Sentencia 2007-00067 de julio 15 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION CUARTA

Rad.: 25000-23-27-000-2007-00067-01(17387)

Consejero Ponente:

Dr. William Giraldo Giraldo

Actor: Marco Montenegro y Asociados Ltda.

Demandado: Administración Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales de las personas jurídicas de Bogotá

Fallo

Bogotá, D.C., quince de julio de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Previamente a formularlas, es del caso anotar que al momento de estudiar la Sala este proyecto la Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez manifestó un impedimento, que no fue aceptado(7).

Se decide en esta instancia sobre las pretensiones relacionadas con los actos administrativos por medio de los cuales la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Administración Especial de personas jurídicas de Bogotá, D.C., negó la prosperidad de las excepciones de “pago efectivo” e “incompetencia del funcionario”, propuestas por la Sociedad Marco Montenegro y Asociados Ltda., dentro del proceso administrativo de cobro coactivo adelantado en su contra por concepto de retención en la fuente por los años gravables 2001 a 2004.

Según el apelante, conforme a la Resolución 00140 del 27 de julio de 2005, de la Administración Especial de las personas jurídicas de Bogotá, se demostró que por los periodos 7 de 2001; 11 de 2002; 2, 3 y 4 de 2003; 7,8,9,10,11 y 12 de 2004; y 1,2,4 y 5 de 2005, la sociedad no adeuda los impuestos ni las sanciones correspondientes a tales periodos, contrario a lo que se dijo en el mandamiento que se impugna, de tal forma que si se restan del saldo nuevo de $ 154.199.000, los valores pagados en cuantía de $ 80.764.000, daría como saldo parcial la suma de $ 73.435.000.

Observa la Sala que la demandante repitió los argumentos planteados en la demanda respecto al pago de las citadas deudas, sin aportar las pruebas necesarias para demostrar su dicho. Se limitó a remitirse sin ningún análisis ni estudio, al aludido acto administrativo, contentivo de errores que pretendió aprovechar.

Para refutar su dicho, en los folios 82 a 96 del cuaderno principal se observan los estados de cuenta proferidos por la DIAN, en los que se reflejan los saldos pendientes de pago incluidos dentro del mandamiento de pago objeto de discusión.

Contrario a lo señalado por el demandante, y acorde con lo expresado por el a quo, si bien la DIAN le confirió a la accionante una facilidad de pago mediante Resolución 0266 del 22 de octubre de 2002, esta la incumplió, razón por la cual mediante la Resolución 00140 del 27 de julio de 2005 la administración tributaria dejó sin efecto la facilidad otorgada.

La apelante alegó que teniendo en cuenta la facilidad de pago otorgada mediante Resolución 266 del 22 de octubre de 2002 y lo resuelto en la Resolución 140 del 27 de julio de 2005, ya canceló los siguientes periodos:

ConceptoAñoPeriodoSanciónImpuestoInterés
Retefuente20017180.000282.0000
Retefuente200211180.000662.0000
Retefuente20032180.00071.0000
Retefuente20034180.000186.0000
Retefuente2004704.180.0000
Retefuente2004804.771.0000
Retefuente2004905.066.0000
Retefuente20041007.372.0000
Retefuente20041108.063.0000
Retefuente200412014.844.0000
Retefuente2005108.630.0000
Retefuente2005206.552.0000
Retefuente2005307.119.0000
Retefuente2005405.907.0000
Retefuente2005507.059.0000
Total   $ 80.764.000 

 

Observa la Sala que estos valores no fueron objeto de la facilidad de pago otorgada mediante la Resolución 266 del 22 de octubre de 2002, sino que fueron incluidos por error de la administración en la Resolución 140 del 27 de julio de 2005, equivocación que no otorga el derecho al contribuyente de descontar tales rubros del mandamiento de pago, toda vez que, como quedó anotado, no existe prueba de su pago efectivo, y los citados estados de cuenta no fueron desvirtuados por la sociedad demandante. Por tal razón, y de acuerdo a lo señalado por el a quo: “... mal haría esta corporación en tomar en cuenta los argumentos de la parte actora, ya que no existe en el expediente prueba de que se hubiera extinguido la obligación, ya hubiese sido por pago, o compensación, entre otros”.

Verificado el incumplimiento de la facilidad de pago otorgada, la administración estaba facultada para continuar con el proceso de cobro conforme al artículo 814-3 del estatuto tributario. En consecuencia, no prospera el cargo.

Respecto a la alegada incompetencia del funcionario que suscribió el mandamiento de pago, observa la Sala que, según el demandante, conforme al artículo 209 de la Constitución Política, la administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale expresamente la ley. No obstante la exigencia de desarrollar el mandato constitucional de delegación a través de una ley, se efectuó mediante el Decreto 1071 de 1997 (art. 40).

El apelante señaló: “La irregularidad descrita, radica en que la delegación de funciones se desarrolló con un decreto extraordinario, o sea mediante otro delegatario, el Presidente de la República, quien por la delegación practicada sustituye irregularmente al Congreso”.

Observa la Sala que el artículo 209 de la Constitución Política consagra los principios rectores de la función administrativa, y entre ellos se encuentran los organizacionales, que se traducen en la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

El artículo 211 ibídem, a su vez, regula el principio de delegación de funciones, cuyo desarrollo se cumple por la ley, en la cual deben fijarse las condiciones para que el Presidente de la República, y las autoridades administrativas puedan trasladar competencias a sus subalternos o a otras autoridades.

Mediante la Ley 489 de 1998 el legislador expidió normas sobre organización y funcionamiento de entidades del orden nacional. El artículo 9º de la Ley 489 de 1998 establece las reglas generales bajo las cuales se puede efectuar la delegación de funciones públicas, así:

“ART. 9º—Delegacion. Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias.

Sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo caso, los ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes, representantes legales de organismos y entidades que posean una estructura independiente y autonomía administrativa podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente,(8) con el propósito de dar desarrollo a los principios de la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y en la presente ley.

PAR.—Los representantes legales de las entidades descentralizadas podrán delegar funciones a ellas asignadas,(9) de conformidad con los criterios establecidos en la presente ley, con los requisitos y en las condiciones que prevean los estatutos respectivos” (resalta la Sala).

El artículo 40 de Decreto 1071 de 1999,(10) amparado por la presunción de legalidad, por su parte, se encarga de establecer las condiciones para la delegación de funciones en la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Al efecto señala:

“ART. 40.—Delegación de funciones.Las funciones del director general podrán ser delegadas en los directores de impuestos, de aduanas o en el secretario general o de desarrollo institucional, o en el funcionario que mediante resolución designe para el efecto el director general, sin perjuicio de lo establecido en normas especiales.

“Las funciones de los directores de impuestos y de aduanas, de los secretarios general o de desarrollo institucional, y de quienes se desempeñen en las jefaturas de las subdirecciones, oficinas, subsecretarías, divisiones del nivel central, direcciones regionales y administraciones especiales, solo podrán ser delegadas en los servidores públicos de las respectivas dependencias por el funcionario competente, previa autorización del director general.

“Las funciones previstas en las normas pertinentes para las jefaturas de división de las administraciones especiales podrán ser delegadas en funcionarios de las mencionadas dependencias, mediante resolución de quien se desempeñe en la jefatura de la administración especial.

“Las funciones previstas en las normas pertinentes para quienes se desempeñen en las jefaturas de división de las direcciones regionales, administraciones locales y de las divisiones de estas, podrán ser delegadas en funcionarios de las mencionadas dependencias, mediante resolución de quien ejerza la jefatura de la dirección regional, o de la administración local, según el caso.

El director general, podrá autorizar la delegación de las funciones de las jefaturas en funcionarios de las mismas dependencias con calidad de jefes adjuntos, los cuales recibirán el 50% de la prima de dirección del titular, previa la viabilidad presupuestal”.

Observa la Sala que no le asiste razón al actor al señalar que es la ley el único instrumento idóneo para desarrollar el artículo 209 de la Constitución Política, y que por tal razón no es función del administrador especial de impuestos desarrollar en una resolución el principio constitucional de la delegación, por cuanto esta función es reservada al Congreso mediante una ley.

Conforme a los artículos 9º y 10 de la Ley 489 de 1998 las autoridades administrativas están facultadas mediante acto de delegación para transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 209 y 211 de la Constitución Política.

Acorde con lo señalado por el a quo, dicha facultad no puede entenderse como lo hace el accionante, pues en este caso no le compete al Congreso, mediante una ley, delegar las funciones, sino que le corresponde al administrador especial de impuestos, mediante resoluciones y conforme a los parámetros señalados en la ley, delegar en sus subalternos el cumplimiento de las funciones legalmente establecidas.

Para la Sala dicha facultad se armoniza con los principios rectores de la función administrativa consagrados en el artículo 209 superior, según el cual la función administrativa se desarrolla con fundamento en los principios de eficacia, economía y celeridad, entre otros.

Mediante Resolución 0971 del 29 de noviembre de 2005, “por medio de la cual se delegan funciones a los funcionarios del grupo interno de trabajo coactiva de la división de cobranzas”, la administración especial de impuestos de personas jurídicas, en uso de las facultades legales establecidas en el inciso 3º del artículo 40 del Decreto 1071 de 1999, delegó en los funcionarios ubicados en el grupo interno de trabajo coactiva de la división de cobranzas de la misma administración la facultad de desarrollar e impulsar los procesos de cobro coactivo(11).

Así las cosas, encuentra la Sala que dichas facultades se ejercieron conforme a las normas superiores de delegación, acorde con los principios establecidos en los artículos 209 y 211 de la Constitución Política, razón por la cual, en el presente caso, los funcionarios asignados si estaban legalmente facultados para el efecto. No prospera en consecuencia el cargo.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado por medio de la Sección Cuarta de su Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada.

2. Reconócese personería a la abogada Amparo Merizalde de Martínez, para actuar como apoderada de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

(7) No se aceptó porque no se configuró la causal prevista en el artículo 150-5 del Código de Procedimiento Civil.

(8) Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-561-99 de 4 de agosto de 1999, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

(9) Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-727-00 de 21 de junio de 2000, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

(10) Modificado por el artículo 99 del Decreto 4048 de 2008.

(11) También fueron facultados para: “... Ordenar la investigación de bienes, decretar y practicar las medidas cautelares cuando fuere del caso, tramitar los títulos de depósito judicial, generar mandamientos de pago, resolver excepciones y los recursos interpuestos contra las mismas, proferir resolución de seguir adelante con la ejecución, efectuar las diligencias de secuestro, ordenar los avalúos y demás diligencias y/o actuaciones de ley para llevar a cabo el remate de bienes, dar trámite a los recursos, derechos de petición y solicitudes que se presenten en desarrollo del proceso de ejecución de medidas cautelares, proferir oportunamente los actos administrativos necesarios para suscribir facilidades de pago, proyectar los actos administrativos cuando sean procedentes para declarar la extinción de las obligaciones objeto de cobro, proferir los desembargos de bienes a que haya lugar previa revisión del expediente, proyectar los oficios de desembargos de bienes para la firma del funcionario competente y demás actuaciones necesarias para la recuperación de la cartera asignada.