Sentencia 2007-00065 de marzo 22 de 2013

 

Sentencia 2007-00065 de marzo 22 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 66001 23 31 000 2007-00065 01 [18864]

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Actor: Rubén Botero Jaramillo y otros

Demandado: Municipio de Pereira

Contribución de valorización - 2005

Bogotá D.C., veintidós de marzo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

La Sala decide sobre la legalidad de los actos acusados que asignaron y liquidaron la contribución de valorización por el plan de obras 2005-2007 al predio “La Palmerita”.

En concreto, precisa (i) si el error en el nombre del contribuyente afectó la validez de los actos demandados e impidió a los demandantes ejercer el derecho de defensa, y, (ii) si hay lugar a analizar que para la aplicación del factor beneficio debe tenerse en cuenta si el inmueble sujeto al gravamen pertenece a uno o a varios propietarios.

1. Error en el sujeto pasivo de la contribución.

Los demandantes alegan que los actos acusados se expidieron a cargo de quien no es el verdadero sujeto pasivo de la contribución y que no se notificaron a los propietarios del predio. Por ello, la administración desconoció el debido proceso y su derecho de defensa.

El artículo 1º del Decreto 1604 de 1966 señala que “El impuesto de valorización, establecido por el artículo 3º de la Ley 25 de 1921 como una “contribución sobre las propiedades raíces que se beneficien con la ejecución de obras de interés público local”, se hace extensivo a todas las obras de interés público que ejecuten la Nación, los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los municipios o cualquiera otra entidad de derecho público y que beneficien a la propiedad inmueble, y en adelante se denominará exclusivamente contribución de valorización”.

Por su parte, el artículo 1º del Acuerdo 122 de 1998, “Por el cual se adopta el estatuto de la contribución de valorización para el municipio de Pereira”, prevé que la contribución de valorización es un gravamen real sobre la propiedad raíz para la financiación total o parcial de una inversión en proyectos de interés público, “que se cobra a los propietarios y poseedores de aquellos inmuebles que recibieron, reciben o han de recibir un beneficio económico con la ejecución de los mismos”.

El artículo 2º ibídem precisa que el hecho generador es “el beneficio específico o diferencial que la propiedad inmueble recibe con motivo de la construcción de una obra pública de interés general”.

Y, el artículo 6º del Acuerdo 122 de 1998 del Concejo Municipal de Pereira “Por el cual se adopta el estatuto de la contribución de valorización para el municipio de Pereira”, dispone que el sujeto pasivo de la contribución de valorización “es la persona sobre la cual la ley hace recaer la obligación de pago frente a la entidad pública que la ley constituye como deudora de la misma, previa la existencia de los correspondientes presupuestos jurídicos”(4).

A su vez, el artículo 2º del Acuerdo 12 de 2005 “Por medio del cual se ordena la ejecución de unas obras mediante el sistema de la contribución de valorización” señaló que los sujetos pasivos de la contribución de valorización por el plan de obras 2005-2007 son “todos los propietarios y/o poseedores de predios ubicados dentro de la zona de citación a describir a continuación (...)”.

De conformidad con el artículo 1º del Decreto 1604 de 1966, en concordancia con los artículos 1º y 2º del Acuerdo 122 de 1998, la contribución de valorización es un tributo de carácter real que grava el beneficio que obtienen los inmuebles por la construcción de obras de interés general.

Los tributos de carácter real gravan la “situación o acto de riqueza”, sin que sean determinantes las características o cualidades del sujeto pasivo(5). En el caso específico de la contribución de valorización, la “situación o acto de riqueza” es el beneficio que obtiene el bien como consecuencia de la construcción de una obra y el sujeto pasivo es el propietario, independientemente de la persona que sea o de las cualidades específicas que tenga. Entonces, aunque el propietario asuma la carga fiscal, no interviene en la ejecución del hecho generador.

Mediante Resolución 1268 de 14 de julio de 2006, el alcalde de Pereira distribuyó la contribución de valorización por la construcción del plan de obras 2005-2007 y señaló el gravamen que correspondía al predio “La Palmerita”, de propiedad de Raúl Botero Macía, y a los demás inmuebles ubicados en la zona de influencia(6).

En el certificado de tradición expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira se advierte que, para el año 2006, los propietarios del predio “La Palmerita” eran Rubén, Julián y José Guillermo Botero Jaramillo y Clara Luz Jaramillo de Botero(7). Los hermanos Botero Jaramillo adquirieron parte del predio por venta hecha por Raúl Botero Macía mediante escritura pública del 3 de mayo de 2005, inscrita en el registro inmobiliario el 10 de junio de 2005.

Por su parte, la señora Clara Luz Jaramillo de Botero adquirió la otra parte del bien como consecuencia de la liquidación de la sociedad conyugal con Raúl Botero Macía, por escritura del 14 de junio de 2005, registrada el 17 del mismo mes.

A su vez, en el registro de defunción se observa que Raúl Botero Macía falleció en el 21 de junio de 2005(8).

El 16 de agosto de 2006, Rubén Botero Jaramillo, como copropietario del predio en mención, interpuso recurso de reposición,(9) y por Resolución 1991 del 3 de noviembre de 2006, el municipio confirmó el acto impugnado(10).

De acuerdo con las pruebas, es cierto que para el 14 de julio de 2006, fecha en que se liquidó la contribución de valorización, Raúl Botero Macía no era ya propietario ni poseedor del predio “La Palmerita”, y, que, en consecuencia, no era sujeto pasivo del gravamen.

Sin embargo, el error en la denominación del sujeto pasivo no afecta la validez de los actos de asignación y liquidación de la contribución, ya que, en últimas, el obligado a asumir la carga fiscal será siempre el propietario del bien, no la persona específica que en ellos se indique.

A lo anterior se añade que, de conformidad con el artículo 51 del Acuerdo 122 de 1998, modificado por el artículo 2º del Acuerdo 12 de 2002,(11) el censo que contiene los datos de los propietarios y poseedores de los predios de la zona de influencia se elabora con fundamento en la información actualizada del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, o la base de datos del impuesto predial que tenga el municipio de Pereira.

Con fundamento en las anteriores normas, en la Resolución 1991 de 3 de noviembre de 2006, el municipio reconoció que para el estudio y reparto de la contribución de valorización utilizó la base de datos del impuesto predial, que a su vez recoge la información reportada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi(12).

Además, en el dictamen pericial consta que Raúl Botero Macía figuró como propietario del inmueble hasta el 1º de enero de 2009, fecha en que entró en vigencia el proceso de actualización catastral que se realizó en el 2008(13). Por ello, es comprensible que la administración, en cumplimiento de las normas locales vigentes, fijara como sujeto pasivo del tributo al citado señor.

Y, aunque con ocasión del recurso de reposición, Rubén Botero Jaramillo anexó un certificado de libertad y alegó su calidad de propietario, el municipio reconoció su calidad de tal, pues, tramitó y resolvió la impugnación, lo que significa que le garantizó su derecho de defensa.

Cabe precisar que en razón del carácter real de la contribución, el artículo 60 del Acuerdo 122 de 1998 señala que el error en el nombre o identidad del obligado a pagar la contribución (sujeto pasivo) “no afecta la validez de la misma”.

Adicionalmente, en este caso, el error en la designación del sujeto pasivo no desconoció el derecho al debido proceso y a la propiedad privada de los actuales propietarios del inmueble.

En efecto, el artículo 61 del Acuerdo 122 de 1998(14) dispone que la resolución de distribución de la contribución de valorización se notifique personalmente al propietario, poseedor o a su representante, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su expedición, y, en el evento de que no se pueda llevar a cabo la diligencia dentro de este término, el artículo 62 ibídem, modificado por el artículo 2º del Acuerdo 15 de 2002,(15) ordena que la notificación se practique por edicto.

En el expediente no se evidencia que el demandado hubiera seguido el procedimiento previsto en las normas en comentario para notificar la Resolución 1268 de 2006 a los demandantes de manera personal. Sin embargo, se notificó por edicto fijado el 15 de agosto y desfijado el 29 de agosto de 2006(16).

Adicionalmente, Rubén Botero Jaramillo, copropietario de “La Palmerita”, en escrito del 14 de agosto de 2006 manifestó que “por ser parte interesada” se daba por enterado de la Resolución “1263” del 14 de julio del mismo año e interpuso recurso de reposición, que la administración resolvió mediante Resolución 1991 del 3 de noviembre de 2006.

Así pues, el 14 de agosto de 2006(17) Rubén Botero Jaramillo se notificó por conducta concluyente de la Resolución 1268 de 2006 y dicha notificación produjo todos los efectos legales, pues, se insiste, este interpuso el recurso que procedía, precisamente invocando su calidad de “propietario” del predio “La Palmerita”.

Frente a los restantes propietarios, Julián y José Guillermo Botero Jaramillo y Clara Luz Jaramillo de Botero, ocurrió algo semejante, ya que si bien no manifestaron expresamente que se daban por enterados del acto, ni lo impugnaron en vía gubernativa, las diferentes afirmaciones que efectuaron a lo largo del proceso permiten inferir que lo conocieron con antelación.

Así, en la demanda, los actores afirmaron que tuvieron noticia de la existencia del acto administrativo cuando recibieron la factura de cobro de la contribución de valorización”(18). Y, en el recurso de apelación, expresaron que llegaron a tener conocimiento de la existencia del acto particular cuando lo enviaron a Raúl Botero Macía, para su notificación(19).

A partir del momento en que conocieron la Resolución 1268 de 2006 tenían dos opciones: interponer el recurso de reposición dentro de los cinco días siguientes o demandar directamente el acto, dado que el recurso de reposición no es obligatorio para agotar la vía gubernativa(20).

Julián y José Guillermo Botero Jaramillo y Clara Luz Jaramillo de Botero optaron por demandar directamente el acto, para lo cual actuaron en compañía de Rubén Botero Jaramillo, de modo que la administración no les impidió ejercer el derecho de defensa; sencillamente, a diferencia de Rubén Botero Jaramillo, decidieron cuestionar el acto directamente en instancia judicial.

Finalmente, la Sala reitera que la falta de notificación o la notificación irregular no invalidan el acto administrativo. Simplemente impiden que produzca efectos o que sea oponible a los interesados. No obstante, como los demandantes conocieron los actos de distribución de la contribución de valorización y expresamente lo reconocieron, dichos actos producen efectos legales y son oponibles a estos.

En este orden de ideas, las actuaciones del municipio de Pereira no desconocieron el derecho al debido proceso de los demandantes, y, por consiguiente, no procede la anulación de los actos acusados.

2. Procedencia del análisis sobre si para la aplicación del factor beneficio debe tenerse en cuenta si el inmueble sujeto al gravamen pertenece a uno o a varios propietarios.

En el recurso de apelación, los demandantes argumentaron que el método de factores de beneficio no se aplicó en debida forma porque no se tuvo en cuenta que el predio es de varios propietarios y que cada uno tiene un derecho de cuota sobre el predio.

De acuerdo con el artículo 350 del Código de Procedimiento Civil, la finalidad del recurso de apelación es que el superior revise el fallo de primera instancia, para que lo confirme, modifique o revoque.

La decisión en segunda instancia está enmarcada por la sentencia y el recurso de apelación, ya que los motivos de inconformidad del apelante limitan el examen que debe realizar el ad quem, sin que tenga la libertad de suponer otros argumentos que, a su juicio, debieron ser invocados contra la decisión de primera instancia.

Así, el recurso de apelación no constituye una oportunidad para plantear aspectos ajenos al debate y que no fueron estudiados en la sentencia recurrida. Tampoco es el momento para adicionar o corregir la demanda(21).

Si en segunda instancia se analizaran los argumentos nuevos del apelante, se desconocería el deber de lealtad que debe existir entre las partes, el debido proceso y el derecho de defensa de la contraparte que ha participado en el proceso para defender la legalidad de su actuación(22).

Ahora bien, en la demanda, la parte actora alegó que en los actos acusados no se aplicó en debida forma el método de los factores de beneficio, porque no se consideraron los factores beneficio-distancia; beneficio-uso-topografía-calidad y beneficio-ríos-quebradas-bosques, pues, en esencia, el inmueble se encuentra en una zona que dista mucho de las obras y no se tuvieron en cuenta las condiciones especiales del predio.

El a quo determinó que la contribución liquidada a cargo de los demandantes, por estar sustentada en estudios técnicos, se ajustó a derecho.

Como se advierte, en el recurso de apelación la actora introdujo nuevos argumentos para sustentar el cargo relativo a la indebida utilización del método de los factores de beneficio y, a su vez, no controvirtió la decisión que el a-quo adoptó frente a este tema.

Toda vez que los demandantes cuestionaron la decisión del tribunal con argumentos que no hacen parte del debate jurídico iniciado con la demanda, y que dichos argumentos no pueden ser analizados porque, como se dijo, ello constituiría violación del debido proceso del demandado, no procede analizar el cargo planteado en el recurso.

Finalmente, en la apelación, los demandantes solicitaron la inaplicación del acuerdo municipal por violación del derecho a la igualdad y el principio de equidad, pero no precisaron a qué acuerdo se refieren, ni las razones que fundamentan su petición. Por ello, se desestima el cargo.

Los motivos expuestos son suficientes para confirmar la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

RECONÓCESE a Adriana María Vega Montoya como apoderada del demandado, en los términos y para los efectos del poder conferido (fl. 94, cdno. ppal.).

Cópiese, notifíquese, comuníquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

(4) Folio 26 del cuaderno de pruebas 2.

(5) Camacho Montoya, Álvaro Eduardo. Tributos sobre la propiedad raíz en Colombia. Bogotá D.C. Legis S.A., 1997. Página 37.

(6) Folios 103 a 119 del cuaderno de pruebas 2.

(7) Folios 130 y 131 cuaderno principal.

(8) Folio 1 del cuaderno de pruebas 2.

(9) Folios 5 a 11, cuaderno principal.

(10) Folios 12 a 17, cuaderno principal.

(11) Acuerdo 15 de 2002. ART. 2º—“El artículo 51 parágrafo 1º quedará así: “La base de los datos para la elaboración del censo deberá contener la información actualizada del IGAC de acuerdo a lo dispuesto en le Ley 14 de 1983 y normas que la modifiquen o adicionen. Así mismo, podrá utilizarse la base de datos del impuesto predial que tenga la Secretaría de Hacienda del municipio de Pereira, previa actualización por parte del municipio o la secretaría autorizada”.

(12) Folio 14, cuaderno principal.

(13) Folio 11 del cuaderno del dictamen pericial.

(14) Acuerdo 122 de 1998. ART. 61.—“Notificación de la resolución de distribución. La resolución de distribución de una contribución de valorización se notificará personalmente al propietario, poseedor o a su representante, a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su expedición. Dicha notificación se hará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo”.

(15) Acuerdo 12 de 2002. ART. 2º—“(...) El artículo 62 quedará así: “Notificación por edicto. Si no se pudiere hacer la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, se fijará edicto en lugar público del municipio o la secretaría autorizada, por el término de diez (10) días hábiles. Vencido dicho término se entenderá surtida la notificación”.

(16) Folios 120 a 122 del cuaderno de pruebas 2.

(17) Folio 5, cuaderno principal.

(18) Folio 29, cuaderno principal.

(19) Folios 152 y 153, cuaderno principal.

(20) Código Contencioso Administrativo, artículo 51.

(21) Artículo 208 del Código Contencioso Administrativo

(22) Sentencia del 30 de abril de 2009, Expediente 16225.