste en su incumplimiento” del 9 numeral 2º del Acuerdo 12 de 2005 y de la expresión “al diez por ciento (10%) de los cheques girados o costos y gastos” del artículo 488 numeral 8º del Acuerdo 41 de 2005, en el entendido que los cheques girados o costos y gastos son únicamente los relacionados con los pagos o abonos en cuenta efectuados por el agente retenedor a quienes realicen actividades gravadas con el impuesto de industria y comercio en el municipio de Aguazul y durante el período que éste omitió declarar.

Negar la nulidad de la expresión “al diez por ciento (10%) del promedio mensual de costos y gastos que figure en su última declaración de renta y complementarios” del artículo 358 numeral 3º del Decreto 53 de 2003, en el entendido que los costos y gastos de la declaración se relacionen con los ingresos percibidos por el agente retenedor en el municipio de Aguazul.

Negar la nulidad de las expresiones “al diez por ciento (10%) del promedio mensual de costos y gastos que figure en su última declaración de renta y complementarios en cuanto a los ingresos percibidos en el municipio, el que fuere superior” del artículo 9º numeral 2º del Acuerdo 12 de 2005 y “al diez por ciento (10%) del promedio mensual de costos y gastos que figure en su última declaración de renta y complementarios en cuanto a los ingresos percibidos en el municipio” del artículo 488 numeral 8º del Acuerdo 41 de 2005.

(iii) Se confirman los numerales tercero y cuarto de la parte resolutiva de la sentencia apelada, por las razones expuestas en esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

MODIFÍCASE la sentencia apelada. En su lugar, dispone:

1. REVÓCASEel numeral primero, el cual quedará así:

Primero: ( i) NIÉGASE la nulidad de la expresión ”Los sujetos obligados a retener el impuesto de industria y comercio son aquellos que cumplen los requisitos y topes para ser retenedores del IVA” del artículo 520 del Acuerdo 46 de 2000; de la expresión “que se encuentren catalogadas como grandes contribuyentes por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN” del artículo 18 numeral 2º del Acuerdo 12 de 2005 y de la expresión “que se encuentren catalogadas como grandes contribuyentes por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN” del artículo 88 numeral 2º del Acuerdo 41 de 2005, en el entendido que los citados sujetos serán agentes de retención en Aguazul siempre y cuando efectúen pagos o abonos en cuenta por actividades sujetas al tributo en el municipio.

(ii) NIÉGASE la nulidad de la expresión acusada del artículo 367 [lit a)] del Decreto 53 de 2003 y del artículo 497 [lit a)] del Acuerdo 41 de 2005, en el entendido que el tope máximo de la sanción por no enviar información es el previsto en el artículo 651 [lit a)] del estatuto tributario, respecto de los distintos períodos sancionables.

(iii) NIÉGASE la nulidad de los apartes demandados del inciso tercero del literal a) del artículo 367 del Decreto 53/03; del inciso tercero literal a) del artículo 497 del Acuerdo 41/05 y del artículo once del Acuerdo 12/05, en el entendido que los ingresos brutos contenidos en la última declaración de renta y complementarios a que se refieren el literal a) del artículo 367 del Decreto 353 de 2003 y el literal a) del artículo 497 del Acuerdo 41 de 2005 y los ingresos que determine la administración municipal por medios idóneos legalmente vigentes, a que se refieren las dos normas en mención y el artículo11 del Acuerdo 12 de 2005 son solo los obtenidos en el municipio de Aguazul.

2. MODIFÍCASE el numeral segundo, el cual quedará así:

Segundo: (i) NIÉGASE la nulidad de la expresión “al diez por ciento (10%) de los cheques girados o costos y gastos” del artículo 367 Nº 2 del Acuerdo 46 de 2000; de la expresión “al diez por ciento (10%) de los cheques girados o costos y gastos” del artículo 358 Nº 3 del Decreto 53 de 2003; de la expresión “al diez (10%) de los cheques girados o costos y gastos de quien persiste en su incumplimiento” del 9º numeral 2º del Acuerdo 12 de 2005 y de la expresión “al diez por ciento (10%) de los cheques girados o costos y gastos” del artículo 488 numeral 8º del Acuerdo 41 de 2005, en el entendido que los cheques girados o costos y gastos son únicamente los relacionados con los pagos o abonos en cuenta efectuados por el agente retenedor a quienes realicen actividades gravadas con el impuesto de industria y comercio en el municipio de Aguazul y durante el período que éste omitió declarar.

(ii) NIÉGASE la nulidad de la expresión “al diez por ciento (10%) del promedio mensual de costos y gastos que figure en su última declaración de renta y complementarios” del artículo 358 numeral 3º del Decreto 53 de 2003, en el entendido que los costos y gastos de la declaración se relacionen con los ingresos percibidos por el agente retenedor en el municipio de Aguazul.

(iii) NIÉGASE la nulidad de las expresiones “al diez por ciento (10%) del promedio mensual de costos y gastos que figure en su última declaración de renta y complementarios en cuanto a los ingresos percibidos en el municipio, el que fuere superior” del artículo 9º numeral 2º del Acuerdo 12 de 2005 y “al diez por ciento (10%) del promedio mensual de costos y gastos que figure en su última declaración de renta y complementarios en cuanto a los ingresos percibidos en el municipio” del artículo 488 numeral 8º del Acuerdo 41 de 2005.

Tercero: CONFÍRMASE el numeral tercero, por las razones expuestas en esta providencia.

Cuarto: CONFÍRMASE el numeral cuarto, por las razones expuestas en esta providencia.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha».

(4) Fl. 706 y s.s.

(5) Mediante auto del 2 de febrero de 2007, expediente 2004-02177-02, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en Sala Unitaria, declaró desierto el recurso de apelación y, en consecuencia, en firme ejecutoriada la sentencia del 21 de septiembre de 2006 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare (Cfr. Fl. 717).

(6) Fl. 661 y s.s.

(7) Mediante auto del 13 de junio de 2007, expediente 2004-02080-02, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en Sala Unitaria, declaró desierto el recurso de apelación y, en consecuencia, en firme y ejecutoriada la sentencia del 21 de septiembre de 2006 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare (Cfr. Fl. 682).

(8) “Artículo 44. Periodo gravable. Por periodo gravable se entiende el tiempo dentro del cual se causa la obligación tributaria del Impuesto de Industria y Comercio [siendo bimestral]”. La expresión entre corchetes fue anulada.

(9) “Artículo 46. Base gravable. Los Impuestos de Industria y Comercio, Avisos y Tableros [correspondientes a cada bimestre], se “liquidaran” con base en los ingresos brutos del contribuyente obtenidos durante el periodo”. La expresión entre corchetes fue anulada.

(10) “Artículo 45. Periodo gravable. Por periodo gravable se entiende el tiempo dentro del cual se causa la obligación tributaria del Impuesto de Industria y Comercio, [siendo bimestral para el régimen común] y anual para el régimen simplificado”. La expresión entre corchetes fue anulada.

(11) “Art. 308.—Notificación por correo. La notificación por correo se practicará mediante el envío de una copia del acto correspondiente a la dirección informada por el contribuyente, responsable, retenedor o declarante, o a la establecida por la tesorería general, según el caso, [y se entenderá surtida en la fecha de introducción al correo]”. La expresión entre corchetes fue anulada.

(12) Constitución Política artículos 1º, 287-3, 300-4, 313-4 y 338.

(13) En este sentido, la Sala rectificó la jurisprudencia sobre la materia en sentencia de 9 de julio de 2009, Exp. 16544, criterio reiterado entre otras providencias, en sentencias de 18 de marzo de 2010, Exp. 17438, de 23 de junio de 2011, Exp. 17526 y de 15 de marzo de 2012, Exp. 18469.

(14) Sentencia de noviembre 10 de 2000, expediente 10870, Consejero Ponente: Juan Ángel Palacio Hincapié.

(15) Sentencia de 29 de septiembre de 2005, expediente 14562, C.P. Dra. María Inés Ortiz Barbosa.

(16) Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-232/98, M.P. Hernando Herrera Vergara.

(17) Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-1114/03, M.P. doctor Jaime Córdoba Triviño.

(18) Ibídem.

(19) Cfr. Acuerdo 46/00, fls. 224 y ss.

(20) Cfr. Decreto 53/03, fls. 403 y s.s.

(21) Cfr. Acuerdo 12/05, fls. 217 y s.s.

(22) Cfr. Acuerdo 41/05, fls. 25 y s.s.

(23) Sobre la procedencia del control de legalidad de actos administrativos generales derogados, ver, entre muchas sentencias, la de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de 14 de enero de 1991, expediente S - 157, C.P. Carlos Gustavo Arrieta Padilla, reiterada, entre otras, en fallos de Sala Plena Contenciosa de 6 de marzo de 1991, expediente S - 148, C.P Jaime Abella Zárate y de 23 de julio de 1996, expediente S-612, C.P. Juan Alberto Polo Figueroa. En la Sección Cuarta, ver, entre otras, las sentencias de 5 de mayo de 2003, expediente 13080, C.P. María Inés Ortiz Barbosa; de 9 de noviembre de 2006, exp 14711 C.P. Héctor J. Romero Díaz; de 12 de abril de 2012, exp 18238, C.P. William Giraldo Giraldo y de 31 de mayo de 2012, exp 17414. C.P. doctor Hugo Fernando Bastidas.

(24) El aparte subrayado fue declarado exequible mediante Sentencia C-506/02, M.P. doctor. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(25) El Acuerdo 46 de 2000 previó el sistema de retención en la fuente a título del impuesto de industria y comercio en los artículos 521 a 535.

(26) “Artículo 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos:

(…).

3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones”.

(27) Sentencia de 1º de marzo de 2012 exp 18814.

(28) Artículo 363. El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. Las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad.

(29) Artículo 62. Para efectos de la correcta liquidación y pago del impuesto de industria y comercio, los concejos municipales expedirán los acuerdos que garantice el efectivo control y recaudo del mencionado impuesto.

(30) Artículo 203. Para efectos de la correcta liquidación y pago del impuesto de industria y comercio, los concejos municipales expedirán los acuerdos que garanticen el efectivo control y recaudo del mencionado impuesto.

(31) Sentencia de 22 de noviembre de 1996 exp. 8005, C.P. Julio Enrique Correa Restrepo, reiterada en sentencia de 1º de marzo de 2012, exp 18814.

(32) El artículo 437-2 del estatuto tributario regula los agentes retenedores de IVA en los siguientes términos:

“ART. 437-2—Agentes de retención en el impuesto sobre las ventas. “Artículo adicionado por el artículo 9º de la Ley 223 de 1995. El nuevo texto es el siguiente:” Actuarán como agentes retenedores del impuesto sobre las ventas en la adquisición de bienes y servicios gravados:

1. Las siguientes entidades estatales:

La Nación, los departamentos, el distrito capital, y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y directas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles y en general los organismos o dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos.

2. “Numeral modificado por el artículo 49 de la Ley 488 de 1998. El nuevo texto es el siguiente:” Quienes se encuentren catalogados como grandes contribuyentes por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, sean o no responsables del IVA, y los que mediante resolución de la DIAN se designen como agentes de retención en el impuesto sobre las ventas.

3) Quienes contraten con personas o entidades sin residencia o domicilio en el país la prestación de servicios gravados en el territorio Nacional, con relación a los mismos.

4) Los responsables del régimen común, cuando adquieran bienes corporales muebles o servicios gravados, de personas que pertenezcan al régimen simplificado.

5) “Numeral adicionado por el artículo 25 de la Ley 633 de 2000. El nuevo texto es el siguiente:” Las entidades emisoras de tarjetas crédito y débito y sus asociaciones, en el momento del correspondiente pago o abono en cuenta a las personas o establecimientos afiliados. El valor del impuesto no hará parte de la base para determinar las comisiones percibidas por la utilización de las tarjetas débito y crédito.

Cuando los pagos o abonos en cuenta en favor de las personas o establecimientos afiliados a los sistemas de tarjetas de crédito o débito, se realicen por intermedio de las entidades adquirentes o pagadoras, la retención en la fuente deberá ser practicada por dichas entidades.

6. “Numeral adicionado por el artículo 93 de la Ley 788 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:” La Unidad Administrativa de Aeronáutica Civil, por el 100% del impuesto sobre las ventas que se cause en la venta de aerodinos.

7. “Numeral adicionado por el artículo 13 de la Ley 1430 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:” Los responsables del régimen común proveedores de sociedades de comercialización internacional cuando adquieran bienes corporales muebles o servicios gravados de personas que pertenezcan al régimen común, distintos de los agentes de retención mencionados en los numerales 1º y 2º, o cuando el pago se realice a través de sistemas de tarjeta débito o crédito, o a través de entidades financieras en los términos del artículo 376-1 de este estatuto”.

(33) Artículo 203 del Decreto 1333 de 1986, que es ley en sentido material.

(34) Aparte subrayado fue declarado condicionalmente exequible por Sentencia C-160/98, providencia que resolvió: “decláranse EXEQUIBILES, las expresiones "o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado", contenida en el inciso primero del artículo 651 del estatuto tributario, y "se suministró en forma errónea" contenida en el literal a), del mismo artículo, en el entendido de que el error o la información que no fue suministrada, genere daño, y que la sanción sea proporcional al daño producido”.

(35) A partir del año gravable 2007, las cifras en valores absolutos fueron ajustadas en términos de UVT (Ley 1111/06, art. 51). El texto con los valores ajustados quedó “Una multa hasta de 15.000 UVT, la cual será fijada teniendo en cuenta los siguientes criterios:”

(36) La palabra subrayada fue declarada exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-489/95, “bajo el entendido de que la ley podrá en cualquier momento disponer el levantamiento de la reserva de la declaración tributaria en otros procesos judiciales”.